Desplazados climáticos en el contexto neoliberal: un ciclo de degradación

Climate displaced persons in the neoliberal context: a cycle of socio-environmental degradation

A lo largo de la historia, las migraciones de grupos humanos han sido una parte natural del desarrollo de las civilizaciones. Sin embargo, es a partir del siglo XX cuando aumentaron en gran medida, ya que fueron adquiriendo aspectos socioeconómicos, sanitarios, ecológicos y políticos cada vez más relevantes (Kane, 1995), además de que el fenómeno de la globalización facilita, en cierta medida, estos movimientos. Actualmente, individuos en todo el mundo se mueven buscando mejores condiciones de vida y ya son, aproximadamente, 200 millones las personas que viven fuera de su país de origen.

Los motivos por los que las personas eligen o se ven forzados a desplazarse son variados, pero están siempre relacionados con hallar una mejor calidad de vida que la que se tenía previamente. De acuerdo con Castillo (2011) los Estados en crisis, como lo son muchas regiones de México, son productores de migrantes tanto políticos como económicos y ambientales, y muchas veces no es fácil distinguir claramente unas causas de otras. Por este motivo, la cuestión ambiental no suele identificarse, aun por los mismos migrantes, como un motivo principal para desplazarse; a pesar de que en muchas ocasiones la pobreza y el desempleo estén generados por la degradación ambiental.

Es por ello que la definición de migrantes ambientales no se formuló sino hasta 1985, como “aquellas personas forzadas a dejar su hábitat tradicional de forma temporal o permanente, debido a disrupciones ambientales que llegaran a afectar su existencia o calidad de vida” (El-Hinnawi, 1985). Desde entonces, ha habido varios intentos de clasificar a los migrantes ambientales, por ejemplo, según su capacidad decisoria a la hora de migrar, la duración de la migración y sus causas. Un estudio financiado por el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente clasifica a los migrantes ambientales en tres categorías, de las cuales aquí se incluyen dos:

Medio Ambiente

1. 1. Los que han sido desplazados por desastres naturales, como pueden ser terremotos o huracanes. A estas personas se las suele denominar «desplazados ambientales» frente a los «refugiados ambientales» que tendrían pocas garantías de retorno.

   Los que han sido desplazados por deterioración ambiental, en búsqueda de una mejor calidad de vida cuando su territorio es incapaz de proveer las necesidades mínimas debido a una degradación progresiva. (Bates, 2002). El deterioro ambiental se define como el resultado de la interacción de elementos naturales y humanos ligados con la modificación del ambiente en el sentido de pérdida de sus cualidades, y expresado finalmente como un decremento de bienes y servicios a las poblaciones humanas (Landa, Meave & Carabias, 1997).

Para efectos de esta investigación, se hará un énfasis en los que se ven forzados a cambiar su lugar de residencia, ya sea por desastres naturales o por deterioración ambiental progresiva; ya que esta última se ha vuelto cada vez más frecuente debido a las manifestaciones de los efectos del cambio climático. Es aquí que se hace una modificación en el concepto al llamarlos migrantes ambientales, para pasar a ser migrantes climáticos, o de forma más acertada para el contexto sociopolítico actual, refugiados o desplazados climáticos. Sobre el tema de la correcta terminología se discutirá a fondo más adelante.

El objetivo general del presente artículo no es discutir sobre los tipos de migraciones climáticas que se presentan, sino mostrar evidencia documental de cómo este tipo de desplazamientos no pueden ni deben verse solamente desde un lente ambiental, sino desde todo el contexto social, político y económico en el que se desenvuelven; sobre todo en cuanto a las relaciones políticas y económicas desiguales que se dan entre las regiones cuyos habitantes son sujetos a emigrar contra aquellas que se convierten en las receptoras de migrantes.

De acuerdo con Turhan & Armiero:

“Debe de estar claro que la migración es una externalidad de las intervenciones militares, guerras, imposición de reformas estructurales, destrucción de viviendas por violencia o cambio climático e imperialismo corporativo que ha desposeído y continúa desposeyendo a las personas. Todos estos factores están entrelazados y, por lo tanto, los impactos del cambio climático y la degradación ambiental no pueden ser separados de las estructuras sociales, políticas y económicas del capitalismo neoliberal en el que están sujetas las vidas de las personas” (2017, p.112).

Un término muy importante en la declaración anterior es el de “externalidad”, que se define como los fenómenos secundarios que ocurren a causa de actividades económicas, pero que no son contabilizadas en sus operaciones: son externas al mercado. Como tales interacciones no operan a través del mercado, los beneficios o costos que ellas provocan no tienen un precio (Bifani, 2007). Las externalidades están directamente relacionadas con la práctica del eco-dumping o dumping-ecológico. Se dice que un país incurre en ella cuando obtiene competitividad internacional gracias a una regulación ambiental laxa en la producción de un bien (Xinpeng, 1999). Es así como se da un aprovechamiento de las pocas regulaciones ambientales del propio país para reducir costos y, consecuentemente, ofrecer precios más competitivos que los de los productores del país de destino, que deben asumir la carga impositiva que tiene la producción en condiciones de una legislación ambiental más exigente.

La presencia de externalidades está estrechamente vinculada con la inexistencia de un mercado para ciertos bienes y servicios, en particular recursos naturales y servicios intangibles. Por ejemplo, los residuos que una industria vierte al río, aunque esté lejos de una ciudad, afectan indirectamente a los ciudadanos, pues se pierde un espacio de ocio y además se vuelve necesario depurar el agua para su consumo, volviendo más caro el proceso para los organismos reguladores de agua y saneamiento de las ciudades. Este fenómeno de la economía revela fallas en el mercado y son una causa fundamental de divergencia entre el bienestar social y privado, o dicho en otras palabras, de que algunos se beneficien a costa del bienestar del resto, ya que los costos no asumidos son traspasados a otros, frecuentemente a la sociedad en general. De acuerdo con economistas como Bifani (2007), esta falla es razón suficiente para justificar formas de intervención económica.

