1. Introducción y antecedentes

Uruguay cuenta en la actualidad con dos plantas de producción de pasta de celulosa. La primera planta de UPM se localiza en el Departamento de Rio Negro, sobre el Río Uruguay, e inició sus operaciones a fines de 2007. Ésta fue instalada por la firma Botnia y en el año 2009 fue adquirida por UPM, ambas de capitales finlandeses. Actualmente produce 1,3 millones de toneladas de celulosa al año destinadas a la exportación, según datos de la empresa^[2]. La segunda planta pertenece a la sociedad Montes del Plata que reúne a la firma chilena Arauco y la sueco-finlandesa Stora Enso, se encuentra en el Departamento de Colonia, sobre el Río de la Plata, y comenzó sus actividades en junio de 2014, llegando a producir 1,4 millones de toneladas de celulosa al año^[3].

Actualmente se encuentra en construcción una tercera planta de celulosa en Uruguay por cuenta de la empresa UPM, conocida como UPM2. La misma se ubica en las inmediaciones del Río Negro, en el límite entre los departamentos de Durazno y Tacuarembó. Esta planta será la más grande del grupo finlandés en todo el mundo, producirá el equivalente a las dos plantas ya instaladas sumadas y estará destinada a la producción de papel tisú, papel de embalaje y cartón. Fuentes de Presidencia de la República han señalado que este emprendimiento generará aproximadamente ocho mil puestos de trabajo y utilizará tecnología de última generación, menos agresiva con el medio ambiente que la empleada por otros emprendimientos instalados en la región. A su vez, este proyecto está asociado a la construcción de una red ferroviaria que permitirá transportar los insumos y productos desde el centro del país hacia el puerto de Montevideo, la cual recibe el nombre de Ferrocarril Central.

A modo de contextualización, debe señalarse que hasta los años 80 en Uruguay la forestación estaba orientada a abastecer el mercado interno y regional para aserradero y a la producción de madera como energético, así como también a la plantación de árboles para protección de cultivos y desarrollo de zonas turísticas. A partir de la sanción de la Ley Forestal de 1987 (Ley Nº 15.939), comenzaron a promoverse las plantaciones para uso industrial a la vez que se empezaron a brindar créditos e incentivos, lo que provocó un importante crecimiento de la actividad. Esta política atrajo inversores extranjeros que en veinticinco años han llegado a forestar un millón de hectáreas (Piñeiro, 2013). Con la instalación de las plantas de producción de celulosa, la fase industrial ha crecido y se ha transformado sustantivamente, siendo hoy la que explica el crecimiento del sector. El estudio realizado por Tommasino et al. (2016) muestra que, en el año 2015, el PIB forestal representó 2,51% del PIB del país (2,03% correspondiente a la fase industrial y el restante 0,48% a la fase primaria) y se exportaron 2,4 millones de toneladas de celulosa. De acuerdo a esta investigación, para el año 2015 el sector forestal empleaba algo más de 21.000 personas, incluyendo la fase primaria e industrial.

La instalación de estos emprendimientos ha suscitado tensiones y conflictos, a la vez que ha sido objeto de diversos análisis por parte de las ciencias sociales. Un conjunto relativamente amplio de investigaciones se ha ocupado de analizar las condiciones de trabajo en este sector (Pucci, Nión y Ciapessoni 2013; Riella y Mascheroni 2009); así como también los impactos sociales, ambientales y demográficos de la forestación (Pena y Recoba 2020; Piñeiro 2013; Riella y Ramírez 2008). Por otra parte, puede identificarse un grupo de investigaciones que se concentran en el análisis de las tensiones y conflictos en los que se involucran los actores vinculados al modelo forestal, prestando especial atención a los discursos que los mismos sostienen, los elementos que destacan a la hora de valorar este tipo de emprendimientos y sus distintos posicionamientos sobre el tema (Graña 2010; Graziano 2010). Más recientemente, el trabajo de Nión y Pereyra (2019) estudia la construcción social del riesgo en la industria de pasta de celulosa en Uruguay, mientras que la investigación realizada por Filardo, Conze, Segovia y Vanoli (2020) recupera las percepciones sobre el impacto del Ferrocarril Central en mujeres de tres barrios montevideanos que serán directamente afectados por el trazado del mismo. La revisión realizada permite observar que, si bien existen varios trabajos que se concentran en el estudio de los posicionamientos de los actores implicados en la producción de celulosa, ninguno de ellos se ocupa directamente de los debates sobre el desarrollo, tal como aquí se realiza.

El presente artículo analiza los discursos de los actores que participaron en el debate en torno a la instalación de la tercera planta de celulosa en Uruguay, poniendo el foco en las ideas sobre el desarrollo que los mismos sostienen, sus diferencias y tensiones. Se recogen aquí las percepciones del gobierno, los sindicatos, las organizaciones vinculadas a la defensa del ambiente y los bienes comunes, organizaciones feministas y grupos de vecinos organizados. La interpretación aquí presentada surge del análisis de fuentes de prensa correspondientes al período 2016-2020 y de la realización de entrevistas a informantes calificados. El estudio realizado permite poner en debate la perspectiva del desarrollo sustentable, promovida desde el gobierno uruguayo, y las visiones críticas con esta idea. Adicionalmente, el trabajo muestra la existencia de una diversidad de miradas dentro del grupo de actores opositores al proyecto, que dialogan con distintas interpretaciones del concepto de buen vivir, entendido como horizonte alternativo a la noción de desarrollo.

2. Síntesis teórica: las teorías del desarrollo y los debates sobre el buen vivir

El término desarrollo fue introducido en el debate político en el contexto de la segunda posguerra, haciendo referencia a las visibles desigualdades sociales y económicas que existían entre los países del sur y los del norte. El binomio subdesarrollo-desarrollo ilustraba estas dos realidades, mientras que la noción de “países en vías de desarrollo” aludía a las posibilidades de tránsito de uno a otro estadio (Valcárcel, 2006). En este contexto, el concepto empezó a tomar centralidad en el debate académico latinoamericano, siendo abordado desde distintas disciplinas y perspectivas teóricas. Durante las décadas del 50 y 60 el enfoque de la modernización dominó la escena intelectual. Desde las filas de la economía, su principal exponente fue W.W. Rostow (1974) a partir de su teoría sobre las etapas del crecimiento económico. A nivel de la sociología latinoamericana, los desarrollos más importantes correspondieron a la obra de Gino Germani (1962), dedicada a estudiar las condiciones de la transición de la sociedad tradicional a la sociedad moderna. Unos años más tarde, esta mirada fue interpelada por la crítica cepalina, que identificó en la condición periférica la clave explicativa del subdesarrollo latinoamericano; y por la mirada dependentista, que evidenció las relaciones entre desarrollo y subdesarrollo como parte del proceso histórico de expansión capitalista (Dos Santos, 2003).

