Introducción

La creciente importancia de los criterios ESG y el avance de las tecnologías legal tech están transformando profundamente el panorama jurídico, con un impacto particularmente significativo en el ámbito del derecho y la administración públicos. Este artículo se propone examinar la intersección de estas dos cuestiones y su influencia en la evolución del sector público español, así como sus implicaciones para el acceso a la justicia y la gobernanza. En el contexto actual, las administraciones públicas se enfrentan al desafío de integrar los principios ESG en sus procesos y políticas públicas, mientras que simultáneamente deben adaptarse a la revolución digital que está redefiniendo la prestación de servicios públicos y el acceso a la justicia.

La relevancia de este estudio en el ámbito del derecho público radica en su potencial para influir en la formulación de políticas, la toma de decisiones administrativas y la modernización del sistema judicial. Las tecnologías legal tech emergen como soluciones cruciales para mejorar el acceso a la justicia y la eficiencia administrativa. Aplicaciones como chatbots legales, asistentes de voz y plataformas de resolución de conflictos en línea están democratizando el acceso a la información legal y los servicios jurídicos. Estas innovaciones son particularmente relevantes en el marco del Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.3 de las Naciones Unidas, que busca garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos.

En este contexto, la legislación española, incluyendo la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, aunque no hace referencia explícita a los principios ESG, establece principios relacionados como la transparencia, la sostenibilidad y la responsabilidad social, además, la normativa sobre transformación digital de las Administraciones públicas, como el Real Decreto 6/2023, está sentando las bases para la implementación de tecnologías avanzadas en el sector público.

La primera sección del estudio proporciona una definición detallada de ESG, desglosando cada componente y su aplicación en las administraciones públicas y organizaciones privadas. Se explora cómo los aspectos ambientales, sociales y de gobernanza se implementan en diferentes contextos, destacando las particularidades de cada sector.

La segunda parte del artículo se centra en el uso de soluciones legal tech, con un enfoque especial en el ámbito público. Se analiza el impacto de estas tecnologías en el derecho público, examinando el marco jurídico existente y las consideraciones específicas para su implementación. Además, se explora cómo las soluciones legal tech están mejorando el acceso a la justicia y su relación con los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) y los criterios ESG.

Finalmente, el artículo aborda los desafíos y oportunidades que surgen de la convergencia entre ESG y legal tech, tanto en el sector público como en el privado. Se examinan las implicaciones para la modernización de la administración pública y la transformación de los servicios legales a un entorno cada vez más digitalizado y orientado a la sostenibilidad.

1. Definición de ESG y sus siglas

ESG y ODS son marcos de sostenibilidad con enfoques distintos. Los ESG son criterios utilizados por inversores y empresas para evaluar el comportamiento sostenible y ético de las organizaciones, centrándose en el impacto ambiental, la responsabilidad social y la gobernanza corporativa. Los ODS enfatizan el potencial de las tecnologías de la información para acelerar el progreso humano y desarrollar sociedades del conocimiento respetuosas con el clima y la biodiversidad. Por su parte, las empresas de legal tech mejoran el acceso a la justicia, reducen la burocracia y facilitan la resolución de conflictos, permitiendo una gestión más eficiente de los riesgos y responsabilidades legales.^[1] Sin duda alguna, la crisis del COVID-19 resaltó la importancia de la Responsabilidad Social Corporativa y la Economía Social para lograr un desarrollo más sostenible e inclusivo. Esto modificó los discursos públicos y las opiniones ciudadanas, dando mayor relevancia a lo social y lo público. El desafío actual es generar un cambio real en los ecosistemas empresariales que priorice a las personas y el bien común.

1.1. “E” de “envirnonmental”

1.1.1. La sigla “E” en las Administraciones Públicas

En el caso especial de la Administración Pública supone mejora de eficiencia, transparencia y efectividad en los servicios públicos reduciendo costes, conocido como el «principio de economía» donde debe enfatizando la necesidad de aplicar principios de economía para optimizar la gestión de recursos en el sector público.^[2] Este principio se fundamenta en la necesidad de gestionar los recursos públicos de manera eficiente y eficaz, garantizando que se obtenga el máximo rendimiento de los recursos disponibles, minimizando el gasto y evitando el despilfarro. Este principio se encuentra alineado con otros principios de buena gestión pública, como la eficacia y la celeridad, que buscan optimizar la prestación de servicios a la ciudadanía y asegurar un uso responsable de los fondos públicos. En España, la Ley 40/2015, de 1 de octubre, establece estos principios como parte del régimen jurídico del sector público, promoviendo así una administración más eficiente y centrada en el interés general.

Al igual que la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público establece que la contratación pública debe incorporar criterios medioambientales como condiciones especiales de ejecución del contrato o criterios para valorar las ofertas. Esto implica que los proveedores deben demostrar su capacidad para gestionar y minimizar los riesgos medioambientales asociados a sus servicios o productos. La contratación pública se configura como una herramienta para promover el desarrollo sostenible, alineándose con la Estrategia Europa 2020²¹. Esto significa que la administración pública no solo busca eficiencia económica, sino también un menor impacto ambiental en sus adquisiciones. Las especificaciones técnicas de los contratos deben incluir criterios medioambientales, como la exigencia de certificaciones de gestión ambiental (por ejemplo, EMAS o ISO 14001) y la evaluación del ciclo de vida de los productos ofrecidos. Estos criterios deben ser objetivos y adecuados para determinar la oferta más ventajosa para la administración, asegurando que se evalúen adecuadamente los riesgos medioambientales.

Por otro lado, la Orden PCI/86/2019 establece un marco para la contratación pública ecológica, promoviendo la adquisición de bienes y servicios con el menor impacto medioambiental posible. Este plan busca impulsar la economía circular y garantizar un uso más racional de los fondos públicos. Por tanto, el enfoque de sostenibilidad en el sector público trae consigo la mejora de la productividad fomentando la participación ciudadana contribuyendo a una gobernanza más inclusiva y representativa.

En aspectos generales, el regulador europeo define un esquema normativo que promueve la transparencia y la responsabilidad social, buscando crear un entorno empresarial más responsable y sostenible, donde las empresas sean conscientes de su impacto y actúen de manera proactiva para mitigarlo. Esas regulaciones concretas son la Directiva europea de Debida Diligencia en derechos humanos y medio ambiente, junto con los Estándares Europeos de Reporte de Sostenibilidad y la Directiva de Reporte de Sostenibilidad Corporativa establecerán modelos de reporte estandarizado, resaltando la importancia de datos comparables que faciliten el análisis del rol social de las empresas y fomenten compromisos más ambiciosos.

