Resumen:
El interés está centrado en analizar cómo se desarrolla la participación comunitaria a la luz (o la sombra) de un contexto de amplias brechas de desigualdad social con grupos sociales fuertemente excluidos. Se utilizó una metodología cualitativa, constituyendo la unidad de análisis los sujetos de barrios populares que participan activamente en las distintas organizaciones comunitarias del departamento de Rawson de la provincia de San Juan. Según lo analizado, el contexto de pobreza moldea una particular forma de pensar-actuar, que impacta negativamente en las posibilidades de desarrollo de participación comunitaria genuina y sostenida en el tiempo. Las prácticas clientelares han sido habitualizadas como modo cercano y simple de obtener recursos básicos para la subsistencia de las familias, lejos de la exclusión del mercado y la burocracia del Estado. En este sentido, se destaca la necesidad de indagar en los componentes subjetivos y simbólicos de las practicas participativas como modo de propiciar el desarrollo de prácticas más genuinas que contribuyan al empoderamiento comunitario y ciudadano.
Palabras clave: empoderamiento, desigualdad social, clientelismo.
Abstract:
The interest is focused on analyzing how community participation develops in the light (or shadow) of a context of wide gaps of social inequality with strongly excluded social groups. A qualitative methodology was used, constituting the unit of analysis the subjects of popular neighborhoods that actively participate in the different community organizations of the department of Rawson of the province of San Juan. According to what has been analyzed, the context of poverty shapes a particular way of thinking and acting, which negatively impacts on the development possibilities of genuine and sustained community participation over time. The client practices have been habitualized as a close and simple way of obtaining basic resources for the subsistence of the families, far from the exclusion of the market and the bureaucracy of the State. In this sense, the need to investigate the subjective and symbolic components of participatory practices is highlighted as a way to promote the development of more genuine practices that contribute to community and citizen empowerment.
Keywords: empowerment, social inequality, clientelism.
Artículos libres
La participación comunitaria en contexto de exclusión social. El caso del Municipio Rawson de la Provincia de San Juan [1]
Community participation in a context of social exclusion. The case of the Rawson Municipality of the Province of San Juan
Universidad Nacional de Cuyo
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Recepción: 13 Abril 2018
Aprobación: 04 Noviembre 2018
Las iniciativas y propuestas de participación se presentan unánimemente como acciones positivas, ya que se la asocia a las posibilidades de democratización y empoderamiento local que pueden traer aparejadas. Tal como lo destaca Enrique Seller (2009) la participación aporta sustantivos beneficios a la dinámica organizacional y comunitaria al proporcionar una adecuación a las instituciones, romper la apatía y desconfianza ciudadana, permitir a la ciudadanía reconquistar y recuperar el espacio público, generar capital social y potenciar sentimientos comunitarios.
En este sentido, entendemos la importancia de indagar en profundidad las características y dinámicas de participación de las comunidades, en especial de aquellas atravesadas por la vulnerabilidad social y la exclusión. Resulta importante un análisis crítico de las formas de la participación en el actual contexto, que tome en cuenta que ésta puede ser un instrumento fundamental para la consolidación y desarrollo de la ciudadanía, pero también, según sus características, un modo de subordinación y control social. Es decir, puede ser un ámbito propicio para desarrollar redes cooperativas en el marco de conocimiento y ejercicio de derechos, o puede, por el contrario, contribuir a perpetuar relaciones desiguales.
Reconociendo la participación como un valor, pero principalmente como un derecho de los ciudadanos en una sociedad democrática, resulta pertinente analizar las características de su desarrollo. En una sociedad donde los derechos de los ciudadanos continúan aún ligados a coyunturas económicas y políticas, resulta clave contar con una mirada crítica de los procesos de participación, que busque indagar en la calidad, modalidad e incidencia de éstos como puntapié inicial para el desarrollo de modalidades de participación más genuinas que propicien el mayor y mejor reconocimiento y ejercicio de derechos sociales y políticos.
El interés está centrado en analizar cómo se desarrolla la participación comunitaria a la luz (o la sombra) de un contexto de amplias brechas de desigualdad social con grupos sociales fuertemente excluidos. Reconociendo las potencialidades de los procesos de participación, se busca conocer de qué modo éstas se ven debilitadas por aspectos simbólicos (débil reconocimiento de derechos, individualismo, desconfianza, etc.) que atraviesan a los actores sociales por su situación de exclusión económica, social y cultural. El analisis esta centrado, en consecuencia, en tres dimensiones:
1. Teniendo en cuenta que los procesos participativos se desarrollan en relación estrecha con las características socioeconómicas del contexto en que se desenvuelven ¿Qué características toma actualmente la participación en estos espacios de organización comunitaria?, ¿Cómo se propone y desarrolla la participación? ¿Quiénes participan? ¿Con que objetivo se involucran los actores?
2. Más concretamente y partiendo de la premisa de que la situación socioeconómica actual se caracteriza por amplias brechas de desigualdad social ¿Cómo impacta la vulnerabilidad social de los sectores implicados en el desarrollo de los procesos de participación? ¿Qué obstáculos se presentan? ¿A qué necesidades responde la participación?
3. Considerando que las cualidades que asume la participación a nivel local tienen que ver con la distribución del poder, la democratización de los recursos y los niveles de empoderamiento social y cultural ¿Cómo significan sus prácticas los actores sociales? ¿Cuál es el rol en que ubican al Estado dentro de las mismas? ¿Con que nivel de autonomía cuentan?
Para abordar estos interrogantes se utilizó una Metodología Cualitativa, con una muestra de tipo intencional en relacion a la unidad de analisis concentrada en los sujetos que participan activamente en las distintas organizaciones comunitarias del departamento de Rawson. Pero fué ademas delimitada en terminos territoriales con fines analíticos: el departamento Rawson de la provincia de San Juan presenta una zona (al sur-oeste del mismo) donde han sido relocalizadas poblaciones de antiguos asentamientos urbanos de la provincia, de acuerdo a distintos programas de Vivendas Sociales. En este sector encontramos diez comunidades barriales con entre 5 y 10 años de pertenencia al territorio municipal, las cuales han experimentado recientemente la construccion de estructuras y dinamicas de organización vecinal y de vinculación con organismos públicos municipales.
En la zona descripta, entonces, se buscó el acceso a diversos informantes y entrevistas para lo cual se utilizó la “estrategia de bola de nieve”. De este modo se desarrollaron cinco entrevistas semi-estructuradas individuales y una entrevista grupal donde participaron cuatro informantes más. Los mismos fueron dirigentes de uniones vecinales, líderes de talleres comunitarios y merenderos; y actores principales de comisiones barriales.
La idea de participación emerge como discurso siempre bien visto que paradójicamente puede relacionarse con proyectos sociales y políticos diversos e incluso antagónicos: “la participación es formulada desde distintas tradiciones doctrinarias, que conciben también de modo distinto la relación entre los individuos y el Estado o más ampliamente entre la sociedad y el Estado” (Garcés 1999; 2). Esta “legitimidad” de la participación social en “el sentido común” lleva a la necesidad de analizar su concepto y utilización.
