Introducción

En este artículo procuramos hacer una interpretación de cómo la homologación de la categoría “mujer” se transforma en “todas las mujeres” que dan como muestra de una universalización que no conoce de diferencias. Por esto, intentamos poner en discusión al patriarcado inherente y oculto en los llamados a la igualdad, cuando se reducen los reclamos estructurales, materiales e históricos de diferencias entre las mujeres del mundo a un simple empoderamiento al acceso a la tecnología, a la política o al mercado laboral.

Es un discurso que prevalece y que orienta a diversas políticas sociales, por lo que en este artículo aspiramos a debatir desde una mirada del Sur a esa universalidad y a poner en consideración las necesidades imperantes de las mujeres en su rol de ciudadanas portadoras de derechos. En un contexto de subalternalidad, las mujeres no deben ser vistas con la lupa que observa su vida bajo el término de tradicional. Por esto, la idea sobre la que redactamos este documento es la discutir la noción de “mujer” como “ciudadana” en la sociedad actual y cuestionar las homogeneizaciones imaginarias que universalizan sus características identitarias en los discursos imperantes.

Es oportuno mencionar que, en las últimas décadas, la construcción de discursos y narrativas que promueven una paridad universalista, con sutileza invisibiliza a la mujer como ciudadana al no considerar sus diferencias y pone en consideración la “igualdad de género” real. Entonces, este paper contiene los lineamientos teóricos que permiten un acercamiento a los estudios relacionados al care, lo que ayudará a describir su relación con las políticas sociales a través de la transversalización del enfoque de género y el concepto de ciudadanía femenina.

1. La insoportable levedad del ser… mujer

Por décadas, la conceptualización de género estuvo íntimamente relacionada con lo biológico. En 1972, la socióloga feminista Ann Oakley explicó que lo sexual era uno de los rasgos que permitía diferenciarnos, más no era un aspecto biológico estático. Por lo contrario, podía ser cambiante por diversas causas –desde políticas a socioculturales- (Antonio Ariño, 2013). Al respecto, Joan Scott (1997) menciona al género como una forma de comprender socioculturalmente aquellas diferencias sexuales entre varones y mujeres. Para la autora es en el género donde se dan las relaciones de poder, basadas en la distribución de lo material y lo simbólico (Scott, 1997).

En sí, el concepto género ha tenido –y tiene- un abordaje académico amplio, diverso y político. En este sentido, nos interesa el desarrollo teórico propuesto por Butler (1990) que ve en el género una forma de existir el propio cuerpo –un constructo meramente cultural-, Joan Scott (1992) que lo postula como parte de las relaciones sociales –y por ende, del poder- y Pateman (1996), quien se centra en las subordinaciones existentes en la vida social, económica y política a partir de la definición de los géneros. Esto se debe a que socialmente se les atribuyen determinados roles a lo femenino y lo masculino^[1], que van más allá de las subjetividades, sino que están dados por lo natural que deriva de lo sexual-biológico. Es la sociedad patriarcal y androcéntrica la que reproduce esta forma de concebir la realidad, en la que “el origen de tales diferencias en los roles y comportamientos sociales, políticos y económicos se asume según la ideología patriarcal dominante, como natural y como inevitable a partir del sexo de cada quien” (Naranjo, 2002:23).

Es imprescindible comprender este punto, ya que el desarrollo del análisis realizado en este paper comprende un proceso reflexivo acerca de las representaciones sociales colectivas reproducidas respecto a los roles que cada mujer debe cumplir de acuerdo a su condición de género.

En base a lo mencionado previamente, se puede manifestar que las relaciones de género son relaciones de poder, en las que los varones tienen un acceso directo a éste, mientas que, en el caso de las mujeres, se encuentra limitado. Tanto varones como mujeres viven el poder de un modo distinto, lo que también establece las propias identidades genéricas en función a estas relaciones; situación que se repite cuando se hace la distinción entre lo público y lo privado^[2], lo femenino y lo masculino. Por esto, nos resulta importante abordar un análisis que amplíe la visión de lo político^[3], al enmarcar aspectos que aborden temas que se ubican dentro de aquello que es invisible, privado, íntimo.