Durante el siglo XX, la visión imperante sobre el desarrollo ponía un fuerte énfasis en la dimensión económica. Los discursos que colocaban la importancia del ambiente ocuparon un lugar marginal en el debate latinoamericano de este período, comenzando a adquirir visibilidad recién con el advenimiento del siglo XXI. En Europa, a partir de la década de 1970 empezó a tomar relevancia la problemática del deterioro del ambiente como consecuencia de a la actividad humana. Un hito en este sentido fue la realización de la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Medio Humano llevada a cabo en 1972, también conocida como “Conferencia de Estocolmo” o “Cumbre de la tierra”, que reconoció por primera vez las relaciones entre desarrollo económico, social y medioambiente. En este escenario, empezaron a surgir aproximaciones críticas al desarrollo que incorporaron la dimensión ambiental, como lo fueron el ecodesarrollo y “el otro desarrollo” (Valcárcel, 2006).

A comienzos de la década del 80 el problema del deterioro ambiental comenzó a entrar en la agenda de los organismos internacionales, incorporándose el concepto de desarrollo sostenido, entendido como la capacidad de generar crecimiento económico sin depredar los recursos naturales. En forma paralela, la preocupación por los impactos sociales del crecimiento propició la incorporación de la perspectiva del desarrollo humano, que entendía al desarrollo como un concepto multidimensional que incorpora, además del crecimiento económico, aspectos sociales como la salud y la educación (Arocena, Cabrera y Scuro; 2020).

En los años posteriores, el debate y la elaboración en torno al tema se intensificaron. Hacia fines de la década del 80 se creó la perspectiva del desarrollo sustentable, como una visión más acabada y compleja que la noción de desarrollo sostenido. Un hito en este sentido fue la publicación del informe “Nuestro futuro común”, también conocido como “Informe Brundtland” elaborado en 1987 por la Comisión Mundial para el Medio Ambiente y el Desarrollo de la ONU (Arocena y Porzecanski, 2010). En dicho texto, se planteaba la noción de desarrollo sostenible como aquel que permite satisfacer las necesidades de la generación presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer sus propias necesidades. La idea de desarrollo aparece aquí centrada en las necesidades humanas, y supone compatibilizar el crecimiento económico con el cuidado del ambiente y el combate a la pobreza (Arocena, Cabrera y Scuro 2020). Siguiendo a Svampa (2016), puede decirse que la consolidación del paradigma del desarrollo sostenible marcó el triunfo de una visión antropocéntrica que coloca el problema del ambiente como supeditado al crecimiento económico, frente a una concepción biocéntrica que enfatizaba el deterioro del ambiente y la finitud de los recursos naturales. La autora señala que el informe Brundtland representa el triunfo de una visión débil de la sustentabilidad, en tanto que no hay aquí un cuestionamiento al desarrollo como causa de la depredación ambiental, ni a la asociación entre crecimiento económico y desarrollo.

A partir de los años noventa el debate académico latinoamericano sobre el desarrollo tomó un nuevo giro. En diálogo con el enfoque del sistema-mundo y con los estudios poscoloniales de África y Asia, un grupo de intelectuales liderado por destacados pensadores como Edgardo Lander, Arturo Escobar y Aníbal Quijano comenzó a introducir el problema de la colonialidad (Castro Gómez y Grosfoguel, 2007). Desde esta perspectiva se critican fuertemente las ideas desarrollistas por entenderse como parte de un modelo eurocéntrico de conocimiento, que coloca a la modernidad occidental como modelo de desarrollo y ofrece una receta colonial para el resto del mundo. En este contexto comienza a hablarse de buen vivir, como alternativa práctica, teórica y política al concepto de desarrollo, que retoma las formulaciones realizadas por poblaciones originarias de América. De acuerdo a Quijano (2013), se trata de un nuevo horizonte histórico de sentido abierto y en plena construcción, que implica un complejo de prácticas sociales orientadas a la producción y la reproducción de una sociedad democrática, y que por lo tanto se plantea como alternativo a la colonialidad global del poder y a la colonialidad moderna eurocentrada.

A comienzos del siglo XXI el buen vivir latinoamericano (Hidalgo-Capitán y Cubillo-Guevara, 2017)^[4] se ha convertido en uno de los conceptos de mayor relevancia en el campo de la economía política del desarrollo, equivalente a lo que representó la idea de dependencia en las décadas del 60 y 70 del siglo pasado. Pero, de forma análoga, constituye una noción polisémica, que adquiere distintos significados de acuerdo a las diversas corrientes teóricas y experiencias de las que se nutre.

En primer lugar, los autores identifican una versión indigenista y pachamamista del buen vivir, que prioriza el respeto a la identidad para construir sociedades plurinacionales, cuyos orígenes pueden identificarse en el pensamiento de los intelectuales y movimientos indígenas latinoamericanos, particularmente de Ecuador, Bolivia y Perú (Dávalos, Prada, entre otros). De acuerdo a Hidalgo-Capitán y Cubillo-Guevara (2017), esta concepción deja en un segundo plano la consecución de los objetivos de equidad y de sostenibilidad. Quienes defienden esta visión del buen vivir son catalogados despectivamente por algunos intelectuales de las otras dos corrientes como pachamamistas, atrapados en un discurso de un indigenismo infantil y sin capacidad para implementar sus propósitos.

