1. Introducción

Este trabajo presenta una reflexión sobre el cambio de la estructura económica que viene ocurriendo en las principales zonas metropolitanas de la región central de México y su impacto sobre la ocupación^[2]. A partir de sostener que la estructura de la desigualdad social está ligada a la heterogeneidad económica y que el ensamble entre esas estructuras se procesa a través del patrón tecnológico y del empleo, en este trabajo se analizan los componentes del cambio en las estructuras sectoriales y su relación con las estructuras ocupacionales en las zonas metropolitanas de la región. Se considera que entre las ciudades de la región no hay convergencia ni similitud, sino que tienden a desarrollarse de manera diferente y desigual. Esto, a la larga, afecta también las condiciones de empleo y bienestar en cada ciudad^[3].

El trabajo está dividido en cinco partes. Después de esta Introducción, el apartado segundo expone algunos conceptos teóricos que sirven de marco a la reflexión. El tercero contiene una breve crítica a las teorías dominantes del espacio urbano y regional y a la vez muestra la relevancia que ha adquirido el estudio de lo territorial -lo regional y lo urbano- en las teorías actuales del desarrollo. El cuarto contiene el análisis de los cambios estructurales en las zonas metropolitanas de la región. Las conclusiones componen el apartado quinto.

2. Desigualdad y empleo en el contexto urbano

La desigualdad y la pobreza son características permanentes de las sociedades latinoamericanas. Permanentes mas no naturales. Son construcciones sociales que resultan de la producción y reproducción de las estructuras y procesos en que actúan los agentes sociales (Cimadamore y Cattani, 2008). A su vez, las acciones de los agentes sociales nutren esas estructuras y procesos. La desigualdad y la pobreza se expresan en la configuración del territorio. El espacio urbano es una construcción social que asume y reproduce la estructura de las relaciones sociales que lo conforman, entre ellas las estructuras económicas y ocupacionales.

La pobreza urbana y la pobreza rural son distintas (Ziccardi, 2008). Generalmente, la primera no es absoluta sino relativa dado que los habitantes de las ciudades pueden acceder a condiciones mínimas de alimentación, vivienda, salud, educación, vestido, recreación, etc., por medios propios o proveídas no mercantilmente por instituciones gubernamentales o privadas. Por supuesto, lo anterior depende de las propias condiciones de urbanización que ha alcanzado cada ciudad. Pero el grado a que han llegado la desigualdad y la precariedad urbanas advierten del peligro de ruralizar la pobreza en las ciudades en el sentido de convertirla en pobreza absoluta, al menos en algunas de sus áreas más desprotegidas. La segregación y la fragmentación que caracterizan crecientemente a nuestras grandes aglomeraciones urbanas pueden tener esa consecuencia.

Entre el crecimiento económico y la distribución de la riqueza median el empleo y sus prestaciones (Tokman, 2004). La desigualdad, la pobreza y la exclusión han aumentado en nuestras sociedades durante los últimos años debido, en primer lugar, a la transformación de los procesos de trabajo y sus condiciones. La denominada flexibilidad laboral ha repercutido no sólo en el deterioro relativo de los ingresos salariales y el menoscabo del poder adquisitivo de la mayoría de los trabajadores, sino también en el debilitamiento de los beneficios asociados al empleo permanente, la seguridad social y la justicia laboral. En segundo lugar, al retraimiento del Estado en cuanto a la provisión, protección y subsidio de los servicios públicos para los trabajadores, especialmente salud, agua, transporte y educación. La mercantilización de las condiciones del bienestar ha implicado un encarecimiento de los satisfactores básicos y ha estimulado la relocalización de las familias en las áreas suburbanas o periféricas de las grandes aglomeraciones urbanas.

En tercer lugar, el fin del paradigma de la contratación colectiva en materia laboral ha implicado una especie de libertad e individualización de los trabajadores, especialmente en los sectores de tecnología más sofisticada, donde cada uno es su propio empresario (dueño y responsable de su capital humano). En lo económico y en lo social hay una individualización de la vida urbana (Bourdin, 2007). El trabajo a distancia y en casa lo ejemplifica. Esta nueva y creciente modalidad social de la organización laboral ha tenido cierto impacto sobre la localización de la demanda habitacional, cultural y de negocios, particularmente en las metrópolis o las ciudades medias con cierto avance tecnológico, además de acelerar la diferenciación social y la fragmentación urbana.

Lo anterior ha tenido como primera derivación la de frenar y revertir el mejoramiento de las condiciones de la vida urbana que se había logrado durante el período del desarrollo hacia adentro; la segunda consecuencia ha sido la generalización de la desigualdad, la pobreza y la exclusión; la tercera, la expansión de las actividades económicas informales, y la cuarta, contribuir a la segmentación y segregación del espacio urbano, puesto que los grupos de altos y medios ingresos buscan aislarse de la masa social pauperizada y protegerse de la violencia que ha resultado del desgaste constante de la cohesión social.

Frente a estos problemas, las políticas gubernamentales no parecen tener opciones. Esto, desde mi punto de vista, se debe a que la mayoría de los gobiernos encargados del desarrollo urbano están atrapados por el paradigma económico neoliberal. No hay verdaderas políticas de empleo y salarios, por ejemplo, porque el modelo supone que los factores de la producción son remunerados de acuerdo con su contribución a ella y que los mercados libres conducen a una distribución eficiente y justa de los ingresos. Suponen también que el crecimiento genera desarrollo de manera automática. Pero la realidad parece contradecir esos postulados.

La teoría neoclásica de la economía espacial, aún en su versión más moderna, como la de Fujita, Krugman y Venables (2000), supone que las ciudades crecen de conformidad con un patrón tendiente al equilibrio, tanto hacia su interior como en relación con las ciudades vecinas^[4]. Esta idea se encuentra detrás de muchos análisis empíricos y decreta que la realidad distorsiona el modelo:

Si bien el modelo es imperfecto en la realidad, su valor explicativo reside en que la expansión se da necesariamente sobre las periferias y es guiada o interrumpida por decisiones históricas que crean zonas de mayor o menor atractivo y que distorsionan la simetría conceptual de los anillos; esto se debe a que la expansión de las ciudades ocurre inmersa en otros procesos de cambio (relocalización de actividades económicas, construcción de equipamiento como centros comerciales, ejes viales, aeropuertos, corredores industriales o de servicios, etcétera), que a su vez modifican la ubicación espacial de los distintos grupos sociales, por lo que es útil como marco de referencia desde la óptica del análisis de las desigualdades, la segregación y, con ello, de la gestión urbana. (Almejo y Téllez, 2015: 199).

