Introducción

El 18 de abril de 1975 se le vio por última vez a Jesús Piedra Ibarra, miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre, detenido por las fuerzas de seguridad. Su madre, Rosario Ibarra de Piedra, emprendió una incesante búsqueda y con el paso del tiempo se dio cuenta que había cientos de desaparecidos por las fuerzas de seguridad y servicios de inteligencia del Estado. Así, logró reunir a diversas madres de desaparecidos y en 1977 fundó el Comité Pro Defensa de Desaparecidos, Presos, Perseguidos y Exiliados Políticos de México, que más tarde sería conocido como Comité ¡Eureka! Su lucha dio como resultado que el Estado mexicano reconociera que la Dirección Federal de Seguridad (DFS) había detenido a Jesús. Esto quedó registrado en un informe elaborado en abril de 1975, en el que se menciona a “Jesús Piedra Ibarra (a) `Rafael´, quien fuera aprehendido el día de ayer” (AGN, 30 de abril de 1975, f. 2) y del que no se conoce su paradero en años posteriores a su desaparición. Además “emprendió una huelga de hambre en la Catedral Metropolitana desde el 28 de agosto de 1978” (Gobierno de México, 2024, p. 2). Bajo la consigna de “Vivos se los llevaron, vivos los queremos,” exigieron la presentación de los desaparecidos y la creación de una ley de amnistía general para los presos políticos y la repatriación de los exiliados. José López Portillo, presidente de México, anunció unos meses después una ley de amnistía que fue aprobada de manera inmediata por las cámaras del poder legislativo.

A partir de estos hechos, la presencia de Rosario Ibarra de Piedra y de los miembros del Comité Pro Defensa fue una constante en la vida pública de México, con el fin de reclamar justicia por los crímenes de desaparición forzada. Su activismo fue investigado por agentes de la DFS: cada marcha, mitin, pancarta pegada en las paredes con las fotos de los desaparecidos, entrevista en algún medio y discurso, fue registrado en informes y fichas que se encuentran en el Archivo General de la Nación (AGN). Documentos que no solo representan archivos históricos, también son una evidencia de la lucha constante de familiares de desaparecidos por la justicia y la memoria de aquellos que han sido arrebatados arbitrariamente. La lucha de resistencia civil impulsó a Rosario Ibarra de Piedra a la candidatura presidencial en 1982.

Para entender mejor este proceso, se plantea escribir una historia de cómo el régimen de José López Portillo utilizó los servicios de inteligencia del Estado, encarnado en la DFS, para investigar a Rosario Ibarra de Piedra en su campaña presidencial. Es una historia política que servirá para analizar cómo el régimen informaba de las acciones que emprendían los posibles “enemigos” del Estado. Lo redactado por los agentes de la DFS permitió encontrar innumerables fojas en los repositorios, acerca de la vigilancia a Rosario Ibarra de Piedra. La documentación denota el número de agentes que eran enviados a investigar, dependiendo la envergadura del suceso, pues escribían líneas o párrafos, colocaban la hora del reporte, día y lugar; si era necesario redactaban una opinión; si era grave o no la situación, presentaban nombres de las personas investigadas, cantidad aproximada de individuos, si tenían volantes (si era necesario presentaban el volante en su reporte), describían las consignas que escribían en las paredes y si traían armas o artefactos como palos, machetes, envases, etc. Los reportes se redactaban con máquina de escribir dirigidos a la DFS y la Secretaría de Gobernación y al final se encontraban las siglas del agente que hizo el informe. En muy raras ocasiones se encontraba el nombre completo de quien o quienes lo redactaban.

Ante la utilización de los informes de la DFS como fuentes para estudiar hechos del pasado reciente, es necesario hacer una crítica de fuentes y partir del principio de que no se trata de “información imparcial y absolutamente verídica” (Pérez, 2017, p. 126). Se trata de documentación elaborada en el contexto del gobierno autoritario que gobernaba el Partido Revolucionario Institucional (PRI), que tenía un marcado acento represor y de espionaje. Siendo el insumo que utilizaban para vigilar, la información puede ser exagerada y sin mesura, para hacer notar al régimen de problemas sociales y políticos que pudieran desestabilizar al Estado. Para intentar subsanar este problema, la metodología que utilizamos es de carácter descriptivo y explicativo, utilizando la reflexión sistemática sobre realidades. Nos valimos de relacionar los documentos con artículos y capítulos de libros especializados en el tema, lo que nos permitió situar el análisis de la información en las condiciones imperantes en ese momento histórico social.

Otro punto a destacar en la metodología es el análisis documental de los hechos. Coincidimos con López (2018) que:

El archivo de la DFS ofrece un panorama muy completo del pulso nacional del periodo que va desde 1947 hasta 1985. Los agentes en nómina de la DFS estuvieron distribuidos en todo el territorio nacional y vigilaron tanto a los amigos como a los enemigos del régimen (p. 72).