Esta manera en que se ha manifestado el sistema socioeconómico actual, caracterizado por dicha falta de regulación adecuada del Estado en los mercados internacionales, ha sido una gran causante de la degradación ambiental que se vive actualmente; específicamente en cuanto a sus formas de hiper industrialización extractivista y en cómo ha alterado la relación que tenemos, como seres humanos, con la naturaleza. Cuando se habla de extractivismo, se hace referencia a un tipo de extracción de recursos naturales, en gran volumen o alta intensidad, que están orientados esencialmente a ser exportados como materias primas sin procesar, o con un procesamiento mínimo. Se considera que la orientación exportadora prevalece cuando al menos el 50% del recurso extraído es destinado al comercio exterior (Gudynas, 2015). El extractivismo parte de una mirada local, ya que se enfoca en territorios con comunidades afectadas y ecosistemas alterados, pero también contiene una dimensión global, ya que reconoce que esa apropiación tiene un destino que se orienta al comercio exterior.

Procesos económicos como el extractivismo, son los que guían la forma en que, como seres humanos, vemos, tratamos y nos relacionamos con la naturaleza y nuestro entorno natural. Desde el estudio de la antropología ambiental, a esta mirada aprendida se le conoce como dualismo, y fundamenta que hay una distinción elemental entre humanos y naturaleza: los humanos están separados y son superiores a ella por ser sujetos con espíritu, mente y agencia, mientras que la naturaleza es un objeto inerte y mecánico.

De esta perspectiva antropocéntrica contrasta la teoría animista, donde las personas no ven una distinción entre ellos y el resto del mundo viviente; se reconocía la profunda interdependencia con los ríos, bosques, animales y plantas, incluso con el planeta mismo, a los cuales veían como equivalentes. De acuerdo con algunos antropólogos, fue así cómo operaron las personas por la mayor parte de la historia humana, hasta que, después del Siglo XVI, aquellos que prepararon el camino del capitalismo, convencieron o forzaron a las personas a convertirse en dualistas (Hickel, 2020). Esta filosofía es por lo tanto responsable, a un nivel profundo y estructural, de la crisis ecológica actual. Al ver al medio ambiente a través de una visión dualista, basada en extraer recursos y generar emisiones y desechos con el único objetivo de un constante e infinito crecimiento económico, no solamente se degrada al medio ambiente y se aumentan los efectos del cambio climático, sino que también se crean grandes desigualdades en la distribución económica de la población.

Por lo tanto, la presente investigación tendrá como objetivo general demostrar cómo es que el crecimiento económico, en un contexto capitalista y neoliberal; ocasiona la crisis climática y, por lo tanto, da lugar a que existan los desplazados climáticos, a veces incluso beneficiándose de ello, como se verá posteriormente. De forma adicional, se incluyen recomendaciones políticas y sociales para enfrentar el problema, sobre todo desde lo que se puede hacer en nombre de la justicia social y climática y por medio de acciones para la mitigación y adaptación al cambio climático dentro de las regiones vulnerables.

¿Migrantes, refugiados o desplazados?

Hay una gran diferencia entre cómo se conceptualizan a los migrantes y a los refugiados, y esta diferencia, en su aplicación legal, es muy importante para los Estados. De acuerdo con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados (UNHCR, 2016), los refugiados son personas que huyen de conflictos armados o persecución. Su situación es tan intolerable que cruzan bordes nacionales para buscar refugio en países cercanos, y ser reconocidos como tal les otorga asistencia de los Estados y organizaciones, debido a que es muy peligroso regresar a su lugar de origen. En Derecho Internacional, los refugiados son protegidos por la Convención de Refugiados de 1951, su Protocolo de 1967 y demás textos legales.

Por su parte, los migrantes más bien deciden moverse, no por una amenaza directa de persecución o peligro de muerte, sino para mejorar su calidad de vida, ya sea por trabajo, educación o reunión familiar (Guerrero-Vega, 2020). A diferencia de los refugiados, que no pueden regresar de forma segura a su lugar de origen, los migrantes no tienen impedimentos para regresar (UNHCR, 2016). Para los gobiernos, esta distinción es importante, ya que manejan las situaciones bajo procesos muy diferentes. En el caso de los migrantes, aplican las leyes nacionales de migración, y con los refugiados, aplican normas de protección a refugiados y asilo que se definen no solo en leyes nacionales, sino también en internacionales.

Bajo este contexto, ¿cuál es el término correcto para referirse a aquellos que se desplazan por motivos climáticos? Ha habido cambios en el discurso que se da a nivel internacional al respecto. Desde las Naciones Unidas, se construyó el término de “refugiados ambientales” como víctimas indefensas de un cambio climático que no ocasionaron, y que necesitan asistencia internacional de forma urgente (McNamara, 2006). Desde esta concepción, las consecuencias del cambio climático, como lo son el aumento del nivel del mar, desastres naturales más intensos o la desertificación de tierras agrícolas, se consideran inductores de migración (Rodríguez y Gissi, 2020). Sin embargo, a pesar de no ser perseguidos o amenazados como los refugiados, no se les puede llamar migrantes, ya que la decisión de moverse no es libre, sino que se ven forzados a hacerlo por volverse insostenible vivir en su lugar de origen.

Por tal motivo, la terminología más aceptada es la de “desplazados climáticos”, ya que ni deciden irse por cuenta propia ni son perseguidos violentamente fuera de sus tierras de la forma convencional con la que se trata a los refugiados. Para entender cómo esta conceptualización es un cambio de paradigma en la manera en que se tratan las migraciones ocasionadas por el cambio climático, se necesita conocer más a fondo el contexto en el que ocurren las relaciones internacionales y políticas entre las regiones donde ocurren estos desplazamientos.

