INTRODUCCIÓN

La actual situación de inseguridad que se vive en todo el territorio mexicano¹ ha escalado hasta ser considerada un problema de Seguridad Nacional, determinando el titular del Poder Ejecutivo Federal una mayor participación de las Fuerzas Armadas (FAs) en la función que tiene el Estado de proveer la Seguridad Interior a su población, ante la incapacidad de las fuerzas de Seguridad Pública para contener el avance de la delincuencia organizada.

La Seguridad Interior, como una función del Estado, es la vertiente de la Seguridad Nacional que se encarga de la vigencia del Estado de Derecho y la gobernabilidad en el país. Sin embargo, su descuido y deterioro en las últimas tres décadas es evidente (Benítez, 2009; Chabat, 2010a; Camp, 2010a; Arzt, 2011; Shirk, 2011; Piñeyro, 2012).

El limitado conocimiento de esta vertiente, sin lugar a dudas afecta en forma negativa al tratamiento que se le da al término por la comunidad política, no asignándole su debida importancia para ser considerado en la Agenda de Seguridad Nacional (Alvarado y Serrano, 2010; Bailey, 2014; Calderón, 2014; Donnelly y Shirk, 2009), destacando además los siguientes aspectos: el concepto general de la seguridad interior la mayoría de las veces es confundido o incluso homologado con la seguridad pública, dada la reducida investigación de la academia y el precario tratamiento institucional.

A consecuencia de lo anterior, y ante el desconocimiento de esta función legítima del Estado, el término seguridad interior ha sido empleado indiscriminadamente con diferentes acepciones por parte de analistas, políticos y líderes de opinión. En la mayoría de las veces, en un concepto equivocado, que en el mejor de los casos la ubican en un nivel de seguridad intermedio entre la seguridad nacional y la seguridad pública, obviando que su verdadera razón de existir es la de mantener la fortaleza de las instituciones del Estado y la gobernabilidad democrática, que éste debe proporcionar en todas las áreas estratégicas, geográficas y funcionales, para el bienestar de la Nación.

En principio, es necesario considerar el involucramiento de todos los integrantes de esta gran Nación para recuperar esa seguridad y condición de paz e imperio del estado de derecho en todo el territorio nacional. De lograrlo, se modificaría –de manera positiva–, la costumbre de indiferencia y los patrones de conducta existencialista en los modos de vida individual y de los grupos sociales; se ampliarían los ámbitos de acción de la sociedad civil, redefiniendo los campos de participación e intervención del Estado y se evitarían las crisis políticas, sociales y económicas recurrentes, así como la pérdida de valores individuales y sociales, que impactan en todos los campos de la actividad humana y de la seguridad misma del Estado mexicano (Cappello, 2014).

La situación actual de México es crítica, está estancada dentro de un círculo del cual no alcanza a salir para tomar una dirección, con escenarios similares a los que existían hace 200 años, un país desintegrado por los intereses personales o de grupo (Shirk, 2011). Difícilmente se logran acuerdos políticos y, en lo social, suceden constantes movilizaciones con demandas politizadas, que desafían al Gobierno y a la sociedad.

Por otro lado, y ante la propia situación política y social inestable que se ha dado desde la formación del Estado mexicano, incluye en su Constitución Política que las FAs también participen en mantener la seguridad interior. Ello ha dado lugar, en el curso de la historia, a serias críticas y acusaciones de algunos sectores de la población, las cuales califican a las FAs al servicio del régimen en el Poder y no del Estado, cuando han sido necesarias sus intervenciones con este propósito. Una medida común adoptada por muchos Estados (Camp y del Castro, 2010; Shirk, 2011) y en cada capítulo de nuestra historia, que hoy es causa de sorpresa y hasta indignación para algunos mexicanos.

Como se indicó anteriormente, en este trabajo se pretende encontrar qué es lo que no está funcionando en la utilización que hace el Estado de estas instituciones, en el ejercicio de su función legítima de garantizar la seguridad interior a su población. ¿Por qué sectores de la misma sociedad cuestionan esta participación?

Así, analizando las diversas posturas, a primera impresión se señala la urgencia de complementar el soporte legal que permita la actuación efectiva de las FAs en actividades de seguridad interior. Sin embargo, ¿será ésta la solución después de haber venido realizando estas actividades por casi dos siglos?

Por lo anterior, se estableció como propósito de la investigación explorar –a través de la historia– las relaciones civiles-militares que se han producido en nuestro país, para comprender la actual situación que impone a las FAs su participación en la función de la seguridad interior del Estado mexicano, determinada por el titular del Ejecutivo Federal, con la finalidad de contribuir a reposicionar y legalizar la citada participación o establecer su inconveniencia.