1.1. Cuando nos volvimos públicas

Por siglos estas relaciones de poder^[4] no han sido abordadas como un problema de interés social, sino que fueron los diversos movimientos feministas los que han puesto en la agenda mediática y política las desigualdades vividas tanto en lo público como en lo privado. En este sentido, es importante mencionar que las representaciones creadas en relación con lo que se entiende como desigualdad de género están relacionadas a la incorporación y participación de las mujeres en el espectro público, más no lo vincula con el ámbito privado; lo que conlleva a ser un tópico excluido del abordaje estatal (Bacchi, 1999). Es necesario subrayar esto ya que con esta interpretación se puede inferir que, en contrapartida, lo masculino hace referencia al desarrollo social, lejos de aquello que ocurre al ámbito privado del hogar.

“Lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y niñas” es lo que refiere el 5to Objetivo de Desarrollo Sostenible del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD, 2015). Éste ha sido –y es- una de las demandas más reconocidas y vapuleadas a nivel mundial en la lucha por los derechos humanos. A pesar de la importante visibilización que se le ha dado a las desigualdades, discriminaciones e injusticias que viven las mujeres a diario, son prácticamente nulas las brechas superadas para conseguir un adecuado bienestar.

En pleno siglo XXI, las diferencias existentes entre las realidades de los varones y las mujeres sigue siendo lacerante en términos de inequidad^[5]. La desigualdad puede observarse en distintos ámbitos con los índices que señalan la baja incorporación de las niñas al sistema educativo, los escasos puestos de liderazgos ocupados por mujeres, los bajos registros de la presencia femenina en el mercado de trabajo formal directamente relacionados con la llamada feminización de la pobreza, etcétera. Esta situación también es trasladable a la esfera privada del hogar, en la que la desigualdad está enraizada en la distribución desigual de las tareas domésticas y de cuidado, arraigadas en estructuras que señalan que son responsabilidad de las mujeres, sólo por su género.

La condición social de la mujer en la actualidad no la ha ubicado muy lejos del modelo patriarcal imperante, a quien se le asigna aún un perfil obligatorio por su “naturaleza femenina” y una serie de actividades de cuidado de los miembros del grupo. Este trabajo -no remunerado- parece estar bajo un manto de “invisibilidad” en el reconocimiento del ámbito económico por la concepción errónea de sólo pertenecer al carácter privado de las relaciones familiares (Antonopoulos et al, 2007:243). Por esto, es oportuno preguntarnos y analizar cómo las identidades de género –y la interpretación de éstas- son aún las determinantes en la construcción social y discursiva tanto en aspectos culturales, económicos y políticos, como es el caso de su inclusión en las políticas sociales.

2. Ciudadanas de segunda

Acerca del ser mujer, Simone de Beauvoir (1949) postulaba que no se trata de un designio biológico, sino que es la sociedad la que crea un ser intermedio entre lo que representa el macho y aquello castrado que alude a lo femenino.

Estas relaciones de poder entre los géneros derivan de acuerdos gestados en instituciones sociales como el hogar, el mercado, el Estado y la comunidad, los cuales proporcionan a los hombres, más que a las mujeres, una mayor capacidad para movilizar reglas y recursos institucionales que promuevan y defiendan sus propios intereses. En la mayoría de los contextos, ellos gozan, en términos generales, de un mayor acceso a los puestos políticos o a la tierra, una mayor movilidad física, menos responsabilidades asociadas al autocuidado o cuidado de las personas, una posición privilegiada en términos de control de trabajo y una sexualidad menos confinada (Kabeer, N; 1994)

Ser mujer no es sólo una categoría descriptiva, es un modo de vida, es desigualdad simbólica, económica, política, normativa, social. Por esto, es importante ver al género, en sí, como una categoría que nos permite hacer visibles las desigualdades entre los hombres y mujeres, interpretar esas diferencias e incluso entender por qué el poder se distribuye inequitativamente entre los géneros.

Tal como expresa la filósofa feminista estadounidense Nancy Fraser (1997), el Estado en su papel de intérprete de necesidades da por sentado ciertas significaciones del rol de los agentes en la reproducción social y asumen lo justo y adecuado para ellos. Por ejemplo, ante este desplante entre el trabajo de cuidado no remunerado, las políticas sociales deberían proponerse como meta: a) el reconocimiento monetario del trabajo doméstico y de cuidado no remunerado a través de un “salario para el ama de casa”, b) incorporar la perspectiva de género y particularmente la dimensión del cuidado en el diagnóstico, diseño, monitoreo y evaluación de toda política económica; c) atender la cuestión del cuidado y operar en un sentido de búsqueda de una mejor distribución de estas responsabilidades, lo que permiten, a su tiempo, una mayor justicia distributiva (Rodríguez Enríquez, C., 2011:62).

