SUMARIO

1. Introducción; 2. COVID-19: La visibilización de la crisis de los órganos del Estado; 3. Derechos Humanos ante la crisis sanitaria; 4. El manejo de la crisis por parte de los gobiernos; 5. Conclusiones; Referencias.

1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo pretende visibilizar la vulneración de los derechos humanos frente a una situación que ninguna nación pudo haberse imaginado como es enfrentarse con un enemigo invisible, frente al que no existe realmente una manera de estar cien por ciento seguro de que no se verá afectado, y este es el caso del virus conocido como SARS-COV2 o COVID-19, un virus que cambió el mundo como lo conocíamos, que logró frenar la economía del mundo entero, confinar a poblaciones, a una pérdida de empleos sin precedentes, los cuales tardarán años en poder recuperarse, a personas a un paso de la hambruna y a una vulnerabilidad que jamás pensamos ante nuestro entorno ambiental.

Frente a todo este panorama es donde entra de manera obligatoria y necesaria la intervención del Estado en sus distintas esferas y niveles, para procurar que los daños que deje este virus no sean tan graves que haya más muertos por las secuelas económicas que por el propio virus. Los sistemas sanitarios demostraron su fragilidad y en pocos meses se tuvo que atender el abandono al que habían dejado al sector salud, particularmente en los países en vías de desarrollo.

Aquí es donde debemos preguntarnos ¿los gobiernos han estado a la altura de lo que se necesita? ¿Los gobernantes están dispuestos a sacrificar sus beneficios políticos por el bienestar de la población? ¿la población está dispuesta a trabajar junto con el Estado para el bien de todos?, ¿aún a Estos son los temas que se abordan, y son fundamentales porque cualquier decisión que tome el gobierno puede violentar la eficacia de los derechos humanos de sus habitantes.

2. COVID-19: LA VISIBILIZACIÓN DE LA CRISIS DE LOS ÓRGANOS DEL ESTADO

En el año 2020 la población a nivel mundial fuimos testigos de la declaratoria de Pandemia emitida por la Organización Mundial de la Salud que se da como consecuencia del virus SARS COV2 también conocido como COVID-19 ante un considerable número de casos que tuvieron lugar en la ciudad de Wuhan, China a finales del año 2019 y que se expandieron por el mundo, en parte por la celebración del año nuevo Chino donde hubo traslados internacionales hacia esa ciudad y que a su regreso exportaron el virus a otras ciudades hasta que el virus se dispersó a escala mundial sin que a la fecha exista un tratamiento. Este virus ha dejado 728,000¹ personas muertas y 19,6 millones de infectados al 9 de agosto de 2020,² considerando las cifras oficiales que distan mucho de la realidad.

De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud el COVID-19 “es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente el COVID-19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo”.³

Al ser una enfermedad desconocida ningún sistema de salud del mundo estaba preparado para afrontar la situación que se venía, así como tampoco ninguna economía podría soportar el impacto que tendrían las medidas que el Estado se vio en la obligación de emitir para proteger al mayor número de personas posible y evitar un colapso sanitario que tampoco se pudo lograr en algunos países; a todo ello hay que sumarle la crisis en materia de derechos humanos que se está presentando e incrementando derivado de las medidas sanitarias y políticas de los gobiernos.

Cada país ha decidido que acciones instrumentar por un lado en materia de salud, pero por el otro para proteger a su población para evitar que caigan en la pobreza extrema ante la pérdida de empleos, ya sea de manera temporal o definitiva. Pero no todo es la situación económica y sanitaria, están saliendo los daños colaterales como es la imposibilidad de reiniciar clases de manera presencial, adoptar el denominado Home Office cuyos costos recaen en las finanzas de los trabajadores, así mismo se han incrementado los casos por violencia familiar, incluso del feminicidio en donde se han contabilizado “2,403 muertes violentas de mujeres en 20 países de América Latina y España en 106 días de confinamiento”.⁴

El COVID-19 ha cambiado la forma en que vivíamos y la cambiará para siempre, al punto de que se habla de una nueva normalidad y de una convivencia forzada con la enfermedad a la que tendremos que adaptarnos, pero ese cambio también se tiene que hacer presente en la forma de actuar de los gobiernos, la forma en que deben hacerse las políticas públicas, los presupuestos de egresos, las leyes, el fortalecimiento de instituciones y sectores que demostraron su abandono con esta enfermedad. Pero en este sentido estamos hablando de una actuación colaborativa entre Estado y sociedad, uno sólo por su cuenta no podrá lograr nada, es necesaria la coadyuvancia, particularmente para que no se pongan en mayor riesgo los derechos humanos que por siglos hemos luchado para su reconocimiento y eficacia.