Por otro lado, las teorías del desequilibrio postulan procesos diferenciados y hasta opuestos entre los ámbitos del desarrollo y los del no-desarrollo. En el plano urbano, la cuestión puede plantearse en términos del desarrollo desigual y contradictorio entre los países, las regiones, las ciudades de una misma región o las áreas de una misma ciudad. Aquí sólo abordaremos la cuestión intrarregional.

2.1. Del crecimiento al desarrollo: la necesaria territorialización del problema y la ciudad

En los años noventa del siglo pasado y la primera década del presente, la teoría neoclásica del crecimiento económico endógeno derivó hacia la teoría neoclásica del desarrollo endógeno, lo que condujo, a la vez, a que el tránsito teórico del campo del crecimiento al campo del desarrollo haya tenido que ser, literalmente, un proceso de aterrizaje. En efecto, la reflexión formal sobre los factores o las fuentes del crecimiento tuvo que dejar el énfasis en lo funcional (sectores económicos) para atender la cuestión del territorio, territorializarse (Rosales, 2006: 137), reconocer que cada territorio es peculiar y que lo económico no explica de manera exhaustiva esa especificidad sino que para comprenderla, aunque sea medianamente, es preciso tomar en cuenta los elementos sociales, políticos y culturales que la componen, puesto que son estos elementos, sedimentados históricamente, los que constituyen en gran medida la singularidad de cada lugar. Los activos culturales son endémicos, en palabras de Scott y Storper (2013).

Ahora bien, precisamente con la globalización, a fines de los ochenta y principios de los noventa, se puso énfasis en el papel de las ciudades como nodos de las relaciones internacionales, resaltando en particular el modelo de la ciudad global. Los estudios sobre la ciudad en América Latina, por ejemplo, se orientaron a mostrar cuáles ciudades importantes podían alcanzar esa categoría “de clase mundial” (Duhau, 2014). Sin embargo, su creciente heterogeneidad estructural y su desigualdad social, han llevado a poner en duda la relevancia otorgada a su papel en el sistema mundial. Por otra parte, la expansión urbana y metropolitana y el proceso de desindustrialización/terciarización ocurrido en las grandes metrópolis y la relocalización de las industrias en lo que se ha denominado periurbanizaciones, urbanizaciones difusas o ciudades-región, también ha llevado a reconsiderar las características distintivas de estas nuevas formaciones urbanas, revalorar la ampliación de su marco territorial de influencia y volver a pensar en las regiones.

Según Hiernaux,

los estudios realizados en los últimos 20 años muestran un cambio radical en el patrón de relación entre ciudades y regiones: mientras que las primeras se desindustrializan y se convierten en economías tercerizadas [sic], las segundas acogen nuevas industrias las cuales generan el crecimiento de ciudades medias que no pasaban generalmente de ser centros regionales menores. Se incrementa además la circulación de bienes y personas entre regiones a partir de esta desintegración de las bases industriales de las principales ciudades. Sin embargo, este proceso no indica que las grandes ciudades pierden su control sobre el sistema regional, sino que lo ejercen mediante los flujos financieros entre otros, y sobre todo, por el hecho de concentrar las principales funciones de mando y las sedes de las plantas industriales que se dispersaron a lo largo de las economías regionales (Hiernaux, 2014: 14).

3. El caso de la región central de México

Como hemos dicho, la desigualdad, la pobreza y la exclusión no aparecen de pronto ni por casualidad. Se gestan a través de complejos procesos estructurales de larga duración. Esta sección presenta algunos avances de una investigación en curso que pretende registrar cuáles son los cambios de la estructura económica sectorial de las zonas metropolitanas de la región central de México -la relocalización industrial y la terciarización- y su impacto sobre las características de la ocupación.

3.1. Antecedentes

Hace veinte años De Mattos cuestionaba que el crecimiento urbano y metropolitano en Latinoamérica tendiera a la convergencia y la reducción de las desigualdades regionales, como postulaba la teoría. Más bien, dado que el capital fluye predominantemente hacia los territorios mejor dotados con capital físico, humano, social y conocimientos, el proceso de acumulación circular generaría un aumento de los desequilibrios regionales. Se observaba que la inversión extranjera, y la nacional por consiguiente, se dirigían al sector de los servicios (el autor no menciona que la IED en AL se canalizó también a la explotación de recursos primarios, ni que las inversiones trasnacionales en manufacturas se orientaron hacia Asia y África, por los bajos salarios y la clase obrera obediente), y que las “áreas metropolitanas principales” (AMP) recibían a las cabezas corporativas de las empresas trasnacionales debido a su dotación de infraestructura, conectividad y servicios especializados, mientras que no quedaba muy claro hacia dónde se dirigían las inversiones industriales puesto que se registraban cerca de los recursos naturales tanto como en los territorios urbanos. En cualquier caso, se observaba un proceso de “suburbanización y/o periurbanización a partir de los núcleos urbanos originales” (como Sao Paulo o la Ciudad de México), una “metropolización expandida”, una expansión tentacular que absorbía otros centros urbanos para conformar una “metrópoli-región policéntrica”, un “archipiélago urbano de fronteras difusas, signando un tipo de configuración territorial en la que coexisten con grandes espacios vacíos o semivacíos” (De Mattos, 1998: 724, 746-747). En este marco, había ciudades medias que podían ganar o perder^[5], dependiendo de sus dotaciones de capital, ventajas comparativas y las vinculaciones que tuvieran con las AMP. Los factores que incidían en esta reconfiguración territorial eran: los medios de transporte, las tecnologías de información y comunicación, la televisión, las estrategias empresariales, la inclinación de las élites a escapar de la congestión de las áreas urbanas centrales y el desplazamiento de los desposeídos hacia las zonas marginales; todo mediado por el capital inmobiliario.

Aunque la conceptualización enunciada por De Mattos es correcta, según mi punto de vista, una de las cuestiones a dilucidar es la delimitación y caracterización de esa “metrópoli-región policéntrica” o “archipiélago urbano” con fines de análisis concreto. Para empezar, me inclino por descartar la noción de megalópolis que se ha puesto de moda, con base en los pertinentes argumentos expuestos por Connolly (1999). Ahora bien, como resume Ramírez (2010), a la misma cosa se le denomina megalópolis, ciudad-región, sistema de ciudades, urbanización regional o región metropolitana, entre otros términos, aunque debe precisarse que en ellas hay tanto rasgos coincidentes como algunas variaciones en lo que se intenta conceptualizar.

