1.- INTRODUCCIÓN

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) es fundamental para el desarrollo sostenible y la creación de valor a largo plazo. Su importancia radica en que promueve una gestión empresarial que trasciende el cumplimiento de las leyes y regulaciones, integrando prácticas que buscan el bienestar social y ambiental. La RSE permite a las empresas fortalecer su reputación, mejorar sus relaciones con las comunidades y los stakeholders, y contribuir a la resolución de problemas sociales y ambientales. Al adoptar una perspectiva de RSE, las empresas no solo responden a las expectativas de sus clientes y empleados, sino que también impulsan un cambio positivo en la sociedad, fomentando un entorno de negocios más ético y sostenible.

Este estudio realiza una revisión documental descriptiva sobre las perspectivas conceptuales de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y su relación con la innovación social. Se exploran los fundamentos teóricos y las políticas públicas tanto nacionales como internacionales que han definido el alcance de las actividades de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en este ámbito. La RSE, reconocida por sus siglas, se examina en el contexto de su alineación con el Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) número 12 de la Agenda 2030, promovida por la Organización de las Naciones Unidas (Naciones Unidas, 2015).

El análisis se estructura en torno a los principales actores o grupos de interés involucrados en la implementación de la RSE y la innovación social. Estos actores incluyen el gobierno federal, estatal y municipal, así como empresas, instituciones educativas, proveedores, consumidores y organismos de salud. Es fundamental considerar el papel de cada individuo en la sociedad como parte integral de este ecosistema.

La revisión enfatiza la relevancia del ODS 12, que se centra en la producción y el consumo responsables. Este objetivo busca fomentar prácticas que reduzcan el impacto ambiental de las actividades humanas, promoviendo un modelo de desarrollo sostenible. El estudio también identifica las estrategias que México está adoptando para cumplir con este objetivo, incluyendo la aplicación de normas y metas diseñadas para mitigar las emisiones de carbono y gestionar los riesgos asociados con el cambio climático y los desastres naturales.

A través de este análisis, se destacan las normativas comunes y los compromisos observados por las pymes en México, así como los esfuerzos por incorporar la innovación social en sus prácticas. La identificación de estas estrategias y su implementación efectiva son cruciales para avanzar hacia un futuro más sostenible.

El estudio también aborda cómo la integración de la RSE en las prácticas empresariales contribuye a la resiliencia económica y social de las comunidades. Al alinear las actividades empresariales con los ODS, las pymes no solo cumplen con requisitos normativos, sino que también fortalecen su responsabilidad social y su impacto positivo en la sociedad.

Además, se exploran las oportunidades y desafíos que enfrentan las pymes al adoptar enfoques innovadores y sostenibles. La revisión proporciona una visión detallada de cómo estas empresas pueden mejorar su rendimiento en términos de sostenibilidad y responsabilidad social, al tiempo que contribuyen al cumplimiento de los ODS.

Todo esto con el objetivo de ofrecer una comprensión más profunda de cómo la RSE y la innovación social pueden ser herramientas efectivas para abordar problemas globales y promover un desarrollo más equitativo y sostenible. Creando una base sólida a través de la revisión documental para futuras investigaciones y prácticas en el campo de la responsabilidad social empresarial.

2.- FUNDAMENTO TEÓRICO

Conceptualización de responsabilidad social empresarial

La Responsabilidad Social Empresarial (RSE) se ha conceptualizado de diversas formas, cada una aportando una perspectiva única sobre el rol que juega el sector empresarial en la sociedad. Al analizar las definiciones de diferentes fuentes, se puede apreciar un consenso en torno a la idea de que la RSE va más allá del cumplimiento legal y busca un impacto positivo en diferentes áreas de la vida social y ambiental. En primer lugar, La Real Academia Española (2014) la define como el deber de responder a circunstancias y eventos específicos dentro de un contexto social. Esta definición enfatiza la capacidad de respuesta ante situaciones concretas, sugiriendo que la RSE implica una adaptación proactiva a las demandas sociales y contextuales.

En segundo lugar, Batista y Estupiñán (2018) mencionan que, en el ámbito empresarial, la RSE se relaciona con la capacidad y las acciones de las empresas para satisfacer las demandas sociales, lo que a su vez genera un impacto positivo en la propia empresa. Aquí se destaca la importancia de que las acciones empresariales respondan a las expectativas sociales, beneficiando también a la empresa. Una tercera definición proviene del Consejo Empresarial Mundial para el Desarrollo Sostenible (WBCSD, 2019), que define la RSE como un esfuerzo continuo para promover el desarrollo económico sostenible, colaborando con empleados, familias y la sociedad en general para incrementar la calidad de vida. Esta definición enfatiza la sostenibilidad y la colaboración continua con los grupos de interés.