1.1.2. La sigla “E” en las organizaciones y empresas.

Las organizaciones y empresas están reduciendo el desperdicio de recursos, como papel, mediante la adopción de tecnología, transformando así las prácticas hacia modelos más sostenibles y eficientes. Según la Environmental Paper Network, el consumo de papel ha alcanzado niveles insostenibles a nivel global, destacando la necesidad de adoptar medidas para un uso más sostenible. Las empresas deben implementar soluciones que optimicen procesos y operaciones para mitigar el impacto ambiental de la industria tales como:

• Reducir el uso de papel en los entornos de trabajo. Para reducir el uso de papel, las empresas deben fortalecer la cultura de "papel cero" mediante prácticas como impresión a doble cara, reducción de impresiones innecesarias y uso de pizarras. Las administraciones públicas, los departamentos legales, bufetes y están adoptando iniciativas como digitalización de documentos, sistemas de gestión documental electrónicos, firmas digitales, equipos de impresión eficientes, capacitación en prácticas responsables y reciclaje de materiales¹⁶.

• Empleo de tecnología y la digitalización y soluciones digitales. El empleo de tecnología y soluciones digitales reduce significativamente el consumo de papel. Herramientas como ordenadores, tablets y smartphones permiten procesos digitales como almacenamiento en la nube, pagos online y firmas electrónicas. En el sector jurídico, el software de gestión documental y contractual mejora la seguridad y eficiencia. Los formularios digitales impulsan el negocio. Delmas et al. indican que los empleados de empresas ecológicas son más productivos que los de empresas convencionales.^[3]

• Cadena de suministro sostenible “homologada”. Incluso las propias empresas de legal tech se aseguran de que sus proveedores les apoyan desde el inicio del desarrollo del negocio a la promoción y evaluación de riesgos medioambientales. Estas medidas mejoran la eficiencia y productividad de los despachos de abogados al facilitar el acceso y la gestión de la información de manera digital, además, adoptar un enfoque sostenible puede ser una ventaja competitiva al atraer clientes y talentos que valoran el compromiso con la responsabilidad social y ambiental.

1.2. “S” de “social”

La dimensión social de los criterios ESG está teniendo un impacto significativo en las Administraciones Públicas, impulsando una gestión más responsable y orientada al bienestar social. Algunos aspectos clave de este impacto son los siguientes:

• Contratación pública sostenible y responsable. La Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público en España, aunque no menciona explícitamente los principios ESG, establece criterios relacionados como la sostenibilidad, la responsabilidad social y la igualdad en la contratación pública. En España, el Plan de Contratación Pública Ecológica 2018-2025^[4] es un claro ejemplo de cómo se están incorporando criterios de sostenibilidad en la contratación pública, el cual establece objetivos como promover la adquisición de bienes, obras y servicios con el menor impacto medioambiental y servir como instrumento de impulso de la Estrategia Española de Economía Circular^[5].

En este punto, resulta relevante hablar de las cláusulas contractuales tipo para la adquisición de esta tecnología por parte de organismos públicos que presentó la comunidad de contratación pública de IA de la Comisión Europea^[6]. Éstas resultan especialmente útiles para el sector público porque ofrecen una base flexible y estructurada que puede adaptarse al sector privado, proporcionando un marco general para garantizar la fiabilidad, seguridad y responsabilidad en el uso de la IA. Por un lado, están las referentes a los sistemas de IA de alto riesgo enfocadas en transparencia, supervisión humana, gestión de riesgos y ciberseguridad, y por el otro lado, las de los sistemas que no son de alto riesgo recomendadas para mejorar la confianza y fiabilidad de estos sistemas.

• Políticas inclusivas y planes de igualdad. Se está poniendo énfasis en la implementación de políticas que garanticen la igualdad de oportunidades, promuevan la inclusión social y combatan la discriminación .La Ley 9/2017 citada establece criterios relacionados con la sostenibilidad, la responsabilidad social y la igualdad en la contratación pública lo que demuestra un compromiso con políticas inclusivas y la promoción de la igualdad de oportunidades.

• Gestión transparente y ética. Las administraciones públicas están adoptando principios ESG para promover una gestión más transparente, ética y responsable de los recursos públicos. El Manual para la Contratación Pública Ecológica en España indica que la adquisición pública sostenible debe ser parte del ADN de una Administración Pública comprometida con la minimización de impactos económicos y medioambientales.

• Participación ciudadana y desarrollo comunitario. Se están desarrollando mecanismos para aumentar la implicación y participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones.

• Innovación tecnológica. Se prevé un aumento en la adopción de soluciones innovadoras y tecnológicas, como blockchain e inteligencia artificial, para mejorar la eficiencia y el impacto social de las administraciones públicas.

• Gestión de riesgos sociales. Las administraciones están desarrollando estrategias para abordar riesgos sociales como la pobreza, la desigualdad y la falta de acceso a servicios básicos. Por ejemplo, la contratación pública sostenible en España está considerando criterios como la lucha contra el desempleo y la participación de personas en riesgo de exclusión social en la ejecución de los contratos.

1.2.2. La sigla “S” en las organizaciones y empresas

Las organizaciones poseen tanto una capacidad directa como indirecta para promover el bienestar social y abordar las desigualdades, entre otros aspectos relevantes. La dimensión social irrumpe cada vez con mayor relevancia en los contextos corporativos. Las organizaciones enfrentan la necesidad de abordar riesgos sociales, como condiciones de vida deficientes y desigualdades, promoviendo la calidad de vida laboral²⁰ y el desarrollo de todos los grupos involucrados. Además, la dimensión social externa implica que empresas y sindicatos contribuyan al desarrollo de las comunidades donde operan.

Las organizaciones enfrentan una creciente imperativa de adoptar acciones y compromisos en respuesta a una situación cada vez más preocupante en relación con los riesgos sociales, como son las condiciones de vida y salud deficientes, las desigualdades, las prácticas inadecuadas en materia de diversidad e inclusión, así como la falta de mecanismos adecuados para garantizar la debida diligencia en el ámbito de los derechos humanos.

En España, la propia Cámara de Comercio de Madrid (2023)^[7], ha destacado la dimensión social del marco ESG que se ha convertido en un desafío clave para las empresas, dejando atrás su papel secundario frente a las cuestiones ambientales y emergiendo como un motor de cambio. Los inversores y analistas muestran un creciente interés en el impacto social de las empresas, mientras que los organismos reguladores impulsan la estandarización de la información sobre gestión social. La Cámara de comercio hace una distinción interesante. La dimensión social interna se refiere a la atención y promoción de la calidad de vida en el entorno laboral y al desarrollo integral de las partes involucradas, incluidos trabajadores, clientes y grupos de interés, en los procesos de toma de decisiones. El propósito de esta dimensión es generar un impacto positivo en la sociedad en su conjunto. Por otro lado, la dimensión social externa, que abarca aspectos socioculturales y políticos, implica las acciones y contribuciones de la empresa y de los sindicatos para crear condiciones que propicien el desarrollo comunitario en las localidades donde se lleva a cabo su actividad. Para la Cámara de Comercio, la huella social de una empresa puede ser desglosada en tres componentes fundamentales: el bienestar social, la economía local y el entorno. En lo concerniente al bienestar social, se incluyen aspectos tales como la salud, la igualdad (como son los planes de igualdad)^[8], la inclusión, la pobreza, la educación y la seguridad de la población.