Injusticias ambientales y climáticas históricas

Debido a la globalización, las vidas de prácticamente todas las personas están sujetas a las estructuras sociopolíticas impuestas por el capitalismo neoliberal de los países desarrollados, comúnmente llamados “de primer mundo” o categorizados como del “Norte Global” debido a que todos, con excepción de Australia, están ubicados geográficamente al norte del trópico. En su contraparte, están los países del “Sur Global”, término utilizado para referirse a los países en vías de desarrollo (Mitlin, D. y Satterthwaite, D., 2012).

Esta contrastante división del mundo, que es más económica y política que geográfica, data a siglos atrás, con el inicio y desarrollo del colonialismo. Hay un enorme flujo de recursos naturales que se mueven de los países pobres a los países ricos. Los patrones de extracción que caracterizaron al colonialismo se mantienen en gran medida hoy en día. Pero esta vez, en vez de ser tomados por la fuerza, estos recursos son entregados por los gobiernos que se vieron forzados a volverse dependientes de la inversión extranjera en sus países y que están atados a los imperativos del crecimiento capitalista (Hickel, 2020).

Los efectos de estos procesos históricos se reproducen actualmente a través del imperialismo económico y del extractivismo de los países del Norte al Sur global, principalmente mediante la extracción de recursos naturales y minerales, además de trabajos de labor humana mal pagados. Esta dinámica, de acuerdo con Faber & Schlegel (2017), director del Northeastern Environmental Justice Research Collaborative, da lugar a muchas injusticias y violaciones a los derechos humanos, y en el caso de las injusticias climáticas, estas se manifiestan de tres maneras.

En primer lugar, las injusticias son desplazadas por parte de los estados y líderes económicos de forma desproporcionada hacia los sectores más vulnerables de la sociedad. Este efecto ocurre de forma interna en los Estados, donde los centros urbanos reciben mayor apoyo económico que las zonas rurales y marginadas. Al hacer esto, la carga se vuelve todavía mayor para las comunidades que son de por sí ya vulnerables, quienes son usualmente los primeros en verse afectados por los efectos del cambio climático. Para ilustrarlo, se puede ver el caso de la montaña de Guerrero, región indígena con un índice de pobreza extrema del 94%, que en 2013 fue afectada por los huracanes Ingrid y Manuel (Delgadillo, 2021). En esta zona ya había degradación del suelo por deforestación de la industria maderera, por lo que la lluvia torrencial de los dos huracanes ocasionó deslaves y la tierra quedó inservible para producir. En este caso, lo que empezó por deterioro ambiental, se fue intensificando por las condiciones sociales preexistentes.

A pesar del grave daño que habían sufrido, tuvieron nulo apoyo del Estado para afrontar la emergencia, ya que no recibieron respuesta de las autoridades federales ni estatales. Posteriormente, debido a que sus tierras ya no eran cultivables por la erosión sufrida, cerca de 200 personas de la comunidad decidieron desplazarse a otro municipio, donde abrieron un campamento, pero fueron finalmente desalojados de forma violenta por ser un terreno privado (Delgadillo, 2021). A pesar de que ya va a cumplirse una década desde aquellos huracanes, las condiciones de vida de las comunidades indígenas de Guerrero siguen sin mejorar; unos 800 indígenas partieron el 6 de noviembre de 2022 en 14 autobuses a los campos agrícolas de Sinaloa y Guanajuato, donde trabajarán durante los próximos seis meses ante la falta de apoyos en su entidad. El Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, el cual lleva los registros, expuso que incluso van familias con niños y niñas y que hasta octubre pasado tenían documentada la partida de 15 mil habitantes (La Jornada, 2022). El abandono institucional a los sectores rurales vulnerables sigue estando presente y aunado a ello, está la necesidad de desplazarse no solo por cuestiones ambientales, sino también por violencia.

La segunda forma en que se manifiestan las injusticias climáticas es en que estas se relegan de los países más ricos a los países pobres. Es en los países del Norte Global donde más se generan emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) y de dióxido de carbono equivalente (CO2e), pero para lograrlo dependen activamente de la extracción de recursos del Sur Global. Desde la narrativa dominante, se hace un enfoque en las emisiones territoriales de los países, y bajo esta métrica China siempre lidera las listas al emitir cerca de 10.3 gigatoneladas de CO2, casi el doble que Estados Unidos, e India emite más que países altamente industrializados como Rusia y Japón (Hickel, 2020).

Sin embargo, hay varios problemas con este enfoque, empezando porque no hace una corrección al tamaño de la población del país. Visto en términos per cápita, la historia cambia completamente: India emite solamente 1.9 toneladas de CO2 por persona, China 8 y Estados Unidos más de 16. Asimismo, se debe considerar que los países desarrollados empezaron a hacer outsourcing de su producción industrial hacia países en desarrollo, exitosamente quitándose la responsabilidad territorial de las emisiones que corresponden a dichos procesos. Por lo tanto, para hacer una medición más certera de la responsabilidad climática por país, se tienen que tomar en cuenta las emisiones basadas en el consumo.

A lo anterior se le debe de sumar también otro aspecto de gran relevancia que muchas veces se pasa por alto: no se trata solamente de las emisiones anuales, sino del registro histórico de emisiones. Las partículas contaminantes que se emitieron hace 100 años no han desaparecido, siguen en la atmósfera y deben de contabilizarse para poder hacer una medición más certera. Al tomar estos tres factores en cuenta y hacer un recálculo de las emisiones históricas por país, el contexto cambia por completo y se vuelve evidente que el Norte Global es responsable por cerca del 92% del daño causado, como se puede observar en la Figura 1, donde En esta medición se incluyen las emisiones territoriales y también las emisiones basadas en consumo, que pueden darse en otras regiones. Los países del Sur Global, sin el peso de las industrias extranjeras instaladas dentro de sus fronteras, contribuyen, combinados, a solamente el 8% de las emisiones (Hickel, 2020).