La cuarta definición sigue esta línea. La Comisión de las Comunidades Europeas (2001) describe la RSE como la incorporación de problemáticas sociales y medioambientales en las actividades comerciales. Esta definición resalta el carácter voluntario de la RSE y la importancia de ir más allá de las obligaciones legales, incorporando estos principios en la estrategia y operaciones diarias de la empresa. Por otro lado, la Fundación Ecología y Desarrollo (ECODES) presenta una visión integral al definir la RSE como el cumplimiento estricto de las obligaciones legales junto con la integración voluntaria de preocupaciones sociales, laborales, medioambientales y de derechos humanos, subrayando la relevancia del diálogo transparente con los grupos de interés y la responsabilidad sobre el impacto de las acciones empresariales.

Finalmente, el Centro Mexicano para la Filantropía (Cemefi) y la Alianza por la Responsabilidad Social Empresarial (AliaRSE, 2001) sostienen que, para llevar a cabo la RSE, las empresas deben comprometerse y ser conscientes del cumplimiento integral de expectativas económicas, sociales y ambientales, así como de la construcción del bien común. Se enfatiza aquí la congruencia entre los objetivos de la empresa y sus prácticas, así como el respeto por la ética y la comunidad.

Las definiciones mencionadas destacan el compromiso activo y voluntario de las empresas para cumplir con sus obligaciones legales e integrar principios sociales y ambientales en sus actividades. Uno de los objetivos principales es impactar positivamente en la sociedad mediante la mejora de la calidad de vida de las personas y contribuir al desarrollo sostenible con un enfoque holístico y ético en la gestión empresarial (Baltodano-García, et al., 2024a).

El Pacto Mundial de México es la iniciativa local del Pacto Mundial de las Naciones Unidas, que promueve iniciativas de sostenibilidad corporativa a nivel global. En el contexto de la RSE local, se implementan prácticas empresariales responsables en el país y se supervisa su alineación con los diez principios universales en las áreas de derechos humanos, estándares laborales, medio ambiente y lucha contra la corrupción.

En este contexto, las empresas y organizaciones que se adhieren a este pacto deben comprometerse a implementar diversas estrategias como principios en sus operaciones diarias, lo que también implica el compromiso de contribuir al desarrollo sostenible (Pacto Mundial en México, 2019).

Un estudio de ResponSable (2019) plantea los principios establecidos por la norma ISO 26000 en relación con la responsabilidad de una organización respecto a la influencia de sus decisiones en la sociedad y el medio ambiente. Para cumplir con esta responsabilidad, se requiere que la organización disponga de mecanismos de transparencia y un comportamiento ético, garantizando que sus acciones contribuyan al desarrollo sostenible, promuevan la salud y el bienestar de las personas, y respeten las opiniones de los grupos de interés.

Asimismo, esta norma enfatiza que la RSE debe estar integrada en todos los niveles de la organización y reflejarse en las relaciones tanto internas como externas. Esto implica que la organización no solo debe cumplir con la legislación vigente, sino también alinearse con los estándares internacionales de comportamiento. La práctica de estos principios en el funcionamiento diario de la organización asegura que sus operaciones y decisiones sean coherentes con un enfoque ético y responsable hacia el desarrollo sostenible y el bienestar social.

A través de la investigación científica, se profundiza en la temática de la responsabilidad social vinculada a temas como la gobernanza corporativa, los negocios éticos, la economía social (Barrios-Hernández et al., 2019), la sostenibilidad, el marketing, y la relación entre valores sociales, la comunidad y la sociedad (Gómez y Peñaranda, 2019; Acosta-Prado et al., 2017).

Proyección de la innovación social en el contexto de las pymes

La innovación social desde la perspectiva de las pymes se promueve en la última década como parte de la gestión administrativa orientada a impulsar la sostenibilidad y su proyección en entornos sociales. Estos han sido concebidos en diversos casos, asociados con capacidades para el emprendimiento, a su vez se considera bajo el principio sin fines de lucro; e incluye de forma implícita a la sociedad y organizaciones con fines de lucro. Como aspecto diferenciador, se resalta que, en el marco del emprendimiento social, se centra la acción en las cualidades de las personas.

Asimismo, la innovación social amerita responder a la dinámica que se impulsa desde el quehacer funcional de las pymes, en el cual el resultado es determinante para promocionar acciones innovadoras con responsabilidad social, a partir de un nuevo enfoque empresarial que permite contribuir con el posicionamiento y competitividad en el mercado en el cual participan desde lo local con enfoque global.

De igual manera la innovación social es parte de atributos y deseos personales, vinculados a una sólida formación académica. La investigación sobre emprendimientos social le da mayor la argumentación a temas como el análisis de la sociedad civil, desarrollo local, economía social, exclusión social, cooperación, economía solidaria, responsabilidad social, gestión del conocimiento, toma de decisiones, emprendimiento, las políticas públicas y la cohesión social (Unceta y Barandiarán, 2019); (Castillo et al., 2018).

