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A pesar de ejemplos ilustrativos sobre la convivencia estratégica entre legalidad y criminalidad en América Latina –siendo los más emblemáticos el de Argentina y Bolivia, mediante sus mercados de autos robados (Suarez, 2016: 30), o los de México y Colombia, a través del narcotráfico (Ramírez, 2015: 7)– la literatura en el caso paraguayo continúa siendo escasa. Con el objetivo de contribuir a subsanar dicha carencia, el trabajo describe el ecosistema de la criminalidad en Pedro Juan Caballero, capital del Departamento de Amambay, catalogada como “la región más violenta del país” (Vargas, 2016: 21) o “la localidad narco latinoamericana” (Duffard, 2017: 2).

Pedro Juan Caballero, con 80.000 habitantes, es el núcleo urbano más importante en los 400 km de frontera entre Paraguay y el estado brasilero de Matto Grosso. La trascendencia de abordar el presente lugar se explica en: a) los altos índices de homicidios que consta, 71,65 personas por cada 100.000, siendo el promedio americano de 15,6 (Peris y Amarilla, 2017: 23); b) su situación geográfica en el centro del continente y fácil transitabilidad por ausencia de ríos y puestos de control; y c) la violencia creciente por el dinamismo de lo ilegal, que incluye constantes escenas de terror, chantaje y sicariato (Piñeiro, 2017: 31).

De hecho, en junio de 2016, la urbe ganó difusión internacional debido al homicidio de Jorge Rafaat, traficante de estupefacientes, quien supo afianzar su propia organización delictiva desde la ciudad vecina de Ponta Porã, Brasil. “El Rey del Trafico”, como también era conocido, circulaba por la capital departamental en su camioneta militar blindada, marca Hummer, junto a una comitiva de 30 guardaespaldas (ABC Color, 2016: 1). Tiempo siguiente, la misma fue emboscada por cien sicarios que emitieron más de 400 disparos con armas de grueso calibre, utilizando una ametralladora antiaérea, artefacto de guerra que solo podría ser manejado por personas con entrenamiento táctico-militar (ABC Color, 2016: 2).

Según el informe policial, los asesinos eran mercenarios del Primer Comando Capital (PCC), fundado en São Paulo, en la década de 1990, caracterizado por llevar a cabo actividades enmarcadas al narcotráfico, secuestro y asaltos a grandes establecimientos. La lucha entre el PCC y Rafaat se originó ante el arresto de Fernandinho Beira-Mar, en abril de 2001, y el posterior declive de su grupo criminal Comando Rojo (CR), nacido en 1969, en la ciudad de Río de Janeiro (Dowdney, 2003: 14). Tal retraimiento provocó una liberalización de la zona, causando consiguientemente, la entrada y el conflicto entre bandas rivales interesadas en administrar el negocio de la droga pedrojuanina (Humire, 2014: 4).

Ostentar el poderío del narcotráfico en Pedro Juan Caballero se ha vuelto imperioso para cualquier organización dedicada al comercio de sustancias prohibidas. Reportes oficiales sitúan a la región como el foco a nivel nacional de la producción, el procesamiento y la distribución de marihuana (Rawdin, 2017: 3). En el 2016, Paraguay suministró el 9% del total mundial de Cannabis sativa, ese porcentaje equivaldría a 15.000 hectáreas cultivadas, de las cuales, el territorio analizado tendría unas 7.000 hectáreas de plantación, con un valor de ganancia estimado en 709,5 millones de dólares (Garat, 2016: 2). Los altos niveles de obtención y la rentabilidad, sin lugar a dudas, se volvieron factores clave que marcaron el interés narco por esta zona.

A los dos elementos citados, a partir de varios estudios y testimonios públicos, se agregan otros componentes que explicarían el auge pedrojuanino en el mercado internacional de las drogas y, en segundo orden, de la presencia de las bandas criminales trasnacionales como PCC, CR y la encabezada por Rafaat. Estas razones interpretativas lograrían ser resumidas en los siguientes cuatro puntos: a) inexistente, ineficiente o débil figura estatal –y sus respectivas fuerzas de acción– que motivó áreas liberadas al quehacer narcotraficante (Salazar, 2016: 17); b) una situación geográfica de frontera propicia a actividades ilegales, pues no existe ningún puesto de control policial o aduanero entre ambos países (Humire, 2014: 23); c) tierras fértiles favorables para la siembra de la marihuana (Mora; 2007: 129) y; d) arrendamiento a muy bajo costo de parcelas rurales de agricultores de escasos recursos (Ramírez, 2015: 41).

