A manera de introducción

El presente trabajo forma parte de una investigación más amplia en la que damos cuenta de los principales rituales que envuelven la vida cotidiana en las Normales rurales de México.^[1] Mientras que algunos corresponden a procesos relacionados con el ámbito académico y tienen su origen en disposiciones propias de la autoridad; otros dan cuenta del interés de las dirigencias estudiantiles por asegurar su formación ideológica. En cualquier situación, observamos que la vigencia de estos rituales no es sino una manifestación de resistencia frente a las políticas educativas que demonizan a los normalistas rurales y se han convertido en la principal amenaza para la permanencia sus instituciones.

La historia de las escuelas Normales rurales es una historia de lucha por su sobrevivencia. Desde su origen, estudiantes, profesoras y profesores de estas escuelas se han encargado de darle vida al proyecto revolucionario que les dio su origen. En este sentido, aunque durante la segunda mitad de la década de los años treinta recibieron un apoyo importante por parte del gobierno, suficiente para que se incrementara el número de escuelas de este tipo de manera considerable, durante el segundo periodo del mandato de Lázaro Cárdenas comenzaron a padecer el abandono, debiendo transformar sus mecanismos de comunicación con las autoridades.

Si durante los años veinte y buena parte de la década de los años treinta del siglo XX las comunidades rurales vieron a estos espacios como escuelas del diablo, por tratarse de lugares que promovían una educación lo mismo para hombres que para mujeres, o porque se asumían como promotoras de las reformas sociales; lo cierto es que a partir del mes de julio de 1940, cuando salieron por primera vez a las calles para manifestar su hartazgo por las promesas incumplidas de las autoridades, políticos y funcionarios, comenzaron a crear un discurso demonizador de las inquietudes estudiantiles de los normalistas rurales; justificando con esto lo que los estudiantes han señalado como escasa voluntad para atender adecuadamente las necesidades más apremiantes de estas instituciones.

También observamos un fenómeno interesante pues, mientras que a lo largo de su historia los normalistas rurales han contado con la solidaridad y el acompañamiento de las comunidades en muchos de los movimientos estudiantiles en los que se han visto envueltos, por otro lado, también se ha identificado la existencia de un rechazo y estigmatización en muchos de los centros urbanos del país, casi siempre relacionado con la escasa tolerancia hacia las formas de manifestación que utilizan.

Con este antecedente, y aunque no aspiramos a convertir este trabajo en un tratado que dé cuenta del origen del desprecio y la demonización del normalismo rural en general, nos acercamos a documentos de archivo, prensa escrita y medios de comunicación tradicionales y electrónicos para mostrar algunas de las formas empleadas por funcionarios y autoridades para construir una imagen negativa de los estudiantes. Pretendemos responder a la pregunta, ¿cómo es que se volvió tan común y socialmente aceptable el desprecio y demonización del normalismo rural? En la realización de este trabajo partimos del supuesto de que, en tanto que la narrativa que se construye en torno al fenómeno del normalismo rural va teniendo impacto en la sociedad, en esa medida se va justificando cualquier reacción de la autoridad frente a las demandas y manifestaciones estudiantiles.

Además de apoyarnos en la etnografía, recuperamos aspectos del método histórico y de la historia del tiempo presente, al considerar que se trata de un periodo que se une a los ya existentes “debido al irremediable paso del tiempo” (Fazio, 1998, p. 47). También observamos lo que ocurre entendiendo que “no se trata de un momento/periodo de la historia, sino de una forma de hacer historia” (Allier et al., 2021, p. 6). Cuando es posible, escuchamos lo que se dice, hacemos preguntas a estudiantes, egresadas y profesores, para recoger cualquier dato disponible que arroje luz sobre el tema que nos preocupa (Hammersley y Atkinson, citados por Flick, 2015). Finalmente, nos acercamos a documentos de archivo, prensa escrita y medios de comunicación tradicionales y electrónicos para mostrar algunas de las formas empleadas por funcionarios y autoridades para construir una imagen negativa de los estudiantes.

Sus primeros años. Distanciándose de la autoridad

Las escuelas Normales rurales son instituciones formadoras de maestras y maestros con una historia ya centenaria. Aunque su número ha sido siempre variable y, en todo caso, ha dependido de momentos y coyunturas político económicas, lo cierto es que durante las décadas de los años sesenta y setenta llegaron a constituirse en las instituciones más importantes en la formación del magisterio en México.

