1. Introducción

En el marco de la tesis doctoral y con la obtención de algunos hallazgos preliminares surge la motivación de presentar un trabajo final en el I Coloquio del IDEHESI 2018, el cual se propuso ser un espacio de discusión sobre las problemáticas que atraviesa la estatalidad contemporánea, advirtiendo los intereses en juego y las estrategias desplegadas en la construcción espacial. El presente trabajo pretende contribuir a dichas discusiones describiendo un caso concreto de estudio, el Barrio Flores Oeste (BFO), éste es un asentamiento marginal ubicado en el piedemonte de la ciudad de Mendoza fundado en la década del cincuenta aproximadamente y que desde sus inicios a la actualidad ha sido un territorio atravesado por la implementación de políticas estatales de diversa índole. La particularidad del mismo reside en la extensa temporalidad de la ocupación/apropiación del territorio y las múltiples reconfiguraciones espaciales y resistencias territoriales, teniendo en cuenta su condición de “excluidos”.

Para la investigación se llevó a cabo un relevamiento, análisis y sistematización de notas periodísticas, archivos documentales, ordenanzas y entrevistas a informantes claves con el objetivo de conocer los orígenes del proceso histórico de construcción territorial del asentamiento, describiendo los hechos cronológicamente que desencadenaron la configuración en una espacialidad determinada. Lo cual contribuirá a identificar los actores que han intervenido directa o indirectamente en este proceso y sus relaciones, que hacen que las políticas implementadas en el territorio tuvieran determinadas características y no otras.

En cuanto a las categorías para abordar la problemática tomaremos de modo general las de “producción del espacio” de Henri Lefebvre, “derecho a la ciudad” de David Harvey y “justicia espacial” de Edward Soja que nos ayudan a develar el reparto inequitativo de los recursos en el espacio que producen tensiones entre el Estado, el mercado y los pobladores produciendo (in) justicias espaciales. Estas tres categorías centrales serán empleadas en la descripción de la expansión de la ciudad hacia el piedemonte y en el origen del caso en cuestión.

El trabajo contiene dos partes, la primera, describe cómo se ha desarrollado el proceso de expansión hacia el piedemonte desde un análisis crítico y en la segunda sección, se muestra la relevancia que tiene el caso en el proceso histórico de la construcción desigual del territorio, haciendo hincapié en la material ocupación del territorio por parte de los primeros pobladores, y sus relaciones (disputas) con otros actores.

2. Primera Parte

2.1 Conceptualizando

Para poder mirar y analizar las ciudades y sus procesos de urbanización territorial es necesario pasar por el lente de Lefebvre e incorporar el “código de la producción del espacio” (Martínez-Toro, 2014). Según Henry Lefebvre “podemos hablar, pues, de un periodo transitorio entre el modo de producción de cosas en el espacio y el modo de producción del espacio. La producción de cosas fue promovida por el capitalismo, dominada por la burguesía y por su creación política, el Estado. La producción del espacio implica otras condiciones entre las cuales se encuentran la decadencia de la propiedad privada del espacio y simultáneamente la del Estado político, dominador del espacio” (Lefebvre, 2013: 439).

La producción del espacio refiere al proceso, a la historia. En el caso en cuestión parece necesario conocer el proceso histórico de producción del espacio sin caer en una mera descripción cartográfica del mismo, sino reconocer las prácticas del espacio: el qué se produce, cómo se produce, quiénes lo producen. En la misma línea David Harvey afirma que incluso la reivindicación del derecho a la ciudad puede ser un significante vacío, todo depende de quién lo llene o con qué (Harvey, 2014).

En este sentido compartimos la visión de que “vivimos en una época en la que los derechos humanos se han situado en primer plano como modelo político y ético. Se dedica mucha energía a su promoción, protección y articulación como pilares para la construcción de un mundo mejor, pero acostumbran a formularse en términos individualistas y basados en la propiedad, y como tales no cuestionan la lógica de mercado liberal y neoliberal hegemónica no los tipos neoliberales de legalidad y de acción estatal” (Harvey, 2014: 19).