De forma general acordaremos con Laura Acoto (2003) que los mecanismos favorecedores de procesos de participación genuina demandan preparación, análisis deliberativo, reflexión, madurez organizativa, etc., cosas que hoy pocas Organizaciones de la Sociedad Civil poseen. Pese a esto, es generalizada la “idealización” de la participación y la idea de que el surgimiento y desarrollo de actores sociales y OSCs es siempre un potencial positivo para el logro de comunidades empoderadas y, por tanto, de una sociedad más democrática y justa. Sin embargo, según esta autora la realidad en América Latina es que el desarrollo de las OSC ha sido más cuantitativo vinculado a la pobreza, a la violencia del Estado y a la pérdida de derechos; que cualitativo.
En este sentido, Emir Sader afirma el neoliberalismo no solo consolido las brechas de desigualdad social, sino que además tuvo repercusión en las relaciones sociales, con efectos negativos en la organización social y la lucha política. Se profundizó la fragmentación social y el enfrentamiento y debilitamiento de los sindicatos, todo ello en relación al creciente desempleo. (Sader 2001; 138)
La incidencia de las políticas neoliberales desarrolladas fue entonces, más allá de niveles materiales y económicos de vida. Estas repercutieron fuertemente en la subjetividad del colectivo social produciendo fragmentación de la acción colectiva, individualismo, negativización y descalificación de la participación política, desconfianza hacia el Estado y su administración, ruptura de lazos de solidaridad; combinados paradójicamente con el surgimiento de redes locales para la satisfacción de necesidades básicas.
En este contexto, estas acciones emergentes en las comunidades, lejos de surgir como prácticas de libertad y transformación socio-política, se caracterizan por la fragilidad en relación al nuevo y creciente rol con el que se identifica al ciudadano en este modelo, así lo menciona Echevarría: “La participación se asimila a la de clientes o consumidores más que a sujetos políticos cuyos derechos y responsabilidades involucran una acción de crítica y control ciudadano que trasciende los intereses particulares como usuarios y las transacciones mercantiles con las instituciones del Estado” (Echevarría 1998; 56).
Otro aspecto relevante es que en numerosas ocasiones, en el enfoque gubernamental, la participación es concebida más que como un derecho ciudadano, “como un medio o recurso, que multiplica las capacidades del sector público para actuar en este campo, prolonga sus brazos y facilita su llegada a las realidades locales y sectoriales diversas, teniendo en cuenta que el Estado tiene “los brazos muy cortos”; (Sáez 1998; 73) en la práctica encontramos entonces, vastas veces la “participación bajo el concepto de redes sociales compensatorias” (Garcés 1999; 17) es decir, “pobres organizados” enfrentando necesidades y problemáticas a nivel local de las que el Estado no se ocupa. Citando a Ziccardi: “Así, mientras que las capas medias y altas de la población tienen garantizados la infraestructura y los equipamientos, las clases populares para tener acceso a los mismos deben aportar trabajo comunitario”. (Ziccardi 2004; 258)
Según Flor Delia Portiño (2003) el ámbito comunitario presenta un “claro-oscuro” conviviendo en el mismo espacio, en el mismo tiempo. Esto quiere decir que la comunidad es tanto un espacio de cooperación, ayuda mutua, identidad, pertenencia; como, al contrario, frustración, violencia, desconfianza, discriminación, no cooperación. Como fue planteado en el apartado anterior, no se pueden negar las ventajas democráticas de las transferencias de recursos y poder de decisión hacia los ámbitos locales. Pero es por ello mismo que resulta trascendente indagar qué sucede cuando las políticas que en teoría apuntan a estos objetivos, por la desigualdad social existente, se tornan más mercantiles que una cuestión de derechos y compromisos sociales.
En este sentido podemos decir que gran parte de las características que asuma la participación en una comunidad están dadas por sus condiciones de vida y el contexto económico político social en el que está inserta, es así que destacamos, junto a Fernando Castillo que “lo que ha predominado y aún predomina ampliamente en las sociedades latinoamericanas es la exclusión social y política de amplios sectores sociales, con una ciudadanía débil, fragmentaria e inestable” (Castillo 1998; 8).
En relación a esto, Ziccardi (2004) se ocupa de ofrecer un diagnóstico de la participación, a partir del impacto de las políticas de la década del 90` destacando un elemento que talvez persista en estos tiempos y que resulta importante para el análisis: “la representación no representativa”. La autora afirma que uno de los dilemas que suelen presentarse es el tema de la representación, suele suceder que la sociedad local no está plenamente representada. Lo más generalizado es que los gobiernos locales sean quienes decidan la conformación de las comisiones, comités, etc. y aun en los casos en que se decide por el voto, hay alguna injerencia política partidaria. Este tipo de “representación no representativa” sería una de las causas principales de la baja participación a nivel local.
Esto sucede en gran parte a causa de que, como dice Auyero, quien tiene vasta investigación etnográfica en torno a la comprensión del clientelismo en sectores populares de Argentina: “una de las maneras de satisfacer las necesidades básicas de alimentación y salud de los pobres es a través del partido político con acceso directo a recursos estatales” (Auyero 2002; 38) el clientelismo se hace parte, según este autor, de la resolución rutinaria de problemas en los sectores populares formando parte de una red de relaciones cotidianas. Auyero examina el patronazgo o clientelismo como una estrategia que utiliza la gente pobre para resolver sus problemas en un contexto en que no logra hacerlo a través del mercado ni del Estado.
Si bien el tejido de redes sociales para la obtención de recursos es algo positivo en tanto contribuye a la satisfacción de necesidades locales, acordamos con Evelin Arraigada (2013) en que, a diferencia de otras formas de capital social, el clientelismo se basa en una relación desigual, marcada por la presencia de transacciones jerárquicas y asimétricas. “Quien controla mayores recursos distribuye bienes y otorga servicios a sujetos con menos recursos y estatus, a cambio de lealtad y apoyo político. Se trata, a su vez, de una relación paradojal, puesto que implica reciprocidad y voluntarismo, pero también involucra explotación y dominación, con aspectos simbólicos involucrados en la construcción y mantención de dichas relaciones”. (Arraigada 2013; 18)
Estos vínculos, según la autora, conectan a los ciudadanos con la estructura municipal, principalmente a través de los dirigentes sociales de base. Si bien la estructura burocrática municipal puede funcionar de manera relativamente eficiente y transparente, esto no implica que el trato entre funcionarios y otros agentes locales sólo responda a lógicas racionalizadas y universalistas. Estas formas de vinculación conviven con relaciones informales y personalizadas de mediación. (Arraigada 2013)
Entonces ¿de qué manera impacta el clientelismo en la acción colectiva y organización comunitaria? Es pertinente destacar, junto a Auyero, que: “Lejos de ser un reino de posible cooperación, las redes clientelares son, por el contrario, una estructura (des)movilizadora (…) los vínculos patrón-cliente son vistos como el exacto opuesto de las redes horizontales del compromiso cívico” (Auyero 2012; 21). Este autor concluye que “la inserción en relaciones clientelares es entendida como supresora de la participación en los contextos relacionales más horizontales que fueron pensados como conducentes a varias formas de compromiso colectivo (…) El predominio del clientelismo entre los pobres no solo frustra el reclamo colectivo, sino que también aísla y atomiza a los ciudadanos”. (Auyero 2012; 22)
Atendiendo a todo lo mencionado con precedencia, se debe tener en cuenta, en sintonía con Auyero (2002) y Zapata (2016) que las prácticas clientelares funcionan como un sistema cuyas relaciones trascienden lo material y operan en el campo de lo simbólico. Podemos plantear entonces que si bien existe una desigualdad material (o económico-social) de origen que propicia el desarrollo de relaciones desiguales, al ser el componente simbólico-cultural también un elemento clave en su reproducción, podría ser este también clave para su ruptura.