Finalmente, la tercera dinámica por medio de la cual se manifiestan las injusticias climáticas trata sobre la injusticia intergeneracional que se pasa de las generaciones actuales a las futuras, que aún no tienen voz propia para defenderse (Faber & Schlegel, 2017). Las generaciones futuras, quienes todavía no ven la luz del día o son todavía muy jóvenes para entender las afectaciones que tendrá el cambio climático en sus vidas, nada pueden hacer para cambiar las decisiones que se han tomado en las últimas décadas y que aun actualmente, continúan por el mismo rumbo. Por ejemplo, en América Latina y el Caribe, se estima que 169 millones de niños, niñas y adolescentes viven en zonas donde se superponen al menos dos crisis climáticas y ambientales (UNICEF, 2021).

Sobre este mismo tema, puede hablarse de las externalidades intergeneracionales: aquellas que maduran lentamente y se materializan en el futuro, principalmente cuando los agentes económicos desconocen o no tienen información sobre la existencia de sus externalidades, sus causas y sus consecuencias; o que la información es parcial y/o conocida sólo por uno de los agentes (Bifani, 2007). Puede verse como ejemplo el efecto desconocido que tenían los clorofluorocarburos (CFC) en la capa de ozono, que tuvo costos ambientales y climáticos muy altos en su momento, hasta que se tomó acción con la adopción en 1987 del Protocolo de Montreal. La prohibición de los CFC entró en vigor en 1989, y los niveles de ozono se estabilizaron a mediados de los años noventa y empezaron a recuperarse en los años 2000. Hasta la fecha, el Protocolo de Montreal se reconoce como uno de los acuerdos en política ambiental internacional más exitosos.

Lo mismo ocurría con los GEI y su, al inicio, desconocido impacto en el clima. Pero, a diferencia de los CFC, que se generaban principalmente por su uso como refrigerantes, los GEI se emiten en prácticamente cada momento de las actividades económicas, empezando por la generación de energía. Su uso intensivo y, sobre todo, la dependencia económica que existe hacia los procesos de quema de carbono, vuelven mucho más complicada una regularización adecuada o prohibición, como sí pudo hacerse con los CFC en el Protocolo de Montreal.

A lo anterior, debe de sumarse el hecho de que sus consecuencias negativas no eran desconocidas, sino que fueron intencionalmente escondidas por sus emisores durante años: de acuerdo con una investigación hecha por InsideClimate, Los Angeles Times y la Escuela de Periodismo de Columbia, el gigante de los combustibles fósiles ExxonMobil, sabía por investigaciones propias sobre los efectos negativos del cambio climático desde los años setenta. A pesar de tener esta información, a partir de finales de los años ochenta Exxon no solo dejó de hacer investigaciones al respecto, sino que procedió a hacer una gran campaña de negacionismo climático, poniendo en duda la realidad del calentamiento global que sus propios científicos habían confirmado en un inicio (Banerjee et al., 2015).

Todos estos efectos se han ido desplazando a las siguientes generaciones, quienes no pueden hacer nada sobre decisiones tomadas desde antes de haber nacido; y a las generaciones futuras que todavía no tienen voz para denunciar ni actuar contra los efectos más catastróficos situados en las circunstancias en las que se verán obligados a vivir. Es evidente, por lo tanto, que las dinámicas que son naturales al capitalismo neoliberal convierten a las clases populares en las más vulnerables a los efectos del cambio climático, y a los segmentos más marginalizados en los que sufren los impactos más graves, a pesar de no ser quienes lo provocan.

El capitalismo neoliberal como factor de migraciones

De acuerdo con Faber & Schlegel (2017), existen cuatro mecanismos por medio de los cuales el capitalismo neoliberal causa la crisis de desplazados climáticos. Primeramente, porque la degradación ambiental diaria que se ocasiona para poder sostener los procesos productivos e industriales hace que los desastres naturales y fenómenos climáticos se den de forma más frecuente y severa. Como ejemplo, se puede destacar que, en 2021, 1481 municipios de México registraron sequía. De ellos, el 63.67% registraron alguna sequía larga, es decir, una sequía que duró más de seis meses. En niveles, esta es la cifra más alta en los últimos quince años (Animal Político, 2021), denotando que es un país que se ve cada vez más afectado por estrés hídrico. Este puede definirse como la proporción entre extracción y disponibilidad de agua, usándose esta medida para definir qué tan escaso es el recurso para la población, y, por ende, cuánto los distintos usos para ella compiten entre sí.

El segundo mecanismo en orden es que el desarrollo capitalista está resultando en un incrementado empobrecimiento social y ecológico de las clases populares, volviéndolos más vulnerables a los impactos del cambio climático. Este sistema económico facilita la capitalización de la naturaleza y la expropiación de espacios naturales en el Sur Global (Faber & Schlegel, 2017). Para evitar una sobreexplotación de la naturaleza, se han puesto en vigor diversas leyes, normas y regulaciones ambientales tanto dentro de los estados como a nivel internacional, fomentando un desarrollo sustentable. Sin embargo, la diferenciación entre el norte y el sur puede verse también en este ámbito, donde a mayor proteccionismo del mundo desarrollado, el mundo en desarrollo debe responder con más apertura en los mercados. Por este motivo, muchas veces las políticas ambientales de los países en vías de desarrollo no logran ser suficientes para realmente proteger al medio ambiente, ya que no logran contrarrestar los beneficios económicos resultantes de la explotación y comercialización de sus recursos, tanto naturales como humanos.