La innovación social desde las pymes amerita ser concebido como parte del desarrollo en el que interviene el flujo de ideas, valores, roles de trabajo de los diferentes grupos de interés, de las relaciones humanas y de dinero, por lo que se sugiere trabajar con diferentes sectores y disciplinas académicas para aportar soluciones nuevas y duraderas para los problemas sociales complejos de nuestros tiempos.

Al hacer un análisis del contexto mexicano, las pymes en la actualidad representan el 99.8% del corporativo nacional y más del 95% de las pymes se financian con sus propios recursos. De acuerdo con el INEGI (2018) hay más de 4, 057,719 de unidades empresariales clasificadas en este rubro en (97.3 %) de las cuales solo 111 mil 958 han sido apoyadas por créditos bancarios y solo representan el (2.7 %) del total, por lo que es evidente el rezago para invertir en programas de innovación social.

En México, las pymes tienen un rol fundamental en la economía del país, ya que contribuyen significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) con un aporte del 42% y generando el 78% de los empleos remunerados. Este sector no solo es un motor esencial para la economía, sino que también es importante para la estabilidad y el crecimiento del mercado laboral. Su relevancia en la estructura económica del país subraya la importancia de generar políticas y acciones que impulsen su desarrollo y fortalezcan su capacidad para seguir impulsando la economía.

Sin embargo, las pymes enfrentan diversos desafíos que limitan su expansión y, en consecuencia, su impacto positivo en el desarrollo económico y social. Entre estos obstáculos se encuentran la falta de acceso a financiamiento, la escasez de recursos para innovación, y dificultades para implementar prácticas de desarrollo sustentable. Estos factores impiden que las pequeñas empresas alcancen su pleno potencial, lo que afecta negativamente tanto su crecimiento individual como su contribución al fortalecimiento económico y al desarrollo sustentable del país.

Según Martínez (2017) ante la desaparición del Instituto Nacional Emprendedor (Inadem) y la entrada del nuevo gobierno las pequeñas y medianas empresas continuarán enfrentando marcadas debilidades. Por otra parte, Konfío (2018) plantea que, según lo expuesto por la empresa en créditos para las Pymes, se logra identificar y enumerar los 10 errores más comunes que cometen los pequeños empresarios para considerarlos y evitarlos desde el inicio y desarrollo del negocio. (Tabla 1).

Para fomentar una igualdad productiva en América Latina y el Caribe, es crucial que las bases económicas se modernicen mediante la incorporación de nuevas tecnologías. Actualmente, muchas economías en la región dependen de salarios bajos o de recursos naturales, lo que limita el crecimiento sostenido del empleo y de los salarios. Esta dependencia impide que se logre un avance significativo en la calidad del empleo y en el aumento de la remuneración, lo que afecta negativamente a la equidad económica. La adaptación a tecnologías avanzadas es esencial para mejorar la productividad y ofrecer oportunidades laborales de mayor calidad (Baltodano-García, et al., 2024b).

Dado que las pymes constituyen un porcentaje importante del sector empresarial en América Latina y el Caribe, su desarrollo es clave para lograr un incremento general en la productividad. Estas empresas, al incorporar tecnologías innovadoras y mejorar sus procesos, pueden no solo elevar sus propios niveles de eficiencia, sino también contribuir a un entorno económico más dinámico y equitativo. Por lo tanto, es imperativo que se promuevan políticas y estrategias que faciliten la modernización tecnológica y el desarrollo de capacidades en las pymes, para asegurar un crecimiento económico inclusivo y sostenible en la región.

La diferencia en productividad entre microempresas y grandes empresas es significativamente mayor en América Latina en comparación con la Unión Europea. En promedio, esta disparidad es siete veces más pronunciada en los países latinoamericanos. Por ejemplo, en Argentina, las micro y pequeñas empresas (MiPymes) son responsables del 54% del empleo formal, mientras que, en México, esta cifra alcanza el 67% (Dini y Stumpo, 2019). Esta brecha en la productividad refleja una desigualdad considerable en comparación con las economías europeas, donde las diferencias entre los sectores de microempresas y grandes empresas son menos marcadas (figura 1).

A pesar de que las MiPymes desempeñan un papel crucial en el empleo formal en América Latina, constituyendo más del 60% del total de los puestos de trabajo en la región, la distribución del empleo varía significativamente entre los distintos tamaños de empresas. En particular, aproximadamente uno de cada tres empleos está asociado a una pequeña o mediana empresa (Pyme), lo que subraya la importancia de estas entidades en el mercado laboral regional. Sin embargo, este alto porcentaje no necesariamente se traduce en una alta productividad o en un empleo de alta calidad.

En contraste, aunque las microempresas representan aproximadamente el 89% del total de las empresas en la región, solo generan el 27% del empleo formal. Además, es evidente que estas microempresas están orientadas hacia sectores de menor productividad. Alrededor del 50% de los empleos en estas microempresas se concentran en actividades comerciales, comunitarias, sociales y personales. Esto sugiere que, a pesar de su gran cantidad, las microempresas tienden a operar en áreas con menor capacidad para generar alta productividad y crecimiento económico.

