Existe cierta tendencia a identificar tres lógicas imbricadas en la producción del espacio urbano segregado: la del mercado, la del Estado y la de la necesidad de los habitantes populares. Desde esta concepción, el principal problema de los barrios populares es la irregularidad en la tenencia de la tierra o la vivienda, y las políticas habitacionales y de integración urbana debieran orientarse fundamentalmente a saldar esta carencia. El propósito de este artículo es poner en primer plano los criterios de valoración que construyen habitantes populares sobre el hábitat que desean, más acá de aquellas visiones que los relegan a un rol meramente receptivo de dichas políticas.

Este texto surge como producto de una investigación etnográfica ¹ llevada a cabo a partir del año 2013 en torno a un conflicto motivado por el desarrollo de una obra de infraestructura hidráulica y un proyecto de relocalización de viviendas en un barrio popular de la ciudad de La Plata. Se trata de una obra hidráulica que formó parte de un gran proyecto de infraestructura impulsado por el gobierno de la provincia de Buenos Aires como respuesta a la trágica inundación ocurrida en la zona en abril de 2013, y que prevía el ensanchamiento y canalización de un arroyo que cruza el barrio en cuestión y la relocalización de las viviendas asentadas en sus márgenes.

El 2 de abril de 2013 una imprevista y abundante lluvia inundó, en cuestión de horas, la localidad de La Plata. El agua, que en muchas zonas superó la altura de un metro por sobre el nivel del suelo, generó incontables destrozos materiales y se cobró la vida de 89 personas. Si bien la causa inmediata de la inundación fue la abundancia y celeridad de las precipitaciones que cayeron durante ese día, las interpretaciones posteriores del evento la atribuyeron a la ausencia de obras hidráulicas adecuadas y preventivas que permitieran el escurrimiento de los arroyos ² .

Con este diagnóstico, en julio de 2013 la Legislatura de la provincia de Buenos Aires sancionó la Ley provincial Nº 14.527 autorizando al gobierno provincial, a cargo por entonces del gobernado Daniel Scioli, a endeudarse por el monto de 1973 millones de pesos (provistos por el Estado Nacional) para financiar la reconstrucción de la infraestructura dañada por las inundaciones y la realización de obras con el objetivo de prevenir daños ante futuras precipitaciones como la del 2 de abril. Entre éstas, la obra hidráulica de mayor magnitud sería la de saneamiento de la cuenca de El Gato, un arroyo de 35 km de largo que recorre los partidos de Ensenada y La Plata de oeste a este y que fue uno de los arroyos más desbordados durante la inundación. Esta obra suponía el ensanchamiento del canal y su revestimiento de hormigón armado, permitiendo lograr una mayor capacidad de transporte de los caudales de agua, e implicaría que muchas de las viviendas de los cientos de asentamientos precarios que se ubicaban sobre sus márgenes tuvieran que ser removidas. El proyecto, que sería implementado por el Ministerio de Infraestructura de la provincia, incluía entonces la construcción de viviendas en otra zona de la ciudad, a las que serían relocalizadas las familias cuyas casas obstaculizaran el avance de la obra.

El barrio en el que se desarrolló la investigación, La Chacra, es un asentamiento de la periferia platense conformado por la ocupación progresiva de tierras a partir de la llegada desde la década del 2000 de población migrante de la provincia de Chaco y de Paraguay. El proyecto de relocalización de algunas de sus viviendas dio origen a un conflicto que se desarrolló en el barrio entre los años 2014 y 2015. En el marco de este proyecto, el Ministerio de Infraestructura de la Provincia puso en marcha la construcción de las nuevas viviendas a través de un programa que formaba parte del repertorio de políticas habitacionales desarrolladas por el Estado nacional a partir del 2003. El objetivo de este artículo es problematizar las concepciones que relegan a los sectores populares a un rol meramente receptivo de las políticas habitacionales y los proyectos de relocalización. Para ello, analiza los criterios de evaluación y valoración que construyeron los habitantes de La Chacra sobre el hábitat deseable, en el marco del conflicto desplegado en torno a las relocalizaciones.

El artículo inicia presentando algunas discusiones del campo de los estudios urbanos sobre las políticas habitacionales implementadas en Argentina en las últimas décadas, y en particular, sobre la problemática de la segregación residencial como consecuencia de estas políticas. El segundo apartado presenta el conflicto que es objeto de este artículo y en particular el relato de una escena etnográfica como material empírico para dar cuenta del proceso en que se fueron construyendo los criterios de los habitantes acerca de las condiciones y el destino de su relocalización. El artículo concluye con algunas reflexiones finales sobre el proceso analizado.