La mirada socialista y estatista, que prioriza la equidad para construir una sociedad poscapitalista, es la que corresponde al pensamiento neomarxista de los intelectuales cercanos a los gobiernos de Ecuador y Bolivia como García Linera, Coraggio y Harnecker, que entienden el buen vivir como la versión andina del socialismo (Hidalgo-Capitán y Cubillo-Guevara, 2017). Se trata de un modelo de desarrollo centrado en la búsqueda de equidad, que se apoya en el extractivismo, mientras se produce la transformación de las matrices productivas de los países latinoamericanos. Este enfoque concede gran relevancia al papel de los Estados en la implementación del buen vivir, relegando a un segundo plano la acción de los movimientos sociales. Desde las otras corrientes de pensamiento, los defensores de la versión socialista y estatista han sido acusados de practicar un desarrollismo senil, reemplazando en sus discursos el término “desarrollo” por el de “buen vivir”, equiparando ambos conceptos y vaciando al segundo de sus contenidos originales.

En tercer lugar, la concepción ecologista y posdesarrollista, que prioriza la sostenibilidad para construir una sociedad biocéntrica, es la que sostienen los intelectuales vinculados con la crítica al desarrollo y con los movimientos sociales latinoamericanos, entre los que se destacan los aportes de autores como Escobar, Quijano, Gudynas y Svampa (Hidalgo-Capitán y Cubillo-Guevara, 2017). Desde esta mirada, se sostiene que el buen vivir es una utopía por construir, forjada a partir de procesos locales de participación social, y se asigna gran relevancia al papel de los movimientos sociales en esta construcción. Uno de los rasgos de este enfoque es su fuerte crítica al extractivismo en que se basan las economías latinoamericanas. Los intelectuales que defienden esta concepción del buen vivir han sido acusados por los defensores de las otras corrientes de pensamiento de carecer de pragmatismo político y mantener una mirada romántica del ecologismo.

En las páginas que siguen se ponen en diálogo los enfoques teóricos presentados con los argumentos expresados en el debate sobre UPM2. Como se verá, la perspectiva del desarrollo sustentable se expresa con claridad en la posición del gobierno uruguayo que impulsó el proyecto, mientras que las posturas críticas con el mismo retoman elementos de las distintas miradas del buen vivir. En particular, se observa la incorporación de componentes de la versión estatista y de la versión ecologista, mientras que la perspectiva indigenista no se presenta como relevante en el discurso de los actores sociales estudiados para el caso de Uruguay. La distinción entre distintas concepciones del buen vivir permite visibilizar la heterogeneidad de posturas que sostienen las críticas a la instalación de la pastera, poniendo en evidencia la diversidad de perspectivas sobre el desarrollo que se expresan en este debate.

3. Metodología

Como se anticipó, en este trabajo se interpretan los discursos de los actores que intervinieron en el debate sobre la instalación de la tercera planta de celulosa en Uruguay, abarcando actores sociales y gubernamentales. La noción de discurso se comprende aquí como una práctica social, una forma de acción que contribuye a producir la vida social y que a la vez es creada desde relaciones e instituciones sociales, como un ejercicio socialmente construido y socialmente constitutivo a la vez (Fairclough y Wodak, 1997). Para analizar estos discursos se empleó una metodología cualitativa, dado que es la que mejor se ajusta a la necesidad de comprender el modo en que los actores colectivos interpretan el mundo social y actúan en él (Alonso, 2003). Las técnicas de recolección de información utilizadas fueron la investigación documental y la entrevista en profundidad.

En una primera instancia se realizó un relevamiento de prensa con el objetivo de conocer los principales actores implicados en el debate sobre UPM2 y sus discursos sobre el tema. Se eligieron dos medios de circulación nacional diaria que tuvieran distintas posiciones en el espectro ideológico, particularmente La Diaria, de centro izquierda, y El Observador, de matriz liberal^[5] y se seleccionaron todas las noticias referidas a UPM2 en el período que va entre marzo 2016 y marzo 2020^[6]. Esta búsqueda arrojó aproximadamente quinientas noticias en cada uno de los medios seleccionados, las cuales fueron revisadas buscando aquellas en que aparecían referencias a los actores que participaron en el debate y sus discursos.

A partir de esta revisión se identificaron en cada uno de los medios aproximadamente cien noticias en las que aparecían los discursos de distintos actores sobre UPM2, y sobre esa base se realizó el análisis. Con este material se reconstruyó en forma primaria un listado de los actores más importantes que participaron en el debate, y se identificaron algunos elementos de sus discursos. Este listado fue complementado con entrevistas a informantes calificados, que permitieron completar el cuadro de actores importantes, llamando la atención hacia colectivos sociales cuya aparición en la prensa era casi nula y que habían sido relevantes en la oposición al proyecto de UPM2.

Se decidió recurrir a la prensa dado que se trata de la única fuente de información secundaria que permite reconstruir el debate sobre el tema en un período relativamente extenso de tiempo. Sin embargo, se reconoce que la misma es incompleta a la hora de documentar el discurso de los distintos actores, identificándose vacíos de información importantes. Sobre este punto, el análisis realizado muestra que los actores políticos y gubernamentales tienen más cantidad de apariciones en prensa frente a los actores sociales, a la vez que sus discursos se presentan con mayor profundidad. Por este motivo, y siguiendo las recomendaciones de la literatura especializada (Río 2008), la revisión de prensa se complementó con el análisis de documentos producidos por los actores involucrados y con entrevistas en profundidad para aquellos colectivos cuyo discurso aparecía sub representado en la prensa nacional.

La selección de los actores relevantes no partió de un esquema conceptual construido a priori sino que se basó en el registro de aquellos que actuaron como interlocutores en este debate (Gudynas, 2001), poniendo el foco en los que evidenciaban tensiones en torno a la idea de desarrollo^[7]. De acuerdo a los resultados del relevamiento de prensa y de las entrevistas realizadas, se decidió en primer lugar analizar la perspectiva del Poder Ejecutivo como principal impulsor del proyecto UPM2. Los discursos de los partidos políticos de oposición no formaron parte de este estudio ya que no contenían críticas significativas al proyecto. Del mismo modo que ocurrió con la instalación de la primera pastera, el sistema político parece haberse alineado tras la defensa del proyecto (Graña, 2010; Graziano, 2010). Algo similar ocurrió en el caso de los actores empresariales, que si bien tuvieron intervenciones en el debate no presentaron críticas de fondo. En segundo lugar, se decidió hacer foco en los actores sociales, tanto en los institucionalizados como en los emergentes, dado que son éstos quienes presentan las críticas más fuertes al emprendimiento; buscando mostrar su heterogeneidad y visibilizar la tensión subyacente entre diversas miradas sobre el desarrollo. Se excluyó en forma deliberada el estudio de los discursos de la academia sobre el tema, dado que por su amplitud y complejidad hubiera requerido una investigación específica.

