1. Introducción

La expansión de la fruticultura en la provincia de Mendoza en la década de 1920 puede tomarse como el inicio de un proceso de diversificación de la matriz productiva, que se manifestó en un incremento de las hectáreas cultivadas con frutales y de su comercialización, en el mercado nacional, donde debía competir con producciones similares. Por ejemplo, la superficie con frutales pasó de 5.839 hectáreas a mediados de la década de 1920 a 19.924 en 1937-1938 (Anuario, 1925: 407, 438-439; 1938: 202-203).

El crecimiento del sector reveló algunas diferencias que se hicieron más notorias a partir de la década de 1930. En primer lugar, se verifica un Oasis Sur pujante y próspero que podría hacer frente con una producción alternativa, al poderío económico y social que representaba el Oasis Norte, especializado en el cultivo de viñedos para la elaboración de vino común. Aquel espacio contaba además con autarquía comercial debido al entramado ferroviario (empresas Gran Oeste y Buenos Aires al Pacífico) que lo conectaba directamente con el mercado de consumo nacional, ubicado en el Litoral (Mapa 1). En ese contexto, múltiples agentes socio-económicos integraron la estructura productiva de la fruticultura, con diverso grado de integración vertical y horizontal, así como de posibilidades de vincularse con otros agentes económicos (empresarios vitivinícolas, consignatarios, entre otros).

En virtud de lo expuesto, el objetivo de este artículo es detectar los principales actores nucleados en torno a la fruticultura, con intereses y demandas en algunas oportunidades comunes y, en otras, diferentes. Pero, en definitiva, distintas a las de la industria vitivinícola. El objetivo propuesto, además, resulta de interés porque desde finales de la década de 1920 y con mayor intensidad en los años ’30 se multiplicaron las entidades gremiales sectoriales de distinto alcance. La simultaneidad de estas indicaría intereses contrapuestos o, al menos, fragmentarios, basados, o bien, en el lugar que ocupaban los representantes de estas entidades en la estructura productiva, o bien, en la procedencia micro-regional. Esta multiplicidad de intereses, así como las crecientes dificultades para la colocación de la producción habrían generado una primera respuesta estatal: la formación de la Corporación Mixta de Fruticultores, considerada la primera empresa pública provincial (Olguín, 2015).

La perspectiva propuesta se nutre en primer lugar de los aportes historiográficos sobre entidades asociativas de diverso grado (cooperativas, corporaciones, sociedades rurales, uniones industriales) (Olivera et al, 2006; Girbal-Blacha y Mendonca, 2013) vinculando su surgimiento a períodos críticos de la economía, durante los cuales las estrategias asociativas incrementaban las posibilidades de imponer sus demandas y/o demostrar sus intereses específicos en función del sector productivo o -producción regional- que representaran (Lenis, 2016). También, han dado cuenta de las sinuosas y cambiantes relaciones que establecían con el Estado en cada período (interventor, regulador, de bienestar), consolidándose los discursos acerca de una mayor intervención estatal en períodos críticos y, por el contrario, de retracción de esa política en etapas de prosperidad. Esta multiplicidad de enfoques coincide en que la participación de empresarios y productores, agrícolas o industriales en estas entidades fue una instancia decisiva para incidir en el diseño de políticas públicas, tendencia que se consolidó hacia la década de 1930, en el marco de una mayor intervención y regulación estatal, y se enfatizó durante el denominado primer peronismo. Asimismo, señalan la heterogeneidad de objetivos e intereses de estas entidades, que lejos de operar en forma compacta, reflejan tensiones, por ejemplo, por los diversos grados de representatividad de cada uno de los sectores que componen las cadenas productivas.

De modo que otro objetivo de este trabajo es conocer el fenómeno asociativo en la provincia de Mendoza, surgido como consecuencia de la mencionada consolidación espacial y comercial de la fruticultura. La problemática registra antecedentes en las experiencias de cuño provincial y nacional que nuclearon a bodegueros y viñateros (Barrio, 2005; Ospital, 2013a; Bragoni, 2011; Mateu, 2014), caracterizadas por la dispersión de intereses en los diferentes actores de la cadena, lo que replicaba en una superposición de entidades locales (Viñateros del Este, Bodegueros Trasladistas, Centro de Bodegueros, entre otros) con dificultades para integrarse con el Centro Vitivinícola Nacional, abocado a la representación de los bodegueros de todas las zonas productoras, los comerciantes y consignatarios. Sin embargo, menor es la atención prestada a las numerosas entidades frutícolas de base regional y nacional. Por ello, en este artículo se presenta un panorama general de las diversas entidades empresarias que convivieron en las décadas de 1920 y 1930, y cuyo complejo funcionamiento devino en un intento estatal por concentrar a todos los actores del sector en una entidad pública: la Corporación Mixta de Fruticultores de Mendoza.

Es importante mencionar que en el plano político y económico provincial, las gobernaciones conservadoras de Ricardo Videla (1932-1935) y Guillermo Cano (1935-1938), atentas a los cambios suscitados en el sector productivo así como, también, a un nuevo diseño de la política económica nacional, procuraron una mayor regulación de la economía y potenciaron el programa diversificador como una estrategia para paliar los efectos adversos que producía el monocultivo vitivinícola, que seguía siendo la principal actividad productiva, expuesta a padecer crisis cíclicas^[2]. De ahí que el gobierno provincial y algunos empresarios vitivinícolas propusieran el fomento de otras industrias de base agrícola, como la fruticultura.

Posteriormente, bajo la misma orientación política, las administraciones de Rodolfo Corominas Segura (1938-1941) y Adolfo Vicchi (1941-1943) dieron continuidad a estas iniciativas, pero en el marco de una etapa turbulenta para el mundo, ya que en 1939 comenzaba la Segunda Guerra Mundial. Durante este período tuvieron que hacer frente al grave problema que planteaba el drama de Europa a nuestra fruticultura porque las exportaciones disminuyeron drásticamente, por el cierre completo de los mercados del viejo continente y la escasa disponibilidad de buques para el traslado de la fruta. A su vez, se produjeron mayores restricciones a la Flota Mercante del Estado en cuanto a los embarques de frutas de la región cuyana^[3] (diario Los Andes, 11/04/1942), porque se favoreció la producción patagónica, líder en el sector.

2. Actores involucrados en la cadena frutícola

La participación en aumento de diferentes actores dentro de la cadena frutícola^[4], principalmente, de productores primarios es una de las consecuencias de la gran extensión de cultivos frutales en Mendoza, principalmente a partir de la década del 30’, y del incremento de su comercialización, para consumo interno y, eventualmente, exportación.