La apropiación y el dominio del espacio son categorías necesarias para un abordaje territorial complejo, en éste sentido “… el concepto de apropiación del espacio, que examina la manera en la cual el espacio es usado y ocupado por los individuos, clases u otros grupos. Por otro, el dominio del espacio, que refleja la organización de grupos poderosos que dominan la organización y producción del espacio de manera de ejercer un mayor grado de control sobre el modo en el cual el espacio es apropiado por ellos mismos u otros grupos” (Rizzo, 2013:5). Para el caso en cuestión entendemos que les habitantes del Barrio son los que se apropian del territorio y el Estado capitalista a partir de sus acciones y políticas intentan dominar a los sectores populares.

En las últimas décadas se comenzó a debatir en términos de justicia en “el marco de las desigualdades y contradicciones contemporáneas de la coyuntura neoliberal a nivel global. La conceptualización de la justicia espacial discute las condiciones de producción desigual del espacio urbano contemporáneo, ayuda a describir causas y efectos de la desigualdad producto de la injusta distribución diferencial de condiciones del territorio, y alerta sobre la necesidad de herramientas que reequilibren esas asimetrías en busca de una justicia territorial anclada” (Salamanca Villamizar, Astudillo Pizarro, & Fedele, 2016:28). Edward Soja propone que la justicia social es necesaria para comprender la relación entre la producción del espacio en busca de una justicia espacial, en éste sentido:

“El renovado reconocimiento de la importancia del espacio ofrece nuevas perspectivas para entender no sólo como se generan injusticias a través del espacio, sino también como los análisis espaciales de la injusticia permiten avanzar en la lucha por la justicia social, impulsando reivindicaciones y prácticas de activismo concretas por la justicia social que hacen visibles tales reivindicaciones. Entender que el espacio –como la justicia- nunca se entregó o se dio simplemente, sino que ambos se produjeron socialmente, se experimentaron y se construyeron en ámbitos en constante conflicto social, político, económico y geográfico, significa que la justicia -si se alcanza concretamente, se experimenta y se reproduce- debe comprometerse en términos tanto espaciales como sociales” (Soja, 2014:61)

Según Salamanca, “los vínculos entre justicia y espacio poseen aproximaciones de tipo distributivas desde el reparte equitativo en el espacio de los recursos y el reparte de los costos del progreso, que producen tensiones permanentes entre el Estado y el mercado” (Salamanca Villamizar, Astudillo Pizarro, & Fedele, 2016: 13). Tensiones que son dinámicas y asimétricas dependiendo el momento histórico que se esté analizando.

2.2 Contextualizando la ciudad

En el caso de estudio, los habitantes del BFO, en el momento de su fundación quedan excluidos del derecho a la ciudad tal y como la conocemos, y se ven obligados a producir su propio territorio en la periferia de ésta y en constante tensión con el Estado y el mercado.

“De este modo, la ciudad y –junto con ella- sus condiciones sociales de apropiación (Topalov, 1980), resultan social y políticamente producidas a través de la interacción contradictoria y compleja de distintas lógicas: i) la ganancia donde la ciudad es objeto y soporte de negocios-, ii) la necesidad –impulsada por aquellos grupos y sectores que no logran procurar sus condiciones de reproducción social a través del mercado-; y iii) lo público, donde el Estado actúa, mediante las políticas, proveyendo el sustento para el despliegue de las otras lógicas (Rodríguez, Bañuelos, & Mera, 2008: 45-46).

Por eso el estado con la acción de sus políticas públicas establece relaciones unidireccionales y asimétricas, pero que desde el territorio son reconfiguradas.

La ciudad de Mendoza no es ajena a estas discusiones y siguiendo a Pablo Rizzo, el cual, toma a Lefebvre cuando afirma que:

“La ciudad es una construcción colectiva, una realización humana. Partimos del hecho que, al producir su existencia, los hombres producen no solo su historia, su conocimiento, transforman la naturaleza sino también el espacio. Un espacio que, en última instancia, es una relación social que se materializa formalmente en algo posible de ser aprehendido, entendido y profundizado. Un producto concreto, la ciudad (el territorio), se sitúa como elemento visible, representación de relaciones sociales reales que la sociedad es capaz de crear en cada momento de su proceso de desarrollo” (Rizzo, 2013:3).

Actualmente vivimos un proceso de expansión de las ciudades, el cual ha sido objeto de estudio de diversos grupos científicos, que afirman que los efectos de la globalización en las grandes ciudades están caracterizados en “tres rasgos sobresalientes: La suburbanización de los sectores medios, la renovación de las áreas centrales, y el incremento de la pobreza urbana en áreas intersticiales de la ciudad” (Herzer, 2008:15).

