INTRODUCCIÓN

Para explicar las grandes desigualdades estructurales de la sociedad contemporánea en México y en Tamaulipas, se tiene que observar la historia reciente de los grandes cambios económicos a escala global. Nuestra sociedad está condicionada e influenciada directamente por nuestra relación con la economía mundial y la desigualdad social y económica que caracterizan nuestro modelo de desarrollo, que predomina y se manifiesta en todo el mundo.

En el presente artículo se explicarán las formas en que el comportamiento del empleo, la inversión y la educación impactan en la estructura socioeconómica, generando desigualdad social en diferentes dimensiones.

Se analizan las características del crecimiento de la desigualdad socioeconómica con base en el efecto condicionante de la cantidad y calidad del empleo. Por tanto, se aborda este problema social desde un enfoque global, y desciende el análisis a nivel nacional y, en su diversidad interna, al caso de Tamaulipas.

Los indicadores cuantitativos que se aplicarán en este ensayo para explicar el fenómeno en cuestión serán: el comportamiento general de la economía de los países de mayor influencia en la economía internacional y sobre México; la evolución y estructura del ingreso y acceso a bienes y servicios de la población, particularmente la educación y su relación con el empleo formal y la inversión directa.

La hipótesis que guiará este artículo consiste en explicar la creciente desigualdad socioeconómica de la población en México como un fenómeno estructural global, el cual acentúa algunas características especiales en entidades fronterizas como Tamaulipas, manifestándose en un estancamiento y degradación del empleo, sobre todo en el sector primario y secundario.

Ello trae como consecuencia el crecimiento de la pobreza, la desesperación social y el crecimiento de la violencia y la intranquilidad, la cual retroalimenta con más fuerza la falta de inversión, la contracción coyuntural del empleo y la degradación de la calidad de vida, así como del tejido social de nuestras comunidades.

Felicito y agradezco la oportunidad de participar en esta edición a quien dirige esta revista y la promoción del análisis de un tema que motiva la reflexión profunda en uno de los temas más importantes en la actualidad. Vaya mi gratitud por ello, particularmente al Dr. Héctor Manuel Cappello y a Jorge Lera Mejía.

LA INTERNACIONALIZACIÓN SOCIOECONÓMICA DESPUÉS DE LA GUERRA FRÍA

El proceso de internacionalización de la economía mundial en todos los sectores y actividades económicas como estrategia para impulsar un nuevo ciclo largo de crecimiento del capitalismos conocido como la globalización, se fortaleció de manera cada vez más sustantiva y acelerada a raíz de la desintegración del polo soviético durante la última década del siglo XX, y la consecuente integración de la economía de “Europa del Este” al mercado mundial, proceso que se replicó y completó con la incorporación de la economía china y su liderazgo industrial y financiero en los primeros quince años del siglo XXI.

Después de las grandes crisis de 1974 y, en nuestro caso, además la de 1995, sobrevino una etapa expansiva de la economía mundial, que creció de manera desigual conforme al modelo diseñado por el Fondo Monetario Internacional (FMI), caracterizado por la privatización de las empresas estatales, la apertura comercial y financiera en los “países en desarrollo” y la consolidación de la Unión Europea, condiciones que le permitieron al capitalismo emprender la conquista global, hasta el último rincón significativo de la economía mundial, avanzando y subsumiendo a los países que giraban en torno al eje de la ex sociedad soviética y a una gran parte de la República Popular China, sobre todo en zonas urbanas y costeras.

Con este modelo, y con la relativa pacificación social, sobrevino la incorporación al poder estatal de nuevos gobiernos surgidos de la izquierda socialdemócrata en América Latina –sobre todo en el Cono Sur y Centro América–; la modernización de la India, en la era de las tecnologías de la información, emergiendo nuevos polos de crecimiento y desarrollo que le aportaba nuevos mercados a la insaciable expansión capitalista de la economía mundial.

En esta nueva etapa del desarrollo, el mercado pudo obtener el suficiente oxígeno para retomar un nuevo ciclo de crecimiento real a escala global, sostenido en el crecimiento del consumo y de la industria en estas economías emergentes. Sólo la economía china multiplicó ocho veces su comercio exterior entre los años 2000 y 2012 (OCDE FactBook, 2014), observándose tasas de crecimiento del PIB superiores al 8% anual sostenidas.