En las últimas décadas una batería de políticas públicas se ha orientado a atender las crecientes problemáticas de déficit habitacional e informalidad urbana. Una serie de trabajos (Di Virgilio, 2015; Clichevsky, 2012; Cravino, 2008) ha señalado cómo en un escenario en el que el mercado de tierra y vivienda es cada vez más segmentado y restrictivo, los sectores populares deben resolver su acceso a las mismas a través de mecanismos informales. Esto conduce a que las urbanizaciones populares se caractericen por condiciones de precariedad habitacional, falta de infraestructura de servicios básicos e irregularidad en la tenencia de la tierra y la vivienda. En particular La Plata es la localidad con mayor cantidad de urbanizaciones informales de la provincia de Buenos Aires. En 2014 un registro elaborado por el Ministerio de Infraestructura ³ identificó más de 1500 villas y asentamientos en la provincia de Buenos Aires y 129 en el partido de La Plata. Di Croce Garay y Paggi (2018) sostienen que el 86% de estas urbanizaciones en el Gran La Plata fue producida en los últimos 25 años, y la situación se profundiza en la actualidad: sólo para 2015, los autores registraron 15 intentos de tomas de tierras en distintas zonas del partido.

En el campo de estudios sobre las políticas habitacionales argentinas existe consenso en identificar un cambio de paradigma en la política hacia las urbanizaciones informales a partir de la década del 90: en un contexto de profundización neoliberal las modalidades de intervención públicas hacia las urbanizaciones informales pasaron de la erradicación de las décadas anteriores, a estrategias de “radicación”, como la regularización dominial y la urbanización de villas y asentamientos (Cravino, Fernández Wagner y Varela, 2002; Fernández Wagner, 2009; Barreto, 2012; Di Virgilio, 2015). En paralelo a una orientación focalizada y descentralizada, esta intervención se caracterizó por una ausencia de políticas públicas habitacionales sólidas (Ferraudi Curto, 2011, 2014: 115; Cravino, Fernández Wagner y Varela, 2002).

Esto cambió a partir del 2003. Tras la crisis de 2001, comenzó a implementarse a nivel nacional una nueva batería de políticas públicas habitacionales que tenían como objetivo la producción de vivienda social y la urbanización de villas y asentamientos en el marco de una situación de “emergencia social”, orientadas hacia la reactivación económica a través del sector de la construcción (Rodríguez et al., 2007; Ferraudi Curto, 2011, 2014). A partir de un cambio en la orientación estatal hacia la problemática del acceso a la vivienda, en el contexto de un creciente déficit habitacional a nivel nacional y con el horizonte puesto en la reactivación económica, el hábitat se constituyó con más fuerza que hasta entonces en objeto de demanda y en terreno de intervención estatal. El Programa Federal de Construcción de Viviendas, el Programa Federal de Mejoramiento de Viviendas “Mejor Vivir”, así como el Subprograma de Urbanización de Villas y Asentamientos y el de Construcción de Viviendas con Municipios entre otros ⁴ , se inscribirían en una nueva modalidad de intervención “recentralizada” ⁵ (Rodriguez et al., 2007, Ferraudi Curto, 2011) de la política pública habitacional.

Este nuevo impulso otorgado a la política habitacional se dio en un contexto en el cual el problema del acceso al suelo urbano y a la vivienda se convertía cada vez más en materia del debate público. Como detalla Canestraro (2016), la acción articulada de movimientos sociales, organismos del Estado y el campo académico confluyeron en los últimos años en la creación de espacios de acción política en materia habitacional ⁶ . Uno de los antecedentes centrales que ilustra este contexto para la provincia de Buenos Aires es la sanción en el año 2012 de la denominada Ley de “Acceso Justo al Hábitat”. A su vez, este marco estará también atravesado por la continuidad de prácticas de expulsión y desalojo forzoso a ocupantes de tierras que se seguirán produ

ciendo en variados contextos locales, a pesar de las orientaciones políticas y los programas públicos a nivel nacional. Los desalojos del Parque Indoamericano en Buenos Aires en 2010 (Cravino, Palombi y Quintar, 2014) o el de Abasto en el Gran La Plata en el año 2015 (Musante, 2016) son dos ejemplos de ello.