En la Unión Europea, las micro, pequeñas y medianas empresas (MiPymes) tienen un papel aún más destacado en el empleo formal en comparación con América Latina, alcanzando una participación relativa del 69,4%. Esta elevada proporción subraya la importancia de las MiPymes en el mercado laboral europeo, superando a la región latinoamericana en cuanto al empleo formal que proporcionan. Sin embargo, este alto porcentaje no es el único aspecto en el que las dos regiones difieren, ya que el valor agregado que generan las MiPymes también muestra un contraste significativo.

En 2015, las MiPymes en la Unión Europea representaban el 56,2% del valor agregado, una proporción mucho mayor que la observada en América Latina. Las diferencias más notables entre ambas regiones se encuentran en el segmento de microempresas, que son responsables de una parte importante del empleo y del valor agregado en Europa, pero que tienen características diferentes en comparación con sus homólogas latinoamericanas (Dini y Stumpo, 2016, pp. 14-18).

Estas discrepancias reflejan variaciones en la estructura económica y el impacto de las microempresas en cada región. La base de la innovación social en América Latina y el Caribe es parte del desafío que enfrentan las pymes, donde la demanda de los consumidores se ve influenciada por: 1) nuevas exigencias; 2) productos con características sostenibles desde las diferentes etapas del proceso productivo; 3) las oportunidades que brinda la innovación tecnológica; y 4) las formas de competir a través de los stakeholders para generar competitividad en un mercado global.

Además, Fajnzylber (1990) sostiene que la región de Latinoamérica y el Caribe enfrentan una notable incapacidad para alcanzar niveles de competitividad basados en el aprendizaje industrial y la innovación tecnológica. Esta falta de avance con respecto a la incorporación de nuevas tecnologías y prácticas de innovación social limita la capacidad de esta región para incrementar su productividad y calidad en comparación con los países desarrollados. La brecha tecnológica y de productividad observada en estos países emergentes refleja una falta de progreso en sectores clave, lo que obstaculiza su desarrollo y su integración efectiva en el mercado global.

Por otro lado, la CEPAL (2019) señala que, pese al trabajo de los últimos años, el rezago productivo en América Latina sigue siendo notablemente bajo. Este estancamiento en el crecimiento productivo resalta la necesidad urgente de implementar políticas y estrategias más efectivas que promuevan la modernización industrial, la adopción de tecnologías avanzadas y la mejora en la calidad de productos y servicios. Sin un enfoque renovado hacia la innovación y el desarrollo tecnológico, la región continuará enfrentando desafíos significativos para cerrar la brecha con las economías más desarrolladas.

Desarrollo sostenible de la agenda 2030: producción y consumo responsable base del objetivo 12

En 2015, durante la Cumbre del Desarrollo Sostenible, se aprobó la Agenda 2030, la cual establece 17 objetivos universales. La clave para su éxito radica en que todos los países implementen las medidas propuestas para fomentar la prosperidad y, al mismo tiempo, cuidar el planeta.

Estos objetivos son considerados fundamentales en las iniciativas para erradicar la pobreza, lo que significa que deben alinearse con estrategias que fomenten el crecimiento económico y coadyuven en la implementación de políticas sobre educación, salud, protección social y empleo. Asimismo, los objetivos buscan contribuir a la lucha contra los problemas medioambientales. Es esencial que los gobiernos los integren en sus políticas, creando marcos nacionales para su aplicación. Esto resalta la necesidad de contar con datos confiables, accesibles y oportunos que faciliten una toma de decisiones más informada y promuevan el desarrollo económico y social (Naciones Unidas, 2015).

El Objetivo 12 se centra en fomentar un consumo y producción sostenibles, lo que implica un uso eficiente de recursos como la energía y el desarrollo de infraestructuras que reduzcan el impacto ambiental. Este objetivo también incluye mejorar el acceso a servicios básicos y crear empleos ecológicos con buenas condiciones laborales. La implementación de estas estrategias no solo mejorará la calidad de vida de las personas, sino que también ayudará a avanzar en planes de desarrollo general, disminuyendo costos económicos, ambientales y sociales, y aumentando la competitividad.

Se propone establecer un periodo de acción de una década para programas orientados hacia el consumo y producción sostenibles, involucrando a todas las naciones del mundo. Este marco, dirigido por las naciones más desarrolladas, tomará en cuenta el nivel de desarrollo y las capacidades de cada país para promover un crecimiento sostenible. La iniciativa, alineada con ODS, busca fomentar prácticas sostenibles a nivel global, mejorando el impacto ambiental y social de la economía. Un objetivo principal es reducir la producción de residuos mediante la prevención, el reciclaje y la reutilización, así como reducir en un 50% el desperdicio de alimentos por persona en el comercio y el consumo para 2030.