A pesar de tratarse de instituciones que han funcionado bajo el sistema de internado y que tanto la alimentación como el vestuario estuvieron a cargo del gobierno Federal (Secretaría de Educación Pública [SEP], 1941), sus relaciones no siempre han sido cercanas. En esta dinámica, en las décadas recientes hemos observado que las formas de relación de las autoridades y funcionarios con el estudiantado de estas escuelas -casi siempre de fricción, ha impactado en algunos sectores de la sociedad, ocasionando que sea la propia población la encargada de juzgar, demonizar y agredir a los jóvenes de este tipo de escuelas.

Desde la década de los años veinte, cuando se dio la fundación de 15 Normales Rurales o Regionales ubicadas en diferentes lugares de la geografía nacional, estas escuelas comenzaron a padecer las carencias propiciadas por la ausencia de una sólida estructura. Durante el gobierno de Plutarco Elías Calles se crearon otras escuelas de este tipo; sin embargo, las condiciones de pobreza, carencia de edificio y del equipo más indispensable las puso en una situación itinerante, misma que sería visible hasta bien entrada la década de los años cincuenta. Aunque en algunos casos esto se daba como consecuencia de las circunstancias en las cuales habían sido creadas, lo cierto es que la escasez de recursos las caracterizaba plenamente.

En este sentido, mientras que durante los primeros años los estudiantes presentaban sus demandas ante las autoridades de manera aislada, a nombre de la sociedad de alumnos de la escuela en cuestión, a partir de la creación de la Federación de Estudiantes Campesinos Socialistas de México (FECSM) en 1935, comenzaron a concentrar sus preocupaciones en documentos firmados a nombre de la federación estudiantil que hasta el día de hoy las agrupa. A pesar de esto, la relación entre estudiantes y autoridades se mantuvo por algunos años entre cartas y promesas.

En esta dinámica, las autoridades comenzaron a advertir lo que sucedería a mediados del año de 1940. Sabiendo que no habían dado respuesta a múltiples solicitudes del estudiantado y que este comenzaba a anunciar la radicalización en sus demandas, el Jefe del Departamento de Educación Normal manifestó su “firme propósito de no tolerar en forma alguna perturbaciones en la disciplina que con tanto esfuerzo va logrando encauzar” (AGENRJSM, 30 de enero de 1940), refiriéndose a “la posibilidad de un movimiento general antes de iniciarse las labores del presente año, para exigir a la Secretaría la solución de los problemas económicos de las propias Escuelas” (AGENRJSM, 28 de marzo de 1940).

En el mismo sentido, y luego de que la dirigencia estudiantil de la FECSM cuestionara al Jefe del Departamento por lo que consideraban como un mal manejo de fondos, el funcionario solicitó a los directores y al personal de todas las Normales rurales del país no escatimar

esfuerzo alguno para llevar a los alumnos al convencimiento de que las proposiciones que presentan, son por todos conceptos improcedentes; así como de la ingenuidad de los cargos que se han permitido hacer al suscrito los jóvenes dirigentes de la FECSM (AGENRJSM, 28 de marzo de 1940).

A pesar de lo anterior, luego de largos meses de confrontación entre normalistas rurales y autoridades que continuaban centrando sus respuestas a través de declaraciones que pretendían formar en la sociedad una imagen negativa del estudiantado, finalmente el mes de julio de 1940 los jóvenes agrupados en la FECSM transformaron sus formas de comunicación. Abandonaron su insistencia a través de misivas y salieron a las calles para exigir, entre otras, la regularidad en el pago de sus becas, un problema que habían manifestado por lo menos desde el mes de septiembre de 1937; pero también, mejor alimentación, dotación de equipo, materiales educativos y que, además de la construcción y habilitación de espacios, el presupuesto para los internados se gastara efectivamente en estas escuelas.^[2]

Aunque el comentario fue mesurado, podemos advertir que al señalar al estudiantado como el perturbador de la disciplina que tanto había costado, lo cierto es que se aprecia una intención de crear en el destinatario una imagen negativa de los estudiantes, lo que podría significar el inicio de la demonización del normalismo rural ya que unas décadas después observamos que la narrativa va aparejada de términos denostadores o de acusaciones.