Para dicho propósito es necesario citar como antecedente la responsabilidad del Estado moderno de proporcionar seguridad a su población, que en su concepto tradicional esta responsabilidad corresponde a las FAs. Sin embargo, hoy existe un concepto más amplio y multidimensional, que incluye: seguridad humana, societal, de género, ambiental, entre otras. Este último enfoque no excluye a las FAs de una participación integrada con las demás instituciones ni discrepa con las actuales nociones de seguridad nacional y seguridad interior.

Esta investigación se realizó desde un enfoque cualitativo con alcance exploratorio, una perspectiva filosófico-constructivista, empleando una estrategia fenomenológica, con recolección, análisis e interpretación de datos, observación del fenómeno y análisis de texto (Creswell, 1998, 2008 y 2009; Crotty, 1998; Denzin y Lincoln, 2005; Hernández, Baptista y Fernández, 2014; Saldaña, 2009).

Con los resultados obtenidos –después de analizar e interpretar la información obtenida–, coherentes con los objetivos planteados en este estudio, el autor arribó a conclusiones y principales aportaciones a este complejo fenómeno social, que sin duda contribuirán a motivar aún más el interés académico, debido a la relevancia de la función de seguridad interior del Estado mexicano y las complicadas condiciones actuales para la utilización de las FAs en apoyo a su ejecución.

METODOLOGÍA

Para este trabajo se consideró apropiado el enfoque cualitativo, ya que como paradigma de investigación, Hernández et al. (2014:364), establecen al respecto que se selecciona cuando “se busca comprender la perspectiva de los participantes (individuos o grupos pequeños de personas que colaboran) acerca de los fenómenos que los rodean”, considerando que todo individuo, grupo o sistema social posee una manera particular de ver el mundo y entender las situaciones y eventos, a través de la interacción con los demás y su experiencia, incluso en un contexto determinado (Creswell, 2009).

Se empleó además la perspectiva filosófica denominada Constructivismo Social, la cual a menudo es combinada con la teoría interpretativa, y es vista como la construcción social de la realidad por Berger y Luekman (1967). Por lo anterior, esta filosofía sostiene que los individuos buscan entender el mundo en el cual viven y trabajan, basando esto en que los individuos desarrollan significados subjetivos de su experiencia-significado dirigida hacia ciertos objetos o cosas: “Estos significados son variados y múltiples, guían a los investigadores a entender la complejidad de puntos de vista, en lugar de reducir los significados en unas pocas categorías o ideas” (Creswell, 2009:15).

Por lo tanto, esta perspectiva resultó adecuada para este estudio, ya que la meta de la presente investigación es basarse tanto como sea posible de los puntos de vista de aquellos que pertenecen al problema en exploración. Éstos se obtuvieron a través de la utilización de preguntas amplias y generales, que permiten a los participantes construir el significado de una situación, forjada a través de la interacción con otras personas.

De igual manera, y atendiendo al problema planteado, se decidió utilizar una estrategia fenomenológica, aunque según lo señalan Hernández et al. (2014), ésta no es rígida, ya que las fronteras entre los diversos diseños son relativas y la mayoría de los estudios toma elementos de más de uno. La fenomenología inicia como una corriente filosófica propuesta por Edmund Husserl a mediados de 1890; se caracteriza por centrarse en la experiencia de las personas, considera que los seres humanos están vinculados con el mundo, por lo que pone énfasis en su experiencia y sus relaciones con la comunidad (Husserl, 1984).

El estudio se condujo en su ambiente natural ­–la sociedad mexicana­–, integrando las opiniones y conceptos de diversos grupos sociales: académicos, políticos, empresarios, profesionistas, estudiantes, obreros, militares, entre otros, en cuanto a la observación de los resultados de algunas operaciones llevadas a cabo por las FAs en la función de seguridad interior y los comentarios al respecto de oficiales, medios de comunicación y redes sociales.

De igual manera, la complejidad del objeto de estudio requirió la utilización de múltiples técnicas cualitativas de recolección de datos, como se mencionó anteriormente: observaciones directas en el ambiente natural, entrevistas semiestructuradas, notas del investigador, documentos diversos, incluyendo opiniones oficiales y no oficiales. Ello permitió obtener las descripciones verbales y documentales necesarias para extraer la riqueza y complejidad de los acontecimientos que ocurrieron y que ocurren en escenarios naturales desde la perspectiva de los participantes (Strauss y Corbin, 1998).

Una vez recogidos los datos, se analizaron inductivamente con énfasis en la perspectiva del participante, generando los argumentos suficientes para dar respuesta al problema de investigación planteado. Sin embargo, esto no fue un ciclo acotado. Por el contrario, se aplicó de manera recurrente durante todo el periodo de investigación, a efecto de construir de forma fundamentada la realidad observada por el investigador. De igual manera, se tuvo de referencia la teoría documentada, que sirvió para dar orientación al estudio durante toda la investigación y, de esta manera, alcanzar los objetivos trazados.