Por su parte, la economía local se ve impactada por factores como el empleo, los efectos en el mercado local, la creación y apoyo a empresas, el acceso a financiación, el pago de impuestos, la generación de empleos indirectos y la revitalización de otras actividades económicas. En este sentido y para abordar las necesidades se prevé un incremento en la irrupción de soluciones innovadoras y tecnológicas que contribuirán a esta dimensión social del ESG, promoviendo la implicación de todos los actores profesionales en beneficio de la sociedad en su conjunto. Existen ya empresas legal tech con blockchain que se orientan a bajar la barrera de acceso y a la democratización de la financiación de pequeñas y medianas empresas o empresas con IA reducen carga de trabajo de los abogados y mejora su bienestar. También existe software para digitalizar los planes de igualdad creado por las principales editoriales jurídicas.

1.3. “G” de “gobernance”

1.3.1. La sigla “G” en las Administraciones públicas

Promueve que los profesionales del derecho y los funcionarios públicos se cuestionen cómo pueden aprovechar mejor la tecnología para transformar sus prácticas y servicios.

Pero si pensamos en el proceso de transformación digital de las Administraciones Públicas hemos de pensar en el régimen aplicable avanzado en cuanto impulso innovador y digital se refiere.

En concreto, hemos de citar la Ley 11/2007, de Acceso Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos que, aunque parcialmente derogada, sentó las bases para el reconocimiento del derecho de los ciudadanos a relacionarse electrónicamente con las administraciones. Este enfoque en los derechos ciudadanos es crucial para la inclusión digital, ya que obligó a las administraciones a garantizar el acceso electrónico a sus servicios. La ley también contemplaba la necesidad de proporcionar medios alternativos de acceso para aquellos ciudadanos que no dispusieran de los medios electrónicos necesarios, abordando así la protección de grupos vulnerables.

Por otro lado, la Ley 39/2015, de Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas constituye un pilar fundamental en la transformación digital de la administración pública española estableciendo la obligatoriedad de la relación electrónica entre las administraciones y con los ciudadanos, fomentando así la inclusión digital. El artículo 10 de la Ley 39/2015, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (LPACAP), establece que la firma electrónica cualificada es el sistema preferente entre los diversos métodos de firma admitidos por las Administraciones Públicas. Este tipo de firma constituye un nuevo tipo de firma electrónica avanzada que, “acompañada de determinados elementos que le imprimen una mayor seguridad (dispositivo cualificado de creación de firma electrónica, de una parte, y certificado cualificado de firma electrónica, de otra)”.^[9]

La implementación de registros y firmas electrónicas, así como la priorización de las notificaciones electrónicas, contribuyen a la accesibilidad de los servicios públicos. Sin embargo, la ley también reconoce la necesidad de asistencia en el uso de medios electrónicos a aquellos ciudadanos que lo requieran, abordando así la protección de grupos potencialmente vulnerables en el entorno digital.

Además, la Ley 40/2015, de Régimen Jurídico del Sector Público, complementa a la anterior, regulando específicamente el funcionamiento electrónico del sector público al establecer las bases para las sedes electrónicas y el intercambio de datos en entornos cerrados de comunicación, la ley promueve una mayor accesibilidad a los servicios públicos, además facilita que los ciudadanos independientemente de su ubicación o situación, puedan acceder a los servicios públicos de manera más eficiente, contribuyendo así a la inclusión digital.

Por último, el Real Decreto 1112/2018, sobre Accesibilidad de los Sitios Web y Aplicaciones para Dispositivos Móviles del Sector Público es particularmente relevante en términos de accesibilidad e inclusión digital estableciendo requisitos específicos para garantizar que los sitios web y aplicaciones móviles del sector público sean accesibles para todos los usuarios, con especial atención a las personas con discapacidad, exigiendo que se implementen medidas como el “diseño adaptativo”, la compatibilidad con tecnologías de asistencia y la provisión de “alternativas textuales para contenido no textual.

1.3.2. “G” en las organizaciones y empresas

La gobernanza corporativa es el sistema y la estructura de poder que rigen los mecanismos a través de los cuales las compañías son dirigidas y controladas pero también puede percibirse como un “sistema normativo” que conducen a la eficiencia, el crecimiento y al tratamiento dado a los accionistas y a otras partes interesadas, teniendo como base los principios definidos por la ética aplicada a la gestión del negocio.

Esta sigla (“G”) significa gobernanza corporativa incluyendo la estructura y composición del consejo de administración, la transparencia, la ética empresarial, etc. La gobernanza corporativa persigue identificar y definir procesos y áreas de mejora en las unidades de negocios, analizando los procesos I+D, establecer responsabilidad de los procesos, implementación, gestión y políticas coherentes con los KPIs, misión, visión y valores de la organización. La gobernanza social y medioambiental son procesos y actividades en las organizaciones de todo tipo de tamaño asociados con su entorno ecológico, con la interacción entre las personas internas y externas a la organización y su sistema de gestión corporativa (controles, políticas y procedimientos) para direccionar las cuestiones de ésta. Cada organización es única, por lo que se deberá pensar en una gobernanza según deberá diseñarse para desarrollar el equipo de la organización. La responsabilidad social y medioambiental de una empresa multinacional puede necesitar de estrategias diferenciadas según el contexto institucional y económico en los distintos países.^[10]

Sin las herramientas adecuadas, la gestión de contratos y documentos en las empresas es una tarea abrumadora y estresante. Los documentos legales son un activo muy relevante en el día a día de las empresas; son los que hacen que las operaciones prosperen y que el negocio avance hacia sus objetivos. Dada su importancia, las operaciones jurídicas implican un nivel de detalle muy elevado y el esfuerzo coordinado de diferentes áreas para un mismo fin: cero errores y un trabajo impecable. Desafortunadamente, llevar a cabo esta tarea por medios tradicionales puede provocar un elevado estrés entre el personal, porque los procesos se ralentizan, los plazos son ineludibles y el número de contratos y procesos que hay que controlar es enorme. A la larga, la frustración y la desesperación pueden convertirse en estrés y desembocar en el temido burnout de los empleados. La ausencia de tecnología adecuada les obliga a centrarse casi exclusivamente en tareas operativas. La tecnología para sacar lo mejor de las personas.

