1. Introducción

El presente artículo forma parte del proceso de investigación doctoral de las autoras, en el que confluyen inquietudes y actores sociales similares: experiencias autogestivas de la economía popular y su relación con el Estado en Argentina. Algunas de las preguntas que nos movilizan son: ¿qué entendemos por autogestión? ¿Quiénes conforman lo que hoy se denomina economía popular? ¿Cómo se organizan estos/as trabajadores/as? ¿Cómo se relacionan con el Estado? En ese sentido, buscamos comprender el proceso de autogestión de las economías populares, sus principales debates y la relación que han establecido con el Estado durante las últimas dos décadas.

Antes de avanzar, es importante señalar que los/as trabajadores/as de la economía popular han sido excluidos del concepto de clase trabajadora clásico reducido a los trabajadores libres asalariados: la historiografía ha tendido a comprender el proceso de formación de la clase trabajadora de una forma lineal, homogénea, occidentalizada, masculinizada y blanca (Van Der Linden;2008). Sin embargo, en América Latina concebir a la clase trabajadora únicamente vinculada al trabajo asalariado, es desconocer la multiplicidad y diversidad de formas de trabajo no-asalariado que incluye a amplios sectores de la población.

El análisis del presente artículo, lo hacemos desde una perspectiva situada en Argentina, cuya tendencia es la expansión del trabajo no-asalariado. Esta situación ha sido descripta como ‘crisis de la relación salarial’ (Neffa, et al., 2010); ‘heterogeneidad estructural’ (Salvia, 2013); ‘modelo de acumulación flexible (Antunes, 2003); como así también sus formas de organización y producción como pertenecientes a la Economía Social y Solidaria (Coraggio, 2013) o como economía de los trabajadores (Ruggeri, 2009). En este trabajo, consideramos las prácticas económicas populares no salariales como parte de las economías populares, es decir “ciertas prácticas abigarradas en la economía de los sectores populares y diversos, y una reivindicación de la riqueza que producen, disputan y circulan” (Gago, 2018:11)

El artículo comienza repensando a este sector de la clase trabajadora a partir de autores como Van der Linden (2008), De la Garza (2011) y Quijano (2014), entre otros, quienes lo definen más allá de la relación salarial. Luego, presentamos los principales debates vinculados a la autogestión, la economía social y solidaria y las economías populares. En un tercer lugar, establecemos un breve recorrido histórico sobre las experiencias de autogestión en Argentina, su reconfiguración y vinculación con el Estado, a través de las políticas públicas implementadas entre los años 2003-2019. Por último, exponemos brevemente dos experiencias de economía popular en Mendoza: las Empresas Recuperadas por sus Trabajadores/as y una feria urbana - la Feria Popular de Guaymallén^[2]. Con el fin de profundizar el análisis hemos apelado a técnicas cualitativas de investigación como observación participante, entrevistas en profundidad, y análisis periodísticos.

2. Más allá de la relación salarial

Los/as trabajadores/as de la economía popular han sido denominados según diferentes tradiciones como ‘lumpen-proletariados’ (Fanon, 1999); trabajadores informales (OIT, 1972); trabajadores marginales (Nun, 2001; Quijano, 2014); población sobrante (Marx, 2014), “trabajadores subalternos (Van Der Linden, 2008), entre otras conceptualizaciones que los/as ubicaban por fuera de la concepción clásica de trabajo, que ha tendido a comprender el proceso de formación de la clase trabajadora de una forma lineal, homogénea, occidentalizada, masculinizada y blanca, reduciendo el concepto de clase obrera a los trabajadores libres asalariados.

La época de oro del capitalismo consolidó aquella idea: contratos por tiempo indeterminado, limitación en la jornada laboral, vacaciones pagas, jubilación asegurada, fijación de salario digno en el marco de un Estado de Bienestar fue la característica del “compromiso fordista”. Bajo esta “norma”, todos aquellos trabajos que estuviesen por fuera han sido presentado por el discurso hegemónico como anomalías (Moreira, 2018). En esta línea se inscribe la idea de “informalidad”, concepto que agrupó, desde el discurso hegemónico a “las masas de vida sin salarios en el recién independizado Tercer mundo, que parecían escapar tanto a la categoría de empleo como de desempleo” (Dening, 2010).

Dicha noción, “sector informal”, surge a partir de un estudio de un economista británico-Keith Hart- sobre las comunidades frafas del Norte de Ghana, en la que los ingresos de sus miembros no provenían de relaciones salariales. En aquellos años, este término fue adoptado por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en el Programa Empleo del Mundo (WEP) y su informe sobre Kenya (OIT, 1972) para, luego, establecer los criterios estadísticos para su medición (Serra, 2017). La OIT (1972) definió al sector informal desde las características de las actividades económicas, las cuales suelen realizarse a pequeña escala, son de fácil acceso, dependen en gran medida de recursos propios, requieren trabajo intensivo y son sumamente heterogéneas.

En la década de 1970, la crisis capitalista mundial hizo reaparecer el fantasma del desempleo, que los “economistas del capital” (Quijano, 2014) denominaron “desempleo estructural” como forma de caracterizar la tendencia observada en los cambios en la relación capital- trabajo. No obstante, desde una perspectiva marxista, se presenta la expansión del excedente de población como contracara de la centralización y concentración del capital. Es decir, Marx (2014) señalaba que la acumulación capitalista a través del continuo cambio en la composición orgánica del capital (aumento de su parte constante a expensas de su parte variable) “produce constantemente, en proporción a su intensidad y su volumen, una población obrera excesiva para las necesidades medias de explotación del capital, es decir una población remanente o sobrante” (Iñigo Carrera, 2012:107).

Desde esta línea, en América Latina, teóricos animaban a discutir la cuestión de la “marginalidad”. Con ella, exponían las nuevas tendencias del capitalismo que, independientemente de los ciclos de expansión y contracción de la acumulación del capital, dejaba fuera del empleo asalariado estable a una población creciente de trabajadores/as. En este sentido, José Nun (2001) introdujo la noción de “Masa Marginal” para caracterizar a una parte de la población excedente que, en la fase monopólica del modo de producción capitalista, establece relaciones no funcionales con el sistema. Por otro lado, Aníbal Quijano (2014) buscaba salir de los límites del problema del empleo asalariado y mostraba que las actividades de los desempleados y subempleados constituían el “polo marginal” dentro del poder capitalista. Situaba a los sectores marginados como resultado necesario de las reglas de funcionamiento de un capitalismo periférico de enclave integrado al mercado mundial. Estos enfoques, más allá de sus diferencias, ponían en evidencia la relación estructural que existe entre los procesos latinoamericanos de acumulación capitalista y la desigualdad social en contraste con las tendencias que hacían recaer las responsabilidades sobre los propios trabajadores/as.