DESARROLLO

Durante los años 80 del siglo pasado, con el auge que se dio en el narcotráfico en nuestro país, los cárteles de la droga alcanzaron una capacidad económica y organizativa sin precedentes, que les permitió corromper a las autoridades civiles de todos los niveles. De igual forma, en la siguiente década el territorio nacional no sólo se siguió empleando como una vía de paso de las drogas a EUA, sino que también se empezó a distribuir en nuestro país (Watt y Zepeda, 2012; Astorga, 2007; Bailey, 2010; Rodríguez, 2016; Donnelly y Shirk, 2009).

Esto originó que las organizaciones criminales se enfocaran al control territorial, para lo cual se volvieron más agresivos y empezaron a formar ejércitos particulares, con lo que sometieron a la población y autoridades en su área de influencia, en un abierto desafío al Estado (Rubio, 2009; Calderón, 2015; Astorga, 2007).

Es en este contexto –en el que se rompen el estado de derecho y la gobernabilidad– y, ante la inexistencia o incapacidad de las policías, el expresidente Felipe Calderón Hinojosa (2006-2012), decide incrementar la intervención de las FAs en la función de Seguridad Interior, para enfrentar a lo que llamó como un proceso de captura del Estado por la delincuencia organizada.

Sin embargo, este concepto variaría en poco tiempo ante las presiones de la oposición y diversas organizaciones civiles; los enemigos del Estado deben ser tratados como delincuentes comunes y las FAs sólo participan en apoyo a la función de seguridad pública (Calderón, 2014; Astorga, 2015; Bailey, 2014; Camp 2010a; Shirk, 2012). Es precisamente en esta situación que se discutió la complejidad del fenómeno que nos ocupa.

Para este trabajo se considera conveniente comentar –desde el punto de vista sociológico– la simbiosis que ha prevalecido en la historia de la humanidad entre los pueblos o naciones y sus FAs (Hanson, 2010). Consecuente con su génesis y la dinámica de la evolución humana, el hombre, desde que apareció sobre la Tierra, ha tenido necesidad de protegerse, en particular de los de su propia especie (Platón, 1998). De esta manera, puede apreciarse que el estado natural de competencia e imposición entre sus semejantes no ha cambiado (Hobbes, 2012).

Las relaciones humanas producen diversos fenómenos sociales en forma de fricciones y conflictos, algunos motivados por un espíritu agresivo y otros simplemente para protegerse o proteger lo suyo (Aristóteles, 2012), haciendo necesario organizarse para producir una fuerza que proyecte su poder o defienda efectivamente a la comunidad. Para este propósito surgen las FAs, compañeras inseparables de las naciones, desde sus concepciones más primitivas hasta nuestros días, al grado de afirmarse que “La historia de la humanidad es también la historia de sus luchas armadas” (E.S.G., 2012:11).

De esta forma, es el Estado el encargado de brindar el bien seguridad a su población, en su dimensión interna y externa (Hobbes, 2012; Buzan y Hansen 2009). Internamente debe velar por la protección de la vida, integridad, libertad y la propiedad de sus ciudadanos a través del orden político y socioeconómico (Alvarado y Serrano, 2010). Externamente, debe proteger a los mismos ciudadanos de las amenazas que provengan de otros Estados o de entidades no estatales (Cha, 2000; Keohane y Nye, 2000). De allí que el Estado deba ser visualizado como un actor internacional y, a la vez, el medio para lograr el ansiado bien común, que lo podemos definir como la protección de la vida y libertad de las personas (Bartolomé, 2006; Buzan, 2008), junto con las condiciones para el adecuado bienestar material y espiritual necesario para lograr el pleno desarrollo humano (Hobbes, 2012).

El Estado no es un fin en sí mismo, es creado por una sociedad (población) y se debe a ésta. En consecuencia, jamás debe ponerse al servicio de cualquier causa que no tenga por objetivo el logro del bien común (Aristóteles, 2012; Buzan, 2008). La soberanía que el Estado posee reside en sus habitantes, quienes a través del contrato social la ponen a disposición de dicho Estado para obtener la seguridad (Hobbes, 2012; Rousseau, 1998). Sin el consentimiento y apoyo de sus habitantes, la acción estatal pierde toda legitimidad. De allí que, fortalecer el proceso de consolidación del Estado, es la herramienta adecuada para enfrentar los desafíos a la seguridad.

En síntesis, mientras el Estado continúe siendo la principal forma de organización política y el actor internacional más relevante, el referente de la seguridad deberá continuar centrado en él, con la premisa básica de que su principal objetivo es velar por la seguridad de sus ciudadanos. No hacer esto último convertiría al Estado en la principal fuente de inseguridad (Buzan, 2008; Buzan y Waever, 2003).