Además, este escenario estará marcado también por una de las contracaras de estas políticas habitacionales para la vida cotidiana de los sectores populares. Como señalan varios autores, la producción de las ciudades está íntimamente ligada a la lógica del mercado del suelo (Cravino, 2012; Duhau, 2013; Di Virgilio y Rodríguez, 2013), pero también a las políticas públicas habitacionales que, si bien orientadas a dar respuesta a las grandes dificultades de acceso a la tierra y a la vivienda de los sectores populares del país, por lo general se limitan a la construcción de viviendas en las periferias metropolitanas, donde hay suelo disponible y barato, contribuyendo a reforzar la segregación residencial de esta población (Barreto, 2012; Segura, 2014). Las controversias existentes en el campo académico en torno a la evaluación de estas políticas, a si se trata de soluciones para el déficit habitacional y la informalidad urbana de los sectores populares, o si sólo se dedican a movilizar a los mercados inmobiliarios (Di Virgilio y Rodríguez, 2013) son amplias, pero en general tienden a marcar con cierto acuerdo sus efectos contradictorios, señalando entre otras cosas: la dispersión y fragmentación de las intervenciones (Di Virgilio, Guevara y Arqueros, 2014), la insuficiencia en términos de disponibilidad de tierra para llevar adelante las viviendas necesarias (Del Río y Duarte, 2012), cierta insuficiencia en términos de calidad de las mismas (Barreto, 2012), el hecho de que las políticas de regularización se aboquen exclusivamente a la tenencia pero no al saneamiento urbano-ambiental (Clichevsky, 2003; Di Virgilio, Guevara y Arqueros, 2014).

El conflicto que es objeto de este artículo ⁷ se desarrolló en el barrio La Chacra. Como mencioné, se trata de un asentamiento informal ubicado a la vera del arroyo El Gato, en la periferia platense. El proyecto de relocalización de algunas de las viviendas del barrio, que fue el disparador del conflicto, no estuvo inicialmente motivado -como sucede en otros casos estudiados por la bibliografíapor la vulnerabilidad ambiental de la población (Carman, 2011, 2017) que de hecho habita sobre los márgenes de un arroyo contaminado e inundable, o por la implementación de un programa habitacional (Ferraudi Curto, 2014) para mejorar sus condiciones de hábitat. El objetivo primario en este caso fue la construcción de una de las mayores obras de infraestructura hidráulica de la provincia -a su vez impulsada por una tragedia local, la inundación ocurrida en la ciudad en abril del año 2013- ⁸ . No obstante, el proyecto fue gestionado a través de las políticas habitacionales vigentes por entonces. El Ministerio de Infraestructura de la provincia, a través de la Subsecretaría de Tierras y del Instituto de la Vivienda, proyectó la construcción de 444 viviendas “definitivas” más 120 “transitorias” en el barrio platense del Mercadito, en un predio ubicado entre las calles 1 y 514, delimitado por el Mercado Regional, el arroyo El Gato y las vías del ferrocarril Roca. De las 444 viviendas “definitivas”, 120 serían financiadas por el organismo Fonplata, cuya inversión contemplaría además las obras de relleno de todo el predio, e infraestructura de servicios tales como red de agua potable, gas, electricidad, redes viales. Las 324 viviendas restantes serían financiadas por el Plan Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios. Además, se construirían 120 viviendas “transitorias” de mampostería para acelerar el traslado de algunas familias a quienes posteriormente se entregarían las viviendas definitivas.

El 31 de marzo de 2015 las principales autoridades del Ministerio de Infraestructura, acompañadas por funcionarios provinciales y municipales, inauguraron las primeras 11 viviendas “provisorias” de 120 que formaban parte del plan de relocalización de los márgenes del arroyo El Gato. Estas viviendas prefabricadas serían instaladas con el fin de realizar las primeras relocalizaciones necesarias para el avance de la obra de ensanchamiento y canalización de la cuenca del arroyo, a la espera de que las previstas 444 viviendas “definitivas” (de materiales más resistentes y duraderos) terminaran de edificarse en el mismo predio. Ese día, en un pequeño acto que fue cubierto por algunos medios locales ⁹ y por el sitio web oficial de la Comisión Bicameral de Control y Fiscalización de las obras, el presidente de dicha Comisión sostuvo que las viviendas prefabricadas “poseen servicios públicos de luz, agua y cloacas, son casas dignas, que cuentan a su vez con anafes para calentar y calefón para el baño” ¹⁰ . La primera manzana de 30 viviendas “definitivas” se proyectaba terminada para junio de ese año, por lo que las familias relocalizadas a estas 11 “provisorias” tendrían que vivir allí unos tres meses.

Serena ¹¹ , una de las vecinas de La Chacra que vivía junto a su pareja y tres hijos en una pequeña casilla de madera construida al margen del arroyo, había aceptado el traslado ofrecido por los funcionarios del Instituto de la Vivienda y en el transcurso de esa semana se había mudado a una de estas 11 viviendas “provisorias”. Sin embargo, el resto de los vecinos de La Chacra que debían relocalizarse, habían rechazado la propuesta.