2.3 La expansión urbana hacia el piedemonte

La provincia de Mendoza también expande las fronteras urbanas sobre el piedemonte, especialmente en la zona del Área Metropolitana, ubicado en el oasis norte donde se encuentra más del 70% de la población de la provincia (Abraham & Rodríguez, 2000). El piedemonte, es portador de un patrón de urbanización que consolida los sistemas de pertenencia jerarquizada de desigualdad y exclusión (De Sousa Santos, 2003); en el piedemonte mendocino coexisten asentamientos marginales y precarios sin infraestructura ni servicios, con planes de vivienda estatales, junto a emprendimientos inmobiliarios de alta y media categoría que responden a una planificación basada en la lógica del mercado y en un sistema discriminatorio de acceso a la tierra.

El proceso de expansión urbana hacia el piedemonte mendocino se viene consolidando fuertemente desde la década del 90´ (Abraham, Roig, & Salomón, 2005) hasta la actualidad, un crecimiento que se da a un ritmo mayor que la población y superando los tiempos de los entes de planificación (Mesa & Giusso, 2014) exponiendo las debilidades en la regulación por parte del Estado (Castillo, Correa, & Cantón, 2015) y ocasionando situaciones de vulnerabilidad para algunos grupos de población.

El crecimiento en magnitud y densidad del piedemonte se observa claramente desde 1973 sobre el margen de la avenida Champagnat (Rizzo, 2013). Ante las dificultades para acceder a una vivienda y/o terreno por medio del mercado formal, la población de bajos ingresos se fue albergando en urbanizaciones no formales e inestables en terrenos fiscales disponibles en la periferia de la mancha urbana de la ciudad. El crecimiento de asentamientos marginales en el oeste de la ciudad se produce a partir de la década del cincuenta, donde los excluidos de la urbanización comienzan a instalarse en casas precarias, y estos espacios antes invisibles comienzan a visibilizarse y entrar en las agendas de gobiernos años después, para lo cual se implementan políticas de relocalización de villas de emergencias creando nuevos barrios. Estas políticas también dan paso a nuevas formas de organización comunitaria como el programa de “ayuda mutua”.

En la década de 1990 el neoliberalismo se profundiza en países vecinos y en Argentina particularmente, lo cual logra agudizar la crisis, que llegado el 2001 encuentra al país con problemáticas como el aumento en el desempleo, pobreza e indigencia dado por la implementación de políticas de ajuste de corte neoliberal. “Como manifiesta Neil Smith (2011), en el mundo se viene realizando un desarrollo desigual a escala urbana que implica por un lado una igualación, es decir que se den las mismas condiciones de ganancias para expandir el capital por todo el mundo. Así, cada vez más los gobiernos de las metrópolis y las ciudades intermedias buscan estrategias para atraer las inversiones extranjeras. Y, por otro lado, una diferenciación geográfica, porque el capital elije donde invertir, e irá buscando en qué parte de la ciudad se da la máxima oportunidad para construir” (Morgani & Rizzo, 2014: 57). Como consecuencia de ello, las ciudades quedan diferenciadas social y espacialmente creando la denominada dualización de la ciudad.

Recientemente se ha creado el Registro de Barrios Populares en Proceso de Integración Urbana (RENABAP), donde Mendoza se encuentra entre las 5 primeras ciudades con más barrios marginales (populares) y que cuenta con una gran expansión del mercado inmobiliario de barrios cerrados. Proceso que se está dando simultáneamente en otros países de América Latina (Roitman, 2003). Estos datos hablan de la fuerte polarización de espacios más homogéneos a su interior y heterogéneos a su exterior (Dalla Torre & Ghilardi, 2012), que se potencia en el escenario globalizado, agudizando la segregación y fragmentación social que se viene dando en la provincia y especialmente en el Área Metropolitana de Mendoza.

La urbanización y expansión demográfica de las ciudades que responden principalmente a patrones de la economía de mercado es otra variable que contribuye a profundizar la desigualdad e inequidad social (O’Donell, 1978) donde las personas que se encuentran fuera de la red de recursos tienen que buscar distintas estrategias de supervivencia. Advirtiendo que las políticas urbanas manifiestan “una nueva concepción sobre la jerarquía del espacio urbano, la función de la ciudad y el lugar que debían ocupar en ella los sectores populares” (Oszlak, 1983: 2).