Este virus también nos ha demostrado con cifras la vulnerabilidad de contagio y aún más de muerte que presentan las personas de bajos recursos, de acuerdo con “Michael Ryan, director de Emergencias del organismo, señaló que los datos recogidos hasta ahora en diferentes países apuntan a grandes diferencias en el nivel de contagio como en la gravedad de la enfermedad, según el nivel socioeconómico y la raza”.⁵ A esto hay que sumarle las comorbilidades como diabetes, hipertensión, obesidad, entre otros que ponen igualmente en mayor riesgo a esas personas y respecto algunos gobiernos ya están tomando medidas para contener estas enfermedades desde la infancia y contar con adultos más sanos.

Es por lo anterior que los gobiernos deben tomar medidas poco populares entre su electorado, pero necesarias para salvar vidas, es fundamental dejar la política por fuera de la contención del Coronavirus, aquí es la ciencia la que debe imponerse sobre los compromisos políticos.

Entre las acciones más importantes que tuvieron que instrumentarse en la gran mayoría de los países fue la reconversión hospitalaria a áreas COVID-19, e incluso a la creación de Hospitales de Campaña como si estuviéramos en una guerra, pero el problema de la infraestructura en cuanto a espacios para atender a los pacientes no fue el único problema que se presentó en ese tema, fue aun más grave la situación del personal médico que no contaba con los equipos sanitarios acordes para atender a estos pacientes, incluso les llegaron a dar material de baja calidad o tuvieron que reciclar el que se les proporcionaba con todos los riesgos que ello implicaba, de ahí el alto número de defunciones del personal médico y con familiares de los mismos también contagiados; y el proteger al personal médico de los hospitales públicos es una obligación del Estado y con ello fuimos testigos de la omisión en la que incurrió y que tuvo como costo la vida de estas personas.

El conflicto que se da con las decisiones que deben tomar los gobiernos es que pueden y han dejado una gran afectación entre su población, estamos hablando de que la vida alimenticia de muchas personas está de por medio y eso lo vemos de manera mas evidente en los países de Latinoamérica donde la desigualdad en todas las latitudes es una constante, como sucede por ejemplo a nivel laboral, la tasa de informalidad laboral es demasiado elevada y ello implica que las personas no se puedan dar el lujo de resguardarse en su hogar a esperar a que se controle la pandemia. Desde esta óptica tenemos que el confinamiento es una medida que solamente la clase acomodada que continúa recibiendo un ingreso puede permitirse.

De acuerdo con cifras de la Organización Internacional del Trabajo, en América Latina y el Caribe hay 130 millones de personas en la informalidad laboral,⁶ donde se hace señalamiento de un aspecto fundamental para entender las razones de la imposibilidad de controlar el COVID para cualquier gobierno y que son causa de un abandono de políticas públicas que realmente protegieran el derecho al trabajo de la población. Poniendo como ejemplo el caso de México al ser uno de los países con mayor número de defunciones por COVID-19, la informalidad laboral alcanza la cifra de 58.2%.⁷

Estas cifras que presentó la OIT son pre-COVID-19, ahora si nos vamos al periodo actual y a pensar en el escenario post-COVID-19 las cifras tenderán a incrementarse de manera exponencial y más aun en los países donde no hubo respuesta por parte del Estado para conservar los empleos ya existentes como es en el caso de México, o bien a respuestas tardías para atender la pandemia.

Esta informalidad laboral va aparejada de la falta de prestaciones sociales como es la atención médica en los países donde el Estado brinda a sus derechohabientes dichos servicios, por lo que quedan expuestos a morirse en casa, en la calle como sucedió en Ecuador,⁸ o bien, en Hospitales donde quedarán endeudados por muchísimo tiempo si es que logran sobrevivir.

Otro de los sectores que desenmascaró el COVID-19 respecto al abandono del Estado es el ámbito educativo. Con la pérdida de empleos muchos niños, adolescentes y estudiantes de nivel profesional no podrán continuar sus estudios en escuelas del sector privado y muchas de esas escuelas se verán en la necesidad de cerrar de manera permanente ante la imposibilidad de mantener los costos de operación y de instrumentar las medidas de protección sanitarias para proteger al estudiantado, en este sentido el Estado quedará imposibilitado para atender la demanda que se vendrá una vez que se retomen las clases de manera presencial. En México por ejemplo se estima que cierren el 25% de las escuelas por el abandono de sus estudiantes,⁹ estudiantes que tendrán que ser absorbidos por el Gobierno al ser un derecho humano, al menos hasta la educación básica.