De este modo, “hay una contradicción entre los lados objetivos y subjetivos del arreglo clientelar” (Auyero 2002; 45). Por un lado, se trata de relaciones desiguales que confunden ejercicio de derechos sociales básicos (como alimentos o medicinas) con intercambios personales, que perpetúan relaciones de dominación; pero por el otro se incorporan a la representación social comunitaria como relaciones basadas en sentimientos de agradecimiento, confianza, reciprocidad, amistad, solidaridad. Auyero (2002) lo define como un autoengaño colectivo inscripto en las estructuras subjetivas, que excluye la posibilidad de pensar de otro modo: “la autoridad de patrones y punteros como actores generales, proviene de la habituación que el propio funcionamiento de la red genera”. (Auyero 2012; 19)
La lucha por el logro de una sociedad más justa y democrática, entonces, no puede dejar de lado la dimensión simbólica de las prácticas en tanto cotidianamente la política clientelar es la política normal (y normalizada) de vastos sectores. No se trata aquí de juzgar esta práctica en sí, sino de pensar aquellos horizontes que ella nubla, es decir: si bien pueden entenderse estas redes como un modo de obtener recursos e incluso un modo de “hacer política”, el trabajo sobre la conciencia ciudadana en el sentido de reconocimiento de derechos es fundamental en tanto quitar el velo que recubre estas prácticas puede erguir a los sujetos como ciudadanos más libres.
En esta instancia es necesario destacar que esta práctica emerge en el contexto de un mercado y un Estado que relega a grupos sociales. Esto grupos son excluidos y/o precarizados en el mercado de trabajo, imposibilitados de cumplir con el requisito fundamental de inserción al mundo capitalista: ser “consumidores”; y con un Estado que combina ausencia con una “particular y perniciosa presencia: intermitente, selectiva, sesgada y contradictoria” (Auyero 2013; 44). En el caso de las relaciones de estos grupos con los organismos y servicios estatales encontramos prácticas cotidianas que impactan en las subjetividades o representaciones comunitarias: “en sus interacciones con el Estado, los más destituidos aprenden a ser ignorados, pospuestos; aprenden a ser no ciudadanos, sino pacientes del Estado” (Auyero 2012; 30). Reconociendo todos estos aspectos y posibilidades, el desafío se trata entonces de “hacer visible las manifestaciones y experiencias sobre las violencias que experimentan los actores, aprehender y evidenciar lo que estas prácticas sociales violentas significan y representan en su correspondiente campo socio-simbólico”. (Auyero 2013; 56)
¿Cuál es la realidad de la participación en los sectores populares? Aún luego de años de un modelo de ampliación de derechos sociales, persisten grupos excluidos del sistema de trabajo o precarizados en el mismo, con necesidades básicas insatisfechas. Encontramos comunidades que enfrentan amplias problemáticas sociales. Se identifican, en primer lugar, necesidades básicas insatisfechas como la alimentación y la vestimenta. Al tratarse de familias con ingresos inestables y empleos precarios se destaca la necesidad de obtener alimento y vestimenta a través de redes informales:
“Acá nos entregan módulos de mercadería y no hay nadie que no venga a buscarlo, no queda ni uno y la gente te pregunta todo el tiempo”. (Carina)
Esto puede vincularse a lo que ratifican numerosos autores: “La manifestación más elocuente del éxito del neoliberalismo y de las llamadas políticas de ajuste estructural es el enriquecimiento vertiginoso de un pequeñísimo grupo de empresarios al amparo del régimen, mientras el resto de la población se hunde en la pobreza” (Sader; 2001; 64). Pero ademas, se destaca en los relatos que esta realidad social se refleja particularmente en la niñez:
“Es fundamental hacerles leche o té a los chicos, una merienda o desayuno antes de proponerles otra actividad porque la mayoría viene preguntando si hay té, si hay galletas” (María).
Otra problemática redundante en los relatos de los entrevistados se trata de la situación de conflictos entre barrios con un clima hostil cotidiano que incluye hechos de violencia fisica frecuentes:
“Mi barrio con aquel no se pueden ni ver, donde se encuentran hay problemas y no pueden ni cruzar, ha pasado que hay un grupito en la esquina y pasan unos con un revólver y tiran (…) Yo creo que se disputan por la venta de drogas, aquí se mueve mucho eso” (Carina).
Sumada entonces a la inseguridad producida por la precariedad cotidiana de la vida (Lorey 2012) encontramos que estás comunidades viven signadas por la vulnerabilidad ante situaciones de violencia a las cuales se suman también gran cantidad de robos, hurtos, etc. Estas comunidades están expuestas cotidianamente a ser víctimas de delitos y son más vulnerables al tener menos posibilidades de enfrentar las pérdidas materiales y humanas de éstos:
“Acá muchas familias se fueron, dejaron la casa, porque no se podía vivir de los robos, no podías salir” (María).
Por otro lado, se destaca la imposibilidad de recreación sana y segura para niños y adolescentes de estas comunidades. Los referentes barriales señalan la presencia de plazas descampadas sin mantenimiento municipal, falta de espacios verdes y juegos en comunidades con gran cantidad de niños, espacios sin iluminación no seguros para la recreación, etc. Se destaca la urbanización y servicios no garantizados: encontramos que los pobres, tal como lo afirma Ziccardi (2004) deben participar para tener servicios que otros sectores tienen garantizados. Así lo refleja el relato de Liliana:
“Acá viven hasta siete niños por familia y juegan en la calle porque esa plaza ¿viste como esta? Yo hable en el municipio que nosotros ponemos las plantas y la mano de obra, entre todos podemos sacar las piedras y que el municipio riegue” (Liliana).