Además, a ello se le pueden sumar las estrategias de flexibilización ambiental de los extractivismos, que se dan cuando los gobiernos de los mismos países en desarrollo aceptan que los controles ambientales entorpecen la inversión y la promoción productiva y proceden a bajar los estándares ambientales, tolerar excepcionalidades, o debilitar el control de las instituciones de protección al ambiente, con ello generando la ilusión que nunca se dejan de cumplir las normas y se están siguiendo los controles adecuados (Gudynas, 2015).

Un caso que ilustra este tipo de situaciones puede verse con las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte -TLCAN en 1999 y sus resultados asimétricos en los tres países que lo adoptaron. El interés de Estados Unidos era obtener de México todas las concesiones que estuviera dispuesto a otorgarle, y México estaba dispuesto a lograr el acuerdo a cualquier precio, resultando en una profunda liberalización de la economía mexicana, mientras que en Canadá y Estados Unidos la apertura fue mínima (Puyana, 2003).

Por ejemplo, con el caso de la extracción de minerales, gracias a las facilidades de inversión extranjera estipuladas en el TLCAN y a la Ley de Minería que entró en vigor en México el mismo año, más de 105 millones de hectáreas, cercanos al 54% de la superficie del país, fueron concesionadas a la industria minera transnacional entre 1994 y 2016 (Guzmán, 2018). La cantidad de minerales que se han extraído desde entonces es monumental: entre 2001 y 2010 se extrajo “el doble de oro y la mitad de plata que la Corona Española atesoró en trescientos años de conquista y colonia” (Bellota, 2017).

Para analizar de forma más acertada a la megaminería, es importante destacar que es de las industrias que más agua requieren y contaminan. En el 2014, 417 empresas mineras en el país sumaban títulos de aprovechamiento de agua equivalentes a más de 436 millones de m3 al año (CONAGUA, 2014), suficientes para asegurar el derecho humano al agua para aproximadamente 11 millones de personas. Este dato se vuelve todavía más preocupante si se considera que, como se mencionó anteriormente, México es un país con gran estrés hídrico a lo largo de su territorio, y a pesar de ello se le da mayor prioridad al agua destinada a la industria que para la subsistencia de la sociedad en general.

Estos temas se han tratado en México desde hace décadas; en 1981 se celebró en el Colegio de México, junto con el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente -PNUMA y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe -CEPAL, el Seminario “Desarrollo y Medio Ambiente en el contexto del Nuevo Orden Económico Internacional y las negociaciones Norte-Sur”. Aquí se insistió en “la necesidad de encontrar estilos alternativos que propendan a mejorar la calidad de vida -y no solo a aumentar el crecimiento económico- para las actuales y futuras generaciones”, desde el convencimiento de que “existe aún una potencialidad no aprovechada del ecosistema global que permitiría mejorar el nivel de vida de los sectores populares pobres” si se hacía “un uso más racional y productivo de los recursos de la tierra y una distribución más equitativa de los beneficios obtenidos de los procesos productivos” (Sánchez, 1982).

La adquisición de tierras y recursos naturales por parte del capital trasnacional, gobiernos corruptos, fuerzas militares y élites aliadas a corporaciones multinacionales; restringen el acceso a los medios de subsistencia, como lo son los ríos y océanos para la pesca, las tierras agrícolas, los bosques, y el agua potable. Dado que las personas marginadas no tienen las condiciones suficientes de resiliencia ni de recuperación y, además, reciben poco apoyo del estado, su capacidad para recuperarse de las crisis es mínima, ya sea que se hayan creado por conflicto, colapso de los mercados, degradación de la tierra, represión política o cambio climático (Smith, 2006).

El tercer proceso en marcha es que la globalización está creando paisajes cada vez más degradados, reduciendo la resiliencia de los ecosistemas existentes y, por lo tanto, magnificando los efectos del cambio climático. Por ejemplo, la deforestación da lugar a que se pierda cobertura forestal, y que cuando se generen incendios forestales, ya sean antropogénicos o naturales, el fuego se propague con mayor facilidad, degradando aún más la tierra en cuestión. Dicho suelo erosionado posteriormente no podrá retener tanto el agua cuando llueva, empeorando las sequías y la desertificación, pero también convirtiendo lo que podría ser una lluvia fuerte pero inofensiva en una inundación devastadora. Este proceso se ha visto en años muy recientes en la Zona Metropolitana de Monterrey, México, donde a pesar de ser una zona semidesértica, cuando hay fuertes lluvias la ciudad se inunda debido a una falta de infraestructura pluvial, en muchas ocasiones posterior a una época de sequía grave.

Por último, el cambio climático está funcionando como una herramienta para el control social y el desplazamiento en masa por parte de los poderes políticos, especialmente aquellos que están al servicio del capital global. Haciendo honor a su nombre, el capitalismo logra encontrar la forma de capitalizar las desigualdades, y el cambio climático en sí mismo se está convirtiendo en un medio de control social al servicio del capital. En este sentido, el empobrecimiento social y ecológico de las clases sociales bajas, agravado por el cambio climático, se vuelve una ventaja para el capital doméstico y transnacional, ya que crea mano de obra barata para plantaciones, minería y manufactura de productos para la exportación internacional (Faber, 2017).

De esta forma, el cambio climático antropogénico es generado por el capitalismo neoliberal, forzando a las personas a desplazarse para seguir sirviendo al capital, y de esta forma aumentando las emisiones de gases de dióxido de carbono, descargas de aguas contaminadas y residuos que se desechan al medio ambiente. En este ciclo donde el objetivo está siempre puesto en el crecimiento económico, ¿qué puede hacerse entonces para reducir los efectos del cambio climático y así, reducir el flujo de refugiados climáticos? Mucho tiene que ver con lo que se ha estado mencionando a lo largo de este artículo: una justicia restaurativa que tome en cuenta a los países y regiones más afectados por la crisis climática y a aquellos que, a lo largo de la historia, han sido responsables de emitir una mayor cantidad de emisiones de GEI a la atmósfera.