Figura N° 1
Actores involucrados en la cadena frutícola
Elaboración propia

Como consecuencia de este proceso, nuevos actores, con intereses y demandas particulares comienzan a cobrar peso en el escenario sociopolítico y económico local. Algunos de ellos conformaron las primeras “asociaciones frutícolas” con el objetivo de colocar sus reclamos en una agenda pública hasta entonces centrada en resolver los problemas de la vitivinicultura (exceso de materia prima frente a una demanda deprimida, bajo precio de la uva, adulteración del vino, entre otros). Por su parte, la comercialización de la fruta introducía otros pormenores, tales como el empaque y refrigeración de una producción altamente perecedera, que debía competir con una pujante producción patagónica, así como establecer vínculos con nuevos canales de intermediación.

En la cadena frutícola (figura N° 1), hemos detectado una base integrada por “fruticultores netos”^[5], es decir, productores y propietarios de explotaciones frutícolas. Si bien aún no disponemos de datos estadísticos, este grupo era numéricamente mayor con respecto a los otros dos –tal como se desprende de datos sistematizados en el cuadro N° 1 a partir de un listado nominal publicado en una fuente oficial-, además disponía de menor capital y posibilidades para industrializar y comercializar su producción, por lo que debía recurrir a otros agentes económicos.

En el cuadro N° 1 se observa una tendencia que se enfatizará más tarde, el 30% de los productores se concentra en el Oasis Sur, seguidos por los productores del Este, en donde la actividad vitivinícola fue duramente afectada por la crisis de 1928-1934. Puede decirse que este fue el eslabón más débil de la cadena puesto que para distribuirla debían pactar con consignatarios o mayoristas de Capital Federal –donde funcionaban los mercados de distribución para el resto del país-, o bien, con empresarios regionales con mayor grado de integración puesto que empacaban la fruta y la distribuían con marca propia (“Ruano”, “Spina y Armani”) y, en menor medida, con fabricantes de conservas –radicados principalmente en el Oasis Norte- y productores de fruta seca –Oasis Sur-. En este último caso, era común que el fruticultor neto también instalara su propio secadero, debido al bajo costo de inversión de capital inicial que demandaba.

Por otro lado, en el medio de la pirámide ubicamos a los “fruticultores relativamente integrados” puesto que eran propietarios de explotaciones agrícolas, cuya producción colocaban en fresco o bien, industrializaban (en conservas o desecadas) pero debían recurrir a un tercero, un intermediario, para comercializar su producción. Si bien aplicaban criterios de selección y empaque de la fruta, estas etapas no estaban mecanizadas. En varios casos, representaba un actor transicional entre las dos categorías aquí propuestas.

Finalmente, en la cúspide de la pirámide identificamos a “empresarios integrados” que comprendían dos grupos. Uno, compuesto por los fruticultores que controlaban todas las fases de la cadena (desde la producción hasta la comercialización) y disponían de planta de empaque propia, con grado diverso de automatización. Esto marcaba una ventaja competitiva fundamental porque garantizaba el embalaje y etiquetado de grandes volúmenes de fruta, adaptados a las reglamentaciones sanitarias estatales, cuestiones centrales para acceder al mercado de consumo. En esta franja se encontraban también los empresarios sin planta de empaque pero que industrializaban materia prima, propia y comprada. Ambos grupos estaban integrados en cadenas de intermediación que les otorgaban mayores beneficios para llegar al mercado de consumo, o bien, contaban con representantes de ventas exclusivos en Buenos Aires, como Gabriel Chiossone (Victoria, 18 de junio de 1936). Además, demuestran un acceso diferencial a equipamientos. Es por esto, que los grupos mencionados se encuentran en desventaja frente a los que poseen tecnología y contacto directo con el mercado de consumo. En el siguiente cuadro, se presenta una muestra de los principales empresarios que integraron este grupo, a partir de la información que disponemos.

Entre los empresarios que se dedican a la fruticultura en nuestra provincia encontramos al empresario vitivinícola y exportador de frutas Manuel Ruano que, junto a otros como Pedro Benegas, Leoncio Arizu, José B. de San Martín se dedicó al cultivo y exportación de uvas para su consumo en fresco –es decir, no para vinificar-, animados por un contexto internacional que demandaba el producto. Ruano comenzó su actividad económica en la provincia en la firma vitivinícola de Bombal y Melero, en donde accedió a un pequeño capital para comprar explotaciones vitícolas (Rodríguez Vázquez, 2016a). Especializó esos paños con variedades para exportar, principalmente a Estados Unidos. Comienza con la exportación de uva, para ello era propietario de varios parrales en los departamentos de Godoy Cruz, Guaymallén y Ciudad, donde en cada uno de ellos dispone de instalaciones de selección y empaque. Significó un caso inédito de un empresario que contaba con tecnologías de empaque en varios puntos de la provincia. Luego, a partir del contexto propicio y las condiciones ambientales idóneas se volcó a la fruticultura, para lo cual invirtió en predios agrícolas y plantas de empaque propias en el Valle de Uco (Tunuyán^[6]). Por la calidad de sus producciones obtuvo distinciones en los distintos certámenes que concurrió^[7] (revista de la CFA, abril 1938). Además, tuvo un papel destacado como accionista mayoritario en la construcción de un frigorífico que funcionaba en la Ciudad de Mendoza bajo la administración de la Sociedad de Productores de Uva de Mendoza^[8], de la cual era vocal, esto le proporcionaba acceso a este sistema de frío para conservar la producción. Sin embargo, la capacidad de este frigorífico rápidamente se excedía con las demandas de la exportación de uva, por lo cual las frutas quedaban excluidas de este servicio (diario Los Andes 18/03/1934).

También en el Valle de Uco, operaba la firma de Carlos Silvestri, Silvestri y Crayón S. A. Si bien la empresa se dedicaba a las construcciones modernas^[9] (Berná Vaccarino, 2011), por el año 1918 comienza a iniciarse en la fruticultura con la plantación de manzanas y peras, y ciruelas en menor escala, llegando a producir hasta 160 has. en Tunuyán. Poseía una máquina clasificadora, que separaba las frutas por tamaños, tarea de gran importancia ya que permitía el inmediato empaque de la fruta y evitaba la excesiva manipulación. Los cajones eran depositados en el frigorífico que poseía en su propiedad con capacidad para 8000 cajones tipo standard, lo que les otorgaba una gran ventaja con respecto a los demás productores. Hay que mencionar, además, que la firma enviaba su producción total^[10] a Capital Federal en el ferrocarril. La dedicación de Carlos Silvestri en esta rama de la industria lo llevó a conformar el directorio (presidente) de la Sociedad Frutícola del Valle de Uco, con sede en el departamento donde tenía sus producciones. Dicha sociedad se conformó en con los objetivos de “defender los intereses de los fruticultores de la zona y aumentar su cultura agrícola, comercial e industrial” (Rodríguez Vázquez, 2016ª: 16).