En nuestra región, los/as trabajadores/as no-asalariados/as constituyen gran parte de la población económicamente activa, aumentado su peso relativo en las últimas décadas. A partir de la crisis de mediados de los años setenta, en el capitalismo a nivel mundial, se producen una serie de transformaciones en el mundo del trabajo: ampliación del trabajo intelectual, expansión del trabajo en el sector servicios, tercerización de tareas antes absorbidas por la propia actividad industrial. La producción se estructura a partir de un número mínimo de trabajadores calificados con óptimas condiciones de contratación y una masa de trabajadores precarizados (Antunes, 2003). La flexibilidad del proceso productivo junto con la flexibilización de las condiciones de trabajo, se convierten en los pilares de esta nueva manera de organizar la producción. La inestabilidad se instala en el centro de la escena, el capitalismo se apropia de las críticas a la rutinización de la vida propia de la fábrica fordista, y resignifica la inseguridad laboral presentándola a los/as trabajadores/as como dueños/as de su tiempo de trabajo. Aspectos como la innovación y el emprendedurismo ganan centralidad, al mismo tiempo en que la crítica a la explotación es declarada anticuada y obsoleta (De la Garza, 2011).

La disposición de la fuerza de trabajo, en este nuevo estadio de acumulación de capital, requiere de mayor precarización de los/as trabajadores/as: subocupación, trabajo a tiempo parcial, temporarios, subcontratado, ‘tercerizados’, trabajadores/as de plataformas. Esto configura una tendencia a la individualización extrema de la relación salarial a fin de emplear una fuerza que entra fácilmente y es despedida sin costo alguno.

La lógica neoliberal, amplía la dominación social del capital sobre el trabajo mediante el impulso a la iniciativa libre, la auto-empresarialidad, la responsabilidad de sí y la centralidad de la figura del “consumidor” (Svampa, 2007; Gago, 2014). A comienzos del siglo XXI, la ideología del emprendedurismo penetró en nuestro continente a través de las recomendaciones de organismos multilaterales como el Banco Mundial (2001) y el Banco Interamericano de Desarrollo (2001) y, se instalaron en la agenda pública a través de políticas sociales cuyo eje era la idea de “empoderamiento”, mediante la cual se transferían responsabilidades desde el Estado hacia las organizaciones sociales intermedias y a los propios beneficiarios. La economía informal volvió al centro de la escena, pero esta vez bajo la influencia del pensamiento del economista neoliberal Hernando de Soto, para quien el problema de la informalidad era atribuible a la excesiva presión reguladora y burocrática del Estado que encarecía tales actividades y les impedía constituirse como verdaderos emprendimientos productivos capitalistas (Moreira, 2018).

El avance de la precarización de las condiciones de trabajo ha obligado a ampliar la perspectiva de abordaje, ya que existen similitudes entre grupos de trabajadores/as por cuenta propia y asalariados/as en cuanto al nivel de ingresos, horarios de trabajo seguridad en el empleo, entre otras (De la Garza; 2011). Por ello, resulta necesario poner en cuestión visiones que reducen la actividad laboral a las “relaciones de trabajo clásico o estándar”, ya que las mismas han sido una rara excepción en la historia del trabajo en los países de la periferia. De la Garza Toledo (2011) reúne bajo la denominación de “trabajos no clásicos” a muchas de estas nuevas y viejas actividades, en contraposición al estereotipo del trabajo clásico, industrial, fordista, estable, regulado a tiempo completo y subordinados a un solo patrón. En estos trabajos, la típica relación laboral bilateral entre asalariados y empresarios se convierte en una relación triádica entre trabajador, cliente y empresarios o, entre trabajadores autoempleados y clientes, como así también con otros actores o intervinientes de manera directa, como ex patrones, inspectores municipales, policía, vecinos. Es decir, trabajadores/as que se enfrentan a una multiplicidad de actores que los constriñen y que intervienen en forma contingente o regular en el control del proceso de trabajo (De la Garza, 2011).

Hoy, tenemos un nuevo y más complejo universo de relaciones sociales entre capital y trabajo. Por ello, partir de una noción de clase trabajadora ampliada permite reconocer las transformaciones que viene sufriendo el mundo del trabajo en el actual contexto de reestructuración productiva del capital, identificar las particularidades de la clase trabajadora en la región, las formas de organizarse y participar políticamente en cada escenario específico. Permite también establecer debates urgentes en el mundo actual como es “la relación entre capital y trabajo-no asalariado, las relaciones entre reciprocidad y mercado, así como comprender la tensión entre la lógica neoliberal y la lógica comunitaria” (Quijano, 1998: 234).

3. Las economías populares: autogestión y nuevas definiciones

Como mencionamos anteriormente, la reestructuración capitalista iniciada en la década de 1970 impulsó profundas transformaciones en el mundo del trabajo y junto a ellas, se expandieron formas de trabajo no-salariales. Este nuevo contexto, obligó a gran parte de los trabajadores/as a recurrir a diferentes maneras de producir y organizarse para poder vivir:

apelar a la comunidad como forma de organización colectiva entre sujetos socialmente iguales y a la reciprocidad como forma de relación y de intercambio directo de los productos de su trabajo, no es nuevo en el capitalismo, lo novedoso es la expansión de estas modalidades en las últimas décadas como estrategia para sobrellevar las condiciones que el mercado impone (De Sousa Santos, 2011:40).

La autogestión ha sido una característica central de un amplio abanico de estas experiencias. Este concepto lleva inmerso un doble aspecto: por un lado, vinculado a lo económico, en el sentido que se establecen relaciones de trabajo sin patrones en las que el fin principal no es la ganancia y, a su vez, la propiedad de los medios de producción tienen un carácter colectivo y social; por otro lado, un fuerte aspecto político que implica que los/as trabajadores/as se constituyen en sujetos activos y partícipes de la producción y tomas de decisiones vinculadas a los destinos de su espacio productivo a través de instancias asamblearias y democráticas (Ortubia Diaz, 2019).

No obstante, este término no ha sido utilizado unívocamente. El neoliberalismo, en un principio, buscó presentar la participación de los/as trabajadores/as en la producción como una estrategia para otorgarles “derechos” sobre la gestión y toma de decisiones, sin otorgarles ningún tipo de derechos sobre la propiedad. Estas visiones, han retornado en los últimos años bajo la denominación actual de “economía colaborativa”, según la cual no habrían empleados ni empleadores, sino emprendedores, colaboradores o socios, cuyos ejemplos más visibles son los/as trabajadores/as de plataformas como Uber, Glovo, entre otras. Lejos de esta concepción, en el presente trabajo reunimos bajo la tradición autogestionaria a un conjunto de prácticas sociales en las que las tomas de decisiones se realizan de manera democrática y en base a principios solidarios, independientemente del tipo de actividad u organización de que se trate. Es decir, resaltamos la dimensión política de estas experiencias económicas de organización colectiva orientadas por la lucha y resistencia de los/as trabajadores/as a los avatares que el capitalismo impone.