Por otro lado, en este mismo tema educativo se ha hecho mas que evidente la falta de inversión de los gobiernos en materia de infraestructura para llevar a todas las zonas el acceso a Internet, herramienta que está siendo la vía más utilizada para complementar los temas educativos, así como también para realizar el llamado home office.¹⁰

A poco tiempo de que inicien las clases en los distintos países, los gobiernos aún no toman la decisión respecto de continuar con la educación en línea o bien retornar a la modalidad presencial o híbrida considerando los riesgos que ello puede conllevar. En Estados Unidos por ejemplo el presidente Donald Trump ha insistido en la modalidad presencial, mientras que los Gobernadores han señalado que optarán por la vía en línea; en España, en la Comunidad Autónoma de Andalucía se está considerando multar a los padres que no envíen a sus hijos al colegio por tener miedo a que contraigan el virus.¹¹

Como podemos ver el COVID-19 obligó a un cambio en la forma de vida de la sociedad, pero también en la forma en la que se hace la labor del Estado en todos sus ámbitos, lo que se complicará en los países donde sus gobernantes no están dispuestos a evolucionar a la nueva realidad. Estamos ante el reto más importante a nivel mundial, es necesario que tanto sociedad como gobierno confluyan para salir lo menos afectados y aprovechar las oportunidades que pueden presentarse para reinventarnos como humanidad.

3. DERECHOS HUMANOS ANTE LA CRISIS SANITARIA

El reconocimiento de los derechos humanos ha representado a lo largo de la historia una lucha de poderes entre la clase gobernante y la ciudadanía, entre élites que han controlado las distintas esferas del Poder y quienes quedan subordinados ante ellos por la desigualdad.

Respecto de lo anterior podemos remontarnos al año 1215 con Juan Sin Tierra en Inglaterra, tomándolo como inicio de dicho reconocimiento a favor de un sector de la población; sin embargo el documento que podemos considerar como el que mayor impacto causó en la humanidad fue la Declaración Francesa de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1789, documento que fue punto de referencia para los avances jurídicos en distintos países para la positivización de los derechos humanos que se configuraron como derechos fundamentales, así como también para la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 como resultado de la finalización de la Segunda Guerra Mundial donde se visibilizó la crueldad a la que puede llegar el ser humano, lo que en palabras de Jazmín Castaño y Victoria Kandel ante las imágenes de lo sucedido en los campos de concentración durante la época del Holocausto “al hablar de derechos humanos, el pasado –lejano y reciente- viene a la memoria de los pueblos, evocando momentos de gran sufrimiento…Ante este horror fue necesario construir un consenso para determinar que: la dignidad, la vida y la libertad de las personas son absolutamente prioritarias e impostergables.”¹²

El día de hoy el mundo está enfrentando una guerra de manera distinta, el enemigo no es una potencia militar o tiene como fin someter a un gobernante, el enemigo a vencer es un virus que ha colapsado el mundo como lo conocíamos, donde cada persona está expuesta a morir sin saber cómo adquirió la enfermedad, una realidad donde se están perdiendo los empleos ante el riesgo de llegar a una pobreza extrema cada vez más grande que puede llegar incluso hasta a la hambruna,¹³ vemos derechos humanos que se han tenido que ir restringiendo en su ejercicio para salvaguardar otros derechos como son la salud y a la vida.

Lo anterior se señala con la intención de sensibilizar al lector respecto del valor que tiene el respeto irrestricto de los derechos humanos en la sociedad actual; en una sociedad que ha evolucionado a un ritmo en el que las leyes se han quedado muy retrasadas para proteger desde una óptica garantista a la población desde el enfoque Ferrajoliano donde se consideran a los derechos humanos como la Ley del más débil,¹⁴ es decir, la protección que tiene la gente frente al accionar del Estado, recordando que existen derechos donde se le dice al Estado “aquí no te metas” porque esa es la condicionante para que se puedan ejercer, pero en cambio hay otros derechos como son los sociales donde el Estado está obligado a intervenir y lo hace a través de las políticas públicas que pueden ir dirigidas por ejemplo a fomentar el empleo, a incrementar el número de escuelas públicas, el acceso a servicios de salud, entre otros. En este sentido, en palabras de Luigi Ferrajoli quien considera a los derechos humanos como derecho subjetivo y explica como tal que es “toda expectativa jurídica positiva (de prestación) o negativa (de no lesión)”.¹⁵

Es cierto que hemos evolucionado en la positivización de derechos humanos. Actualmente en los textos Constitucionales e Instrumentos Internacionales contamos con derechos tan importantes como es el derecho al trabajo, a la salud, a la seguridad, a la propiedad, a la educación, al libre tránsito, a la privacidad y la protección de datos personales, a una vida digna, al acceso a la información, al acceso a la tecnología, incluso ya se habla del derecho al olvido en Internet, entre otros igualmente importantes y correlacionados. En cuanto a su normativización no hay un conflicto en sí, el problema se presenta en el momento de llevarlos a la práctica y ahí es donde entra el Estado como el detonante para que esos derechos sean una realidad y no solamente un texto jurídico sin vigencia, es decir, letra muerta pero también es importante la participación de la población para exigir por las vías institucionales la eficacia de sus derechos humanos.