El crecimiento acelerado de las economías emergentes y en desarrollo fue súbitamente alterado –sobre todo en México– por las dos grandes caídas de la economía en la primera década del siglo XXI, las cuales desafiaron la capacidad de recuperación de su expansión. Éstas fueron la crisis concurrente a los ataques terroristas a EUA del 11 de septiembre de 2001 y la gran depresión de los mercados financieros, de vivienda y del automóvil en 2008-2009, la cual impactó severamente a la economía más internacionalizada de México, particularmente en el norte del país, como se verá más adelante.

Cuando parecía que estábamos llegando al cumplimiento de las promesas del bienestar que traerían consigo la apertura comercial, el crecimiento económico y la educación tecnológica y superior generalizada, se desvaneció el espejismo que ofrecían en su horizonte la base del “arcoíris” del capitalismo globalizado.

Con el crecimiento desigual del mercado mundial, por una parte lento y con muestras de estar exhausto en la esfera de las economías de Europa y Norteamérica y, por la otra parte, mostrando un ritmo sobresaliente y sostenido en las economías recién abiertas de Rusia y China, se generó una nueve fuente de competencia a escalas insospechadas para conquistar los nuevos mercados y surtir a las regiones de alta densidad de riqueza y consumo –EUA y UE–. A ello se destina una buena parte de las exportaciones de los países emergentes, a la vez que los países de economías emergentes y “en desarrollo” se convierten en clientes cautivos de los bienes de capital y las tecnologías de los países predominantes.

De esta forma, se integra una cadena mundial de producción y de servicios financieros y de comercialización por grandes bloques y aglomeraciones que combinan, por un lado los servicios de alto valor agregado, la investigación, el desarrollo tecnológico y los bienes de capital y, por el otro, la producción industrial de bienes de consumo y la formación de fuerza laboral calificada.

El caso de la evolución del comercio exterior mexicano a raíz del libre comercio con Norteamérica fue de un crecimiento rampante, en el que las exportaciones con EUA y Canadá crecieron 7.5 veces, desde 1993 a 2014, pasando de un poco más de 44 mil millones de dólares a 329 mil millones anuales. No obstante el dinamismo y la diversificación relativa de importaciones, seguimos bajo la misma estructura de dependencia en un 80% del mercado norteamericano y, por tanto, seguimos siendo dependientes de los ciclos económicos de EUA, como quedó demostrado en la crisis generalizada de su economía de en 2008-2009.

El problema de este modelo disimétrico y de crecimiento tan desigual entre los países predominantes respecto de los de las economías emergentes y en desarrollo, es que se sostiene con base en la desigualdad social, puesto que la producción exportadora de los países de las economías emergentes, incluyendo a México, se basa en un modelo de productividad económica que se caracteriza por la asignación de salarios a los trabajadores de la industria exportadora en una banda alrededor de los 1.50 dólares por hora. Ello corresponde en números redondos al 13% del pago por trabajo similar en los países con los cuales México tiene más comercio –11.4 dólares x hora–, mientras que la productividad local es el 24.5% de la productividad promedio de EUA / Francia, lo cual fuerza al sistema productivo a exportar la mayor parte de la producción internacionalizada, ya que los bajos salarios locales se convierten en un mercado interno restringido para bienes como automóviles y electrodomésticos, entre otros.

Esta disimetría en la división internacional del trabajo también está reproduciendo una desigualdad en las capacidades científicas y tecnológicas disponibles en el mundo, la cual depende de las inversiones en infraestructura y personal especializado para la Investigación y Desarrollo (I+D), así como en su conversión en innovaciones aplicadas e impacto directo en la productividad. Esta disimetría estructural se puede observar con claridad en la rampa de las inversiones en este renglón, y que pone en la parte más baja a países en desarrollo como México y Chile, y a Finlandia, Israel y Corea en la punta.

Agotamiento del modelo de expansión “post guerra fría”:

La desigualdad estructural internacional de ingresos salariales y productividad acaba por conducir a la “ralentización” del crecimiento de la ocupación en los dos polos del sistema internacional, y en muchas casos a alcanzar tasas de desempleo en jóvenes que han superado el 20% en algunos países de la zona euro (OCDE, Factbook), lo cual ocasiona insolvencia y pobreza en este sector de la población –con crudas manifestaciones sociales como los “desahuciados inmobiliarios”–. Por su parte, en las zonas de los países emergentes o en desarrollo, resulta en la exacerbación de la pobreza comparativa, tanto al interior del país de residencia, como en relación con los demás países comparables, que acabará por generar un éxodo masivo de migrantes en busca de empleo en los países centrales de Norteamérica y Europa.

