1. Introducción

El objetivo del presente artículo es analizar las características y alcances del conflicto desatado hacia mediados de la década de 1960 en la Universidad Católica Argentina (UCA), durante el rectorado de Monseñor Octavio Nicolás Derisi, y que tuvo como epicentro a la emblemática carrera de “Sociología”.

Los acontecimientos se inscriben en el complejo interregno abierto tras el golpe de Estado de 1966, encabezado por Juan Carlos Onganía, y la consecuente instauración de la dictadura autodenominada “Revolución Argentina”.

En este escenario, la UCA se destacaba por ser la casa de estudios superiores de gestión privada más antigua y prestigiosa del país: sus orígenes se remontan a 1910, siendo una de las primeras universidades privadas en obtener personería jurídica y funcionar con reconocimiento oficial del Estado (1959); su sede central tenía asiento en la capital del país pero contaba, además, con al menos 6 subsedes u anexos en ciudades del interior; era la única Universidad Pontificia existente en el territorio nacional y se hallaba, por tanto, vinculada a las autoridades eclesiásticas de Roma; reunía un total de 3.411 estudiantes hacia 1965, que representaban aproximadamente el 25% de los 15.309 alumnos de todo el subsistema universitario privado (CRUP, 1978).

Cabe destacar que su creación obedeció a un proyecto del Episcopado de la Ciudad de Buenos Aires, siendo concebida como un espacio de formación de nuevos dirigentes que coadyuvarían al catolicismo a reafirmarse como actor político frente al Estado. En consonancia, Mons. Derisi, destacado referente nacional y latinoamericano de la corriente tomista más ortodoxa del cristianismo, desempeñó el cargo de rector de la institución durante el extenso periodo comprendido entre 1958 y 1982^[2].

En este marco, y en sintonía con el complejo proceso de modernización académica e institucionalización de las ciencias sociales por el que atravesaba el conjunto del sistema universitario nacional, las autoridades eclesiásticas y universitarias optaron por instituir en la UCA la carrera de Sociología. Fue un intento de los círculos católicos nacionalistas por instaurar un proyecto ideológico alternativo, respecto a la “Sociología científica” impulsada por Gino Germani en la Universidad de Buenos Aires (UBA)^[3].

Ello tuvo lugar en medio de una creciente discusión sobre el rol de los intelectuales católicos frente a los procesos de renovación académica y eclesiástica, devenidos del Concilio Vaticano II. De allí, que los varios intentos de la naciente comunidad sociológica de la UCA –encabezada por el director del Departamento, José Enrique Miguens– en pos de reivindicar la Sociología como disciplina científica, autónoma y positiva; entraran en permanente tensión con los intereses de las autoridades universitarias por desarrollar la disciplina, pero a la luz de la doctrina tradicional de la Iglesia católica, reduciéndola a una suerte de “apéndice” de la filosofía.

Si bien los conflictos internos en la UCA reconocen diversas raíces, las tensiones se incrementaron tras la intervención a las universidades públicas por parte del “onganiato” y, particularmente, la violencia desatada en la UBA en la mentada “noche de los bastones largos”. En efecto, un grupo de sus docentes y estudiantes más destacados –vinculados mayoritariamente a la carrera de Sociología–, cuestionaron públicamente el accionar represivo del régimen de facto y la connivencia de las autoridades académicas y eclesiásticas en este contexto. La Universidad respondió rodeando el edificio con fuerzas policiales, amonestando docentes y desplegando diversos tipos de sanciones estudiantiles que, en un contínuum, incluyeron desde apercibimientos y suspensiones hasta recisión de ayudantías de cátedra y expulsión. Entre los principales corolarios del conflicto se cuentan la renuncia de prominentes profesores de la carrera, incluido el director del Departamento, y la partida de varios estudiantes a Chile.

Precisamente, este artículo procura reconstruir la crónica del conflicto y trazar los perfiles de algunos de sus protagonistas, enmarcando la discusión en un plano más general sobre la relación-tensión entre Sociología, círculos católicos y dictadura.

El trabajo está sostenido por un doble abordaje metodológico: uno objetivo/descriptivo de tipo “socio-histórico” y otro subjetivo/comprensivo de carácter “etnográfico”, dos modos de conocimiento plenamente articulados. El primero, ha consistido en la exploración de diversas fuentes documentales (de archivo), entre ellas: los estatutos originarios de la UCA (1959); diversos escritos de Mons. Derisi sobre la historia de la institución (1959, 1961, 1983); una tesis de licenciatura de la misma Universidad que aborda las características de sus estudiantes (publicada en 1967) y, fundamentalmente, los 3 números de la Revista de la Asociación de Estudiantes de Sociología de la UCA editados en 1966. El análisis de estos documentos, ha posibilitado reconstruir con relativa densidad el clima de época y estilo institucional de la carrera y Universidad. Respecto al segundo acceso, anclado en la realización de entrevistas en profundidad bajo la vertiente de “historia oral”, ha permitido reintroducir experiencias, representaciones y disposiciones de actores claves de la institución (autoridades y estudiantes de la época, muchos de los cuales son hoy destacados intelectuales) y conocer el significado que han otorgado a los acontecimientos^[4].

2. Características histórico-institucionales de la UCA

2.1. Institucionalización del espacio académico católico en Argentina.

Desde la sanción de la primera ley universitaria (Ley Avellaneda/1885), las instituciones de educación superior en Argentina han sido mayoritariamente creadas, sostenidas y reguladas por el Estado. La autonomía universitaria emergió vinculada a la actividad académica, distinguiéndose de la habilitación y control institucional así como de la potestad de otorgar títulos profesionales, que se consideraba debían quedar en manos del Estado.

Así, los varios intentos del clero y otros grupos de la sociedad civil por crear instituciones universitarias fracasaban, las más de las veces, frente a un régimen educativo que reservaba la potestad de otorgar títulos académicos sólo a los establecimientos estatales. Esta tendencia se mantuvo prácticamente incólume hasta mediados del siglo XX.

En otro trabajo hemos profundizado en torno al complejo proceso de institucionalización de la oferta universitaria privada en el país (Algañaraz, 2013). Aquí, señalaremos que fue durante el gobierno militar de 1955 (que interrumpió el segundo mandato de Juan D. Perón), cuando se previó por primera vez en la legislación universitaria la creación de las llamadas “universidades libres” (Decreto-Ley 6.403/55, art.28). Pero dado el contundente rechazo de estudiantes y docentes defensores de las universidades “laicas”, el régimen de facto suspendió la instrumentación de la norma.

No obstante, la iniciativa fue retomada luego por el presidente Arturo Frondizi quien –aún contra los intereses y resistencias del movimiento estudiantil reformista y gran parte de la intelectualidad progresista del país– sancionó la Ley N° 14.557/58 (conocida como “Ley Domingorena”), constituyendo el primer marco regulatorio para el funcionamiento de las universidades privadas^[5].

En correspondencia con otros países del Cono Sur, el núcleo inicial de instituciones universitarias privadas en Argentina fue promovido por entidades de la Iglesia católica, desarrollándose conforme a las disposiciones del “Código de Derecho Canónico”^[6] referidas a la educación superior (Libro III, Título III, Cap. II, Cann. 807-821) y al posterior documento “Constitución Apostólica del Sumo Pontífice Juan Pablo II sobre universidades católicas”. Sobre estas bases, las nacientes instituciones definieron su naturaleza y dependencia administrativa, asumiendo un carácter diocesano o congregacional^[7].

En este marco, comenzaron a funcionar oficialmente en el país las Universidades Católicas de Córdoba y del Salvador (USAL) vinculadas a la Compañía de Jesús; y la Católica Argentina (UCA) y Católica de Santa Fe promovidas por la Conferencia Episcopal Argentina (CEA)^[8].

La autorización de estas primeras instituciones se debió a que los sectores católicos, vinculados a ellas, gozaban de cierta legitimidad dada su tradición formativa en el nivel superior, sumado a la creciente reacción social en ciudades como Buenos Aires, Córdoba y Santa Fe contra la secularización en las universidades públicas. Además, a diferencia de otros sectores –eclesiásticos y civiles– interesados en crear sus propias universidades, los grupos fundadores de estas tenían a favor: “espacios físicos provisorios en colegios o edificios donde ya funcionaban cursos de Filosofía o Teología, con docentes católicos de trayectoria en ciertas áreas, y con la posibilidad inmediata de captación de estudiantes provenientes de escuelas religiosas o familias católicas” (Del Bello et.al., 2007: 91).