Es un estudio documentado con expedientes de la DFS, ubicado en el AGN, y consiste en 49 fojas y 90 fichas de 1977 a 1985, firmadas por distintos agentes, entre ellos Ayax Segura Garrido^[1], de las cuales sólo utilizaremos los años de 1977 a 1982, destacando los informes de la candidatura presidencial de Rosario Ibarra de Piedra, por el Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT)^[2], el cual fue

fundado el 19 de septiembre de 1976, resultado de la unificación de la Liga Comunista Internacionalista y la Liga Socialista; dentro de sus militantes originales había activistas del acontecimiento estudiantil del 68. Era un partido de organización del pueblo trabajador caracterizado por transformar `la explotación, la desigualdad social, la opresión y la discriminación sexual, racial y social, el autoritarismo, la represión y la violencia´ (Hernández, 2024, p. 29).

Sobre esta candidatura presidencial, la DFS acumuló información sobre la campaña, mítines y discursos que preocupaban al régimen. Los documentos encontrados describen un seguimiento puntual a las actividades políticas de Rosario Ibarra de Piedra, con lo que demostraremos que el Estado vigilo acuciosamente a un disidente político. La información recopilada permite contribuir a la perspectiva histórica de la denominada guerra sucia (1964-1982), que “es la violación consciente y sistemática por agentes gubernamentales de la Constitución, de sus leyes y de los procedimientos formales y consuetudinarios que protegen los derechos básicos de personas y grupos” (Rodríguez, 2024, pp. 158-159).

El argumento de este trabajo se desarrolla en tres partes: La primera se enfoca en el contexto histórico del sexenio de José López Portillo, la segunda refiere una breve semblanza de la lucha social de Rosario Ibarra de Piedra a partir de la desaparición de su hijo, y en la parte final, analizamos los informes de vigilancia de los agentes de la DFS a Rosario Ibarra de Piedra, de 1977 a 1982, en el contexto de la guerra sucia, como fuente primaria de escrutinio en la cual verificamos su naturaleza, en qué fecha fue escrita y -por tanto- en qué contexto, quién es su autor y a quién va destinada.

¿El ogro conciliador?

La Revolución Mexicana de 1910 sacudió al país en todos los órdenes de la vida social y cultural. Después de la larga “paz pofiriana”, que generó injusticias, desigualdad, ignorancia y pobreza, junto a un desarrollo material y económico que benefició a minorías; el estallido de la lucha armada provocó el surgimiento de fuerzas olvidadas y muchos efectos que significaron el fin del antiguo régimen y el nacimiento de una nueva clase política que produjo un sistema anclado en el partido único de facto. “Primero fue el Partido Nacional Revolucionario (PNR), creado en 1929, después se transformó en Partido de la Revolución Mexicana (PRM), en 1938, y por último en Partido Revolucionario Institucional (PRI) a partir de 1946” (Garrido, 2001, p. 11).

Para mantenerse en el poder, durante casi todo el siglo XX el “PRI forjó un equilibrio entre un poder ejecutivo fuerte, que seguía un modelo presidencialista, y las poderosas fuerzas armadas, impidiendo que estas últimas tuvieran motivos para siquiera añorar un golpe de Estado” (Cedillo, 2024, p. 177). Además, contó con servicios de inteligencia que dependían de la Secretaría de Gobernación, se crearon la Dirección de Investigaciones Políticas y Sociales (IPS) y la DFS. A la par de estas agencias, existió el Servicio Secreto de la Policía del Distrito Federal, la Sección Segunda del Estado Mayor Presidencial (EMP), que realizaron espionaje y detenciones entre opositores y criminales; con base en delaciones, espionaje telefónico e informes de infiltrados, agentes y espías.

La DFS nació en 1947 y completó al departamento confidencial y a la oficina de información política de Gobernación, en un principio estuvo a cargo de la Presidencia y luego de la Secretaría de Gobernación hasta su extinción en 1985 (Torres, 2025, p. 141)^[3].

En ese contexto de presidencialismo y partido único, a José López Portillo (1976-1982) le tocó recibir el país en crisis económica, tras la devaluación del peso, cuya paridad con el dólar se había mantenido varias décadas. Con el compromiso de un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), -de su antecesor- para reducir el gasto público y restringir los salarios, “el programa económico se ajustó a lo prometido: no hubo desbordamiento del gasto público, era el arranque de la economía, se trataba de recobrar el rumbo” (Krauze, 2002, p. 250). Sin embargo, el descubrimiento de nuevos yacimientos petroleros ocasionó un engaño económico, se pensó que el oro negro traería beneficios, “pero el impacto inmediato de esta bonanza fue positivo pero fugaz y resultó en una creciente dependencia petrolera” (Rabasa, 2013, p. 46). Aumentó el gasto público y la deuda externa se incrementó, pues al tener petróleo como garantía, los prestamos eran más fáciles de adquirir.

En poco tiempo el gasto alcanzó y, después sobrepasó, el nivel de los ingresos petroleros. El resultado: déficits presupuestales y una balanza negativa en la cuenta corriente. Una vez que el gobierno empezó a pedir préstamos, el país quedó atrapado en una espiral de endeudamiento. De 1977 a 1981, la deuda externa pasó de 29 a 75 mil millones de dólares; y en 1982 representó 36.5% del PIB (Rabasa, 2013, p. 47).