Lo que más sorprende en la gráfica anterior, es que entre los siete países en los que la proporción de población en estado de pobreza relativa es mayor, se encuentran en primer lugar Israel, luego México, Turquía, Chile y EUA, Japón y España (los que viven con ingresos menores a 50% de la media de ingresos).

Además, al comparar el PIB por persona, resulta que Rusia queda un 55% debajo de EUA y México un 65% abajo (OCDE, op. cit.), lo cual es un claro reflejo de los bajos salarios que predominan en México, enfocando la inversión extranjera hacia la utilización de su fuerza laboral calificada y de bajo costo.

Este modelo disimétrico ha entrado en una etapa crítica y de ralentización desde 2014 y 2015, al reducir el ritmo de crecimiento de los países emergentes, y en un desempleo crónico en los países más desarrollados, lo cual denota también un agotamiento prematuro del modelo de crecimiento basado en la expansión sobre territorio “virgen”, y en la desigualdad de ingresos y productividad a escala global.

La grave acumulación del desempleo de jóvenes calificados en los países del sur de Europa –España, Italia, Grecia, Portugal y Turquía– y la pobreza de migrantes en EUA y Europa tiende a concentrar el ingreso en los sectores de más alta jerarquía laboral y empresarial, y eventualmente se traducirá en la reducción de sus pedidos a los países emergentes, en la baja de los precios de las materias primas, en la desestabilización del tipo de cambio y los términos del intercambio comercial, hasta que restablezcan su dominio en el sistema, aun a costa de hacer entrar en desaceleración y/o recesión a los países emergentes y subdesarrollados.

México, desocupación de fuerza laboral calificada, subocupación y alta concentración del ingreso

Una muestra muy elocuente de las restricciones del modelo descrito es el caso mexicano, caracterizado por la baja ocupación de jóvenes, por lo que la informalidad y la migración o la ilegalidad son salidas naturales de la falta de ocupación y cobertura escolar. La Secretaría del Trabajo y Previsión Social informa que el segmento en el que está creciendo más el desempleo en la última década es precisamente entre jóvenes con estudios de media superior y superior, donde se observa un aumento de 447,482 desempleados, que representa un aumento del 85%, a pesar del crecimiento de la economía desde 2010.

En una escala latinoamercana, la OIT en su informe panorama Laboral de América Latina y el Caribe, 2012, destaca que “Entre aquellos que sí tienen una ocupación, hay al menos 130 millones de personas que trabajan en condiciones de informalidad. De cada diez trabajadores latinoamericanos y caribeños, al menos tres no tienen acceso a ningún tipo de cobertura de protección social. Y más adelante informa que: “Casi la mitad de los desempleados urbanos son jóvenes. El desaliento y la frustración sin duda contribuyen a que unos 22 millones de jóvenes no estudien ni trabajen”…

Y en México, de acuerdo con la Encuesta Nacional de Empleo, actualizada en agosto de 2015 por el INEGI, la tasa de ocupación en la informalidad fue del 57% y se reduce a 52% si no contamos con la ocupación agropecuaria. Ello sugiere la precariedad ocupacional como una fuente determinante de la desigualdad y la pobreza estructural.

México, desigualdad extrema y pobreza estructural

De acuerdo con la edición de Forbes del 3 de marzo de 2015, el “Top Ten” de los multimillonarios mexicanos, suman un patrimonio del orden de los $139,800 millones de dólares, lo cual representa el 11% del PIB de 2013, mientras que el ingreso promedio en México fue de 10,307 dólares, situación que seguramente se agravará después de la devaluación de 2015, estimada en un 28% menos.

Si observamos el quintil más bajo de la pirámide de ingresos en México, nos damos cuenta de la profunda desigualdad, pues apenas llegaba a 2,584 dólares cuando el dólar estaba a 13. Y éste comprende al 48% de la población empantanada en la base más pobre de la pirámide.