En el presente artículo nos enfocaremos solamente en algunos derechos respecto de los cuales consideramos son los que están sufriendo un mayor menoscabo a causa de la pandemia generada por el COVID-19, sin señalar que en un futuro muy próximo se visibilizarán los daños en los demás derechos humanos. En este sentido los derechos a los que haremos referencia son el derecho a la salud, al trabajo, a la privacidad desde la perspectiva de la protección de datos personales y el derecho a la seguridad.

En primera instancia es necesario recordar los principios que rigen a los derechos humanos, nos referimos al principio de universalidad, integralidad e individualidad, interdependencia y progresividad.¹⁶

Estos principios implican que los derechos humanos son reconocidos a favor de todas las personas, claro que con algunas condicionantes para ejercer determinados derechos como puede ser el estatus de ciudadano; de igual forma se encuentran relacionados uno con otro, y un aspecto muy importante, no se puede retroceder en el reconocimiento de los derechos ya alcanzado, pero este último puede dar un giro por situaciones que probablemente jamás imaginamos como sociedad ni como Estado y ese es el gran reto al que nos estamos enfrentando hoy en día con la pandemia sanitaria por el COVID-19.

Para proteger derechos como la salud y la vida tendremos que sacrificar el ejercicio de algunos, y este sacrificio determinados países lo están dejando a la buena voluntad de sus ciudadanos y otros más lo están haciendo de manera coactiva para salvar el mayor número de vidas posible y tratar de que el impacto económico no sea tan catastrófico que deje muchos muertos en su camino.

Entre las medidas que se han instrumentado por parte de algunos gobiernos tenemos los concernientes al uso de las nuevas tecnologías, los datos masivos, la geolocalización, entre otros, como ha sido el caso de China donde se auxiliaron del Big Data y la inteligencia artificial para contar con información tan precisa que les permitiera focalizar de manera más exacta las acciones gubernamentales para disminuir la propagación del virus, pero ello a un costo muy alto para la privacidad de sus habitantes ya que se tuvo acceso incluso a su historial clínico, a su geolocalización, entre otros datos personales sensibles. “La recopilación y el análisis de datos de forma masiva se ha convertido en la palanca de países como China y Corea del Sur para detener al coronavirus. En España, estas iniciativas empiezan a cobrar fuerza.” ¹⁷

Este modelo de Big Data y el uso de la tecnología para la geolocalización si bien representa un uso que puede contribuir a disminuir el riesgo de contagio, o bien para controlar la propagación del virus, también representa una vulneración al derecho a la privacidad, pero bajo el supuesto de la ponderación de derechos humanos y tomando como foco de análisis el derecho a la privacidad frente al derecho a salud y a la vida de la toda la población, tendrían que prevalecer estos últimos dos, pero se está generando un antecedente para continuar violentando el derecho a la privacidad cuando se presenten otro tipo de problemas para los gobiernos.

Aquí es muy importante resaltar el uso del Big Data para los gobiernos en el sentido de la adecuada toma de decisiones, ya que un buen análisis de los datos que generan los hospitales del sector público y privado, así como los Registro Civiles que cuentan con la información de las defunciones que puedan darse en casa-habitación y quedan fuera del radar de los centros médicos, permitiría focalizar las zonas de mayor riesgo, los hospitales donde se están muriendo más personas que puede ser por cuestiones de falta de equipo médico, falta de personal, o incluso mala praxis por el burn out que puedan presentar el personal médico; sin embargo todavía se desconoce por parte de algunos gobiernos los beneficios que tiene el Big Data para la toma de decisiones, es una acción que se lleva más en el sector privado.

Bajo todo este contexto, desde inicios de este año 2020 la eficacia de los derechos humanos ha quedado en entredicho, su vulnerabilidad se ha expuesto a una sociedad cada vez más informada y demandante hacia el Estado, el acceso inmediato a información que se obtiene por medios de comunicación o incluso por redes sociales, mucha de la cual puede ser fake news, ha generado una sociedad que exige más al gobierno, pero también, siendo justos, con tanta información aún hay personas que en su ignorancia siguen sin creer en la existencia de este virus y en el daño que genera, o incluso llegan a pensar que es un invento del gobierno para matarlos, lo que se ha manifestado en enfrentamientos entre autoridades y poblaciones para negarse a la sanitización de sus colonias, ello ha sucedido en México como se evidenció en medios de comunicación ““Ya vienen a matarnos estos cabrones”, expresó un hombre que se le atravesó a la brigada de Protección Civil y la policía municipal que habían llegado por la noche a sanitizar las calles del pueblo de San Luis Huexotla”.¹⁸ (Sic)

Esta situación es un reflejo de un sistema educativo que no ha llegado a todos los sectores, o bien que es deficiente en su objetivo, lo que pone en foco rojo las carencias al sector educativo que será otro de los que más sufrirá por los efectos del COVID-19.