Esta descripción de la realidad comunitaria intenta dar cuenta del contexto en el cual se desarrollan las propuestas e iniciativas y la serie de obstáculos con los que se encuentran las comunidades de sectores pobres urbanos en la cotidianeidad, planteando que estas condiciones moldean una particular forma de pensar-actuar. La participación como proceso comunitario, lejos de ser “mágica”, se produce en un aquí y un ahora, en un contexto que la condiciona. Prestando particular atención a las organizaciones territoriales de base o comunitarias, de sectores vulnerables-excluidos ¿están dadas las condiciones para que la participación de estos grupos contribuya a la solidaridad y libertad?
Se refleja en los relatos de los entrevistados que los referentes barriales, miembros de organizaciones y comisiones, desarrollan acciones aisladas y débiles en relación a la precariedad económica y social. Se trata en general de la entrega de módulos de mercadería y realización de meriendas-copa de leche con escasos recursos:
“A veces tenemos para hacer leche, pero la mayoría hacemos té y sopaipillas, a veces podemos comprar tortitas o conseguimos y les hemos enseñado a los chicos a compartir, no hace falta que todos se coman una, les damos media tortita y se conforman” (Liliana).
Estas acciones lejos de tender a la ampliación de derechos o a la lucha social, intentan suplantar en la inmediatez derechos de los que estos grupos son garantes, pero de los cuales son excluidos, así es el caso de la educación, los lideres barriales entrevistados destacan la estigmatización que sufren los jóvenes pertenecientes a estos barrios en el ámbito educativo secundario y la exclusión de los mismos, sin embargo lejos de establecerse un reclamo organizado, se tiende a las acciones paliativas:
“Cuando llegamos a este barrio no recibían a los chicos en la escuela de acá, si eras de este barrio no te lo inscribían, será por lo que veníamos de la villa, no se… Muchos perdieron el año y otros no siguieron más. Ahora pasa lo mismo, es hasta que lo echan y ya no te lo reciben en otro lado, por suerte tenemos apoyo escolar y un programa de educación para adultos asique tenemos muchos chicos ahí, chicos que no los reciben en la escuela y vienen acá, entonces rinden libre las materias, nosotros les ayudamos, porque eso pasa también, que los dejan libres, les ponen faltas por cualquier cosa” (María).
Asimismo, sucede ante la necesidad de recreación segura y sana para niños y adolescentes: acciones aisladas, improvisadas y con falta de recursos para que trasciendan lo inmediato.
“Yo les hago cuando se puede talleres a los chicos, porque ellos vienen acá a tomar algo o a pasar el tiempo y algo hay que hacer, me consigo unos tachos y hacemos “caras sucias” o cosas así de reciclaje. El otro día nos metimos adentro con el frio, pero viste que no hay vidrios asique salimos al sol, para pasarla” (Yanina).
La realidad precaria y problemática descripta y la falta de recursos de las organizaciones imposibilitan el enfrentamiento de problemáticas barriales que requieren tareas planificadas y continuas, al debilitar las acciones e incluso suprimirlas, como en el caso del consumo problemático de sustancias psicoactivas en los jóvenes de la comunidad:
“Acá los chicos desde los doce años se están bolseando y vos los ves a toda hora, hay muchos que están perdidos. Yo lo que trato ahora es que mientras están acá los chicos no consuman, después no, no he hecho nada más, porque la última charla que quisimos hacer nos sacaron a los tiros de aquel barrio, asique no, acá te encontras con muchas cosas, muchos obstáculos digamos” (Carina).
Planteamos entonces que además de precarias y aisladas las acciones tienden casi exclusivamente a la obtención de recursos materiales: Las comisiones barriales, según lo relatan los entrevistados, se organizan con el objetivo de obtener la mercadería y/o copa de leche que otorga el Ministerio de Desarrollo Social lo cual además de ser recursos fundamentales para las familias, resulta necesario para obtener la participación de un grupo mayor de personas:
“Ahora lo que estamos luchando es para que nos den la bolsa de mercadería porque nos han dicho que necesitamos personería jurídica para eso y la copa de leche” (Raúl)
Los valores que puede desarrollar la participación (compromiso, solidaridad, identidad barrial) no son prioritarios para estos grupos sociales frente sus necesidades de reproducción insatisfechas:
“Ahora tenemos que ver, porque el tema de repartir la mercadería y hacer la leche es algo que vamos a tener que hacer y acá en el barrio las familias trabajan los dos y no les alcanza, tenemos que conseguir unos planes para los que colaboren en eso” (Raúl).
En consecuencia, con ello, se desarrolla una “mercantilización” de la participación y representación, donde estas se convierten en objetos de un intercambio interesado que no trasciende intereses particulares:
“Con dos o tres módulos que sobran les decimos, a ver, usted sabe de electricidad ¿Por qué no me arregla los enchufes de la unión vecinal? y le damos una bolsa, y así, ahora tenemos que conseguir alguien que pinte” (Carina).
En sintonía con esto, vemos la respuesta de una referente barrial respecto a su motivación para comenzar a trabajar comunitariamente:
“Y, empezamos porque el concejal nos dijo que nos iba a ayudar, al principio no cobrábamos nada, solo recibíamos la bolsa de mercadería, a mi ayudaban con el azúcar y el aceite, entonces yo no lo compraba” (María).
Decimos entonces que la realidad de vulnerabilidad económica y social de estas familias que se relacionan cotidianamente con una “vida precarizada”, si bien no implica la imposibilidad de generar participación genuina y empoderada en estos sectores, si sienta las bases para el desarrollo de acciones que solo tiende a paliar necesidades emergentes e inmediatas.
Elizabeth Lorey (2012) nos ayuda a entender la fragilidad de las prácticas comunitarias de los sectores populares sobre la base del concepto de “precariedad”: el sistema económico y político vigente profundiza un proceso de precarización a través del cual los actores se vuelven gobernados y gobernables. La precariedad es entendida como incertidumbre, vulnerabilidad y amenaza constante a la que se ven expuestos los miembros de la sociedad capitalista moderna. El gobierno neoliberal produce precariedad a través de relaciones económicas, sociales y jurídicas desiguales. Los distintos modos de temor que se extienden y difunden producen y reproducen la necesidad de seguridad, legitimando así la estructura de poder y subordinación. “El gobierno neoliberal procede mediante la inseguridad social, mediante la regulación del mínimo de protección social”. (Lorey 2012; 18)
Esta imposibilidad material y social limita de una y mil formas las posibilidades materiales y sobre todo simbólicas de ampliar el campo de actuación a acciones planificadas y tendientes al desarrollo de conciencia social y reclamo por el ejercicio de derechos. La situación de precariedad propicia que la participación comunitaria en estos sectores se caracterice por la inmediatez y el individualismo, limitando sus objetivos a la posibilidad de enfrentar sus necesidades de reproducción.