Los rumores acerca del proyecto de relocalización habían comenzado a circular por el barrio cuando la obra hidráulica de ensanchamiento y canalización del arroyo se avecinaba y los habitantes no habían recibido aún ninguna información oficial respecto a su posible traslado. Ante este clima de incertidumbre, el conflicto se inició a partir de que una red de actores heterogénea, integrada por los vecinos del barrio y otras personas que tenían inserción en el territorio previamente (militantes de una organización social, el Movimiento Justicia y Libertad, y extensionistas de la universidad ¹² ). Éstos comenzaron a impulsar coordinadamente un reclamo a las autoridades en pos de obtener información oficial y precisa respecto al plan de obra y sus consecuencias para el barrio.

Este reclamo se fue instalando y lo que inició como una demanda por información oficial, se convirtió rápidamente en un conflicto en torno a la relocalización misma. Con representantes del Ministerio de Infraestructura como interlocutores, esta red de actores del reclamo comenzó a llevar adelante un proceso de negociaciones para determinar las condiciones de la relocalización: centralmente, cuántas familias debían relocalizarse, a dónde, y en qué condiciones. Si la relocalización se había presentado inicialmente como una amenaza, cuando primaban la incertidumbre y la desinformación, pronto se fue transformando para los vecinos de La Chacra en una oportunidad: oportunidad de dejar de vivir al margen de un arroyo contaminado, de mejorar sus condiciones habitacionales, y de obtener un título de propiedad. Esto, no obstante, siempre y cuando la relocalización se hiciera bajo ciertos criterios que volvieran al futuro lugar de destino un hábitat deseable, y el barrio el Mercadito propuesto por los funcionarios para llevar a cabo el traslado no cumplía estos parámetros. Se trata de un barrio ubicado en la periferia platense, originado en ocupaciones de tierra, pero más antiguo que La Chacra. Las precarias condiciones habitacionales y de infraestructura del barrio fueron siempre de los problemas más acuciantes para sus pobladores, sin embargo fueron en gran parte mejoradas a partir del 2004 con la implementación del Subprograma Federal de Urbanización de Villas y Asentamientos Precarios (Eguia, Ortale y Rausky, 2018). Por otro lado, el barrio carga con un fuerte estigma, identificado comúnmente como uno de los más inseguros y con mayor índice de violencia de la ciudad.

Así, durante las primeras instancias del conflicto, la mayoría de los vecinos de La Chacra rechazaba la relocalización al Mercadito, argumentando que se trataba de un barrio “alejado”, “inseguro”, “feo”. Para algunos de los funcionarios, esto resultaba incomprensible: cómo era posible que habitantes irregulares de un terreno que es “del arroyo”, como sostuvo uno de ellos, no quisieran aceptar la relocalización a una vivienda de la cual se les ofrecía la propiedad legal. Por entonces parecía que para algunos funcionarios se trataba de una aritmética de equivalencias -una vivienda por otra-, y que no habría margen para introducir los criterios de valoración estéticos y prácticos de los propios vecinos.

Reconociendo la magnitud del cambio que representó la nueva política habitacional implementada a partir del año 2003 en Argentina, Cravino sostiene que una de las continuidades en relación a las modalidades de intervención de las décadas anteriores fue “la falta de participación de los usuarios en las decisiones del barrio y de las construcciones” (2017: 9). Sin embargo el caso aquí analizado se configuró de un modo particular: a partir de la mediación que estableció la red de actores en el conflicto se habilitó la posibilidad de que los vecinos que efectivamente no habían sido tenidos en cuenta en el diseño y planificación de la obra y del proyecto de relocalización, construyeran y activaran en el proceso decisorio criterios específicos sobre el hábitat que deseaban. Entonces, la aceptación inmediata de la relocalización que desde la óptica de algunos funcionarios parecía esperable, no se produjo. La intervención del Ministerio, no obstante, en lugar de forzar la relocalización de cualquier modo, habilitó la posibilidad de llevar adelante un proceso de negociaciones para que se pudiera convenir un nuevo destino para llevar a cabo la relocalización, que los vecinos aceptaran.

A lo largo de este proceso, se fueron evaluando algunos destinos posibles para la relocalización. En el intento por encontrar un equilibrio entre las opciones deseadas y las opciones posibles, se pusieron en juego distintos elementos. Por un lado, el destino de la relocalización debía cumplir en principio un requisito sostenido por los funcionarios del Ministerio: debía tratarse de tierras fiscales (esto es, que no fueran de propiedad privada), porque el Estado provincial no podía hacerse cargo de la compra de un terreno. Por otro lado, los vecinos explicitarán otros criterios vinculados al habitar cotidiano que configurarán condiciones de habitabilidad aceptables o deseables. Estos criterios no estaban necesariamente dados de antemano, sino que fueron siendo construidos en la experiencia misma de recorrer la ciudad. A medida que fueron surgiendo algunas opciones posibles de tierras en las que levantar las viviendas prefabricadas que el Ministerio ofrecía a los vecinos para ser relocalizados, éstos fueron recorriendo dichas opciones junto a Coco, el dirigente del Movimiento Justicia y Libertad que encabezó las negociaciones. El recorrido por la ciudad se constituyó -junto con las experiencias previas, los lugares habitados en el pasado y los propios imaginariosen una de las fuentes de las que se nutrió la valorización del barrio y de los posibles destinos de la relocalización, así como la construcción de criterios en torno a ello.