Demonización y miedo en torno al normalismo rural

Durante el periodo comprendido entre 1960 y 1965, los normalistas rurales fueron hostigados y perseguidos tras acusarlos de agitadores comunistas (Valdés, 2005), con el fin de desaparecer este tipo de instituciones, como sucedió con las escuelas de Saucillo y Salaices, las dos ubicadas en el estado de Chihuahua. De acuerdo con José Santos Valdés, estos estudiantes, cuyas edades oscilaban entre los 12 y los 18 años de edad

eran vigilados constantemente por la policía secreta del Estado; por las policías municipales y por policías llegados de la Ciudad de México y, además, así como lo está usted leyendo, por espías de la FBI y de la CIA, y, peor aún, por soldados del Ejército Nacional (Valdés, 2005, p. 307).

Con cualquier pretexto los alumnos de estas dos escuelas fueron acusados por las autoridades estatales de pretender la formación de grupos guerrilleros y el desquiciamiento del orden social, motivo por el cual fueron impedidos de salir de sus respectivas instituciones y, mucho menos, de visitarse mutuamente. Así sucedió el 15 de mayo de ese año cuando estudiantes y maestros de Saucillo pretendieron salir de la escuela para acudir a la similar de Salaices donde se desarrollarían los festejos por el Día del Maestro. En esa ocasión, el director de Educación Federal en Chihuahua trató de impedir su salida; sin embargo, el profesor José Santos Valdés, que en ese tiempo era inspector de enseñanza Normal en el norte del país, finalmente le “ordenó al director de Educación Federal en Chihuahua dejara en libertad a la Normal rural de Saucillo para que llevara a cabo sus propósitos” (Viramontes, 2009).

Ya el mes de abril de ese mismo año había sucedido un incidente en el estado de Chihuahua en donde, a pesar de haberse tratado de un importante bastión revolucionario, no se habían concretado conquistas como el reparto agrario. En esa ocasión, Gustavo Díaz Ordaz dirigió un discurso en el que señaló que Chihuahua era una entidad en la que se resolverían “los problemas incrementando la riqueza [...] al estéril desierto hay qué convertirlo en fuente de alimento para la ganadería y en cada porción de tierra de este gran estado, llenarlo de oportunidades y trabajo” (Viramontes, 2009). Frente a estas declaraciones y como producto de la impotencia de saber que la realidad de la mayoría de los habitantes de este lugar estaba muy alejada de este discurso, la respuesta de obreros, campesinos y estudiantes no se hizo esperar.

Aunque de antemano habían asistido a este acto con la finalidad de expresarle al candidato “la necesidad que en el campo, en la fábrica y en la calle, existan condiciones de empleo, buen salario y justicia social, inspirados por el movimiento de 1910” (Viramontes, 2009). El autor señala que un joven estudiante de nombre Jesús Mariñelarena pretendió hacer uso de la palabra para solicitar al candidato, entre otras cosas, “la libertad de algunos de sus compañeros que estaban en cárceles por haber exigido reparto de tierras para los campesinos chihuahuenses” (Viramontes, 2009),^[3]lo que generó que además de suspender el discurso del candidato se generara una verdadera escaramuza entre Lauro Ortega, presidente nacional del PRI y varios colaboradores del candidato y una multitud enardecida (Glockner, 2008, págs. 127-153).

Este acontecimiento, que no había sido más que un incidente en el cual algunos jóvenes pretendieron reclamar al candidato presidencial la necesidad de velar por la justicia social de la entidad, no sólo se convirtió en un augurio de lo que sucedería un año después en Madera, sino que fue aprovechado por las autoridades para sacarle el mayor provecho político.

Así, mientras que al día siguiente se definió como un acontecimiento local y se criticó a quienes pretendían darle un sentido de carácter nacional (Baroni, 1964), a mediados del mes se dijo que

Un vasto plan de agitación con repercusiones nacionales e inspirado en otras naciones (haciendo clara referencia a la Revolución cubana) se gestaba en Chihuahua y se puso al descubierto durante las declaraciones de dos de los detenidos con motivo de los disturbios del día 6 de los corrientes en la Plaza de la Constitución. Guerra de guerrillas, con estudiantes principalmente de las Escuelas Normales; actos de terrorismo empleando para ello bombas de manufactura casera y otros serios disturbios se planeaban en Chihuahua, todo ello, alentado y azuzado por comunistas que intentaban sembrar la anarquía y desquiciar la tranquilidad pública (El Sol del Centro, 15 de abril de 1964).