Las seis causas anteriormente señaladas, comúnmente utilizadas para interpretar al fenómeno –negocio rentable; altos niveles de obtención; ausencia de Estado; geografía ideal; tierras fértiles, y; contextos socioeconómicos propicios al crimen– sin embargo, no han considerado la participación activa de los sectores gubernamentales como un sustento para la naturalización, expansión y continuidad de dicho esquema ilícito. A lo mencionado, vale reflexionar: ¿el tráfico de droga en Pedro Juan Caballero es una actividad suscitada únicamente desde los grupos ilegales, o se debería además considerar dinámicas y comportamientos cómplices por parte del sector legal –policías, políticos, autoridades nacionales y locales– que crearon nichos de impunidad y tolerancia para la reproducción de estas prácticas delictivas?

La pregunta anterior pretende ser respondida mediante la utilización de la metodología cualitativa y la aplicación de entrevistas a informantes clave, como principal herramienta de recolección de datos. Para tal fin, se ha indagado a un político local, una autoridad nacional y dos ex agentes antidrogas –consultados durante los meses de febrero a agosto del año 2017–. Desde sus concepciones nativas, se ha examinado sobre: a) el surgimiento del negocio; b) los responsables del mismo, y; c) los diversos incentivos y roles de los variados sectores implicados. La hipótesis planteada se formula en que la expansión del narcotráfico estaría enmarcada en un tipo de “orden clandestino” que produjo roles, reglas y autoridades alternativas que se desviaron de las normas, que a su vez, fueron aceptadas por el cuerpo social, o al menos una parte de ella, y originadas directamente por los actores institucionales. La literatura especializada denomina a esta realidad como “clúster of order” (Dewey, 2015: 2).

Por cuestiones de respeto a la privacidad, solicitado por los propios, el artículo se reserva la identidad de los colaboradores.

1. Paraguay, el reino de lo ilícito

En el Paraguay, desde una primera perspectiva de observación, se podría aseverar que existe un predominio de lo ilícito. Tal afirmación se conseguiría probar examinando a sus respectivos mercados ilegales, mediante el comportamiento y el desarrollo de los mismos, a través de las ganancias generadas y en la presencia de aquellos dentro del territorio nacional.

En referencia a las implicancias económicas, se ha considerado que más del 30% del Producto Interno Bruto (PIB) se encontró enlazado a actividades relacionadas al contrabando de alimentos, adulteración de electrodomésticos, piratería informática, robo de auto y narcotráfico (Cooper, 2012: 3). El valor total de venta se estimó en unos USD 20.000.000.000 (Miranda, 2016: 5) donde uno de cada cinco ciudadanos, con edad hábil para trabajar, se caracterizó por desempeñarse en esta clase de labores (Bagley, 2016: 19). La lógica e impacto de la presente realidad, a su vez, fue detallada por el funcionario público Ángel Leguizamón, Jefe de Control y Vigilancia de Aduanas, que en el texto de investigación denominado “Imperio de la piratería”, escrito por Jorge Coronel y publicado el 28 de agosto del 2012 en el diario local ABC Color, ejemplificaba y exponía la dinámica cotidiana sobre el asunto en cuestión:

Obtienen enormes ganancias ya que sus caminos de obtención son más fáciles. A ellos le cuesta 60 centavos hacer un CD, pero lo venden a 2 dólares desplazando así a una tecnología que está cotizada a 20 dólares la unidad. En una caja entran 15.000 discos; que se distribuyen fácilmente con vehículos, taxis, tienen mil maneras de hacerlo e, incluso, se aprovechan de la población joven, desempleada y mayoritaria, que necesita de alguna fuente de ingreso. (2012: 18)

Por otra parte, en lo que respecta a la figura de lo ilícito, esta no se enfocaría solo a un área o zona específica, más bien, se descubriría existente en la totalidad de la geografía guaraní. En febrero del 2016, el periodista Nelson Zapata denuncio en su informe “Paseros ingresan por valor de US$ 10.000 mensuales”, divulgado en el periódico ABC Color del 16 de febrero del 2016, que si bien, la mayoría del contrabando comienza en Ciudad del Este y Pedro Juan Caballero, gracias un sistema de implicancias y coyunturas estructurales, al final la mercadería terminaba en Asunción, convirtiéndose la capital en un centro de distribución para el resto del país (2016: 10). En el punto, el texto mencionaba:

El trabajo siempre ha empezado en el cruce entre una nación a otra, acabando, posteriormente, en Asunción para su ramificación: a diario, miles de kilos de mercaderías camufladas se meten, sin pagar tributos, a Paraguay desde el Brasil. El decomiso de 21.000 kilos de tomate, hace algunas semanas en el Puesto de Control del Km N° 60, sobre Ruta VII, es una muestra tajante. Lo que ingresó en la modalidad de minorista, posteriormente, se reembarcó en un camión de gran porte con destino al Mercado de Abasto, desde ahí se hace accesible a la totalidad de la región. (2016: 11)

Lo hasta ahora descripto, en el contexto paraguayo, permite puntualizar tres características fundamentales sobre este tipo de mercados: a) el negocio es altamente rentable, ocasionando enormes beneficios para quienes lo llevan; b) la generación de lo prohibido se caracteriza por una importante diversificación, abarcando principalmente acciones enmarcadas al narcotráfico, piratería tecnología, contrabando de alimentos y falsificación de aparatos electrónicos, y; c) se descubre de forma generalizada en todo el territorio, ya sea zona de frontera, interior o grandes centros urbanos.

La presente configuración de lo indebido ha sido entendida a partir de dos razones interpretativas; una en base a argumentos externos de imposición y, otra, mediante una lógica interna, por culpa de instituciones ineficaces y corruptas. Así, la primera ha indicado que las mafias internacionales fueron las únicas responsables de la situación, que se instalaron en la nación, forzando sus leyes gracias al uso de mecanismos y herramientas del terror –asesinatos o amenazas– (Clavel, 2016: 4). En punto contrario, el segundo argumento definitorio determinó que lo ilegal consiguió su espacio de acción gracias a un Estado débil, que a su vez, ante una realidad que lo superó, tuvo que aceptar los quehaceres y conseguir, posteriormente, sacar provecho, exigiendo recompensas monetarias a los patrones del negocio (Guttandin, 2010: 9).

El último argumento expuesto ha sido el más utilizado en el afán de intentar comprender al hecho. Gran parte de las apreciaciones entendieron a lo ilegal como un fruto, o una consecuencia perene, a una cultura de corrupción estandarizada y manifestada en cualquier momento del tiempo histórico de la nación. De hecho, Rafael Barrett, en su libro El Dolor Paraguayo, denominaba a tal realidad como el “virus político”, uno que afecta a todos los ciudadanos, ejecutado por los gobernantes, que aleja al país de un próspero desarrollo a causa del beneficio personal de los administradores de lo público (2006: 60). Lo ilícito, en resumen, siempre estuvo y, sus mayores promotores han sido los políticos afanosos con prácticas corrompidas.

Ante el panorama mostrado, el caso más dramático, y de mayor desasosiego, es el de la droga pedrojuanina. El problema del narcotráfico no solo se lograría apreciar preocupante por sus consecuencias directas –hábitos de adicción en la población o violencia traducida en asesinatos– además, sería un factor amenazante por la acumulación de poder por parte de los jefes del narco, afectando en última instancia, a la propia cohesión social de una zona/comunidad determinada (Furlan, 2016: 33). En la ciudad de Pedro Juan Caballero se conseguiría apreciar este fenómeno, donde los grupos de traficantes ostentarían una mayor fuerza que las legales; así, sobre el punto, el intendente de la localidad, José Carlos Acevedo, en una entrevista radial emitida por la emisora 780 AM, el 12 de septiembre del 2016, mencionaba:

Entre narcos se están peleando y desde acá no podemos realizar nada. Esta gente si quiere hacer, va a hacer, tienen demasiadas armas y generación de fuego. Lamentó que mucha gente inocente haya muerto pero, en este sentido, debo admitir que hemos perdido la batalla contra el narcotráfico, nosotros no podemos y el gobierno central tampoco no nos atiende o nos da artefacto o personal de lucha contra ellos, esta situación se desbordo. (2016)

Efectivamente, como bien indicaba el testimonio de la autoridad pedrojuanina, el predominio del narcotráfico es de sobremanera alarmante: altos índices de violencia, asesinatos a gran escala y guerra de grupos narco. Esta realidad, sin embargo, no tendría sus orígenes de una forma local y por el paso de los nuevos tiempos, se remontaría más bien, a los años de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989). El relato de primer exagente antidroga, entrevistado especialmente para la elaboración de este artículo, en marzo del 2017, reflexionaba:

Antes de Stroessner ya existía en el país una gran cantidad de contrabando pero era de muy poco interés y respondía más al sector de materias primas, los que llevaban eran grandes familias zonales pero esto, a principios de la década de 1970, cambio cuando Ricord vino al Paraguay e introdujo la droga, que en este caso, generaba más dinero y despertó mayor atención, no de los patrones de la comunidad, sino, de los propios jerarcas militares. (Entrevista N°1: Exagente antidroga N°1 – marzo de 2017)

El nombre mencionado responde al de Joseph Auguste Ricord, francés nacionalizado argentino, que el 2 de septiembre de 1972 fue deportado a los Estados Unidos de América, previo arresto en Paraguay. Con él apareció el primer caso concerniente al narcotráfico, pues no solo se trababa de un traficante a gran escala de heroína; sino que además, el propio gobierno de EEUU indicaba al país como su principal protector (Alfonso, 2017: 130). El 24 de mayo de 1972, el influyente columnista del Washington Post, Jack Anderson, denunció la complicidad del régimen con el negocio dirigido por Ricord, denominaba al caso como la “Conexión Latina”. En una columna reproducida en 600 periódicos de todo el mundo, Anderson acusaba a varios jerarcas paraguayos con nombre y apellido, entre ellos Pastor Coronel, Andrés Rodríguez, Patricio Colmán, Sabino Augusto Montanaro, Francisco Alcibíades Brítez Borges, Hugo González y Vicente Quiñónez, la mayoría generales y altos funcionarios en servicio activo, de ser sus benefactores y promotores de su libre circulación por el territorio (Wagner, 2011: 9).

Lo interesante de Ricord es que gracias a él se logra situar el inicio del narcotráfico en el Paraguay, finales de la década de 1960 y comienzos de 1970. La entrevista N°1, recién citada, coincide en que el delincuente francés fue el que introdujo la droga al país, pero además, indica a los políticos stronistas como los que mayores beneficios sacaron, aprendiendo de la nueva iniciativa para, una vez este deportado, continuarlo ya ahora en sus manos. Una segunda indagación, a otro agente antidroga, confirma la relación de Ricord con los militares paraguayos y como, luego, estos tomaron el negocio bajo su liderato:

Hay que recordar que en aquella época la clase alta eran los jefes militares. Ellos no se metían en el contrabando de yerba mate o madera simplemente porque les era muy arriesgado y la ganancia muy poca. Con Ricord aprendieron de un producto nuevo, la droga, aparecieron las primeras cosechas de marihuana y el tema empezó, primero bajo la tutela de francés, luego, cuando ya aprendiendo los gajes del oficio, por ellos. Aquí está la verdadera historia de la droga en Paraguay. (Entrevista N°2: Exagente antidroga N°2 – abril de 2017)

No es de extrañar que el stronismo haya estado metido, directa o indirectamente, en negocios ilegales. Tal fenómeno se definió como “el precio de la paz” y se caracterizaba a las prácticas corruptas promovidas, en los casi 35 años de dictadura, donde para mantener su régimen, no solo se recurrió a actividades formales recaudatorias, sino también a otros mecanismos económicos que actuaban a su favor (Almada, 2016: 49). Los negocios corruptos, avalados por el régimen, sin embargo, no eran administrados por cualquiera, solo por algunos pocos, los favorecidos, que tenían el privilegio de tales quehaceres. De aquí, justamente, del por qué el incipiente narcotráfico era exclusivo a los jerarcas militares:

Los milicos llevaban el negocio, vieron la posibilidad de hacerse ricos porque ellos ejercían el control, ahora no te creas que eran todos, solo un grupo, no sé si el presidente lo sabía, pero eran jefes tan importantes que uno suponía que tenían la venia del mandamás. Este beneficio a hacer lo prohibido lo denominábamos como el precio de lealtad. (Entrevista N°2: Exagente antidroga N°2 – abril de 2017).

Apoyando lo expuesto, a mediados del año 2016, se estrenó el documental Paraguay, droga y banana, dirigido por el periodista Juan Manuel Salinas. En aquel se relacionaba la producción y tráfico de droga al entonces comandante del ejército, Andrés Rodríguez; quien incluso tenía aeropista propia, en la ciudad de Hernandarias, cuyas tierras fueron adquiridas luego de ordenar el asesinato del verdadero propietario, José Melgarejo (Salinas, 2016: 2). La incipiente actividad narco, por lo tanto, además de ser reducida solo para un selecto grupo de militares, llevaba el tinte stronista de violación a los derechos humanos.