En América Latina, la consolidación del régimen neoliberal en la década de 1990 con la expulsión de miles de trabajadores/as de relaciones salariales estables generó el surgimiento de nuevos movimientos de trabajadores/as - en Argentina fue el Movimiento Piquetero o de Desocupados- abriendo en el mundo académico y político nuevos debates. Se agruparon prácticas económicas heterogéneas bajo denominaciones que, como veremos a continuación, responden a perspectivas teórico-políticas diferentes. Es decir, nociones como Economía Social y Solidaria o Economía Popular, más allá de representar experiencias similares, se diferencian en la articulación política que cada una de ellas propone.

La concepción de Economía Social y Solidaria (ESS) incluye una amplia gama de experiencias vinculada a instituciones de la sociedad civil como son las cooperativas, las mutuales y las asociaciones civiles, que se autodenominan “Tercer Sector” de la economía. La cooperativa representa la institución central y con ella los principios que la rigen “como práctica económica, se inspira en los valores de la autonomía, democracia participativa, igualdad, equidad y solidaridad” (Quijano, 1998: 376). En muchas cooperativas están más presentes las reglas del mercado y del salario, y la reciprocidad opera como desde fuera de las relaciones de trabajo, por una decisión consciente de los miembros o, por lo menos, de la minoría dirigente y aceptada la mayoría (Quijano, 2011). Muchas experiencias de trabajo autogestivo han encontrado en dicha forma legal, la manera de ser reconocidos y poder trabajar en el mercado capitalista.

La ESS tiene como lógica de funcionamiento la reproducción ampliada de la vida de todos/as los/as sujetos que en ella participan, sin embargo se pueden identificar tres corrientes de desarrollo dentro de la misma: 1) vinculada a la idea de que es para los pobres, donde se procura la integración social a nivel microeconómico de personas excluidas del mercado de trabajo; 2) como subsistema, la cual debe consolidarse a través de redes de reciprocidad y solidaridad entre proyectos productivos, como subsistema dentro de una economía mixta; y 3) como la construcción de otra economía, que plantea la necesidad de construir otro sistema económico, con otras lógicas de funcionamiento y poniendo en el centro la vida y el trabajo, y no el lucro (Coraggio, 2013). Estas tres corrientes conviven actualmente y hay que entender que sus miradas no son excluyentes; identificarlas permite comprender las visiones, acciones e intervenciones que se realizan (incluso desde el Estado).

En cambio, hablar de Economía Popular hace referencia a prácticas económicas heterogéneas cuyos miembros suelen tener relaciones “primarias” entre sí, lo que las vuelve organizaciones más bien pequeñas y “tienden a organizarse socialmente según (…) ‘lógica comunitaria” (Quijano; 2011). En cierto sentido, esta masa de la clase trabajadora problematiza desde la práctica, la organización y la lucha contra el neoliberalismo y su forma de organizar la vida:

las economías populares son un ‘entre’ como un espacio de oscilación y de problematización, pero justamente abierto a una experimentación teórica y práctica de formas productivas, de comercialización, de construcción de vínculos que expresan la creatividad y la capacidad de innovación popular sin un marco preestablecido o normativo a priori que señale cómo confrontar las relaciones de explotación y dominio en el capitalismo (Gago, 2018:12)

En Argentina la denominación de Economía Social y Solidaria no terminó de arraigarse en las organizaciones populares, por lo que las mismas prácticas que en un comienzo se ubicaban bajo esta noción, fueron progresivamente identificándose con el término de Economía Popular. Asimismo, señala que la conformación de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) impulsó la movilización política de este sector y estableció definiciones de Economía Popular. Esta organización promueve a través de la categoría de ‘trabajador de la economía popular’, “la construcción política de una subjetividad económica popular que se inserta en la tradición del trabajo asalariado, sus instituciones, organizaciones e ideología” (Moreira, 2018: 127).

De esta manera, se advierte la continuidad y expansión de prácticas económicas no salariales, que en la Argentina se incrementaron a partir de la crisis de los años 2001-2002. En el marco de la restructuración neoliberal del mundo del trabajo, propuestas como la Economía Social y Solidaria o la Economía Popular, buscaron articular políticamente el amplio espectro de formas económicas que desbordan la “norma” del empleo formal.

4. La economía popular en argentina

Para comenzar este apartado, partimos del concepto de autogestión, como el conjunto de prácticas sociales en las que la toma de decisiones se realiza de manera democrática y en base a principios solidarios, independientemente del tipo de actividad u organización de que se trate. Desde fines de siglo XIX esta idea se vinculó a la búsqueda de una práctica económica regida por principios solidarios y fuertemente cuestionadora del sistema capitalista. En Argentina es difícil identificar los primeros hechos de autogestión, a pesar de que nuestro país tiene una larga experiencia y reconocida trayectoria cooperativista y sindical dentro de América Latina. A continuación, nombraremos algunos procesos que tiene relevancia en la conformación de un sector de larga trayectoria que llega hasta nuestros días. Luego abordaremos la configuración de la Economía Popular y el papel del Estado al respecto.

4.1. Autogestión: antecedentes de la economía popular

Uno de los primeros casos relevantes de autogestión en Argentina, se encuentra en el año 1904 con la conformación de una empresa de cigarrillos “La Popular”, totalmente administrada por obreros: una de las experiencias nacionales pioneras de participación de los trabajadores en las ganancias y la gestión de la producción. La iniciativa surgió de la Unión General de Trabajadores, conformada por gremios socialistas en 1903 y tuvo una corta duración, cerrando sus puertas en 1906 (Wyczykier, 2009). La regulación para este tipo de experiencias asociativas se produce en 1926 a través de la Ley N° 11.388, conformándose la primera cooperativa de trabajo en Buenos Aires en el año 1931. Un tiempo propicio para el surgimiento de instituciones de este tipo debido a la recesión que se vivía, por la crisis internacional a causa de la caída de la bolsa de Wall Street en 1929-30.

Posteriormente, durante los dos primeros gobiernos peronistas (1946-1952 y 1952-1955), a través del primer y segundo plan quinquenal se fomentó la formación de cooperativas, principalmente de consumo y agrícolas, que recién a fines de los años ‘60 se incrementaron considerablemente. En dicha década, comienza una fuerte crisis económica a nivel nacional que llevó al gobierno a privatizar un gran número de empresas estatales. Entre ellas se encuentran fábrica de medidores de Gas del Estado y los talleres ferroviarios de San Antonio Oeste en Río Negro e IMPA (Industria Metalúrgica Plástica Argentina) ^[2]; los tres casos se convirtieron en cooperativas. En ese contexto de crisis, creció el número de cooperativas y el proceso se aceleró en los primeros años de la década del setenta.