La noción de sistema urbano o sistema de ciudades o incluso redes de ciudades, remite precisamente a la existencia explícita o subyacente de un orden más o menos sistémico entre las ciudades -y las metrópolis, en su caso- del territorio que se está estudiando, sea mundial, nacional o regional. Esto supone que hay vínculos claros entre ellas, principalmente de tipo funcional. Esta manera de ver las cosas facilita la lectura estadística de las características de los conglomerados, según la teoría económica dominante. Por ejemplo, Sobrino (2010) y Trejo (2013) calculan, para el sistema urbano/metropolitano nacional mexicano y sus distintas regiones, índices de concentración/dispersión, diversificación/especialización, eficiencia y competitividad entre 1998 y 2010 y obtienen algunas conclusiones generales, como que las ciudades y regiones son heterogéneas y han crecido de manera desigual; que el patrón territorial del modelo económico actual ha favorecido a la franja norte y la centro-norte del país; que entre más grandes las áreas urbanas tienden a ser más diversificadas, pero no necesariamente; que hay un aumento relativo del sector servicios, etc., así como algunas conclusiones particulares que deben ser verificadas, como que el umbral crítico de la diversificación por economías de urbanización, es decir, el crecimiento autosostenido comienza en los 250,000 habitantes y que las ciudades maduran, su estructura se reconcentra y su crecimiento se estabiliza al llegar al millón de habitantes para depender de las economías de localización y alcance. Sin embargo, ellos mismos reconocen que no hay correlaciones definitivas entre las variables consideradas y, por consiguiente, el grado de agregación del análisis -con todo y la adición de unidades territoriales y población^[6]- impide conocer de esa manera los factores que determinan la dinámica concreta de las ciudades y las metrópolis, de lo cual se exceptúan, por cierto, las áreas urbanas claramente especializadas en actividades industriales, agroindustriales y turísticas o en las que los servicios al productor o superiores han alcanzado niveles notables de crecimiento. Lo anterior significa, en otras palabras, que las tendencias promedio no explican los comportamientos al interior de cada región y que hay elementos extraeconómicos que inciden en los procesos de reconfiguración territorial a nivel urbano, metropolitano y regional.

Por otro lado, no hay unanimidad acerca del concepto de región, pues difiere entre autores, propósitos de los estudios y disciplinas (Rózga-Lute y Hernández-Diego, 2010). Para nosotros, una región -o una regionalización- se concibe a partir de una doble determinación: la región como construcción social y la región como construcción epistemológica (Rózga-Lute y Hernández-Diego, 2010). Por una parte, la región se crea a partir de considerar las características y cambios que emergen y asumen sus procesos endémicos sociales, económicos, políticos, culturales, etc., y que inciden en la conformación de la dialéctica particular de la dualidad sociedad-territorio, es decir, la especificidad del espacio socio-geográfico y su dinámica. Por otra parte, esa configuración se elabora conforme al interés y la metodología de quien define la delimitación geográfica a partir de sus premisas y objetivos.

En ese sentido la Región Centro de México no está institucionalizada: pues su conceptualización “es un proceso históricamente contingente y permanentemente abierto, inacabado y en transformación”:

El concepto de institucionalización regional [cursivas de García] alude al proceso mediante el cual una unidad territorial emerge como una parte de la estructura espacial de una sociedad y se convierte en una entidad establecida y reconocida claramente en diferentes esferas de la acción y la conciencia colectivas. A efectos analíticos puede ser dividido en cuatro fases o facetas” no necesariamente sucesivas ni este orden: asunción de la forma territorial; desarrollo de la forma conceptual y simbólica; desarrollo de la forma institucional, y reproducción o establecimiento de la región como parte del sistema y la conciencia socioespacial (García, 2006: 45-46).

En nuestro caso, la zona de estudio, la región central de México, está definida por dos supuestos interrelacionados. El primero tiene que ver con la influencia económica de la ZMCM en las zonas metropolitanas, ciudades y poblaciones cercanas, a través de la movilidad y el flujo de personas y mercancías, es decir, la interacción permitida por la distancia física. El esquema centralista de la Ciudad de México en lo económico, político y cultural es intrínseco a la formación y evolución de la nación mexicana, pero hay modelos económico-territoriales de tipo gravitacional que lo verifican para los últimos años. Ello ha permitido aseverar que “las zonas metropolitanas de Cuernavaca, Tlaxcala, Toluca, Pachuca, Puebla y Querétaro gravitan alrededor de la ZMVM” (Sánchez, 2016: 21).

Entonces, como Bataillón sostiene, en la delimitación de la región central de México deben considerarse, en segundo lugar, los motivos no sólo de distancia sino también de historia y vinculación política. En particular, las capitales de las entidades federativas pertenecientes a la región (Puebla, Tlaxcala, Cuernavaca, Toluca y Pachuca), excepto Querétaro, son “desprendimientos del nodo central de poder y urbanización” del país, configurados a lo largo de su historia, y [que] han fungido como satélites de la Ciudad de México (Bataillón, 1999: 141)^[7]. En efecto, el desarrollo de esas ciudades fue impulsado desde la Ciudad de México en distintos momentos de la historia para contrarrestar el peso económico y político de las élites de otras ciudades, debilitar su dominio regional y aumentar el poder del centro. Por lo mismo, un estudio integral de la región debería considerar también la influencia social, política y cultural entre las ciudades, pero estos aspectos exceden los alcances del presente ensayo.

Podemos describirla en palabras de Eibenschutz, aunque la considera megalópolis: “se caracteriza por contener un territorio discontinuo donde se presentan grandes concentraciones urbanas, pero también extensas áreas rurales dedicadas a la producción agropecuaria y forestal. Conforme pasa el tiempo, la interacción entre las zonas metropolitanas es más intensa y más diversa, y se incrementa el número de personas y bienes que circulan a diario entre ellas”; “un porcentaje creciente de ellos [los habitantes] se desplaza cotidianamente de una a otra metrópolis para desarrollar sus actividades”. Comparten problemas, como los medioambientales, jurídicos, de gobierno y participación, pero “no hay identidad, ni cohesión social ni sentido de pertenencia a la megalópolis” (Eibenschutz, 2010: 15-16).