Finalmente, se sistematizó la información relevada y se realizó un análisis interpretativo (Verd y Lozares 2016), de acuerdo a las discusiones teóricas presentadas anteriormente. De este modo se reconstruyeron los discursos de los actores implicados poniéndolos en diálogo con las miradas del desarrollo sustentable y del buen vivir. La hipótesis que guio la indagación, sostiene que los actores vinculados al poder político y al gobierno se alinean claramente detrás de la teoría del desarrollo sustentable, mientras que los grupos que se oponen al proyecto dialogan con distintas vertientes del enfoque del buen vivir.

4. Interpretación del conflicto a través de los discursos de los actores participantes

El 14 de julio de 2016 la empresa UPM anunció la instalación de una nueva planta de celulosa en Uruguay, luego de varios meses en los que el gobierno uruguayo había estado buscando captar inversiones extranjeras para reactivar la economía en un contexto de desaceleración^[8]. Representantes de la firma declararon que una tercera planta de celulosa podría instalarse en el país si se adecuara la infraestructura necesaria para el desarrollo de emprendimientos de gran escala orientados a la exportación (La Diaria, 14 de julio de 2016). A partir de allí, se abrió una etapa de negociaciones entre la empresa y el Estado uruguayo orientada a evaluar si el país podría desarrollar condiciones para darle viabilidad al proyecto. Esto implicaba la realización de mejoras en vías férreas, rutas y caminos, que permitieran transportar el material desde el centro del país hacia el puerto de Montevideo.

Desde el anuncio de la instalación de la planta hasta la actualidad, diversos actores se han movilizado manifestando posiciones a favor y en contra del proyecto. En las páginas que siguen se presentan y analizan sus discursos, poniendo el énfasis en las miradas sobre el desarrollo que los mismos contienen.

4.1. El gobierno del Frente Amplio^[9]

Como se señaló anteriormente, los intercambios entre UPM y el gobierno uruguayo se venían realizando desde hacía más de un año, en el contexto de una estrategia del segundo orientada a captar inversiones extranjeras, que implicó giras por varios países europeos. A nivel del gobierno, la negociación de los acuerdos con la pastera estuvo liderada por el Poder Ejecutivo, particularmente por el presidente Vázquez y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) de Presidencia de la República. A diferencia de los otros actores que se estudian en este trabajo, el Poder Ejecutivo tuvo abundantes apariciones en prensa siendo éstas muy extensas y ricas en lo que refiere a la posibilidad de captar la mirada sobre el desarrollo que sustenta el proyecto.

En las declaraciones del director de la OPP, la cadena de conexiones entre inversión privada y desarrollo se presenta con claridad. Ésta aparece como fuente de crecimiento económico, con consecuencias asociadas a la generación de empleo, activación de regiones del país económicamente deprimidas, desarrollo de infraestructura y descentralización. Asimismo, se establece una relación entre las inversiones y el desarrollo de la educación e investigación. "La mayor inversión privada en la historia de Uruguay (…) permitiría un crecimiento permanente de más de 2% del Producto Interno Bruto y un aumento de las exportaciones de 1.000 millones de dólares anuales (...) Se crearía un estimado de cerca de 8.000 puestos de trabajo que son directos, indirectos e inducidos por la propia actividad que genera la planta y toda la cadena (…) el impacto en la zona centro y noreste del país es extremadamente importante, y fue parte fundamental del proceso de análisis a la hora de llevar adelante estas negociaciones” (La Diaria, 8 noviembre 2017).

El desarrollo de infraestructura aparece como un segundo elemento relevante en la justificación del acuerdo con la pastera. En declaraciones de prensa, el presidente Vázquez señaló que buena parte de la infraestructura que se desarrollará para el proyecto de UPM2 podrá ser utilizada en otras actividades productivas, contribuyendo de ese modo al avance que el país necesita en esta materia (La Diaria, 24 de agosto de 2016). Coincidiendo con este argumento, el ministro de Transporte y Obras Públicas Víctos Rossi afirmó que "…la modernización y mejora del Ferrocarril Central del Uruguay significa oportunidades para el transporte de otros productos como granos, productos de madera y contenedores, así como posibilidades para desarrollar el transporte de pasajeros". (El Observador, 10 de junio de 2017).

En los discursos gubernamentales que justifican el proyecto, la generación de fuentes de trabajo aparece como una tercera pieza clave. Según Tabaré Vázquez, “la importancia de la fábrica reside en los puestos de trabajo que genera (…) Generar puestos de trabajo decentes es la mejor política social que se puede llevar adelante" (La Diaria, 9 de noviembre de 2017). Dentro del Poder Ejecutivo, la única voz disonante con este discurso fue la del Director Nacional de Trabajo, Juan Castillo, que cuestionó “…las inversiones extranjeras -como la de UPM- que en un principio generan impactos que después no se sostienen en el tiempo, sobre todo en lo que refiere a la generación de puestos de trabajo” (El Observador, 5 de mayo de 2017). Esta afirmación aparece por única vez en las fuentes de prensa revisadas, el resto de los discursos del Poder Ejecutivo se presentan en forma monolítica brindando un argumento uniforme que conecta el proyecto de UPM2 con la estrategia de desarrollo del país, como se explica en los párrafos que siguen.

Uno de los nudos críticos en el debate sobre la instalación de UPM es el que refiere a la contaminación generada por el emprendimiento. Sobre este tema, las declaraciones del gobierno destacan la posibilidad de reducir sus efectos contaminantes debido a la avanzada tecnología que empleará y a la normativa ambiental y los monitoreos a realizarse por parte del Estado uruguayo. En este sentido, la Ministra de Industria, Energía y Minería Carolina Cosse afirmó que “…las autorizaciones ambientales a UPM se darán en el marco de la normativa vigente y que la planta utilizará las mejores tecnologías disponibles, además de brindar apoyo técnico y financiero para mejorar la calidad del agua del río Negro” (La Diaria, 9 de noviembre de 2017). En una línea similar, integrantes de la Secretaría Nacional de Ambiente, Agua y Cambio Climático de Presidencia de la República afirmaron que las evaluaciones de impacto ambiental realizadas sobre el proyecto de UPM2 contienen exigencias muy específicas para garantizar el cuidado del ambiente (La Diaria, 18 de setiembre de 2019). Las posibilidades de que el emprendimiento contamine aparecen aquí matizadas por las capacidades del Estado de monitorear sus impactos ambientales.