Por lo tanto, una premisa básica a considerar en la presente propuesta es que el Estado esté al servicio de las necesidades de su propia población, determinándolas desde la propia persona, con una dimensión nacional e internacional (Oswald y Braunch, 2009). En un entendimiento entre el individuo y el Estado, donde el individuo otorga a éste el derecho a protegerlo (garantizar su seguridad individual), a cambio de reconocer su soberana autoridad (Rousseau, 1998; Hobbes, 2012).

El uso político de la palabra seguridad que se ha empleado desde la antigüedad, se consolidó como “Seguridad Nacional” por influencia de los Estados Unidos de América poco después de terminada la Segunda Guerra Mundial (Buitrago, 2003). Su limitado estudio por los académicos y de la mayoría de los grupos sociales que tienen incidencia en el quehacer nacional, por mucho tiempo creó una serie de conceptos confusos y siguió considerándosele que era responsabilidad de las FAs, relacionándolo con la defensa externa y la seguridad interna (Paleri, 2008).

Lo anterior provocó muchas suspicacias e incluso abierto rechazo en el medio académico y en ciertos sectores políticos de América Latina, ya que se le identificaba con los regímenes militares establecidos durante el periodo de la Guerra Fría, y cuyos abusos pretendieron justificarse con la supuesta amenaza del comunismo internacional al mundo “Libre y Democrático” (Agüero, 2000; Piñeyro, 2009).

El efecto del fin de la Guerra Fría, y que tiene mayor alcance en la seguridad, es la complicación del concepto básico de amenaza a la seguridad del Estado. Este es un término de quien lo produce (agencia) y su alcance. El agente de la amenaza puede ser otro u otros Estados, pero pueden ser también actores no estatales o individuales y aún más, pueden ser ocasionados por la naturaleza o por las acciones del ser humano en el medio ambiente (Bartolomé, 2006; Orozco, 2005).

Mientras el vocablo de conflicto en la seguridad nacional tradicionalmente estuvo centrado en la guerra inter-Estados, con el derrumbe del bloque socialista, los conflictos político-ideológicos entre Estados prácticamente desaparecieron, tomando su lugar otros nuevos mayormente intra-estatales.

Según la Escuela de Copenhague (Galtung, 1968; Gunter et al., 2009), la seguridad nacional es una calificación o etiqueta que los Gobiernos asignan a determinadas cuestiones que ponen en riesgo la existencia del Estado, y que demanda una acción prioritaria para la que se movilizan recursos importantes y se reducen las garantías en la decisión y gestión política.

De esta forma, Vizarretea (2013) argumenta que abordar el tema de la seguridad nacional de un Estado es hablar de su proyecto como Nación, integrando todos los elementos que le son propios con su situación geopolítica, de tal manera que den certidumbre a su desarrollo, el cual en la medida que éste se facilite, fortalecerá a la seguridad en una relación recíproca constante.

Por lo anterior, se puede observar que la seguridad nacional es un concepto global para el Estado y que se vale de su poder nacional, generado por el desarrollo nacional para abordar o regular el funcionamiento integral en todos sus aspectos (Buzan et al., 1998; Rodríguez, 2011; Vizarretea, 2013), creando organismos especializados e instituciones subordinadas para la atención de determinadas funciones de la vida nacional, como son la defensa nacional (externa e interna), la seguridad pública, los mecanismos para la aplicación de la justicia social y económica, el respeto a la ley y los derechos humanos, la explotación de los recursos naturales, las relaciones internacionales, el orden jurídico, etc. De esta forma, en la seguridad nacional se deposita la supervivencia del Estado y se consideran las condiciones para el desarrollo de su población.

De tal manera que, en la medida en que se amplía el espectro de amenazas a la seguridad estatal, el concepto tradicional resulta insuficiente, por lo que muchos académicos se han manifestado a favor de una reconceptualización (Buzan et al., 1998; Oswald y Braunch, 2009; Gunter et al., 2009), hacia un enfoque ampliado y profundizado, que incorpore los derechos universales, la vulnerabilidad social y el enfoque HUGE (humano, de género y ambiental) de Oswald y Braunch (2009).

Se considera que, mientras no exista una organización diferente, el Estado sigue siendo el responsable de proveer la seguridad a su Nación, situación definitiva en términos de capacidad y recursos (Buzan, 2009; Hobbes, 2012). De igual manera, en el nuevo contexto de seguridad, es preciso prestar más atención a los problemas que presentan las interdependencias y flujos internacionales, así como a la cada vez más hipotética separación entre seguridad interna y externa (Cha, 2000; Keohane y Nye, 2000; Buzan y Waever, 2003).