En el Este mendocino se registran casos con un importante grado de integración: Spina Hermanos^[11] eran productores primarios –con 350 has en Junín y Tunuyán- que abastecían al mercado interno y externo (Brasil) con marca propia “El Cardenal”, y desecaban frutas (Junín). También disponían de aserradero y galpón de empaque y frigorífico propios (Los Andes, 18 de marzo de 1934). Esta empresa se asoció con Augusto Armani^[12] en 1935 para la construcción de un frigorífico con capacidad de almacenamiento de hasta 90.000 bultos (Revista mensual BAP, n. 209, 1935, p. 36). La disponibilidad de esta tecnología resultaba crucial para extender las posibilidades de conservación y venta de un producto que una vez cosechado entraba rápidamente en descomposición (25 días). Ubicaba, además, a estos empresarios en una posición privilegiada para negociar el precio de su producción y cierto margen de acción para decidir cuándo “liberarla” al mercado. La nueva sociedad adquirió también explotaciones en el departamento Tunuyán, donde instaló un secadero. También, alquilaban parte de fincas a terceros donde tenían parrales para la producción de uva. Esta firma alcanzó grandes ventas, no solo en el mercado nacional sino también como exportadores, probablemente, por los contactos entablados por su padre con anterioridad. Así lo manifiesta la prensa de la época “el volumen de la firma Spina Hermanos y Augusto Armani, es quizás el más importante mercado de la Argentina y del Brasil” (diario Los Andes 18/03/1934). La familia Von Der Heyde también se destacó por sus explotaciones agrícolas en el departamento de Gral. San Martín. Completó su integración hacia adelante instalando una fábrica de conservas alimenticias, con marca propia Arcanco, en el departamento de Godoy Cruz.

En el caso de los hermanos Víctor y Pedro Denis, su producción se vendía principalmente en fresco, para lo cual instalaron equipos mecánicos de clasificación (difundido como el “moderno” sistema de Paking House), luego, el empaque era realizado por “expertos” para remitir la fruta en cajones a los mercados de consumo. (diario Los Andes 18/03/1934). Además, en sus establecimientos construyeron cámaras e instalaciones para la elaboración de la fruta seca (Boletín Agrícola, 1935: 7-10), así como depósitos adecuados para su conservación.

Finalmente, ubicamos en esta cadena al distribuidor mayorista de frutas, Carlos Badano, quien además fue el Presidente de la Corporación Frutícola Argentina^[13]. Este empresario no residía en la provincia, sino en Capital Federal (extraregional), pero contaba con explotaciones frutales (150 has) en el distrito de Cuadro Nacional en el departamento de San Rafael^[14], donde construyó galpones de selección y empaque. Su inclusión en este grupo es importante además pues es un caso de integración hacia atrás, por el cual logró controlar toda la cadena productiva y de comercialización.

Un actor que, en una primera etapa, no aparecía integrado a la cadena como productor, pero resultó fundamental para el funcionamiento del sector es el intermediario o consignatario, por lo general, mayoristas. Si bien algunas fuentes configuraron una imagen negativa de este agente, sindicándolo como “el gran mal de esta cadena productiva, obstaculizando el circuito y limitando la participación del productor en el mercado... Los fruticultores buscan vender la fruta antes de su madurez, pero las firmas que se dedican a llevar la fruta de Cuyo a los mercados de mayor consumo (Buenos Aires y Rosario) son escasas, de esta manera, es muy reducido el número de personas a quienes los productores pueden vender. Esto permite a los intermediarios mantener ofertas bajas y ejercer presión a los productores ante el paso del tiempo y la inminente madurez de la fruta” (diario Los Andes, 6/12/1934, p. 8). Finalmente, ante esta situación, el productor llega a un acuerdo a cualquier precio.

Sin embargo, no todas las fuentes comparten esta visión, observamos que la Corporación Frutícola Argentina en diversos números expresa totalmente lo contrario, atribuyendo, principalmente, a los fletes ferroviarios el mayor mal del fruticultor (revista de la CFA enero de 1936 y septiembre de 1937).

Estudios recientes aportan material teórico y empírico que cuestiona aquella perspectiva adversa y dan cuenta de que su participación en la cadena aportaba información importante para garantizar la venta de la producción en condiciones más favorables y su incidencia en la formación de los mercados, por lo general, distantes de las zonas productoras (Lluch, 2015).

La descripción de este panorama refleja no solo el acceso diferencial de tecnologías de selección, empaque y comercialización sino también las posibilidades de distribución de la materia prima y aporta indicios sobre el posicionamiento de los empresarios integrados con respecto a los “fruticultores netos”. Estos debían pactar, bien con un intermediario que llevaría su fruta a las metrópolis urbanas, o bien, con este reducido grupo de empresarios que empacaba la fruta, en galpones con diverso grado de mecanización, y que, a su vez, entabló aceitados canales de comunicación con representantes de ventas y mayoristas de las metrópolis. Es oportuno mencionar que otros agentes económicos prestaban el servicio en el Sur, como Ferrocarril Buenos Aires al Pacífico y otro, la Argentine Fruit Distributors, compañía de capitales ingleses subsidiaria del Ferrocarril Del Sud^[15] (Bandieri y Blanco, 1991). En efecto, el acceso a esta tecnología marcaba un carácter diferencial para garantizar la inserción en el mercado consumidor, donde se competía con otras producciones frutícolas con mayores ventajas competitivas, como los duraznos del Delta del Tigre o las manzanas y peras del Alto Valle de la Patagonia, que se encontraban más cerca del destino y contaban con canales más fluidos de distribución de la producción, a través del ferrocarril británico que manejaba toda la cadena de producción y comercialización en la Patagonia (Bandieri y Blanco, 1991). La dificultad para acceder al mercado implicaba para los productores primarios de nuestra provincia afrontar también altas tarifas en fletes y seguros. Se luchaba, así, con enormes desventajas como la distancia, la dificultad del productor para acceder a tecnologías de empaque y refrigeración, indispensables para llegar a los centros de producción y consumo por el carácter perecedero de la fruta (revista de la CFA, octubre de 1937).