En síntesis, la política económica de este sexenio, que se fincó en demasía en el petrolero como palanca de desarrollo, no fue la panacea y provocó el endeudamiento. El incremento en el gasto público ocasionó la crisis económica de 1982, dos sexenios ininterrumpidos con “problemas económicos que contribuyeron a producir más pobres” (Rabasa, 2013, p. 47).

En el terreno político y social, el plan fue conciliar, pero al mismo tiempo investigar a los disidentes políticos y los que habían tomado las armas en el país al menos desde la segunda mitad de la década de 1960,

pero se hizo más visible cuando algunas organizaciones establecieron su teatro de operaciones en ciudades como Guadalajara, Monterrey, Chihuahua y la capital de la República y su área conurbada, y en áreas rurales (sobre todo serranas) de Guerrero, Chihuahua, Sonora y Sinaloa (Cossio y Rodríguez, 2022, p. 1800).

Estos grupos surgieron por el descontento político del régimen priista que gobernaba, que se caracterizó por la intolerancia a las demandas sociales, cacicazgos en los estados, la prevalencia de un régimen que no escuchaba a los opositores que pedían entrar al terreno político, las injusticias sociales y la precariedad económica de millones de mexicanos.

Aunque no se ha llegado a un acuerdo sobre el número de organizaciones y de militantes, un cálculo documentado encuentra que unos 1860 hombres y mujeres habrían formado 29 organizaciones o grupos armados en las décadas de 1960 y 1970 (Aguayo, 2001, p. 175).

Para paliar el problema, además de la represión violenta contra estos grupos, se instrumentó una reforma política que “en 1978 otorgaba registro oficial al Partido Comunista y otras organizaciones de izquierda. Se trataba de una auténtica amnistía histórica, el reconocimiento definitivo de la izquierda como fuerza política” (Krauze, 2002, p. 251). Pero con una representación política ínfima, pues se modificó la integración de la Cámara de Diputados con la finalidad de dar márgenes mayores de representación a los partidos minoritarios, estableciéndose un sistema mixto que combinó el principio de representación de mayoría relativa con el de representación proporcional. Este último estaba reservado exclusivamente para los partidos de oposición, pues el requisito para participar de tal asignación era haber obtenido menos de sesenta triunfos de mayoría.

Con este mecanismo los partidos de oposición alcanzaban de 3 a 5 curules, lo que significaba muy poco en la toma de decisiones, sólo eran una comparsa que simulaba democracia y apertura. Sin embargo, muchos miembros de la izquierda tomaron esta opción para poder intervenir en política, así haya sido su participación casi nula (Carpizo, 1978, p. 69)^[4].

Otra acción del Estado fue la “ley de amnistía que consistió en liberar a los presos políticos de los centros penitenciarios” (Cossío y Rodríguez, 2002, p. 1789), borrar las acusaciones penales y que los exiliados pudieran regresar a México. En el texto de la ley de amnistía se lee lo siguiente:

El Gobierno de la República ha emprendido diversas acciones tendientes a ampliar las posibilidades de una mayor participación institucional de las diversas corrientes ideológicas en las decisiones nacionales […] Para coadyuvar a dicho fin es conveniente incorporar a la actividad ciudadana, para compartir las responsabilidades del quehacer nacional, a quienes formando parte de grupos de disidencia radical, y con evidentes móviles políticos, han incurrido en conductas sancionadas por la ley penal (Cossío y Rodríguez, 2022, p. 1789).

La ley implicó la libertad de presos políticos de forma general. “Es difícil precisar una cifra exacta ya que el presidente José López Portillo incluía a indígenas apresados por conflictos agrarios” (Cossío y Rodríguez, 2022, p. 1802). No hay una cifra exacta sobre los guerrilleros liberados, pero podrían haber sido “alrededor de 800 personas” (Galaviz, 2023, p. 17). A pesar de la amnistía, las fuerzas policiales continuaron intimidando a los luchadores sociales y exguerrilleros. José de Jesús Morales Hernández alias “El Momia”, miembro de la Liga Comunista 23 de septiembre, refiere en las memorias de un guerrillero que:

A partir de que me acogí a la legalidad pagué el precio de correr ese riesgo y quedé a merced de los cuerpos represivos policíacos. A partir de ese momento sufrí detención tras detención. Ellos tenían como objetivo hacerme el mayor daño posible. Siempre, en cada una de las detenciones, se tomaron la molestia de hacerla días antes de cada navidad y de año nuevo. Esto fue durante muchos años y no podía pasar ninguna navidad y ningún año nuevo con mi esposa y mis hijos. Las pasaba detenido y ya que pasaban estas fechas me soltaban (Morales, 2006, p. 98).

Este caso no fue la excepción. A otras personas los perseguían las fuerzas de seguridad o les era muy difícil encontrar empleo por sus antecedentes en la cárcel, aunque no hubieran sido sentenciados ante la ley. Además, que el Estado los seguía investigando y hostigando, la política de “conciliación” fue a medias y en algunos casos mera retórica.

¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos!