Aunque hay otras zonas metropolitanas en la región^[8], hemos seleccionado las de Querétaro, Cuernavaca, Pachuca, Puebla-Tlaxcala y Toluca por ser aparentemente las de mayor peso relativo y más dinámicas^[9]. En kilómetros, la distancia de la Ciudad de México a Querétaro son 217.5, a Puebla-Tlaxcala 134.5, a Pachuca 91.2, a Toluca 66.0 y a Cuernavaca 92.3. En auto, eso representa aproximadamente de 45 minutos a dos hora y media. No es extraño encontrar en la Ciudad de México y su Zona Metropolitana cada vez más personas que a diario o semanalmente llegan a trabajar o estudiar desde Cuernavaca, Pachuca, Puebla-Tlaxcala y Toluca. De Querétaro son menos numerosos los traslados cotidianos hacia la capital del país, pero también los hay. Asimismo, cada día aumenta la cantidad de traslados diarios o semanales de la ZMVM hacia esas ciudades cercanas^[10].

Sin embargo, el concepto de región económica integrada es difícil de sostener pues la interacción directa entre esas cinco zonas metropolitanas no era fácil antes del período considerado en estas líneas ya que no había un sistema de carreteras transitables entre ellas que evitara pasar obligadamente por la Ciudad de México. Tampoco hay una red de ferrovías. Una vieja carretera que conecta Puebla-Tlaxcala con Cuernavaca rodeando por el suroriente los volcanes Iztaccíhuatl y Popocatépetl, y otra entre Toluca y Cuernavaca, aunque remozadas ahora, no eran ni son de primera categoría. Así, desde el punto de vista de los transportes y las comunicaciones había una fuerte dependencia de la capital del país (Islas et al, 2004: 94). El caso de la ciudad de Querétaro es particular porque ha recibido el impacto territorial del patrón de desarrollo hacia adentro en los años sesenta y setenta y de la estrategia actual de exportación hacia Estados Unidos^[11]. En cambio, el Arco Norte -moderna autopista de cuota- que conecta Puebla-Tlaxcala, Pachuca, Querétaro y Toluca bordeando la ZMCM^[12], es reciente, data de 2009. En consecuencia, puede afirmarse que la dinámica de integración económica de la región no disponía anteriormente de condiciones de infraestructura que la facilitaran y que, en cambio, debe haber cobrado fuerza en los últimos años.

La transformación y desaceleración económica del capital del país ha repercutido de diversas maneras en la dinámica de las zonas metropolitanas de la región. Algunos autores tienen una visión pesimista: “Respecto al sistema urbano regional de la región centro del país, la ciudad de México es como un gran árbol a cuya sombra no crece el pasto” (Carrillo, citado por López, 2010: 74). Pero hay también signos contrarios. Hay que ver hasta dónde se cumple la metáfora.

Figura 1
La región central de México y sus zonas metropolitanas

3.2. Las zonas metropolitanas de la región central

A continuación, se presenta un análisis preliminar de la forma como han evolucionado la estructura económica y del empleo en las principales zonas metropolitanas de la región central de México entre 1999/2000 y 2013/2014, para luego relacionar esos cambios con la ocupación y los ingresos de los trabajadores.

a) Demografía y producción

Lo primero a destacar es la amplitud del rango demográfico que se deriva de los criterios utilizados para definir una zona metropolitana (Cuadro 1)^[13]. Tal asimetría debiera alertar sobre la pretensión de generalizar conclusiones a este nivel de análisis.

En el conjunto de las cinco principales zonas metropolitanas de la región central de México -excluida la ZMCM- la población creció 24.1%, entre 2000 y 2013, una tasa anual promedio de 1.6% aproximadamente (Cuadro 1).

Las zonas metropolitanas crecieron de manera desigual, entre el 15.8% de Cuernavaca y el 36.6% de Pachuca. Sin embargo, la proporción de la población de cada zona en el total no varió significativamente. Las participaciones porcentuales de Puebla-Tlaxcala y Cuernavaca sólo se redujeron un punto, de 39% a 38% y de 13.8% a 12.8%, respectivamente, mientras que las de Pachuca, Querétaro y Toluca aumentaron sólo 0.6, 1.1 y 0.3 puntos en cada caso (Cuadro 2)^[14]. Esto significa que ninguna registra la tendencia a adquirir el papel protagónico que la ZMCM tiene actualmente en la región.

El Cuadro 2, referido al Producto Interno Bruto de las zonas metropolitanas en estudio, muestra una situación equivalente a la demográfica. La tasa de crecimiento anual promedio de cada una es disímil, pero todas superan la de la ZMCM, de hecho, algunas la doblan. Sin embargo, las proporciones no se alteran significativamente, ésta seguía contribuyendo con 4/5 del producto total.

Además, ni en los datos demográficos ni en los de producto se aprecia una correlación clara entre el ritmo de crecimiento y el tamaño de la ciudad. La dinámica de cada una parece responder a otros factores.

En la Gráfica 1 se muestra el Índice de Crecimiento del PIB de cada una de las entidades federativas de la región central en el período 2005-2013, donde se encuentran las zonas metropolitanas que estamos analizando. Este Índice refleja la velocidad de acumulación del producto. El período incluye la crisis de 2008-2009 y la leve recuperación posterior. Las diferencias pueden verse con más claridad en una y otra etapa. Nótese que el ritmo de crecimiento del producto de Querétaro se despega del conjunto de la región, mientras que el de Morelos se rezaga. En cambio, los de Hidalgo, Puebla y el Estado de México crecen juntos a un ritmo intermedio (la trayectoria de la Ciudad de México y la del país también se encontrarían en medio). Cabe advertir que el cálculo de las entidades comprende varias zonas metropolitanas adicionales a las que estamos estudiando, no obstante, esto mismo es indicativo del proceso de diferenciación intrarregional que se está presentando y que afecta a las otras zonas metropolitanas, en línea con la orientación hacia el norte del crecimiento económico del país.