Se hace un llamado a las empresas, especialmente a las grandes corporaciones y multinacionales, para que adopten prácticas que integren la sostenibilidad en sus informes habituales. Esta iniciativa busca promover la transparencia y la responsabilidad en la gestión empresarial, facilitando la implementación de políticas que reflejen un verdadero compromiso con la sostenibilidad y ayuden a mitigar los impactos negativos en el medio ambiente.

El objetivo para 2020 era lograr una gestión ambientalmente responsable de los productos químicos y los residuos, de acuerdo con los acuerdos internacionales en vigor. Esto implicaba una reducción significativa de la liberación de contaminantes al aire, agua y suelo, para minimizar los efectos perjudiciales sobre la salud y la naturaleza.

También se busca optimizar los subsidios destinados a los combustibles fósiles, eliminando aquellas distorsiones del mercado que obstaculizan la adopción de una economía verde. Para conseguirlo, se deben reestructurar los sistemas tributarios para reflejar con precisión el impacto ambiental, asegurando al mismo tiempo la protección de los sectores más vulnerables.

Estas acciones no solo persiguen minimizar los posibles efectos negativos sobre el desarrollo de los países emergentes, sino que también pretenden incentivar un cambio hacia políticas económicas y fiscales que favorezcan la sostenibilidad a largo plazo. De esta manera, se espera reducir la dependencia de combustibles fósiles y promover prácticas que protejan tanto la naturaleza como la salud de los seres humanos.

Las metas indicadas, forman parte de la generalidad, pero toman relevancia para la consolidación del desarrollo del objetivo número 12, sin embargo, el énfasis que determina la selección de las cinco metas declaradas responde a la interacción que se espera sean consideradas como parte de la primera fase que ha de viabilizares desde el contexto de las pymes. No sin antes mencionar, que la integralidad desde las prácticas constituye un elemento diferenciador que puede ser consolidado.

Las Oportunidades Globales para los ODS (GO4SDG) tienen como objetivo acelerar el progreso necesario para cumplir con la Agenda 2030, especialmente para el ODS 12 (Consumo y producción sostenibles) y el ODS 8 (Trabajo decente y economías verdes). Es una de las iniciativas de la Subdivisión de Recursos y Mercados de la División de Economía del PNUMA (2017). La Iniciativa construye alianzas para conectar iniciativas globales con necesidades y soluciones regionales. GO4SDGs se enfoca en implementar acciones apoyando a los GOBIERNOS (para fortalecer la coherencia de las políticas), las PEQUEÑAS Y MEDIANAS EMPRESAS (acceso para financiar la innovación y la circularidad) y los JÓVENES (para empoderarlos para adoptar estilos de vida sostenibles). Para lograrlo, la iniciativa comparte mejores prácticas, conocimientos basados en la ciencia, herramientas y desarrollo de capacidades en los sectores de alto impacto de agroalimentación, moda/textil.

Agenda 2030: Superando los Desafíos Globales

Los países de América Latina y el Caribe han unido esfuerzos para desarrollar un enfoque regional que se ajuste a su perspectiva y esté en sintonía con los objetivos de la Agenda 2030. Para ello, llevan a cabo reuniones anuales donde se revisan los avances alcanzados y se identifican los problemas existentes, con el fin de investigar, evaluar y resolver de manera efectiva los desafíos ambientales en la región, teniendo en cuenta los recursos económicos, políticos y sociales disponibles.

Este enfoque regional no solo busca garantizar un cumplimiento más eficiente de los objetivos de la Agenda 2030, sino también adaptarse a las particularidades de los países de América Latina y el Caribe. A través de la cooperación y el análisis conjunto en estos encuentros, se busca enfrentar los problemas ambientales de manera más coordinada y con soluciones que sean viables y sostenibles dentro del contexto de los recursos disponibles en cada país.

Hasta la fecha, se han presentado 22 informes de manera voluntaria por parte de los países miembros sobre su progreso hacia los objetivos establecidos, mientras se espera que otros 10 países completen sus informes durante el bienio 2019-2020. Dado que existen 195 países en el mundo, esto significa que solo 17 países habrán presentado al menos dos informes entre 2016 y 2020. El hecho de que 9 de estos países provengan de América Latina y el Caribe destaca el notable compromiso de la región con la Agenda 2030 y sus metas de desarrollo sostenible.

Sin embargo, la evaluación efectiva de los informes presentados requiere información estadística adecuada para medir el avance hacia las metas propuestas. A pesar de los esfuerzos, aún no se ha producido toda la información necesaria, lo que limita la capacidad para realizar un análisis exhaustivo. Esta falta de datos completos agrega presión adicional para analizar áreas previamente no consideradas, y resalta la necesidad de obtener información más precisa y actualizada.

Además, esta situación también pone de manifiesto las desigualdades entre diferentes grupos sociales, ya que la falta de datos desagregados impide una evaluación detallada de las disparidades existentes. La generación de datos desagregados es crucial para entender cómo las metas afectan a diferentes segmentos de la población y para identificar a los grupos más vulnerables que requieren atención especial.