Por un lado, los economistas Rania Antonopoulos y Francisco Cos-Montiel, –con su interpretación sociopolítica del desarrollo como proceso cultural, político y económico-, analizan esta situación desde la perspectiva de las desigualdades entre mujeres y hombres derivadas de la división sexual del trabajo, las cuales no serían cuestionadas, sino que se las comprende como resultado de una organización natural de las funciones sociales, en que las políticas sociales son formuladas de acuerdo con el modelo de familia nuclear y la mujer toma su rol pasivo dentro de ese desarrollo en el que no se la ve más allá de su rol reproductivo y de cuidadora (Antonopoulos et al., 2007:234).

Ante este análisis de género, autoras como María Elena Valenzuela (2009), especialista regional de género y empleo de la OIT para América Latina, y Claudia Mora, socióloga especialista en género, presentan a la mujer como un sujeto que convive –o sobrevive- dentro de una pobreza cualitativa y cuantitativamente distinta a la de los hombres.

A principios del siglo XXI, los Estados latinoamericanos aún son caracterizados por su naturaleza patriarcal –según la extensión de la noción beauvariana de éste-. Entiéndase al Estado como “la institución por excelencia que produce y reproduce las múltiples dominaciones y discriminaciones de las sociedades latinoamericanas, de la que la dominación y discriminación de género es uno de sus componentes” (Bareiro, 1997:3).

Entonces, es el Estado la institución que cuenta con el poder para que la sociedad cumpla lo que disponen sus dirigentes. Históricamente, bajo sus diversas formas, han sido las mujeres quienes han estado en situaciones de subordinación, en las que el poder era ejercido sobre ellas. En este punto es en el que radica la desigualdad mencionada, en la existencia de privilegios que los diversos colectivos tienen en la sociedad y el Estado; en otras palabras, en la comunidad política (Bareiro, 1997).

A pesar del paso del tiempo, esta desigualdad poco cambió para las mujeres en función a su rol dentro de la sociedad. Si se hace un paralelismo entre “una determinada concepción de la historia de la humanidad, de las relaciones entre hombre y la naturaleza, asumiendo al mismo tiempo un modelo implícito de sociedad considerado como universalmente válido y deseable” (Feitó, 2004:5) se puede inferir que muy lejos está la mujer de alcanzar eso que es “válido y deseable”; en otras palabras, esa ciudadanía plena. En conjunción a esto, el concepto de ciudadanía refiere al derecho que tienen las sociedades de intervenir en el poder político y, en simultáneo, a ser intervenidas (Bareiro, 1997).

2.1. Ciudadanía sin ciudadanas

La llamada ciudadanía femenina ha sido desarrollada en contraposición al concepto universal de ciudadanía planteado por varones, para ellos mismos y que excluye a las mujeres. Por décadas, han sido las distintas agrupaciones feministas las que se han opuesto y luchado contra esa masculinización que sufren las mujeres ante la necesidad de ganar más derechos y espacios dentro de un sistema patriarcal –la Conferencia Mundial sobre Población y Desarrollo, la IV Conferencia Mundial sobre la Mujer son ejemplos claves de esto-. En esta línea, la politóloga Mary Dietz (2001) plantea que el eje de los cuestionamientos de las feministas debe estar focalizado en quién y cómo se toman las decisiones; interpelar y comprender a la ciudadanía como un bien en sí mismo y un proceso continuo –en que es casi imperativa la incorporación activa de la mujer en el mundo público-. Esta última –aunque escasa y a fuerza de leyes de cupo en el caso del ámbito político- ha permitido que muchas constituciones latinoamericanas incluyeran la diversidad junto con la igualdad legal, real, social y de género (Bareiro y Soto, 2016).

Según Mary Dietz, esta particularidad que otorga la igualdad debe ser tomada con cautela, ya que se “han puesto de manifiesto la falta de igualdad existente tras el mito de las oportunidades iguales y nos han hecho saber cómo estos supuestos niegan la realidad social del trato desigual la discriminación sexual, los estereotipos culturales y la subordinación de las mujeres tanto en la casa como en el mercado” (Dietz, 2001:7).