En términos generales, el proyecto de UPM2 es visto por parte del Poder Ejecutivo como un componente clave de la estrategia de desarrollo del gobierno. Un documento elaborado por OPP^[10] para comunicar los contenidos del acuerdo firmado entre el Estado uruguayo y UPM coloca con claridad esta idea. El texto señala que el desarrollo sostenible y la descentralización son dos ejes fundamentales de la estrategia del gobierno, y que el acuerdo firmado con UPM se encuentra alineado con estos pilares. La idea de desarrollo sostenible aparece aquí planteada en forma explícita, y supone una conexión entre crecimiento económico, desarrollo social y cuidado del ambiente. En sintonía con este argumento, la Ministra Cosse declaró que “…el proyecto está totalmente alineado con los objetivos de desarrollo sostenible del país: es innovador, hemos negociado condiciones de sustentabilidad, de equidad social, de equilibrio ambiental y territorial (…) creará empleo de calidad, incorporará tecnología de punta y fortalecerá las capacidades nacionales” (La Diaria, 9 de noviembre de 2017).

4.2. Los trabajadores sindicalizados: el PIT-CNT^[11]

Las noticias relevadas muestran que unos días después del anuncio realizado por el Poder Ejecutivo sobre la instalación de la segunda planta de UPM, el PIT-CNT manifestó públicamente su apoyo. De hecho, dirigentes de dicha gremial habían acompañado al poder ejecutivo en su gira por Finlandia, Alemania y Rusia para captar inversiones extranjeras durante 2016, instancia en la que se habían iniciado las conversaciones con UPM para discutir la instalación de una segunda planta en Uruguay (La Diaria, 11 de enero de 2017). Los argumentos esgrimidos en ese entonces señalaban la importancia de dicho emprendimiento en la generación de puestos de trabajo y en el desarrollo de infraestructura. Su presidente, Fernando Pereira, lo explicó así: “Si viene a Uruguay una inversión que va a generar varios miles de puestos de trabajo, si se va a cuidar el medioambiente, si habrá negociación previa con los sindicatos involucrados y si efectivamente va a significar el desarrollo de carreteras y del ferrocarril, es una buena noticia, y a las buenas noticias las aplaudimos” (La Diaria, 15 de julio de 2016). En este discurso, el cuidado del ambiente aparece supeditado al desarrollo económico y a la generación de empleo, en una línea similar a las ideas de desarrollo sustentable esgrimidas por el gobierno. La idea de desarrollo aparece aquí ligada a la mejora de las condiciones de vida de los trabajadores, poniéndose el acento en la capacidad de la nueva planta de UPM de generar empleo, así como también en las condiciones laborales y salariales.

Unos meses después, empezaron a aparecer dentro del movimiento sindical voces disonantes con esta postura. De cara al XIII Congreso del PIT-CNT a realizarse en mayo de 2018, un grupo de sindicatos^[12] hizo público un documento en el que se criticaba la gestión del Frente Amplio y se explicitaban las discrepancias con la corriente sindical Gerardo Cuesta, mayoritaria dentro del PIT-CNT, que proponía respaldar el "bloque de los cambios" representado en el gobierno del Frente Amplio. En dicho documento se explicitaba su rechazo a "los megaproyectos impulsados por el imperialismo, las pasteras como UPM ex Botnia, Montes del Plata y otras que se planteen" (La Diaria, 2 de mayo de 2018). A partir de entonces se inició el debate sobre el tema dentro del PIT-CNT. Durante 2019 se realizaron talleres con expertos para debatir el tema, y en diciembre de ese año se saldó el debate en la Mesa Representativa Nacional Ampliada, órgano de dirección de la gremial, planteándose dos mociones y resolviéndose a favor de la menos crítica con el proyecto (Entrevista a informante calificada, mayo 2020).

En dicha instancia, una moción presentada por la Agrupación de funcionarios de UTE (AUTE) cuestionaba el hecho de que tanto el acuerdo laboral como el contrato que habilitaba la instalación de la planta habían sido firmados en forma inconsulta con la clase trabajadora y con las organizaciones sociales en general. Asimismo, criticaba el conjunto de beneficios y concesiones otorgadas a la empresa mediante dicho contrato, que comprenden beneficios fiscales, entrega de cientos de kilómetros de vías férreas, permisos para tomar decisiones en materia educativa y garantías de compra venta de energía a través del ente estatal UTE, señalando que el mismo representa una imposición colonial de la firma finlandesa hacia el Estado uruguayo. En términos de modelo de desarrollo, aparece en dicho documento una crítica a “El modelo extractivista aplicado en nuestro país principalmente basado en la soja y la forestación, consolidando un modelo primarizador con bajo valor agregado de nuestra estructura productiva.” (Actas de la Mesa Representativa Nacional Ampliada, diciembre 2019) Señalando que este tipo de acuerdos “…atentan contra una perspectiva estratégica de desarrollo soberano de nuestro país y el futuro de nuestro pueblo” (Ídem.). El énfasis aquí está colocado en la pérdida de soberanía nacional que representa dicho emprendimiento, la crítica a UPM2 no se centra en la dimensión ambiental sino en los componentes sociales, económicos y productivos del proyecto.