En consecuencia, es imperativo enfocar el análisis en los grupos más vulnerables para asegurar que las políticas y programas implementados sean inclusivos y efectivos. La visibilidad de estas desigualdades permitirá diseñar estrategias más justas y equitativas, contribuyendo así a un progreso más equilibrado hacia los objetivos de la Agenda 2030 y a la reducción de las brechas existentes entre distintos grupos sociales.

El panorama actual muestra avances en la implementación de políticas y estrategias, pero se requiere un tiempo considerable para que estos esfuerzos se reflejen en mejoras tangibles en los indicadores de desarrollo. Los problemas y desafíos identificados demandan una respuesta integral que vaya más allá de la mera recopilación de datos y las acciones de organismos regionales y oficinas nacionales.

El futuro progreso dependerá en gran medida de la voluntad política para introducir reformas legales que establezcan condiciones óptimas para el funcionamiento eficiente de los sistemas estadísticos nacionales. Un Estado que actúa con transparencia y proporciona información clara sobre sus actividades y estrategias de desarrollo fomenta una mayor rendición de cuentas y una participación más activa de la sociedad. La transparencia y la apertura de la información permiten que diversos sectores—incluyendo la sociedad civil, el sector privado, el ámbito académico, sindicatos, partidos políticos y organismos internacionales—se involucren en una supervisión continua y asuman una responsabilidad compartida en el proceso de desarrollo.

Este enfoque no solo fortalece los valores sociales, sino que también mejora la confianza pública. La apertura en la gestión del Estado facilita que diversos actores contribuyan a un monitoreo constante, lo que, a su vez, fomenta una cultura de corresponsabilidad y eleva el nivel de confianza entre la ciudadanía y sus instituciones.

La conversación sobre la relevancia de la transparencia y la rendición de cuentas ha cobrado importancia en los ámbitos educativos, sociales y empresariales, impulsados por los avances tecnológicos y el desarrollo hacia una sociedad basada en el conocimiento. Las nuevas profesiones y las innovaciones tecnológicas están cambiando la forma en que se abordan estos temas, resaltando la necesidad de adaptarse a los cambios e incorporar prácticas de transparencia y rendición de cuentas en todos los sectores.

Asimismo, en el ámbito gubernamental, la formulación de nuevas políticas públicas que fomenten la transparencia y la rendición de cuentas se ha convertido en una prioridad. Estas políticas buscan mejorar la gobernanza y asegurar que las acciones gubernamentales sean más efectivas y responsables. La discusión continua y el desarrollo de nuevas estrategias en este contexto reflejan un esfuerzo por optimizar la gestión pública y enfrentar de manera más eficiente los desafíos de la sociedad actual (Romo, 2016).

El derecho y la participación ciudadana en la elaboración e implementación de políticas públicas son esenciales para promover una gobernanza inclusiva y eficaz (Martínez, 2017). Este enfoque no solo fortalece la legitimidad de las políticas, sino que también permite a la administración pública aprovechar el conocimiento, las ideas y la experiencia de los ciudadanos. La creación de espacios para el diálogo facilita la participación y la discusión sobre los asuntos públicos, fomentando una sociedad más comprometida y participativa en la visión y vida del país. Este proceso contribuye de manera significativa al logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), al integrar las perspectivas y necesidades de la población en la toma de decisiones.

Dentro de esta estrategia, se ha incluido el concepto de sostenibilidad, con el objetivo de garantizar el derecho a un medio ambiente sano (RAE, 2024). Este enfoque busca asegurar que las políticas y prácticas adoptadas demuestren un compromiso con la sostenibilidad ambiental, estableciendo bases firmes para mejoras futuras en la sociedad. La implementación efectiva de estos acuerdos debería, con el tiempo, traducirse en resultados concretos que beneficien tanto al entorno como a la calidad de vida de las personas.

En la última reunión, celebrada en Estocolmo en noviembre de 2018, se determinó que el número de indicadores globales para los ODS se mantiene en 232 hasta la fecha de este informe. Este conjunto de indicadores es crucial para medir el progreso hacia los objetivos de desarrollo sostenible y para identificar áreas que requieren un enfoque más detallado.

La continuidad en la recopilación y análisis de estos indicadores es fundamental para asegurar un monitoreo preciso del avance en la implementación de las metas establecidas. La consistencia en este proceso permitirá identificar de manera más efectiva las áreas que necesitan atención adicional y facilitará una mejor evaluación del cumplimiento de los ODS.

La Tabla 2 del informe presenta el número de indicadores incluidos en el marco de indicadores mundiales de los ODS, proporcionando una visión detallada de cómo se mide el progreso en relación con cada objetivo. Estos indicadores son esenciales para monitorear y evaluar los logros alcanzados, así como para identificar desafíos persistentes en la consecución de los ODS. La transparencia en la presentación de estos datos refuerza el compromiso con la rendición de cuentas y la mejora continua en la implementación de políticas públicas orientadas hacia un desarrollo sostenible.