Estas dificultades colapsaron hacia finales de la década de 1930, cuando la exportación de frutas de la Patagonia se vio interrumpida por la escasa disponibilidad de buques afectados a la Segunda Guerra Mundial y buena parte de esa producción (peras y manzanas) fue re-dirigida al mercado nacional produciendo una saturación en el mercado y afectando, entonces, la venta de la producción frutal mendocina en ese destino y agudizando los problemas previos de una cadena de distribución débil, o fuertemente dependiente de concesionarios extra-regionales. Entonces, en 1940 los mismos problemas que se habían presentado años anteriores se intensificaron por la incertidumbre que generaba el estallido de la guerra. Mucha fruta se perdió por la falta de compradores, y en varias zonas de la Provincia muchos fruticultores no pudieron solventar los gastos del año. Por otra parte, “el espíritu de desunión continuó dominándolos y se les volvió a ver luchando individualmente” (diario Los Andes, 01/01/1941, p. 4).

En el marco de esa coyuntura se abrió un debate acerca de las estrategias para solucionarla y el desafío que ello significaba para las entidades sectoriales, sobre las cuales nos detendremos a continuación.

3. Las vertientes asociativas de los fruticultores en Mendoza

La asociación fue una característica de nuestro país, principalmente desde de la segunda mitad del siglo XIX cuando los inmigrantes que arribaron a la Argentina integraron diversas organizaciones como las sociedades de ayuda mutua, clubes sociales y culturales, círculos literarios, asociaciones profesionales, agrupaciones festivas, comités de solidaridad, entre otros. Cada uno de ellos con diversos objetivos, formas de organización y de reclutamiento (Lenis, 2016). Dentro del fenómeno asociacionista agrario argentino, las corporaciones empresariales también surgieron en forma temprana. Una de las más relevantes fue la Sociedad Rural Argentina (SRA) formada en el año 1866 en el marco de la crisis de los precios de la lana. En esta línea, siguió la creación del Club Industrial y del Centro Industrial en 1877 que emergieron producto del debate en torno al proteccionismo y al librecambio. En efecto, se puede vislumbrar que, en el nacimiento de las primeras corporaciones empresariales, la percepción de amenaza^[16] sobre los intereses en juego constituyó un elemento notable. En este sentido, el Centro Azucarero Argentino (1894) emergió como respuesta a al nuevo rumbo que en materia económica estaba tomando el gobierno nacional (Lenis, 2016).

Para Lattuada (2006), los empresarios y productores que tienen sus intereses directamente ligados con actividades agrícolas presentan un mayor estímulo que otros grupos para unirse y asociarse con sus pares ya que sus plantaciones dependen casi totalmente “de factores que escapan a su control –por ejemplo, la incertidumbre de la climatología, la variación de los precios de los productos, las fluctuaciones de los mercados internacionales, la política fiscal o la fijación de cuotas de producción-”. En efecto, sus acciones individuales resultan poco eficaces, incluso nulas, para contrarrestar la influencia que los factores antes mencionados producen en sus preciadas hectáreas. Por este motivo, en el medio rural existe un factor agregado que incita a los empresarios y productores agrícolas a “articular sus intereses en forma colectiva y a involucrarse en una multiplicidad de formas asociativas” (Lattuada, 2006: 20).

Para el caso de la fruticultura, a mediados de la década de 1930 se formó una entidad empresarial nacional que procuraba ser representativa del sector frutícola en su conjunto, en imitación de experiencias previas (los casos del algodón, el azúcar y el vino) ^[17]. La CFA (Corporación Frutícola Argentina), fue creada en 1934 y expresaba la intención, al menos discursiva[18], de constituir un bloque en el que confluyeran todos los fruticultores de la Argentina y en que se representaran sus intereses y demandas. Este llamado no es menor, si tenemos en cuenta lo efímera de las asociaciones de fruticultores de Mendoza. En este contexto, era frecuente que especialistas, técnicos y la opinión pública, en general, se refirieran a la importancia de formar entidades sectoriales y, en especial cooperativas, que fueran de representación unánime de intereses, con fines sociopolíticos, pero también económicos. Sin embargo, “conciliar voluntades” (revista de la CFA, 1935-1936.) no era tarea simple si tomamos en cuenta las diferencias regionales de producción y comercio de cada uno de los sectores que integraban la CFA, lo que derivaba en una multiplicidad de intereses no siempre complementarios o convergentes. Un primer seguimiento de los intereses y demandas de la Corporación –al menos para el período 1936-1938- indicaría que esta se plegó al fomento y defensa de la producción patagónica, principal productor de frutas de exportación. Entonces, a pesar de la existencia de un órgano que a nivel nacional intentara representar a todos los fruticultores, queda demostrado que “conciliar voluntades” era una idea difícil de poner en práctica.

En Mendoza, desde inicios del siglo XX hallamos la formación de diversas agrupaciones que reunían a productores vitivinícolas que buscaban defender sus intereses con carácter local –como el Centro de Viñateros de Mendoza (1916)- como nacional con el Centro Vitivinícola Nacional (Bragoni et al, 2011; Barrio, 2012; Ospital, 2013).

A su vez, se organizaron algunas asociaciones integradas por bodegueros que promovían otras agroindustrias, como la frutícola, aún en una etapa de escaso predominio (1910); tal fue el caso de la cooperativa de venta “Sociedad de Fomento Frutícola de Mendoza”, en 1913, integrada por políticos y empresarios vitivinícolas como Eduardo Teisaire, Marcos R. Flores, Nicolás Elena Colomer, Luis P. Tomba, Guillermo Cano y Enrique Varela Blanco, entre otros. Su conformación da cuenta del interés de algunos vitivinicultores en diversificar su producción frente a los tiempos difíciles que atravesaba la provincia en esos años (Rodríguez Vázquez, 2016). Pero solo a fines de la década de 1920, y a partir de la gran extensión de los cultivos frutales en Cuyo, cuando se produjo una “explosión” de asociaciones integradas por fruticultores sin otra actividad productiva previa o complementaria que apostaron sus inversiones a este promisorio sector. Una primera característica de este fenómeno fue la representación microrregional; es decir la reunión de los agentes en las distintas zonas de Mendoza donde esta actividad se había expandido: el Valle de Uco, el Este del oasis Norte y oasis Sur; áreas donde la vitivinicultura no era la actividad central. Ejemplos de este fenómeno fueron la Sociedad Mixta de Fruticultores (1928) y la Sociedad de Fruticultores del Valle de Uco (1928)^[19] –presidida por el mencionado Silvestri-. Estas entidades tuvieron en común el fuerte sesgo localista, que no representaban a todos los fruticultores, sino que operaban a escala microregional y estaban dinamizadas por empresarios integrados. Es probable que esto fuera también una estrategia para lograr involucrar al mayor número de productores netos sin planta de empaque propia y ampliar con ello su margen de acción, económico, pero también político.