También, es importante recuperar una experiencia que se enmarca en la historia sindical de nuestro país, vinculada a la ocupación de fábrica como forma de lucha. En el año 1985, con el retorno de la democracia, la fábrica Ford (planta de Pacheco) fue tomada por sus trabajadores como respuesta a 33 despidos, “cientos de obreros, reunidos en asamblea, decidieron demostrar su capacidad de gestión haciendo funcionar la empresa durante 18 días hasta que el gobierno de Alfonsín, la patronal y parte del SMATA aceptaron la represión a los trabajadores y los expulsaron” (Magnani, 2003: 35). Este caso presenta puntos de encuentro con las recuperaciones de empresas por sus trabajadores/as -en las que la ocupación del lugar de trabajo es clave para el desarrollo posterior de proyectos autogestivos.

En la década del noventa se profundizó el modelo neoliberal instaurado por la dictadura cívico-militar de 1976. Precisamente en esos años, la resistencia a las privatizaciones, la defensa de la educación y la salud pública y la lucha por recuperar los puestos de trabajos perdidos, contribuyó a la emergencia de novedosas respuestas sociales para hacer frente a la pobreza. Entre ellas, el Movimiento de Trabajadores Desocupados (como mencionamos antes), se constituyó como un actor fundamental de la vida social y política de aquellos años, su organización instauró “prácticas y experiencias grupales contrahegemónicas que permitieron visualizar necesidades comunes, que diferían de las impuestas por el orden social” (Raía, 2010: 79). Este movimiento se caracterizó por tener una gran heterogeneidad, sin embargo, entre sus elementos comunes se encontraban: el trabajo en las comunidades de pertenencia, las formas de protestas (corte de rutas, ollas populares) y la democracia directa, a través de asambleas como ámbito de toma de decisiones.

Otra de las respuestas, estuvo vinculada al ámbito de la circulación y consumo, mediante una iniciativa de intercambio denominada ‘redes del Club de Trueque’. Esta propuesta que surgió a mediados de la década de 1990 por la Red Global del Trueque, que incluyó 5 millones de argentinos/as en el año 2002. Alcanzaba a dos grupos sociales bien diferenciados: por un lado, a los sectores populares, muchos de ellos excluidos históricamente del mercado de trabajo formal; y por otro, a la clase media empobrecida, los llamados “nuevos pobres” - en aquellos años- con necesidades básicas satisfechas pero que vivían con un ingreso por debajo de la línea de pobreza (Lacoste, 2003). Esta iniciativa fue generando, entre los años 2001-2002, un discurso fuertemente anti-políticos y anti-Estado, en tanto se entendía que la intervención del mismo podría frenar el desarrollo de una práctica que resolvía necesidades básicas a gran parte de la población.

Mientras tanto, cientos de trabajadores/as de empresas quebradas decidieron ocupar la fábrica, resistir el desalojo y dar una batalla para ponerlas, nuevamente, a producir. Entendemos este fenómeno de las Empresas Recuperadas por sus Trabajadores/as (ERT) como un proceso social y económico, en el que la quiebra, vaciamiento y abandono de una empresa lleva a sus trabajadores/as a ponerla en funcionamiento bajo formas autogestivas, en un contexto socioeconómico caracterizado por un alto índice de desocupación y pobreza, principalmente (Ruggeri, 2009). La mayoría de las ERT van a emerger entre los años 2001-2002, con un total de 128 establecimientos bajo gestión de sus trabajadores/as. Sin embargo, en los años posteriores, en un contexto de reactivación económica, la recuperación de empresas por sus trabajadores/as alcanza las 384 en el año 2018 (Ruggeri, 2018).

Estas experiencias, en especial las desarrolladas a partir de la crisis de 2001, van a dar paso a la conformación de múltiples movimientos sociales, políticos y territoriales que, a partir de 2003, van a verse interpelados por el Estado durante la presidencia de Néstor Kirchner. Dicho gobierno impulsó una nueva gobernabilidad que tenía entre sus prioridades, la construcción de vínculos con los movimientos sociales que resistieron las políticas neoliberales de los noventa (Hudson, 2017). Desde ese momento, las prácticas autogestionarias y la economía social van a formar parte de una nueva agenda de políticas públicas^[3].

4.2. La economía popular en argentina y el papel del estado

Como mencionamos anteriormente, en Argentina a partir de 2001-2002 va a conformarse un amplio sector de experiencias asociativas, muy diversas, que en mayor o menor medida van a ir encontrando canales institucionales para resolver sus demandas. Precisamente a partir de los gobiernos kirchneristas^[4] se abrió una etapa caracterizada ´por una serie de planes y proyectos sociales basados en las estrategias colectivas, autogestionadas y sustentables que desplegaron varios movimientos y organizaciones sociales.

En general, el modelo económico y político propuesto se instaló sobre tres grandes pilares: memoria, verdad y justicia; ampliación de ciudadanía e inclusión social (Porta et Al., 2017). Esto último, nos permite comprender algunos aspectos de las políticas públicas vinculadas al sector de las economías populares. El punto de inflexión del que parte, fue el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupado (PJJHD)-implementado en 2002 en el gobierno de Duhalde-se caracterizaba por ser un programa de transferencia condicionada de empleo en tanto el ingreso era otorgado como retribución al trabajo realizado. El mismo, fue producto de las luchas de las organizaciones de desocupados. Sus estrategias de organización y trabajo extendieron la economía social y popular y obligaron al gobierno de turno a implementar un plan masivo como fue el PJJHD. Los trabajadores/as desocupados/as pasaron a ser considerados como “beneficiarios” de planes sociales, y luego, en el año 2004 fueron ordenados bajo el criterio de empleabilidad: aquellos evaluados con muy pocas probabilidades de encontrar empleos quedaban en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social (MDS) en el Plan Manos a la Obra, y aquellos considerados “empleables” fueron derivados a programas laborales.

El Plan Nacional de Desarrollo Local y Economía Social Manos a la Obra, se crea en el año 2004 en la órbita del Ministerio de Desarrollo Social, cuyo propósito fue “constituirse como un sistema de apoyo a las iniciativas de desarrollo socioeconómico local, destinado particularmente a los sectores de bajos recursos” (Res. MDS 1375/04). La propuesta trabajaba en tres direcciones: 1) mejorar el ingreso de la población en situación de vulnerabilidad; 2) constituir un sector de la economía social a través de apoyo técnico y financiero; y 3) trabajar con organizaciones públicas y privadas, para contribuir a la conformación de redes. Dicho plan se enmarcaba, principalmente, en la corriente de la economía social que piensa la misma para los pobres (Coraggio, 2013), en tanto su interés era la inserción social y económica de la población desocupada o en situación de vulneración. Sin embargo, el conjunto de programas socio-productivos que generó, recuperó experiencias dispersas pero innovadoras que estaban siendo desplegadas en el país a través de organizaciones sociales y comunitarias (Hoop, 2018b). Una de las líneas desarrolladas, fue el Microcrédito, que en 2006 a través de Ley N° 26.117 Promoción de Microcrédito logró constituir la Comisión Nacional de Promoción del Microcrédito (Conami), encargada del, también masivo Programa Banco Popular de la Buena Fe.