En el caso del Municipio de Rawson, departamento del cual se tomaron las unidades de análisis indagadas, además de adherir al enfoque que se estuvo gestando en la última década a nivel nacional que propiciaba la participación local genuina a través de los C.I.Cs., por ejemplo, se desarrollan proyectos específicos que buscan estimular la participación comunitaria y ciudadana, y el empoderamiento de las comunidades. Encontramos que desde el 2015 el municipio se ha propuesto un “Modelo de gestión participativo”. (C.E.D.I. Rawson 2015) Se destaca la realización de Foros para el diagnóstico de problemáticas, el impulso del dialogo en Mesas de Gestión, y la posibilidad de que lideres barriales propongan pequeños proyectos de infraestructura comunitaria a través del Presupuesto Participativo.
Sin embargo, podemos observar que el contexto de vulnerabilidad económica social y cultural de gran parte del departamento condiciona el impacto de estas iniciativas, primando las acciones de intermediación clientelar (como veremos a continuación) e impactando estas en el modo de entender la participación. Así por ejemplo algunas propuestas generan rechazo al comprenderse la relación con los grupos de poder como un intercambio meramente material:
“Yo a la mesa de gestión del C.I.C. no voy más, es así, vos vas, hablas de tu problema, y no te dan nada” (María).
“Esas reuniones son una pérdida de tiempo, ahora estamos que capacitación para acá, capacitación para allá, y nosotras tenemos que ir porque nos manda el municipio, pero ya me tienen cansada” (Liliana).
Además, la habitualizacion a relaciones verticalistas, donde muchas veces la información y las redes sociales son elementos de poder en el ámbito local, genera que las propuestas de socialización y horizontalidad no sean bien recibidas por líderes barriales:
“Encima te exponen con esas mesas porque no van los referentes nomas, va más gente y la gente está sabiendo lo que haces y lo que te ayudan” (Patricia).
Resulta pertinente entonces, en relación a lo expuesto, indagar en las prácticas de participación que se desarrollan y las modalidades que adquieren, como así también analizar cuál es el modelo de participación barrial-comunitaria que viven cotidianamente estos sectores y porqué se advierte esta significación de las propuestas provenientes del Estado.
En primer lugar, observamos que surge una representación no genuina o como dice Ziccardi (2004) una “representación no representativa”, con el objetivo de obtener fácilmente recursos para la comunidad. Por un lado, encontramos referentes elegidos por agentes externos y, por el otro, referentes elegidos por los vecinos, pero en relación a sus vínculos con grupos (o personas) de poder local:
“Un concejal vino y eligió uno de cada barrio para darle este trabajo de ser referentes” (María).
“La cosa fue así, nos juntamos en la plaza y me eligieron a mi porque ellos ya saben de la relación que yo tengo con el ministerio y el municipio” (Liliana).
En un principio encontramos, entonces, sujetos activos de las comunidades o las organizaciones sociopolíticas que se cooptan con el objetivo de funcionar como intermediarios entre gobierno-comunidad, lo cual modifica en consecuencia sus prácticas al establecerse una nueva lógica de lealtad con su “empleador”:
“Y de ahí que fue lo de las casas, que yo fui la más metida vino un concejal que ya me conocía porque yo había estado trabajando con el cuándo era la Villa, y me busco, me dijo que él quería ayudar a la comunidad, que si quería trabajar con él” (María).
“Yo he estado en el partido hace mucho tiempo y la política me ha ayudado mucho, yo no era de la villa a mí me dijeron un tiempito antes que me vaya ahí, que me iban a ayudar con la casa y de ahí apenas entregaron el barrio yo empecé a trabajar” (Liliana).
Ante este tipo de prácticas por parte de quienes detentan los recursos y la situación de escasez de los mismos en las comunidades, los referentes barriales en su rol de mediadores comienzan a erguirse como figuras fundamentales en la resolución de necesidades y gestiones básicas. En primer lugar, estos lideres son quienes se encargan, junto a colaboradores, de la entrega de mercadería y copa de leche del Ministerio de Desarrollo Social. Muchas veces esto se complementa con la realización de múltiples gestiones: políticas de asignación de recursos, planes municipales, turnos para atención en dependencias públicas, etc., tal como afirma Yanina:
“Vienen y me dicen “necesito un turno para el documento” y así. El otro día fui al Anses y metí cuatro Progresar, voy así, sin turno, ya me conocen, igual que con los lentes yo sé que si va una mamá le va a demorar dos meses y si voy yo, por contacto político, por lo que sea, dicen “Ella es una referente, que salga rápido”, y eso me mueve a mí, poder ayudar a una mamá” (Yanina).
Se refleja en este relato que este rol de los mediadores está relacionado a su capital social y al flujo de información que logran obtener, la cual muchas veces no poseen todos los ciudadanos:
“Muchas veces la gente no sabe que puede hablar con tal, que puede hacer un expediente, nosotras hemos trabajado en política y sabemos dónde hay que tocar” (Carina).
Estos sujetos funcionan entonces como red ante la precariedad de la vida, contribuyen a la resolución de necesidades. Pero cabe destacar que lo hacen en relaciones asimétricas (en cuanto a capital social y cultural) en tanto si bien el vecino puede elegir no participar en dicha red o no apoyar dichas prácticas, la participación en las mismas le garantiza el acceso a recursos que resultan muchas veces elementales y esto lo coloca en una situación de vulnerabilidad o desventaja muchas veces no percibida.
Este tipo de relaciones, dice Auyero, (2012) se contraponen a las que puede generar una participación genuina (horizontal) lo cual desmoviliza la acción colectiva y frustra el reclamo colectivo porque aísla y atomiza a los ciudadanos. Esto se observa en tanto esta asimetría conduce a una realidad de competencia en torno a las pequeñas cuotas de poder barrial que significa valiosos recursos frente a las amplias necesidades. La cooperación es reemplazada por la disputa territorial:
“Le pedí a uno que se sume con los chicos a ver si hace algo de deportes, yo le consigo las pelotas, todo, y vino el “Palomo” y lo amenazó porque él quiere ser el líder” (Liliana).
En este tipo de acciones individualistas y cooptadas políticamente el objetivo se particulariza y se aleja de un sentido colectivo o comunitario, trasladándose principalmente a la posibilidad de obtener capital simbólico en la comunidad que permita luego obtener recursos materiales: se busca ocupar un rol de poder o representación reconocido por el gobierno de turno o partido con acceso a recursos, “convocar gente”, “captar seguidores”, ser “reconocido” territorialmente, en fin, sumar capital simbólico y social que permita luego obtener capital material:
“Lo que quiero yo ahora es hacer esa plaza, ya he hablado en el municipio, quiero arreglar esa plaza porque ese barrio nuevo que han entregado todavía no tiene referente ni nada y hay muchos niños que podrían jugar acá, pero necesito hacerlo ahora ¿entendés? Para ganar esa gente antes que otro” (María).
La participación entonces, en este contexto, se torna verticalista y subordinada. El líder, detentador de información y potenciales recursos, aquel que posee el vínculo más cercano al grupo de poder, concentra la toma de decisiones. Los logros son individuales y personales lo cual se refleja en el discurso de los líderes:
“Yo tengo mamás que ayudan y tengo como cincuenta niños, consigo las cosas y hago talleres, a las mamás le digo que se encarguen de la merienda” (Liliana).