De manera particular, de acuerdo con Hernández (2012), México –desde que surgió como Estado libre y soberano– adoptó una política exterior pacifista, esperando una actitud recíproca por parte de los demás países del mundo (Congreso de Chilpancingo, 1813² y Congreso General, 1824). Sin embargo, esto no fue así, su situación precaria y la política expansionista de las potencias internacionales de ese tiempo lo vieron como una presa fácil para sus intereses. De tal forma que, aun cuando la política exterior de México fue desde su inicio de respeto hacia los demás Estados, le fue imprescindible contar con unas FAs que pudieran proteger su estatus en el ambiente anárquico internacional, consciente que en determinadas circunstancias pudiera surgir un agresor, por lo que dispone de ellas para la defensa nacional (SEDENA, 2015).

En este escenario, y con una situación interna de gran precariedad económica e inestabilidad política y social (Ibarra y Escamilla, 2015), hizo necesario que a sus FAs, además de la función de defender la soberanía, integridad e independencia de la Nación contra agresores internos o externos, también les fuera asignada la muy importante y siempre vigente de velar por la seguridad y el orden interior, con el fin de mantener el imperio de la Constitución y demás leyes.

En esta última función, aunque no realizan operaciones de guerra propiamente dichas en contra de un agresor extranjero, actúan con operaciones apropiadas para prevenir o reprimir actos en contra de la sociedad, integridad del Estado o contra el Gobierno institucionalmente constituido, llevados a cabo en este caso por personas o grupos transgresores de la Ley, considerando en estos casos, su participación en auxilio de la autoridad competente, en virtud de que la actuación delictiva de dichos sujetos deberá ser tratada de conformidad con las leyes del fuero común y federal.

Sin embargo, en ocasiones la naturaleza y actividad de los transgresores de la Ley presenta formas de franca rebelión armada o de guerrilla en el que las FAs, para restituir el orden, tendrán que actuar de conformidad con las normas doctrinarias de hacer la guerra (SEDENA, 2015).

Ibarrola (2010) señala que, históricamente, las FAs han sido relacionadas con las rebeliones y golpes de Estado que se dieron durante el siglo XIX y principios del XX. Esta alusión ha sido de gran utilidad para individuos o grupos anti sistémicos, que califican de represivas las participaciones de las FAs en las contenciones a movimientos de grupos violentos o armados que tratan de desestabilizar el país, sin considerar la situación nacional del momento y la participación de la población o de la clase política ante tales acontecimientos, etiquetando dichas acciones al servicio del régimen.

En este mismo sentido, Ibarrola (2010) agrega que esta manipulación histórica ha trascendido hasta la fecha, afectando la percepción de la sociedad hacia los militares. En similar consideración, o en aprovechamiento de ésta, algunas veces el liderazgo político ha sido hostil con las FAs, o al desconocer sus funciones han dejado espacios sin atender en relación a éstas, provocando un distanciamiento que ha resultado en la postergación de la emisión de leyes que den certidumbre jurídica a su actuación en su participación en la seguridad nacional, así como discrecionalidad en su empleo.

En la actualidad, el país sufre una crisis de inseguridad pública generalizada³ y en amplias zonas del país la delincuencia ha rebasado las capacidades de las fuerzas de seguridad pública, por lo que el Gobierno ha tenido necesidad de hacer uso de las FAs como último recurso para contener a la delincuencia organizada y recuperar la gobernabilidad. Sin embargo, debido a la falta de una amplia descripción en el marco jurídico que permita su efectiva y legal intervención en cada caso, ésta ha sido limitada, situación que ha sido ampliamente aprovechada por la delincuencia organizada (Astorga, 2015; Benítez, 2009; Castaño, 2015; Grayson, 2010).

De igual forma, a pesar de que el poder militar, a partir de 1920, ha demostrado su lealtad a las instituciones del Estado mexicano y su subordinación al poder civil constituido en la República desde 1946, con el aparente reconocimiento del Gobierno y sociedad del papel fundamental que han desempeñado en el desarrollo nacional (Shirk, 2012), persisten señalamientos de desconfianza, acusando vacíos jurídicos y programáticos que identifiquen con certeza las funciones que la Nación requiere de sus FAs, en particular en su participación en la seguridad y orden interno (Castaño 2015; López, 2012).

No obstante las dificultades expresadas para la utilización de las FAs, y ante la imperiosa necesidad de éstas en auxilio de la sociedad mexicana, el titular del Poder Ejecutivo legítimamente ha continuado con el empleo de las FAs en actividades de orden interno, específicamente en la recuperación de la seguridad pública y la gobernabilidad, en coadyuvancia a las autoridades civiles de todos los niveles. Incluso, en algunos casos, en total sustitución de las fuerzas policiales, en virtud de que, como se mencionó anteriormente, dichas autoridades han sido rebasadas por la delincuencia organizada o han sido cooptadas (Calderón, 2014).