Una vez establecidas y reconocidas oficialmente estas primeras universidades confesionales en ciudades centrales del país, el Episcopado promovió la gesta de otras nuevas instituciones en provincias de fuerte raigambre católica. Así, sobre la base del Instituto Universitario de La Plata, el San Buenaventura de San Juan y el Santo Tomás de Aquino en Tucumán se crearon las Universidades Católicas de La Plata, de Cuyo y del Norte “Santo Tomás de Aquino”, respectivamente. Se sumarían, luego, las Universidades Católicas de Santiago del Estero, de Salta y de la Patagonia “San Juan Bosco”.

Cabe destacar que fueron años de un crecimiento exponencial para la matrícula universitaria privada: en 1958 se registraba un total de 1.536 estudiantes, pero hacia 1965 ya habían 15.309. La tasa de crecimiento promedio anual de la matrícula fue del 38,8% y las universidades que más crecieron durante este periodo fueron la UCA y la USAL: la primera pasó de 602 a 3.411 estudiantes y la segunda de 175 a 3.485 (CRUP, 1978).

2.2. Proceso de génesis y estructura organizativa de la UCA

Si bien desde fines del siglo XIX la jerarquía eclesiástica planteaba ya la necesidad de contar con instituciones que, además de promover la enseñanza de la doctrina católica, expidieran títulos universitarios, la primera iniciativa se concretó hacia 1910 cuando fundó la “Universidad Católica de Buenos Aires”. Según Atilio Dell ´Oro Maini (destacado intelectual del nacionalismo católico y primer ministro de educación del régimen militar de 1955):

La Universidad se constituyó bajo el gobierno de un Consejo Superior, presidido por el Rector Mons. Luis Duprat. […] Las aulas se instalaron en calle Sarandí 65, junto a la Iglesia Regina Martirum, donde antes funcionaba el seminario metropolitano, en un local cedido por la Compañía de Jesús. […] Los obispos consideraban la Facultad de Medicina como la más necesaria, pero decidieron empezar por la Derecho por ser la más rápida y de fácil fundación (Dell ´Oro Maini, 1959: 6).

Pero este intento de universidad confesional quedó limitado sólo a la Facultad de Derecho y perduró muy poco, porque el Estado no reconoció sus títulos. “La concepción con que había sido creada exigía, ineludiblemente, el otorgamiento de títulos oficiales habilitantes. Por eso no pudo sobrevivir en la carencia de tal prerrogativa y […] se disolvió en 1920” (Dell ´Oro Maini, 1959: 9)

No obstante, hacia 1922 un grupo de intelectuales católicos dirigido por Tomás Casares y Dell’ Oro Maini promovió los llamados “Cursos de Cultura Católica” (CCC), que ofrecieron una formación religiosa de tipo universitaria, complementaria a la educación superior oficial. De clara inspiración tomista, los primeros cursos incluyeron Teología Dogmática, Teología Moral, Sagradas Escrituras e Historia de la Iglesia. Hacia 1950 confluyeron en el “Instituto Argentino de Cultura Católica”, bajo la dirección del canónigo Luis María Etcheverry Boneo –luego primer secretario general de la UCA–, llegando a tener escuelas especializadas en Filosofía, Economía y Arte (Derisi, 1983).

El instituto actuó como puente entre los CCC y la UCA. Fue la piedra angular sobre la que el Episcopado, en su asamblea plenaria de febrero de 1956, decidió erigir la institución universitaria.

En la conformación de la UCA, se destacan los siguientes hitos: fue fundada oficialmente el 7 de marzo de 1958 bajo la advocación “Santa María de los Buenos Aires”; obtuvo personería jurídica y aprobación estatutaria el 23 de septiembre de 1959 (Decreto N° 11.911/59); el ministro de educación Luis Mac Kay visitó la institución el 30 de octubre del mismo año para inspeccionar sus dependencias y el 2 de noviembre el presidente Frondizi le concedió reconocimiento institucional definitivo (Decreto N° 14.397/59). Dicho decreto, “reconoce que la UCA ha cumplido con todas las exigencias impuestas por la ley y que está, por ende, en condiciones de ser reconocida con todos los derechos de universidad privada” (Derisi, 1959: 2).

Desde su origen, esta Universidad adoptó un carácter católico, diocesano y pontificio. El título de “Pontificia”[9], otorgado el 16 de julio de 1960 a solicitud del Cardenal Antonio Caggiano, presidente de la CEA, la vinculó directamente con las autoridades de Roma vía la Sagrada Congregación de Seminarios y Universidades. “En cuanto Pontificia, la UCA dependería de la Santa Sede, quien ejercería su gobierno por medio del Gran Canciller (el Cardenal Arzobispo de Buenos Aires) y del Rector, nombrado por la Santa Sede a propuesta del Episcopado” (Amadasi y López Fidanza, 2011: 3).

Acorde a la concepción que la cúpula de la Iglesia católica tenía sobre la UCA –pensada como una institución de formación confesional y política, semillero de una nueva dirigencia que posibilitaría al catolicismo conquistar espacios de poder en el aparato del Estado–, el Cardenal Caggiano designó a Mons. Derisi como su primer rector, cargo que retuvo por más de 20 años (1958-1982)^[10]. En consonancia, el Episcopado definió también a los integrantes del Consejo Superior de la institución (responsables de su organización académica) y del Consejo Administrativo (encargados de regular sus finanzas), así como a los decanos de las distintas facultades.

En cuanto al primer Consejo Superior de la UCA, estuvo integrado por Atilio Dell´ Oro Maini; Luis M. Etcheverry Boneo; Francisco Valsecchi; Eduardo Braun Menéndez y el presbítero Guillermo Blanco (mano derecha y sucesor en 1982 de Mons. Derisi en el rectorado), entre otros. Respecto al Consejo Administrativo, lo conformaron importantes figuras del empresariado católico, entre quienes se destacaba Carlos Pérez Companc.

La primera sede de la Universidad funcionó en el edificio de la antigua Nunciatura Apostólica, en calle Riobamba 1.227, propiedad de la Santa Sede. La labor académica se desplegó originariamente en tres Facultades (Ciencias Sociales y Económicas; Derecho y Ciencias Políticas y Filosofía) y cinco Institutos (Lingüística y Estudios Literarios; Música; Ciencias Fisicomatemáticas e Ingeniería; Ciencias Naturales y Teología) que posteriormente fueron reconvertidos a la categoría de facultades. Cada facultad estaba gobernada por un Consejo de cuatro o seis miembros, elegidos por los profesores titulares y adjuntos y presidido por el mismo decano.

Una vez asentada su sede central en la capital del país, la Universidad “Pontificia” extendió su estructura hacia otras provincias habilitando nuevas dependencias. Según su estatuto:

Las instituciones anexadas son aquellas que, constituidas con prescindencia de la Universidad, coadyuvan por medio de su actividad específica al cumplimiento de los fines docentes o científicos de aquella, y han sido admitidas a la tutela y dirección de la misma, conservando su propio gobierno y patrimonio. La anexión de tales instituciones se realizará mediante acuerdo con el rector, aprobado por el Consejo Superior y ratificado por la Comisión Episcopal. (UCA, 1959: art.XX)

Conforme a la normativa, se crearon: la Facultad de Humanidades y la de Química e Ingeniería “Fray Rogelio Bacon” en Rosario; la Facultad de Humanidades y la de Ciencias Económicas “San Francisco” en Mendoza (1961) y las Facultades de Ingeniería (1963), Ciencias Económicas (1965) y el Centro Regional de Perfeccionamiento Docente “Teresa de Ávila” (1969) en Paraná. La compleja distribución de sus unidades en el territorio nacional es signo de distinción de la UCA. El carácter de instituciones anexadas implica una relativa autonomía económica y administrativa respecto a la sede central, pero impone una estricta dependencia académica.

Respecto al sostenimiento económico de la Universidad, Mons. Derisi había señalado:

La vida espiritual, como enseña Santo Tomás, no puede actualizarse sin un mínimum de bienestar material. […] La Universidad Católica, sus profesores y alumnos, están privados por ley de los ingentes recursos de las universidades oficiales, recursos provenientes del pueblo; aunque también nosotros, nuestros profesores y alumnos seamos parte de ese pueblo, generalmente de la clase media y modesta. Pero debemos superar esta situación económica injusta (Derisi, 1959: 3).