En las más de tres décadas, el gobierno de Stroessner se caracterizó por delitos de lesa humanidad como tortura, ejecuciones arbitrarias, desaparición forzosa y detenciones inicuas, sin garantías de un debido proceso. En total, se estima un total de 100.000 afectados de forma directa o indirecta (Almada, 2016: 14). Este quehacer autoritario y violatorio a la dignidad humana se replicó en el negocio del narcotráfico, donde los hombres fuertes del gobierno necesitaban grandes extensiones de tierras para plantar la droga y construir pistas de aterrizaje clandestinas para los aviones. Aquella necesidad era satisfecha con base al uso de la violencia, de hecho, la entrevista N°1 lo explica:

Las órdenes venían desde arriba, no te puedo decir que del propio presidente, ya que estaba prohibido preguntar, ahora lo que sí te aseguro es que algunos altos militares se bajaban en campos, desalojaban a las familias a punta de pistola, construían pistas para avionetas y llevaban heroína y otros productos de contrabando a los Estados Unidos, ese era el principal negocio y accionar de los que se hicieron millonarios en esa época. (Entrevista N°1: Exagente antidroga N°1 – marzo de 2017)

De igual manera, el indagado N°2 recordaba:

Hablar de derechos humanos era algo que ni se sabía, los militares eran dioses y en su afán de meterse en esto hacían cualquier cosa, no les importaba nada… la carga se tenía que trasportar y se debía construir la pista, pueblos enteros eran expulsados, valía todo para ese fin.

(Entrevista N°2: Exagente antidroga N°2 – abril de 2017)

Bajo estas características y contextos, el Paraguay se convirtió en un paraíso en el cual todo era seguro para el tráfico de estupefacientes. Antes de Stroessner, la ilegalidad ya existía pero era una marginal, una reducida a pequeñas familias dedicadas al contrabando de materias primas. El stronismo, traducido en sus jerarcas militares, transformó lo ilícito, llevándolo a una nueva dimensión, el de la droga producida y comercializada a nivel internacional. Todo esto, bajo la impunidad autoritaria y al servicio de los intereses y pretensiones de las autoridades de turno.

2. Apertura y consolidación de orden clandestino de la droga en Pedro Juan Caballero

Entre la oscuridad del 2 y la aurora del 3 de febrero de 1989, el gobierno autoritario de Stroessner encontraba su conclusión. El suceso se produjo tras un levantamiento gestado dentro de la Caballería, dirigido por el general a cargo, y consuegro del dictador, Andrés Rodríguez. Tal acontecimiento, denominado como la Noche de la Candelaria, inició la apertura democrática, dejando de lado una página larga y triste del dolor paraguayo (Pastoriza, 2015: 4). Los días siguientes fueron testigos del inicio hacia los nuevos tiempos, observando con renovados aires esperanzadores, sucesos como la legalización de los partidos políticos proscriptos, la supresión de la ley marcial, la abolición de la pena de muerte y la restitución de varios derechos individuales cooptados por tantos años (González, 2013: 31).

Los cambios, sin embargo, fueron generados por la propia cúpula –el entorno– del ya depuesto Stroesner y, los responsables más importantes del régimen, posteriormente, siguieron ocupando los principales cargos bajo la legalidad del juego eleccionario (Boccia, 2008: 13). De hecho, el comandante libertador, Andrés Rodríguez, que en la sección anterior fue indicado como uno de los primordiales generadores del narcotráfico, a los tres meses del golpe, llamó a elecciones libres y participativas, en las cuales fue electo como el máximo mandatario de la República del Paraguay (Paredes, 2011: 10). En esta novedosa pero no tan diferente realidad, la iniciativa de la droga continuaba con su ascenso, y ahora no solo era promovida por los comandantes de las Fuerzas Armadas, además, se sumaron grupos mafiosos o jefes zonales. Al respecto, la entrevista N°1, destacaba:

Las dictaduras centran el poder, solo ellos pueden manejar las cosas y los destinos de las personas, una vez que ya no están, todo se democratiza, en el Paraguay la gente se quedó con lo superficial de la transición, las libertades al pueblo y la pluralidad de partidos políticos, pero así como ese sector sufrió una apertura, el contrabando y la droga también fueron llevados por otras personas, nuestros jefes ya no actuaban por el deber a órdenes castrenses, sino por indicaciones de patrones zonales en base a incentivos monetarios. (Entrevista N°1: Exagente antidroga N°1 – marzo de 2017)