Las organizaciones mejor preparadas son aquellas en las que el enfoque y la atención comienzan desde la cima de la organización y no sólo desde la trastienda.

Los profesionales del derecho desempeñan un papel clave en la gobernanza tecnológica, asesorando a las empresas sobre cumplimiento normativo en el uso de nuevas tecnologías, gestión de riesgos legales y reputacionales relacionados con la tecnología y el desarrollo de políticas y procedimientos internos para una gobernanza efectiva

En este sentido, las soluciones legal tech pueden mejorar significativamente la gobernanza empresarial a través de plataformas de gestión de contratos y documentos aumentando la transparencia, por medio de sistemas de IA para la toma de decisiones éticas o con blockchain para garantizar registros corporativos.

Para ir más allá, existen empresas de legal tech^[11] con esta dimensión “G” -de gobernanza- que ayudan a la gobernanza corporativa permitiendo a clientes pequeñas y medianas empresas a dedicar menos tiempo atareas administrativas repetitivas para dedicarse a la estrategia y a actividades de valor. En cualquier caso, administraciones públicas, las asesorías, despachos de abogados tendrán que hacer una labor de autodiagnóstico donde podrán preguntarse cuál es su situación en relación con la tecnología e innovación^[12].

2. El uso de soluciones de legal tech y sus particularidades en el ámbito público

2.1. El impacto de legal tech en Derecho Público: Análisis del marco jurídico

En primer lugar, hemos de señalar normativa española que es de especial relevancia en el marco del ámbito público por su impacto en la transformación digital de las administraciones públicas y su regulación.

• Real Decreto-ley 6/2023, de 19 de diciembre, por el que se aprueban medidas urgentes para la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en materia de servicio público de justicia, función pública, régimen local y mecenazgo^[13]

• Real Decreto 311/2022, de 3 de mayo, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad que actualiza el marco normativo en materia de seguridad de las redes y sistemas de información de las entidades del sector público^[14].

• Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos la cual desarrolla las Leyes 39/2015 y 40/2015, estableciendo el régimen jurídico de uso de los medios electrónicos en la actividad de las entidades del sector público^[15].

• Real Decreto-ley 3/2020, de 4 de febrero, de medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados sectores; de seguros privados; de planes y fondos de pensiones; del ámbito tributario y de litigios fiscales^[16].

• Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales: Aunque no se centra exclusivamente en la administración pública, es crucial para la gestión de datos en el proceso de digitalización^[17].

• Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público^[18].

• Ley 7/2020, de 13 de noviembre, para la transformación digital del sistema financiero.

• Real Decreto 806/2014, de 19 de septiembre, sobre organización e instrumentos operativos de las tecnologías de la información y las comunicaciones en la Administración General del Estado y sus Organismos Públicos^[19].

• Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia: Aunque específica para el ámbito judicial, es relevante para la digitalización de este sector de la administración pública^[20].

• Real Decreto 4/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Interoperabilidad en el ámbito de la Administración Electrónica: Establece los criterios y recomendaciones de seguridad, normalización y conservación de la información en la Administración Electrónica^[21].

• Real Decreto 3/2010, de 8 de enero, por el que se regula el Esquema Nacional de Seguridad en el ámbito de la Administración Electrónica el cual define la política de seguridad en la utilización de medios electrónicos en las administraciones públicas.

• Ley 56/2007, de 28 de diciembre, de Medidas de Impulso de la Sociedad de la Información. Aunque no es reciente, estableció bases importantes para la digitalización de servicios públicos^[22].

• Real Decreto 1494/2007, de 12 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre las condiciones básicas para el acceso de las personas con discapacidad a las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la información y medios de comunicación social^[23].

• Ley 34/2002, de 11 de julio, de servicios de la sociedad de la información y de comercio electrónico (LSSI) que aunque no es específica para la administración pública, establece el marco legal para las transacciones electrónicas que también afecta a los servicios públicos digitales^[24].

Además, de regulación per se, aparecen otros documentos de especial relevancia que impulsan las políticas públicas para posibilitar esta transformación como son los siguientes:

• Plan de Digitalización de las Administraciones Públicas 2021-2025^[25].

• Agenda España Digital 2026^[26].

• Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial que aunque no es específica para la administración pública, incluye líneas de acción para la implementación de IA en el sector público^[27].

• Estrategia de Inteligencia Artificial de la Agencia Tributaria de 27 de mayo de 2024 donde se establecen compromisos, principios rectores y líneas de actuación de esta administración pública.

• Plan de Impulso de las Tecnologías del Lenguaje que parte de la Agenda Digital para España, busca fomentar el desarrollo del procesamiento del lenguaje natural, la traducción automática y los sistemas conversacionales en español y lenguas cooficiales^[28].

• Estrategia Nacional de Contratación Pública 2023-2026^[29][30].

• Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2019^[31] que aunque no es exclusiva del sector público, incluye medidas para fortalecer la ciberseguridad en las administraciones públicas.

2.2. Encaje jurídico específico en la implementación

Ahora bien, al adoptar prácticas sostenibles, las Administraciones públicas se ven obligados a repensar sus procesos y encontrar formas más inteligentes de operar. Esto puede conducir a la implementación de tecnologías más limpias y eficientes, así como a la optimización de los recursos y la reducción de costes a largo plazo.^[32]Legal tech y digitalización son conceptos relacionados, pero no son exactamente lo mismo. Legal tech se refiere específicamente a la aplicación de tecnologías emergentes en el ámbito legal para mejorar y optimizar procesos, mientras que la digitalización es un término más amplio que abarca la transformación de procesos y servicios en mediante el uso de tecnología digital.

Las herramientas tecnológicas que con creciente rapidez llegan al sector legal están revolucionando la industria legal, al aumentar la velocidad y eficiencia de los servicios jurídicos tradicionales o al reemplazarlos en parte con nuevas aplicaciones y formas de prestación.^[33] Las tecnologías legal tech están transformando significativamente el sector y las administraciones públicas. Algunas de las principales aplicaciones, sin ánimo de señalar un listado exhaustivo, son:

En primer lugar, la implementación de plataformas de investigación jurídica en la Administración Pública. La investigación jurídica con sistemas que analizan grandes volúmenes de legislación, jurisprudencia y doctrina para encontrar información relevante, mejorando la eficiencia en la toma de decisiones administrativas.

En segundo lugar, la revisión de documentos como soluciones de IA que examinan contratos y documentos administrativos, identificando cláusulas clave y reduciendo el tiempo de análisis. Por ejemplo, la plataforma LexisNexis utiliza IA para analizar grandes volúmenes de legislación y jurisprudencia, permitiendo a los funcionarios públicos encontrar información relevante de manera más eficiente lo que permite optimizar la toma de decisiones en la elaboración de políticas y normativas.