Al mismo tiempo, algunos de los integrantes de estas instituciones también formaron parte de otras como la Asociación de Productores de Uva de Exportar (1929). En la década siguiente continuaron surgiendo asociaciones como, entre otras, la Consolidada de Cuyo^[20](1936), entidad que agrupaba a los fruticultores de la ciudad de Mendoza y de San Rafael, entre quienes estaba el mencionado Denis, la Sociedad Frutícola Andina (1937) de General Alvear, la Federación de Fruticultores^[21](1938) –incluyendo su nómina de asociados a Armani y Denis-, Asociación de Productores de Frutas Frescas (1941) (diario Los Andes, 16/01/1938; 17/03/1938 y 15/06/1941), compuesta por “fruticultores netos” pero, principalmente, algunos empresarios con mayor grado de integración.

Para estos años, la pertenencia territorial (Productores del Valle de Uco, del Sur) empezó a ceder frente a entidades provinciales que tenían el objetivo de reunir al mayor número de productores y empresarios. Aun así, la simultaneidad de estas entidades a lo largo y ancho de la provincia permite advertir intereses contrapuestos o, al menos, fragmentarios, así como la fragilidad de sus bases organizativas para elaborar un proyecto que se sostuviera en el tiempo. Incluso, la desunión de los productores y empresarios frutícolas es frecuentemente mencionada en las fuentes consultadas, y una de las causas, tal vez, de su mayor debilidad:

Figura N° 2
Oasis en la Provincia de Mendoza
Dibujo de Daniel Dueñas. Magraf. CCT Conicet Mendoza

Los Productores de San Martín y de toda la zona Este deben agruparse en cooperativas de acuerdo a la ley que las fomenta y que las ampara. (…) Es evidente que la dependencia de agentes comerciales que encarecen los precios de la fruta y ralean, por ello, el consumo, comporta un factor negativo para el productor, sobre todo cuando se trata de agricultores que carecen de apoyo y de consejo atinado para lograr la defensa de sus intereses. (diario Los Andes, 15/04/1941, p. 6)

Se sabe que el florecimiento de estas entidades no fue privativa del sector o la provincia, sino un fenómeno frecuente desde la primera mitad del siglo XX (Olivera, 2006 y 2014, Girbal-Blacha y Mendonca, 2013), pero en el caso de la fruticultura mendocina se puede relacionar con lo señalado por Carini (2015:109) acerca de que la organización del empresariado rural en espacios que hasta el momento no habían contado con representación se tradujo en una proliferación de asociaciones de productores con escaso poder y predicamento.

Corresponde preguntarnos cuáles eran sus principales objetivos. Una nota señalaba, por ejemplo:

En San Rafael, y en general en todo el sud de la provincia, son muchos los pequeños productores de frutas y de chacras cuyos intereses están indefensos, no sólo porque individualmente ninguno de ellos posee recursos para mover comercialmente su producción, asegurarle un precio adecuado y colocarla en buenas condiciones en los mercados de consumo, sino- y esto es lo peor- porque colectivamente todos dan asidero a la anarquía y a la desorganización comercial, cuyo fenómeno es la consecuencia de la precipitación, de la impaciencia y, desde luego, de las necesidades financieras y económicas que experimentan. (diario Los Andes, 19/03/1938, p. 10)

Notemos que esta alocución da cuenta de las dificultades para colocar la producción en el mercado nacional, y por el otro, de la falta de una entidad que los nucleara para solucionar las dificultades de la comercialización. Circunstancias que alimentaron un intenso discurso técnico mutualista para formar entidades sectoriales, en particular cooperativas con vistas a fortalecer la situación de los fruticultores neto en el mercado consumidor. Este discurso puede verse asiduamente en la prensa local.

De allí que uno de los objetivos de estas diversas asociaciones de base microregional, local y regional (hubo algunos intentos por nuclear a empresarios de Mendoza y San Juan) tuvo que ver con organizar los canales de distribución y venta de la fruta. Recordemos que la fruta tenía que estar en un excelente estado para su despacho. Esto suponía tener modernas instalaciones para empacar y embalar la fruta –adecuándose a la ley provincial de fruticultura N° 1165^[22]- puesto que debía atravesar un largo tramo hasta llegar a destino, lo que implicaba más riesgos o dificultades para conservar las condiciones óptimas y asegurar las ventas esperadas. En segundo lugar, este acondicionamiento de la fruta era sumamente caro para el productor primario.

Frente a estos problemas de organización comercial y de ventas, las soluciones propuestas por la prensa, los técnicos y el Estado se inspiraban en las experiencias de otras agroindustrias con mayor centralidad: una, era la organización de cooperativas; otra, la constitución de gremios para negociar con las empacadoras, el ferrocarril y los comerciantes extra-regionales. Este último camino fue el ensayado por los productores durante las décadas de 1920 y 1930, sin embargo, el carácter efímero de estas experiencias indicaría que su objetivo no pudo ser cumplido, porque lo que se necesitaba era una entidad con una escala de representación provincial. Así lo señalaba la prensa local: “repetimos que la producción necesita en estos momentos más unidad en su acción, procurando evitar ruinosa competencia en la propia zona de producción, porque sus efectos a la larga, inciden sobre la economía general” (diario Los Andes, 12/12/1940, p. 5)

4. Las relaciones entre el Estado provincial y empresarios frutícolas

El Estado provincial no permaneció ajeno a las políticas nacionales de mayor intervención y regulación a la economía (Jauregui, 2005; Berrotarán, 2003), tal como se conoce para la industria vitivinícola. En relación con la fruticultura implementó diversas iniciativas, sobre todo para resolver el mencionado problema de la distribución de la fruta. A mediados de la década del treinta, el gobierno proyectó instalar estaciones cooperativas de empaque, a fin de que la mayor parte de los fruticultores netos de la provincia accedieran a un servicio que solo era prestado por un núcleo de empresarios integrados y compañías extraregionales. Sin embargo, este plan no se concretó, una explicación de esto podría ser por la escasa recepción dentro de los empresarios más capitalizados que lideraban el sector –Ruano y Armani-Spina-, quienes obtenían beneficios económicos por seleccionar y empacar la producción de terceros o, quizás, por la extraordinaria inversión inicial que significaba para el gobierno provincial equipar instalaciones que surtieran la demanda de todos los fruticultores netos(Provincia de Mendoza, Memoria de gobierno del Dr. Guillermo Cano, 1935 p. 89). Otro camino fue la ley sancionada en 1939, que promovía la formación de cooperativas mediante la ayuda financiera del Estado, pero dejando librada la formación de las mismas a la iniciativa privada (diario Los Andes, 01/01/1941, p.16). Esta normativa tampoco habría tenido mayor alcance entre los productores locales. Al menos en el período analizado no detectamos aún entidades que respondieran a esta figura.