En este entorno descrito, encontramos que las organizaciones criminales desafían abiertamente a la autoridad del Estado (Piñeyro, 2002; Benítez, 2009) y dada la actual situación inestable del país, se elevan los índices de corrupción, impunidad, pobreza, desempleo, entre otras⁴, “infectando” amplios sectores de la población. Ello genera una descomposición de valores y un proceso de rompimiento de la cohesión nacional. Aunado a esto, existen graves problemas de pérdida de confianza en la administración pública de los tres órdenes y niveles de Gobierno, ante una abierta corrupción de toda su estructura (Cappello, 2014). Esta falta de legitimidad de la clase política hace aún más difícil el restablecimiento del orden y la gobernabilidad institucional.

Ante este escenario, es necesario actuar de manera inmediata con todos los medios del Estado mexicano, puesto que la violencia generada por los grupos de la delincuencia organizada ha dejado de ser un problema de seguridad pública para convertirse en un problema de seguridad nacional, ya que ponen en riesgo la propia existencia del Estado (Oliva, 2013).

Entre los recursos del poder nacional se encuentran las FAs, que actualmente actúan con una supuesta legislación con vacíos legales y, a las cuales, algunos políticos y académicos no apoyan totalmente en su intervención, y son reticentes en elaborar una legislación que dé certeza legal a su empleo en tareas que han desarrollado desde siempre en el campo de la función de seguridad interior.

Esta situación persiste, aun cuando las FAs son de las instituciones de la más alta aceptación por la población⁵. La amplia difusión que se ha hecho respecto a que participan en actividades que no les corresponde, deficiencias en la legislación nacional para legitimar su empleo, abusos o violaciones a los derechos humanos, etc., genera protestas mediáticas que dan lugar a cuestionamientos por parte de la sociedad, divide la opinión de la clase política y crea incertidumbre en los propios militares, disminuyendo su eficacia, fomentando vulnerabilidades que desgastan su imagen y cuestionan sus resultados. Todo esto en perjuicio del propio Estado mexicano, ante la falta de capacidad para recuperar la estabilidad y gobernabilidad democrática.

Es de señalarse que diversos sectores de la sociedad claman por una mayor presencia y participación de las FAs en atención a la inseguridad prevaleciente⁶, debido a los altos índices de violencia e incapacidad de las autoridades civiles y de otras instituciones públicas para hacer valer el Estado de Derecho (Guevara, 2016).

Como se ha venido observando, la seguridad interior del Estado mexicano actualmente se encuentra afectada y la participación de las FAs en esta función se ha complicado, debido a los diversos intereses de algunos sectores políticos y sociales que aprovechan el incipiente desarrollo académico, jurídico, institucional y político en México, sobre la función de seguridad interior. Esto último ha dado lugar a que se atribuya en exceso una discrecionalidad de esta participación, ambigüedad en las funciones de seguridad, acusaciones de abusos e invasión de funciones, propiciando el ataque mediático y las declaraciones encontradas de la clase política, que han dejado en una situación vulnerable a las FAs ante la delincuencia y la opinión pública.

De tal forma que algunos sectores cuestionan la participación de las FAs en esta función, al no recibir el auxilio que esperan y otros las culpan del incremento de la violencia, pidiendo su regreso a los cuarteles⁷; asimismo, los propios elementos militares consideran encontrarse en una situación incómoda ante esta ambigüedad. No obstante que la participación de las FAs en actividades para garantizar la seguridad interior se ha llevado a cabo desde la aparición del Estado mexicano a través de la decisión y control del titular del Ejecutivo Federal, de conformidad con el artículo 110, fracción X de la Constitución Federal de los Estados Unidos Mexicanos de 1824 (Congreso General, 1824) y actualmente con el artículo 89, fracción VI de la CPEUM de 1917, vigente (CPEUM, 2016), en respuesta a las amenazas de grupos subversivos o transgresores de la ley que ponen en riesgo la estabilidad del Estado.

Consecuente con lo anterior, y ante la creciente expansión de la delincuencia organizada que ya abarca prácticamente todo el territorio nacional, con graves afectaciones en extensas zonas donde se atribuyen las funciones del Estado y desafían abiertamente su autoridad y el funcionamiento de las instituciones (Chabat, 2005; Cook, 2007), las FAs se encuentran comprometidas en la función de seguridad interior, en apoyo a las autoridades civiles, con el fin de fortalecer y, en algunas regiones, recuperar el imperio de la Constitución y el Estado de Derecho.

Sin duda alguna, uno de los temas de mayor importancia y actualidad en México se refiere a la inseguridad y violencia imperante en nuestro país⁸. En definitiva, es comprensible, ya que, sin seguridad, se trastoca la estabilidad y se afecta la tranquilidad social; sin tranquilidad social, se alteran los equilibrios básicos de cualquier país; y los desequilibrios obstaculizan la consecución de los objetivos más elementales de los individuos, grupos y asociaciones colectivas pero, sobre todo, de las naciones (Rodríguez, 2008).