De acuerdo con la publicación de INEGI en junio de 2015 – según los datos de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares– se destaca que el 70% de la población con menores ingresos vive con el 37.5%, y el 30% más alto recibe el 62.5% del total. Y si el análisis lo enfocamos al 10% de más altos ingresos, se observa que reciben el 35.4% del ingreso. Además, se muestra una reducción del ingreso corriente total trimestral de los hogares, el cual resultó un 3.2% menor que en 2012 (El Financiero, 16-07-2015).

En 2014, el 30% de los hogares con mayores ingresos (deciles VIII, IX, X) concentraron el 62.5% de los ingresos corrientes totales, mientras que el restante 70% de los hogares (del decil I al VII) obtuvieron sólo el 37.5% del ingreso.

El problema del ingreso –y por ende la pobreza– se ve mitigado y encubierto por las transferencias que los trabajadores migratorios envían desde Estados Unidos de América y Canadá, impactando de manera sustantiva los ingresos de la población de más bajos ingresos.

De acuerdo con la misma fuente, “El ingreso de quienes están en el percentil del 10% más bajo se reduce en un 65.6% si se dejan de contar las transferencias”, llegando a una cantidad anual de ingreso de 2,531.70 dólares, la cual se eleva con las transferencias hasta 7,716.48 dólares.

Pero nos debemos de preguntar, ¿cuál es la fuente interna o local de la desigualdad?; ¿de qué depende estar en los grupos que integran el 30% de más bajos ingresos y que viven en la pobreza, respecto a los de ingresos medios y los de ingresos más altos?

Hay evidencia de que se tiene una fuente estructural de acuerdo con el sector de actividad económica en donde se desenvuelve su vida, ya que el sector primario condicionará ingresos menores, respecto a los sectores urbanos de industria y servicios. Por otra parte, se encuentra el factor de su pertenencia o no a los sectores formales de la economía o a su informalidad, éstos últimos muestran menores ingresos. Y hay un factor fundamental que ha demostrado ser un detonador de la movilidad social por ingresos, y se basa en el nivel de escolaridad, demostrándose que al adquirir una educación terciaria –técnico superior y superior–, el ingreso se eleva sustantivamente, sobre todo si es de calidad.

Calidad del empleo

Por otra parte, se observa que el desempeño de la calidad del empleo se va deteriorando progresivamente, ya que ahora son más los que ganan menos y menos los que ganan más, si consideramos el crecimiento de la población que reciben de uno a tres salarios mínimos, mientras que la cantidad absoluta de la población ocupada con ingresos promedio de más de tres salarios mínimos, ha ido decreciendo progresivamente en los últimos diez años. Ello se manifestará en el descontento de los sectores de ingresos medios, sobre todo urbanos y con escolaridad superior al bachillerato y en la desesperación de los que tienen menores ingresos y que tenderán a migrar en busca de mejores condiciones de vida.

¿A qué se debe este descenso progresivo? Cuestión que podemos explicar por dos factores de alto impacto: primero, por los cambios en la composición técnica del capital durante los ciclos de crecimiento y auge, al intensificar el uso de tecnología ahorradora de fuerza laboral, mediante la automatización creciente de los procesos de trabajo y, como agravante coyuntural, los ciclos económicos en sus fases de crisis.

Ambos factores han impactado y determinado un estancamiento crónico del empleo en el sector industrial de los últimos quince años, como se observa en la Gráfica No. 9, y un crecimiento muy moderado en la ocupación del sector servicios, de 1.6 millones de personas en 14 años.

En cuanto a los ciclos económicos del siglo XXI, se observa una caída de la producción y la inversión en 2002-2003 y una mucha más grave contracción de los sectores exportadores en 2008-2009, la cual arrastró al conjunto de la economía hacia un remolino de estancamiento del bienestar y profundización de la pobreza y la desigualdad, lo que se ha convertido en una gran ola de población joven desplazada hacia la informalidad, la migración y actividades ilegales. Este grupo se puede estimar en más de 650 000 por año, durante los 14 años, considerando que se han creado 350 000 empleos por año, incluyendo todos los sectores formales, además de que una gran parte de los despedidos mayores de 40 años ya no son recontratados y son arrojados también a la informalidad.