A continuación reconstruyo uno de estos recorridos que tuvo lugar una tarde de mediados del año 2015. Se trata de un evento etnográfico del que formé parte durante el desarrollo del conflicto y que condensa el argumento que busco sostener en este artículo. El recorrido se había organizado con la idea de que los vecinos pudieran tomar la decisión de si aceptar o no la relocalización a un predio ubicado en Melchor Romero (junto a un asentamiento cuyo origen estuvo acompañado por la misma organización social que ahora conducía este reclamo). Las viviendas serían las mismas prefabricadas que el Ministerio estaba erigiendo en el barrio del Mercadito, de acuerdo al plan de relocalizaciones. La propuesta era entonces que los vecinos pudieran conocer dichas viviendas, para lo cual el recorrido comenzaría por ir a visitar a la única vecina del barrio que había aceptado la relocalización propuesta por los funcionarios del Instituto y se había mudado algunas semanas atrás al Mercadito. Luego, concluiría con la visita al predio de Melchor Romero, para conocer el lugar donde se armaría el nuevo barrio.

El día pautado llegué al barrio a las 17hs. Habíamos acordado ser puntuales para que no se nos hiciera muy tarde durante el recorrido. Coco llegó en una camioneta antigua y algo despintada, y algunos vecinos sumaron sus autos para que todos cupiéramos. Finalmente terminamos saliendo del barrio en una especie de caravana de seis vehículos. Luego de unos quince minutos, llegamos al predio del Mercadito en donde estaban construyéndose las viviendas para la relocalización. Se trataba de un enorme terreno de tierra sin vegetación, delimitado por la avenida 1. El predio estaba circunscripto por un gran alambrado que lo separaba de la avenida. En el fondo podían vislumbrarse las estructuras

Figura 1 Elaboración propia

de las viviendas “definitivas” de ladrillo en construcción, y delante, a unos pocos metros de la entrada, una hilera de once casas prefabricadas que habían sido inauguradas tres semanas atrás. Las casas eran bastante amplias, de una planta, con techo de chapa a dos aguas. Sus paredes estaban pintadas de un tono ocre, lo que, junto al color de la tierra y a la luz rojiza de la tarde que caía, le daba al paisaje un aire desértico. Todas contaban con una pequeña puerta blanca de metal y dos ventanas. Y sobre el frente la numeración del 1 al 11 que permitía distinguir a viviendas idénticas.

Estacionamos los vehículos en la entrada al predio y el dirigente pidió a los vecinos que se quedaran allí esperando unos minutos mientras avisábamos a los residentes de nuestra llegada. Las primeras tres viviendas de la fila con las que nos encontramos, tenían delante carros de madera estacionados que sus dueños utilizaban para cartonear. Al acercarnos, nos recibieron dos hombres que se encontraban acomodando algo en ellos. Coco, que venía delante, se acercó a hablarles. Les dijo que veníamos a “ver el modelo de las casas”, que los vecinos querían visitar la casa de Serena porque les iban a construir esas mismas viviendas en “otro terreno, en otro lado”, y querían conocerlas. Los hombres dijeron que estaba bien, pero siempre y cuando Serena estuviera de acuerdo.

Serena abrió la puerta de su vivienda visiblemente sorprendida de vernos allí. La saludamos y le dijimos que queríamos conocer su casa, si a ella no le molestaba, claro. Señalamos a la distancia el grupo de vecinos que esperaban junto a los autos en la entrada al predio. Ella, algo desconcertada, respondió que no tenía problema, y agregó: “ya te digo que no da, le tirás una piedra [a la pared] y se rompe”. En ese momento se acercaron los hombres que nos

habían recibido. “Dicen que son vecinos tuyos –le dijo uno de ellos a Serena¿es verdad?”. “Si, son vecinos de allá del barrio”, respondió ella. El hombre concluyó: “bueno, entonces si la vecina está de acuerdo, no hay problema”. Serena asintió.

Retrocedimos entonces hasta la entrada al predio, y volvimos nuevamente a la casa de Serena, esta vez acompañados por todos los vecinos. Mientras pasábamos por delante de las casas, un grupo de unos seis o siete hombres, entre ellos los dos que nos habían recibido, de pie frente a las viviendas, seguían con la mirada nuestros pasos atentamente. Todo transcurrió en silencio y en cuestión de segundos, pero al final del recorrido una vecina recordaría ese momento tenso: “¿Viste cómo nos miraban?”. Los rumores de tomas de casas y conflictos violentos en el Mercadito eran moneda corriente entre los vecinos de La Chacra. A esto se sumaba el hecho de que la mayoría de ellos era de origen paraguayo, cosa que no parecía agradar a estos habitantes del Mercadito, que en otras ocasiones –según sus relatosya los habían insultado apelando a su nacionalidad.