Por lo anterior, se puede observar que, en México, el concepto de seguridad nacional responde actualmente al modelo ampliado o de enfoque multidimensional. Esto es, sin descuidar las amenazas tradicionales de una agresión a su soberanía o independencia, incluye a la sociedad y al propio individuo como su objetivo en la seguridad y la protección al medio ambiente. Asimismo, considera la consolidación de un régimen democrático y el establecimiento de las condiciones para el desarrollo social y económico de su población. Todo esto en un marco de gobernabilidad y Estado de Derecho.

De tal manera que los retos que enfrenta el Estado en la actualidad, no permiten la separación entre los intereses y anhelos individuales y colectivos, demandando una mayor cohesión entre sus elementos activos: Gobierno y sociedad, para hacer frente a problemas cada vez más complejos, que no necesariamente provienen del exterior o de otro Estado.

Para el efecto se diseña la Política de Seguridad Nacional, que es una función de índole superior que dirige, integra y coordina las acciones de las autoridades e instituciones que están vinculadas con los sectores de la seguridad, la defensa y el desarrollo, a fin de prever, prevenir, disuadir, contener o desactivar aquellas vulnerabilidades, riesgos y amenazas que pueden comprometer nuestro proyecto de Nación (PSN, 2014:31).

Coincidiendo con esta postura, se considera la lista de amenazas a la seguridad nacional, que en esencia no debiera ser tan extensa, ya que no todos los problemas que enfrenta el Estado ponen en riesgo su existencia y pueden seguir siendo atendidos por las propias agencias e instituciones normales de su organización, quizá con mayores recursos y medios, pero sin demandar medidas extraordinarias que alteren las estructuras y formas democráticas para su atención, por haber rebasado totalmente sus capacidades.

En esta situación, y según lo comenta Oliva (2013), la relaciones civiles-militares en México se constituyen con un débil panorama para las FAs, con una actuación sustentada en la legitimidad socialmente aceptada, políticamente consentida y legislativamente tolerada, que se consolida con el factor tiempo, próximo a dos siglos en la perspectiva del México independiente. Está claro que el entorno social de la seguridad interior y sus elementos constitutivos legitiman la actuación de las FAs; sin embargo, el vacío legal que se argumenta evidencia una situación política de incoherencia entre un ideal y un real divergentes, debido a las diferencias entre los grupos de poder político.

En resumen, podemos afirmar que las FAs mexicanas son organismos profesionales permanentes, similares a los de cualquier otro Estado, con características y capacidades particulares, definidas en atención a los intereses y objetivos nacionales. Su misión es proteger a la Nación y su territorio, participando en la defensa nacional, en contra de una amenaza proveniente del exterior o en la seguridad interior, así como en apoyo a las autoridades civiles o a la propia población en caso de necesidades públicas (LOEFAM, 2016).

Asimismo, la Ley de Seguridad Interior (LSI) que se promulgó el 21 de diciembre de 2017, privilegia la preeminencia de la autoridad civil sobre la FAs, a las cuales se limita legalmente en su actuación, en tiempos, áreas y medios a emplear, regulando la discrecionalidad que había prevalecido. Sin embargo, esta LSI aún no se ha aplicado, en virtud de que se encuentra en revisión por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con el fin de dictaminar sobre su constitucionalidad⁹.

Es oportuno señalar que la falta de una ley reglamentaria a la función de seguridad interior, si bien no era tan necesaria como se mencionaba, sí facilitaba las acusaciones infundadas de ilegalidad, creando confusión y malas interpretaciones en la participación de las FAs en esta función, en particular en los últimos años considerados los de mayor apertura democrática y que, a través de su mención exagerada, buscaba inhibir dicha participación.

CONCLUSIONES

En México, la seguridad interior tutela el Estado de Derecho y la gobernabilidad. El Estado de Derecho es un ambiente que percibe toda la población cuando el Gobierno cumple y hace cumplir la ley, con lo que produce un ambiente de estabilidad interna, paz y orden público. Por otro lado, la gobernabilidad es el resultado de la acción de Gobierno; su liderazgo y organización permiten una efectiva coordinación y participación de todos sus integrantes a través de una estructura institucional funcional. Produce un ambiente de seguridad y confianza en el que la población siente la citada acción de Gobierno y confía en éste.

En cuanto a las FAs, la función de seguridad interior por disposición del titular del Ejecutivo Federal, además de las insurrecciones que han tenido que enfrentar, la debilidad histórica de las instituciones de seguridad pública ha requerido de su participación en apoyo a la función de seguridad pública. Lo anterior, además de la escasa información al respecto, ha dado lugar a que muchas personas tiendan a confundir la seguridad pública con la seguridad interior, incluso a homologarlas. Sin embargo, la clave está en los bienes públicos diferenciados que cada función produce y tutela. La persona y sus propiedades, el orden y la paz públicos versus las instituciones, el Estado de Derecho y la gobernabilidad democrática.