La institución fue creada sobre la base de un capital donado por Vermer Riverieur en 1910: aproximadamente $5.000.000 de entonces, invertidos en equipamiento edilicio (Derisi, 1983). Pero como la “Ley Domingorena” no permitía el acceso a financiamiento oficial, fue el abono estudiantil su principal fuente de recursos. Sin embargo, Rodríguez y Ruvituso (2012) han destacado la existencia de diversas fuentes económicas durante la gestión de Mons. Derisi: apoyo de una “Comisión de señoras” y una “Comisión de amigos de la Universidad”, donaciones de empresas locales, ayuda económica extranjera –de instituciones benéficas como Adveniat y Miseror del Episcopado Alemán, la “Iglesia que sufre” de Holanda o la Cooperación para América Latina (CAL)– e incluso una colecta nacional obligatoria dispuesta por el Episcopado en beneficio de la institución. Se destaca, particularmente, una importante contribución pública durante el gobierno de Arturo Illia^[11]:

Ya que la ley no le permitía dar un subsidio a la Universidad, buscó la fórmula de hacerlo sin violar el texto de la Ley. Nos dio 20 becas para alumnos que no podían pagar, con lo cual ayudaba directamente a los estudiantes, pero indirectamente a la UCA, que de otro modo hubiese tenido que asumir sobre sí esa carga. Al año siguiente volvió a repetir esta donación. Realmente el Dr. Illia estimaba a la UCA. (Derisi, 1983: 142)

Su composición estudiantil y el acelerado crecimiento de la matrícula, se cuentan también entre los rasgos distintivos de la UCA. Si bien inició sus actividades con 602 alumnos, hacia 1967 habían ascendido a 4.408. Cabe destacar, además, que el 49% del estudiantado procedía entonces de familias con un nivel socioeconómico alto, concentrándose mayoritariamente en torno a la Facultad de Derecho (Frank, 1967).

Desde su génesis, la Universidad ha ido desarrollando un importante cuerpo de publicaciones como medios de difusión del pensamiento católico, entre ellas: “Universitas”, “Cuadernos”, “Prudentia Iuris”, “El Derecho” y “Sapientia. Revista tomista de filosofía”. Esta última, creada por Mons. Derisi en 1946 y editada desde 1958 por la Facultad de Filosofía a cargo de Mons. Blanco, fue quien llevo a la institución a alcanzar reconocimiento internacional. (Derisi, 1983)

Queda por señalar que la UCA estuvo signada, desde su origen, por fuertes conflictos internos que trascendieron el plano meramente académico y se vincularon más bien con perspectivas políticas/eclesiásticas confrontadas. Las principales diferencias refieren al desacuerdo entre sus padres fundadores respecto al modelo institucional a seguir.

Opuesto a los principios del reformismo universitario (fundamentalmente el cogobierno estudiantil, la libertad de cátedra y el impulso a las actividades científicas), Mons. Derisi propugnaba asignarle a la UCA una impronta “humanista, filosófica y teológica”, convirtiéndola en un espacio predominantemente docente. Sin embargo, el fisiólogo Eduardo Braun Menéndez (entonces decano de la Facultad de Medicina de la UBA y miembro del primer Consejo Superior de la UCA) propuso un modelo alternativo: consideraba que la Universidad debía partir desde lo básico, la investigación, e ir avanzando gradualmente hacia la formación de una superestructura administrativa. Pero su ideario de hacer de la UCA un ámbito de “investigación pura” conmocionaron a Mons. Derisi quien reclamó que “la Universidad debía ser ante todo docente” (Derisi, 1983: 32).

Específicamente, el perfil de los profesores que se incorporarían en la Universidad fue uno de los puntos que intensificó la disputa. Braun Menéndez se opuso a considerar la “catolicidad” como argumento excluyente en el proceso de selección del personal docente. En contraste, Mons. Derisi argumentaba que si bien los profesores a incorporar serían –indefectiblemente– graduados de las universidades públicas, debían contar con formación humanista-cristiana complementaria en los CCC o en las filas de la Acción Católica (Zanca 2006). Finalmente, dadas sus crecientes discrepancias con Mons. Derisi y otros consejeros, Braun Menéndez renunció al Consejo Superior de la UCA siendo reemplazado por el jesuita Mariano Castex.

Según Mignone (1998), fue la jerarquía católica quien convalidó el proyecto de Mons. Derisi, porque aseguraba una formación de grado masiva, pero de tipo convencional y ordenada, reduciendo toda posibilidad de creatividad y construcción de conocimientos.

2.3. Recorridos de la Sociología en Argentina y configuración de la carrera en la UCA

Tal como ha señalado la bibliografía analizada, hacia mediados del siglo XX el Estado argentino reconoció en la ciencia y la educación superior valiosos instrumentos de desarrollo económico, otorgándoles desde entonces un lugar central en las agendas de gobierno. Emblema de ello fue, por ejemplo, la creación en 1958 del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

En este marco, el sistema universitario experimentó importantes cambios morfológicos: aumentó significativamente la Tasa Bruta de Escolarización Universitaria (TBEU)^[12], dado el mayor acceso de hijos de sectores medio y obrero al nivel superior; hubo una creciente feminización de la matrícula, que alcanzó una participación superior al 40%; y se puso en marcha un complejo proceso de modernización de las ciencias sociales, que incluyó la institucionalización de disciplinas como Sociología, Economía, Psicología y Ciencias Políticas, demarcando simultáneamente el declive de disciplinas tradicionales como Derecho y Medicina. Pero además de nuevas carreras (principalmente científico-técnicas), se introdujeron nuevos métodos docentes, nuevas funciones y servicios (como investigación y extensión) y nuevos modelos organizativos (departamentos, institutos, etc.) en la vida universitaria. Según Tedesco (1979: 259), hubo “cierto grado de institucionalización del cambio que permitiría la actualización y renovación en las actividades científicas y docentes”.

Sin embargo, los efectos de estos procesos no deben generalizarse, pues tuvieron un impacto diferencial en el sistema universitario según regiones, disciplinas y ámbitos académicos. Por ejemplo, mientras en Córdoba o Cuyo la renovación quedó restringida a ciertos núcleos dentro de cada universidad, en La Plata se articuló fuertemente con su propia tradición en investigación.

Mención especial merece la UBA: aunque también con matices entre sus propias facultades y áreas disciplinares, la etapa de modernización es recordada en general como una “edad de oro”. Se crearon institutos de investigación y departamentos de extensión y de graduados; aumentaron los cargos con dedicación exclusiva para incorporar tareas de investigación; muchos docentes ingresaron a la carrera de investigador del CONICET; se fundó la Editorial Universitaria de Buenos Aires (EUDEBA) e inauguró la Ciudad Universitaria (Buchbinder, 2010). El rectorado de Risieri Frondizi (1957-1962) fue emblemático en este sentido: se reformularon/actualizaron planes de estudios y reorientó la matrícula a partir del establecimiento de nuevas carreras, como Economía y Sociología.

Ciertamente, la primera carrera de Sociología del país se creó en la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA en 1957, en el marco de estos proyectos modernizadores. Su fundación ha tenido una importancia histórica excepcional y, como ya señalamos, existen varios estudios sistemáticos al respecto. A los fines de este trabajo, diremos que fue un punto de llegada de una larga tradición: en 1898 fue establecida la primera cátedra universitaria en el país; en 1905 Ernesto Quesada dictó la primera clase de Sociología; y en 1940 se creó un Instituto de Sociología en la UBA, antecedente del actual Instituto Gino Germani (Pereyra, 2007). Entre otras, estas experiencias confluyeron en la creación de la carrera en la UBA, en un contexto de “desperonización” de la universidad e importación del modelo norteamericano de Sociología, dada la primacía internacional de Talcott Parsons.

Fue el economista italiano Gino Germani, convertido a los estudios sociológicos tras su paso por dicho Instituto de Sociología, el artífice y primer director de la carrera en la UBA, desde donde promovió la llamada “Sociología científica”. Considerándola una “ciencia empírica objetiva” (refractaria de la política y alejada de toda filosofía y ensayismo), Germani señaló que la disciplina debía enseñarse/practicarse, principalmente, en las universidades al tiempo que desarrollarse profesionalmente.

La investigación empírica constituía el criterio fundamental con el que Germani trazaba los límites entre Sociología y los otros discursos sobre lo social. […] La Sociología desarrollada en la academia, en tanto ciencia “básica”, podía aparecer gracias a su amplia autonomía como la principal fuente de hallazgos y desarrollos científicos (Blois, 2016: 16).

Ahora bien, la orientación que Germani le imprimió a la carrera en la UBA fue despertando disputas/tensiones en diversos sectores del demos académico-estudiantil. Tempranamente, hubo sociólogos (como Manuel Mora y Araujo, José Luis De Imaz y Torcuato Di Tella) que aunque cercanos también al ideario de “neutralidad valorativa”, señalaron la necesidad de ampliar las fronteras laborales/profesionales de la disciplina y salir del enclaustramiento (Blois, 2016). Pero ya en el marco de la radicalización política y relectura intelectual del peronismo en los primeros años ´60, tuvo lugar una suerte de “rebelión académica” contra Germani. Algunos sociólogos (como Miguel Murmis y Eliseo Verón) cuestionaron fuertemente la disociación de la carrera respecto a las problemáticas sociales y, a partir de la introducción de autores y temáticas marxistas, procuraron hacer de ella un quehacer más cercano a la militancia (Rubinich 1999). Asimismo, un sector del estudiantado –mayoritariamente de izquierda–, acusó a Germani de promover intereses imperialistas en la carrera, tras recibir subsidios de la Fundación Ford: señalaron que las investigaciones financiadas con esos recursos no contenían una perspectiva dialéctica, siendo utilizadas por organismos de espionaje norteamericanos en beneficio de sus empresas (Buchbinder 2010).