Según Fair el neoliberalismo “en el campo social se tradujo en una pérdida de identificación entre un “nosotros” y un “ellos” (Fair 2008; 5). Esto implica que significa al resto de actores sociales no solo como deferencia sino como competencia, limitando el desarrollo de vínculos, y apoyo:
“Ahora han puesto un nodo en mi barrio, y a mí me perjudica porque van a tener más recursos y los niños van a ir allá, mi trabajo es que vengan acá y tener esto lleno” (Yanina).
Estas prácticas impuestas y naturalizadas neutralizan, en consonancia con la afirmación de Auyero (2012), la acción colectiva. La lucha, la autonomía y la posibilidad de reclamo disminuyen en este contexto. Estos elementos que atraviesan la práctica cotidiana de la participación comunitaria en comunidades socialmente vulnerables se presentan como limitantes para las propuestas que apuntan a la participación horizontal y autónoma. Muchas propuestas de participación pasan por alto esta realidad impresa en el plano subjetivo-simbólico de las comunidades en base a prácticas cotidianas que se internalizan, y no llegan a cumplir sus objetivos sino que generan rivalidad, dependencia, etc.
Decimos, entonces, que las iniciativas de participación no desarrollan empoderamiento y trasformación social cuando se dan en un contexto de exclusión económica, social y cultural, sino que son acciones y actores dependientes, subordinados y expuestos a prácticas clientelares.
Laura Acoto (2003) plantea que la participación abre un mundo de posibilidades para la formación ética y ciudadana. El intercambio con el otro y la posibilidad de construir poder desde las bases, con prácticas horizontales y solidarias, puede ser seno del desarrollo paulatino de conciencia social y lucha colectiva. En consecuencia, pueden desarrollarse experiencias de participación y organización comunitaria, cuyas iniciativas resultan genuinas y autónomas, más allá del contexto de escasos recursos socioeconómicos.
Encontramos, entonces, valiosas practicas participativas desarrolladas por organizaciones de base de sectores populares, en el departamento de Rawson podemos destacar el espacio comunitario Biblioteca Popular Alfonsina Storni, donde jóvenes y niños se involucran en diversas actividades culturales y recreativas con un gran sentido de pertenencia. En este espacio participan personas de barrios populares de Rawson, de todas las edades. Cuenta con voluntarios que brindan talleres y/o apoyo escolar, aunque la actividad más importante es el mero encuentro, dialogo, lectura y todo tipo de tareas que propongan la reflexión crítica. Su coordinadora plantea que el objetivo de toda actividad desarrollada es construir ciudadanos conscientes de sus derechos y con compromiso solidario:
“Vienen chicos de acá, de la zona, algunos vienen todos los días (...) charlan mucho con nosotros, conocemos sus realidades familiares (...) lo importante para nosotros es que ellos aporten, ayuden, que construyamos juntos, desde pequeñas cosas como armar los inventarios entre todos o elegir que frase o dibujo queremos poner en la pared. No paramos de decirles que esto es de ellos. (…) Acá lo que interesa es darles contenido a las cosas, queremos construir sujetos críticos”. (Maite)
Si bien no es objeto de esta investigación profundizar en el trabajo de esta organización, se remite a ella para plantear que es frente a este tipo de iniciativas “excepcionales” donde se refleja claramente que no es el contexto material el que determina definitivamente la participación comunitaria. Cabe preguntarse porque algunas acciones logran tal impacto en la comunidad, en relación a otras, desarrolladas en similar contexto socioeconómico.
En primer lugar, se refleja que en el contexto de acciones clientelares las propuestas del municipio sobre participación/acción comunitaria en los barrios indagados, según las palabras de los entrevistados, se relacionan directamente a la idea de empleo o trabajo y es por lo tanto interesada y vinculada a la subordinación y la obligación, al contrario de entenderla en torno a posibilidades de contribución a la comunidad o construcción reciproca:
“Tengo que ir a esa exposición, vamos a estar en un puesto nos han dicho, ya voy a ver que preparo, pero es todo el día, yo voy a estar hasta que vayan las autoridades y me iré, no puedo dejar mi casa todo el día”. (Liliana)
Por otro lado, en relación a la representación que estos actores tienen acerca de las posibilidades de autonomía que tienen o pueden desarrollar, observamos que consideran que los recursos económicos son principales para alcanzar logros significativos y que estos solo pueden obtenerse estableciendo vínculos particulares con funcionarios públicos:
“Cuando no tenes alguien que te respalde no te sirve de nada, no podés hacer nada y acá la gente necesita ver que haces algo, que le das algo” (Yanina)
En cuanto a la construcción de sentido que se da en torno a los líderes o referentes barriales, encontramos, como se planteó con antelación, que en la figura de los mismos se desarrolla una personificación de la acción y los recursos públicos-comunitarios. Los líderes lo reflejan en su discurso, que está siempre en primera persona, en sus palabras no aparece un sujeto colectivo. De este modo los líderes se sostienen mucho tiempo en su lugar de poder barrial y su rol es aceptado por la comunidad ya que, tal como dice Auyero (2012), se convierten en sinónimos de los recursos, donde su ausencia significaría en el imaginario barrial, la perdida de todos los beneficios. Es decir, que se interpreta que los recursos que se reciben son gracias al trabajo desinteresado del líder:
“Vienen y me piden que hable para que corten el pasto en la plaza, me dicen “Lili, yo se que si usted lo pide le van a hacer caso”, y bueno, yo me metí a esto porque me gusta ayudar, la gente me dice con tantos hijos que tenes todavía te haces tiempo para estar en estas cosas, pero bueno, el que tiene la vocación…” (Liliana)
Plantea Auyero (2002) que, en principio, y como uno de los elementos que impactan fuertemente en el campo simbólico de las comunidades frustrando posibles acciones colectivas de reclamo se encuentra que, en el discurso comunitario, el Estado no se percibe como el agente distribuidor de bienes, son los referentes o dirigentes barriales, y al ser ellos, se piensa que no tienen ninguna obligación de hacerlo, “es un favor”. De esta manera el beneficiario no invoca derecho sobre la cosa otorgada, no hay reclamo y se entiende generalizadamente que nada se puede obtener fuera de esa relación. (Auyero 2002)
Esto fue reflejado en las entrevistas, el modo de interpretar la propia accion social de los lideres barriales como una cuestión de favores y buena voluntad se traslada a los funcionarios públicos. Éstos son identificados con nombre y apellido, no se mencionan en las entrevistas áreas, dependencias u organismos públicos, sino sujetos que asumen compromisos individuales por la voluntad de “ayudar”:
“Acá el que vino, que nos ayudaba es el Pérez, en ese tiempo se trabajaba bien, porque el nos donaba cosas” (María)