Como ya se adelantó, con la guerra, disminuyó el transporte marítimo y la pérdida de mercados consumidores afectaron las exportaciones en el sector agrícola (Rapoport, 2010). Esta coyuntura afectó de especial manera a la fruticultura mendocina puesto que las peras y manzanas comercializadas en las metrópolis nacionales encontraron la competencia de similares patagónicas, tradicionalmente exportadas a Europa. La prensa mendocina alertaba sobre el nuevo contexto: “los mercados europeos que se habían venido ganando con tesón en los últimos años, quedaron prácticamente cerrados a nuestra producción, debido al bloqueo” (diario Los Andes, 01/01/1941, p.4). Así, una gran cantidad de fruta se perdió por la saturación de la oferta en las grandes ciudades. Como consecuencia, se denunciaba un panorama sombrío para los productores primarios, y se proponía, una vez más, la vertiente asociativa como una estrategia para avanzar en la resolución de las dificultades “… [entre los fruticultores prevaleció] el espíritu de desunión y se les volvió a ver luchando individualmente frente a la demanda” (diario Los Andes, 01/01/1941, p.4).

Frente a este difícil panorama y la debilidad de los agentes económicos para agruparse a través de una entidad que nucleara intereses y demandas, el gobierno de la provincia de Mendoza intervino de manera contundente sobre el sector, a través de la implementación de una figura inédita en la provincia. Durante la gestión del gobernador Corominas Segura, más precisamente en septiembre de 1940, fue presentado ante la Legislatura un proyecto de ley^[23] sobre creación de una entidad corporativa de fruticultores, con el objetivo de vincular a todos los actores de la cadena. Con esta iniciativa, se buscaba, por un lado, involucrar al mayor número de actores, incluidos aquellos agentes fuertemente vinculados con los canales de distribución, pero, también, afianzar el control estatal sobre el sector. La presentación del proyecto estuvo acompañada de una significativa búsqueda de apoyo público. Por ejemplo, fruticultores de General Alvear y la Cámara de Comercio e Industria de San Rafael –principal polo productor de frutas- respaldó públicamente el proyecto presentado por el Estado (diario Victoria, 05/10/1940 y Honorable Cámara de Diputados de la Nación, 1941: 527), lo cual confirma el intento de la entidad para lograr el mayor número de adherentes. Sin embargo, no prosperó en el recinto legislativo.

Frente a esta situación, el Poder Ejecutivo Provincial, ya bajo el gobierno de Adolfo A. Vicchi, presentó otro proyecto para la formación de una Corporación Mixta de Fruticultores. En el art. 1° del mismo se advierte que la formación de dicha entidad sería “bajo el régimen legal más ventajoso de acuerdo con las necesidades y conveniencias de la fruticultura” (Mensaje del Gobernador de la Provincia de Mendoza Adolfo A. Vicchi a la Honorable Legislatura, 1941, p. 267). Sin embargo, finalmente, devino en Sociedad Anónima (Olguín, 2015), como explicamos más adelante. En forma simultánea, un grupo de empresarios frutícolas que progresivamente alcanzaban prestigio económico y social como el mencionado Augusto Armani y otros procedentes del sector vitivinícola como Enrique L. Day, Cayetano Piccione, Melitón González, Ángel Furlotti, entre otros, elevaron una nota al Presidente de la Cámara de Diputados expresando su “anhelo porque ese proyecto sea sancionado todo lo antes posible para dar lugar y tiempo a la organización de la Corporación, a fin de hacer frente, en la próxima temporada frutícola, a los vastos y graves problemas que se han de presentar” (diario Los Andes, 04/11/1941, p. 9). Según la misma fuente, dicha nota había sido suscripta por 619 de los 790 fruticultores inscriptos en el registro respectivo de la Dirección General de Industrias y Fomento Agrícola de la Provincia[24]. Es decir, que un 78% apoyaba el proyecto (diario Los Andes, 02/09/1941, p. 9), finalmente aprobado por la Legislatura provincial bajo la ley N° 1447 (Boletín Oficial de Mendoza 15/11/1941). Sin embargo, nótese que este número es sensiblemente menor respecto de los 1477 productores identificados en 1934 (Boletín Agrícola, 1934). Si bien es probable que no todos los productores se registraran ante el Estado, sí es indudable que quienes apoyaron el proyecto de ley no representaban el alto porcentaje mencionado por la prensa.

Es oportuno dar cuenta de algunos pormenores de la discusión legislativa previa a la sanción de la norma.

Uno de ellos referido al grado de representatividad del organismo. Inicialmente, para la formación de la Sociedad se requería la adhesión del 30% de los productores. No obstante, la comisión consideró excesivo ese porcentaje por lo que fue reducido a solo el 20%. Es probable que esta decisión se basara en las dificultades para lograr el apoyo masivo de los productores primarios. Por otro lado, tampoco se contaba con estadísticas fidedignas acerca del número de fruticultores[25], solo con registros elaborados por el Estado con fines fiscalizadores.

Pero el aspecto más álgido de la discusión fue sobre la figura jurídica que debería asumir el organismo, es decir, si era una sociedad anónima o una cooperativa. Por un lado, el diputado radical y abogado Leopoldo Suárez Civit, se manifestó en contra de la formación de una asociación estructurada como sociedad anónima, ya que entendían que “la única forma de hacer factible la defensa de los productores de frutas y en especial modo del pequeño fruticultor es la organización jurídica de la sociedad sea cooperativa” (diario Los Andes 08/10/1941, p. 7). Esta postura también alcanzó amplio respaldo: “…lo que convenía era que el P.E. ayudara a los fruticultores en la creación de una cooperativa y no en la formación de una sociedad anónima destinada a ser un organismo sin vida propias, es decir, una nueva dependencia del Estado” (diario Los Andes, 07/10/1941, p.7). Este cuestionamiento habría anidado en la intervención estatal sobre la agroindustria.