Se produjo la democratización del narcotráfico. Los jerarcas del ejército, al perder el poder ejecutado hegemónicamente por el aval del dictador durante 35 años, se vieron obligados a liberalizar el tráfico y la producción de estupefacientes, entrando a la acción otros sectores interesados. Así, esta actividad se transformó en su cúpula administrativa, cambiando de patrones, pero, sin ningún problema, siguió siendo favorecida, custodiada y suscitada impunemente por las autoridades de la transición, figuras nacidas y exaltadas en el contexto stronista. Idilio Méndez Grimaldi, en su libro Los herederos de Stroesner, publicado en 2007 en la ciudad de Asunción, reflexionaba en el suceso recién descripto:

En Paraguay, el “nuevo orden” incubó en las manos de un militar de dudoso pasado. El general Andrés Rodríguez derrocó a su consuegro en nombre de la libertad y la democracia. Desde entonces, todos podían hablar, todos podían protestar. Se ganó el derecho al pataleo... pero solo algunos pudieron prosperar y a costa del despojo al Estado, al pueblo, a la gente. La exclusión empezó a perpetuarse. Rodríguez preparó el escenario. El grupo de “empresarios exitosos” o “empresarios fraudulentos” que acumuló fortunas increíbles con el robo en Itaipú y Yacyretá, bajo la protección de Stroessner, asaltó finalmente el poder en 1993. Ellos ya estaban detrás del golpe del 89. Todo fue mentira. Nada fue saneado. Les narcotraficantes, contrabandistas y piratas falsificadores de todos los colores seguían lavando dinero a través de los bancos que operaban en Paraguay. (2007: 07-09)

Es así que, a partir de 1990, aparecieron los nuevos mandamases del narco. Aquellos instalaron sus centros de control en Pedro Juan Caballero, dirigiendo el narcotráfico desde esta ciudad, uno especialmente enmarcado al cultivo de marihuana para el mercado brasilero. El primero que adquirió relevancia fue Fahd Jamil, apodado “El Padrino” o “Rey de la Frontera”. Comenzando a finales de la década 1980 hasta mediados de 1997, ha sido el principal indicado en la propagación de Cannabis sativa a la nación carioca, diligencia enmascarada bajo la fachada de cría de caballos (Mandriotti, 2003: 23). Buscado, investigado y condenado por su país, Brasil, entro en la clandestinidad replegándose del quehacer. Tal vacío fue tomado, automáticamente, por Fernandinho Beira-Mar, líder del grupo criminal Comando Rojo, hasta el 2001, cuando que fue arrestado en Colombia y deportado al Brasil (Dowdney, 2003: 14-15). A partir de ese momento, el mercado pedrojuanino se liberaliza aún más; deja de estar en manos de una sola persona y pasa a ser disputado por varios actores como Rafaat y el Primer Comando Capital, principalmente.

La entrevista N°2, al segundo exagente antidroga, analizaba sobre el contexto actual de la ciudad Pedro Juan Caballero en relación con la droga. Complejizando el estudio, para el presente indagado, es una verdad innegable que la presencia de los grupos o zares del narco ha sido un factor importante, pero además se debería sumar, primeramente, la aceptación generalizada por parte de la población a esta clase de iniciativas; y luego, el espíritu corrupto de los funcionarios estatales. Al respecto, afirmaba:

En Pedro Juan uno sabe que la forma más rápida de hacer dinero es con la droga. Los políticos y policías te inducen dándote recetas de cómo hay que empezar. El problema es que así como vos, hay otros grupos que también quieren lo mismo y peor aún, están los ya establecidos, la primera ley que se te enseña es sobre el valor de cumplir la palabra y, el que murió, si lo hizo, es porque incumplió con lo prometido. (Entrevista N°2: Exagente antidroga N°2 – abril de 2017)

Para después profundizar:

La droga es el camino al éxito, la gente tiene ambiciones y la forma exprés es el de la droga, exprés constituyéndote en un narco, o en el médico del narco, el abogado del narco, el político del narco, el juez del narco, hasta incluso, el periodista del narco, es un juego sumamente complejo de relaciones que emerge del propio sistema. (Entrevista N°2: Exagente antidroga N°2 – abril de 2017)

Que la ciudad de Pedro Juan Caballero y su respectivo Departamento, Amambay, hayan sido los núcleos del tráfico de estupefacientes; cunas de los más importantes mercados ilegales; territorios de extrema violencia y; lugares de bandas criminales transfronterizas, no se debió únicamente por las cabecillas stronistas o el miedo a las acciones de terror de los patrones del narcotráfico. Sin lugar a dudas, existió todo un sistema, una cadena de eslabones, donde tal sociedad, en diferentes niveles, participó, generó, incentivó y aceptó lo ilícito como lo correcto. La interacción del narcotráfico pedrojuanino, por lo tanto, se consolidó a partir de una dinámica social compleja, en construcción permanente. La entrevista N°3, realizada a una autoridad nacional durante julio de 2017, explicaba:

“¿Que es lo normal en Estados Unidos? Un policía que apresa al delincuente y un político que gana unas elecciones combatiendo, desde su ámbito, a la delincuencia. Lo normal acá es que todos estemos en el negocio, todo dado vuelta, la gente se asusta cuando uno obra bien, te tratan de raro, que seguro que si estás haciendo lo correcto es porque hay algo detrás, es el sistema del cual todos nos aprovechamos por los beneficios al final del mes o cada cinco años” (Entrevista N°3: Autoridad nacional – julio de 2017).