Así, los efectos de los proyectos modernizadores del sistema universitario y la politización característica del contexto resultaron ser parte fundamental del ADN con el que se desarrolló la Sociología en Argentina. Pero más allá del liderazgo de Germani, sus polémicas innovaciones científicas y el peso adquirido por la Sociología de la UBA, los patrones de institucionalización de la disciplina en el país han sido mucho más complejos.

En efecto, luego de crearse la carrera en la UBA también se institucionalizó en la UCA (1959) y posteriormente en la USAL (1963). De hecho, hacia 1969 ya eran nueve las universidades argentinas que ofertaban Sociología como carrera de grado, nucleando aproximadamente 4.000 estudiantes. Sin embargo, fueron estas tres instituciones situadas en la Ciudad de Buenos Aires, quienes agruparon prácticamente al 90% de ellos (Rubinich, 1999).

Ahora bien, el impacto de la modernización de las ciencias sociales, y por ende la institucionalización de la Sociología, ha sido diferente también entre las universidades confesionales. En la USAL, por ejemplo, la etapa se vivió intensamente: “allí, un clima más distendido y un ámbito más permeable a las innovaciones científicas, permitiría en los siguientes años el acelerado progreso de la sociología religiosa, así como la rápida politización del discurso de los intelectuales católicos” (Zanca, 2006: 200). Contrariamente, en la UCA hubo gran resistencia al cambio y el proceso de modernización fue desactivado institucionalmente, alcanzando a expresarse sólo en un sector de las ciencias sociales, precisamente la carrera de Sociología, que debió convivir conflictivamente con la perspectiva autoritaria y conservadora de la institución.

Dadas las características de este trabajo, interesa profundizar el conocimiento sobre la conformación y devenir de la carrera de Sociología en la UCA.

Como vimos, dicha Universidad se organizó inicialmente sobre la base de tres facultades entre las que se encontraba la “Facultad de Ciencias Sociales y Económicas”. Allí, fue designado como decano el economista Francisco Valsecchi, un laico socialcristiano anteriormente vinculado a la organización de la Escuela de Economía (en el ex-Instituto de Cultura Católica), integrante también del primer Consejo Superior de la UCA y, además, Vicerrector de la institución durante un tiempo.

Esta facultad inició sus actividades sólo con dos carreras: las Licenciaturas en Economía y en Administración de Empresas. Pero, en sintonía con otras universidades confesionales del Cono Sur –tales como la Universidad Católica de Chile– dispuestas a afrontar la problemática del subdesarrollo en la región, se optó por incorporar la carrera de Sociología. Uno de los rasgos distintivos de las universidades católicas en este periodo fue, precisamente, la instauración de un Instituto, Escuela o Departamento de Sociología en sus facultades^[13].

Desde la perspectiva del entonces rector de la Universidad, Mons. Derisi, la creación de la Licenciatura en Sociología abría la posibilidad de articular la rigurosidad y el orden científico propios de la tradición positivista de la disciplina, con el dogmatismo religioso de la institución y una perspectiva humanista, pero de contenido normativo. Baruch Bertocchi (1987: 60), ha indicado que la idea era generar un espacio “que tratara el conocimiento de la sociedad, según la acepción conservadora de la disciplina”. Además, “Derisi intuía que la nueva dirigencia que requeriría la Argentina debería irremediablemente contar con sociólogos y economistas católicos capaces de encauzar a nuestro país por el rumbo correcto” (Borón, 2010: 73)

Para organizar la creación del Departamento de Sociología y dirigir la naciente carrera, Mons. Derisi convocó a José Enrique Miguens, que fue “aceptado” por la jerarquía católica dado su prominente capital social acumulado. Miguens, había egresado de la carrera de Derecho de la UBA en 1943 y mientras cumplía funciones en la Secretaria de Industria durante el gobierno de Juan D. Perón, obtuvo una beca para realizar estudios de posgrado en Harvard. Allí conoció a Talcott Parsons y a Pitirim Sorokin y se incorporó a su grupo de trabajo sobre “Sociología Económica”. Regresó con una elogiosa carta de recomendación firmada por el mismo Parsons, lo que le valió –además de un creciente distanciamiento y disputas con Gino Germani– el ingreso al mundo universitario: entre 1947 y 1955 se desempeñó como sociólogo en diversas cátedras e institutos de Sociología de la UBA. Tras la coyuntura política que significó el golpe de Estado de 1955, y dado el conflicto del peronismo con la Iglesia, Miguens se volcó a la militancia católica y antiperonista. Desde entonces, participó en espacios profesionales y académicos de corte católico^[14].

Fue hacia 1959, cuando Miguens asumió la responsabilidad de comandar el proceso institucionalización de la segunda carrera de Sociología del país. Atilio Borón, entonces alumno de la UCA, comenta al respecto (comunicación personal, agosto/2010):

José Enrique Miguens, que había vuelto a principios de los cincuenta de hacer unos cursos de especialización en Harvard, bajo la guía de Parsons, es el que arma la carrera. Básicamente, la arma contra la opinión del Episcopado Argentino y sobre todo contra la opinión del rector Mons. Derisi, que no admitía la Sociología como una ciencia positiva, sino que la concebía como un apéndice de la filosofía social. Entonces, Miguens para poder fundamentar la carrera, porque él quería hacerla al estilo de las universidades norteamericanas, tuvo que escribir un librito que se llamó `La sociología como ciencia positiva´. Allí tuvo que justificar, a la luz de Aristóteles y Santo Tomás, lo cual ya habla del anacronismo de esto, la posibilidad de que hubiera una ciencia social independiente, legítima en su justo término y compatible con la fe católica.

Durante su primer año, Miguens coordinó en el Departamento “una serie de trabajos de investigación sociológica y un curso de Teoría Social Sistemática” (UCA, 1959: 26). Gradualmente, fue seleccionando e incorporando docentes que conformaron el cuerpo profesoral de la carrera: Gonzalo Cárdenas (quedó a cargo de Historia Social Argentina), Justino O´Farrell (como responsable de Cambio Social y Antropología Cultural), Antonio Donini (en Introducción a la Sociología), Francisco Suárez (dictando Metodología de la Investigación); Floreal Forni (en Sociología Rural y Sociología Urbana) y quedando él mismo al frente de Teoría Social. Se sumaron, también, Eduardo Zalduendo, José Luis de Imaz, Janine Puget y Raúl Usandivaras, entre otros^[15]. (Amadasi y Fidanza, 2011)

En este contexto, fue entablándose un “fecundo diálogo entre cristianos y marxistas, que repugnaba a la mentalidad de Cromagnon imperante en la conducción de la UCA” (Borón, 2010: 73). Así, inició el primer curso de la Licenciatura en Sociología en 1960 con sólo 29 inscriptos, pero la matrícula aumentó considerablemente durante los primeros años, alcanzando los 226 estudiantes hacia 1966 (Ghilini, 2017).

Cabe destacar que en 1962 se constituyó en la UCA una Federación de Estudiantes (FEUCA)^[16] conformada por los delegados de las distintas “asociaciones estudiantiles”, denominación que adquirieron los “centros de estudiantes” dada la connotación negativa del término para las autoridades. “La FEUCA surge [...] respondiendo a las exigencias de una nueva realidad, brindando a sus integrantes un medio orgánico para dialogar con el resto del movimiento estudiantil” (UCA: 1962: 8). Por la Asociación de Estudiantes de Sociología (AES), particularmente, pasaron entre otros: Enrique Amadasi, Juan José Llach y Carlos Prego. Éste último, refiere al clima de la carrera, los estudiantes y la Universidad en aquellos años (comunicación personal, abril/2012):

Desde el principio hubo mucha solidaridad docente-estudiantil. Nuestra confianza con los docentes era total, nuestra confianza en los docentes era total, y creo que había reciprocidad. Los docentes nos apreciaban, había un clima de mucha pertenencia más allá de la identidad disciplinar que existe en cualquier contexto académico. [...] En la famosa FEUCA, que estaba medio liderada por gente de Derecho, éramos la antípoda. Sociología y Derecho eran antípodas, asique ahí había grandes debates. [...] ¿Cómo era vista Sociología? Creo que en el pensamiento de este señor Derisi, un personaje difícil de valorar porque éticamente dicen que era un intelectual importante, quizás lo sea, porque cuando pasan unos años, uno ve cómo el intelecto se desarrolla en diversas direcciones. A lo mejor, acercándose al pensamiento teológico o eclesial en general lo sea. En fin, nuestra visión es que representaba un pensamiento integrista, era la antítesis de lo que nosotros pensábamos. Lo que se llamó integrismo, la versión más, yo diría, retrógrada del pensamiento católico.