En este sentido se han evidenciado las carencias y el abandono que ha existido desde hace décadas en los sistemas de salud, en el educativo y en el laboral por señalar solamente algunos.

Estas vulnerabilidades a los servicios sociales que presta el Estado van acompañadas de una falta de transversalización de los derechos humanos en todo el quehacer gubernamental, transversalización que debe también estar presente en los presupuestos de egresos de cada ejercicio fiscal. En el caso de México se han hecho recortes presupuestales sin haber realizado ningún análisis sobre el impacto que esa decisión tendría y que el día de hoy estamos viendo esas consecuencias, gente que tiene que ir de un hospital a otro porque no cuenta con camas para ser atendidas, un índice de mortalidad muy elevado, principalmente en los hospitales del sector público,¹⁹ falta de insumos para tratar a la gente y un abandono sanitario hacia las personas con padecimientos diversos al COVID-19.

Por cuanto hace a la materia educativa contamos con servicios públicos que llegan a abarcar hasta los estudios profesionales y que se vinculan directamente con el derecho al desarrollo, tanto profesional como humano, a tener un trabajo digno que le permita tener un mejor ingreso, pero que también es un derecho que contribuye a tener una sociedad más informada, empática, analítica, exigente hacia las acciones que realiza el Estado.

De igual forma el derecho a la educación contribuye a generar una sociedad más consiente respecto del impacto que tiene cada decisión y acción que se realiza. Es por todo lo anterior que garantizar este derecho tiene tanta importancia en un país y en el mundo en general, ya que gracias a la globalización y en parte a la proliferación del COVID-19 nos hemos dado cuento lo conectados que estamos realmente como población mundial, ya no podemos pensar que lo que sucede en China o en algún otro país solamente los afecta a ellos.

Con base en lo anterior es donde radica la necesidad de que el Estado tome las medidas necesarias para evitar que la Pandemia pueda tener efectos que retrasen el nivel educativo en la población, o bien que se incremente la deserción escolar por la necesidad económica e incluso que los egresados de los centros universitarios salgan con demasiadas lagunas profesionales que necesariamente impactarán en el campo laboral.

Es tan grave el panorama educativo que la propia Organización de las Naciones Unidas se pronunció respecto a la reapertura escolar señalando lo siguiente “Nos enfrentamos a una catástrofe generacional que podría desperdiciar un potencial humano incalculable, minar décadas de progreso y exacerbar las desigualdades arraigadas”.²⁰

Esta situación en materia educativa puede tener un impacto en la seguridad interna de los países. La falta de oportunidades laborales ante la deficiente formación educativa podría derivar en que los jóvenes se inserten en la delincuencia organizada, recordando que donde el Estado no se hace presente para hacer efectivo el ejercicio de los derechos humanos, la delincuencia organizada llena ese vacío.

Bajo esta tesitura entremos el tema del derecho a la seguridad. En materia de seguridad vemos la necesidad de garantizar este derecho, cuya labor le corresponde principalmente al Estado, y que resulta fundamental para el ejercicio de otros derechos como es el derecho al trabajo, donde no hay seguridad no hay fuentes de empleo, donde no hay seguridad se han ido cerrando escuelas, no hay inversión económica y obliga al desplazamiento forzado y en los últimos años hemos visto como en diversos países, como es el caso de México.

Si bien los índices de algunos delitos disminuyeron en los países, delitos como robo a transeúnte, hubo otros que se incrementaron como es el caso de la violencia familiar, la violencia contra el personal médico, robo a casa habitación, delitos cibernéticos, robo de identidad, delitos por xenofobia y racismo por ejemplo a personas con ascendencia asiática.²¹

Estos casos de racismo se convierten en un tema más delicado de lo que pensamos porque los ataques van avalados desde el presidente de Estados Unidos Donald Trump desde que se refiere al COVID-19 como el “virus chino”,²² lo que contribuye a que sus seguidores consideren que es válido agredir a una persona con características asiáticas y culparla del colapso sanitario y económico mundial.

Es importante señalar que toda esta situación de la pandemia por COVID-19 nos puede llevar a las puertas de una pandemia de salud mental generada por el encierro, la incertidumbre de lo que puede suceder, el temor a contagiarse en cualquier lugar, entre otras cuestiones que pueden derivar incluso en el suicidio.

Se aborda esta situación de la salud mental porque en los meses que han pasado desde la declaratoria de la pandemia, las medidas de confinamiento adoptadas por las autoridades en los distintos países, la pérdida de empleos y la alta difusión del número de contagiados y de muertos que hay por el COVID-19, ha generado una afectación emocional que se ha visibilizado en las calles, nos referimos a los ataques físicos o incluso mediante el uso de armas de fuego contra personas que no quieren utilizar el mascarilla facial, o bien, por parte de esas mismas personas en contra de quienes les llaman la atención al considerar que ponen en riesgo a todos los que están a su alrededor, y esto ha sido un tema de conflicto entre derechos humanos por ejemplo en el estado de Florida en Estados Unidos, donde las personas se manifiestan respecto a su derecho a respirar sin mascarilla facial, y esta situación se da tras la decisión del gobernador y alcaldes de obligar a la población a usarlo en lugares públicos.