En 2009, el Programa Ingreso Social con Trabajo- Argentina Trabaja- va a representar un redireccionamiento de las políticas sociales vinculadas a la generación del empleo. El mismo tuvo como objetivo la generación de trabajo cooperativo a cambio de la transferencia directa de ingresos a los/as integrantes de las cooperativas creadas. Simultáneamente, se impulsaba un proceso de ampliación de derechos sustentado en el eje de la inclusión social:

El fundamento de la intervención estatal continuó puesto en promover la inclusión social, mediante la institución o ampliación de derechos, principalmente ligados al trabajo y a la figura del trabajador, que incluyó tanto a los asalariados formales, como a quienes se desempeñaban en la economía informal, a los trabajadores autogestionados y desocupados (la creación de la Asignación Universal por Hijo, el Plan de Inclusión Previsional y la ampliación del alcance de las pensiones no contributivas) (Hoop, 2018a: 123).

Años más tarde, en 2013, dentro del Plan Argentina Trabaja, se crea la línea “Ellas hacen” destinada a mujeres con hijos en situación de alta vulnerabilidad social o víctimas de violencia de género. La propuesta ofrecía también, la participación en cooperativas de trabajo y/o promoción de la terminalidad educativa o formación de nivel superior. Además, se implementaron desde el Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, programas de apoyo a cooperativas y empresas recuperadas, uno de los más relevante - vigente hasta la actualidad- es el Programa Trabajo Autogestionado (vigente desde 2003), que contempla diferentes líneas de acción: a) otorga transferencias monetarias directas a los/as integrantes de cooperativas; b) la adquisición de maquinaria y herramental; c) compra de materias primas e insumos.

Desde diciembre de 2015, junto a un gobierno de signo político contrario a los anteriores, se generó un quiebre en la orientación de las políticas sociales. Esto comenzó a hacerse visible a partir de importantes modificaciones normativas^[5], en las que se observan propuestas para la empleabilidad de los beneficiarios vinculadas a la ideología del emprendedorismo como respuesta individualista de la situación de vulnerabilidad.

No obstante, nuevamente la movilización de las organizaciones sociales puso en agenda la situación del sector de los/as trabajadores de la economía popular^[6]. Fueron ellos, quienes presionaron el surgimiento de la Ley N° 27.345 de Emergencia Social, sancionada en diciembre de 2016. A través de la cual se inicia un proceso de institucionalización a la Economía popular como parte integrante del desarrollo económico del país, se reconoce a sus integrantes como trabajadores/as (no como beneficiarios de planes) y se expresa una reestructuración de los programas sociales existentes y la transferencia de recursos hacia la instrumentación de un Salario Social Complementario, destinado a las personas inscriptas en un registro creado por la misma ley. Es decir, esta conquista para los/as trabajadores/as de la Economía Popular, se debió a la fuerte presión ejercida por la organización social y política de todo el sector, que durante más de 15 años fueron parte de diversos programas de promoción de la autogestión, mediante transferencias monetarias de ingresos por parte del Estado.

La confluencia y organización de estos/as trabajadores/as los/as llevó a formar la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP), en el año 2011. Esta organización ha tenido un fuerte protagonismo en la concepción de Economía Popular vigente en el país y en las definiciones y logros institucionalizantes para dicho sector. Sin embargo, en coincidencia con Hugo Serra (2017), consideramos que el diagnóstico y la forma de concebir el trabajo de la economía popular se encuentra vinculada estrechamente con la idea de “trabajo decente” propuestas desde la OIT, y en este sentido, la demanda de trabajo responde más a la necesidad de asemejarse al trabajador formal que a la construcción de otra economía. Aquí se abren interrogantes sobre el futuro de un sector de trabajadores/as que tiene como actores a movimientos como son la Corriente Clasista y Combativa y Barrios de pie, que plantea nuevos desafíos en este proceso de reconocimiento por parte del Estado.

Para finalizar, reconocemos al Estado como aparato principal de dominación de las sociedades capitalistas, atravesado por los intereses de clases en el que se condensan las relaciones de fuerzas existentes en cada momento histórico. En tal sentido, así como el Estado recuperó las experiencias autogestivas para el desarrollo de políticas públicas, (en un primer momento, en respuesta al contexto de crisis que atravesó el país a principios de siglo); también los movimientos y organizaciones sociales fueron partícipes activos de definiciones vinculadas a la inclusión social, y de políticas públicas que han permanecido en el tiempo.

5. El “estado” de las economías populares: empresas recuperadas y ferias populares en Mendoza

Mendoza es una provincia ubicada en el centro oeste del territorio nacional (cuarta jurisdicción más poblada de Argentina). Tiene una población predominantemente urbana: posee 1.738.929 habitantes (Censo, 2010), de los cuales más del 70% viven en el área metropolitana. Es conocida como “la tierra del sol y del vino”, sin embargo, su estructura económica en los últimos 10 años ha cambiado: la vitivinicultura sigue siendo la actividad tradicional por excelencia, pero las actividades de mayor presencia en la estructura económica se vinculan con el sector terciario de la economía.

Las transformaciones de la década de 1990 que desembocaron en la crisis de los años 2001-2002, constituyeron la base para el desarrollo de un proceso de organización y lucha a nivel nacional y, Mendoza no estuvo exenta de ello. El club del trueque llegó a aglutinar a un número significativo de habitantes a principio de los 2000 y el movimiento piquetero tuvo un desarrollo muy importante vinculado fuertemente a territorios populares y con mayor vulnerabilidad social. La emergencia de las primeras ERT mendocinas se va a dar en 2000 y 2002, sin embargo, la mayoría de ellas comienzan a ser gestionadas por sus trabajadores/as en el periodo de reactivación económica de los gobiernos kirchneristas.

Lejos de la imagen de la Mendoza conservadora, reconocemos que en este territorio hay una tradición importante de lucha: desde el año 2000 hasta la actualidad, la conflictividad social tuvo sus momentos álgidos y nuevos actores fueron marcando la dinámica del conflicto. En el contexto de recuperación económica nacional, se produjo una reactivación de la conflictividad sindical/laboral que en Mendoza se ve caracterizada por la lucha de los/as trabajadores/as estatales, principalmente de la Salud y la Educación. No obstante, una de las luchas que movilizó a gran parte de la población ha sido la defensa de los bienes comunes, en especial, el agua en la batalla constante contra la instalación empresas mega-mineras en la cordillera.

A continuación, presentamos dos experiencias que forman parte de la economía popular mendocina, que han recuperado algunas de las formas de organizaciones descritas, y también, han confluido de forma solidaria en las diferentes luchas que sostienen.