3. Crónica del conflicto en la UCA

3.1. Impactos de la “Revolución Argentina” en el sistema universitario y posicionamiento de la UCA en el contexto

La fuerza de los proyectos modernizadores del sistema universitario fue disminuyendo conforme avanzaba la década de 1960. Grupos “tradicionalistas” buscaron limitar la renovación curricular y científica, defendiendo estructuras y modelos de enseñanza anteriores. Además, los efectos de la Revolución Cubana, la resignificación intelectual del peronismo y la “politización” de gran parte de la juventud universitaria generaron profundos debates en torno al modelo de universidad forjado desde 1958, ahora tachado de “cientificista”. Fue cuestionada, entonces, la pretendida “autonomía” de las universidades y su desinterés por los procesos políticos y conflictividad social. Se produjeron, también, múltiples manifestaciones estudiantiles contra los exámenes de ingreso, el aumento de aranceles en los comedores, las restricciones presupuestarias y contra la recepción de financiamiento internacional, considerada un tipo de “penetración imperialista”^[17].

Paralelamente, a la luz de la Doctrina de Seguridad Nacional, un sector de las Fuerzas Armadas fue alimentando la idea de que las universidades, especialmente la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA, eran “centros de infiltración revolucionaria, lo que propició incluso ataques armados de grupos de ultraderecha” (Buchbinder, 2010: 188).

En el marco de este conflictivo contexto, se produjo el golpe de Estado que derrocó al gobierno de Arturo Illia, el 28 de junio de 1966. Se instauró así, de la mano del general Juan Carlos Onganía, un nuevo régimen de facto: la autodenominada “Revolución Argentina”, que contó con el consenso de una parte importante de la sociedad civil, especialmente entre los círculos católicos. Se abrió, entonces, una etapa caracterizada por una mezcla de ruptura y continuidades, de represión y tecnocratización.

En sintonía con la lucha internacional contra el comunismo, las universidades fueron consideradas un reducto del protagonismo estudiantil y la izquierda marxista y, consecuentemente, la dictadura decidió avanzar en su “normalización”. Además, esta fue una de las instituciones que se opuso al gobierno de facto prácticamente desde el comienzo.

La UBA, por ejemplo, “a través de su Consejo Superior, se pronunció institucionalmente en contra” (Buchbinder, 2010: 189). Su entonces rector, Hilario Fernández Long, incitaba en la comunidad un espíritu de resistencia que posibilitara la restitución de la democracia. Así, el 29 de julio de 1966 –prácticamente un mes después del golpe de Estado–, grupos de estudiantes y docentes de cinco facultades de la UBA (Filosofía y Letras; Medicina; Ingeniería; Arquitectura y Ciencias Exactas) iniciaron la toma pacífica de sus respectivos edificios. Pero esa misma noche, las aulas fueron testigos de uno de los ataques más virulentos a docentes y estudiantes que recuerde la historia de la universidad argentina, siendo la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales la más afectada.

La ocupación de la Facultad de Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires movilizó grandes efectivos de la Policía Federal para desalojar a golpes y bastonazos a los profesores y a los estudiantes. Fue “la noche de los bastones largos”. Episodio de violencia gratuita [...] que ya apuntaba en la “Revolución Argentina” la doctrina antisubversiva y de Seguridad Nacional. (Pérez Lindo, 1985: 149)

Aquella nefasta noche, tanto el mismo decano de Ciencias Exactas: Rolando García, como varios docentes, entre ellos: Varsavsky, Sadosky, Herrera, González Bonorino y una importante cantidad de estudiantes, fueron brutalmente golpeados y trasladados a las comisarías de la zona. No obstante, la gran mayoría de ellos fueron liberados unas cuantas horas más tarde.

Exactamente tres días después de la represión desatada en la UBA, el 1° de agosto de 1966, Onganía promulgó el Decreto-Ley N° 16.912 que determinó la intervención y el consecuente establecimiento de un “gobierno provisional” en las Universidades Nacionales. Dos aspectos sobresalen en dicha normativa: la prohibición a que los centros de estudiantes realizaran actividades políticas y la posibilidad de que rectores y decanos permanecieran en sus funciones, sometidos a los designios del Ministerio de Educación. “Los rectores de las universidades nacionales de Cuyo, del Nordeste y del Sur, aceptaron transformarse en interventores. Los de Tucumán, Litoral, La Plata, Córdoba y Buenos Aires, en cambio, rechazaron la disposición”^[18] (Buchbinder, 2010: 189)

Por efecto de la intervención y accionar represivo de la dictadura, más de 2.000 docentes e investigadores de distintas universidades renunciaron a sus cargos, correspondiendo aproximadamente 1.300 sólo a la UBA. Las renuncias afectaron sobre todo a las Facultades de Ciencias Exactas y de Filosofía y Letras, epicentros de los proyectos modernizadores, donde grupos de investigación completos fueron desmantelados.

Sin embargo, especialistas en la temática han advertido la inexactitud de proyectar los corolarios de la “noche de los bastones largos” al conjunto del sistema universitario. Por ejemplo en la Universidad de La Plata, comprometida también con la renovación universitaria, destacados docentes e investigadores continuaron en sus cargos.

En cuanto a la carrera de Sociología de la UBA, no se produjo una inmediata fuga de docentes: varios referentes de la disciplina (como Eliseo Verón o Miguel Murmis) continuaron sus actividades hasta que después de un cuatrimestre no fueron renovados sus contratos. Según Rubinuch (1999), de los 28 profesores del Departamento quedaron sólo 4, siendo reemplazos por abogados o profesores de historia y filosofía. La mayoría de los reemplazantes fueron reclutados entre grupos de intelectuales vinculados a la Iglesia católica, especialmente de la UCA, que el régimen militar supuso afines al catolicismo conservador. Sin embargo, entre ellos se incorporaron Justino O´Farrell y Gonzalo Cárdenas, que tenían una orientación socialcristiana y adscribían políticamente al peronismo (Zanca 2006; González 2000). En el marco de las disputas internas que ya sacudían al Departamento, y que reseñáramos anteriormente, ellos entablaron un profundo acercamiento con los estudiantes, conformando luego las llamadas “cátedras nacionales”^[19].

Paralelamente a esta circulación de académicos católicos entre universidades confesionales y públicas, se crearon nuevas instituciones privadas que –como la Universidad “Centro de Altos Estudios en Ciencias Exactas” (CAECE)^[20]– incorporaron a varios profesionales excluidos del ámbito universitario público.

Respecto al devenir de la UCA tras el advenimiento del régimen militar, cabe destacar que ofició como bisagra institucional entre el poder de la Iglesia y el poder del Estado.

Decidida a brindar apoyo material y simbólico al orden social procurado por la dictadura, la jerarquía católica demandó en contraparte que un grupo de académicos formado en sus filas integrara el nuevo aparato burocrático junto a las autoridades militares. Así, la CEA identificó prontamente su posición política con la del régimen de facto, operando sus posibilidades para emprender el salto a la gestión pública. Baruch Bertocchi (1987: 78) ha señalado que este gobierno pasó a la historia “como el primer ensayo de la Iglesia católica en el poder temporal, a través de sus militantes”.

Fue la UCA, precisamente, quien desempeñó un papel trascendental en este contexto: los cursos para oficiales de las Fuerzas Armadas impartidos en dicha casa de estudios durante 1965, el encuentro de Mons. Derisi con Ongania a los cuatro días del golpe de Estado y el cursillo sobre el “Acta y Estatutos de la Revolución Argentina” dictados en la institución por los doctores De Pablo, Bidart y Estrada pusieron de manifiesto, según Saguier (2006), la abierta relación existente entre la Universidad y el régimen militar.

Ciertamente, Onganía puso al frente de los Ministerios, Secretarías y demás organismos de Estado a referentes de diversos círculos católicos, reclutando sus primeros técnicos de la red universitaria de cultura y militancia católica^[21]. Así, en un contexto en que las universidades estatales estaban intervenidas y era fuertemente cuestionado el proceso de politización por el que atravesaban, fueron los egresados de las instituciones confesionales (fundamentalmente de la UCA) quienes ocuparon importantes posiciones de poder en el gabinete del régimen militar.