3. Segunda Parte:

3.1 Barrio Flores Oeste

“Existe un enfrentamiento de hecho: cemento y adobes, luz y sombras, asfalto y tierra” Palabras de un vecino del Barrio Flores registrado en el diario Los Andes.

Los Andes, 11 de abril de 1970, “Barrio Flores Frente a la Universidad”

En la actualidad se vuelve fundamental evaluar el rol del Estado, como actor clave en la construcción de territorialidades. En Mendoza, el asentamiento Barrio Flores Oeste no es ajeno a ésta situación, ya que es intervenido desde diversas esferas del Estado.

El Barrio Flores Oeste es un asentamiento marginal ubicado en la capital de la provincia de Mendoza, su población está compuesta actualmente en su mayoría por inmigrantes de países vecinos como Bolivia en mayor medida, le siguen Perú y Chile. Viven en el barrio alrededor de 250 familias. Desde sus inicios sus habitantes mantienen diversas situaciones de conflictos y disputas del territorio con el Estado en todas sus esferas. Es un asentamiento que nace en las márgenes de la ciudad, con absoluta precariedad de servicios (como agua potable, cloaca, gas de red, electricidad, también de servicios municipales como alumbrado, barrido limpieza), de títulos de propiedad de la tierra, donde las instituciones escolares y de salud se encuentran ausentes. Estas características lo convierten en un lugar inhóspito desprovisto de los “derechos de la ciudad” por encontrarse a una distancia importante de la ciudad urbanizada y en un lugar de altura, donde los servicios como el agua son los más dificultosos de propiciar, problema que se mantiene en la actualidad. Si bien la mayoría de éstas características se hacen presente en la actualidad la expansión urbana de la ciudad convirtió sus alrededores en lugares no tan “lejanos” como en sus inicios. “…el estado como principal agente urbano desempeñó un rol crucial que puede observarse, por ejemplo, en los programas de obra pública y vivienda. Esta política reforzó una estructura urbana desigual para unos y otros habitantes de la ciudad. La dialéctica centro-periferia al interior del Gran Mendoza, se manifestó fundamentalmente en la línea divisoria que presentó la calle Boulong Sur Mer. Al oeste de la misma, se ubicaron mayoritariamente las familias de aquella fracción de los trabajadores que no contaban con un empleo estable que permitiera acceder al mercado privado de vivienda, ni a las escasas iniciativas que en esta etapa ensayaron alguno sindicatos” (Baraldo & Scodeller, 2006: 39).

3.2 Inicios y desalojos

“Desde fines de los 50, la respuesta del Estado hacia los asentamientos precarios se caracterizó por instrumentar el desalojo violento y el derrumbe de viviendas para quitarlos de la vista” (Baraldo & Scodeller, 2006: 40). Según los habitantes del BFO, sus primeros pobladores se asientan en la década de 1940 en lo que antes se conocía como “Campo de Don Flores”, en referencia al puestero encargado cuyo apellido era Flores. Las principales actividades económicas desarrolladas en la zona era el trabajo en las ripieras aledañas, de donde extraían material para la construcción de sus casas, como así también estaban vinculados a la actividad agrícola en otros departamentos.

Esta política se ve a principios de la década del 60 y en los desalojos efectivizados de 1965, 67, 68 y 69 para comenzar las obras del Campus Universitario. En el libro de Rolando Concatti “Nos habíamos jugado tanto” encontramos un relato del padre Tercermundista Macuca Llorens donde expone cómo el municipio comienza a actuar en 1959 desplazando a las familias asentadas en el oeste de la ciudad. Esta práctica conocida luego como “operación derrumbe” comienza en el Barrio Flores donde fracasa rotundamente gracias a la resistencia de los pobladores (Concatti, 1997). En éste sentido la Universidad acompañó unos años antes este tipo acciones desde el consejo Superior, aunque con resistencia de algunos profesionales y estudiantes, mediante la Resolución 8/64, que encomendaba al Rector de la UNCUYO el desalojo de los pobladores del Barrio Flores para construir en su lugar el Campus Universitario, que en la década del setenta el Bario Flores era una de las más grandes villas de emergencia de la provincia ^[2]

En los años setenta continúan estos desalojos y como una forma de resistencia y protesta les habitantes se organizan en la “intervilla”, integrada por los Barrios: San Martín, Flores, Olivares y Virgen del Carmen, mediante la cual visibilizan su reclamo en el carrusel vendimial en repudio a la situación de vulnerabilidad en la que vivían. A fines de la década los planes de erradicación continuaron acentuándose como política provincial dado que la provincia sería una sede del mundial de futbol. A comienzo de los años ochenta se adjudicaron nuevas viviendas emplazando a les habitantes a dejar el barrio demoliendo las casas ocupadas.