5.1. Empresas recuperadas por trabajadores/as mendocinos/as

En la Provincia de Mendoza existen ocho experiencias vigentes de ERT localizadas en el Gran Mendoza y dos experiencias, que no prosperaron, ubicadas en el sur de la provincia (San Rafael y General Alvear). Cada proceso de recuperación ha tenido sus particularidades, y en algunos casos las dificultades han sido mayores que las posibilidades para producir en las empresas fallidas, razón por la cual algunas experiencias de autogestión no lograron perdurar en el tiempo.

La primera recuperación se produjo en el año 2000, en la empresa Cerámica Cuyo, fábrica de ladrillos y otros productos cerámicos para la construcción. Los/as trabajadores/as fueron despedidos en febrero del 2000 y ese mismo año decidieron recuperar la empresa. En enero de 2001 lograron poner en marcha la producción. Después de dos años sin actividad, lograron en el 2003 reactivar la empresa. En sus comienzos con 33 trabajadores formaron la cooperativa, actualmente 14 socios siguen activos. Sin embargo, desde 2019 la fábrica está sin suministro de gas (necesario para utilizar los hornos que cocinan ladrillos) y, por lo tanto, con la producción completamente parada.

En el año 2002, se constituye la Cooperativa Gráficos Asociados -que recupera la ex Litografía Sanz, y en abril del 2003 comienza a producir. Cuenta con 10 trabajadores/as y se dedica al rubro de impresión gráfica, etiquetas y cartelería. Es una de las ERT más consolidada de Mendoza y ha cumplido un rol clave en el acompañamiento de los procesos de recuperación emergentes.

Durante el mismo año, la Cooperativa Capdeville conformada por trabajadores/as despedidos de la ex cementera Corcemar-Minetti, logran recuperar 21 casas de uno de los barrios de la empresa y decidieron realizar un proyecto turístico en el lugar. En la actualidad involucra a 10 trabajadores, se dedica principalmente al turismo: alquiler de casas y realización de eventos criollos como jineteadas, parrilladas, entre otros. Sin embargo, la utilización del predio se encuentra en una situación legal compleja debido a problemas con la Municipalidad de Las Heras.

La Cooperativa La Lagunita se constituyó en el año 2004, para recuperar el frigorífico del mismo nombre que había cerrado en el año 1997. En el proceso de recuperación, las máquinas y calderas de la fábrica se remataron, y esto dificultó la inmediata puesta en marcha del emprendimiento. En el año 2005, se inicia el proceso de recuperación en tres empresas, todas pertenecientes a la actividad agroalimentaria: Conservera Demán, Fábrica Ballarini y Conservera Alfa^[7]. La empresa Demán, dedicada principalmente a la elaboración de dulce de membrillo y batata, y tomate triturado, fue recuperada por sus trabajadores/as a través de la Cooperativa Oeste Argentino, integrada por 12 socios, la mayoría mujeres. Se encuentra en el departamento de Guaymallén y actualmente está produciendo.

En el año 2006, los/as trabajadores/as de la Curtiembre Argentina Italia S.A. conformaron la Cooperativa Curtidores de Mendoza y recuperaron el establecimiento para seguir trabajando el curtido y terminación de cueros. Tiene alrededor de 35 socios/as, generó aproximadamente 100 puestos de trabajo y desde mediados del año 2018 está sin funcionar por el corte de servicios de luz y gas. En el año 2008, se recuperó la fallida Fidencio Yañez S.A. por la Cooperativa Olivícola Tropero, dedicada a la elaboración de aceitunas en conservas, feteado y descarozamiento de las aceitunas, tiene 40 asociados/as. El proceso de recuperación fue un acuerdo entre el patrón y los/as trabajadores/as, sin embargo, en el año 2019 se produjo el remate de esta y un nuevo empresario se quedó con el establecimiento. Actualmente, los/as trabajadores/as están trabajando con el nuevo empresario y analizan seguir con el emprendimiento en otro lugar.

La última recuperación se produjo en el año 2014, Cooperativa La Terre que puso en marcha la ex Industrias Matas declarada en quiebra y con cese de actividad desde abril del mismo año. Actualmente, la cooperativa se encuentra funcionando con más de 70 puestos de trabajo, además en el predio de la fábrica se encuentran otros proyectos de economía popular: taller de calzados, elaboración de cerveza artesanal, proyecto textil y fabricación de escobas. Si bien la cooperativa obtuvo la ley provincial de ocupación temporaria para comenzar a funciona, en el año 2019, la jueza a cargo de la quiebra decidió rematar la empresa. Luego de una serie de irregularidades ocurridas en el proceso legal, y producto de la lucha de los/as trabajadores/as de La Terre junto a más de 50 organizaciones sociales y políticas e instituciones, se apeló lo resuelto por la jueza y se logró que la Cámara revea el proceso. La cooperativa sigue sin obtener respuestas sobre su situación legal, pero continúan con la producción.

Estas ocho empresas que aún hoy se encuentran en la batalla por la defensa de sus fuentes de trabajo, fueron dándose una forma de organización propia, que va más allá de la forma jurídica que han adoptado-cooperativas-. En sus inicios, estos procesos fueron mucho más participativos y asamblearios, una vez que las empresas comenzaron a producir los tiempos se fueron reduciendo y quienes estaban designados en los cargos de presidente, secretario y tesorero de la cooperativa, han sido quienes han cumplido un rol más visible y las asambleas son más espaciadas en el tiempo. Más allá de eso, las ERT mendocinas han construido un camino de solidaridad y organización colectiva al conformar la Asociación de Cooperativas de Empresas Recuperadas de Mendoza, en el año 2015, que surgió con el fin de fortalecer el trabajo de cada una:

“Y más que todo por el tema o sea de algunos subsidios que podían venir de Nación viste, para la asociación y la asociación administrarlo para todas las recuperadas” (Entrevista a trabajador I, 2017)

Queremos señalar, la relación que han tenido las ERT con el Estado en sus diferentes niveles. En relación al gobierno nacional, durante el kirchnerismo, algunas de las cooperativas pudieron trabajar con diferentes dependencias nacionales: Oeste Argentino en al año 2009, obtuvo un subsidio del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social y también, trabajaron con el INTI, en función de mejorar el circuito de producción. No obstante, la situación cambió a partir de diciembre de 2015, porque el modelo económico neoliberal del gobierno de Macri, entre otras medidas, aumentó considerablemente las tarifas de gas y luz afectando directamente a las pequeñas y medianas empresas, como las ERT de Mendoza, lo que ocasionó el cese de actividades en dos de las cooperativas mencionadas:

“(...) a todas las recuperadas nos ha afectado mucho el tema del aumento, a nosotros nos afectó mucho en lo que es electricidad porque nosotros con gas casi no trabajamos, pero a las otras cooperativas con el tema del gas los ha hecho bolsa” (Entrevista a trabajador I, 2017)

En 2017, las Cooperativas Gráficos Asociados, Oeste Argentino y Curtidores de Mendoza obtuvieron el programa de Trabajo Autogestionado del Ministerio de Trabajo:

“(...) tres cooperativas tienen la línea... es la línea uno, que eso es una línea individual para cada socio de la cooperativa, es una ayuda de cuatro mil pesos” (Entrevista a trabajador I, 2017)

A nivel provincial, la Dirección de Cooperativas del gobierno ha tenido una continuidad en el acompañamiento a la Empresas Recuperadas, si bien no es un organismo de fuerte incidencia en la toma de decisiones ha sido muy diligente en el otorgamiento de las matrículas para las cooperativas y siempre, está predispuesto a la consulta y propuesta que ha realizado el conjunto de ERT. Por ejemplo, en el año 2017 estuvieron trabajando sobre una Ley de Fideicomiso, aunque no ha sido concretada.