“Yo con la Ana siempre me he manejado bien, y me conoce asique me atiende y cuando puede me ayuda” (Carina)
En este contexto se da una disolución en el plano simbólico de la idea correcta de Estado y Derechos. El Estado, como garante de derechos, no aparece y en su lugar hay numerosos actores individuales que otorgan recursos de todo tipo, cuya procedencia no está del todo clara y no es aclarada:
“Ana nos dijo que nos iba a hacer el favor, que iba a hablar con el intendente para que vea lo de la plaza, y nos dijo que los juegos ella puede conseguir, ella consigue nos dijo, ojalá” (Raúl)
Se naturaliza así la idea de que no hay obligación de parte de líderes y se traslada esto a los funcionarios (que son vistos de forma individual, no como representantes del poder público), siendo recurrente en los diálogos relatar la asistencia social como dádiva: “nos donaron los arboles”, “nos ayudan con mercadería”, “nos hizo la plaza”, surge un agradecimiento que requiere reciprocidad aun tratándose de derechos básicos. El favor, debe ser merecido:
“Me da una vergüenza ir al municipio a pedir algo, han puesto unos árboles hermosos y no los han cuidado, la gente de acá no sabe valorar, no sabe que eso al intendente le sale plata, que la podría ocupar para otra cosa, no entienden”. (Liliana)
El favor, además de ser merecido, debe ser retribuido de algún modo, la labor comunitaria, de asistencia y de promoción se relaciona a un intercambio con reglas que están más ligadas a una lógica de mercado que de función pública:
“A nosotras no nos ayudan porque como estamos con el otro, no le trabajamos a ellos, cuando éramos funcionarias, en la otra gestión, no nos faltaba nada, pero bueno…” (Carina)
Asimismo, los entrevistados entienden que hay nulas posibilidades de desarrollo de compromiso barrial o solidaridad y, en consecuencia, aplican en sus acciones las mismas lógicas de intercambio interesado. Las organizaciones de base reproducen practicas clientelarizadas como el único modo de lograr participación comunitaria. Así se refleja en los dichos de la presidenta de esta unión vecinal:
“Nosotras les damos la bolsa del ministerio y les decimos “háganse socios, es un beneficio que les da la unión vecinal a los socios” y cuando sobra algún bolsón les decimos si puede arreglar algo de la sede, acá muchos saben electricidad, esas cosas, entonces así pueden colaborar, y les damos la mercadería” (Carina)
Funcionan entonces, como dice Auyero (2013), como maquinas ideológicas. Las violencias descriptas en la hipótesis uno y las lógicas de subordinación y exclusión relatadas en la hipótesis dos del presente trabajo de investigación, “enseñan”. Enseñan a ceder el poder, a ser meros observadores, a seguir las reglas de juego que nunca son puestas por ellos o con ellos y que establecen simplemente que para recibir algo hay que perder algo, aun tratándose de derechos fundamentales. Esto se refleja en la práctica utilizada por Liliana, una de las líderes más activas en la zona indagada, para el ejercicio de uno de los derechos fundamentales de niños y adolescentes: la educación:
“Cuando vinimos a vivir acá no recibían a ningún chico en la escuela de acá (...) Yo conseguí que entrara mi hijo en la Eudes y lo llevaba en bicicleta (...) entonces en ese tiempo yo estaba con hemorragias, tenía cáncer, y un día veníamos en la bici y se para un auto, era la directora de la escuela de acá y me dice Liliana lleve al chico, se lo vamos a recibir. Le di lastima. Entonces ahí empecé, trabajé en la cooperadora y la convencía de que recibiera chicos del barrio. Por ejemplo, yo tenía un taller y les hice las cortinas para las aulas, así logré meter dos niños” (Liliana).
Esta significación y practica del trabajo comunitario se desarrolla en relación a que, a pesar de su lógica selectiva, resulta mucho más útil y cercana que la interacción de estos grupos excluidos con el Estado en sus diferentes organizaciones (y las nulas posibilidades de inserción en el mundo del mercado). Estos modos de pensar-actuar, entonces, deben entenderse como producto de la relación con el mercado que los excluye y con el Estado que es intermitente, selectiva y contradictoria, caracterizada por la espera y burocracia.
Tal como dice Auyero (2012), en su interacción con el Estado, estos grupos excluidos aprenden a ser no ciudadanos sino pacientes: De esta manera, hay grupos sociales que están “forzados a llegar a ser “simples observadores de lo que pasa más allá de su control” (…) viven en un tiempo alienado y están obligados, como Pierre Bourdieu elocuentemente lo dice, a “esperar que todo llegue desde otros” (…) la dominación funciona cediendo al poder de otros y es experimentada como un tiempo de espera”. (Auyero 2012; 27)
“Nosotras somos insistentes, es así, nos dieron la mercadería por cansadoras y ahora por cada bolsa tenemos que presentar fotocopia de DNI y numero de contacto de la persona (…) la semana pasada vinieron y se sacaron fotos nosotras los recibimos de la mejor manera porque nos prometieron la pintura para la sede, después voy y me dicen que no tienen ninguna orden de darme nada, mañana me le voy a instalar y no me voy a ir hasta que me atienda, porque esto es así, yo ya sé...” (Carina)
Observamos entonces que las prácticas de “participación” comunitaria que se desarrollan en este contexto, además de estar ligadas al contexto de pobreza económica y vulnerabilidad social, que genera una concentración exclusiva en la obtención de recursos materiales; están también condicionadas por la significación que tienen del Estado, de sus agentes y de sus responsabilidades y obligaciones. Así, la modalidad clientelar y subordinada es habitualizada como único modo, o al menos el más conveniente, de actuar.
El desarrollo de una casi nula conciencia de ser garantes de derechos y la significación de la cuestión de derechos-obligaciones como cuestión de favores-retribuciones juegan un rol importante en la reproducción de tales prácticas y realidades de desventaja. Se plantea entonces la posibilidad de que el trabajo en la dimensión de la conciencia social y ciudadana de los sujetos y comunidades podría ser clave en la lucha por la ruptura de prácticas desigualadoras y en el desarrollo de participación genuina, libre, autónoma y empoderada.
Se planteó en primera instancia la necesidad de conocer las características que asume la participación comunitaria actualmente y, en particular, cuál es la modalidad y objetivos que asume cuando se desarrolla en poblaciones socialmente vulnerables. En relación a esto podemos decir, principalmente, que según lo analizado en barrios populares de Rawson, ésta se desarrolla con acciones aisladas, fragmentadas y centradas en la inmediatez.
Afirmamos que se encuentran grupos sociales excluidos del mercado laboral e incluso del ejercicio de derechos básicos como alimentación y vestimenta. Estos grupos, en la zona urbano-marginal indagada, se enfrentan a problemáticas sociales complejas tales como: consumo problemático de sustancias psicoactivas, delincuencia juvenil, violencia y conflictos barriales, hacinamiento, discriminación y exclusión escolar.