3.- MÉTODO

El desarrollo del presente estudio se basa en una investigación documental descriptiva, que permite un análisis profundo y argumentado de las perspectivas conceptuales asociadas con la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la innovación social. Este análisis se realiza dentro del contexto específico de las pequeñas y medianas empresas (pymes), explorando cómo estas entidades pueden integrar prácticas de producción y consumo responsables.

Además, este enfoque metodológico no solo facilita la vinculación de las variables objeto de estudio, sino que también proporciona un marco teórico robusto para comprender la interrelación entre la RSE, la innovación social, y los ODS particularmente el Objetivo 12, relacionado con la producción y el consumo responsables.

El avance presentado constituye una fase inicial crucial en el proceso de revisión teórica, que es fundamental para el desarrollo de la investigación en curso. Como parte esencial de esta metodología, se lleva a cabo una evaluación documentada y exhaustiva del desempeño de México en el cumplimiento de los ODS establecidos en la Agenda 2030, lo que permitirá identificar áreas de oportunidad y desafíos para las pymes en su contribución al desarrollo sostenible del país.

4.- RESULTADOS

Al analizar los datos sobre lo que representan las pymes a nivel nacional, se identificó que 4 057 719 de empresas son clasificadas en este rubro, de las cuales solo 111 mil 958 reciben apoyo de créditos bancarios para desarrollar innovación social, también se considera que el 99.8%, de los financiamientos son de recursos propios, algunas pymes no aceptan los créditos bancarios por los altos intereses que se les imponen.

Recordando que para innovar se necesita capacitar, educar, investigar, monitorear, es decir formar capital humano para fundamentar la sustentabilidad de las pymes, sin embargo, con los apoyos que reciben comienzan con acciones en el proceso productivo en la compra de insumos, resuelven problemas de deudas atrasadas sin considerar acciones futuras que resuelvan y sostengan las situaciones económicas y organizacionales de la empresa.

El crecimiento y desarrollo sostenible requieren una reducción en el uso de recursos naturales y una disminución en la utilización de materiales tóxicos y contaminantes en los procesos de producción y consumo. Esto es crucial para minimizar el impacto ambiental y conservar los recursos para las futuras generaciones. El ODS 12 promueve patrones de consumo y producción más responsables mediante diversas medidas, que incluyen la implementación de políticas específicas y la firma de acuerdos internacionales para gestionar los materiales que representan riesgos para el medio ambiente.

En la región, el modelo económico actual no ofrece propuestas que desvinculen el crecimiento económico del uso intensivo de recursos naturales, lo que limita la posibilidad de lograr un consumo realmente sostenible. La dependencia de estos recursos para la producción presenta desafíos significativos, ya que alcanzar una producción responsable parece complicado sin realizar cambios profundos en la gestión de dichos recursos. Esto destaca la necesidad de reconsiderar las estrategias económicas para avanzar hacia un desarrollo más equilibrado y sostenible.

La adopción de acuerdos de producción limpia, así como las asociaciones entre el sector público y privado que promueven el desarrollo de nuevos sectores, son herramientas clave que pueden facilitar la implementación de prácticas más sostenibles. Estas iniciativas, junto con la promoción de la responsabilidad social corporativa, son esenciales para generar un cambio en la gestión de los recursos naturales por parte de las empresas y los gobiernos, orientándose hacia un modelo más respetuoso con el medio ambiente.

Además, el ecoetiquetado, la educación ambiental y el acceso a la información desempeñan un papel fundamental en el apoyo y aceleración de estos cambios necesarios. Esto permite a los consumidores identificar productos y servicios que cumplen con estándares ambientales, mientras que la educación ambiental ayuda a sensibilizar a la población sobre la importancia de un consumo responsable. El acceso a la información garantiza que las decisiones de consumo se tomen con pleno conocimiento de sus efectos ambientales y sociales.

El Acuerdo de Escazú, un pacto regional sobre el acceso a la información, la participación pública y la justicia en cuestiones ambientales en América Latina y el Caribe, refuerza la necesidad de contar con información transparente y accesible.

En su artículo 6.10, establece que cada parte del acuerdo debe asegurar que los consumidores y usuarios puedan acceder a información oficial y clara sobre las características ambientales de los bienes y servicios, así como sus impactos en la salud. Este compromiso es fundamental para empoderar a la ciudadanía y promover un consumo más consciente y sostenible.

Al asegurar que la ciudadanía esté bien informada sobre las implicaciones ambientales de sus decisiones de compra, el Acuerdo de Escazú busca promover patrones de consumo y producción más sostenibles. La transparencia y la accesibilidad de la información son pilares clave para que los consumidores puedan tomar decisiones responsables que contribuyan a la sostenibilidad ambiental en la región

En cuanto a la inversión en sostenibilidad, en 2015, la Unión Europea, Estados Unidos, y China concentraron cerca del 70% de las inversiones globales con un énfasis notable en el sector de la edificación. Este dato subraya la importancia de estos países en el avance de las prácticas sostenibles a nivel mundial. Las economías emergentes, en contraste, concentran sus inversiones en la eficiencia energética dentro de la industria y el transporte. Este enfoque refleja una priorización diferente en el tipo de sostenibilidad abordada por estos países en desarrollo.