Todo esto, a pesar de que como parte de las investigaciones se encontró que los estudiantes Jesús Hilario Cardona Rodríguez, Guillermo Rodríguez Ford y José Mariñelarena, ayudados por otros estudiantes, simpatizantes y miembros del Frente Electoral del Pueblo sólo tenían intenciones de hablar en la Plaza de la Constitución, cuando estuviera el candidato en la tribuna (El Sol del Centro, 15 de abril de 1964).

El discurso de Díaz Ordaz pretendía dejar la imagen de un gobierno que velaría por la justicia y la seguridad social; a pesar de lo cual, las escuelas normales rurales del país vivieron una intensa persecución y hostigamiento por parte del gobierno; acciones que se manifestaban como respuesta ante el temor de que tanto estudiantes como maestros rurales se involucraran en estos conflictos.

En Aguascalientes sucedió lo propio. A pesar de la aparente calma y de la cálida recepción que las estudiantes de la Normal rural de Cañada Honda habían brindado al candidato presidencial en el mes de febrero de 1964, a mediados del mes de abril y a lo largo del mes de mayo, periodo en el cual se reunieron en esta escuela los representantes de diferentes sociedades de alumnos pertenecientes a la FECSM, con la finalidad de buscar medidas que ayudaran a su reunificación, de acuerdo con lo señalado por el profesor José Santos Valdés,^[4]

ya no los políticos sino alguna de nuestras múltiples policías, hizo correr la versión de que los líderes de los estudiantes normalistas rurales, reunidos en Cañada Honda, Ags., trataban de organizar y –desde luego llevar a cabo- un movimiento armado en todo el país y que, para iniciarlo, para abrir boca –como quien dice-, el 1° de mayo, aprovechando el desfile obrero en la ciudad de Aguascalientes, provocarían un motín sangriento (Valdés, 2005, t. II, p. 311).

Más adelante, a los normalistas rurales de Roque, en Guanajuato, se les acusó de preparar un levantamiento armado para el mes de julio, particularmente el domingo en que se llevarían a cabo las elecciones presidenciales (5 de julio de 1964). Una situación que llegó a ser desmentida por los propios políticos y pobladores de esa región.

Desarrollo económico y “algaradas normalistas…”

A finales de los años setenta, envueltos en discursos de desarrollo económico e industrial en Aguascalientes(El Sol del Centro, 1978), las normalistas rurales de Cañada Honda protagonizaron una huelga que llegó a tener un impacto de carácter nacional. Aunque el origen del conflicto siempre estuvo en tela de juicio, ya que mientras que las estudiantes demandaban una serie de peticiones muy similares para todas las escuelas de este tipo en el país, lo cierto es que este movimiento estudiantil también se dio en el contexto de un conflicto magisterial que mostraba su indignación por el nombramiento de un delegado de educación en la entidad, de origen universitario.

La dirigencia sindical argumentaba que los puestos de la administración educativa debían ser “ocupados por maestros, ya que son quienes más fácilmente se entienden con maestros; de dirigirlos cualquier tipo de profesionistas deberán éstos de tener la suficiente sensibilidad que asegure la interrelación” (Martínez, 1979). En este contexto, acontecimientos como el conflicto con los normalistas rurales fueron interpretados como acciones para inculpar al Contador Público Humberto Martínez de León, primer delegado de educación en la entidad. Así observamos que frente al cuestionamiento de que se haya dejado crecer un asunto que comenzó como una manifestación pequeña de descontento, un medio local manifestaba su indignación por tal acusación, pues “cuando todo mundo conoce los orígenes del conflicto […] mañosamente se pretende inculpar de todos estos sucesos al delegado general de la SEP” (El Sol del Centro, 16 de abril de 1979).

El desarrollo del movimiento se vio entristecido por un acontecimiento por demás trágico, luego de que fallecieron cuatro jóvenes por atropellamiento. Alicia Vargas Lara, estudiante del grupo de primer grado de Cañada Honda y originaria de Tamaulipas; así como los jóvenes Jesús Floriano Muñiz, Rafael Floriano Ruiz y Ampelio López Moreno, uno de estos, estudiante del ISETA de Guanajuato y originarios de Palo Alto, Aguascalientes (El Sol del Centro, 20 de abril de 1979). El seguimiento que hizo la prensa local acerca de todas las acciones emprendidas por los estudiantes estuvo marcado por el descrédito y la demonización.