En tercer lugar, la creación de plataformas y chatbots. El Asesoramiento legal automatizado como Chatbots y plataformas que ofrecen respuestas a consultas ciudadanas sobre trámites y procedimientos administrativos. Por ejemplo, el Ayuntamiento de Murcia cuenta con Rosi^[34]y el Ayuntamiento de Torrent (Valencia) para la atención a los ciudadanos. En el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz^[35] se utilizan para trámites y gestiones online y en el de Rivas Vaciamadrid para el Servicia Integral de Atención a la Ciudadanía (SIAC). Por parte, la diputación de Valencia cuenta con Gestri para resolver las dudas de los contribuyentes o el Cabildo de Fuerteventura, a través de la Consejería de Educación y Juventud, usa Beki para la gestión de las becas.

La implementación de las soluciones legal tech tendrá que ser conforme a la normativa existente, tanto en relación con el Reglamento (UE) 2024/1689 del Parlamento Europeo y del Consejo de 13 de junio de 2024, conocido como el Reglamento de Inteligencia Artificial^[36] (“RIA”, en adelante), el Reglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abril de 2016^[37], (“RGPD”, en adelante), o normativa nacional en materia de contratación pública, como la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público^[38], la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público^[39], la Ley 39/2015 del Procedimiento Administrativo Común en las Administraciones Públicas^[40] o la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno^[41].

Merece especial referencia la normativa europea RIA al otorgar seguridad jurídica en el uso de las soluciones que se basan en IA como pueden ser los chatbots y otros instrumentos. En el considerando 119, se considera al “chatbot en línea” el cual “efectúe búsquedas, en principio, en todos los sitios web, incorpore a continuación los resultados a sus conocimientos existentes y utilice los conocimientos actualizados para generar una única información de salida que combine diferentes fuentes de información”. De forma específica, el regulador europeo ha reflejado su preocupación y los ha clasificado como “IA de riesgo limitado” en que los humanos deben ser conscientes de que están interactuando con una máquina para que puedan tomar una decisión informada de continuar o dar un paso atrás. Por ello, los proveedores deberán garantizar que el contenido generado por la IA sea identificable, y deberá etiquetarse como generado artificialmente con el fin de informar al público sobre asuntos de interés público. La administración pública como responsable de despliegue deberá tener en cuenta los sistemas de IA que quedan totalmente prohibidos los cuales están recogidos en el artículo 5, además los proveedores de IA deberán cumplir las obligaciones establecidas en esta norma. Además, estas herramientas de chatbot deberán, conforme al Real Decreto 1112/2018 sobre accesibilidad de los sitios web y aplicaciones para dispositivos móviles del sector público, ser accesibles para todos los ciudadanos asegurándose que personas con discapacidad puedan utilizar el servicio en igualdad de condiciones. Por otro lado, las Administraciones Públicas deberán informar sobre el funcionamiento del chatbot, explicar cómo se toman las decisiones automatizadas y garantizar el derecho de acceso a la información sobre el sistema posibilitando el art.22 del RGPD, es decir al derecho de oposición a ser parte decisiones automatizadas.^[42]

En cuarto lugar, el uso de Blockchain/DLT. Los contratos autoejecutables u smart contracts pueden automatizar procesos administrativos, como la adjudicación de contratos públicos o la gestión de subvenciones. Por ejemplo, el gobierno de Aragón ha implementado una innovadora plataforma de licitación pública basada en tecnología blockchain, convirtiéndose en pionera y referente para otras administraciones españolas. Esta iniciativa se desarrolló al amparo de la legislación vigente, específicamente el artículo 159.6.d) de la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público y el artículo 41 de la Ley 40/2015 de Régimen Jurídico del Sector Público. Estas herramientas han permitido agilizar y optimizar los procesos de valoración de ofertas en los procedimientos abiertos simplificados de licitación fomentando, sobre todo, la transparencia, demostrando el valor añadido real que la tecnología blockchain puede aportar a la administración pública en España.

En licitación pública, el artículo 393 y siguientes del Real Decreto-ley 3/2020 de medidas urgentes en materia de contratación pública^[43], tratan sobre “catálogos electrónicos” y “sistemas dinámicos de adquisición”. Estos conceptos facilitan la digitalización de los procesos de licitación, permitiendo la integración de la tecnología blockchain. Por ejemplo, pensemos en un contrato de materiales para obras urbanas donde la entidad contratante sea una empresa con poderes especiales otorgados por el Ayuntamiento. En esta situación se optaría por una red blockchain privada donde una empresa semi-privada con poderes especiales actuaría como “nodo gestor” del proceso de licitación.

Por otro lado, la gestión de identidad irrumpe como sistemas de identidad digital segura para ciudadanos y funcionarios, mejorando la privacidad y seguridad en las interacciones con la administración. Por ejemplo, la identidad digital estoniana permite a los ciudadanos y funcionarios acceder a servicios públicos de manera segura, garantizando la privacidad y seguridad en las interacciones con la administración. La creación de la European Blockchain Partnership (EBP) supone un hito relevante para la Unión Europea que tiene implicaciones significativas para todos los niveles las administraciones públicas españolas donde se refleja el compromiso con la innovación y modernización de los procesos gubernamentales. Se facilitará la colaboración entre diferentes entidades gubernamentales españolas y con otros países de la UE, mejorando la integridad y trazabilidad de los datos públicos, reduciendo los costes y los tiempos de procesamiento en servicios públicos. No obstante, existe necesidad de formar al personal de la administración pública en tecnologías blockchain siendo necesarias inversiones significativas en tecnología y sistemas. Este escenario planterará la necesidad de adaptar la legislación para acomodar el uso de blockchain en procesos administrativos .

Además, el Registro distribuido para el almacenamiento seguro y transparente de registros públicos, como el catastro o el registro civil. El uso de blockchain para el registro civil en países como Suecia está en estudio, permitiendo un almacenamiento seguro y transparente de registros vitales. Además, se están explorando aplicaciones en la administración de justicia para garantizar la integridad de los registros judiciales y como herramienta complementaria en la Administración de Justicia.

En quinto lugar, la utilización de herramientas de compliance en ciberseguridad y protección de datos. Se piensa en herramientas de protección de datos como soluciones avanzadas para salvaguardar la información sensible de ciudadanos y la integridad de los sistemas administrativos y de prevención de fraudes en procesos administrativos.

2.3. El acceso a la justicia, ESG/ODS y legal tech

Según la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), aproximadamente cuatro mil millones de personas en el mundo carecen de protección legal efectiva. El Proyecto de Justicia Mundial ha evidenciado que muchos individuos intentan resolver asuntos legales sin recurrir a tribunales o abogados, dejando numerosas cuestiones jurídicas sin resolver. Este problema se relaciona directamente con el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16.3 de las Naciones Unidas, que busca "promover el imperio de la ley en los planos nacional e internacional y garantizar la igualdad de acceso a la justicia para todos"^[44].