Se ha debatido durante buen tiempo si los gobiernos emanados del PRI ejercieron una dictadura partidista, si fue partido de Estado o un régimen totalitario anclado en el presidencialismo^[5]. Este sistema político gobernó durante siete décadas (1929-2000) y algunas de las formas que usaron para mantener el poder fueron el populismo y el “Estado benefactor con prácticas de corporativismo, clientelismo, cooptación y terror” (Cedillo, 2024, p. 176); ocasionando movimientos sociales, guerrillas rurales y urbanas que intentaron cambiar el régimen autoritario que reprimió

al movimiento estudiantil de 1968 en Tlatelolco y el llamado “halconazo” de 1971; sin embargo, la actividad guerrillera había comenzado años atrás. Entre 1960 y 1983, grupos de estudiantes, maestros, profesionistas, trabajadores, campesinos y amas de casa conformaron más de 40 organizaciones y comandos armados clandestinos a lo largo del país. Entre ellos, los más importantes por su tamaño y capacidad operativa, destacan el Partido de los Pobres-Brigada Campesina de Ajusticiamiento en la Sierra de Atoyac, Guerrero (1967-1974) y la Liga Comunista 23 de septiembre, una organización urbana y rural con presencia en varios estados de la República (1973-1981) (Cedillo, 2024, p. 187).

De la Liga era Jesús Piedra Ibarra, capturado por la contrainsurgencia encabezada por el “ejército mexicano y la DFS, el 18 de abril de 1975 es detenido en la esquina de las calles José María Arteaga y Félix U. Gómez en Monterrey Nuevo León” (Glockner, 2019, p. 158). De acuerdo con los informes de su detención,

Jesús sería trasladado al rancho La Peña, ubicado en las cercanías del municipio de Higueras, Nuevo León, en donde es sometido a brutales sesiones de tortura, pues la DFS lo consideraba un objetivo de gran valor estratégico para conocer las actividades realizadas por la Liga Comunista 23 de septiembre en dicho estado (Glockner, 2019, p. 158).

Después de días de intensa tortura, Jesús es trasladado al Campo Militar Núm. 1, donde sería desaparecido. Su madre, Rosario Ibarra de Piedra comenzó su búsqueda por todo el país, y se entrevistó con funcionarios, políticos y militares.

Ella se trasladó a la Ciudad de México para poder encarar al presidente Luis Echeverría y a Miguel Nazar Haro. Nunca les dejó de insistir, Rosario acudió hasta el último acto público del presidente Echeverría, 39 veces logró hablar con él y siempre recibió falsas promesas (Calderón, 2022, párr. 29).

A pesar de las negativas, su lucha siguió creciendo y fundó con otros familiares de desaparecidos, en 1977, el Comité Pro Defensa de Presos, Perseguidos, Desaparecidos y Exiliados Políticos, organización que se dedicó a buscar a los desaparecidos de la guerra sucia y denunciar los crímenes de lesa humanidad. Por estas actividades, la DFS se dedicó a investigarla y reportar en oficios y fichas de trabajo sus movimientos. En el AGN encontramos un documento de 1977 con el título “Antecedentes de María del Rosario Ibarra de Piedra” que refiere en 4 fojas, dónde vive Rosario Ibarra de Piedra, la detención de su hijo, la creación del Comité de desaparecidos en 1977 y “la visita en cárceles de Nuevo León para hablar con los presos políticos sobre la ley de amnistía” (AGN, 18 de enero de 1977, f. 2) y describe en una foja que:

El 5 de agosto de 1977 presidio la primera reunión del Comité Pro Defensa de presos, exiliados, perseguidos y desaparecidos políticos en Monterrey N. L., acto llevado a cabo en el auditorio de la Escuela Superior del Estado, en la que se pronunciaron por la aprobación de una ley de amnistía (AGN, 18 de enero de 1977, f. 2).

Acordaron pedir una audiencia con el presidente de la República para tratar el problema de los desaparecidos, el documento también refiere que el 25 de agosto Rosario Ibarra de Piedra se entrevistó con los miembros del PRT. El informe termina sin firma y autoría de la redacción, por lo que no sabemos cuántos agentes siguieron el itinerario de dichos eventos, aunque queda claro en este documento -y varios más- que la DFS la seguía a todos lados y documentaba todos sus actos públicos y reuniones privadas. Los informes eran presentados a Miguel Nazar Haro y a la Secretaría de Gobernación. Esos reportes, escritos por agentes encubiertos, son también testigos de la lucha de Rosario y de otras personas que sufrieron la desaparición de sus familiares. También demuestran que los servicios de inteligencia se centraron sólo en la figura de Rosario; pues la veían como la líder de las protestas, de los discursos que pronunció, de todos los mítines, marchas y huelgas de hambre que organizó junto a cientos de organizaciones sindicales, campesinas y civiles que terminaron por reconocerla a ella y a su causa.