La otra moción en el debate fue presentada por el Plenario de Tacuarembó, y coloca una mirada crítica sobre el proyecto, pero no lo rechaza, haciendo un balance sobre los aspectos positivos y negativos que el mismo supone. Se destaca en ese documento el acuerdo marco sobre condiciones laborales firmado entre el Estado Uruguayo, la empresa y el PIT-CNT, así como también las “externalidades positivas” de este tipo de emprendimientos en términos de descentralización, desarrollo de proveedores nacionales y generación de trabajo. Al mismo tiempo, se critica “Que la aplicación de inversiones que se sustentan en un modelo extractivista como el que se está instalando en nuestro país, basado en la soja y en la forestación, consolida un sistema primarizador y dependiente con bajo valor agregado en la estructura productiva y el impacto ambiental en nuestros ríos, arroyos, lagos y campos; podría seguir en una línea ascendente de contaminación.” (Ídem.) La moción aprobada fue esta última, con lo que el debate se cerró en favor de la posición menos crítica con el proyecto. Si se analizan los argumentos allí expresados, puede establecerse una conexión con la perspectiva del desarrollo sustentable, en tanto que no hay un rechazo al desarrollo capitalista a través de la inversión extranjera, sino que se busca explotar las consecuencias positivas que la misma conlleva en materia de desarrollo de capacidades productivas e infraestructura a nivel local, así como también en cuanto a la creación de fuentes de trabajo. Cabe aclarar aquí que el sindicato del sector maderero SOIMA^[13] acompañó esta moción, ponderando los impactos sociales y laborales del proyecto por sobre sus consecuencias en términos ambientales y de soberanía nacional.

4.3. Las organizaciones en defensa del ambiente y los bienes comunes

Luego de los primeros anuncios sobre el proyecto de UPM, empezaron a escucharse las voces de organizaciones ambientalistas y grupos en defensa de los bienes comunes que colocaron críticas al mismo. Éstos configuran un panorama complejo dado que se trata de grupos muy heterogéneos entre sí, que solo ocasionalmente actúan en forma conjunta. Algunas de estas organizaciones tienen una extensa trayectoria en el país, mientras que otros grupos y coordinaciones fueron creados específicamente en el contexto de las resistencias a UPM2.

Las primeras críticas que se hicieron visibles a través de la prensa nacional provinieron de organizaciones con una larga experiencia de trabajo en temas ambientales, como es el caso de la ONG Redes Amigos de la Tierra Uruguay. Desde esta organización se señala que los efluentes de UPM2 contaminarán el Río Negro, que no podrá absorberlos por tener menor cauce que el Río Uruguay, comprometiendo las reservas de agua potable del país. Adicionalmente, cuestionan la idea de que las inversiones extranjeras son necesarias para el país, que aparece como una de las claves de los discursos gubernamentales que justifican el proyecto. “…hay una contradicción entre una mirada de cortísimo plazo preocupada exclusivamente por los números de la macroeconomía y tener las cuentas en orden -que nadie está diciendo que no sea algo importante (…) y la medición de costos y beneficios de los proyectos (…) Hay que romper el sentido común instalado de que la inversión es buena y de que lo que hay que hacer es salir a decir por qué no es buena, y al mismo tiempo no se nos explica a cabalidad por qué tenemos que aceptar la inversión” (La Diaria, 24 de mayo de 2017).

Posteriormente, a medida que se fueron dando a conocer las características del acuerdo que se firmaría entre la empresa finlandesa y el Estado uruguayo^[14], empezó a aparecer un conjunto de actores que se manifestó específicamente contra las características del contrato. Entre ellos, puede ubicarse el Movimiento Ciudadano “UPM2 NO”, conformado en el marco de la resistencia a tal emprendimiento. Una de sus principales acciones fue la recolección de firmas para realizar una petición contra UPM2, que se entregó al presidente Vázquez pidiendo que se desista del contrato con la pastera^[15]. La misma señalaba que la inversión a realizar por el Estado en el marco del contrato con UPM (principalmente mejoras viales y proyecto ferroviario) supone un incremento del endeudamiento público que deberán pagar todos los uruguayos, sin que esto reporte beneficios para el país. En este documento el énfasis se coloca en las críticas al contrato firmado con UPM, así como también en el impacto ambiental del emprendimiento en relación a la contaminación del Río Negro. Sin embargo, no se explicitan aquí críticas al extractivismo en tanto modelo de desarrollo.

Dentro de esta coordinación, el Movimiento por un Uruguay Sustentable (MOVUS) fue uno de los grupos que más visibilidad tomó en la prensa nacional. En su discurso se señalan las violaciones a la legalidad que representa el contrato firmado con la empresa, así como también sus consecuencias ambientales. En relación a estas últimas, el grupo denunció que la empresa solicita un caudal de agua de 65.000 litros de agua por segundo “…según cálculos del MOVUS, 65.000 litros de agua por segundo alcanzan para abastecer a una población de 44 millones de personas (…) esto pone nuevamente en evidencia que el Río Negro no es el lugar adecuado para una planta como la propuesta, para la que el gobierno compromete miles de millones de dólares en obras por y para UPM [...] que deberán ser pagados por todos los uruguayos" (La Diaria, 12 de marzo de 2019).

Otro de los grupos que firmó la mencionada petición para dejar sin efecto el contrato entre el Estado uruguayo y UPM fue el movimiento Un solo Uruguay. Para este grupo, el centro de las críticas no radica en el problema ambiental, tampoco están en contra del emprendimiento en sí mismo ya que reconocen la necesidad de que el país atraiga inversiones extranjeras. “…si bien el movimiento no está en contra de UPM porque las inversiones extranjeras son necesarias para el país, exigen que se revea el contrato entre Uruguay y la empresa porque es tremendamente malo para el Uruguay (…) Más allá de que el movimiento no reivindica por encima de todo el tema ambiental, también está dentro de la proclama nuestra" (La Diaria, 19 de febrero de 2019). El foco de sus cuestionamientos se encuentra en los contenidos del contrato, particularmente en los instrumentos de política económica que se aplican y en los sectores a los que se favorece, lo que para ellos genera inequidades en relación a otros productores y trabajadores del país (La Diaria, 27 de julio de 2018).