Finalmente, cuando llegamos a la vivienda de Serena, ésta abrió las puertas de su casa y todos comenzaron a entrar, salir, e intercambiar observaciones, y aquella tensión que circulaba en el aire previamente se disolvió. Los vecinos estaban muy entusiasmados, mirando cada detalle de la casa, charlando entre ellos. El tono general, opuesto al de la propia Serena, era de aprobación de la vivienda, y sobre todo del baño. “Con un baño así, me ducharía todos los días”, escuché decir a alguien bromeando entre el tumulto. Varios sacaron fotos con sus celulares. Yo también tomé fotografías, pero no del interior, ya que la casa estaba abarrotada de gente y prácticamente no se podía entrar. Serena y su familia observaban algo entretenidos la situación. La casa era linda, pero “le tirás una piedra y se rompe” nos había dicho. Esa frase me había quedado resonando. Así que en un momento, disimuladamente, me acerqué a la pared y la golpeé suavemente con el puño. Hizo un ruido hueco, como a madera fina.

Al final Coco propuso que nos fuéramos así no se nos hacía tan tarde para ver el predio en Melchor Romero, que quedaba lejos de ahí y pronto comenzaría a oscurecer. El terreno en Melchor Romero quedaba a unos doce kilómetros del Mercadito, prácticamente en línea recta por la avenida 520, atravesando los barrios de Ringuelet y Tolosa primero, y San Carlos después, siempre por las afueras del casco fundacional de La Plata, delimitado por la circunvalación. Es decir que en la media hora que nos llevó el trayecto, fuimos de un barrio de la periferia a otro, sin tener que cruzar por el centro de la ciudad.

La Chacra se hallaba en el medio de esta línea recta que podía trazarse a partir de la avenida 520, entre el Mercadito y el barrio en Melchor Romero que iríamos a conocer. E incluso los tres barrios se conectaban también por otra línea, ésta zigzagueante: el curso del arroyo El Gato, que parecía unir los tres puntos del mapa casi adrede. Como sostuve previamente, la producción de las ciudades está íntimamente ligada a la lógica del mercado del suelo (Cravino 2012; Duhau 2013), pero también a las políticas públicas habitacionales que relegan a los barrios populares erigidos a partir de procesos de relocalización o programas de urbanización a las zonas más desvalorizadas, condenando a sus pobladores a la segregación residencial (Segura 2014).

Luego de varios minutos por la avenida 520, llegamos a la esquina de la calle 179. Allí se encuentra ubicado el gran edificio gris de la Unidad penitenciaria 45 de Melchor Romero. Doblamos a la izquierda por la calle de tierra y avanzamos unos ochocientos metros más. Una vez pasada la unidad 45 y la 34 que se hallaba detrás, nos encontramos rodeados de terrenos verdes descampados a ambos lados de la calle. Ya casi había anochecido. Coco se lamentó: “de día es otra cosa”. Lo cierto es que estaba oscureciendo, y mientras avanzábamos por la 179 notamos que no había iluminación pública en la calle.

Cuando llegamos al barrio ya era de noche. Las únicas luces eran las que proveían los focos colgados fuera de las pequeñas casitas del barrio. Éste estaba conformado por unas cincuenta viviendas divididas en dos pequeñas manzanas rectangulares de unos 50 x 150 metros. Cada una de estas dos manzanas se encontraba subdividida por unas 25 parcelas de igual extensión, en las que se ubicaban pequeñas casitas de techo de chapa y paredes de madera pintadas en colores vivos. Rodeando esas dos manzanas, campo. Junto a este barrio se ubicaba el predio que Coco había ofrecido en el marco de las negociaciones como destino posible para llevar a cabo la relocalización. Esta alternativa, que no había surgido por parte de los funcionarios sino de la propia red de actores del reclamo, había sido tomada por aquellos como opción viable.

Al llegar, dimos entre todos una pequeña vuelta a las dos manzanas del barrio para conocerlo mejor. Caminamos juntos por la calle de tierra que señala el trazado rectangular del barrio. El lugar era silencioso. Finalmente volvimos a la esquina donde habíamos iniciado el recorrido. Allí por primera vez noté a algunos de los habitantes del lugar, de pie observando al grupo. Al acercarme, escuché a una señora decir: “si están necesitados igual que estuvimos nosotros, está muy bien que vengan”. “Mejor, cuantos más seamos mejor”, agregó un hombre junto a ella.