Cómo podemos ver, el ejercicio de los derechos humanos en una era que jamás pensamos como humanidad que nos tocaría ver, está evidenciando las carencias gubernamentales en materia de derechos humanos, y el día de hoy contamos con una población que les exigirá más a sus gobernantes y deberán instrumentarse políticas públicas debidamente focalizadas para salir de lo más rápido posible de la crisis sanitaria, económica, educativa, laboral y social en la que nos deje el COVID-19.

4. EL MANEJO DE LA PANDEMIA POR PARTE DE LOS GOBIERNOS

En este último apartado analizaremos el manejo que le han dado los distintos gobiernos a la Pandemia, unos a través de prohibiciones y otros a través de políticas públicas dirigidas a aminorar el impacto que está quedando de la pandemia mientras el número de casos se siguen incrementando hasta que haya una vacuna y que la misma pueda ser suministrada a la totalidad de la población mundial, tarea que será demasiado difícil por numerosas razones, desde económicas, de abasto global y culturales en la sociedad para aceptar ser vacunados.

El COVID-19 es una pandemia que acabó con los planes de gobierno de muchos países llevándolos a una recesión sin precedentes y cuyos efectos aún desconocemos y no sabemos cuántos años tarden en salir a la luz en su totalidad para así poder tomar las medidas gubernamentales que permitan salir adelante a la mayor brevedad posible y con el menor número de víctimas posible, tanto a nivel sanitario como económico, educativo y social.

La principal crítica que han recibido la mayoría de los países ha sido el tema de la aplicación de pruebas, a lo que el titular de la Organización Mundial de la Salud, Tedros Adhanom ha insistido de manera reiterativa, sin embargo, algunos gobiernos como el mexicano se han negado a atender esa recomendación.

Otro de los motivos de señalamientos negativos frente al manejo de la pandemia por parte de los gobiernos ha sido el referente al conteo de los contagiados y de los muertos. Mucho se ha dicho que ello va en relación con la aplicación de las pruebas, que los gobiernos buscan presentar cifras muy inferiores a lo que en realidad puede ser el total para evitar una afectación política, pero ello está costando la vida de miles de seres humanos, con una familia y una historia de vida, no son solamente números. Esta situación ha sido una constante a nivel mundial ya que algunos solamente cuantifican los muertos en hospitales sin contabilizar a aquellas personas que mueren en su hogar; pero también se ha hecho público gracias a los medios de comunicación la manipulación que se hace de las actas de defunción colocando como causa de muerte una distinta al Covid-19 como puede ser la llamada “neumonía atípica” que ha sido recurrentemente señalada para no dar el diagnóstico de muerte por COVID-19, ya hay países que contabilizan estas muertes como COVID-19.

El tercer cuestionamiento ha sido el uso de la mascarilla facial al cual en algunos países se le ha dado un contexto político como es en el caso de Estados Unidos, México y Brasil, donde sus jefes de gobierno como Donald Trump, Jair Bolsonaro y Andrés Manuel López Obrador e incluso retan esta disposición exponiéndose en multitudes sin dicha protección y lo importante aquí es el mensaje que transmiten, particularmente al sector de la población que los siguen sin cuestionamientos. Otros países han sido más responsables y han establecido un uso obligatorio del mismo como es en España, Italia, Alemania, Nueva Zelanda, China, Japón, Estados Unidos solamente por decisión de los gobernadores o alcaldes, no por orden presidencial, entre otros países que lo implementaron como medida de prevención de contagio y para disminuir la propagación. En México en cambio, ya en el mes de agosto el responsable del manejo de la pandemia por parte del Gobierno Federal todavía se pronuncia diciendo que obligar al uso de la mascarilla podría violar derechos humanos,²³ y él ha sido reiterativo desde su nombramiento como responsable en que está en contra de la aplicación masiva de pruebas y está en contra de la mascarilla facial argumentando que no hay evidencia científica para su uso.

Pero en el tema de la pandemia no todo es la cuestión sanitaria, no nos vamos a encontrar solamente con los muertos de COVID-19, nos encontraremos a inmediato y largo plazo con los muertos de la crisis económica que deriven de la pandemia.