Gráfica 1
PIB por entidad federativa
Elaboración propia con base en INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales

b) El peso gravitacional

Sánchez Almanza (2016) revisó los modelos gravitacionales que se han utilizado para dar cuenta de la relación entre la capital del país y las zonas metropolitanas de su alrededor. Encontró que el peso gravitacional de la ZMVM ha disminuido a nivel nacional por la desindustrialización de la Ciudad de México y la emergencia del peso económico relativo de la zona norte y la centro-norte del país, a su vez consecuencia del modelo neoexportador. En contrapartida, como puede observarse en el Cuadro 3, las zonas metropolitanas de Toluca, Querétaro, Cuernavaca y Pachuca registraron crecimientos espectaculares de su peso gravitacional entre 1966 y 2006, aunque su participación sigue siendo pequeña. Querétaro y Toluca casi alcanzan a Puebla-Tlaxcala. En el caso de Pachuca, aunque está más cerca de la Ciudad de México, o quizá por eso, creció menos. En el Cuadro 3 se han incluido la Franja Norte y la Franja Sur con fines comparativos; ésta última comprende sólo tres zonas metropolitanas: Mérida, Acapulco y Villahermosa.

Destaca también que los cambios más pronunciados ocurrieron entre 1966 y 1986, excepto en la Franja Norte y la Centro, donde fueron más intensos en 1986-2006, al calor del modelo neoliberal y neoexportador que acentuó la dependencia de la economía nacional respecto de la estadounidense. De hecho, en este período, precisamente, aumentó el peso gravitacional de la Zona Metropolitana de Querétaro.

c) Los cambios sectoriales y el territorio

El Cuadro 4 muestra las variaciones del peso relativo de las cinco principales zonas metropolitanas en el total regional -sin la Zona Metropolitana de la Ciudad de México (ZMCM)- según algunas variables económicas, de 1999 a 2014.

Puede observarse que las unidades económicas y la ocupación aumentaron 76.1% y 85.1% en el período, lo que se tradujo en que la población ocupada aumentara del 15% al 22.4% de la población total. En particular, puede anotarse que, en términos de empleo y remuneraciones, las zonas metropolitanas de Querétaro y Pachuca han resultado relativamente ganadoras, mientras que las de Cuernavaca y Puebla-Tlaxcala han sido relativamente perdedoras, y Toluca muestra resultados contradictorios. Estas cifras sí pueden correlacionarse con la variación del peso demográfico de cada zona en el conjunto de la región: el aumento del empleo está relacionado con el aumento de la población. Esto sólo confirma el papel dinámico de la economía urbana. En este sentido, hay en el conjunto regional un incremento del empleo y una reducción de la tasa de dependencia, no obstante que, como se verá más adelante, este aspecto no representa una mejora cualitativa muy importante para la mayoría de la población.

En los Cuadros 3 y 4 es claro a primera vista que la ZM de Querétaro ha sido la más dinámica de las cinco, pues tiene los cambios más altos en todas las variables excepto en valor agregado, donde es superada significativamente por Puebla-Tlaxcala, y en cantidad de establecimientos, donde Toluca aumentó relativamente un poco más. Esto confirma la evidencia que se ha acumulado en otras investigaciones en cuanto a que el crecimiento de Querétaro está vinculado a la septentrionalización del modelo neoexportador y se ha registrado en sectores de mayor tecnología, empleo calificado, empresas más grandes y trasnacionales, como la aeronáutica. El incremento de la productividad en Puebla-Tlaxcala, en cambio, parece ser resultado más de la lenta expansión de las actividades intensivas en mano de obra barata que de la intensidad tecnológica, puesto que son débiles su inversión y aumento de activos fijos. Si esto es así, estaría reflejando la dificultad de renovación que ha encontrado la planta productiva de esta zona metropolitana, de un perfil más tradicional (predominantemente textilero). Esa lentitud explicaría asimismo que Puebla-Tlaxcala sea expulsora de población, como indica el Cuadro 2. Por su lado, Toluca también creció en empleo y establecimientos, pero como en el caso de Puebla-Tlaxcala, parece responder a sectores más tradicionales. Por su parte, Pachuca tiene cifras positivas, aunque no espectaculares. La más rezagada es Cuernavaca, quizás debido a que los esfuerzos de industrialización aplicados en los últimos años no han podido rebasar el perfil turístico que la caracteriza desde su fundación.

Es importante resaltar que, con diferentes magnitudes, todas las variables en todas las zonas metropolitanas cambiaron a favor del sector terciario^[15]. Esto no es extraordinario. El fenómeno de la terciarización es común actualmente en todas las áreas urbanas del mundo, excepto en aquellas pertenecientes a los países denominados emergentes donde se están llevando a cabo procesos de industrialización acelerada. En la región, las únicas excepciones se presentaron en la zona metropolitana de Querétaro y en la de Cuernavaca, donde la inversión fija en el sector secundario creció más que en el terciario, 9.5 y 6.2 puntos, respectivamente, así como en Puebla-Tlaxcala, donde el valor agregado del sector secundario creció levemente en 1.4 puntos. El incremento de la inversión en Querétaro y Cuernavaca parece estar ligado a la apertura de parques industriales, mientras que el del valor agregado en Puebla-Tlaxcala, a una sobreexplotación del trabajo. Esto parece indicar que la industrialización no ha dejado de ser, si no el principal, un factor crucial de progreso económico en las ciudades, en contra de la hipótesis que atribuye ese papel relevante a los servicios superiores. Por lo general, el discurso dominante a nivel nacional e internacional hace hincapié en este aspecto, mientras que los gobiernos subnacionales no dejan de intentar atraer inversiones también en el sector secundario. Esto es lógico puesto que son generadoras de mayor empleo relativo, y refleja las diferencias de visión que hay entre los principios abstractos que guían las políticas nacionales y las necesidades políticas concretas a que están sujetas las estrategias locales.

El Cuadro 5 presenta la composición estructural de las actividades económicas en cada zona metropolitana. Destaca el gran peso de la población ocupada en las actividades manufactureras en Querétaro (34.7%) y su pequeña participación en Pachuca (12.5%). En contraste, la población ocupada en comercio al menudeo en Querétaro es la menor de las cinco mientras que la de Pachuca es la mayor. Así, desde el punto de vista del empleo, Querétaro puede considerarse como una zona metropolitana con perfil industrial mientras que el de Pachuca es más bien comercial. Las otras zonas metropolitanas se sitúan entre ellas. Sin embargo, paradójicamente, la contribución de las manufacturas a la producción bruta de la zona metropolitana respectiva es mayor en Puebla-Tlaxcala, Toluca y Cuernavaca, lo que indicaría, más que una productividad relativamente elevada en las empresas del sector, un grado bajo de diversificación de las economías zonales y una productividad relativamente menor de los negocios de los sectores primario y terciario al interior de la zona. La inversión manufacturera también tiene un papel importante en las cuatro zonas metropolitanas durante el período en estudio. Por último, Querétaro tiene una proporción menor de unidades económicas en la industria manufacturera, lo que sugiere, en combinación con los datos ya mencionados, la presencia de empresas más grandes.