El contexto actual por el que atraviesa la seguridad en México es cada vez más complejo, ante la emergencia de amenazas críticas dominantes como el crimen organizado y el narcotráfico, que ponen en riesgo la seguridad de las personas y de las instituciones que conforman el Estado mexicano. La participación de las FAs en las tareas de defensa y preservación de la seguridad y la paz al interior del Estado es necesaria ante los nuevos escenarios complejos de inseguridad por los que atraviesa la Nación. Las amenazas internas han puesto en vulnerabilidad a algunas instituciones del Estado, situación que no es posible enfrentar en estos casos con las fuerzas civiles con que se cuenta. Aceptar ese hecho es tener la responsabilidad de emprender acciones que sean lo suficientemente aptas para controlar la situación.

En otras palabras, el problema de la seguridad interior en determinadas áreas geográficas ha rebasado a la autoridad civil, lo que justifica la necesidad de establecer medidas extraordinarias, en tanto haya condiciones para retornar a la normalidad. No obstante, es preciso advertir que las acciones de seguridad interior no implican en todos los casos la intervención de las FAs. De igual forma, la participación de las FAs en tareas de seguridad interior no implica establecer de modo alguno un Estado militar, o que pudiera traer consigo la restricción o suspensión de derechos humanos y sus garantías, ya que la preservación de la seguridad interior no lleva aparejada el Estado de excepción.

Históricamente, las FAs mexicanas han venido participando en una serie de actividades responsabilidad de las autoridades civiles. Aunado a esto, las nuevas amenazas básicamente impactan en la seguridad interior, que como se mencionó, es una función del Estado, por lo que es este mismo quien coordina los recursos y esfuerzos a su disposición, incluyendo a las FAs.

Encontramos que en México, contrario a lo que muchos suponen, las relaciones civiles-militares son estables y están debidamente formalizadas, aunque en un ambiente un poco difícil para las FAs, propiciado por la lucha entre los grupos de poder. Sin embargo, fue el propio poder político y las FAs quienes desarrollaron los mecanismos particulares para que se diera este entendimiento de acuerdo con los requerimientos y características de nuestro país. Hay quienes señalan que la actual participación en apoyo a la seguridad pública y la prolongación de estas actividades, pudiera atraer su interés político, ante la corrupción e incapacidad de la autoridad civil. No obstante, actualmente no hay indicios de que esto sea motivo para alterar las relaciones civiles-militares.

A lo largo del estudio pudimos observar que la alteración del orden interno produce la ruptura de la armonía político-social y, ante la falta de atención oportuna, genera incertidumbre y desconfianza hacia las instituciones. Se crea un ambiente confuso ante una débil cohesión nacional, que se manifiesta en mayor separación de la población hacia su Gobierno y la desaprobación a sus decisiones.

Existe, además, poco conocimiento por parte de la sociedad respecto a sus FAs, ya que por mucho tiempo la clase política propició su aislamiento, creando una relación compleja con barreras en el entendimiento, que se incrementa con la especulación y los prejuicios. Esto ha complicado aún más la participación de las FAs, debido a que con la evolución natural de mayor apertura democrática en nuestro país y este relativo conocimiento, se juzga y limita a las FAs mexicanas con diferentes modelos y criterios, sin considerar que en esa limitación, es la sociedad misma la que se perjudica.

Asimismo, se encontró que la participación de las FAs mexicanas en la función de seguridad interior se ha distorsionado, de tal manera que las autoridades civiles las ven como un recurso para hacer su trabajo o a quién culpar por lo que queda por hacer. Tampoco esta intervención resultó tan temporal como se consideró inicialmente y dada la politización que ha recibido, fue limitándose la acción de las FAs, hasta establecer que deben actuar como policías y en apoyo a las fuerzas encargadas de la seguridad pública. Por lo cual, resulta necesario replantear la participación de las FAs mexicanas, con el fin de no desvirtuar su encomienda nacional.

El panorama que se observa para las FAs en esta participación no es alentador, continúan los altos índices de corrupción en la clase política y en las fuerzas de seguridad pública, se limita a las FAs a una situación de actuación ambigua que diluye la disuasión que representaba y empodera a una delincuencia organizada que desafía abiertamente al Estado. Asimismo, ante lo prolongado de esta participación y el poco o nulo avance en la solución de este problema, se observa desgaste en la credibilidad de las FAs por parte de la población.

Por lo anterior, es necesario impulsar y propiciar una revisión sobre el actual empleo de las FAs en su participación en la función de seguridad interior, la cual se ha derivado como apoyo a la seguridad pública. Es imperativo transmitir que su misión es superior a su actual encomienda, ya que se requiere recuperar primeramente las condiciones de gobernabilidad y Estado de Derecho para que puedan funcionar las autoridades responsables de la seguridad pública.

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Notas

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