Desigualdad regional

En el contexto mundial, la desigualdad se expresa en la polarización entre los países centrales, que concentran el poder y la riqueza, y que subordinan a sus intereses a los países en desarrollo con economías abiertas y dependientes de la inversión extranjera y de las exportaciones de productos primarios y manufacturados. Pero la cuestión ahora es: ¿cómo se refleja e influye esta condición disimétrica mundial, con la desigualdad interna de países como México?

México, desde las grandes reformas económicas de los años 80, dejó de crecer de manera sostenida, y cuando crece lo hace con sobresaltos y a un ritmo promedio inferior al crecimiento de la población económicamente activa.

México se ha convertido en una nación donde la pobreza abarca cada vez a más millones de personas, donde la informalidad se vuelve la característica predominante del mercado, en donde la pobreza extrema sólo se neutraliza y reduce marginalmente a base de asistencialismo dirigido a los indicadores, tales como pisos de concreto, despensas, desayunos masivos… los cuales son muy necesarios, pero no resuelven las raíces profundas de la pobreza. Como son: los bajos precios de productos del campo para asegurar la “competitividad de la fuerza laboral urbana” y la falta de inversión para la producción de bienes y servicios de calidad para un mercado interno fortalecido con mejores sueldos, y no sólo para el “exigente” mercado exterior y la élite nacional.

De acuerdo con este ángulo de análisis estructural de la desigualdad, lo primero que salta a la vista es la disimetría regional entre el campo y la ciudad, y tiene un impacto muy importante sobre el resto del sistema social a escala global, porque de la depresión económica, la informalidad y la falta de educación y oportunidades en las regiones rurales, se deriva una corriente migratoria constante hacia las ciudades con oferta industrial, y otro tanto integra las grandes corrientes migratorias hacia los EUA del último cuarto del siglo pasado.

Nótese en la siguiente gráfica cómo la evolución de los ingresos en las regiones rurales y urbanas se reflejan también en México en el contexto de los subsistemas regionales del norte y el sur de México, que demuestra también la gran cantidad de comunidades rurales que subsisten como tales hacia el sur de la “frontera” de los estados de Veracruz, Puebla y Estado de México hacia el sur.

Después del impacto inicial del Acuerdo de Libre Comercio de América del Norte y de detonar las fuertes corrientes del comercio exterior en la región, particularmente entre México y EUA, su crecimiento se estabilizó y reforzó la estructura desigual entre las regiones, tanto en el crecimiento económico de los estados más relacionados con la economía internacionalizada –norteños–, respecto de las economías enfocadas al mercado local –sureños–, condicionando la cantidad del empleo e ingreso entre el norte y el sur.

El crecimiento relativamente acelerado de los estados del norte se ve atenuado coyunturalmente en Tamaulipas y Baja California, con menores ritmos de crecimiento, derivado del alto impacto de las contracciones de la economía norteamericana, de 2002-2003 y de 2008-2009. Por otra parte, el crecimiento también se observa en estados más al sur, pero ligados al auge del turismo extranjero y al de las divisas de la inversión extranjera y de la renta petrolera, como es el caso de Baja California Sur, Quintana Roo y Tabasco.

Además de estos factores, hay una diferenciación influenciada por la realización de estrategias de los gobiernos locales para atraer inversión nacional y del exterior, al gestionar grandes proyectos de infraestructura, promoviendo su capital natural como son las condiciones geoeconómicas, sus recursos naturales y belleza escénica, los minerales e hidrocarburos y el aprovechamiento de ventajas comparativas geográficas.

Asimismo, la inversión en educación, tanto en cobertura como en su calidad, que van diferenciando las oportunidades de movilidad social, así como de obtención de mejores empleos a la población, al atraer determinados proyectos de inversión en actividades con distinto valor agregado y con estructuras de distribución del ingreso diferentes. De tal forma que se pone en relieve la competitividad para atraer inversiones en ciudades específicas, como Monterrey, Querétaro, León, Saltillo, Tijuana y Reynosa, por mencionar algunas que han observado un alto ritmo de crecimiento de las inversiones y el empleo.

Recientemente, en la segunda semana de octubre de 2015, la OCDE y el INEGI entrelazaron sus capacidades para instrumentar una metodología para describir las condiciones y factores que nos permite comparar el desempeño de doce dimensiones del “bienestar” –aunque en realidad para algunas regiones y sectores de la población lo que se describe es la ausencia de bienestar y la abundancia de restricciones y precariedad de vida–.