Hacia fines de 2018 comenzó a gestarse un nuevo agrupamiento de organizaciones críticas con el proyecto de UPM2, que asumió el nombre de Coordinación Nacional contra UPM. Desde esta articulación se critican las diversas aristas del proyecto de UPM: el emprendimiento extractivo, el trazado del tren, los contenidos del contrato, la injerencia de la empresa en materia educativa. Una de las organizaciones que impulsó esta nueva articulación fue la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida (CNDAV). Si se analizan los argumentos esgrimidos por este grupo, puede observarse que los componentes ambientales y legales constituyen una arista más del debate, pero no el centro. Aquí el eje de las críticas reside en el rechazo al modelo extractivista, en tanto proyecto predatorio de los territorios y los bienes comunes que sostienen la vida. En una entrevista realizada a un integrante de la CNDAV, el mismo señalaba que “La comisión no es ambientalista, su lucha es política. La lucha de la comisión por el agua es una lucha política contra el capitalismo, y el modelo extractivista está dentro del capitalismo, por lo tanto, la comisión lucha por eso. Porque afecta el agua, afecta el territorio y afecta la vida de las personas en detrimento de todos y a favor de unos pocos” (Entrevista a integrante de la CNDAV). En esta argumentación, la defensa de los territorios aparece también como la defensa de las comunidades que los habitan y de su derecho a decidir sobre los asuntos comunes. En tal sentido, la critica a UPM2 es también la crítica a un modelo impuesto en forma inconsulta a los habitantes de las regiones que serán afectadas, sin considerar su especificidad en materia productiva, social y cultural.

4.4. Vecinas y vecinos en movimiento

Por otra parte, en la medida en que las conversaciones entre la pastera y el gobierno uruguayo avanzaron y la información empezó a hacerse más pública, comenzaron a conformarse grupos de personas que serían directamente afectadas por el emprendimiento. A nivel de Montevideo, el que tomó mayor visibilidad –tanto en términos de movilizaciones como de apariciones en prensa- fue el colectivo Al costado de la vía, integrado por habitantes de la zona urbana que sería afectada por el trazado del tren. Desde este espacio denuncian sus consecuencias consideradas como nefastas para los habitantes de la zona: las posibilidades de desalojos, afectación de viviendas, contaminación del aire y contaminación sonora, distorsión de movilidad y calidad de vida urbana (El Observador, 7 de enero de 2019). En el discurso de esta organización, el señalamiento de las consecuencias del proyecto se articula con la crítica al modelo de desarrollo que implica, basado en el extractivismo y la depredación del ambiente. "Hay diferentes situaciones, desde expropiaciones totales o parciales hasta desalojos o viviendas que van a quedar al costado de la vía (…) Es una vía de 273 kilómetros, que atraviesa pueblos, y va desde el puerto [de Montevideo] hasta Paso de los Toros, pero es mucho más que eso; es también [el proyecto] de una empresa extractivista que viene a instalar una papelera, llevarse nuestros recursos naturales, cargar celulosa en los trenes y trasladar químicos hacia Paso de los Toros" (La Diaria, 16 de enero de 2019).

Si se analizan los posicionamientos de otros colectivos del interior del país que se han manifestado en contra del proyecto, subyacen argumentos vinculados al cuidado del ambiente y a la defensa de los medios de vida tradicionales de las poblaciones locales como la pesca, el turismo y la producción agropecuaria. En la ciudad de Sarandí Grande (Florida) se organizó un colectivo de vecinos que se manifestó en contra del trazado del tren. Su principal preocupación reside en que, de acuerdo a lo planificado, el tren dividirá la ciudad cortando el acceso a servicios básicos para buena parte de la población. "…no se trata de un barrio [que se verá afectado], se trata de la mitad de la ciudad (…) va a quedar vallada (…) Yo me pregunto: si se caen los sistemas de los bancos, ¿qué garantiza que no se caigan los sistemas de las barreras del tren? Tenemos miedo a quedar encerrados" (La Diaria, 16 de enero de 2019)^[16]. En San Gregorio de Polanco (Tacuarembó) se organizó un grupo de pobladores que mantuvo un conflicto específico por el anuncio de UTE de que elevaría a 81 metros la cota del embalse de la represa de Rincón del Bonete, ubicada en el Río Negro. En este conflicto, los pobladores argumentaron que el aumento de la cota provocaría importantes inundaciones de terrenos lesionando el turismo, la producción agropecuaria y dañando el monte natural que constituye una reserva ecológica de la zona. Por su parte la Agrupación Cívica Río Negro, de Paso de los Toros, rechazó el proyecto de instalación de la segunda pastera de UPM en la zona señalando las consecuencias que tendrá dicho emprendimiento en términos de contaminación ambiental. "Hay un intento de poner a UPM en esta zona a la fuerza. Es casi una imposición, en una zona que ya está con problemas enormes de polución, que se van a duplicar o triplicar" (La Diaria, 1° de junio de 2018). En sus intervenciones en prensa, también señalaron los impactos negativos que el emprendimiento tendría en la cría de esturiones que se practica en la zona debido al aumento de la temperatura del agua.

4.5. Las organizaciones feministas

Además de las organizaciones ambientales y grupos de personas directamente afectadas por el proyecto, diversas organizaciones feministas se manifestaron evidenciando nuevas aristas de los impactos de UPM en Uruguay. El Colectivo Ecofeminista Dafnias participó del movimiento “UPM2 NO” y criticó los impactos ambientales del proyecto, haciendo énfasis en la contaminación que producirá sobre los cursos de agua y en las consecuencias que esto tiene para la vida de las personas (La Diaria, 27 de julio de 2018). Por su parte, la Coordinadora de Feminismos del Uruguay criticó las consecuencias ambientales asociadas al avance del modelo extractivista, y enfatizó especialmente sus impactos sobre la vida de las mujeres. En el marco de las declaraciones realizadas en ocasión del 8 de marzo, plantearon que "Va a recaer sobre el cuerpo de nosotras, porque la masculinización de esos territorios intensifica una cadena de violencia masculinizada en ese lugar, debido a la cantidad de varones (…) que lleva a activar las redes de tráfico y de prostitución” (La Diaria, 8 de marzo de 2019).

Más recientemente, un estudio muestra el rechazo al trazado del tren que transportará la celulosa y los insumos necesarios para producirla por el modo en afectaría la vida de decenas de miles de mujeres que viven en las cercanías de las vías. Su rechazo al proyecto queda vinculado directamente con una dura crítica al modelo de desarrollo que implica, tal como se expresa en el texto escrito por el mencionado Colectivo Ecofeminista Dafnias: "Estamos convencidas de que el modelo de desarrollo impulsado en los últimos 50 años desde los gobiernos centrales implica problemáticas ambientales y sociales que no son neutras en cuanto a las relaciones de género" (Filardo et. al, 2020: 11). En síntesis, las críticas feministas articulan el cuestionamiento al modelo extractivista y el señalamiento de sus impactos ambientales con la visibilización de sus consecuencias en las condiciones de vida de las mujeres, tanto en Montevideo como en el interior del país.