De acuerdo con un documento publicado por el Banco Mundial relacionado con los efectos del COVID-19 en materia económica se calcula que “la covid-19 sumirá a 71 millones de personas en la pobreza extrema, que se mide según la línea internacional de pobreza de US$1,90 al día”.²⁴

La pandemia sanitaria sacó a relucir el nivel de desigualdad que existe tanto en países desarrollados como en los subdesarrollados. Las muertes han sido más comunes en las comunidades menos favorecidas, donde hay falta de servicios tan básicos como el agua o la luz, con personas con bajo nivel educativo, donde se comparten habitaciones hasta con treinta personas porque las familias no cuentan con la capacidad económica para poder pagar un espacio propio, más digno y más seguro, y esta situación no se arregla haciendo reformas legislativas o firmando tratados internacionales, eso ya lo tenemos en la mayoría de los países en la Constituciones, así como también en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y todos los instrumentos internacionales que gusten señalarse; el problema aquí es y ha sido la voluntad política y eso se refleja en políticas públicas efectivas, bien determinadas que permitan generar un cambio en la población más vulnerable y cuyo efecto sea multiplicador mientras esa política se vaya adaptando a otras zonas.

De acuerdo con un documento emitido por la CEPAL las políticas públicas “son soluciones específicas de cómo manejar los asuntos públicos”,²⁵ lo que ha obligado a naciones a decidir endeudarse para proteger las fuentes de empleo, incrementar los seguros de desempleo e incluso se habla de un salario universal que iría a cargo del Estado. Países como los pertenecientes a la Comunidad Económica Europea crearon un fondo de 750,000 millones de euros repartidos en 390,000 para subvenciones y 360,000 para préstamos;²⁶ por su lado Estados Unidos emitió deuda por 3 billones de dólares aproximadamente, esta cantidad en el segundo trimestre del año, pudiéndose incrementar esta cantidad ante las cifras abismales de contagios y de muertes.²⁷

Las cifras económicas arriba mencionadas corresponden a países desarrollados, pero algunos países en vías de desarrollo también tomaron medidas importantes como es el caso de Perú que destinó un apoyo económico equivalente al 12% de Producto Interno Bruto,²⁸ lo que representa una cifra importante tomando en consideración su economía.

Ante todo este panorama, vale la pena señalar las medidas tomadas en México. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador decidió no adquirir ni un centavo de deuda al considerar que no le corresponde al Estado salvar a las empresas, que quiebren las empresas que tengan que quebrar, en cambio se va por la continuidad en sus programas sociales que no ayudarán a afrontar la crisis económica por el COVID-19, que ya se enfrenta ante la pérdida de más de un millón de empleos formales, sin considerar todos los empleos perdidos en la economía informal o en el sector público. “Entre los seis países más grandes de América Latina, México es el único que no está aplicando un paquete de estímulo fiscal para lidiar con el impacto económico del coronavirus en el sector salud, económico ni social, advirtió Goldman Sachs”.²⁹

Se obtuvo un préstamo de mil millones de dólares por parte del Banco Mundial que no serán destinados a apoyar esta causa, por lo que la población mexicana tendrá que ver cómo sale delante de esta crisis ante un Estado completamente ausente e insensible hacia su población.

Esta situación se torna muy compleja por la cuestión política de los Gobernantes, nos referimos a sus posturas políticas que no encajan en una crisis como la que estamos viviendo, jamás habíamos experimentado algo así y la nueva normalidad requerirá una nueva forma de hacer gobierno.

A nivel mundial ya veníamos experimentando una situación muy compleja en cuanto a lo político, la gente ya estaba cansada de los políticos de siempre ante los hechos de corrupción cada vez más escandalosos, por lo que llegaron al Poder personas de izquierda, en algunos casos de la izquierda radical que les tocó enfrentarse con lo inesperado. Estas ideologías que han ido ocupando los cargos más importantes en algunos países como México, Estados Unidos, Reino Unido y Brasil por citar las naciones con el número más elevado de muertes por COVID-19, representan gobiernos que le restaron importancia al virus, consideraron que era una situación que iban a poder controlar, que duraría un par de meses en contenerse, en otras palabras, lo vieron como una “simple gripa” que no ameritaba tomar acciones radicales para salvar vidas y mucho menos los empleos formales.

El primer país en tomar acciones que pueden considerarse radicales e incluso violatorias de derechos humanos fue el país donde se presume que se originó el virus, nos referimos a China de acuerdo con la información oficial de la propia Organización Mundial de la Salud. China se valió de lo último en tecnología para controlar el tránsito de su población y lo hizo a través de drones que obligaban a las personas a colocarse la mascarilla y a volver a su hogar ya que se declaró un confinamiento obligatorio que duro 76 días,³⁰ cerrando toda actividad económica no esencial, las escuelas, e incluso las fronteras terrestres, marítimas y aéreas.

Después de China el segundo país en verse afectado fue Italia donde se confinó a la población durante 60 días, en los medios de comunicación se presentaban imágenes muy duras sobre los muertos en las poblaciones italianas, se veían las calles completamente vacías, igualmente la economía se detuvo.