Es así como esta autora plantea lo imprescindible que es comprender desde una perspectiva democrática el concepto de ciudadanía, lograr que se entienda a la política como un compromiso de todos/as los/as ciudadanos/as y la participación de todos/as ellos/as en solucionar los asuntos de esta comunidad, de estos asuntos de la gente (Dietz, 2001). En esta línea, es oportuno traer a colación lo expresado por Kimberlé Crenshaw, feminista norteamericana, al manifestar que “las mujeres se han organizado contra una violencia casi cotidiana que ha conformado sus vidas” (Crenshaw,1991:89). Con este planteo se expone que son millones de mujeres las que hacen esta demanda, transformándola en política y dándole mayor eco que si lo hicieran unas pocas.

En conjunción a esta postura, es necesario traer a colación la posición adoptada por el Programa de Acción Regional para las Mujeres de América Latina y el Caribe (1995) de la CEPAL, el ejercicio pleno de la ciudadanía femenina estará dado no sólo cuando las mujeres se incorporen activamente a la denominada vida pública, sino cuando puedan contribuir como ciudadanas de pleno derecho. Esto podrá lograrse cuando las distintas formas de representación política postulen una concepción de desarrollo que incluya a lo privado y no soslaye las diferencias de género.

2.1.1. Ellas y/en los regímenes de bienestar

En las décadas de los ’80 y ’90, Latinoamérica ha pasado por diversos ajustes estructurales gracias a medidas neoliberales –privatizaciones, inversiones transnacionales, supresiones de políticas sociales, etc.- adoptadas por los gobiernos de este periodo. Estas medidas, que lejos estuvieron de tener compromiso social, se rigieron por las leyes del mercado.

Ya con la llegada del nuevo milenio y con la asunción de gobiernos “populistas”^[6], la relación entre Estado-Mercado se desenfocó y pasó a ser eje central una nueva reciprocidad: Estado-Sociedad. Esta naciente bilateralidad estuvo atravesada por la necesidad de darle voz a los excluidos, a las minorías, a los vulnerables sociales -en casi todas esas categorías encajan las mujeres-. En otras palabras, “en las democracias modernas se ha desarrollado un proceso de extensión del derecho a la ciudadanía a los colectivos inicialmente excluidos” (Bareiro, 1997:6). Para vislumbrar cómo es la situación en Latinoamérica es fundamental comprender los cimientos: los regímenes de bienestar. Éstos son precisamente la constelación de prácticas, normas, discursos relativos a qué le corresponde a quiénes en la producción del bienestar (Esping-Andersen, 1990).

La socióloga y politóloga estadounidense Theda Skocpol (1992) propone la existencia de dos modelos de Estado bienestar: uno paternalista – como hombre-proveedor en su carácter de asalariado que brinda beneficios a su familia- y uno maternalista –dirige la protección a madres, niños/as y viudas-; es decir, un modelo patriarcal de protección social (Draibe y Riesco, 2006:40). Por otro lado, la socióloga Ann Schola Orloff (1993) plantea cinco aristas a tener en cuenta al tratar en los regímenes de bienestar las lógicas de género: a) la situación del trabajo no remunerado; b) la diferenciación y la desigualdad de género en la estratificación social, generada por diferencias en los derechos; c) las características del acceso al mercado de trabajo, por parte de las mujeres, d) la capacidad de estas últimas para mantener autónomamente la familia (Draibe y Riesco, 2006:45).

Frente a las posibles caracterizaciones de Regímenes de bienestar, al creador del concepto Esping-Andersen se le ha resaltado en su visión del “enfoque de regímenes de bienestar social” que no reafirma el papel de la familia dentro de la dinámica de los regímenes, al igual que simplifica en el modelo hombre-proveedor/esposa-cuidadora la importancia del género y la división sexual del trabajo (Orloff, 1993; Lewis, 1992; Esping-Andersen, 1999).

Otros autores –Castles, Ferrera, Flaquer- identificaron los elementos constitutivos de los regímenes que incluyen la visión “familista”, los diferencia de lo planteado por Esping-Andersen. Entre ellos, la protección social que no cubre a la totalidad de la población necesitada –ya sea por pertenecer a la economía informal o estar desempleada- y la dividen en segmentos protegidos y desprotegidos; la familia dentro de la previsión social y el papel primordial que toma el cuidado ejercido por las mujeres, pero paralelamente se observa la carencia de programas de asistencia social y apoyo a las familias; y el surgimiento de mecanismos políticos - corporativismo, el clientelismo y las “máquinas de patronazgo”- que aparecen con la distribución de beneficios sociales (Draibe y Riesco, 2006:23).