Se originó, consiguientemente, un orden clandestino, que no solo generó recursos económicos abultados, sino que sirvió para establecer una convivencia a partir de la repartición de recursos a los sectores conflictivos, evitando protestas, generando trabajo, incentivando el consumo; y lo más importante, formando un sentimiento de movilidad laboral y perspectivas de un futuro satisfactorio para los niveles marginales-precarios. El suceso anterior se definió como cluster of order; es decir, un tipo de orden social que produce reglas y autoridades alternativas que se desvían de las normas legales racionales, pero que todavía son aceptables para la sociedad, o al menos una parte de ella (Dewey, 2015: 2).

En estos clusters, prevaleció la forma patrimonial de dominación, por lo que las relaciones entre gobernantes y gobernados no se basaron en normas o leyes sociales impersonales, sino en vínculos y alianzas interpersonales (Dewey, 2015: 5). Concluyentemente, son las mismas expectativas y objetivos sociales los que guardaron una estrecha relación con lo planteado en el modo de vida legal, lo que cambió fueron los medios: la ilegalidad, como valor central de las relaciones humanas, que aquí se constituyeron en un valor efectivo para conseguir los fines.

Sobre la implicancia del conjunto social, se debe agregar lo testimoniado por un exconcejal local, interrogado para la presente investigación en agosto del 2017. Desde su perspectiva, las complicidades son de todos los actores de la comunidad, pues los habitantes verían en el narcotráfico una iniciativa propicia para el progreso y el bienestar. En relación a lo analizado, él mencionaba:

Cuando te vas a Pedro Juan Caballero, sobre la Ruta hay diferentes barreras policiales, no están ahí por los patrones de la droga, sino porque ellos cuidan su negocio, el narcotráfico no es algo solamente de los narcotraficantes, sino de los policías que quieren llegar a fin de mes, de los políticos que necesitan dinero para sus campañas y de los jueces y defensores que encuentran un extra material y de poder para acrecentar su influencia, es una larga cadena de puestos, cada uno tiene un papel que cumplir, siendo el mismo lado de la moneda. (Entrevista N°4: Exconcejal de Pedro Juan Caballero – agosto de 2017)

Efectivamente, para que un orden híbrido se instale, legitime, y perdure, es necesaria una elevada cuota de precariedad y desigualdad social. Ante el colapso de la legalidad como imperativo categórico, surge la necesidad de procurar nuevas prácticas, legitimar nuevos medios y resinificar la racionalidad legal. Se consigue estructurar una convivencia en la que de algún modo, se obtengan los outcomes necesarios para el desarrollo social y, en algunos casos, la mera subsistencia. En el presente trabajo, y desde las entrevistas rescatadas, fueron varios los actores del clusters of order de la droga en Pedro Juan Caballero. Profundizando, vale destacar lo comentado por el entrevistado N°1:

En la punta inferior de la cadena están los campesinos, no actúan solos y forman las cooperativas de marihuana, toda una comunidad de niños, mujeres y adultos que viven en función del cultivo. Luego la policía, los que más trabajan y los más interesados, su labor es dar protección a los campesinos, hacer pasar los cargamentos y ejecutar a los que no cumplieron. En el medio los narcos, controlando a los de abajo y siendo extorsionados por los jueces y políticos. Después aparecen los jueces y defensores, de desempeño vital ya que liberan las órdenes de captura y decomiso de cargamento, tienen un protocolo para dejar impunes a los narcos, uno legal que se basa en dejar pasar el tiempo judicial para que la causa se archive. Por último los políticos, ellos son los que mayor control ejercen, están arriba, ganan tanta plata como los narcos, cobran de ellos y también de lo recaudado por los policías y jueces, es normal que cuando un tipo cae dice: llámale a tal político, él te va a decir que me liberes. (Entrevista N°1: Exagente antidroga N°1 – marzo de 2017)