Sobre las pérdidas y daños

De acuerdo con el PNUMA, el término de pérdidas y daños se refiere a las consecuencias negativas que surgen de los riesgos inevitables del cambio climático, como lo son el alza del nivel del mar, las olas de calor prolongadas, la desertificación, la acidificación de los océanos, y eventos extremos como incendios forestales, extinción de especies y pérdidas masivas de cultivos (Brusco, 2004). Los países en desarrollo y aquellos que están en las zonas más afectadas por el cambio climático, llevan décadas empujando en las cumbres anuales del clima (Conferencia de las Partes, por sus siglas en inglés, COP) distintas políticas de financiamiento sobre pérdidas y daños.

En la COP 27, que se llevó a cabo en Egipto en 2022, finalmente se aprobó el “Loss and Damage Fund”: el Fondo de Pérdidas y Daños. Este fondo busca proveer asistencia financiera a las naciones más vulnerables e impactadas por los efectos del cambio climático, y debe de estar conectado directamente a los esfuerzos de mitigación y adaptación. Para poder construir la resiliencia necesaria para soportar los impactos del cambio climático, es esencial que dicha adaptación sea con un enfoque en las comunidades y basado en los ecosistemas locales de donde se implementan (PNUMA, citado en Brusco, 2004).

Durante las negociaciones de esta cumbre, siete países desarrollados (Alemania, Reino Unido, Escocia, Nueva Zelanda, Bélgica, Austria y Canadá), mostraron su solidaridad y se comprometieron a invertir cerca de 275 MDD en financiamiento para pérdidas y daños, la mayoría dirigidos a la nueva iniciativa “Global Shield against Climate Risks”, que se firmó con algunos países en desarrollo del llamado “Vulnerable Twenty Group”, naciones desproporcionadamente afectados por las consecuencias del cambio climático (Stuart-Watt, 2022). Este acuerdo fue muy remarcable por ser la primera vez que países desarrollados afirmaron formalmente que los fondos para pérdidas y daños eran, hasta el momento, insuficientes; y que era urgente que hubiera un nuevo financiamiento destinado a ello.

En la esfera de las discusiones sobre cambio climático, se considera que este es el camino indicado para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio climático desde una perspectiva de justicia social. Sin embargo, lo que se logró en la COP 27 es apenas el inicio de este proceso y el establecimiento de los mecanismos específicos que se tomarán para actuar para ello será una parte fundamental de las negociaciones de la próxima COP en Dubai. El reto será entonces que los negociadores diplomáticos puedan llegar a un acuerdo sobre cómo va a funcionar este mecanismo de financiamiento: quiénes van a pagar qué cantidad a qué países y qué tipo de intervenciones de pérdidas y daños serán elegibles para aplicar a este fondo.

Diseño

El presente es un estudio exploratorio sobre cómo se han dado los desplazamientos ambientales y climáticos dentro del contexto del capitalismo neoliberal en el cual se encuentra nuestro mundo globalizado. La investigación en la que se origina este artículo se realizó desde un enfoque cualitativo, con una metodología cualitativa de tipo analítica. Las categorías trabajadas son las relaciones e interdependencias que existen entre el capitalismo neoliberal, la migración, la crisis climática, y la respuesta política de los estados a ellas (Louidor, 2020). Dichas categorías nacen de la investigación de diversos artículos revisados en los temas implicados, por lo que el análisis se hace desde medios documentales. Para asegurar diversidad en las fuentes documentales, se aseguró de revisar artículos y libros que estuvieran escritos desde distintos países y con diferentes perspectivas políticas, con el objetivo de tener mayor objetividad en los temas tratados.

De acuerdo con Hernández Sampieri (2014), el muestreo cualitativo debe tener un objetivo central en el cual se deben seleccionar ambientes y casos o unidades que nos ayuden a entender con mayor profundidad un fenómeno y aprender de éste. Por dicha razón, se eligió como objetivo principal el demostrar que el capitalismo neoliberal actual, en su búsqueda de crecimiento económico infinito, ocasiona la crisis climática, gestando refugiados ambientales y así creando un ciclo donde se reproduce de forma constante la degradación ambiental.

Participantes

Este análisis considera a los integrantes de los estados-nación que se ven involucrados en los procesos migratorios del Norte y Sur global y en las relaciones de poder político y económico existentes entre dichas regiones. Además, se incluyen los resultados de entrevistas a dos expertos: el Dr. Tuur Ghys, sociólogo e investigador en temas de migración latinoamericana y pobreza, y la Ing. Alicia Landín, investigadora, activista y comunicadora climática.

Procedimiento

Para entender de forma más profunda la problemática, se realiza una recopilación de fuentes secundarias principalmente de artículos de ciencias sociales y de información proveniente de revistas de divulgación científica y libros que documentan al respecto. Sumado a ello, se hicieron entrevistas a dos expertos con el objetivo de comparar sus respuestas, que se dan desde perspectivas académicas diferentes; para así poder analizar en qué aspectos convergen las ideas sobre las causas, implicaciones y posibles soluciones a los problemas derivados de los desplazamientos ocasionados por el cambio climático.

Instrumento

Para diseñar el instrumento, se formuló el objetivo general de la investigación, y con base en él, se desplegaron las categorías que lo integran. Se utiliza la migración como categoría, a pesar de que se mencionó anteriormente que el término más adecuado para el fenómeno climático es desplazamiento, debido a que este concepto puede usarse de forma más general al momento de hacer las preguntas a los expertos. Dichas preguntas se formularon con la intención de encontrar las relaciones entre las categorías establecidas, como se puede observar en la Tabla 1.