Al paso del tiempo, Ibarra no tuvo suerte para localizar a su hijo, pero en 1978 ella y el Comité de Desaparecidos “logró la primera ley de Amnistía para beneficiar a los presos políticos. [Obtuvieron] la libertad de mil 500 presos políticos, el regreso a México de 57 exiliados y el desistimiento de más de 2 mil órdenes de aprehensión” (Calderón, 2022, párr. 37). Derivado de este triunfo, comenzó a ser llamada para formar parte de diversos grupos que participaban en causas sociales, sin faltar los partidos políticos, considerando su enorme carisma y valor en la búsqueda de su hijo. Hay que resaltar que el mayor logro de Rosario Ibarra consistió en hacerse de una reputación de luchadora social en un contexto totalmente adverso, además que los medios de comunicación estaban cooptados por el Estado, lo que hacía imposible que los luchadores sociales tuvieran espacios públicos para sus ideas.

A partir de este proceso, “en 1981 se conformó la Federación Latinoamericana de Asociaciones de Familiares de Detenidos y Desaparecidos, donde gritaron por primera vez: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos” (Calderón, 2022, párr. 40); derrotero que caracteriza a los buscadores de desaparecidos hasta el día de hoy.

Una candidatura presidencial asediada por la DFS

El PRT le permitió a Rosario Ibarra de Piedra viajar por distintas partes del país para realizar actividades de proselitismo y poder ser designada candidata a la presidencia de la República, iniciando su campaña en noviembre de 1981. Lo reportes de la DFS le dieron seguimiento en todos los lugares del territorio mexicano a los que asistió y con las personas que se entrevistaba. Los informes son numerosos y siempre había un comentario del acontecimiento que describían los agentes. Uno de tantos ejemplos es la entrevista que tuvo con el ciudadano norteamericano Steve Wolshel, el 9 de noviembre de 1981, (la tarjeta no especifica el lugar de la reunión) el agente con siglas JDM menciona que Wolsehl

dijo ser militante de dicho partido en San Antonio Texas, E.U.A., que deseaba obtener de la candidata a la presidencia de la República, María del Rosario Ibarra de Piedra su opinión acerca de la política migratoria, además de que, si se podía expulsar a persona nacionalizada mexicana por tener conexiones con el PRT, asimismo, manifestó que una vez que obtuvieron los datos anteriores, se los enviaran a AJ-337 West Josephine, San Antonio Texas, 78212 en carta registrada (AGN, 8 de noviembre de 1981, f. 1-2).

La vigilancia cotidiana a Rosario Ibarra de Piedra y las personas que interactuaban con ella fue una constante en los documentos que hemos encontrado. Es un eslabón de primer orden del que se desprendían otros más como el registro de domicilios, amenazas y desaparición forzada. En el caso que nos ocupa sólo tenemos “reportes de vigilancia” (AGN, 18 de mayo de 1981, f. 1-2) sin llegar a la represión física. Coincidimos con el informe final de la Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las violaciones graves a los derechos humanos cometidas de 1965 a 1990 (COVEH), que la infiltración de agentes, la vigilancia extrema, los reportes de actividades por parte de la DFS, el uso de recursos “militares y paramilitares para perseguir sistemáticamente en distintas regiones del país a cualquier persona o grupo que fuese visto como una amenaza” (COVEH, 2024, p. 3), fue una constante en la década de 1970 y principios de 1980.

En un estudio reciente del Mecanismo para la Verdad y el Esclarecimiento Histórico (MEH) se designa a las agencias de seguridad nacional, entre ellas la DFS, como parte integrante de un eslabón de seguridad que implicó vigilancia, aseguramiento legal o ilegal de los actores sociales investigados y violencia de Estado.

Lo que fue constante a lo largo del periodo, a pesar de los cambios en el rostro del enemigo a combatir y de las maneras específicas en las que el Estado mexicano lidió con las disidencias que consideró amenazantes de su estabilidad y legitimidad, fue la violencia coordinada con que las combatió. No se trata de hechos aislados y fortuitos, producto de excesos individuales al interior de las instituciones del Estado. Se trata en realidad de un ejercicio institucional de la violencia, en que diversas instancias gubernamentales, organizaciones privadas, nacionales y extranjeras, participaron de manera dirigida y organizada por el Estado mexicano, con sus recursos y protección (MEH, 2024, p. 13).

Una cadena que comenzaba con el espionaje y la vigilancia, los informes de la DFS eran de suma importancia en la posible represión de los ciudadanos y “enemigos del régimen”. No eran simples reportes de actividades cotidianas, consistían en oficios e informes con detalles y análisis sociopolítico de los sujetos investigados, como lo muestran las siguientes tarjetas. En otro informe sin siglas del agente que lo redactó, se reportó el arribo de Rosario Ibarra de Piedra al Aeropuerto del Distrito Federal, que a la letra dice:

El día 12 de enero de 1982 la Sra. María del Rosario Ibarra de Piedra llegó a esta ciudad [Distrito Federal] procedente de Culiacán, Sinaloa, donde realizó actividades de su campaña electoral y militantes de la Juventud Comunista Revolucionaria, encabezados por Luis Humberto Garza Amaran, invitan a la Sra. Ibarra de Piedra a que dicte una conferencia en el CCH Naucalpan (AGN, 12 de enero de 1982, f. 1-2).