Por ejemplo, dada la magnitud de dicho movimiento y luego de que las autoridades involucraran a los padres de familia para que se resolviera el conflicto por considerar que la actitud de las estudiantes era “irreflexiva” (El Heraldo de Aguascalientes, 19 de abril de 1979), las autoridades “cerraron el plantel” el 2 de mayo y anunciaron su reapertura para el 9 del mismo mes. Inmediatamente se abrió un proceso de reinscripción y fue aquí donde los medios continuaron su tarea al referirse a la existencia de grupos subversivos de estudiantes que tenían la consigna de sabotear las reinscripciones (El Heraldo de Aguascalientes, miércoles 9 y jueves 10 de mayo de 1979).

Unos días antes, durante los momentos más críticos del conflicto, se había llegado a relacionar el activismo de los estudiantes con el Partido Comunista Mexicano, al señalar que a este

no le conviene que se supere completamente el conflicto en la “Justo Sierra” de Cañada Honda […] Informes confidenciales permiten saber que se mueven con denuedo para alcanzar esos objetivos, Jesús Villarreal, célula comunista incrustada en la Normal de San Marcos, Zacatecas y que ha hecho cabeza en varias de las invasiones efectuadas contra radiodifusoras de Aguascalientes; Glafira Ramos Guerrero y Virginia Quintero Espino, alumnas ambas de la Normal de Cañada Honda y quienes fueron concentradas por el PCM (El Sol del Centro, 29 de abril de 1979).

Durante los primeros días de marzo, cuando habían comenzado las movilizaciones de las estudiantes, los medios locales destacaban su actividad y las describían como “Secuestradoras”, señalando además que “las empresas de transportes se encontraban indefensas ante las estudiantes (El Heraldo de Aguascalientes, 9 de marzo de 1979). Al día siguiente, señalan a los normalistas como “agresores” de los fotógrafos que cubrían lo que la prensa definió como “La Marcha de la Pintura” por las calles de la ciudad de Aguascalientes en la que participaban más de mil quinientos normalistas rurales. “Se obligó a retirar un rollo de película y uno de ellos recibió el impacto de la pintura en la espalda” (El Heraldo de Aguascalientes, 10 de marzo de 1979 y El Sol del Centro, 10 de marzo de 1979).

El 11 de marzo, el presidente de la Cámara de Comercio cuestionó a las autoridades por “permitir que tipos que se dicen estudiantes vengan a Aguascalientes a sembrar malestar y sobre todo a alborotar a la gente que de verdad estudia”. Y para completar el cuadro, también los estudiantes de la UAA manifestaron su “desaprovación(sic) por esta clase de hechos pues Aguascalientes no es una ciudad en la que puede reinar el libertinaje” (El Heraldo de Aguascalientes, 11 de marzo de 1979).

El siete de abril, en la columna “UVASCALIENTES. Trapos al sol”, ese mismo diario se refiere al “ataque del periodista Jorge Varona Rodríguez y a su familia [señalando que], no es con actos de terrorismo como se van a componer las cosas”, en clara referencia a las normalistas de Cañada Honda; pues, unas líneas más adelante, señala que muchos funcionarios locales del campo de la educación

enardecidos por el cariz de esos sucesos y porque, al fin, se han convencido de lo gravoso que resulta mantener aquella Normal, no ocultaron su pensamiento de que la escuela sea cerrada ¡pero ya!, convertida en los últimos años en nido de subversivos -lo que ameritaría una selección escrupulosa, exenta de toda sospecha-, para que las alumnas con inclinación verdadera por el estudio fueran reacomodadas en la Normal del Estado, donde el régimen disciplinario no da tiempo a pensar siquiera en agitaciones (El Sol del Centro, abril 7 de 1979).

En esa misma columna, pero correspondiente al 23 de abril, frente al conflicto de las estudiantes de Cañada Honda reconoce como evidente “el propósito de atrapar en esta maraña de intereses nada claros, al delegado general de la SEP, Humberto Martínez de León, con la muy clara intención de tronarlo por este camino. Lo cierto es que a pesar de que no se concretó la destitución del CP. Humberto Martínez de León, el 12 de marzo se había logrado el “cambio masivo de funcionarios en la Delegación de Educación” en la entidad.