En el Cuadro 6 se observa que la ZM de Querétaro parece tener la estructura económica más desarrollada de la región. Un indicador de ello es que, aunque en ningún caso se superan las participaciones de los servicios tradicionales, la participación de los servicios superiores en población ocupada, producción bruta y formación bruta de capital es mayor en Querétaro que en cualquier otra zona metropolitana.

En cambio, visto desde el otro lado, el peso de los servicios tradicionales es mayor en Pachuca que en las otras zonas metropolitanas en casi todas las variables, significativamente en producción bruta, formación de capital fijo y activos fijos. Esto es indicativo de su gran peso relativo en el conjunto de la economía de la zona metropolitana y de su rezago respecto de las otras zonas metropolitanas.

De cualquier modo, es relativamente baja la participación de los servicios superiores en el total de las actividades en todas las variables consideradas de todas las zonas, lo que refleja un nivel de madurez económica media (Querétaro, Puebla-Tlaxcala, Pachuca) o menor (Toluca y Cuernavaca)^[16].

Pero es necesario precisar en qué consiste la terciarización de las zonas metropolitanas y cómo se expresa en el territorio, especialmente en el caso de los denominados servicios superiores, puesto que se utilizan para indicar el grado de avance, madurez o desarrollo de una economía. Los estudios aplicados en este campo todavía escasean y más la información disponible, pero se pueden apuntar algunas ideas al respecto. El crecimiento del sector terciario -comercio y servicios- es un fenómeno generalizado en las economías urbanas de todo el mundo, pero se convierte en un tema de análisis -y en un problema- cuando la población ocupada en ese sector o su producto pasan a ser más relevantes que el empleo y la producción de las manufacturas, acompañándose de una desaceleración de la productividad y el crecimiento económico. Esto conduce, entonces, a distinguir las actividades terciarias superiores de las inferiores, es decir, las que aportan más de las que aportan menos al producto por unidad de capital y de trabajo. No hay acuerdo unánime al respecto (Romero, 2007), pero comúnmente se clasifican entre las primeras los servicios financieros e inmobiliarios, las actividades relacionadas con los medios masivos de información y comunicación, las tareas de consultoría y apoyo a las empresas, cierto tipo de transporte y el comercio y turismo de altos ingresos. El resto del comercio y los servicios (como los gubernamentales, sociales y comunitarios) se ubican entre los segundos. A su vez, dentro de los servicios al productor o empresariales se encuentran las tareas relacionadas con la publicidad, informática, logística, contabilidad, procesos administrativos, contratación y administración de recursos humanos, ingeniería, leyes, investigación de mercados, etc. Debido al grado de especialización y costos que implican estas tareas, las empresas tienden a tercerizarlas o externalizarlas, multiplicándose las empresas dedicadas a ellas. Al mismo tiempo, como involucran conocimientos especializados, trabajo profesional e ingresos más elevados, se han tomado como referencia para indicar el progreso económico. Se establece una relación cuasi mecánica entre el aumento de unidades económicas, personal ocupado y activos con el desarrollo de la economía en cuestión.

Sin embargo, esa deducción no es tan sólida, al menos en nuestro caso, lo que nos lleva a plantear algunas hipótesis. El recorrido de campo nos ha permitido observar que el perfil del sector terciario visible en las ciudades de Puebla y Querétaro es distinto que en Cuernavaca, Toluca y Pachuca. Es decir, en las dos primeras hay, por ejemplo, plazas comerciales más grandes con clientelas de ingresos más altos. Debido a su grado mayor de industrialización, es dable pensar que también son más numerosos los servicios superiores empresariales (informática, publicidad, gestión, financieros, inmobiliarios, educativos y tecnológicos). En contraste, en las otras tres ciudades predominarían servicios superiores para mercados personales y locales (jurídicos y contables, alquiler, inmobiliarios, algo de turismo y artes y espectáculos), así como logísticos (bodegas). Así, por ejemplo, en 1999/2000 había en el centro de la ciudad de Puebla 16 sucursales bancarias, 1 oficina de autofinanciamiento, 1 de fianzas y 4 casas de cambio; las primeras empleaban 172 personas y las otras 19. Por otro lado, de los servicios profesionales, 87.9% de los establecimientos correspondía a notarías y despachos jurídicos y contables; el resto a consultoras de computación, administración, economía, publicidad, arquitectura e ingeniería, diseño gráfico e investigación de solvencia financiera. Los primeros empleaban al 74.7% de la población ocupada en el rubro (Hernández, 2007: 57, 60). Si este era el panorama en la cuarta metrópoli del país, ¿cómo se apreciaba la distribución territorial? En el centro de la ciudad se encontraba el 11.9% de las sucursales bancarias, 78.3% en el resto de la ciudad y 9.7% en otros municipios de la entidad (Hernández, 2007: 52). Predominaba un patrón dual de concentración territorial de servicios modernos y dispersión de servicios tradicionales^[17]. Lo anterior estaría relacionado con el tamaño de las ciudades y su diversificación (Angoa, Pérez-Mendoza y Polèse, 2009), aunque no unívocamente. Un estudio más detallado de su composición estructural y sus antecedentes podría dar luz al respecto.

La expansión de la ciudad difusa y la metropolización no parecen haber modificado cualitativamente los rasgos de fragmentación y segregación de las áreas urbanizadas sino más bien han acentuado los procesos de polarización en el contexto de una “policentricidad descentralizada” (Cruz, 2015: 40). Este autor señala que hay actividades comerciales y de servicios superiores tradicionales que se diseminan por la ciudad a través de unidades desperdigadas o micro-concentraciones que atienden las necesidades locales de productores y consumidores de pequeña escala, mientras que hay también nodos de alta concentración de comercio y servicios superiores de gran escala, modernos, destinados a los grandes negocios y los consumidores de altos ingresos, agrupados precisamente en las mismas “islas urbanas” en que éstos se encuentran.