En eso estábamos cuando vimos acercarse hacia nosotros un automóvil de la Policía. Del vehículo descendieron dos agentes que conversaron unos minutos con Coco y luego se retiraron. Algunos días atrás había habido un intento de ocupación de unas viviendas en construcción cerca de allí. Era posible que en esta ocasión algún vecino del barrio hubiera pensado que este grupo de personas que llegaba “en patota” de noche tenía intenciones de ocupar un terreno, o quizá incluso sus viviendas, y había llamado a la policía. Coco sonrió. Me contó que aquellas casas que habían intentado ser tomadas unos días antes estaban siendo gestionadas por otra organización, el Movimiento Evita. Cuando tuvo lugar el episodio, había recibido el llamado de algunos conocidos de esa organización, para preguntarle si él y el Movimiento Justicia y Libertad estaban detrás de la toma. La situación no le resultaba graciosa por el hecho de que fuera imposible que ellos estuvieran “detrás” de una toma de tierras, ya que habían acompañado procesos de desalojo, tomas y construcción de barrios en muchas ocasiones, sino porque le atribuyeran equivocadamente una toma en dos ocasiones en una misma semana ¹³ .

Cuando el patrullero de la policía se retiró, nos dispusimos a finalizar el recorrido. Sin embargo antes de irnos los vecinos conversaron unos minutos más compartiendo las apreciaciones sobre el lugar. Varios aprovecharon a plantear algunas inquietudes. La tranquilidad del barrio les había gustado, pero les preocupaban la falta de asfalto y de iluminación pública, y sobre todo que el autobús interurbano que los conectaba con la ciudad no llegara hasta allí. Efectivamente, cuando habíamos doblado en la esquina de 179 para ingresar al predio, pude observar al chofer de un autobús maniobrando dificultosamente para girar en esa angosta esquina y retomar la avenida 520. Cualquiera que quisiera viajar en él, tendría que caminar los ochocientos metros de calle de tierra y campo sin iluminación que separaban al barrio de la avenida. En comparación con este barrio, pensé en ese momento, La Chacra se encuentra mucho más cerca del centro y sin dudas mejor conectado.

En el proceso de negociaciones se pondrán en juego criterios para definir el destino y las condiciones de la relocalización de habitantes de un asentamiento informal que viven hace años a los márgenes del arroyo El Gato. En el recorrido que éstos llevaron a cabo para evaluar la calidad de las viviendas ofrecidas por el Ministerio de Infraestructura y el destino propuesto por la red de actores del reclamo, se pusieron de manifiesto sus propias valoraciones y expectativas respecto a qué es un “buen barrio” y qué es una “buena vivienda”. Estos criterios fueron emergiendo en el proceso mismo de las negociaciones, a medida que se fueron barajando distintas opciones, y sobre todo a partir de la experiencia aportada por el recorrido.

En primer lugar, los vecinos pusieron a jugar ciertos criterios estéticos en relación a las nuevas viviendas: si tenían que dejar sus casas en La Chacra, en las que habían invertido dinero y enormes cantidades de tiempo y esfuerzo, las nuevas viviendas debían ser “lindas”, espaciosas, contar con más de una habitación y con el baño incorporado, y debían tener todos los servicios instalados, estar listas para usar. Este es un elemento no menor, que sin embargo suele ser dejado en segundo plano. Thomasz sostiene que en las metrópolis contemporáneas, el acceso a la vivienda no garantiza por sí solo – como sugieren algunos enfoques extendidosla “materialización del derecho a la ciudad”. Por el contrario, un aspecto fundamental de ello es el “derecho a la belleza” (2013: 61) ¹⁴ .

La valoración positiva que los vecinos hicieron de las viviendas prefabricadas del Mercadito se basaba centralmente en el diseño de las mismas, su amplitud (comparada con las pequeñas casas en las que muchos de ellos habitaban) y especialmente en la posibilidad de contar con baño equipado al interior de la vivienda (algo de lo que una parte importante de los habitantes de La Chacra carecía). La cuestión de la mala calidad de la vivienda –como había advertido Serena, “si le tirás una piedra se rompe”no parecía ser motivo de preocupación. Como mencioné al comienzo, la deficiencia en la calidad de las viviendas de los programas habitacionales implementados a partir del 2003 ha sido problematizada por la bibliografía (Barreto, 2012). En particular, Eguia, Ortale y Rausky en una investigación sobre el impacto de los Programas Federales de Vivienda en un barrio popular de La Plata sostienen que si bien los habitantes vivenciaron positivamente el cambio que el acceso al programa supuso en sus condiciones de vida, “se registraron tensiones entre la valoración positiva de [los beneficiarios] y los problemas edilicios derivados de la mala calidad de los materiales utilizados y de déficits en las técnicas de construcción (humedad, alteraciones en los techos, problemas con las cloacas), cuya reparación resulta difícil para los hogares por sus bajos ingresos” (2018: 228). Sin embargo para los vecinos de La Chacra, la calidad de las viviendas que recibirían no se convirtió en un criterio central de la disputa. Esto se explicaba por el hecho de que contaban por entonces con la posibilidad de obtener, gestionado por el Movimiento Justicia y Libertad, el acceso a materiales de construcción a partir de otro programa del Ministerio de Planificación Federal denominado “Mejor Vivir”, que formaba parte de la batería de políticas habitacionales implementadas a partir del 2003, con el que podrían eventualmente revestir de ladrillos las paredes de la vivienda, fortalecer su estructura y hasta hacer ampliaciones.