5. Conclusiones

El modelo de desarrollo contenido en la teoría del desarrollo sustentable apunta a la armonización entre el crecimiento de la economía, la disminución de las desigualdades sociales y el control de los impactos sobre el ambiente de los emprendimientos productivos a través de protocolos e indicadores que establecen rangos aceptables de esos impactos. Este modelo acepta la necesidad del crecimiento económico y no niega sus impactos medioambientales, pero los limita dentro de rangos aceptables. Para que el crecimiento económico sea sustentable en el mediano plazo se debe necesariamente incorporar permanentemente innovación tecnológica, incluso aunque se trate de la producción de productos primarios o commodities, como lo es la pulpa de celulosa. La distribución del ingreso y los mejores niveles de empleo e igualdad social son el segundo requisito necesario para este modelo. Y el tercer pilar es la preocupación por mantener un impacto ambiental que no hipoteque el ecosistema para las generaciones futuras.

En las variantes de la teoría del buen vivir el acento se desplaza hacia una crítica al propio desarrollo sustentable, poniendo en cuestión la necesidad de crecimiento económico y llamando la atención para la necesidad de cambiar un modelo civilizatorio insostenible por los impactos sobre el cambio climático, la creciente desigualdad económica y el agotamiento de los recursos naturales por la práctica extractivista depredadora del ambiente, ya sea a través de la minería, la explotación de combustibles fósiles, la forestación, la agricultura de gran escala de monocultivo y la pesca de arrastre de gran porte, por poner ejemplos emblemáticos.

En la interpretación de los discursos de diversos actores en relación a uno de los emprendimientos productivos más importantes de la historia del Uruguay como lo es la instalación de la tercera planta de celulosa por parte de UPM se ha observado la presencia de ambos modelos en disputa. El gobierno del Frente Amplio, así como el sector mayoritario del PIT CNT defienden el primer modelo teórico de desarrollo sustentable. En cambio, una variedad heterogénea de organizaciones sociales como los grupos ambientalistas y en defensa de los bienes comunes, los vecinos afectados, organizaciones feministas y una minoría del movimiento sindical han disputado la legitimidad de este proyecto, desde discursos que tienen distintos niveles de diálogo con el enfoque del buen vivir.

En la postura del gobierno se establece una clara cadena de conexiones entre inversión extranjera, desarrollo de infraestructura, generación de empleo y desarrollo social y económico. El problema ambiental aparece aquí en un segundo plano, señalando que los posibles efectos contaminantes de la pastera podrán controlarse mediante la aplicación de monitoreos adecuados por parte del Estado. El sector mayoritario del movimiento sindical parece estar alineado con esta perspectiva, destacando la creación de fuentes de trabajo como aspecto positivo del emprendimiento. Se presta especial atención aquí al nivel salarial que tendrán los trabajadores empleados en el emprendimiento, las condiciones laborales y los mecanismos de negociación colectiva que regirán las relaciones entre los trabajadores y la empresa.

Las organizaciones críticas con el proyecto son profundamente heterogéneas en lo que respecta a su composición, sus discursos y sus estrategias. En lo que respecta a las organizaciones en defensa del ambiente y los bienes comunes, el análisis de sus discursos muestra que en algunos de ellos prima el argumento ambiental en la oposición al proyecto de UPM2, haciendo referencia a la contaminación en los ríos y cursos de agua que el emprendimiento producirá. En otros casos adquiere mayor relevancia el componente de soberanía nacional, que se ve lesionado por el acuerdo firmado entre el Estado uruguayo y la empresa. Finalmente, puede identificarse un argumento que enfatiza las críticas al extractivismo entendido como una relación de saqueo de los bienes comunes y como una imposición sobre territorios y formas de vida. En este último caso puede establecerse una conexión con la perspectiva del buen vivir ecologista, que se observa en la crítica al modelo extractivo y en la importancia que se le otorga a las comunidades y los grupos locales organizados en la definición del modelo de desarrollo deseable para cada territorio.

Por su parte, los grupos de vecinos aportan una mirada que enfatiza los efectos de UPM2 y del Ferrocarril Central en los territorios, en los medios de subsistencia y en la vida de las personas que serán directamente afectadas por el proyecto, mientras que las organizaciones feministas articulan la crítica global al modelo extractivo con el señalamiento de sus impactos en términos de violencias hacia las mujeres. Entre las voces disonantes que se expresaron dentro del PIT-CNT, el cuestionamiento a UPM enlaza la crítica al modelo extractivo, que aparece como primarizador y generador de bajo valor agregado en la estructura productiva nacional, con un señalamiento de la pérdida de soberanía nacional que este emprendimiento conlleva, expresada en el conjunto de beneficios y concesiones otorgados por el Estado uruguayo a la empresa. En esta argumentación parecen articularse la crítica al extractivismo propia de la vertiente ecologista del buen vivir, con el énfasis en los componentes económicos y sociales propio de la mirada socialista y estatista.

En términos generales, el estudio realizado permite señalar que mientras la postura del gobierno se expresa en forma monolítica, como un discurso articulado y sin fisuras, las miradas críticas con el proyecto son heterogéneas y presentan énfasis bien diferenciados. Algunas de ellas priorizan el componente ambiental, otras cuestionan el extractivismo retomando elementos del enfoque del buen vivir ecologista, y otras enfatizan la pérdida de soberanía nacional que implicará el contrato con la pastera, dialogando en algunos casos con elementos de la vertiente estatista del buen vivir. Los argumentos que aquí se expresan son de muy diverso orden, incluyéndose desde cuestionamientos a aspectos puntuales del proyecto hasta perspectivas anticapitalistas que rechazan la explotación de los territorios por parte de empresas extranjeras. Estas diferencias pueden contribuir a explicar el carácter que han tenido las resistencias a UPM2 durante el período estudiado, las cuales aparecen como disgregadas y relativamente frágiles. Esto parece estar en consonancia con las características que han tenido los distintos conflictos ambientales que emergieron durante el ciclo progresista, que se apoyaron en débiles confluencias entre actores tan disímiles como productores agropecuarios, grupos ambientalistas y movimientos de personas directamente afectadas por los proyectos extractivos.

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Notas