También es importante mencionar que buena parte del crecimiento de los servicios superiores en todas las ciudades grandes, medianas y pequeñas está ligado a la expansión de las sucursales bancarias y sus oficinas corresponsales (ubicadas dentro de los centros comerciales y edificios públicos) para atender a consumidores, y no tanto a la expansión de otros servicios financieros de mayor calado como el mercado bursátil o los créditos al sector productivo, etc., más orientados hacia los productores. Esto forma parte de la financiarización de la economía que ocurre en el ámbito global. Es sabido que uno de los motores del sector financiero en la actualidad es el crédito al consumo, mediante las tarjetas bancarias, departamentales o de los mismos proveedores (como los créditos automotrices). Se sabe también que en esa dirección los segmentos de bajos ingresos son muy atractivos por su potencial masivo y de largo plazo, por lo que crece el número de microfinanciamientos y de esos establecimientos por toda la ciudad. Y se conoce, asimismo, que el sector inmobiliario y la financiarización de la vivienda juegan un papel muy importante en el despliegue de los circuitos financieros -y en sus crisis. El capital financiero es necesario para impulsar la urbanización y la urbanización sirve para amplificar el capital financiero (De Mattos, 2016). De hecho, la vivienda popular ha dejado de ser un artículo de bienestar para convertirse en un activo de los pobres (Rolnik, 2017). Así, podemos afirmar que, en conjunto, la continua expansión del crédito hipotecario al consumidor, la titularización de las hipotecas y la multiplicación de la vivienda propia individual en serie, han incidido en el crecimiento rápido y disperso de las áreas urbanas.

Podemos concluir entonces que el crecimiento de los servicios superiores no necesariamente refleja el progreso de las sociedades urbanas pues igual que otras ramas de actividad económica, está sujeto a las condiciones de su tipificación y de su distribución sectorial y territorial.

d) Empleo e ingresos

Como apuntamos antes, la estructura ocupacional funge como la principal mediación entre la estructura económica y la estructura de distribución de la riqueza, donde el salario y las prestaciones constituyen la impronta de configuración más directa, aunque siempre complementados en diversa medida por los instrumentos institucionales de redistribución, según los antecedentes históricos y la forma de procesar los conflictos sociales que son congénitos a cada sociedad.

En este apartado exploramos brevemente cuáles son las cifras sobre empleo, ingresos y prestaciones que caracterizan a nuestras zonas metropolitanas, considerando el lapso 2005 a 2013, un período en que la economía nacional atravesó por una fase recesiva y otra subsiguiente de lenta recuperación, a fin de tener un panorama actualizado sobre su situación.

Gráfica 2
Variaciones porcentuales de la población ocupada 2005-2013
Elaboración propia

En el Cuadro 7 puede observarse el peso relativo de las zonas metropolitanas en algunas variables seleccionadas entre 2005 y 2013. Destaca lo siguiente. En población ocupada total y población ocupada en el sector terciario no hay cambios significativos en las proporciones que guardan entre sí las zonas metropolitanas de un año a otro. Pero en el caso de la población ocupada en las manufacturas se aprecia un descenso notable en el caso de Puebla y, en contraste, un ascenso también importante en el de Toluca. Por otra parte, en la población empleada en los servicios profesionales, financieros y corporativos, Cuernavaca y Puebla pierden peso relativo y lo ganan Querétaro y Toluca.

Lo anterior puede deberse a las variaciones diferenciadas de cada ciudad (Figura 3). Mientras que en Cuernavaca el empleo en estos servicios superiores creció únicamente 17.7%, en Toluca aumentó 71.9%, y alrededor de 65% en Querétaro y Pachuca. El cambio en Pachuca es notable porque ocurre en una base pequeña: pasa de 9,454 a 15,517 personas ocupadas en esta subrama, 7% del total regional en 2013.

Pero ¿cuál ha sido el efecto de los cambios anteriores sobre el nivel de empleo y los ingresos de la población trabajadora? El Cuadro 8 muestra algunas cifras al respecto.

Según estos números, en 2013 la población ocupada representaba del 41 al 45 por ciento de la población total en las zonas metropolitanas. Hay que considerar, sin embargo, que la tasa de informalidad laboral alcanzaba 34.3% en Querétaro, 45% en Toluca y casi 50% o más en Pachuca, Puebla-Tlaxcala y Cuernavaca. De donde se deduce que las tasas de crecimiento de la economía regional no generan una oferta suficiente de oportunidades de trabajo formal. En este sentido, es probable que la expansión de las zonas metropolitanas, aún con crecimiento económico, reproduzca los patrones de desigualdad típicos de las ciudades del subdesarrollo.

Por otro lado, en ningún caso el empleo manufacturero rebasaba un cuarto de la población ocupada; en Querétaro y Toluca, que parecen estar en una fase de expansión a causa de la relocalización industrial dentro de la región, registraron 18.6 y 24.4%, respectivamente, mientras que en Pachuca y Cuernavaca sólo alcanzaba 9 y casi 13%. Esto plantea una gran interrogante acerca de las perspectivas de desarrollo de esas zonas metropolitanas. En teoría, el crecimiento económico sostenible por causación circular acumulativa se encuentra apuntalado por las fuerzas de la industrialización, pero si ésta es parsimoniosa y además se inclina hacia las ramas de mayor sofisticación tecnológica, serán muy débiles sus efectos de gran escala sobre el empleo y la derrama de ingresos en el entorno. Lo más probable es que la metropolización, liderada por el capital financiero, como vimos, acelere los problemas y costos de la expansión urbana, convirtiéndose, paradójicamente, en una limitante del desarrollo.

En cuanto al horizonte que anuncian los servicios superiores modernos que están ligados al cambio estructural, podemos partir del siguiente dato: en 2013, salvo Querétaro, que tenía 19% respecto del empleo total en el sector terciario, en las otras zonas metropolitanas la proporción rondaba el 12%, es decir, poco más del 4% de la población total en promedio. En consecuencia, como apuntamos antes, los beneficios de ese esquema no parecen augurar una derrama vasta en las metrópolis.

Ahora bien, como es sabido, las reformas estructurales del orden neoliberal han tenido como consecuencia la precarización general del trabajo, debido a varios procesos que se complementan: la disminución de los salarios reales, el descenso de la ocupación, el aumento del desempleo y de la subocupación, el incremento del empleo informal y la reducción de las prestaciones (Tokman, 2008).