Este enfoque es totalmente contrario a lo que postula el ideal de igualdad que plantea cumplir la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (CEDAW). Es necesario un compromiso real de los Estados y de los distintos actores involucrados para conjugar la igualdad de voces, problemas y propuestas de todas las personas, para lograr así eliminar la pobreza, reducir desigualdades (Bareiro y Soto, 2016:3). Para esto deben discutirse objetivos como: erradicar las desigualdades y brechas de género que repiensan a la política pública y el empoderamiento de las mujeres; analizar el modo de crear e implementar políticas incluyentes que evoquen a la igualdad de género y empoderamiento de ellas; y, por supuesto, ponderar la transversalización de género en el marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles (Bareiro y Soto, 2016:3).

Para conseguir un diseño e implementación de políticas sociales se debe erradicar el enfoque mujerista, para alcanzar la visión género-transformativo que dará otra perspectiva a las medidas sociales. Un modo de alcanzar este objetivo es el de incorporar el ideal de empoderamiento de las mujeres y, por supuesto, de redistribución entre los géneros; también tener en cuenta la interseccionalidad lograda al transversalizar el género a todas las demás desigualdades (Bareiro y Soto, 2016:15).

Esto deja en manifiesto cómo se interpretan y construyen las políticas sociales sobre la heterogeneidad de la sociedad y las manifestaciones latentes de las distintas formas sociales y compendio culturales presentes (Rodríguez Bilella, 2004:4). La efectiva incorporación de la igualdad de género en las políticas sociales resignifica los contratos sociales al fomentar una profundización de la democracia y, con esto, la construcción de Estados incluyentes (Bareiro y Soto, 2016).

Esta interseccionalidad planteada anteriormente por Bareiro y Soto, permite hacer una articulación –y discusión- entre las políticas sociales y el patriarcado; y no así desde las diferencias que avivarían las desigualdades. Reconocer estas diferencias permitiría constituir un frente de polaridades, reconocimientos y conocimientos para construir propuestas dentro del proceso dialéctico. Esto es un claro ejemplo de cómo “las herramientas del amo nunca destruirán la casa del amo” (Lorde, 1979:37) y cómo siguen presentes las epistemologías del poder en las políticas sociales que mantienen a los oprimidos ocupados con los intereses del amo.

En este sentido, Mohanty expone el modo en que es construida la “mujer” como un compuesto cultural e ideológico mediante distintos discursos de representación y cómo son las mujeres reales –con sus propias historias- que de algún modo la academia busca abordar –cabe aclarar que esta relación es arbitraria, construida por culturas particulares-. En relación con esto, la autora pone especial énfasis en aquellos discursos que “colonizan de forma discursiva las heterogeneidades materiales e históricas de las vidas de las mujeres en el Tercer Mundo” (Mohanty, 2008:11).

2. 2. Esa lucha llamada igualdad

Los Estados tienen el deber de proteger y promover los derechos de toda la ciudadanía, principalmente los de los oprimidos o desventajados socialmente, en ambas categorías encaja la mujer. Su pasado –el acceso a la educación-, su presente –el acceso al mercado laboral- y su futuro –el acceso a beneficios de previsión social- marcan la línea patriarcal por la que ha transcurrido la realidad femenina en esta sociedad.

Como mujeres es importante, desde nuestro lugar, resistir en el modo en que Lorde exclamó: “les pido a todas las que están aquí busquen en ese lugar del conocimiento en sí mismas y que toquen el terror y el odio de cualquier diferencia que vive ahí. Vean qué cara lleva. Es entonces que tanto lo personal como lo político pueda empezar a iluminar todas nuestras opciones” (Lorde, 1979:93).

Esperamos que, en un futuro no muy lejano, se vea a la mujer bajo una nueva lógica epistemológica, axiológica y ontológica. Partimos de la idea de que cuando se analiza a la mujer del Tercer Mundo se lo hace de una forma homogénea, como un universalismo que codifica y representa al otro cultural, y no como prácticas discursivas que ven al “otro” como diferente (Mohanty, 2008:8).