No obstante, el poder judicial ha cumplido un papel decisivo en varias de estas experiencias. La mayoría de las ERT obtuvieron sus leyes de ocupación temporaria, salvo el caso de Capdeville que aún espera obtener la donación del predio de parte de la Municipalidad de Las Heras (debido a que la empresa lo donó en su momento al municipio). Además, la justicia provincial en tres oportunidades buscó dar por finalizada estas experiencias. En el 2018, llamó al remate del predio de Cooperativa La Lagunita, que pudo frenarse gracias a la articulación con organizaciones y se obtuvo la posesión definitiva del inmueble^[8]. Los otros dos casos son la Cooperativa La Terre que, como vimos, aún espera la resolución de su situación por parte de la justicia, y la Cooperativa Olivícola Tropero, rematada en 2019, pero aun sus trabajadores/as continúan organizados.

A través de este breve recorrido, expusimos las dispersas y hasta contradictorias acciones estatales en torno a las ERT en la Provincia de Mendoza. En tal sentido, si bien, por un lado, se observa que el proceso de institucionalización de las ERT se debe, sobre todo, a la organización de sus trabajadores/as, por el otro, el proceso se tensiona y dificulta debido a intereses privados, así como por la tensión existente entre concepciones de políticas focalizadas y dispersas o políticas integrales y de larga duración, para el sector.

5.2. Ferias urbanas: la feria popular de Guaymallén

La Feria Popular de Guaymallén, está ubicada en un barrio de la periferia del Gran Mendoza, con una historia de más de 30 años^[9], lo que permite identificar varios momentos de inflexión. La misma ha peregrinado por distintas locaciones del Barrio Belgrano debido a recurrentes desalojos por parte del gobierno municipal. Su mayor crecimiento estuvo relacionado con las experiencias del trueque ligadas a la crisis del 2001-2002. Llama la atención que, a pesar de la posterior recuperación económica, dicha feria continuó expandiéndose.

Desde comienzos del siglo XXI hasta el año 2014, la vida en la feria se caracteriza por una relativa estabilidad y crecimiento. La misma se ubicaba en calle Malvinas Argentinas y Brasil, lugar al que llegaron luego del desalojo por parte del municipio de la anterior ubicación en calle Sarmiento y Gomensoro- inmediaciones del Mercado Cooperativo de Guaymallén. Sin embargo, otro desalojo provocó el fin de aquella relativa estabilidad. El mismo ocurrió el sábado 26 de septiembre del 2014, cuando al llegar al predio donde funcionaba la Feria y lo encontraron arado y rodeado de policías. El desconcierto y la violencia de semejante situación obligó a los/as feriantes a organizarse, y a través de una asamblea, decidieron movilizarse a la Municipalidad de Guaymallén en busca de explicaciones. Ante la negativa de los funcionarios municipales en acceder a sus reclamos, sumado a la permanente presencia policial, nuevamente a través de una asamblea, decidieron avanzar más allá y movilizarse a la Legislatura Provincial. En este momento, iniciaron alianzas políticas con partidos opositores del Intendente de turno.

La visibilización del conflicto obligó al Intendente peronista, Luis Lobos, a brindar una respuesta. No obstante, esta respuesta provocó la división de los/as feriantes: negoció con los/as delegados/as de la feria un nuevo espacio en los terrenos del Ex Ferrocarril Belgrano, al que solo podrían acceder 120 feriantes quedando más de 500 trabajadores/as fuera del acuerdo. Esta situación impulsó una serie de manifestaciones en rechazo no solo al desalojo, sino también al acuerdo de los delegados/as:

“en ese momento surge nuestra organización, que es la Feria Popular de Guaymallén, porque es un conjunto de compañeros que no estábamos para nada de acuerdo con esto que habían aceptado los delegados, empezamos a juntarnos a ver qué hacíamos (…).Dijimos o vamos y nos metemos los 500 y que sea lo que sea, y compañeros dijeron no, no nos vamos a pelear entre nosotros, o vamos y convencemos a los compañeros que volvamos al barrio donde estábamos y la propuesta es que nos den un espacio para todos o para ninguno. Entonces es como que esa fue la bandera que nosotros empezamos a alzar en la Feria. Que las ferias populares no tienen límites, porque no son espacios cerrados (…) son justamente espacios a los que llegan personas que les hace falta el trabajo” (Entrevista a feriante, 2018).

Comenzaron a organizarse a través de asambleas, definieron a la Feria como un espacio abierto destinado a quienes cumplieran la condición de ‘necesitar trabajo’. Inmediatamente, generaron nuevos modos de organización, crearon un Consejo cuya tarea consistía en gestionar lo que la asamblea resolvía. Decidieron continuar con la lucha por sus trabajos y, aunque el predio donde funcionaba la feria continuase cercado por la policía, fueron todos los fines de semana siguientes a vender en las calles aledañas. Luego de un mes decidieron “tomar” esas calles para poder así trabajar:

“esto es una protesta y una lucha, es una pulseada y la tenemos que ganar, hay que sacar las cosas y hay que hacer el día de ventas, entonces empezamos a sacar las cosas, y venían los inspectores a querer quitar y nosotros íbamos a defender los puestos de una compañera, de la otra…hubieron decomiso, nos subimos al camión de los municipales, sacamos todo lo que habían decomisado…fueron semanas bravas” (Entrevista a feriante, 2018).

La Feria funcionaba los fines de semana y los días de semana se movilizaban a Casa de Gobierno, se reunían con concejales, realizaban todas las articulaciones necesarias para continuar la resistencia. Sin embargo, hacia finales del 2014, comienzan a sentir el desgaste del proceso de lucha, por eso aceptaron la oferta de un vecino de ubicarse momentáneamente en la sede de la Colectividad Boliviana. Por las dimensiones del establecimiento y la cantidad de feriantes, era posible que algunos puestos se ubicaran en la vereda de la colectividad, es decir en el espacio público, lo que impulsó la reacción de funcionarios municipales que finalmente ofrecieron puestos a todos estos feriantes en los alrededores del Centro Cultural Le Parc, lindante al Ex Ferrocarril Belgrano. De esta manera, en diciembre de 2014, los diferentes grupos de feriantes confluyeron en el mismo espacio, pero con lógicas diferentes:

“Nosotros seguimos organizándonos en asambleas y dijimos bueno, pero acá no tenemos nada firmado, o sea la feria sigue como antes (…) cuando empezamos nuestra consigna era ‘reconocimiento y legalización de las ferias populares’, y las ferias populares para nosotros era todo eso que nosotros resolvíamos” (Entrevista a feriante, 2018).