Cabe destacar que todas las acciones por parte del Estado no fueron pacíficas, incluso las menos violentas, ya que el desalojo, aunque tuviera un objetivo último de relocalización en otro lugar no deja de ser forzoso y dominante en cuento el lugar que les corresponde a los sectores populares.

En los años noventa comienza a aparecer otras formas de erradicación que buscan el consenso con les habitantes, en este sentido en el barrio comienzan a conformarse asociaciones vecinales, comedores comunitarios y también a gestarse acciones legales de amparo por parte de les habitantes. A finales del 2000 se entregan nuevas viviendas para las familias que quedaban estaban dispuestas a dejar el barrio. Si bien los hechos expuestos son breves y descriptivos, intento afirmar que año tras año y década tras década las políticas no fueron homogéneas, aunque siempre predominó el despojo, la exclusión y dominación por parte del Estado capitalista.

3.3 El Campus Universitario

Por otro lado, los desalojos mencionados anteriormente están ligados a la construcción del Campus Universitario en cual fue ideado en función de un concurso nacional de proyectos de ciudades universitarias “Concurso de Ideas para la Composición Urbanístico-Arquitectónico, del Grupo Universitario Mendoza” realizado en el año 1949 (Romano, 2011:34). En el cual la sociedad central de arquitectos proponía la idea de las universidades europeas y norteamericanas donde se promovían ciudades universitarias aisladas de la ciudad para “absorber la actividad del estudiante, sustrayéndolo durante los estudios de toda otra preocupación, creándole una atmósfera que le permitirá una concentración y una productividad máximas, completada por la cultura física, los deportes y la sociabilidad” (Romano, 2011: 18). Unos años después, en 1951, la Fundación Ayuda Social María Eva Duarte de Perón, dona al ministerio de la Nación los terrenos para la realización del mismo. Esto queda plasmado en la Ley 1860 de 1951.

La construcción del proyecto modernizador, para la época, del Campus Universitario deja en claro que, por un lado, el asentamiento se desplegaba hasta una tercera parte del terreno total a ocupar por la Universidad y que el desalojo era inminente, por otro lado, deja ver el total desinterés por comprender dentro del proyecto educativo un proyecto inclusivo o en dialogo con la sociedad. El desalojo de les habitantes es una forma de apropiación el territorio por parte de las clases dominantes.

Para comenzar las obras iniciales de trazado se trasladó a 20 familias que estaban ubicadas en el lateral norte de la Avenida Libertador, las cuales según los relatos fueron los mismos pobladores los que se construyeron sus casas de adobe en el Barrio San Martín con ayuda del municipio que le entregaba parte el material. Ellos ponían la mano de obra lo cual fue un trabajo desmesuradamente laborioso porque debían hacer zanjas y pozos en terrenos que presentaban gran cantidad de piedras casi imposible de penetrar.

Esto queda plasmado en los artículos periodísticos de la época:

“los avances de la moderna Ciudad Universitaria determinarán, a corto plazo, la desaparición de alrededor 400 viviendas” (Fuente: diario Los Andes 11 de abril de 1970).

“La construcción de la Ciudad Universitaria -una verdadera avanzada arquitectónica y cultural- ha marcado la desaparición, en un plazo todavía no determinado, del Barrio Flores… Supuestamente, la alegría de una ciudad universitaria modelo en todo el país – y en muchos países de Latinoamérica – contrasta con el peligro de estabilidad de 400 familias que eligieron con anterioridad el mismo lugar de su residencia. ¿Cuál es la disyuntiva? Al parecer esta pregunta no se planteó con anterioridad a la ejecución de la obra. Una vez más fue ignorado un problema humano frente a planes de promoción y lo que debió convertirse en un proceso natural, aparece ahora con muchas mayores complicaciones. …” (Fuente: diario Los Andes, 16 de abril de 1970, “Ciudad Universitaria un caso social”)

Las políticas de desalojo y relocalización se fueron sucediendo varias veces más como comentamos anteriormente, y fue siempre diferente la implementación de los mismos como la resistencia o reconfiguración por parte de les habitantes el Barrio. En los últimos años se produjo un giro, hacia políticas planificadas de radicación y urbanización. Tendencia fomentada por financiamiento externo como el Banco Interamericano de Desarrollo que actualmente está en ejecución y por lo cual genera otro tipo de conflictos y disputas a ser analizados en futuros trabajos.