Con el objetivo de tener una percepción más extensa del tema, las entrevistas que se realizaron fueron a dos expertos de diferentes áreas de conocimiento, por lo que el enfoque que le dan a sus respectivas respuestas permite entender de una forma más amplia las dimensiones del problema.

Con la primera pregunta, ambos entrevistados coincidieron en que el sistema neoliberal actual crea mano de obra barata, y que este es un fenómeno que tiene su origen en la colonización, ya que actualmente sigue siendo más barato producir en países subdesarrollados donde deliberadamente hay menos regulaciones tanto laborales como ambientales. Por esta misma razón, muchas de dichas regiones llegan a convertirse además en “paraísos contaminantes”, un término conocido en inglés como pollution heaven hypothesis, que estipula que para que los países desarrollados puedan mantener sus grandes ciudades limpias y sustentables, exportan sus residuos y desechos a otros países, a pesar de los efectos negativos que estos puedan tener en la salud de los habitantes.

Otro aspecto que se mencionó es que cuando se habla de los efectos del cambio climático, es muy fácil referirse a grandes desastres naturales y visualizar eventos de destrucción masiva espontánea. Sin embargo, el cambio climático se manifiesta más bien de forma gradual, y son muchas las ciudades y regiones que ya están sufriendo eventos progresivos. Se dio el ejemplo de que, en algunas comunidades de Tabasco, el cambio climático ha provocado que haya cada vez más huracanes en la zona y que, a pesar de que suelen ser pequeños, la alta frecuencia con la que se han estado dando en los últimos años ha ocasionado que los hogares queden gradualmente más desprotegidos con cada huracán que llega a la zona. Eventos como este destacan el cómo no se debe de retratar el cambio climático únicamente desde los efectos de un solo evento catastrófico, sino como una ola constante de acontecimientos acumulados que se dan cada vez con mayor frecuencia e intensidad. La situación es entonces más complicada ya que las comunidades afectadas se vuelven todavía más vulnerables y quedan sin la capacidad de construir resiliencia ante futuros eventos.

Desde un punto de vista sociológico, el Dr. Tuur Ghys argumenta que los desastres naturales pueden ser funcionales al capitalismo. Explica que, como tal, un desastre natural no es benéfico para nadie, sin embargo, menciona que algo es funcional para otras personas cuando este ocasiona un efecto positivo aunque no se espere, eso quiere decir que, no afuerza el concepto de funcional se hace con la intención de obtener ese beneficio ssolo pasa. Se mencionó, por ejemplo, que, si un huracán llega a Haití y destruye la infraestructura y el trabajo de sus comunidades, la situación se vuelve funcional para actores externos que pueden aprovechar que los habitantes de Haití y sus gobernantes están en una posición vulnerable y, en consecuencia, estarían más dispuestos a aceptar acuerdos injustos que en otras circunstancias no aceptarían.

La periodista y activista Naomi Klein explica un fenómeno similar como “la doctrina del shock” (2007), donde actores con mayor poder adquisitivo y político crean situaciones de inestabilidad para poder establecer su ideología sobre alguna región más vulnerable que les sea de interés. Esta inestabilidad confunde a los gobiernos y los deja en un “estado de shock”, de modo que son más propensos a tomar decisiones de política pública equivocadas y a aceptar malas propuestas a sus problemáticas para poder resolverlas lo más pronto posible. Un ejemplo de ello sería tomar un préstamo con altos intereses tras un fuerte desastre natural, aumentando todavía más la deuda externa del país. Al tomar estas decisiones, las condiciones socioeconómicas del país empeoran debido a que el presupuesto que podría utilizarse para aumentar su desarrollo y mejorar la calidad de vida de su población, se destina a pagar deudas y a depender de grandes instituciones bancarias internacionales y las condiciones que ellos les impongan.

Quienes más se ven afectados con estas decisiones son los habitantes del país afectado, en especial su clase trabajadora, que se ve obligada a aceptar peores condiciones laborales, con tal de poder salir adelante de la situación de pobreza a la que se vieron orillados, ya sea por destrucción de sus hogares por desastres naturales o por un aumento del costo de vida tras las decisiones que sus gobiernos tomen de forma desesperada. Es en momentos así donde también llegan a verse obligados a desplazarse, si sus medios de subsistencia anteriores sencillamente ya no están disponibles para ellos y ven un poco de esperanza en moverse a un lugar con mejores condiciones.

De acuerdo con la activista entrevistada para este artículo, este fenómeno no se da solamente en regiones subdesarrolladas y que son previamente vulnerables. Da el ejemplo de cómo la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, una de las ciudades más desarrolladas de América Latina, tiene el potencial de convertirse en una economía de servicios. Sin embargo, se siguen impulsando constantemente grandes inversiones extranjeras en la industria manufacturera, las cuales aumentan la mancha urbana al instalar sus fábricas en los únicos lugares donde todavía hay espacio: cada vez más a las afueras de la ciudad. Todos estos proyectos se imponen sobre las escasas áreas verdes que quedan y generan a su paso más emisiones, las cuales aumentan los efectos negativos del cambio climático; todo con la justificación de crear más empleo buscando aquel crecimiento económico infinito y su idea de que ello aumentará la calidad de vida de sus habitantes, aunque ello signifique destinar más recursos naturales a la industria antes que a la sociedad. En un momento de crisis, ¿cómo es posible que estemos llamando a más manufactura e inversión extranjera cuando vivimos en una crisis hídrica activa?