Avanzado el año 2016, los rumores de un posible desalojo generaron que los feriantes se organizaran, y mediante asambleas, decidieron movilizarse a la Municipalidad, esta vez presentaron notas a los diferentes bloques políticos. Iniciaron una serie de reuniones en comisiones con concejales y funcionarios municipales con el fin de elaborar una ordenanza que regulase la situación de las ferias populares en Guaymallén. Una vez acordada la ordenanza, a pesar de la dilatación en el tratamiento de la misma, fue aprobada por el Concejo Deliberante^[10]. No obstante, el Intendente radical, Marcelino Iglesias, decidió vetarla esgrimiendo el argumento de “desorden”, siendo que en ella se contemplaban todos los requisitos para su funcionamiento conforme a las leyes y ordenanzas correspondientes:

“vayan a alquilar un espacio privado nos dijo, y entonces llegamos hasta acá. Nosotros jamás concebimos la feria como un espacio privado, ¡jamás!” (Entrevista a feriante, 2018).

La represión policial nuevamente era protagonista del desalojo de la Feria. El espacio El espacio público se volvió el centro de disputa y motivo de represión, encubierto por excusas bromatológicas. Actualmente, continúan con el reclamo referido al propio derecho a trabajar en escenarios públicos que incluyan a todos/as. La feria continúa, pero la violencia policial y judicial los obligó a encerrarse en espacios privados.

La trayectoria de cada grupo de feriantes hizo que hoy existan dos ferias, en predios privados, a metros de distancia. La Feria Popular de Guaymallén, es la que conserva el rastro de la lucha y en la que permanecen las prácticas organizativas asamblearias. A través de un emprendimiento colectivo ayudan a pagar el alquiler del espacio. La existencia de dos ferias cercanas expresa la tensión política entre dos formas de organizarse, de decidir, de significar su trabajo, sus vidas, su lucha: “Consideramos que es una etapa de repliegue, los gobiernos no son eternos. Porque, así como el voto es una herramienta, también lo son la movilización y la organización y desde ahí seguiremos defendiendo el concepto de la feria en el espacio público” (El otro diario, 2017).

Las iniciativas del gobierno municipal y provincial para desactivar el conflicto fueron diversas. Por un lado, el accionar del municipio de Guaymallén fue dividir de a poco, entregando a cuenta gotas puestos en el ex Ferrocarril Belgrano. Por otro lado, desde el gobierno provincial de Francisco Pérez los incitaban, en plena lucha por su espacio de trabajo, a formarse en cooperativas, desconociendo por lo tanto la legitimidad de su organización. Finalmente, ya en el gobierno provincial de Alfredo Cornejo. los reprimieron, detuvieron y hasta imputaron judicialmente, logrando con ese amedrentamiento la reclusión de las ferias en predios privados.

Ubicamos las experiencias relatadas en la tradición de lucha de los/as trabajadores/as populares, que más allá de no estar aglutinados bajo una gran organización popular o sindical, han sido capaces de cuestionar a sus propios delegados, disputar límites impuestos gobiernos locales como por la Jueces y, continuaron la lucha por su trabajo. Construyeron nuevas formas de organización, establecieron prácticas con mayor nivel de democracia y ensamblaron los discursos con prácticas de mayor cooperación y solidaridad, prefigurando en la propia lucha, formas de trabajo que anhelan.

6. Reflexión final

Este artículo se sitúa desde una perspectiva crítica que considera a la clase trabajadora como el conjunto de trabajadores/as que va más allá de la “norma” del empleo asalariado, cuya concepción clásica de trabajo dejaba afuera también el trabajo de las mujeres como de los/as migrantes. Asimismo, entendemos que la reestructuración capitalista provocó grandes transformaciones en el mercado de trabajo y con ella surgieron nuevas resistencias al capital que es necesario analizar y articular políticamente.

La fragmentación del mercado laboral, la creciente desigualdad social, la persistencia del “desempleo estructural”, las tendencias precarizantes en todos los órdenes de la vida, obligaron a recuperar viejos conceptos, como es el de autogestión, y (re)crear nuevas estrategias. La heterogeneidad del mundo del trabajo complejiza las formas de organizar “otros modos” de trabajo y producción, mostrando, por lo tanto, la contradicción que la sobrevivencia trae aparejada. Por ello, retomar la historia de las experiencias de autogestión en Argentina, así como tener presentes todas aquellas experiencias que echen luz a los límites y desafíos que la actualidad de la clase trabajadora reclama, resulta más que necesario.

En este sentido, hemos analizado los debates que en torno a estas experiencias surgen y expusimos, también, las tensiones que las experiencias concretas presentan. Experiencias estas últimas, que como vimos en Mendoza, se expandieron en momentos de reactivación económica, lo que sugiere nuevas preguntas, vinculadas a la relación entre estas actividades económicas con las cadenas de valorización del capital o las causas de continuidad y expansión de las experiencias de la economía popular a lo largo del tiempo.

Sostenemos que el sector de la economía popular incluye una diversidad de experiencias y que, así como presentamos con las ERT y la Feria Popular de Guaymallén, la economía popular es mucha más heterogénea de lo que se plantea. A su vez, la vinculación con el Estado y sus diferentes gobiernos no es lineal, tiene un amplio espectro de grises, que invita a profundizar sobre esta relación, su institucionalización y las luchas por una sociedad más equitativa. Nuevamente, frente a un cambio de gobierno a nivel nacional, en nuestro país, nos encontramos expectantes sobre cuál será el rumbo de las políticas hacia el sector.

Para finalizar, posicionarnos desde una perspectiva crítica significa rechazar la simple pretensión de “inclusión” de trabajadores/as individuales a una lógica que los expulsa o subordina; así como contribuir al debate de las perspectivas teóricas, que en clave emancipatoria, reconocen a las experiencias solidarias y autogestivas como prefigurativas de una sociedad más justa.

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El otro diario. (2017, febrero 7). "Vuelve la Feria". Recuperado de http//:www.elotro.com.ar/volvio-la-feria-guaymallen/

Notas

Información adicional

Cómo citar: “Bertolotti, F. y Ortubia Diaz, E. (julio de 2020). Experiencias autogestivas de la economía popular. Las Empresas Recuperadas y la Feria Popular de Guaymallén, Mendoza (2003-2019). En Revista de Estudios Sociales Contemporáneos N° 23, IMESC-IDEHESI/CONICET, Universidad Nacional De Cuyo, pp. 72-94”