Resulta interesante que en un primer momento prima la acción de desalojo de los habitantes con el objetivo de “recuperar los terrenos” por parte de la Universidad, y actualmente se reconfigura ese escenario con la idea de promover una radicación del asentamiento. “… el Barrio Flores. Desde hace más de seis décadas, en terrenos de pertenecientes a la Universidad Nacional de Cuyo, se asentaron numerosas familias. Pese a muchos intentos de desalojo, la resistencia de la comunidad barrial consolidó su ocupación.” (Res. 3150/18 R.)

4. Conclusiones

El caso de estudio, resulta interesante ya que marca una diferencia con otras problemáticas urbanas del piedemonte donde interviene en gran medida el mercado inmobiliario a través de políticas estatales. Aquí, el mercado juega un papel menos preponderante y es el Estado capitalista el que sostiene a partir de diversos mecanismos patrones de desigualdad territorial, exclusión, discriminación y dominación, entre otros. El Estado, debería tener un rol más equitativo en territorios donde la población es vulnerada.

Como describimos previamente desde sus inicios, las políticas impartidas en el BFO hasta el año 2016 han estado siempre vinculadas a la idea de una urbanización que mediante el desalojo y/o la relocalización, sin dejar de entender que las relocalizaciones accionan un desalojo en sí mismo, desplazan a las familias que han vivido en el barrio. Esto denota que las respuestas del estado han girado en torno da respuestas relacionadas a la problemática habitacional y no al derecho de posesión del suelo. A contramarcha de ese proceso se ve que la resistencia y organización de las familias visibilizan el conflicto por la apropiación del territorio.

Algunas consideraciones finales del caso nos remiten a entender que la producción del espacio la construyen las personas que lo habitan realmente y que pese a su condición de desigualdad e injustica disputan individual y/o colectivamente el territorio. El rol del Estado es el mismo en las distintas escalas, ya sea nacional, provincial o municipal ejerciéndolo desde una misma lógica excluyente a través de sus diferentes instituciones y modalidades. La perspectiva desde la que partimos entiende que los sectores populares llegan a vivir en lugares en principio aislados de la “ciudad” porque el acceso a la tierra en la ciudad posee tarifas inalcanzables para éstos sectores, por lo que producen un espacio en sí mismo condicionado por la falta o ineficiencia de políticas del Estado para atender esas demandas. Entendemos que se da una producción condicionada por la exclusión y la lógica del mercado a través del Estado en el territorio.

Teniendo en cuenta a Oszlak y O´Donnell muchas veces se da una interpretación distinta del problema en cuestión en distintos momentos de la historia, particularmente a partir de cómo la sociedad aborda la problemática. Las políticas públicas muchas veces son un reflejo de esto, ya que se van transformando de acuerdo a la puja de poder por la distribución de recursos (Oszlak & O´Donnell, 1981). Si bien las políticas ejecutadas en el BFO en sus inicios (erradicación) van mutando luego (radicación), predomina en ambas, formas de segregación y fragmentación social que configuran el territorio urbano desigual.

El trabajo da cuenta de cómo el Estado a través de sus políticas de urbanización e instrumentos formales e informales, construye el orden dominante de las sociedades capitalistas. Un orden que no sólo es excluyente, sino que también desigual e injusto en la espacialidad.

Hay dos etapas diferenciadas en el caso del BFO, que modifican la configuración espacial del territorio. En una primera instancia, el desplazamiento del Barrio hacia otros espacios periféricos que se puede ver en la de ocupación de un territorio por un grupo de personas que arriban a la ciudad y lo hace básicamente en la periferia porque en el centro de la ciudad no son bienvenidos y vuelven a ser trasladados a otros lugares alejados; y en una segunda instancia donde la apropiación del territorio pasa a ser concreta y contra hegemónica ya que avanza la radicación en el lugar, donde la periferia ya no es tan periferia, dando lugar a nuevas tensiones, relaciones, resistencias y abordajes. El trabajo de indagar sobre el proceso histórico del BFO abre nuevos interrogantes y genera una gran inquietud sobre el análisis de las políticas que actualmente se están llevando a cabo.

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Notas