De acuerdo con el sociólogo entrevistado, para reducir las tasas de migración es necesario que se establezcan políticas climáticas de adaptación y mitigación. La primera puede servir sobre todo para los efectos más graduales del cambio climático, como prevenir la desertificación, las sequías y la pérdida de fertilidad de los suelos. Meniona que al dejar de lado el querer salvar el mundo, nos podriamos enfocar en solucionar la migración a través de la adaptación. El componente adaptativo en las políticas climáticas tiene más impacto al prevenir desgracias y poder proteger a las personas y su infraestructura de desastres naturales y otros efectos climáticos como las olas de calor o las heladas.

En cuanto a mitigación, menciona que generalmente las acciones se dividen en dos categorías: inversión en energías renovables y reducción del consumo. Es en esta segunda categoría, muchas veces relegada, donde él menciona que debería de enfocarse más la atención, debido a que no vamos a resolver la crisis climática simplemente con energías alternativas o limpias, ya que la energía se sigue destinando a alimentar la producción en masa y el consumismo sigue igual o peor. Sin embargo, reducir dichos patrones de consumo es algo que es contradictorio al capitalismo. Enfocándose en la migración, el Dr. Ghys sigue la propuesta de invertir menos en el control de las fronteras y más en desarrollar de forma sustentable las regiones de donde emigran, para que no tengan que irse en primer lugar, tomando así una respuesta más solidaria para con los migrantes.

Por parte de la activista Landín, las vertientes de solución que considera para reducir la migración por cambio climático están direccionadas a las inversiones por pérdidas y daños. Menciona que las inversiones en mitigación indirectas aseguran que las personas puedan generar ciclos de desarrollo sustentables en regiones vulnerables que, en muchas ocasiones, son también aquellas que tienen mayor biodiversidad y sumideros de carbono. Aunado a ello, desplazar a personas de estos espacios que son importantes para la lucha contra el cambio climático, abre la puerta para que haya una mayor degradación ambiental por parte de la explotación capitalista.

Por este mismo motivo, de acuerdo con estudios del World Resources Institute (WRI, 2022) la acción en pérdidas y daños debe de entenderse más allá de la mitigación, rehabilitación y recuperación de los desastres e incluir migración segura, reubicación y seguridad a largo plazo para restablecer las formas de vida de las personas afectadas. Esto se vuelve especialmente relevante debido a que las pérdidas no económicas y los eventos de afectación lenta del cambio climático vuelven más difícil el definir qué situaciones califican para ser acreedoras a inversiones por pérdidas y daños.

El tema de los desplazamientos por cambio climático debe de centrarse en la construcción de resiliencia de las regiones vulnerables con estrategias de adaptación para los efectos negativos que ya son difíciles de mitigar; y así evitar que más personas tengan que desplazarse en busca de mejores oportunidades de vida. Autores como Oli Brown (2007) mencionan que la migración climática debe de verse como un fracaso de la adaptación, no como una forma de ella. Esto se debe de aclarar debido a que hay algunas narrativas en donde se está interpretando a la migración por cambio climático como un acto de resiliencia de las personas afectadas, pasándoles así la responsabilidad a ellos por una mejor vida y permitiéndoles a los responsables librarse de su debida diligencia.

Por lo tanto, en futuras políticas, la migración tiene que estar fuera de las posibilidades aceptables para afrontar el cambio climático; en las políticas sociales, económicas y migratorias debe de haber un balance entre incentivar a las personas a quedarse en sus regiones de origen, pero sin cerrar totalmente la puerta a la migración laboral y al derecho humano a moverse libremente, como se establece en el Artículo 13 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Como bien menciona la antropóloga Hannah Holleman (2018), si queremos el futuro catastrófico que ya está proyectado por los científicos climáticos, solo tenemos que participar y seguir con el “business as usual” que está en pie actualmente. Las “soluciones” actuales que se fomentan de tal manera que no se afecte el crecimiento económico son solo ajustes verdes que, para este punto, sabemos no son suficientes para detener la erosión de la vida en la tierra. En cambio, si queremos elegir un final diferente, tenemos que actuar en maneras que no se han hecho antes, en solidaridad con las personas que aún no conocemos, de una forma lo suficientemente poderosa para cambiar las estructuras actuales de desigualdad social que perpetúan la pobreza para muchos y la riqueza para unos cuantos. Un punto muy esperanzador sobre la acción climática ambiciosa es que supone una mejora en la calidad de vida de la gran mayoría de la población cuando se siguen los principios de la justicia restaurativa y de la distribución equitativa de los recursos naturales y económicos.

Es necesaria una transformación completa de nuestro sistema socioeconómico, y solo puede suceder si todos acordamos poner a las personas sobre el capital; al bienestar social frente a las ganancias económicas, y movernos en una dirección en la que el crecimiento económico no se vea como sinónimo de un aumento en la calidad de vida. Como resultado de los puntos de reflexión sociopolítica de este trabajo, se recomienda continuar con investigaciones de esta índole para recabar más información al respecto y tener mejores planes de acción para el futuro de las personas.

A manera de conclusión general, se puede decir que es necesario que trabajemos por una justicia social y climática en la distribución equitativa de los recursos naturales y económicos y en la remediación histórica de pérdidas y daños, podremos frenar los efectos del cambio climático que están activamente forzando a personas a desplazarse de zonas que, en circunstancias diferentes, seguirían siendo habitables y prósperos por siglos más a venir. Se vuelve así una urgencia presionar a las clases políticas a tomar acción en ello, e incidir en lo que esté a nuestro alcance para hacer que la justicia climática sea una realidad desde nuestro contexto. Además, cabe menconar que el desarrollo sustentable es una excelente oportunidad que se tiene como sociedad para crear empleos e integrar a las personas, y en el ámbito politico, la parte del desarrollo de políticas públicas para poder poner solución a las problemáticas actuales.

Por lo tanto, se exhorta a continuar con investigaciones de esta temática, donde se ven las implicaciones que el cambio climático tiene en los diferentes aspectos, tanto sociales, económicos y medioambientales.