Ariza y Oliveira (2014) han documentado el grado de protección o seguridad laboral entre la población asalariada en México, para mostrar su precariedad, precisamente, a través de tres indicadores: remuneración superior a tres salarios mínimos, contratación permanente (escrita y firmada) y otras prestaciones^[18], y acceso a los servicios de salud. Ellas encuentran que sólo 24% de los trabajadores asalariados del sector terciario cuenta con protección laboral, y que esa cifra supera la de los asalariados en la industria (16.4%), ya no se diga la de los trabajadores del sector primario/rural. Cabe añadir que el dato de los asalariados terciarios incluye a los empleados en los servicios gubernamentales y sociales, donde la protección alcanza 50% en promedio, y a los que están en los servicios profesionales, financieros y corporativos, donde es de 25.2%; los demás subsectores tienen una media de 12% (p. 41).

En cuanto a los otros indicadores de la situación laboral, nuestros cálculos indican que, de 2005 a 2013, la población ocupada con menores ingresos (hasta 5 salarios mínimos^[19]) disminuyó 7.6% y 7.3% en Cuernavaca y Querétaro, respectivamente, pero aumentó del 13% al 19% en Toluca, Puebla-Tlaxcala y Pachuca. En segundo lugar, la población que trabajaba 34 horas a la semana o menos también disminuyó en todas las ciudades, 9.2% en promedio, excepto en Puebla, donde aumentó 7.2%. En tercer lugar, la población sin acceso a los servicios de salud se incrementó en todos los casos, 16.9% en promedio. Estas cifras indicarían que, en el período considerado, hubo una mejoría en las variables indicativas de la situación del empleo y las condiciones laborales. No obstante, la situación general dista de mostrar ese panorama optimista. Después de las variaciones registradas en el período, ¿cuál es el estado actual de la situación?

En el Cuadro 8 puede observarse las proporciones que había en 2013: la mayoría de la población ocupada percibía salarios muy bajos, 5 salarios mínimos o menos en todas las zonas metropolitanas: alrededor de 78% en Pachuca y Puebla-Tlaxcala; entre 60 y 67% en Querétaro y Toluca, y casi 51% en Cuernavaca. Además, del 15 al 25% de la población ocupada trabajaba sólo 34 horas a la semana o meno. Y por último, la población ocupada sin acceso a los servicios de salud alcanzaba casi el 60% o más en Cuernavaca, Pachuca y Puebla-Tlaxcala, casi el 50% en Toluca y el 44% en Querétaro.

Como es sabido, la sindicalización era un factor muy importante en materia de protección laboral pues fomentaba el empleo permanente, la mejora o al menos la preservación del poder adquisitivo de los salarios, el acceso a los servicios de salud y seguridad social, etc. Por ejemplo, en México eleva el acceso a los servicios de salud del 2% al 45% de la población asalariada y remunerada (Rubio, 2017: 62 y 64). Sin embargo, este autor estima que la tasa de sindicalización nacional pasó de 16.8% en 2005 a 13.6% en 2013; en el sector terciario, de 18.9% a 15.1%; en Tlaxcala, de 20% a 15%; en Querétaro, de 18% a 11%; en Puebla, de 12% a 11%; en Morelos, de 13% a 12%; en el Estado de México, de 17% a 12%, y en Hidalgo, de 15% a 12% (pp. 51 a 53). Así, la sindicalización va a la baja mientras que la precariedad laboral va al alza.

4. A manera de conclusiones

No puede obtenerse conclusiones definitivas a partir de las cifras expuestas. Pero pueden reconocerse algunas grandes tendencias. Si bien la región central del país ha perdido peso económico frente a las regiones del norte, las zonas metropolitanas de la región central de México están respondiendo de manera desigual al proceso de transformación estructural. Asimismo, no es posible asegurar que la región, como la definimos en este trabajo, esté registrando un proceso de integración funcional; lo único claro es que la zona metropolitana de Querétaro parece estar despegándose de la dinámica regional. Querétaro y Toluca parecen adaptarse mejor a la relocalización industrial, aunque los datos sugieren que los sectores de avanzada tecnológica prefieren más a Querétaro que a Toluca. Esto puede deberse a que Querétaro es la puerta que conecta a la Ciudad de México con el centro y el norte del país, hacia donde ha repercutido la apertura de la economía nacional que se llevó a cabo desde los años ochenta. No obstante, para tener una visión más adecuada del proceso, es necesario analizar también los factores endógenos de esa atracción. En términos estructurales, la zona metropolitana más atrasada es Pachuca; sin embargo, el cambio parece avanzar más lentamente en Puebla-Tlaxcala y especialmente en Cuernavaca.

En las zonas metropolitanas referidas, una gran parte de la población ocupada se encuentra en el sector informal, percibe ingresos bajos, no tiene trabajo de tiempo completo ni acceso a los servicios de salud; además, el empleo en los servicios superiores es relativamente reducido.

La terciarización generalizada no parece ser un síntoma ni un factor de desarrollo, y el crecimiento de los servicios superiores modernos, con ser significativo, no deja de abarcar un número de actividades y personas muy reducido, sin fuerza para impactar de forma masiva a otros sectores económicas y las áreas urbanas consideradas.

El nuevo pensamiento cepalino insiste en que las brechas de desigualdad multidimensionales (económica, social, jurídica, política, cultural, étnica, de género, relacional, de derechos, medios, capacidades, oportunidades, etc.) que prevalecen en nuestras sociedades no sólo son una expresión de injusticia sino que también actúan como factores que bloquean el cambio y el desarrollo, pues acrecientan la heterogeneidad estructural y ésta a su vez las reproduce y amplía en un círculo vicioso que perpetúa su carácter histórico. Por lo tanto, “remediar la desigualdad territorial es, también, abordar la desigualdad general” (Bárcena y Pardo, 2016: 210). Y viceversa, creemos, el crecimiento económico sectorial/funcional tiene que territorializarse, extenderse transversalmente sobre el espacio, para propiciar la multiplicación de sectores competitivos y la derrama de sus beneficios, poblando la economía de actividades de productividad cada vez más elevada. Pero también, en línea con la nueva concepción heterodoxa del desarrollo endógeno, habría que complementar y alimentar la transformación estructural de la economía con la transformación estructural en las esferas políticas y culturales. Por supuesto, lo anterior implica la presencia y acción responsable de las instituciones estatales que pongan cota a la operación libre de los mercados y sus penosas consecuencias.

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Notas

Notas de autor

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