En segundo lugar, a los criterios sobre las viviendas se sumaban criterios específicos vinculados al lugar de destino. El barrio al que se mudaran debía garantizar lo mismo que encontraban en La Chacra: tranquilidad y seguridad. Esta tranquilidad se vinculaba, por un lado, al tipo de convivencia vecinal al que el destino de la relocalización elegido los condujera. A diferencia de la tensa recepción que los vecinos experimentaron durante el recorrido por parte de los residentes ya establecidos en el Mercadito, en Melchor Romero la reacción de los habitantes fue más abierta (“cuantos más seamos mejor”, había sostenido uno de ellos). Por otro lado, el lugar de destino debía estar libre de inseguridad asociada al robo, la delincuencia, la “vagancia”. Esto funcionaba como fundamento de equivalencia: si el barrio en el que habitaban era tranquilo y seguro, tenían derecho a pretender que la relocalización se llevara a cabo en un lugar que les ofreciera las mismas características. Las condiciones precarias de sus viviendas, o la falta de servicios públicos en La Chacra, no justificarían sin más –como parecían sugerir algunos funcionariosque debieran aceptar la relocalización a cualquier lugar.

Asimismo, el criterio de seguridad para decidir la aceptación o el rechazo del lugar de destino de la relocalización se comprendía también en tanto los vecinos sabían por experiencias previas que serían ellos mismos quienes deberían garantizar la conviviencia cotidiana pacífica en el barrio al que se mudaran. Tanto como sabían que, al igual que la ubicación del terreno y el número de viviendas a construir, también el asfalto, el acceso al transporte y a los servicios públicos, lejos de darse por sentadas, eran dimensiones de la urbanización a disputar y negociar con los funcionarios. Estos criterios muestran en parte el peso que adquiere el barrio por sobre las viviendas en sus valoraciones.

Estos criterios nos permiten discutir por un lado con la primacía o el imperio de la necesidad –y con una mirada legitimista (Grignon y Passeron, 1991)en las concepciones sobre el hábitat popular. Concepciones que no sólo permean el sentido común o las políticas habitacionales, sino que también suelen estar presente de maneras más o menos explícitas en muchos estudios locales urbanos que, como sostuve al inicio, tienden a identificar tres lógicas imbricadas en la producción del espacio: la del mercado, la del Estado y la de la necesidad de los habitantes populares. Desde esta óptica, las prácticas populares suelen quedar reducidas a una mera lógica de la necesidad.

Aquí intentamos poner en acto una concepción integral del hábitat, que incluye tanto la vivienda como el entorno urbano y las condiciones de vida en él. Se trata de una noción de la que los habitantes populares tienen conocimientos y experiencias, que incluye la cuestión de la tierra y la vivienda, pero también el acceso a los servicios públicos, las condiciones de seguridad, y hasta el riesgo de las inundaciones como problemática cotidiana. Las políticas habitacionales en Argentina, en contra de esta visión integral, han tendido a caracterizarse por una mirada que “se coloca sobre la vivienda, en detrimento de lo que sucede en el entorno” (Cravino, 2007: 3). En el conflicto estudiado, la divergencia entre estas dos miradas se plasmó, por ejemplo, en el hecho de que los funcionarios esperaban la aceptación incondicional de las viviendas ofrecidas por parte de los vecinos, ya que desde su visión éstos eran ocupantes ilegítimos de una extensión de tierra que era propiedad del Estado. Entonces, si para un observador externo la contaminación, la falta de servicios públicos, la lejanía del centro de la ciudad, la inseguridad, la violencia parecían problemas que afectaban por igual a todos los barrios populares, y por lo tanto sus habitantes deberían ser beneficiaros receptivos de cualquier alternativa que les ofreciera al menos contar con un título de propiedad de sus viviendas, para los vecinos de La Chacra, en cambio, se pusieron en juego criterios significativos que los condujeron –contra esos pronósticosa rechazar las alternativas propuestas por los funcionarios y a intervenir activamente en la definición del hábitat que deseaban.