En este sentido, las siglas ESG representan un cambio de paradigma en la práctica legal, promoviendo un enfoque más sostenible, ético y socialmente responsable en la prestación de servicios jurídicos, especialmente en relación con la promoción de iniciativas legales que contribuyan a la sostenibilidad y la justicia social donde se están creando plataformas y aplicaciones que democratizan ese acceso, especialmente para comunidades con menores recursos económicos.

Las nuevas tecnologías más disruptivas están teniendo un impacto significativo en el acceso a la justicia y su democratización, ofreciendo oportunidades para mejorar la eficiencia, transparencia y accesibilidad del sistema judicial, incluso con voz humana^[45]. En aspectos generales, la IA está emergiendo como una herramienta prometedora para mejorar el acceso a la justicia y a la información legal:

• Asistencia legal básica. A través de chatbots capaces de proporcionar consejos legales en cuestiones no complejas utilizando lenguaje natural y generación automática de documentos legales básicos, como solicitudes judiciales u otras cuestiones^[46].

• Asistentes de voz donde se prevé que en un futuro próximo, asistentes como Alexa o Google Assistant puedan responder a consultas jurídicas básicas. Estos asistentes podrían ser particularmente útiles para personas con discapacidades visuales, limitaciones en la comprensión lectora o conocimientos técnicos limitados.

• Aplicaciones que permiten el acceso a la justicia a los usuarios.

  • LISA. Un asistente de voz capaz de generar acuerdos de confidencialidad (NDA) y herramientas de contratos de propiedad.

  • Solution Explorer. Implementado en un tribunal canadiense, organiza información judicial para responder automáticamente a preguntas de los ciudadanos.

  • DoNotPay. Ofrece asistencia en multas de tráfico y ayuda gratuita para refugiados.

  • Lee&Ally. Proporciona ayuda para prevenir conflictos y problemas legales futuros.

• La informática y la IA en el entorno judicial. Como sabemos, la IA permite procesar grandes cantidades de datos y encontrar patrones que podrían pasar desapercibidos para jueces y magistrados haciendo más eficaz su trabajo. No obstante, es necesario que esté presente el principio de intervención humana en la decisión final por parte de éstos últimos (tal y como ya se establecía en la Sentencia Loomis v. Wisconsin de 2016), además, de tener que cumplir los requisitos establecido en la normativa europea de Inteligencia Artificial y lo establecido por las Autoridades de control nacionales en materia de protección de datos^[47]. Las “actuaciones asistidas” a petición del responsable estarán reguladas en el art. 57 del Real Decreto 6/2023, de 19 de diciembre. Por su parte, las “actuaciones automatizadas” que no requieren de IA sino que son programación informática estarán reguladas en la Ley 40/2015 en su artículo 42 y en el artículo 56 del Real Decreto 6/2023 citado.

A continuación, después de haber abordado del uso de las soluciones legal tech y sus particularidades en el ámbito público conviene centrarnos en los desafíos que se presentan con la intersección de ESG tanto en el sector público como en el privado.

3. Desafíos y oportunidades en torno al ESG y legal tech en el Sector Público

En primer, hablaremos de la necesidad de adaptación normativa. El sector público debe actualizar y adaptar su marco normativo para incorporar adecuadamente los criterios ESG y el uso de tecnologías legal tech. España ya ha dado pasos importantes en esta dirección donde el Anteproyecto de Ley^[48] que modifica la legislación actual para mejorar la transparencia y la comparabilidad de la información de las empresas sobre el cumplimiento de los criterios ESG, que aunque se centra principalmente en el sector privado, viene a sentar las bases para una mayor integración de los criterios ESG en el marco normativo general. Quedaría pendiente la creación de una nueva regulación que se centrara también en el sector público. Ahora bien, a pesar de los avances legislativos mencionados (Ley 39/2015, Ley 40/2015 y Real Decreto 1112/2018), las administraciones públicas aún enfrentan el desafío de adaptar continuamente su marco normativo para incorporar adecuadamente los criterios ESG y el uso de tecnologías legal tech.

En segundo lugar, las limitaciones presupuestarias. Y por último, especialmente transcendente, las iniciativas de transformación digital requieren inversiones significativas en nuevas tecnologías, infraestructuras y formación.^[49]

Como posibles soluciones resultaría necesario establecer grupos de trabajo interministeriales y con participación de expertos en ESG y legal tech para desarrollar políticas integradas que aborden estos temas de manera holística e ntegrar requisitos específicos relacionados con ESG en los pliegos de condiciones de los contratos públicos, como ya se propone en algunas guías y manuales existentes. Por otro lado, no perdamos de vista la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, que aunque no hace referencia explícita a los principios ESG, establece principios relacionados como la transparencia, la sostenibilidad, la responsabilidad social y la igualdad, proporcionando una base sobre la cual construir regulaciones más específicas para la integración de criterios ESG en la contratación pública, la cual podría ser revisarse y actualizarse dado el caso^[50].

En tercer lugar, es necesario luchar contra la resistencia al cambio y la brecha de competencias del personal público. Existe una necesidad de capacitar al personal del sector público en temas de ESG y nuevas tecnologías legales. Uno de los mayores obstáculos es la resistencia inherente al cambio dentro de las organizaciones públicas. Superar esta resistencia requiere estrategias efectivas de gestión del cambio, incluyendo la implicación de los directivos y programas de formación exhaustivos. Existe una escasez de personal cualificado en el sector público con experiencia en áreas como ciberseguridad, análisis de datos y computación en la nube o, para ir más lejos, blockchain. Esta carencia de competencias puede obstaculizar el éxito de las iniciativas digitales. La transformación digital requiere un cambio fundamental en la cultura organizativa de las administraciones públicas, lo que puede ser un proceso lento y complejo.

En cuarto lugar, es necesario cierto equilibrio entre digitalización y atención personalizada e inclusión digital. Mientras se impulsa la digitalización, las administraciones públicas deben mantener opciones de atención personalizada para aquellos ciudadanos que lo requieran, como establece la Ley 39/2015.Aunque las leyes mencionadas promueven la inclusión digital, garantizar que todos los ciudadanos, especialmente los grupos vulnerables, puedan acceder y utilizar eficazmente los servicios digitales sigue siendo un desafío importante.

En quinto lugar, el uso de tecnologías legal tech debe equilibrar la necesidad de transparencia, protección de datos y ciberseseguridad. A medida que las administraciones digitalizan sus servicios y almacenan más datos sensibles en línea, se vuelven más vulnerables a los ciberataques. Garantizar la seguridad de los sistemas digitales y proteger los datos de los ciudadanos es un desafío crítico.