La autoridad local, (entrevista N°4) concordó con el primer testimonio, pero no solo habló de los diferentes actores, sino también de los beneficios que sacaba cada uno de los partícipes del narcotráfico pedrojuanino:

Mientras que más poder tengas, mayor va a ser tu pedazo en la torta, los campesinos cultivan y su premio es económico, ¿conoces cómo viven ellos?, no tienen para comer, si están en esto es para subsistir. El policía es un campesino con un poco más de formación, también miserable, que quiere llegar a fin de mes o incluso usar lo recaudado para arreglar la patrullera o comprar balas o un revolver para la agrupación. Los jueces ganan dinero, pero también poder, ya que un mayor ingreso les permite estar temporalmente ahí y pelar por un cargo de importancia en Asunción. Los políticos obtienen dinero, dinero que les sirve para la campaña en seguir ahí o pelear una diputación a nivel país, la famosa narco-política. Al final, los narcotraficantes que ganan: dinero, influencia y posibilidades de expandirse, Paraguay en ellos es el lugar donde se financian para conquistar lo que les importa en verdad: el Brasil. (Entrevista N°4: Exconcejal de Pedro Juan Caballero – agosto de 2017)

El último testimonio cita algo que ha sido sumamente interesante, pues no solo se refirió a las ganancias o roles, sino también a las visiones y motivaciones particulares que tuvo cada sector. Así, sea uno policía, campesino, político, juez, o incluso narcotraficante, el negocio del tráfico no fue únicamente un modo de satisfacción de las necesidades básicas; ha sido incluso, y principalmente, una posibilidad o herramienta de progreso social, otra característica del cluster of order (ver Tabla N°1).

Tabla N° 1: El cluster of order de Pedro Juan Caballero

(Elaboración propia con base en las entrevistas realizadas)

La lógica enseñada permitió entender por qué Paraguay y Pedro Juan Caballero han sido una tentadora perspectiva para la expansión de los grupos delictivos brasileños y el negocio de la droga. Detrás del asesinato de Rafaat, la presencia del Primer Comando Capital o Comando Rojo en la zona, o la disputa por el territorio, inició la pelea por quien controla el cluster of order determinado; aquel que no consiste en otra cosa más que en la mayor dominación de policías, jueces, fiscales, defensores, políticos y campesinos; donde estos, a su vez, se adaptan a los que mayor oferta les propongan, en virtud a un negocio más rentable, llevado en su conjunto.

3. Conclusiones

El caso de Pedro Juan Caballero sirve para mostrar la existencia de un orden híbrido en el que se legitiman prácticas, pautas de comportamiento y valores sociales que en otros contextos, donde impere el Estado de derecho, serían condenadas y perseguidas.

La violencia y el desarrollo institucional se resinifican y, cobran sentido, en un marco normativo en el que legalidades e ilegalidades cumplen la función de ordenar la convivencia, implantar una ética particular, y generar recursos para cumplir con las expectativas sociales.

Cabe destacar que, esas expectativas están signadas por los fines comparables con los del modo de vida constitucional legal: protección, justicia, empleo, movilidad social, acceso a bienes y servicios, y expectativas de un futuro mejor. Esto significa que no se trata de un sistema de oposición al Estado de derecho, sino de la búsqueda de su materialización efectiva que, siendo imposible seguir la premisa de la legalidad como imperativo categórico, estipula y legitima otros medios efectivos que se alejan de lo constitucional-legal.

El Estado, que la literatura históricamente ha presentado con valores, intereses y prácticas opuestas a lo criminal, cobra un papel fundamental para la estabilidad del orden híbrido, sea a partir de proteger la permanencia de los mercados ilegales, a partir de crear obstáculos institucionales para la efectiva materialización del Estado de derecho, o activando el brazo de la ley para imponer sanciones jurídicas a aquellos actores que amenacen la estructura de convivencia.

Paraguay, un país que en gran medida ha pasado desapercibido para los estudios sobre la criminalidad internacional, es una fuente importante de información para entender cómo lo que para el sentido común hegemónico puede ser horrendo, cruel y condenable, es significado de maneras opuestas ante la certera práctica de su eficiencia como estructurador de convivencias y expectativas.

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Información adicional

CÓMO CITAR:: Moriconi Bezerra, M., & Peris Castiglioni, C. A. (2018). Análisis sobre el tráfico de drogas en la ciudad de Pedro Juan Caballero. Religación. Revista De Ciencias Sociales Y Humanidades, 3(9), 202-215. http://revista.religacion.com/index.php/religacion/article/view/140

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