Otro reporte vincula a Rosario Ibarra de Piedra con personas investigadas por la DFS. En el oficio emitido por la Sección I, a cargo de Ayax Segura Garrido, con fecha de 18 de enero de 1982, se narra que Rosario Ibarra de Piedra se reunió en ciudad Obregón, Sonora, con “Jesús Humberto Zazueta Aguilar, Bertha Alicia López García de Zazueta, ambos detenidos en 1979 y que fueron liberados posteriormente, gracias a la presión ejercida por el Comité Pro-Defensa de Presos, Desaparecidos, Perseguidos y Exiliados Políticos” (AGN, 18 de enero de 1982, f. 1-2). Las personas que Ayax Segura Garrido menciona tienen expedientes de vigilancia y los relaciona con exguerrilleros de la Liga Comunista 23 de septiembre que Rosario Ibarra de Piedra ayudó. Cabe mencionar que dichos expedientes están registrados en el fondo documental de la DFS como personas de interés y que podrían ayudar a la campaña política de Rosario Ibarra de Piedra.

También se da cuenta de diversas actividades políticas a lo largo del país, reuniéndose con miembros del PRT, familiares de desaparecidos, exguerrilleros, simpatizantes de izquierda e impartiendo conferencias sobre los mecanismos para la búsqueda de desaparecidos y manifestándose públicamente en contra del gobierno represor del presidente de la República, Luis Echeverría Álvarez. Estas actividades le otorgaron más capital político que “se puede comprender como un crédito, basado en las operaciones múltiples de crédito con las que los actores prestan momentos de poder a una persona percibida como confiable gracias a su fiabilidad” (Meichsner, 2007, p. 5)

Rosario Ibarra de Piedra fue anunciada el “26 de marzo de 1982 por El Partido Revolucionario de los Trabajadores, de filiación troskista,”(Pérez, 1981, p. 4-A) como su candidata a la presidencia de la República, “capaz de dirigir a la clase obrera, independiente de estalinistas y burócratas” (Rodríguez, 2002, p. 149), que le permitiera continuar con los postulados de la revolución permanente; donde el proletariado debe conducir la revolución, que no puede limitarse a un país en específico, sino que debe ser internacionalizada, porque solo sobrevivirá si triunfa en todo el mundo.

Aceptó la candidatura por dos cuestiones: la primera porque sabía que iba a molestar a muchas personas con su presencia y la segunda, por su abuela Adelaida Villa Real, quien comenta fue una mujer adelantada a su época, ya que Adelaida pidió al congreso del Estado de Nuevo León que otorgara el derecho al voto a las mujeres, recibiendo como respuesta que su petición era rechazada porque las mujeres no estaban preparadas para llevar a cabo esta función (Hernández, 2024, p. 29).

Su candidatura fue interpelada por organizaciones de izquierda que

señalaban la necesidad de formar un frente común en el proceso electoral y evitar las divisiones entre los partidos marxistas de oposición, ante este importante evento. Se acusó al P.R.T de fragmentario y aún de provocador por no tomar en cuenta la opinión del resto de los partidos (Pérez, 1981, p. 4-A).

Este conflicto no le impidió ser candidata a la presidencia y competir en las elecciones celebradas el 4 de julio de 1982. Fue la “primera mujer en ser candidata a la presidencia de México” (Hernández, 2024, p. 29) y compitió con Pablo Emilio Madero del Partido Acción Nacional (PAN), Arnoldo Martínez Verdugo del Partido Socialista Unificado de México (PSUM), Ignacio González Golláz del Partido Demócrata Mexicano (PDM), Cándido Díaz Cerecedo del Partido Socialista de los Trabajadores (PST), Manuel Moreno Sánchez del Partido Social Demócrata (PSD) y Miguel de la Madrid Hurtado del Partido oficial (PRI), en alianza con el Partido Popular Socialista (PPS) y el Partido Auténtico de la Revolución Mexicana (PARM).

“La campaña presidencial de Rosario Ibarra de Piedra fue un recorrido de lucha y agitación política por todo el país” (Mancillas, 1987, p. 316), con poca difusión en los medios de comunicación.

Los grandes diarios nacionales la ignoran; sólo El Universal le abre sus páginas. El reformismo, responsable de Uno más uno calla o minimiza una campaña incómoda, que transmite una imagen del país distinta de aquella en la que se quiere creer (Fernández, 1982, p. 4).

Nuria Fernández destaca que

Rosario Ibarra recorrió el país, y en cada lugar convirtió su campaña electoral en un acto de lucha. Se reunió con colonos, campesinos, estudiantes; visitó las huelgas obreras, fue a la salida de las fábricas a dialogar con los trabajadores; visitó las cárceles y denunció la situación de presos políticos y comunes; se reunió con los gobernadores de los estados para exigirles la amnistía y otras demandas; desafió las disposiciones en su contra. En cada lugar trazó una propuesta de lucha concreta. La suya fue radicalmente diferente a otras campañas: una constante convocatoria a la lucha y a la organización, a construir las bases para la lucha por el socialismo en México. Ideas sencillas que llegan a la raíz de los problemas, tres o cuatro cuestiones que pueden ser hechas bandera por los interlocutores presentes. Significó estar con la gente en lucha, ser parte de ella. Verdadera agitación de masas (Fernández, 1982, p. 5).