En sexto lugar, para considerar y valorar la necesidad de implementación tecnológica de legal tech es necesario imprescindiblemente la medición de impacto (KPIS). Desarrollar métricas efectivas para medir el impacto de las políticas ESG y la implementación de legal tech en el sector público es esencial. Ahora bien, conseguir dar con las métricas adecuadas en cada determinada Adminsitración Pública no suele ser un trabajo sencillo debido a que no se cuenta con la información que se necesita o se demora en su obtención. El trabajo interdisciplinar entre los diferentes áreas (IT, jurídico, operaciones) de las Administraciones Públicas será imprescindible.

Ahora hablemos de oportunidades. Además, el Sector Público tiene la oportunidad en estos momentos de desarrollar mayor tejido de agile law donde se permitiría una adaptación más rápida de la legislación a las nuevas realidades tecnológicas y de mercado, lo cual es crucial para la implementación efectiva de criterios ESG. Por su parte, las sunset rules^[51]o cláusulas de caducidad podrían ser una herramienta útil para garantizar que las regulaciones relacionadas con ESG se mantengan actualizadas y relevantes. Esto es particularmente importante dado el rápido desarrollo de tecnologías y prácticas en el ámbito de la sostenibilidad.

También puede ser muy conveniente desarrollar mayor cantidad de sandbox regulatorios, permitiendo probar proyectos innovadores en un entorno controlado, ayudando a comprender mejor las implicaciones de la transformación digital, aumentando la eficiencia y la calidad de los servicios públicos y mejorando la seguridad y la protección frente a nuevos riesgos tecnológicos. España ya ha implementado con éxito el sandbox regulatorio en el sector financiero a través de la Ley 7/2020^[52]. El éxito del sandbox en el sector financiero podría llevar a su implementación en otros sectores públicos relevantes para ESG, como energía, medio ambiente o transporte .Además, fomentan una mayor colaboración entre el sector público y el privado, lo cual es crucial para el éxito de las iniciativas ESG. Todo ello permitiría a las administraciones públicas liderar con el ejemplo en la transición hacia prácticas más sostenibles y responsables.

A modo de conclusión, mientras que ya existen algunas bases normativas y guías para la incorporación de criterios ESG, el sector público aún enfrenta el desafío de desarrollar un marco normativo más completo y específico que integre plenamente estos criterios y el uso de tecnologías legal tech en todos los aspectos de la gestión pública.

4. Desafíos y oportunidades en torno al ESG y legal tech en el Sector Privado

ESG, que significa medio ambiente, social y gobernanza (environmental, social, and governance), es un término que ha ganado importancia en los últimos años en el entorno empresarial del cual existen diversas interpretaciones y enfoques entre los autores académicos.

En primer lugar, se presenta un enfoque relacionado con la responsabilidad social corporativa. Investigadores como Carroll consideran que ESG es una extensión de la RSC,^[53] donde las empresas deben asumir responsabilidades que trascienden la mera generación de beneficios y propuso un modelo de RSC que abarca cuatro dimensiones: económica, legal, ética y filantrópica.

En segundo lugar, existe el enfoque de la creación de valor. Autores como Ioannou y Serafeim argumentan que ESG permite a las empresas generar valor a largo plazo al abordar cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza.^[54] Su investigación revela que las empresas con un desempeño superior en ESG disfrutan de un mayor acceso a financiamiento y mejores resultados operativos.

El tercer enfoque es el de la sostenibilidad, defendido por investigadores como Elkington quien sostiene que ESG implica integrar consideraciones ambientales, sociales y de gobernanza en la toma de decisiones empresariales para alcanzar un desarrollo sostenible a largo plazo y acuñó el término "triple bottom line", que enfatiza la necesidad de que las empresas consideren su impacto en las personas, el planeta y los beneficios económicos. Por último, se encuentra el enfoque de la gestión del riesgo.^[55] Autores como Friede et al. indican que ESG es una herramienta para identificar, medir y gestionar riesgos no financieros que pueden afectar el desempeño empresarial.^[56] Su análisis revela una correlación positiva entre el desempeño financiero y el desempeño en ESG. Para quien suscribe, estas siglas se presentan como un marco integral que abarca múltiples dimensiones, desde la responsabilidad social, la creación de valor hasta la sostenibilidad y la gestión del riesgo, reflejando la creciente importancia de estos factores en la estrategia empresarial contemporánea.

Destaca la importancia de incorporar los aspectos ESG en la estrategia empresarial a largo plazo, incluyendo el desarrollo de políticas, la asignación de recursos y la integración de los objetivos ESG en los procesos de toma de decisiones^[57]. Invertir en ESG supone la "creación de valor compartido" y que las empresas pueden abordar los problemas sociales y ambientales de manera estratégica.^[58] Whelan y Fink han analizado la creciente importancia de la divulgación de información ESG por parte de las empresas y cómo esto impacta en las decisiones de los inversores.^[59]

Ahora bien, procedamos a los desafíos y oportunidades.

En primer lugar, conviene mencionar los desafíos regulatorios debido a la creciente opacidad de los sistemas técnicos y sus rápidos avances que rápidamente superan las leyes convencionales.^[60] La gobernanza y regulación efectivas de las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza es una tarea compleja que requiere la cuenta de numerosos elementos. El subregistro y las asimetrías de información son un problema fundamental en el panorama regulatorio actual^[61] por lo que existe una necesidad evidente de un enfoque flexible e inclusivo hacia la regulación que involucre activamente al sector privado y a los expertos del campo tecnológico objetivo.^[62] Aunque ESG se ha convertido en una palabra de moda en el sector privado, hay una importante falta de comprensión sobre la información ESG y sobre el proceso por el que se construyen los datos ESG.

Se ha enfatizado la falta persistente de legislaciones y regulaciones sobre cómo se proporciona la información ESG.^[63] La necesidad de transparencia y granularidad de los datos, análisis y tecnología ESG no solo es imperativa desde una perspectiva regulatoria, sino que también afecta a la esfera política y social más amplia. No obstante, todo, Naciones Unidas^[64], OCDE, el G20, entre otros, están promoviendo la reforma de la divulgación de ESG para respaldar la evaluación precisa del riesgo ambiental y social y para ayudar al establecimiento de marcos regulatorios y de rendición de cuentas. Eccles y Yumans estudiaron este papel fundamental de los gobiernos y reguladores en el impulso (y exigencia) de una mayor transparencia y reporte ESG en el sector corporativo, lo cual ayuda a la opacidad y al greenwashing.^[65]