Desprecio y demonización del normalismo rural

Aunque no resulta inmediata la explicación de cómo se volvió tan común y socialmente aceptable el desprecio y demonización del normalismo rural^[5], al asomarnos un poco a los documentos de archivo y medios de comunicación tradicionales, observamos que históricamente se ha hecho creer que la educación es un privilegio, y no un derecho; pero también, más recientemente a través de las redes sociales donde, con la ventaja de que sólo ciertos sectores de la población contaban con los recursos -llámese dispositivo móvil y conectividad-, para ver cómo ante cualquier acontecimiento que involucra al estudiantado de este tipo de instituciones, se continúan promoviendo campañas de desprestigio a quienes expresan su defensa de la educación pública.

La campaña de odio y demonización de la pobreza de la que han sido objeto históricamente los estudiantes de las Normales rurales, esa campaña de odio que durante los últimos años “personajes como Claudio X González y grupos como Mexicanos Primero han sembrado contra el normalismo ha fructificado” (Hernández, 2017, párr. 7). Así lo observamos a través de los medios tradicionales y las redes sociales en donde comunicadores, empresarios, autoridades, asesores políticos o representantes de la sociedad, llegaron a expresar sus opiniones en torno a las formas de lucha implementadas como parte del conflicto protagonizado por las normalistas rurales de Cañada Honda. Las autoridades educativas de Aguascalientes lo hicieron luego de manifestar su interés de reducir “la matrícula de primer ingreso de 120 a 100 lugares y que conviertan su escuela en mixta (actualmente es sólo para mujeres)” (Bañuelos, 2017a, párr. 1).

En esa ocasión, fue durante los últimos días del mes de mayo del 2017 cuando, en un contexto en donde se tuvo la renuncia de la directora de la Normal Rural de Cañada Honda y respondiendo a su preocupación “porque se iba acortando su tiempo para hacer una difusión que les permitiera garantizar la matrícula para el siguiente ciclo”, las estudiantes de esta escuela comenzaron a exigir a las autoridades la publicación de la convocatoria de ingreso para el ciclo escolar 2017-2018. A pesar de ello, fue hasta el último día de ese mes cuando fue liberada dicha convocatoria. Para su sorpresa, en esta se anunciaba que en la Escuela Normal “Justo Sierra Méndez” de Cañada Honda se ofrecería la Licenciatura en Educación Primaria “bajo la modalidad mixta (hombres y mujeres), con una matrícula de cien alumnos” (LJA, 1 de junio de 2017). Las estudiantes de esta escuela manifestaron de forma inmediata su inconformidad, pero las autoridades mostraron una aparente firmeza en su decisión.

Dos días después, estudiantes de por lo menos media docena de escuelas de este tipo ubicadas en diferentes entidades del país, acudieron en apoyo de las alumnas de Cañada Honda. Con la presencia de varios cientos de estudiantes, una de las primeras acciones para “demandar más espacios de nuevo ingreso a la Normal (por lo menos las 120 becas correspondientes a la generación que recién había egresado) y el respeto a la matrícula exclusiva de mujeres (como ha sido desde 1943), consistió en bloquear los accesos al Instituto de Educación del Estado (IEA) así como de las principales vialidades de la capital aguascalentense” (Maldonado y Bañuelos, 2017, Sección: Protestan normalistas en Aguascalientes, párr. 2).

Una egresada que durante esos años perteneció a la dirigencia estudiantil recuerda su preocupación por el retraso en la publicación de la convocatoria y el riesgo que se corría al no contar con suficiente tiempo para difundirla. Menciona que generalmente “nos daban oportunidad de organizarnos como base estudiantil en base a la convocatoria para difundirla lo suficiente y que participara la mayor cantidad posible de aspirantes en el registro” (A. G. Ríos Morales, comunicación personal, 15 de enero, 2024). “A mediados del mes de mayo nos convocaron a una reunión para informarnos que todavía no había ninguna convocatoria”, recuerda la entrevistada. Fue así que se originó el conflicto cuando las estudiantes comenzaron a cuestionar a las autoridades acerca de dicha tardanza (A. G. Ríos Morales, comunicación personal, 15 de enero, 2024).

Aunque finalmente se resolvió el conflicto después de unos días de intensas movilizaciones estudiantiles, quedando el número de becas y la modalidad de internado igual como venía funcionando durante los últimos años. Fue el viernes nueve de junio cuando los dos autobuses que trasladaban de regreso a estudiantes de la similar “Vasco de Quiroga” de Tiripetío, Michoacán, fueron interceptados y “detenidos violentamente” por elementos de Seguridad Pública del municipio de Aguascalientes, a pesar de que los jóvenes se esforzaban por hacerle saber a los “guardianes del orden” que ya se iban de regreso a Michoacán (Sinembargo.mx, 9 de junio del 2017).