Los argumentos señalados demuestran que la plataforma y el discurso político de Rosario Ibarra de Piedra era incomodo al poder hegemónico del Estado y “tenía que ser vigilada en todo momento” (AGN, 30 de mayo de 1981, f. 1-4). El cierre de su campaña presidencial, el 26 de junio de 1982, es el documento con más tinta en el expediente de Ibarra, escrito en 16 fojas y redactado por el agente de la DFS, sección I, Ayax Segura Garrido. Describe que “a las 14:00 hrs llegaron al monumento a la Revolución 15 camiones con 30 personas cada uno, aproximadamente, provenientes de algunos estados de la República, todos ellos militantes del PRT” (AGN, 26 de junio de 1982, f. 1). Se menciona que el contingente estuvo conformado por aproximadamente 6500 personas y que se trasladaron a la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, lugar donde concluyó el evento.

En el informe se transcribieron las mantas y las consignas del mitin, destacan las siguientes:

Miguel de la Madrid, basura igual que el PRI. La gente se pregunta, los presos dónde están, a los presos los torturan en el campo militar. Por un gobierno obrero y campesino, Rosario a la presidencia. El pueblo uniformado también es explotado. Únete pueblo, hoy es tu día, dale en la madre a la Burguesía (AGN, 26 de junio de 1982, f. 2-3).

Estos anatemas reivindican la liberación de presos políticos encarcelados por participar en los movimientos guerrilleros, en las luchas campesinas que exigían la restitución de tierras o simplemente por participar en marchas y mítines en contra del gobierno. Cabe destacar los mensajes alusivos a crear un gobierno de obreros y campesinos, una plataforma política de convicciones basada en el socialismo. Como principio de acción se encontraba la lucha de clases y la concientización de los campesinos y obreros explotados.

Las sentencias dirigidas al PRI y al candidato Miguel de la Madrid son una constante en el informe y el llamado a las fuerzas castrenses y policiacas para que se unan, pues ellos también son pueblo. La idea de crear lazos de comunión con las fuerzas represoras fue una estrategia que pretendía aminorar la violencia institucional del Estado, intentando concientizar a los policías y soldados de que ellos atacaban a sus iguales y, al triunfo de la candidatura presidencial de Rosario Ibarra de Piedra, ellos serían incluidos en el nuevo gobierno.

En su pieza discursiva, la candidata presidencial pidió un minuto de silencio en memoria de los fallecidos el 2 de octubre de 1968 e hizo un llamado a impulsar una nueva etapa en la vida política de México y cimbrar los cimientos de la República, que a la letra dice:

La Revolución va a llegar. Nosotros estamos dispuestos a empujar esa Revolución, a empujar con todas nuestras fuerzas para que se logre esta Revolución. Este pueblo que soportó un 2 de octubre, un 10 de junio, 500 desaparecidos […] no prometimos durante la campaña, nos comprometimos a luchar, a triunfar, y para esto integramos coordinadoras obreras y campesinas en todo el país. Este país que lo ha diseñado sólo para ellos, para explotarlos. Todo lo que soñamos o ambicionamos no va a ser posible con el PRI (AGN, 26 de junio de 1982, f. 7-8).

En otra parte del discurso menciona que no confía en la Cámara de Diputados para validar la elección, y en caso de fraude electoral protestaran: “Vamos a continuar al frente de las marchas, mítines, manifestaciones, estaremos con los obreros, los campesinos y los estudiantes en lucha, al frente del movimiento revolucionario” (AGN, 26 de junio de 1982, f. 8). Destaca que al triunfo de la elección gobernará con los obreros y campesinos impulsando el gobierno del pueblo.

En las últimas fojas se presenta una lista de las organizaciones populares que estuvieron en el evento, nombres de personas que fungieron como oradores y:

se hace notar que durante el presente acto se identificó a Timoteo Odiseo, Calderón Palomares, Rafael Torres Vargas, Gloria Teresa Amezquitia, Roberto Martínez Avelleyra, Miguel Bortolini Castillo, Claudia Hinojosa Corona, Javier Ferrara Araujo, Agustín Fernández Aguiarte, Margarito Montes Parra, Manuel Aguilar Mora, Alfredo Rodríguez y Jesús Piedra Rosales (AGN, 26 de junio de 1982, f. 15-16).

Estas personas fueron exguerrilleras y familiares cercanos a Rosario Ibarra de Piedra que eran investigadas por la DFS.

La elección se llevó a cabo el 4 de julio de 1982 y los resultados dieron como ganador a Miguel de la Madrid Hurtado, candidato del PRI, y en “cuarto lugar quedó Rosario Ibarra de Piedra del PRT, con 388,000 votos, el 2.03 por ciento” (El Informador, 6 de julio de 1982, p. 3-A).

En documentos posteriores, el agente Ayax Segura Garrido y Marcos Camarillo Armendia reportaron que el PRT se estaba organizando para realizar marchas acusando a la Comisión Federal Electoral de fraude,

para que los del PRT no lleguen a la Cámara de Diputados, ya que esto no le conviene pues los diputados revolucionarios de este partido no van a ser como lo actuales y futuros del PRI que únicamente van a ocupar las butacas de la Cámara para decir que sí a todo lo que les presentan (AGN, 19 de julio de 1982, f. 1).