Al respecto, Neiburg y Plotkin (2004) que han examinado los itinerarios de destacados miembros de la primera generación de economistas del país, constataron que la mayoría de ellos fueron formados en la UCA. Egresados de las carreras de Economía y Administración de Empresas de dicha Universidad, varios profesionales católicos encabezaron el gabinete administrativo de la “Revolución Argentina”: Jorge Salimei en el Ministerio de Economía, Felipe Tami en el Banco Central y Alieto Gudagni en el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), entre otros.

En sintonía, un grupo de especialistas católicos de ideología nacionalista se desempeñó al frente de la cartera educativa. Luego de un breve paso de Carlos M. Gelly y Obes (1966-1967) por la dirección de la Secretaría de Cultura y Educación (rango al cual se había rebajado anteriormente el Ministerio de Educación), su titular fue José M. Astigueta (1967-1969), vinculado a las cúpulas de la dirigencia católica. Durante su gestión, Juan R. Llerena Amadeo, destacado profesor de la UCA, desempeñó el cargo de subsecretario de educación (siendo luego tercer ministro de la última dictadura)^[22].

Asesorado por este grupo de referentes católicos, Onganía sancionó la Ley 17.604/67 que, entre otras cosas, legitimó el funcionamiento del Consejo de Rectores de Universidades Privadas (CRUP), conducido precisamente por Mons. Derisi desde el año 1962. Desde entonces, el CRUP se constituyó en órgano de coordinación general para el conjunto de las universidades privadas (católicas y empresariales).

3.2. Primera etapa del conflicto en la UCA: la revista de Sociología como expresión de resistencia y disparador de lucha

Según su estatuto, la UCA “adopta como cuerpo de doctrina, sin desmedro de la libertad de los estudios, la Filosofía de Santo Tomás de Aquino, cuyo sistema, principios y método se propone desarrollar” (UCA, 1959: art.IV). Claramente, esta impronta fue asignada a la institución por Mons. Derisi, identificado abiertamente con una de las líneas más conservadoras del tomismo en nuestro país. Desde allí puede interpretarse no sólo su concepción de universidad, sino además su constante oposición a la introducción de novedades tanto en el campo eclesiástico como filosófico, su rechazo a los principios del reformismo universitario y proyectos de modernización académica así como su, cada vez mayor, desacuerdo respecto al manejo que Miguens hacía del Departamento de Sociología.

Si bien el debate en torno a la compatibilidad de la Sociología con el catolicismo no era nuevo, el devenir de los años sesenta renovó el cuestionamiento al estatus de la disciplina. En varias oportunidades, Mons. Derisi expresó que ésta debía subsumirse a la filosofía:

Muchas veces se ha querido oponer la ciencia a la cultura. La verdad es que no se oponen. […] los hábitos de las ciencias no son sino una parte y la inferior de la cultura del entendimiento especulativo. Y como culto o cultivado de los fenómenos, está subordinado al conocimiento de la realidad misma, es decir a la filosofía. Y junto con ésta […] también sujeta a las exigencias prácticas de la vida moral. (Derisi, 1961: 4)

Esta perspectiva normativa de la disciplina, apegada a la doctrina de la Iglesia católica, contradecía los intereses de Miguens de reivindicarla como ciencia autónoma y positiva, lo cual fue generando un profundo distanciamiento entre las autoridades universitarias y el Departamento. Pero no se trató, meramente, de proyectos institucionales disímiles. Rivalidades personales y posicionamientos ideológico-políticos confrontados fueron los ejes de una polémica más general: el desarrollo de la disciplina a mediados los años ´60, contexto en que entabló un fecundo diálogo con intelectuales no-católicos. Al respecto, Mons. Blanco rector emérito de la Universidad, brindó su perspectiva (comunicación personal, noviembre/2011):

Había una clara tensión entre Sociología y fe. El problema que teníamos y que tenemos, es la definición exacta de la Sociología y las ciencias sociales en general, conforme a objetos, métodos y tipo de saber. Ese es un tema que cuando puede se evita, pero sigue sin resolverse.

Ciertamente, el Concilio Vaticano II profundizó las diferencias entre la jerarquía conservadora de la Iglesia católica y diversos grupos de sacerdotes y laicos que propugnaron la adopción de formas organizativas más democráticas y una mayor apertura de la institución eclesial respecto a lo “social” (Touris, 2010). Ello encendió la discusión al interior de la intelectualidad católica sobre los procesos de renovación académica y eclesiástica. Fue un contexto de radicalización política que caló profundamente en una parte importante del mundo universitario católico, expresándose fundamentalmente en el ámbito de las ciencias sociales y en Sociología en particular.

En efecto, las nuevas corrientes del pensamiento católico produjeron gran inquietud en el Departamento de Sociología de la UCA, expresado en la alta participación de varios de sus docentes y estudiantes en diversos espacios renovadores. En este marco, la Asociación de Estudiantes de Sociología (AES) y un grupo de profesores del Departamento firmaron una solicitada denominada: “Los cristianos y el cambio social ante recientes declaraciones” (septiembre/1965) en la que convocaron a sectores católicos a cambiar de mentalidad y definirse frente a la realidad que planteaba el Concilio^[23].

Opuesto abiertamente a los principios conciliares, Mons. Derisi señaló los peligros que la “politización” traía aparejada para la comunidad académica, reflotando las disposiciones del estatuto universitario:

La Universidad no podrá por ninguno de sus órganos, promover o autorizar manifestaciones de carácter político. Sus autoridades, profesores o alumnos se abstendrán igualmente de invocar su condición de tales para ejercer actividades del mismo carácter (UCA, 1959: art.VIII).

Sobre esta base, la UCA promulgó la ordenanza N° XXIV “sobre el uso del nombre de la universidad”, donde prohibía a toda la comunidad académica hacer declaraciones públicas que involucrasen la identidad de la institución (Zanca, 2006).

Dado el estado de situación, el advenimiento de la “Revolución Argentina” intensificó los niveles de conflictividad intra-institucionales. Habida cuenta las relaciones políticas y de poder entabladas entre la CEA y los sectores militares, no resultó extraño que, al momento de producirse el golpe, la UCA se alineara tras los propósitos del régimen militar. Según Selser (1986), frente a la “noche de los bastones largos” y la intervención de las universidades nacionales, el Consejo Superior de dicha universidad católica hizo votos para que la nueva coyuntura política le permitiera a la UBA reencontrarse con la tradición nacional y cristiana.

En contraste, la AES, que desde su constitución editaba un pequeño boletín con las declaraciones de sus delegados en la FEUCA, diseñó también una revista llamada “Sociología” que publicó tres números durante el año 1966, poniendo de manifiesto como el conflicto estudiantil-universitario iba en ascenso. Cabe destacar, especialmente, el primer número de la revista dado a conocer el 3 de agosto de 1966 porque en él los estudiantes manifestaron su repudio frente a la represión desatada en la UBA, al tiempo que reafirmaron los principios de libertad académica y autonomía universitaria (Revista Sociología N° 1, 1966). Carlos Prego, entonces vicepresidente de la AES, se refirió a ello (comunicación personal, abril/2012):

Un poco la revista fue un canal, a través del cual se filtraba nuestro descontento frente al manejo de la universidad. Por eso fue muy atacada y condenada en la institución, porque era un poco la más pública. El primer número de la revista fue el de la intervención, el segundo el de la ruptura y el tercero de la crisis. La llamamos `Sociología´. Y bueno fue clausurada después del tercer número, obviamente. El primer número apareció en agosto de 1966, el segundo en octubre y el tercero en diciembre. Ver la evolución de la revista permite tener un encuadre muy grande de cómo fue la evolución de ese año. Los artículos que presentaba la revista eran artículos de Sociología, pero en la sección informativa publicábamos todo, y era todo lo negativo, las declaraciones de la federación de estudiantes, de los delegados de Sociología y en el primer número apareció el rechazo a la intervención y violencia en la UBA.

Entre los delegados de la AES, se destacaba especialmente la figura de Juan José Llach. Carlos Prego, se refiere a él en una entrevista (comunicación personal, abril/2012):

Juanjo Llach tuvo un papel importante ahí, porque escribió unos artículos que en ese momento causaron mucho impacto. Escribió un famosísimo artículo que se llamaba `Camilo Torres y los hijos de la libertad´. Nunca había aparecido algo así en una revista de la UCA, ni volvió a aparecer. Era una reflexión sociológica, un poco metafísica. Pero bueno, el título lo decía todo, era una reflexión ética y política en el fondo, pero en absoluto fue una propaganda guerrillera. Era la idea de un cura sociólogo que dijo, nuestro compromiso es con la lucha social. La reflexión era la libertad, por así decirlo. En fin, era un artículo muy breve pero que jugó un papel, en algún sentido fue un llamado de alerta para la institución.