Frente a la complejidad de esta realidad, los recursos humanos y materiales reales con que cuentan estas comunidades no les permiten desarrollar una participación y organización que pueda enfrentarla. Las acciones son débiles por la falta de recursos materiales; y aisladas en relación a la situación de precariedad cotidiana de las familias que impacta debilitando los vínculos sociales, al estar estos centrados prioritariamente a la satisfacción de sus necesidades de reproducción.
Así es que se observa que la participación está ligada a la obtención de recursos materiales y se presenta fundamentalmente cuando posibilita la recepción/distribución de los mismos, es por ello que los líderes se centran en tareas como realización de merenderos y distribución de mercadería, invisibilizando o postergando la necesidad de desarrollar valores como la solidaridad, la cooperación, etc. El contexto de pobreza moldea una particular forma de pensar-actuar, centrada en la inmediatez, que impacta en las posibilidades de desarrollo de participación comunitaria genuina y sostenida en el tiempo.
Por otro lado, planteamos el análisis de las posibilidades de autonomía y empoderamiento que pueden desarrollar las acciones en estos contextos de exclusión, teniendo en cuenta la incidencia de prácticas clientelares e individualistas. En este sentido se observó que si bien Rawson, al igual que otros municipios, propone un modelo de gestión participativo con foros barriales, mesas de gestión y presupuesto participativo; estás propuestas conviven en el ámbito local con prácticas de intercambio particular entre funcionarios, líderes y vecinos.
Observamos que los actores indagados transmiten que la participación es prácticamente nula cuando pretende realizarse sin retribución económica y que, entonces, las relaciones se verticalizan en relación a la posesión de recursos materiales o capital social para obtenerlos. La organización barrial genuina y sostenida es casi inexistente, sin embargo, se encuentran numerosos referentes o líderes que trabajan comunitariamente, pero centralizan el poder y se vinculan con el resto en relaciones verticales.
La representación, en general, no es democrática sino basada en el vínculo con funcionarios públicos que otorgan recursos a ciertos líderes, lo cual les otorga poder y legitimidad de los vecinos. Estos referentes funcionan como intermediarios de recursos estatales básicos para las familias como mercadería, copa de leche, etc. y realizan gestiones púbicas de asistencia. Este poder de los líderes se atribuye, además de a su capital social, a la concentración de información que muchos ciudadanos desconocen.
Este tipo de vinculación comunitaria, con relaciones verticales, concentración de decisión, desigualdad de información, etc. es contraria al desarrollo de participación genuina y horizontal; y genera subordinación y dependencia. Tiende a contrarrestar la posibilidad de organización autónoma de la comunidad y coopta a los líderes, que persiguen objetivos individualistas y dejan de lado el reclamo colectivo.
Esta realidad aísla y confronta a los vecinos generando vínculos de competencia por pequeñas cuotas de poder y recursos. No hay cooperación sino individualismo ya que el objetivo es apropiarse logros y grupos poblacionales, captar y convocar gente, para obtener legitimidad frente a los funcionarios y así obtener recursos materiales.
Las prácticas clientelares han sido habitualizadas en estas poblaciones excluidas como modo cercano y simple de obtener recursos básicos para la subsistencia de las familias, lejos de la burocracia del Estado y los controles a los que son sometidas estas poblaciones cuando demandan el ejercicio de derechos sociales básicos.
Atendiendo entonces esta realidad objetiva o material, contemplamos la importancia de indagar el componente subjetivo-simbólico que permita comprender la reproducción de tales acciones y analizar la posibilidad de desarrollar la capacidad de autonomía y conciencia socio-ciudadana.
Afirmamos que los procesos genuinos de participación comunitaria sientan las bases para las posibilidades de formación ciudadana y ética, el desarrollo de solidaridad y conciencia social, la construcción de identidad y pertenencia, la horizontalidad de las relaciones, la construcción del pensamiento crítico, etc. Valores necesarios y fundamentales para el desarrollo del empoderamiento local y la lucha por la equidad social.
Sin embargo, en muchas comunidades donde estos procesos deben convivir con condiciones precarias de existencia, donde los sujetos son excluidos del mercado e invisibilizados por el Estado, se observan representaciones en torno a la participación que debilitan sus alcances y logros.
Por un lado, estas poblaciones entienden la participación no como construcción recíproca sino como empleo subordinado, como posibilidad de ingreso material para la familia. La autonomía no es significada por los actores como una posibilidad real y valiosa ya que se relaciona el poder con “los otros”: aquellos detentadores de recursos económicos. Entonces, la subordinación es condición necesaria para el logro de objetivos, los cuales tratan, casi siempre, de la obtención de recursos materiales.
La falta de información y el discurso individualista hace que se personifiquen y concentren los recursos y decisiones en unos pocos referentes barriales que se sostienen en un lugar de poder con relaciones de verticalidad hacia el resto de la población. Estos sujetos distribuyen recursos públicos de manera selectiva e individualizada, la cual es significada por los receptores como ayuda o favor independiente. Esto se traslada también a los funcionarios públicos cuyo rol se asemeja en la representación barrial al de un “donante voluntario”.
Se observa entonces que el rol del Estado y el papel de los ciudadanos como sujetos de derecho no están presentes en este campo subjetivo-simbólico de estas comunidades, sino que, al tratarse de ayudas personales, no hay obligaciones ni derechos, sino merecimiento, gratitud y retribución. No hay, en consecuencia, reclamos ni movilización colectiva de lucha. Se mercantilizan los derechos sociales básicos. Estos sectores relegados están sujetos a reglas de juego que los excluyen o subordinan, internalizando en estas prácticas cotidianas la idea de que “para obtener algo hay que perder algo”.
Cabe destacar que, aunque estas relaciones resultan selectivas y meritocráticas se vuelven, para la representación comunitaria, al menos más presentes y palpables que la relación con el Estado mismo, la cual es, para estos sectores, contradictoria e intermitente, llena de controles, violencia y falta de comprensión/flexibilidad. Frente a esto y la imposibilidad de ocupar un rol en el mercado económico-laboral, las redes clientelares se erguen como solución única o más factible.
Planteamos entonces la importancia de conocer y tener en cuenta las representaciones locales en torno a la participación y el contexto en que ésta pretende desarrollarse, cuando se proponen acciones en este ámbito. Trabajar en la universalización de recursos básicos es fundamental para el desarrollo de participación genuina; pero así también lo es el trabajo en la socialización de la información, la conciencia ciudadana, el reconocimiento de derechos y obligaciones, etc. Asimismo, se hace importante atender componentes como la identidad y la pertenencia, elementos claves y preliminares para el trabajo de la solidaridad y cooperación. Estos conocimientos y valores sientan bases sólidas para el posterior desarrollo de organización y participación; y fundamentalmente para su sostenimiento y defensa en el tiempo, algo hoy inestimable si contemplamos los procesos sociales ligados siempre a coyunturas políticas y económicas que afectan sostenidamente a las poblaciones más vulnerables.