En esa ocasión, no solo fueron tratados como delincuentes por la policía de Aguascalientes, sino que, al no encontrar cargo alguno para presentarlos ante la Fiscalía General del Estado, algunos medios de comunicación de influencia nacional dan cuenta de testimonios de estudiantes que denuncian haber sido “paseados por varias partes de la ciudad y en lotes baldíos los fueron bajando para posteriormente golpearlos y dejarlos libres” (Appendini, 2017 y Debate Digital, 9 de junio del 2017). Uno de ellos señala que a pesar de haber corrido para donde pudieron

“Nos agarraron. Nosotros pudimos brincar a un terreno, pero de ahí nos sacaron. Nos hicieron brincar de una azotea; les decíamos que el compañero tenía un pie fracturado, pero no les importó. Nos tiraron al suelo, nos empezaron a patear y a pegar con la macana. Nos subieron a la patrulla y nos esposaron”, dijo el estudiante (Appendini, 2017).

Debe decirse, sin embargo, que estas manifestaciones de desprecio de la propia sociedad contra el normalismo rural no fueron espontáneas, en todo caso, podemos advertir que se trata de ideas adoptadas por los diferentes sectores de la sociedad como resultado de una promoción, de alguna manera intencionada. Así lo podemos ver a partir de algunos ejemplos. El 2 de junio de 2017 cuando junto a su preocupación por la matrícula y la transformación del internado, las normalistas de Cañada Honda realizaban una marcha conmemorativa en la ciudad de Aguascalientes por la represión sufrida en 2010 cuando fueron desalojadas del Instituto de Educación de Aguascalientes con lujo de violencia, un locutor de radio de esa entidad que conducía un programa de éxitos de música juvenil en una estación perteneciente a MVS, quizá pretendiendo quedar bien con sus radioescuchas o con sus patrones, no tuvo empacho en manifestar su odio al normalismo rural al declarar en micrófono abierto alrededor de las 16:20 horas: “No nos faltan 46 [sic], nos sobran muchos que deberían de desaparecer en fosas clandestinas” (Sinemabrgo, 2017). Y al más puro estilo de quien, pretendiendo ocultar la masacre del 2 de octubre del 68, en su noticiero de la noche lo habría definido como “un día soleado”, después de su comentario, el locutor dejó sonar una canción.

Unos días después, serían los propios funcionarios los encargados de incitar al odio a través de todos los medios posibles. Entre otros, fue el corresponsal de la Delegación del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT) en Aguascalientes quien, reaccionando al comentario del locutor Jorge Iván Macías Villalpando, “insinuó en la página de Facebook de Metropolitano, que los 43 desaparecidos no eran estudiantes, sino delincuentes que se dedicaban a robar y a saquear. ¿que hacen normalistas de Ayotzinapa amenazando y en manifestaciones en Aguascalientes? ¿sabían que los 43 desaparecidos eran ‘normalistas’ que se dedicaban a robar y saquear? Espero nunca les afecte una ‘manifestación pacífica’ de esa bola de parásitos, escorias y por cierto, ustedes les pagan muy bien al año su educación. Luego por qué los desaparecen” (Miranda, 2017; Bañuelos, 2017a).

En el mismo sentido, el propio diario digital recogió y replicó la publicación de las redes sociales de un exdiputado panista y ex coordinador de delegaciones del ayuntamiento de Aguascalientes, mejor conocido como “ele palito equis” por su incapacidad para leer los números romanos que definían a la LIX Legislatura del Congreso del Estado de Aguascalientes, a la cual pertenecía. Éste, inconforme con los estudiantes normalistas rurales, respondió a comentarios expresados en otras cuentas que además de comparar al estudiantado como “El nuevo EZLN”, también reprobaban sus formas de lucha, asegurando que “una cosa es manifestación y otra es delinquir y estos tal parece (sic) que son delincuentes y no estudiantes… demuestren su educación”. Lo hizo al responder que “Nosotros como ciudadanos si las/los vemos debemos ponerles en la madre, a nosotros nos cuesta de nuestros impuestos repintar todas sus estupideces” (López, 2017).