Las manifestaciones se llevaron a cabo el 22 y 23 de julio y el 7 de agosto. En esta última fecha se realizó la denominada Marcha Nacional por la Defensa del Voto y Contra la Represión del PRI-gobierno, en la que participaron distintas organizaciones de izquierda como el Movimiento Revolucionario del Pueblo (MRP) y el PRT. Se informa sobre el contenido de las mantas y consignas de la manifestación, quienes eran los oradores del evento y el contenido de sus discursos, en el cual se acusó de fraude al gobierno y se llamó a la resistencia popular por medio de la protesta social. También se aclara que no se resolvió ninguna de las exigencias de la marcha y alocuciones de los manifestantes.

A guisa de conclusión

La candidatura presidencial de Rosario Ibarra de Piedra en 1982, por el PRT, marcó un hito en la historia política de México, al convertirse en la primera mujer para ser electa al cargo. Su postulación por un partido socialista de corte trotskista representó una efervescencia social de contingentes de extracción popular, organizaciones de desaparecidos, sindicatos, campesinos y estudiantes que veían en ella una figura política capaz de hacer frente al PRI y al Estado. La campaña se caracterizó por una plataforma política dirigida a los más desprotegidos, resaltar las deficiencias del régimen en materia económica y sobre todo en destacar la necesidad apremiante de un mayor justicia social e igualdad de oportunidades.

Las fuentes documentales que revisamos constituyen la vigilancia gubernamental, propensas a exagerar los hechos ocurridos; sin embargo, no podemos dejar de considerarlas por ser de mucha utilidad. La riqueza de estos documentos fue señalada por Sergio Aguayo Quezada en su libro La charola. Una historia de los servicios de inteligencia en México(2001), haciendo notar que la cantidad de cajas y expedientes puede contribuir a esclarecer y puntualizar procesos sociales que sucedieron en el pasado y como el régimen analizó y reprimió movimientos estudiantiles, huelgas obreras, elecciones, luchas sociales, guerrillas y demás hechos que el Estado viera como una “amenaza”.

Los documentos dejan ver el grado de infiltración que por momentos lograron los agentes del régimen en la campaña de Rosario Ibarra de Piedra. El asedio que constatamos en los reportes de la DFS consistió en el espionaje de su vida cotidiana y esfera social, en las cartas que le enviaban, viajes, conferencias y discursos eran anotados por los agentes y remitidos a sus superiores, quienes cuentan con las conversaciones que se realizaban en espacios cerrados, nombres de personas y comentarios acerca de la situación social y política de cada acto de campaña. Los comunicados de la DFS refieren las órdenes del día de los acuerdos tomados, vehículos que conducían, si portaban pancartas y el número de asistentes en la reunión o el mitin, además de contar con ubicaciones exactas de los lugares que frecuentaban o visitaban los investigados. Cabe destacar que la información por parte de los agentes es nutrida y a detalle, siempre advirtiendo a sus superiores que el discurso político de la candidata era de corte socialista y llamaba a la revolución del proletariado, denostaba al gobierno y al candidato del PRI.

Este escrito contribuye a la historiografía reciente que ha estudiado los servicios de inteligencia, como lo son las investigaciones de César Valdez (2021), Enemigos fueron todos: vigilancia y persecución política en el México posrevolucionario (1924-1946), el de Lucia Carmina Jasso López y Otto René Cáceres Parra, Los servicios de inteligencia en México, ayer y hoy, publicados en 2021, que consideran a los agentes confidenciales de la DFS como parte fundamental del régimen opresor, individuos omnipresentes, capaces de saber casi todo lo que sucedía en territorio mexicano para informarlo a sus jefes y eliminar cualquier “posible enemigo”, también abona a los trabajos que analizan la desaparición forzada y la vigilancia de Estado en México, como el dossier de Rodríguez (2024)Guerra Sucia: límites de la memoria, insuficiencias de la historia, que se incluye en el volumen 74, número 1 de la revista Historia mexicana.

Quedan abiertas líneas de investigación y nuevas preguntas dedicadas a los agentes de la DFS y su incidencia en la infiltración y espionaje en los procesos electorales de los municipios, entidades y regiones de la República mexicana. ¿Qué mecanismos utilizaron los agentes para investigar y en su caso infiltrarse en las campañas electorales y recopilar información? ¿Cómo eran analizados los reportes de los agentes por parte de sus superiores para interceder en alguna candidatura adversa? Son algunas preguntas que pueden ser útiles en la construcción de hipótesis y susceptibles de investigar. El trabajo histórico que se puede realizar es vasto, con información documental que complemente los archivos de la DFS e indagando en acervos de otras instituciones. Si bien el encargo es arduo, es posible investigar más y mejor de lo que este análisis pudo proveer, por lo que este trabajo es una invitación a los historiadores para seguir bregando en los recovecos de la memoria viva de ciertos días.

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