Aunque Colombia es un país altamente vulnerable al cambio climático, generamos solamente el 0.6 % de los gases de efecto invernadero globales (United Nations Development Programme [UNDP], 2020); sin embargo, la financiación privada se concentra principalmente en las estrategias de reducción de emisiones (mitigación), y poca financiación se destina al desarrollo e implementación de estrategias que nos permitan abordar los impactos de la crisis climática (adaptación).

Colombia, en particular, se ha comprometido ante Naciones Unidas, a través de su contribución nacional determinada (NDC, por sus siglas en inglés), a reducir en 51 % las emisiones a 2030 y alcanzar la carbono-neutralidad para 2050. Esto es positivo, ya que sabemos que es necesario descarbonizar nuestra economía, tanto para limitar el aumento de la temperatura global, como para generar un desarrollo económico que no dependa de la quema de combustibles fósiles; no obstante, los esfuerzos frente a la construcción de resiliencia en el país no han sido suficientes. Entre el 2011 y 2019 se destinaron, desde el sector privado, 2.2 billones de pesos a acciones climáticas, donde el 58 % de estos recursos se reservaron para acciones de mitigación, y apenas el 34%, para acciones de adaptación; el 8 % restante se usó para acciones que integran estrategias de mitigación y adaptación (Departamento Nacional de Planeación [DNP] y Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo [Fedesarrollo], 2022).

Esta falta de avances en la implementación de estrategias para mejorar la resiliencia es muy costosa para nuestra economía; se estima que las pérdidas anuales promedio por los fenómenos climáticos y otras amenazas naturales en el país oscila entre 177 y 381 millones de dólares por año (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos [OCDE], 2019).

Fenómenos como la reducción de la disponibilidad de agua, aumento en la demanda y costos de la energía, afectaciones en la cadena de suministro por desastres y eventos climáticos extremos, la caída en la productividad del agro por el cambio en los patrones climáticos, y el aumento de fenómenos como sequías y heladas, hasta riesgos emergentes referentes a nuevas enfermedades biológicas, son apenas algunos ejemplos de los escenarios para los cuales debemos planear estrategias de mitigación y gestión del riesgo.

El Estudio de Impactos Económicos del Cambio Climático (EIECC), realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), en el 2015, estimó que entre 2011 y 2100 los impactos agregados del cambio climático en el país podrán costar el 0.49 % del PIB anual en comparación con un escenario macroeconómico sin cambio climático (Banco Interamericano de Desarrollo [BID], CEPAL y DNP, 2014), lo cual realza la importancia de invertir oportunamente en estrategias de prevención y preparación ante los impactos climáticos, en lugar de esperar a reaccionar cuando se materialicen los riesgos, debido a que este enfoque puede resultar significativamente más costoso que uno que se base en la prevención y monitoreo continuo para generar las alertas oportunamente. De acuerdo con un reporte reciente sobre el estado y tendencias de las finanzas para la adaptación del Global Center on Adaptation, invertir 1.8 billones de dólares en la adaptación al cambio climático puede generar beneficios por un total de 7.1 billones de dólares (Global Center on Adaptation y Climate Policy Initiative, 2023).

Es crucial que la agenda de adaptación adquiera relevancia en la planeación territorial, así como para planeación estratégica de privados, incluyendo en la estrategia de mediano y largo plazo los riesgos climáticos y los mecanismos para la gestión de estos, así como aumentar las inversiones y alinear las políticas internas hacia la construcción de organizaciones resilientes ante el clima. En la Guía de Acción Climática Justa (Low Carbon City, 2023), publicada con la Fundación Heinrich Böll Colombia, se brindan recomendaciones para que la gestión del cambio climático vaya más allá de la reducción de emisiones e incorpore un enfoque integral que genere acciones de adaptación, a la par de las de mitigación, de manera que aporte a la justicia climática en el sentido de que se generen capacidades, evitando así perjudicar a los sectores más vulnerables.

Estamos entrando en territorio impredecible frente a los escenarios climáticos futuros. Con el 2023 siendo el año más caliente desde que se tiene registro, cada céntimo de aumento en la temperatura agrega incertidumbre a los modelos climáticos, haciendo cada vez más difícil la predicción del tiempo y de eventos climáticos. Por esto, se debe incorporar en las organizaciones una generación de resiliencia climática, donde se planee a largo plazo y se realicen las inversiones necesarias para implementar estrategias de prevención, en lugar de esperar a que sucedan los desastres y recurrir al fondo para emergencias.

Nuestra invitación, desde Low Carbon City, es que todos los actores sumemos acciones para construir resiliencia climática, por ejemplo, desde la ciudadanía, movilizando a las personas tomadoras de decisión para que se incluyan metas claras de adaptación en los planes de desarrollo y en otros mecanismos de planeación territorial, así como llamando a una mayor inversión por parte de actores públicos y privados para apoyar a los sectores más vulnerables de la economía a desarrollar estrategias de adaptación que busquen evitar que los impactos del cambio climático generen un incremento de las brechas sociales y económicas ya existentes. Desde los gobiernos, tanto locales como del orden nacional, se debe tener un liderazgo para apoyar la planeación de mediano y largo plazo, así como impulsar la investigación y generación de conocimiento en esta área de la mano de la academia para apoyar la toma de decisiones con base en datos claros que permitan definir cuándo es oportuno realizar inversiones en adaptación, en lugar de esperar a que se generen pérdidas.

Desde los actores privados, por ejemplo, se debe realizar una identificación de riesgos y desarrollar planes e inversiones para su gestión, así como priorizar invertir en acciones climáticas integrales que sumen a la agenda de adaptación y mitigación buscando generar valor en ambos enfoques. Finalmente, desde todos los sectores debemos de impulsar que se genere una gobernanza alrededor de las agendas climáticas, de forma tal que se propongan soluciones integrales que permitan responder a los diversos retos que enfrentamos como sociedad buscando maximizar los beneficios con los recursos disponibles. Esto se puede lograr desde un enfoque multiactor que sume las visiones diversas y disruptivas que necesitamos para dar respuesta a los desafíos contemporáneos.

REFERENCIAS

Banco Interamericano de Desarrollo, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, y Departamento Nacional de Planeación de Colombia. (2014). Impactos Económicos del Cambio Climático en Colombia – Síntesis. https://www.cepal.org/es/publicaciones/37879-impactos-economicos-cambio-climatico-colombia-sintesis

Departamento Nacional de Planeación, y Fundación para la Educación Superior y el Desarrollo. (2022). Estrategia Nacional de Financiamiento Climático. DNP. https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Ambiente/Finanzas del Clima/Estrategia-Nacional-de-Financimiento-Climatico-2022.pdf

Global Center on Adaptation y Climate Policy Initiative. (2023). State and Trends in Climate Adaptation Finance 2023. https://gca.org/wp-content/uploads/2023/12/State-and-Trends-in-Climate-Adaptation-Finance-2023_WEB.pdf?_gl=1*lalbzo*_ga*MTYzMDIzODE3NC4xNzA1NjM1Njc2*_up*MQ

Low Carbon City. (2023). Guía de Acción Climática Justa: para aspirantes a cargos públicos y tomadores de decisión. https://lowcarboncity.org/download/1590/?tmstv=1699548456

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos. (2019). Evaluación de la gobernanza del riesgo en Colombia. https://doi.org/10.1787/f4ff1a69-es

United Nations Development Programme. (2020). Colombia, Latin America & the Caribbean. https://climatepromise.undp.org/what-we-do/where-we-work/colombia