Otra perspectiva, afín al gobierno de turno impulsaba la figura de la Sociedad Anónima con participación estatal. Debido a las evidentes dificultades para un acuerdo, se concluyó que sería función del Directorio establecer “el verdadero carácter de la sociedad” mediante la aprobación del correspondiente Estatuto (Ley provincial N° 1447, 1941, pp. 401-405 y Boletín Agrícola, octubre, noviembre y diciembre, 1941, p. 466). Las dificultades para llegar a un acuerdo cristalizaron en la forma legal que asumió la entidad, con capitales mixtos. Una vez sancionada la norma, fue enérgica la retórica acerca de los fines que alentaron la formación de la Sociedad y que se vinculaban con un clima de época acerca de la mayor intervención del Estado en las actividades productivas “…para ayudar con los recursos del Estado a la formación de un organismo que defienda a los fruticultores contra los obstáculos de orden económico y comercial” (diario Los Andes, 23/12/1941, p.10).

A su vez, la participación estatal en la organización de una Sociedad Mixta también podríamos enmarcarla en lo que Schmitter define como “corporativismo de Estado”, ya que fue el gobierno local el principal promotor de la mencionada Corporación. La particularidad de este concepto es que aporta la idea de un sistema de intermediación de los intereses, subordinados al Estado o bien sencillamente creados por éste. De este modo, se diluye la línea de demarcación entro lo privado y lo público; el “corporativismo de Estado” es monista y está centrado en la armonía de los intereses (Berengere Marques-Pereira, 1999). En este caso, las mencionadas trayectorias dispersas de las entidades frutícolas revelaron una fragmentación de intereses, de base territorial pero también animadas por la posición económica de los agentes dentro de la cadena. Esta inicial fragmentación habría motivado entonces el interés estatal de aglutinar representaciones y posicionamientos dispares.

A pesar de la discusión que se planteó en la Legislatura en torno a esta Corporación, la entidad finalmente devino en empresa pública (Boletín Oficial, 02/05/1942, p. 1912). La norma establecía como finalidad de la entidad –y de sus asociados- la resolución de los problemas que por entonces afectaban al sector en torno a tres tópicos claves: asistencia técnica a los productores primarios, sistematización y difusión de criterios técnicos en torno a la selección y embalaje de la mercadería:

La racionalización y defensa de la producción en cuanto a la selección, clasificación y cultivo de los frutales, y en la lucha contra las plagas, riesgos o siniestros en forma de asesoramiento y al fijar las normas a que deberá someterse la fruta destinada a la Corporación;

La selección, empaque, tipificación, conservación, elaboración e industrialización y desecación de la fruta; y

Su distribución y comercialización en el país o en el extranjero en forma que asegure la colocación y el precio de la fruta considerando los costos, retribución por la mano de obra y régimen de trabajo y sobre la base de promover la difusión del consumo de la fruta, y la conquista de nuevos mercados consumidores” (Ley provincial N° 1.447, B.O.M. 15/11/1941).

El 5 de noviembre de 1941 se designó un directorio provisorio, integrado por empresarios, funcionarios y técnicos destacados en la escena local: tres pertenecientes a la esfera estatal –designados por el Ejecutivo con acuerdo del Senado-, y tres del mundo empresario –elegidos por los socios de la empresa-, lo cual confirma los estrechos vínculos entre ambas esferas y la incorporación a un ente estatal de empresarios que hasta entonces no habían participado en él (ver cuadro N° 3). En esa oportunidad el entonces gobernador de la Provincia, Dr. Adolfo A. Vicchi, expresó que la ley había dejado sin acordar la forma de sociedad que debía adoptarse; por lo tanto, el Directorio provisional estaba en absoluta libertad para resolver este punto, pero para ello era necesario toma en cuenta la opinión y los intereses de los fruticultores de Mendoza. Los directores manifestaron que “…para resolver el tipo de sociedad que se debía adoptar, estudiarían asimismo los antecedentes de las sociedades constituidas anteriormente en Mendoza, a objeto de no incurrir en errores similares cuando ellas hubieran fracasado” (Boletín Agrícola, octubre, noviembre y diciembre de 1941 N° 10, 11 y 12 pp. 466-467).

La función de este Directorio Provisorio sería la organización de la Corporación, para la implementación de la ley 1447. El cuadro muestra que los miembros del directorio tenían estrechas vinculaciones con el Estado provincial, lo que facilitó la conformación de la empresa pública, pero con un carácter mixto.

Por un lado, el Presidente de la Corporación formó parte de los gobiernos conservadores desde el comienzo del ciclo en Mendoza, puesto que había sido Ministro de Hacienda durante el gobierno de Ricardo Videla (1932-1935) y al momento de presidir la entidad, ocupaba el mismo cargo en el Banco de Mendoza (desde 1937). Por su parte, Aguinaga integraba el Partido Demócrata provincial^[27], mientras que el sector técnico estaba representado por el director de la Dirección de Fomento Agrícola e Industrial.

El sector empresario estaba representado por Augusto Armani, fruticultor con extensas propiedades agrícolas en del Este de Mendoza. También era delegado por Mendoza en la Corporación Frutícola Argentina. Esta participación en dos entidades puede responder una estrategia de actuar en diferentes frentes a la vez, de modo de participar en varios procesos de toma de decisión y estrategias colectivas (Lattuada, 2006: 21). Saravia se presentaba como “comisionista”, por lo que es probable que fuera productor primario y agente de ventas. De modo que aportaba su expertise comercial para el funcionamiento de la entidad. Junto con otros empresarios, desde 1938 había buscado adhesiones territoriales e institucionales para concretar este proyecto^[28].

Con respecto a los asociados, llama la atención, que entre ellos se detecte no solo a fruticultores, sino también a mujeres y bodegueros^[29]. Esta presencia confirma que la fruticultura se consolidaba cada vez más como una agroindustria alternativa para los empresarios vitivinícolas frente a posibles periodos de crisis. Sin embargo, este nivel de adhesión no fue igual en todas las zonas productoras. En efecto, en marzo de 1942, parte del Directorio de la entidad se trasladó hasta San Rafael, principal centro frutícola, para realizar reuniones entre los productores con el evidente objetivo de convocar adherentes a la entidad, y a su vez se crearon subcomisiones para facilitar la labor de los encargados de suscribir las acciones necesarias para el desenvolvimiento financiero de la entidad. También se formaron comisiones en los distritos (Las Paredes, Rama Caída y Cuadro Benegas; Cañada Seca; Cerrito; Monte Comán; La Llave; Goudge y General Alvear) encargadas de hacer propaganda pro creación de la Corporación Mixta de Fruticultores (diario Los Andes, 11/03/1942).