Este esfuerzo resulta de gran utilidad para el análisis de las semejanzas y desigualdades que se observan en las distintas regiones de nuestro país y en cada entidad federativa, utilizando información histórica de hace quince años, y se proyectan algunos hasta 2014. Ello permite apreciar algunas tendencias y los esfuerzos particulares de algunos estados, para enfrentar en mejores condiciones los retos a vencer, a fin de ofrecer mejores oportunidades de vida y de trabajo a su población, aun bajo las adversas condiciones estructurales del sistema a escala mundial y nacional.

Las conclusiones de la presentación preliminar del estudio de la OCDE/INEGI “Midiendo el bienestar en los estados mexicanos. Resultados más destacados”, de octubre de 2015 apuntan lo siguiente:

“En los últimos 15 años México ha mejorado su desempeño en diferentes dimensiones que son esenciales para una buena vida, sobre todo en las áreas de salud, accesibilidad a servicios básicos y calidad de la vivienda”.

Sin embargo indica que hay logros y también retrocesos…

“se requieren de mayores esfuerzos para avanzar en áreas tales como la educación, la seguridad, la calidad de los empleos y la reducción de la pobreza”…

Y nos conduce, a través de un análisis comparativo de las doce dimensiones del bienestar, a la demostración de un desarrollo desigual de las regiones y entidades. En sus conclusiones también pone en relieve que algunas entidades han tenido un desempeño más equilibrado y que superan en todas las dimensiones a la media nacional; estas tres entidades son Tamaulipas, Sinaloa y Baja California Sur. Hay otros estados que se destacan en algunos indicadores en lo particular.

Expongo a continuación algunas gráficas de dicho reporte para su análisis y tratar de derivar algunas conclusiones en aquellos factores que tienen impactos multiplicadores en otros elementos, tales como son educación, trabajo e ingresos.

En materia de educación, el informe destaca que solamente el 44% de la fuerza laboral mexicana cuenta con estudios de bachillerato o más, 30 puntos porcentuales por debajo del promedio de la OCDE, mientras que la brecha educacional entre el Distrito Federal (58%) y el estado de Chiapas (27%) es la segunda mayor disparidad que hay en cualquier país miembro de la OCDE, después de Turquía.

Las características de la dimensión educativa destacan que hay una preponderancia en los mejores niveles de educación de los estados del norte y en la capital del país, en donde se concentra la mayor riqueza.

Sin embargo, si observamos la proporción de los estudiantes de bachillerato que desertan de sus estudios, la cosa cambia por el impacto social que representa. Este factor –deserción escolar– puede tener un efecto multiplicador en varios sentidos. El más positivo puede ser el de migrar a los EUA y ocuparse legalmente como trabajador temporal y convertirse en parte de la fuente más importante de divisas en 2015. El siguiente grupo va a las filas del pantano de la informalidad, de los que padecen pobreza y con riesgo de convivir con el crimen.

A escala nacional, se estiman alrededor de 500 000 desertores del bachillerato, y la situación de informalidad juvenil empeora en las entidades como Tamaulipas, que reciben migrantes en tránsito y que flotan temporalmente en las ciudades fronterizas. Situación que se complica, aún más, con las decenas de miles de deportados que son arrojados anualmente en estos polos urbanos con cruce a los EUA.

El caso de Tamaulipas se ubica a media tabla, apenas unas dé- cimas mejor que el promedio nacional de 12.9% de deserción anual, la cual en tres años suma 38.7%.

Empleo, calidad y cantidad

Una consecuencia estimada por la interrupción de estudios de secundaria y después en el nivel medio superior, se va a traducir en condiciones críticas de ocupación, con largas jornadas, bajos salarios y muchas veces sin prestaciones de ley a una población que reflejará su magnitud en los escalones más bajos de la estructura social y regional.

Si analizamos las condiciones más críticas de trabajo en las entidades federativas, volveremos a observar que los estados con los niveles de educación más bajos serán los que tendrán mayor cantidad y proporción de la población en condiciones de empleo críticas, como es el caso de Chiapas, Oaxaca, Guerrero, Puebla y Veracruz. Mientras que entidades como el DF, Nuevo León, Jalisco, Chihuahua y Coahuila sufren menos de esta condición crítica de ocupación. El caso de Tamaulipas se ubica con un 9.9, en el lugar 14, y con mejor desempeño que la media nacional (OCDE-INEGI, op. cit.).