En la actualidad, los gobiernos y reguladores están impulsando cada vez más la transparencia y divulgación de información ESG por parte de las empresas a través de diversas medidas. Están estableciendo requisitos legales y regulatorios con mayor alcance, que abarcan no solo aspectos financieros, sino también la gestión de impactos relacionados con la sociedad, el medioambiente y la ética e integridad corporativa. Una medida significativa es la reforma de la Directiva de información no financiera, la Directiva 2014/95/UE hacia la Directiva 2022/2464. Esta nueva directiva refuerza las obligaciones de transparencia, adopta una perspectiva de doble materialidad y establece criterios de reporte más detallados y estandarizados. Además, países como Suecia, Sudáfrica, Indonesia y China están obligando a las empresas estatales a divulgar información sobre sostenibilidad para mejorar la rendición de cuentas y la transparencia. Se está aplicando presión reguladora para aumentar la divulgación y transparencia a empresas, instituciones financieras e inversores, más allá de las grandes empresas privadas y las que cotizan en bolsa. Finalmente, se están publicando directrices sobre la presentación de informes no financieros, como el suplemento sobre información relacionada con el clima del Grupo de Trabajo sobre Divulgación de Información Financiera relacionada con el Clima (TCFD). Estas medidas en conjunto buscan promover una mayor transparencia y responsabilidad en materia de ESG en el sector empresarial.

En tercer lugar, los desafíos operacionales^[66] incluyen la necesidad de integrar los criterios ESG en la planificación y toma de decisiones a largo plazo, así como el desarrollo de marcos de gobernanza ESG y la transición hacia modelos operativos que cumplan con los compromisos de cero emisiones. Además, es esencial incorporar consideraciones ESG en los productos y servicios ofrecidos por las organizaciones. En cuanto a la gobernanza, el consejo de administración debe comprender claramente los riesgos y oportunidades asociados a ESG. Para ello, se recomienda establecer comités específicos y designar responsables para la supervisión de estas iniciativas. La participación activa de los stakeholders es crucial. Esto implica un compromiso con inversores, reguladores, clientes y comunidades para entender sus expectativas y preocupaciones en materia de ESG. La colaboración del sector es fundamental para gestionar adecuadamente estos aspectos. La formación de los empleados^[67] sobre los riesgos ESG es esencial, al igual que el compromiso organizacional con buenas prácticas que fomenten una cultura sostenible y ética. Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) 2030 buscan garantizar el acceso a tecnologías apropiadas y servicios financieros, incluida la microfinanciación^[68].

En cuanto a las oportunidades en el sector privado, no podemos subestimar que son numerosas. Se presenta una oportunidad única para analizar los riesgos asociados con la falta de consideración de los factores ESG para las organizaciones quienes pueden servirse de herramientas de legal tech para impulsar el cumplimiento normativo. El papel protagonista de las empresas legal tech es innegable quienes ofrecerán soluciones innovadoras para la evaluación del riesgo ESG, el análisis de datos y la presentación de informes. De hecho, también podrán servirse de IA^[69] y para mejorar las capacidades de identificación y medición del riesgo ESG.

Conclusiones

La implementación de principios de economía y sostenibilidad en la Administración Pública se presenta como un imperativo para optimizar la gestión de recursos y fomentar una administración centrada en el interés general. En este sentido, la Ley 9/2017 de Contratos del Sector Público, ha marcado un avance significativo al incorporar criterios de sostenibilidad y responsabilidad social en los procesos de contratación. Este marco normativo, complementado por la Orden PCI/86/2019 y diversas directivas europeas como la de Debida Diligencia en derechos humanos y medio ambiente, establecen un entorno propicio para la integración de prácticas sostenibles en el sector público. Además, recientemente se han publicado unas cláusulas contractuales tipo de la Comisión Europea ofrecen un marco para el uso responsable de la inteligencia artificial. Estos marcos legales, junto con planes como la Agenda España Digital 2026 y estrategias de inteligencia artificial, fomentan la eficiencia y accesibilidad en los servicios públicos.

Además, la dimensión social de los criterios ESG está transformando las Administraciones Públicas hacia una gestión más responsable, promoviendo la inclusión digital y la participación ciudadana. Ya la Ley 11/2007 estableció el derecho de los ciudadanos a interactuar electrónicamente con las administraciones, promoviendo la inclusión digital y la Ley 39/2015 resultó fundamental al hacer obligatoria la relación electrónica entre administraciones y ciudadanos, lo que refuerza la transparencia y la accesibilidad a los servicios públicos. Sin embargo, este proceso de digitalización debe ser equilibrado con la atención personalizada, tal como lo estipula la misma ley. Por su parte, la Ley 40/2015 reguló el funcionamiento electrónico del sector público, mientras que el Real Decreto 1112/2018 estableció requisitos para garantizar la accesibilidad de sitios web y aplicaciones móviles, especialmente para personas con discapacidad. Resultan ser normativas clave para la modernización del sector público, la simplificación de procedimientos y acceso digital donde se facilitaba la interacción entre administraciones y ciudadanos promoviendo no solo la eficiencia administrativa sino fortaleciendo la confianza de todos los ciudadanos y grupos vulnerables en sus instituciones, mejorando la calidad de vida de los mismos.

En esta línea, otras normativas clave actualmente son el Real Decreto 203/2021, que desarrolla el uso de medios electrónicos en la administración, el Real Decreto 311/2022, que regula la seguridad de redes en el sector público, y más recientemente el Real Decreto-ley 6/2023, que impulsa la transformación digital en justicia y función pública. Éstas reflejan un compromiso claro con la dicha modernización y seguridad apostando por una Administración eficiente, accesible e inclusiva.

En conclusión, la implementación tecnologías legal y la transformación digital están optimizando procesos administrativos y legales en el sector público, con aplicaciones como son la investigación jurídica automatizada, los chatbots para atención ciudadana, el blockchain en contratación pública, la gestión de identidad digital y las herramientas de compliance en ciberseguridad. De hecho, se ha llegado a la conclusión de que empresas del sector legal tech ayudan a cumplir los criterios ESG impactando en el bienestar de trabajadores, ciudadanos o (incluso de los socios en las empresas, en el sector privado).

Ahora bien, a pesar de los avances normativos, las limitaciones presupuestarias,^[70] la resistencia al cambio y la falta de capacitación del personal son obstáculos que requieren atención urgente. El camino hacia una Administración Pública más eficiente, sostenible y accesible está claramente delineado por un marco normativo robusto y por el potencial transformador de la tecnología e innovación, donde, además, se deberán mantener un equilibrio entre digitalización y atención personalizada.

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Notas

Notas de autor

Información adicional

Como citar este artículo | How to cite this article: Como citar este artículo | How to cite this article: PÉREZ CAMPILLO, Lorena. ESG y legal tech: impulsando la sostenibilidad. Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo, Santa Fe, vol. 11, n. 2, e270, jul./dic. 2024. DOI: 10.14409/redoeda.v11i2.13896.