Las representaciones sobre las mujeres del Tercer Mundo -basadas en la lógica binaria- y el imperialismo están estrechamente ligados. En este caso, esta producción reproduce o afianza el lugar de subordinación y victimización -un grupo de antemano asumido como homogéneo sin poder, explotado y sexualmente acosado, víctimas de la violencia masculina y dependientes- de las mujeres del Tercer Mundo (Mohanty, 2008:17).

A la mujer del Tercer Mundo -al Otro no-occidental- se la ha presentado discursivamente como un sujeto monolítico y sin historia. Lo que conlleva a la supresión de las heterogeneidades materiales e históricas de las vidas de las “mujeres” en concreto -en contraposición con la Mujer como “grupo ya constituido y coherente, con intereses y deseos idénticos sin importar la clase social, la ubicación o las contradicciones raciales o étnicas”-; esto implica que los “feminismos ‘occidentales’ se apropian y ‘colonizan’ la complejidad constitutiva que caracteriza la vida de las mujeres” al volver categorías como las de “patriarcado”, “diferencia sexual”, “dominación masculina”, entre otras, transculturales, y de esta manera, contribuyen a la formación de una “noción igualmente reduccionista y homogénea de la ‘diferencia del tercer mundo’” (Mohanty, 2008:15).

Tal como señala Mohanty (2008) “las vidas de las mujeres no son idénticas, pero son comparables” (p. 25). La autora, en este sentido, expone algunos argumentos críticos que abordan tres principios analíticos presentes en los discursos sobre las mujeres del Tercer mundo:

1. Presuposición de la mujer como un todo codificado y universal “‘sin importar la clase social, la ubicación o las contradicciones raciales o étnicas”.

2. Presuposición metodológica de considerar un estudio de caso como evidencia totalizante.

3. Presuposición de proponer una activación política lineal para todas las mujeres en el mundo.

En este artículo pretendimos visibilizar resumidamente cómo la concepción de mujer ciudadana por parte del Estado influye en el modo en el que se construyen las políticas sociales. En muchos casos, éstas no hicieron más que reproducir relaciones asimétricas de poder, en particular, la de los géneros.

Es necesario recordar que la desigualdad existente entre hombres y mujeres es un fenómeno que se desarrolla en todos los niveles y que debe ser atacada como un problema global y no de acuerdo con los estándares impuestos por cada Estado por separado. Es aquí donde se perciben cómo los opuestos patrones de reconocimiento afectan el pleno ejercicio de derechos, en este caso el de las de siempre, de las “nadies”: nosotras.

Reflexiones finales

Para eso releva las formas de movilización, organización y concientización transnacional que podrían sentar las bases de esta política solidaria de género^[7]. A pesar de las distintas Políticas Públicas y el llamado a concientización en cuanto a la correcta y equitativa división sexual del trabajo, las representaciones sociales colectivas aún tienen marcado a fuego el supuesto de que las mujeres son aquellas personas dedicadas exclusivamente al cuidado de la familia y, si no la “descuidan”, pueden considerar la alternativa de ingresar a un mercado laboral –informal e injusto- que acoplan la tarea remunerativa con su trabajo “naturalizado” y no remunerado como el doméstico.

Si bien los Estados tienen el deber de proteger y promover los derechos de toda la ciudadanía, principalmente la de los oprimidos o desventajados socialmente -en ambas categorías encaja la mujer-, comprender y desnaturalizar la labor doméstica como propiamente femenina y en realidad visualizarla como tal, es una tarea ecuménica.

Este tipo de cambio transformativo en el sistema previsional permite desaprender y liberarse de aquellas mentalidades, relaciones, identidades que entorpezcan las creaciones de nuevas realidades más justas y equitativas en términos políticos, sociales y económicos.

Es importante, entonces, fraguar y reconocer las diferencias. Dentro de la interdependencia de diferencias mutuas no dominantes se encuentra la seguridad que nos permite descender al caos del conocimiento y regresar con visiones verdaderas de nuestra realidad, junto con el poder concomitante para efectuar los cambios que puedan realizar el buen futuro.

La diferencia es esa conexión viva y poderosa de la que se fragua nuestro poder personal. Esto no debe de significar el despojo de nuestras diferencias, ni el pretexto turbador de que éstas no existen... Significa poder tomar nuestras diferencias y hacerlas fuerza, porque las herramientas del amo, nunca desarmarán la casa el amo.

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Notas