Posteriormente el impacto se fue al sur de Europa, es decir a España, donde también se tomaron medidas de confinamiento obligatorio con un periodo del 15 de marzo desde la declaratoria de alerta hasta el 21 de junio de 2020. Es importante señalar que en España se estuvieron aplazando las fechas de reapertura, con cuestionamientos muy fuertes frente al manejo que hizo el gobierno español encabezado por Pedro Sánchez.

Suecia fue una de las sorpresas a nivel internacional por la falta de respuesta para la contención del virus. Se decidieron por alcanzar la inmunidad de rebaño. No instrumentaron ninguna medida restrictiva, sus habitantes continuaron con su vida normal y hoy se dan cuenta que muchas de esas muertes se pudieron haber evitado.

Poco a poco el COVID-19 se fue propagando por toda Europa, por otros países de Asia hasta llegar a América con algunos meses de retraso frente a la llegada a Europa, lo que se pensaba podía ayudar a los países del Continente Americano a no repetir los errores de los países europeos y a tomar las buenas prácticas que habían tenido éxito para contener la propagación del virus en Europa, China, Japón, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda, entre otros.

En este contexto hubiéramos esperado que el número de contagios y sobre todo de muertes en América hubiera sido muy bajo con referencia a Europa, la sorpresa es que el epicentro de la pandemia se vino al continente americano empezando en Estados Unidos en la Ciudad de Nueva York principalmente para después ubicarse el epicentro en Texas, Florida y California.

El caso de Estados Unidos es muy grave porque incluso la gente en su desesperación y confianza ciega hacia sus líderes creyeron en los dichos de Donald Trump de que podrían tomarse el desinfectante Lysol para acabar con el virus, lo que provocó que cientos de personas se intoxicaran al consumirlo.³¹

En el caso de México el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que el cuenta con imágenes religiosas que lo protegen contra el virus y por eso él no se ha contagiado,³² incluso invitaba a la gente a salir de sus casas con la finalidad de reactivar prematuramente la economía y muriendo quien tenga que morir debido a que no pueden vivir en el miedo de contagiarse.

Jair Bolsonaro por su parte es otro de los líderes mundiales que menospreció los efectos del COVID-19, se ha rehusado al uso de la mascarilla y es de aquéllos presidentes que ya contrajo el virus sin que ello generara un cambio para bien en su actitud, todo lo contrario en una conferencia de prensa, ya con el diagnóstico positivo del COVID-19 se retiró la mascarilla frente a todos los periodistas, exponiéndolos al contagio, así como también se negó a confinar a la población y no frenar la economía,³³ y al día de hoy es el segundo país con más muertes en el mundo, antecedido por Estados Unidos y en tercer lugar por México.

Estos son solamente los casos que se consideraron los más delicados como ejemplo de lo que no se debe repetir en ningún otro país, porque como se mencionó anteriormente, estamos hablando de seres humanos que han perdido su vida, de huérfanos a quienes la vida les cambió en un abrir y cerrar de ojos, de personas que tendrán que lidiar con las secuelas físicas y emocionales que les haya dejado el padecer el coronavirus. Es aquí donde la política no puede estar por encima de la ciencia y la política solamente debe ser el instrumento para salvar el mayor número posible de personas.

5. CONCLUSIONES

De lo presentado en el artículo se desprenden las siguientes conclusiones:

1. 1. Los gobiernos deben brindar mayor apoyo institucional y económico a la ciencia. Muchos países la han abandonado focalizándose en acciones que les representen un reconocimiento más inmediato.
2. 2. El coronavirus desenmascaró la desigualdad que existe en todos los países y ha evidenciado que las políticas públicas que se han instrumentado al paso de cada gobierno no se han diseñado como debieran y ello se demuestra con los altos índices de mortalidad que hay en las personas más vulnerables.
3. 3. Es necesario fortalecer los sistemas de salud. La gran sorpresa nos la hemos llevado con el sistema sanitario de Estados Unidos y las deficiencias que hay en los hospitales públicos, principalmente de los que se encuentran en vías de desarrollo, nuevamente ahí se demuestra que hay ciudadanos de primera y de segunda toda vez que hay mayor mortalidad en los hospitales públicos que en los privados.
4. 4. Los gobiernos y la sociedad en general deben entender que el mundo como lo conocíamos ha cambiado y en ese mismo sentido debemos cambiar y adaptarnos a las nuevas circunstancias para poder sobrevivir en un mundo que todavía no tenemos idea de cómo será.

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Notas

Notas de autor

Información adicional

Como citar este artículo | How to cite this article: SÁNCHEZ DIAZ, Maria Fernanda; ROMERO TELLO, Ana Guadalupe. COVID-19, Derechos Humanos y Estado frente al manejo de la Pandemia. Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, Santa Fe, vol. 8, n. 1, p. 233-254, ene. /jun. 2021. DOI 10.14409/redoeda.v8i1.9525