Este tipo de acciones se desplegaron por todo el territorio provincial. En la presa local se sucedieron las convocatorias del Presidente Provisorio de la Corporación, Enrique A. Pontis:

Fruticultor:

La Corporación Mixta de Fruticultores es ya una realidad: se ha cubierto ampliamente el mínimum de ley y sus estatutos acaban de ser aprobados por el Poder Ejecutivo.

El 2 de mayo próximo, sus accionistas, en asamblea convocada por el Poder Ejecutivo a ese efecto, elegirán los tres Directores que representen sus intereses en el seno del Directorio de la Corporación.

Si lo es Ud., no pierda la oportunidad de votar para que desempeñe ese cometido el fruticultor de su zona que considere más capacitado para ello.

Si no es accionista, suscríbase de inmediato, aumente con la suya la unión y el esfuerzo de todos en beneficio común y contribuya con su voto al mayor acierto de la elección. (diario Los Andes, 23/04/1942, p. 5)

Finalmente, el 2 de mayo se llevó a cabo la esperada asamblea de accionistas en la sede de la Dirección de Industrias y Fomento Agrícola, con el objeto de elegir a las autoridades definitivas. Según la prensa “la reunión se vio concurrida por gran parte de los productores accionistas, haciéndose representar los ausentes por poder” (revista de la CFA, mayo de 1942, p. 15). Además, se aprobó la reforma propuesta por el gobierno (art. 25) en el sentido de que los miembros del directorio gozaran de remuneración mensual. Posteriormente, se llevó a cabo la votación para designar al directorio definitivo (ver cuadro N° 3) (diario los Andes, 04/05/1942, p. 5). Es probable que la división por zonificación responda a las microrregiones productivas, del Oasis Norte -2 zonas-, Valle de Uco y Sur. Por ahora podemos asociar la tercer zona a Armani. Quizá fue una estrategia para designar representantes de la base de la cadena agroindustrial -es decir, pequeños productores primarios con escaso grado de integración en la cadena productiva y de comercialización- para lograr más adeptos y/o simpatizantes en ese estrato.

Sin embargo, la intención estatal de convocar al mayor número de actores como accionistas de la sociedad no fue inmediata. Así se refleja en una misiva publicada por un fruticultor –Arminio Perotti- en un diario de la época.

Visitado por una comisión de este departamento estuve a punto de hacerme accionista de la Corporación Mixta de Fruticultores de Mendoza (…). Pero no salí de mi sorpresa, cuando las autoridades de dicha Corporación estaban formadas por personas muy respetables, pero ajenas (sic) a esta materia. (…) La influencia oficial, desde el primer momento dio por resultado que tuvieran preferencia altos funcionarios de la Administración, que habían dejado los respectivos cargos, para ocupar otros nuevos, en una dependencia, dominada por el Gobierno. Los ingentes gastos de organización, los sueldos, viáticos y el resultado de licitaciones, como la compra de establecimientos, todo esto, en una ola de grandezas y sin haberse iniciado una obra general, bajo un plan organizado, me hace temer en los resultados del ensayo (diario Victoria, 19/09/1942).

5. Conclusiones

De la mano de la creciente regulación e intervención estatal en Mendoza para la reactivación de una economía afectada por la depresión internacional de 1929 y la coyuntura crítica de la vitivinicultura a partir de esos años, también se verifica el fomento de la producción frutícola, cuya extensión y dinamismo creciente en esos años significó una complejización del escenario productivo local. En ese marco, nuevos actores surgieron en la escena política y económica, generando demandas vinculadas con la consolidación del sector frutícola.

Como respuesta, el Estado provincial alentó la formación de entidades sectoriales, ya desde fines de la década de 1920. Dicho fenómeno fue constante en el tiempo en pequeños productores (aquellos que no poseían un capital elevado o planta de empaque tecnificada propia) y tuvo una marcada base microregional (fruticultores del Este, del Valle de Uco). Por el contrario, los grandes productores y empresarios, con un mayor grado de integración, (Manuel Ruano en el Valle de Uco, Spina en el Este, Denis Hnos. y Carlos Badano en San Rafael) se sumaron a estas entidades cuando las condiciones críticas se agudizaban, por ejemplo, con la pérdida de mercados ante el estallido de la Segunda Guerra Mundial.

Asimismo, si bien desde fines de 1920 detectamos indicios de asociacionismo empresario en el sector, este fenómeno se intensificó sobre todo en la década de 1930 con el fin de combatir los problemas de comercialización que enfrentaban los productores locales, los elevados costos de acceder a tecnologías de empaque, la rigurosa normativa provincial y la lejanía al mercado de consumo. Debilidades que se agudizaron durante la coyuntura bélica iniciada en 1939, puesto que buena parte de la fruta que tradicionalmente se exportaba confluyó en el mercado nacional con la procedente de regiones mercado-internistas. Esta “percepción de amenaza”, en términos de Lattuada, explicaría el intento estatal de promover una entidad sectorial a fin, y confirmaría la escasa representación de la entidad nacional (Corporación Frutícola Argentina) sobre las problemáticas de los fruticultores locales.

La investigación ha permitido constatar otros aspectos interesantes del comportamiento empresarial de la época, ya que la Corporación mendocina, creada desde el Estado, reunió a un grupo heterogéneo de empresarios, pertenecientes no solo al sector frutícola, sino también al vitivinícola. La creciente participación de bodegueros en la Corporación provincial señalaría que los mismos habrían comenzado a diversificar sus explotaciones seducidos por el incremento de los envíos al Litoral desde comienzos de los años ’30, y como reaseguro ante las crisis cíclicas que padecía la vitivinicultura. Esto demuestra la diversidad de intereses y demandas que nuclearon los orígenes del organismo, aglutinados en este caso por la acción estatal y las filiaciones políticas de varios de sus integrantes, así como su participación previa en dependencias gubernamentales.

A partir de estas consideraciones, es necesario conocer si este alto grado de adhesión de los empresarios y productores locales fue voluntario o coaccionado, si se mantuvo en el tiempo, y cuáles fueron los canales de acción de la entidad para dar respuesta a las demandas de los diferentes sectores que la componían. Interrogante que se vincula con el análisis de las políticas públicas sectoriales y cuya repercusión debe estudiarse tomando en cuenta el cambio del orden político a partir del año 1943.

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Notas

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