La diferencia en las áreas de inversión entre economías desarrolladas y emergentes tiene implicaciones claras para el desarrollo de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en Latinoamérica y el Caribe. Las pymes en la región deben adaptarse a estas tendencias para mantenerse competitivas y sostenibles. La falta de propuestas para separar el crecimiento del uso de recursos puede limitar el potencial de las pymes para crecer de manera sostenible y contribuir al desarrollo económico regional.

Además, la brecha en la inversión en eficiencia energética y sostenibilidad entre las economías desarrolladas y emergentes sugiere que Latinoamérica y el Caribe podrían necesitar ajustar sus estrategias para alinearse mejor con las tendencias globales. Las pymes, que son una parte fundamental del tejido económico regional, podrían beneficiarse enormemente de políticas que fomenten la inversión en tecnologías limpias y prácticas sostenibles, ayudando así a mejorar su competitividad y sostenibilidad a largo plazo.

Para que la región avance hacia un modelo económico más sostenible, es crucial que se promueva una mayor integración de prácticas responsables y sostenibles en todas las áreas de la economía. Esto incluye fortalecer los marcos regulatorios, fomentar la colaboración entre sectores y apoyar a las pymes en la adopción de tecnologías y prácticas que reduzcan su impacto ambiental. Solo con un enfoque integral y coordinado se podrá asegurar un futuro económico próspero y sostenible para América Latina y el Caribe.

Considerando este análisis, muestra que, a pesar de la gran cantidad de pymes en México, solo una pequeña parte recibe apoyo financiero para la innovación, mientras que la mayoría recurre a recursos propios debido a las altas tasas de interés de los créditos bancarios. Esta situación limita el avance hacia prácticas de producción y consumo sostenibles, fundamentales para un desarrollo equilibrado. La falta de propuestas que desvinculen el crecimiento económico del uso intensivo de recursos naturales subraya la necesidad de implementar políticas que promuevan la producción limpia, fomentar asociaciones público-privadas, y fortalecer la educación ambiental y la transparencia en la información. Adaptar las estrategias regionales a las tendencias globales de sostenibilidad será crucial para mejorar la competitividad y sostenibilidad de las pymes en América Latina y el Caribe, asegurando un futuro económico más próspero y respetuoso con el medio ambiente.

5.- CONCLUSIÓN

A través de la revisión documental realizada para analizar el impacto de las pequeñas y medianas empresas (pymes) en México en relación con el desarrollo de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE) y la innovación social, se ha señalado que la aplicación del Objetivo 12 de la Agenda 2030, que promueve la producción y el consumo responsables, es una prioridad en la región. El informe cuatrienal sobre el avance de la Agenda 2030 en América Latina y el Caribe resalta un fuerte compromiso regional con estos objetivos, mostrando una disposición a adoptar prácticas más sostenibles.

No obstante, para una evaluación precisa de los problemas identificados en estos informes, es esencial contar con datos estadísticos confiables. En este sentido, México enfrenta el desafío de mejorar su investigación social, especialmente en la recolección de datos sobre situaciones tradicionales y en áreas previamente no consideradas. La falta de visibilidad sobre las desigualdades entre grupos vulnerables y la situación del entorno ambiental subraya la necesidad de una recolección y análisis de datos más exhaustivo y actualizado.

El estudio preliminar indica que, desde la perspectiva de las pymes, existe un bajo interés y una limitada información disponible respecto al cumplimiento del Objetivo 12. La falta de compromiso y de estrategias adecuadas para lograr una producción sustentable es evidente tanto en las empresas como en los consumidores. Este panorama revela la necesidad de un mayor enfoque en la sensibilización y en la implementación de prácticas sostenibles dentro de las pymes.

Para enfrentar esta situación, es esencial crear estrategias en el ámbito académico que fomenten la concienciación sobre la relevancia de una producción responsable. Las instituciones de educación superior y los centros de investigación tienen un rol clave en la educación y el desarrollo de habilidades para mejorar la comprensión y la adopción de prácticas sostenibles. Esta sensibilización puede ayudar a generar cambios significativos en el comportamiento de las empresas y los consumidores.

Finalmente, para que las pymes en México puedan cumplir con el Objetivo 12 de la Agenda 2030 y avanzar hacia una producción y consumo más responsables, es necesario un enfoque integrado que incluya la recolección de datos, la sensibilización académica y el desarrollo de estrategias prácticas. Este enfoque permitirá no solo mejorar el cumplimiento de los ODS, sino también fomentar una transformación positiva en el contexto empresarial y social del país.

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