Como consecuencia de las condiciones de la educación, así como su impacto sobre las condiciones de ocupación, ingresos y riesgos laborales, se sintetizará en las tasas de pobreza que observa el país en cada una de las entidades y regiones, reflejando la caracterización diferenciada de los estados ubicados al sur de la Ciudad de México y los estados del norte.

Hay doce estados que comprenden a más del 49.5% de población en condiciones de pobreza y que se ubican en la región sur, y algunos del norte como Zacatecas. Estados como Michoacán, Guanajuato y San Luis Potosí seguramente estarían en este caso si se deduce la aportación tan significativa de las transferencias de remesas del exterior provenientes de sus trabajadores migratorios.

De estos estados afectados por la pobreza, los sureños estados de Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas involucran a dos de cada tres habitantes en condiciones de pobreza, en su mayoría integrantes de las etnias originarias, que padecen marginación, discriminación y opresión.

El Coneval, por su parte, ha dado a conocer los resultados de su más reciente estudio de la población en pobreza, y destaca que la población que sufre de pobreza se incrementó en dos millones de personas de 2012 a 2014, mientras que en el mismo período la fracción que sufre pobreza extrema se redujo en cien mil en números redondos, aunque advierte que hay mejoras en las condiciones de acceso a los servicios públicos de educación, vivienda y salud.

El Coneval concluye que en 2014 había un total de 55.3 millones de personas que viven en condiciones de pobreza, que representan al 46.2% de la población, y el 11% de los que sufren pobreza están en “pobreza extrema”. Por otra parte, hay más de 24 millones de personas libres de pobreza que representan el 20% de la población. Esta información dimensiona muy bien la magnitud de la desigualdad en México.

CONCLUSIONES

Las condiciones de la desigualdad en México se han ido polarizando, no obstante el crecimiento de las exportaciones y de la economía en su conjunto, impulsado por la atracción de inversiones que buscan estímulos fiscales y bajos salarios, sustentado en la subordinación de los productores del campo a las necesidades del desarrollo de la economía urbana de la industria y los servicios, lo cual reproduce la pobreza de ingresos en el campo y entre la fuerza laboral para la industria exportadora y los servicios al turismo.

Las condiciones de baja escolaridad, la escasa vinculación entre la educación y la productividad, así como la alta deserción escolar y la crónica informalidad, complican aún más las condiciones de acceso a la población de condiciones laborales adecuadas para mejorar sus ingresos.

Estas condicionantes del modelo de alta competencia para atraer inversiones y asegurar una renta atractiva a las empresas locales, impiden el crecimiento del mercado interno y refuerzan la dependencia del mercado externo. Ello permite advertir que las promesas de bienestar y crecimiento acelerado con mejores empleos de acuerdo con el mejoramiento de la escolaridad y productividad, quedarán en expectativas frustradas para la mayoría de la población, dado que las economías de los países centrales y predominantes están llegando a su frontera de expansión geoeconómica y los pedidos crecen lentamente o se contraen.

Por todo lo anterior, será necesario reflexionar más ampliamente en todos los círculos de la academia y de la sociedad, incluyen- do necesariamente a los representantes de los productores y prestadores de servicios, para rediseñar un nuevo modelo de desarrollo y de sociedad, que asegure:

• • el crecimiento sostenido del mercado local;

  • el aprovechamiento óptimo del talento y las capacidades tecnológicas y científicas para optimizar la producción local de bienes y servicios;

  • el logro de la seguridad alimentaria y energética;

  • el aseguramiento de una mejor distribución del ingreso;

  • una balanza equilibrada en las cuentas externas;

  • una inversión responsable e inteligente en innovación económica y social.

Todo ello, aprovechando el mejor conocimiento disponible que sustente nuestra competitividad en el talento y en la productividad, con base en los principios de cooperación y máximo beneficio social, superando de raíz el modelo que nos hunde en los bajos precios de productos del campo, para poder tener bajos salarios y atraer capital extranjero que sólo pretende aprovecharse de la urgencia que muestran los promotores de un México barato, sin ley y sin impuestos, y que sólo ha generado desigualdad extrema y pobreza generalizada en la mitad de la población.

BIBLIOGRAFÍA

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