3.3. Segunda etapa del conflicto en la UCA: vigilar y castigar, la reacción del rectorado

Frente a las polémicas publicaciones de la revista “Sociología”, la respuesta del rectorado fue sancionar, bajo la figura de un apercibimiento, a la Comisión Directiva de la AES por violar la disposición que prohibía hacer uso público de la condición de miembro de la institución. Uno de los sancionados fue precisamente su presidente: Enrique Amadasi, que cursaba el 4° año de la carrera, negándosele el acceso al cargo de ayudante de cátedra en la materia Técnicas de Investigación. También Juan José Llach, entonces estudiante de 5° año, fue sancionado quitándole el derecho a la medalla de oro que le correspondía por obtener el mejor promedio de la carrera.

En sintonía con los estudiantes, varios docentes de la Universidad presentaron una declaración conjunta en la que cuestionaban la violenta “noche de los bastones largos”. En efecto, el 4 de agosto de 1966, 42 profesores de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas de la Universidad (en su mayoría provenientes del Departamento de Sociología) firmaron un documento que comenzaba con la siguiente leyenda: “Repudiamos enérgicamente la violencia que fue utilizada contra la Universidad Nacional de Buenos Aires, violencia que niega derechos fundamentales de la persona y la dignidad humanas” (Revista Sociología N° 1, 1966: 49).

Se sumó a ello, una nueva declaración de los estudiantes con algunas decenas de firmas. Hubo, además, un intento de lanzar una declaración conjunta entre los dirigentes de la FEUCA y la Federación de Estudiantes de la USAL (FEUS), que fue aplacada por intimidaciones de ambos rectores. Rápidamente, el Consejo Superior de la UCA publicó en el diario “La Nación” una nota en apoyo a la intervención de las universidades públicas, en la que explicitaron además que esta declaración “es la única que expresa el pensamiento oficial” de la Universidad (Revista Sociología N° 1, 1966: 49).

La situación terminó por estallar y tomar estado público el 29 de agosto de 1966, durante la ceremonia inaugural de nuevas aulas de la facultad. Al acto asistieron, además del Cardenal Caggiano, arzobispo de Buenos Aires; Enrique Martínez Paz, ministro del interior e interino de educación y justicia –que concurrió en representación de Ongania–; Carlos Pérez Companc, titular del Consejo de Administración de la UCA, y por supuesto el decano de la facultad y el rector. En medio de los discursos, se produjo un incidente protagonizado por Eduardo Saguier, entonces estudiante de 5º año de Administración y 3º de Derecho. Él mismo ha relatado lo sucedido (comunicación personal, noviembre/2011):

Poco después de la “noche de los bastones largos”, vinieron a inaugurar el segundo piso del Convento Mercedario que está frente al Banco Central, en calle Reconquista, donde estaba la Facultad de Ciencias Sociales en esa época. Era muy indignante la situación de lo ocurrido con la UBA. Cuando leí en los diarios ese asunto de la inauguración, recuerdo que me temblaban las piernas, porque sabía que iba a ser una locura. [...] Recuerdo que fuimos todos al aula magna. Estaba lleno de gente y en la cabecera se veía al Cardenal Caggiano y los obispos, también a los generales. Bueno, por supuesto, estaba Derisi. Pero nosotros estábamos en el fondo. Y entonces, el compromiso era: yo salgo al frente, grito unas cosas y ustedes gritan ¡viva! Ese era el acuerdo. Entonces, estaba el Cardenal Caggiano, con la pila bautismal, para bendecir el lugar, echando agua bendita y yo irrumpo en medio del salón y grito: ¡Que se liberen los estudiantes presos! ¡Viva la libertad y la autonomía universitaria! Y se armó un quilombo. Me decían ¡bolche ándate a la universidad del Estado, ándate a la UBA! Toda la corte de Derisi, porque tenía una corte de alcahuetes entre estudiantes, graduados, profesores jóvenes. Muy inteligentes, tomistas todos. Entonces, algunos me hicieron un cerco para que no me pegaran. Les rompí el acto, salí en los diarios y todo porque los periodistas querían saber quién era, porque no había una sola opinión en el país contra el gobierno y menos en una universidad católica. Se rumoreaba que me iban a meter preso y que intercedió Derisi para que no me llevaran. ¿Y ahí qué pasó? Me terminaron echando, me suspenden indefinidamente.

Hacia fines de septiembre, la AES lanzó una nueva declaración en la que advertían sobre las restricciones a la libertad académica por parte de las autoridades universitarias, que habían adquirido características autoritarias. Afirmaban, allí, que la Ordenanza XXIV “no condice con las características que debe reunir una verdadera comunidad universitaria, donde debe reinar la más amplia libertad de pensamiento y de expresión para sus integrantes” (Revista Sociología N° 2, 1966: 49).

Dado los conflictos acumulados, las autoridades de la UCA actuaron de inmediato. A la expulsión del alumno Eduardo Saguier, le siguió la suspensión por más de una semana de al menos 78 estudiantes (mayoritariamente de las carreras de Sociología, Administración y Derecho) y el amonestamiento de todos los profesores que firmaron la declaración del 4 de agosto. Además, frente al rumor de una eventual toma de la facultad, el entonces decano Francisco Valsecchi convocó a fuerzas policiales para que la custodiaran.

La situación derivó prontamente en un proceso de renuncias de la mayoría de los profesores más destacados, aquellos de mayor vínculo con los estudiantes y de recientes graduados, que habían iniciado su carrera docente. Más de veinte profesores del Departamento de Sociología, encabezados por Raúl Usandivaras y Luis Basombrío, presentaron su renuncia indeclinable. Cabe destacar la situación de los profesores Justino O´ Farrell y Francisco Suárez, quienes permanecieron en sus respectivos cargos hasta que finalmente fueron despedidos un mes más tarde.

También el director del Departamento, José E. Miguens, presentó su dimisión el 7 de noviembre del mismo año en los siguientes términos:

Una pedagogía democrática que enseñe todo el respeto a la opinión de cada uno y el derecho de todos los estudiantes a no aceptar conceptos sin la debida fundamentación, eliminando en los profesores el autoritarismo y el dogmatismo y fomentando en los alumnos el hábito crítico y el pensamiento creativo, sin los cuales no puede haber ciencia [...] se encontró con una concepción universitaria distinta, con tentativas de acallar cualquier manifestación de pensamiento, la puesta en duda sistemática de la ortodoxia de la enseñanza, el desahucio de toda tentativa de vinculación con la comunidad académica del país, y la sofocación de cualquier crítica estudiantil a los problemas de fondo de la universidad (Revista Sociología N° 3, 1966: 57).

3.4. Tercera etapa del conflicto en la UCA: hacia la desinstitucionalización de la carrera de Sociología

Gran parte de los docentes renunciantes se trasladaron a la otra universidad confesional de la Ciudad de Buenos Aires, la USAL, que se vio favorecida además con la captación de aproximadamente 30 estudiantes, algunos de ellos prácticamente graduados como Juan José Llach. Varios otros se dirigieron a diferentes instituciones del país y del extranjero, particularmente hacia Santiago de Chile.

Atilio Borón, por ejemplo, que se había recibido en 1965 y se desempeñaba como “auxiliar docente” en la cátedra de Miguens, ingresó a la FLACSO de Chile para realizar la recientemente creada Maestría en Ciencia Política. Asimismo, un destacado grupo de estudiantes, entre los que se encontraban Eduardo Saguier, Daniel Cormick, Carlos Prego, Guillermo Salatino y Alfredo Páez se dirigieron a la Pontificia Universidad Católica de Chile donde se les otorgó equivalencias por las materias aprobadas. También tuvieron un breve paso por esta institución Fernando Perera, Patricio Biedma y Hugo Perret, luego desaparecidos por la última dictadura militar argentina. Respecto al trayecto de los estudiantes en Chile, Eduardo Saguier ha comentado (comunicación personal, noviembre/2011):

Cuando Derisi nos pone esa suspensión, entonces decidimos todos irnos a Chile. Poco antes, yo había empezado a frecuentar a varios de los que estudiaban Sociología en la católica. Ellos vivían en una pensión en San Telmo y yo iba a tomar mate ahí. Desesperado, empecé a buscar aliados. Como no había oposición, mucho menos en Economía o Derecho donde yo estudiaba, buscaba gente que se opusiera, no solo a la gestión de la Universidad sino al gobierno. Y no encontraba aliados hasta que conocí mis amigos estos de Sociología. Y luego del conflicto nos vamos a Chile. En realidad, en 1967 nos vamos a Chile. Ellos fueron apoyados por la “Revista Mensaje”, una revista católica de Chile que los apoya, les da vivienda y comida. Y como yo no estudiaba Sociología, a los Jesuitas de la “Revista Mensaje” no les interesaba mi persona, les interesaban ellos. Así que yo estaba por mi cuenta, pero junto a ellos. Allá estuvimos en la Universidad Católica de Chile, a ellos les reconocieron casi todas las materias. Pero no todos se fueron a Chile, otros decidieron irse al Salvador. Salvador era más de medio pelo, más mediocre, con menos rigor académico, más populachera, a diferencia de la UCA que era más high. Pero claro, cuando la UCA cae en manos de la extrema derecha, cuando Derisi hace ese giro hacia la derecha, todo el mundo se iba al Salvador porque encontraba un oasis de libertad allí.