De la misma manera, para contribuir en el nado sincronizado que pretendía la creación en el imaginario colectivo, de una idea negativa del estudiantado normalista, una persona de nombre María de Jesús Díaz Marmolejo, quien además de ser asesora de la Presidenta Municipal de Aguascalientes había sido delegada municipal en Cañada Honda -lugar donde se asienta la Normal Rural- puso su granito de arena con la siguiente aportación: “Ches locas amigo es una tristeza que ese tipo de gente disque están estudiando hagan destrozos en nuestro municipio capital sin medir las consecuencias que pena que estemos padeciendo los ciudadanos a esas locas enjauladas” (Bañuelos, 2017b, párr. 4).

A manera de conclusión

Como hemos visto hasta aquí, además de que no se trata de un tema novedoso, el cultivo de la demonización del magisterio y estudiantes de las escuelas Normales parece tener su origen en funcionarios y autoridades desde el comienzo de los años cuarenta. Así lo observamos cuando a fines de los años cincuenta del siglo pasado, en el contexto del Plan de Once Años, Jaime Torres Bodet, entonces secretario de educación pública, a pesar de haber dicho que veía en los libros de texto una oportunidad para dejar atrás “expresiones que susciten rencores, u odios, prejuicios y estériles controversias” (Torres, citado en Padilla, 2023), en alusión a la educación socialista; más adelante fue él mismo quien se encargó de catalogar a los maestros que se encontraban en huelga por el cierre del internado de la Escuela Nacional de Maestros y establecimiento del servicio social como mecanismo para atender la falta de maestros en el campo, señalándolos como una generación engreída. También llegó a considerar que las becas no eran cuestión de justicia, sino que dependían del comportamiento de los estudiantes y, en esta lógica, los internados tenían el efecto tóxico de distraer a los estudiantes de sus deberes patrióticos (Padilla, 2023).

En el mismo sentido, y para advertir otra muestra del desprecio y arrogancia con que se ha tratado al magisterio y a los estudiantes en México, en el marco de la huelga de la Escuela Nacional de Maestros de 1959, cuando los maestros manifestaron su indignación por las decisiones tomadas por la autoridad, una huelga rápidamente calificada por la prensa como de una conspiración comunista, Jaime Torres Bodet se referiría a los estudiantes como “energúmenos jactanciosos” y, sobre la comisión negociadora de maestros que visitó su oficina, se atrevió a afirmar que “nunca me habían rodeado tantas chamarras sucias, tantas camisas huérfanas de corbata, tantas uñas luctuosas y tantas melenas que parecían, por despeinadas, simbolizar las ideas de quienes las agitaban garbosamente” (Torres, citado en Padilla, 2023, p. 165).

Años después encontramos los comentarios que se hicieron en un periódico de Aguascalientes cuando, al referirse a las manifestaciones de los normalistas rurales en las protestas desprendidas de la matanza del 2 de octubre de 1968 en Tlatelolco, los describe como “jóvenes sucios, mugrosos que visten con harapos” (El Sol del Centro, 4 de octubre de 1968). O aquellas palabras con las que unos días antes, Gustavo Díaz Ordaz se refería a los estudiantes universitarios como “malagradecidos y manipulables por su idealismo ingenuo, por su vago e informe deseo de cambiar las cosas” (Aguayo, 2018, p. 47).

En ese contexto, la Secretaría de Gobernación había escrito a todos los medios de divulgación pidiéndoles que evitaran el uso de los términos estudiantes o conflicto estudiantil y que, en todo caso, utilizaran los adjetivos: conjurados, terroristas, guerrilleros, agitadores, anarquistas, apátridas, mercenarios, traidores, mercenarios extranjeros, facinerosos (Aguayo, 2018, p. 55). Finalmente, en sus memorias, Gustavo Díaz Ordaz trata a los estudiantes de “hijos de la chingada, parásitos chupasangre, pedigüeños cínicos, carroña” (Aguayo, 2018, p. 117).

Referencias

AGENRJSM [Archivo General de la Escuela Normal Rural Justo Sierra Méndez]. (1940, 30 de enero). Circular Número 18, Que ponga todo su empeño para evitar problemas que entorpezcan la buena marcha de la Escuela [Mario Aguilera Dorantes, caja 22, 1938-1943, SEP, DEANR. Aguascalientes, México.

AGENRJSM (1940, 28 de marzo). Circular Número 34, A los Directores de las Escuelas Regionales Campesinas [Mario Aguilera Dorantes, caja 22, 1938-1943, SEP, DEANR]. Aguascalientes, México.

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