Después de estos sucesos, y mientras las universidades públicas comenzaban a transitar un proceso de politización ascendente, la dirección del Departamento de Sociología pasó a manos del reconocido católico José Luis de Imaz, quien había sido docente de Sociología durante la gestión de Germani en la UBA y desde 1965 se desempeñaba como tal en la UCA. Como parte de los círculos católicos nacionalistas, de Ímaz manifestó abiertamente su apoyo al gobierno de Onganía, siendo reclutado luego como su asesor político (Giorgi, 2017).

En este marco, el plan de estudios de Sociología en la UCA fue reformado en dos oportunidades (1968 y 1973), sobre la base de una estructura curricular menos flexible y más orientada a la formación teórica y metodológica (Pereyra, 2012). Pero, hacia fines de los años setenta, el rectorado decidió finalmente reorientar la formación de la carrera hacia el nivel de posgrado.

La UCA, que había fundado una carrera de grado de Sociología en la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, después de algunos años de experiencia, creyó conveniente trasladarla a post-grado, dado el fuerte impacto que ella puede producir en los jóvenes. (Derisi, 1983: 176).

Así, en 1978 se implementaron Cursos de Posgrado en Sociología y hacia 1981 se instituyó la carrera de Magister en Sociología vía Resolución N° 1450 del Ministerio de Cultura y Educación. Con el complejo transcurrir de la última dictadura militar (1976-1983) “Derisi aprovechó para desmantelar y desaparecer el Departamento de Sociología, cuna de tantas herejías que, en otro tiempo, hubieran merecido la hoguera” (Borón, 2010: 77).

Desde 1980 la carrera de grado no tuvo nuevos inscriptos y hacia 1987 se egresaron los últimos licenciados. Se trató de una reestructuración de tipo autoritaria, vinculada no a meras dificultades económicas o a un déficit financiero del Departamento, sino más bien a un desgaste político de sus autoridades y a la clausura de una etapa de formación, ante la inminente reorganización de la carrera en la UBA.

4. Consideraciones finales

Sobre la base de su larga tradición formativa y la coyuntura política del momento, la cúpula de la Iglesia católica argentina logró erigir sus propias universidades recién hacia mediados del siglo XX. Fue en la Ciudad de Buenos de Aires, donde se asentó su principal creación institucional, la UCA, y desde allí fueron formándose destacados intelectuales católicos que terminaron ocupando puestos claves en el Estado y que circularon por algunas universidades públicas, especialmente durante los años ´60.

Mons. Derisi, rector de la UCA, desempeñó un papel clave en este contexto donde se multiplicaban los proyectos de modernización académica en el sistema universitario y crecían los reclamos de estudiantes e intelectuales en pos de una mayor apertura democrática y acercamiento a la realidad social. Apegado a la doctrina tomista y al normativismo eclesiástico, Mons. Derisi pretendió que la UCA subsistiera bajo estricto control de la jerarquía católica y alejada de todo tipo de “politización”, manteniéndose contraria a los cambios que entonces proponía el Concilio Vaticano II.

En este contexto, se instituyó la carrera de Sociología en dicha universidad confesional, no sin grandes debates en los planos político y religioso. José E. Miguens, fue el introductor de la disciplina en el medio católico y fundador de la carrera en la UCA. Desde allí, desplegó una interesante experiencia intelectual e institucional de desarrollo de la Sociología cercana a los postulados posconciliares. Pero los intentos de los sociólogos de la UCA por combinar su compromiso cristiano con una actividad pedagógica y científica que simultáneamente pudiera erigir y respetar sus propias leyes, confrontaron prontamente con los intentos de las autoridades universitarias por limitar el pensamiento y prácticas científicas que se apartaran de las enseñanzas de la Iglesia.

Este proceso estuvo atravesado por el advenimiento de la dictadura de Onganía en 1966 que, en líneas generales, avanzó sobre dos planos principales: modernización del Estado y reordenamiento de la Nación, lo que incluyó obviamente al espacio universitario. Como vimos, si bien la dictadura mostró inicialmente una faceta autoritaria-represiva sobre las universidades (imagen que se ha generalizado, pero que está fuertemente asociada a lo ocurrido en algunas unidades de la UBA tras la “noche de los bastones largos”) fue virando, luego, hacia un esquema de modernización-tecnocrática, siendo la UCA el espacio privilegiado de reclutamiento de sus principales técnicos.

Sin embargo, a razón del golpe de Estado y la llamada “noche de los bastones largos” que sobrevino en la UBA, se acentuaron las tensiones entre Mons. Derisi y el recientemente creado Departamento de Sociología de la UCA, que entonces resultó ser una de las mayores expresiones de disfuncionalidad de la intelectualidad católica respecto a los preceptos preconciliares sostenidos férreamente por las autoridades universitarias.

Estalló, así, un conflicto que tuvo fuertes repercusiones públicas. La radicalizaron de las primeras cohortes de alumnos y docentes de Sociología, tuvo diversas expresiones, siendo la más significativa la revista de la AES, en cuyas páginas se repudió la intervención a las universidades estatales por parte de la dictadura, denunció la connivencia de las autoridades de la UCA y expresó una fuerte defensa de la autonomía universitaria y la libertad académica. Como vimos, Mons. Derisi respondió con suspensiones/expulsión de alumnos y amonestamiento a docentes, muchos de los cuales –incluido el mismo Miguens– renunciaron. La carrera transitó, desde entonces, por un camino de desinstitucionalización, clausurando así las posibilidades de que esta generación de sociólogos pudiera desarrollarse profesionalmente en el ámbito de la Sociología católica.

En suma, este trabajo procuró brindar una mirada analítica productiva respecto a la compleja relación-tensión entablada entre la comunidad sociológica de la principal universidad confesional del país (la UCA) con los círculos católicos conservadores que la conducían (cuyo referente principal fue Mons. Derisi), en el marco de un complejo contexto histórico (la dictadura de 1966). En tal sentido, el aporte principal del mismo ha sido reconstruir la crónica del conflicto universitario acecido a la vez que conocer a sus protagonistas, a partir de articular un importante cúmulo de material empírico: documentos de archivo y testimonios de algunos actores que participaron y/o fueron impactados en su vida personal y profesional por aquellas disputas.

Un aspecto a destacar es, precisamente, la temporalidad de los testimonios orales recogidos en el trabajo: las entrevistas (comunicaciones personales) fueron realizadas entre los años 2010 y 2014, contexto signado por el desarrollo de una explícita política pública de derechos humanos que favoreció la emergencia de actitudes proactivas y/o defensivas en los entrevistados que se activaron tras la necesidad de justificar posiciones y “tomas de posición” pasadas en años recientes. Emergió así una “memoria política” que, de acuerdo a Franco y Levín (2007), supone siempre una construcción selectiva de discursos anclados en un tiempo y espacio pasados, pero narrados desde el presente.

No obstante, el constante dialogo entablado con la bibliografía especializada sobre el tema, así como su articulación con el profuso material histórico-documental desplegado que remite al momento en el cuál trascurrían los hechos (especialmente la revista de estudiantes de Sociología, que constituye un testimonio in situ de los conflictos con las autoridades de la UCA) ha permitido no sólo mantener una distancia crítica respecto a la “memoria” social y política de los entrevistados, sino fundamentalmente brindar una reconstrucción histórica novedosa sobre los acontecimientos.

Sobre esa base, ha sido posible enmarcar al caso analizado en el campo más general de las ciencias sociales en la Argentina de los años ´60 y repensar, desde allí, determinados puntos de inflexión y continuidad sobre los procesos de modernización académica, la configuración de la Sociología en el país, los claroscuros de la “Revolución Argentina” en el mundo universitario, la polarización del catolicismo integral en el contexto, entre otros.

Esperamos que estas páginas hayan coadyuvado a reflexionar sobre los entretelones de esta fuerte disputa política y simbólica acaecida en el seno de la prestigiosa Universidad Católica Argentina, en el marco del complejo proceso de institucionalización de la Sociología como disciplina científica, y durante un periodo de la historia argentina que todavía conserva sombras en el mundo académico.

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Notas