La necesidad de transparencia y rendición de cuentas en la inversión investigativa científica, incrementar su impacto en revertir procesos de pérdida de la biodiversidad y producir resultados tangibles en este sentido, así como la complejidad ecológica e institucional de la gestión de la biodiversidad, refuerzan la importancia de contar con instrumentos que prioricen estas inversiones, para que la toma de decisiones sea responsable y eficiente (Rice et al., 2018). Además, el público y los gobiernos, ante escenarios de recursos financieros escasos, sobre todo en países en desarrollo, esperan que se pueda demostrar el impacto de tales inversiones de recursos en la conservación de la biodiversidad (Lavery et al., 2021).

La investigación dirigida y priorizada puede tener efectos instrumentales, lo que implica que influye directamente tanto en la política como en la práctica, de maneras específicas. Además, esa línea investigativa tiene repercusión desde el punto de vista del planteamiento de nuevos conceptos, que aportan conocimiento y comprensión en el proceso de toma de decisiones.

El tipo de investigación nombrado puede ayudar a que se evite el fracaso de las políticas durante la etapa en la cual se formula, al mejorar la comprensión de los vínculos causales entre los factores estresantes, las intervenciones y los efectos. Asimismo, contribuye durante la fase de implementación, cuando el examen riguroso de las evidencias puede colaborar a que se minimice la probabilidad de consecuencias adversas de las políticas individuales (Mukherjee et al., 2021).

En el contexto de la investigación científica, se podrían generar inversiones ineficientes cuando los incentivos y prioridades entre las agencias de financiación, las instituciones de investigación y las personas investigadoras no están debidamente alineados. En el nivel global, por ejemplo, Mazor et al. (2018) encontraron que, a pesar de que hay un llamado internacional para detener la pérdida de biodiversidad, la investigación que ha surgido en torno a este tema no está sincronizada con la evaluación de su impacto y las interacciones entre los múltiples factores relacionados con la pérdida de la biodiversidad apenas se consideran.

Por otra parte, las personas científicas de la ciencia de la conservación de la biodiversidad aspiran cada vez más a realizar investigaciones que informen e influyan directamente tanto en las políticas de conservación como en las acciones relacionadas con su gestión. A su vez, globalmente, se han establecido metas conservacionistas que requieren los resultados investigativos para lograr su alcance. Estas tendencias indican una transición hacia una ciencia enfocada en el impacto en la política y la gestión, así como en un alto impacto académico (Hughes & Grumbine, 2023).

Adicionalmente, la colaboración entre personas tomadoras de decisiones y científicas puede resultar en un beneficio mutuo. Por un lado, las personas científicas podrían comprender cómo su investigación puede resultar más relevante para la práctica conservacionista, mientras que las tomadoras de decisiones podrían ampliar su conocimiento y basar estas determinaciones en las evidencias científicas (Karam-Gemael et al., 2018).

Un reflejo de la importancia de la priorización investigativa son los esfuerzos realizados, tanto a escala global como nacional. Estos tienen como principal objetivo ya sea identificar las prioridades generales para la conservación global/nacional (e.g.,Sutherland et al., 2022; Rudd et al., 2011) o abordar áreas temáticas y ámbitos específicos de las ciencias de la conservación (e.g.,Harper et al., 2021), aunque siempre con la mira en que la investigación sea más relevante para solucionar problemas asociados a la gestión de la biodiversidad.

En Costa Rica, la conservación de la biodiversidad ha sido un tema relevante en los últimos 6 decenios (Programa Estado de la Nación, 2021). En este período, se han desarrollado instrumentos de política pública innovadores como la Ley de Biodiversidad, el Programa de Pago por Servicios Ambientales, el sistema para la conservación de la biodiversidad, incluyendo las áreas protegidas y corredores biológicos, igual que una serie de instrumentos como la Estrategia Nacional de Biodiversidad, que han contribuido a los logros del país en este sector (Gámez et al., 2021; Gámez et al., 2024).

Sin embargo, a pesar de este cuerpo de políticas y herramientas normativas que propician una lógica preventiva y una reducción de impacto, el país requiere consolidar el esfuerzo histórico en la conservación de la biodiversidad y transformar los patrones actuales de efecto negativo, con el fin de mejorar el uso adecuado del territorio (Programa Estado de la Nación, 2021). Aunque los factores y condiciones necesarias para lograr esto son múltiples y de diferente índole, la generación de conocimiento y su vínculo con el diseño e implementación de políticas públicas han sido señalados por la comunidad científica nacional como componentes fundamentales para lograr esos cambios (Herrera-Fernández & Sáenz, 2022).

En el presente artículo, se identifican las principales preguntas de investigación que, una vez respondidas, tendrían un impacto en la formulación e implementación de las políticas públicas asociadas a la conservación, al manejo y a la restauración de la biodiversidad en los ámbitos terrestres, marino-costeros y sistemas de aguas continentales.

Para la definición de las preguntas prioritarias de investigación, se contó con un amplio y diverso grupo de participantes, provenientes de distintas ramas del conocimiento de la ciencia conservacionista de la biodiversidad, así como de las técnicas asociadas con esta. Ello aseguró un proceso objetivo de selección de las prioridades y, a su vez, que estas reflejaran diferentes áreas temáticas asociadas con la gestión de sistemas socioecológicos. Este ejercicio de priorización incluyó varios procesos y etapas (Figura 1).

Figura 1

Aproximaciones metodológicas similares a las utilizadas aquí han sido previamente empleadas, en pro de un mejoramiento para integrar la investigación en los procesos que formulan e implementan políticas públicas, tal y como se mencionó en la introducción.

El proceso de priorización utilizado se enfoca en la búsqueda de consensos sobre determinados aspectos preeminentes investigativos, a través de la participación y construcción colectiva, tanto del sector de investigación como de quienes formulan políticas públicas y de las personas involucradas en la conservación de la biodiversidad. Facilitar el diálogo entre estos sectores es una condición habilitante en el proceso integrativo de la información en el diseño de la política pública, ya que asegura que los resultados de investigación corresponden a las prioridades y necesidades informativas requeridas por el grupo de usuarios de tal información (West et al., 2019). En este sentido, el proceso de comunicación y compromiso entre personas científicas y tomadoras de decisiones puede cambiar la forma en que estas últimas conciben las evidencias científicas, así como podría mejorar los niveles de confianza y credibilidad entre ambas agrupaciones (Rudd et al., 2011).

La metodología utilizada también presenta algunas limitaciones, que deben considerarse en futuros estudios similares. Las preguntas finales dependen de las iniciales planteadas, así como de las personas participantes en el proceso de construcción. Al respecto, para minimizar el efecto de las preferencias individuales, se realizó una amplia consulta durante el proceso de formulación de las interrogantes iniciales, igual que se convocó a un gran grupo de personas expertas de los diferentes sectores (i. e. académico, practicantes de la conservación, tomadores de decisiones), con experiencia diversa, para participar en un proceso estructurado, repetible e inclusivo (Sudderland et al., 2011).

Adicionalmente, otra posible limitante se asocia con la falta de representación de ciertos sectores relevantes en el proceso de consulta y, por lo tanto, en la definición de las prioridades investigativas. Tal y como lo muestran los resultados de este estudio, hay una mayor participación del sector académico y una baja representación de practicantes de la conservación, lo cual podría traducirse en un sesgo. Esto también ha sido detectado en investigaciones similares. Por ejemplo, en el caso del trabajo conducido por Sudderland et al. (2011), se reportó una limitada participación de representantes de comunidades locales y de actores regionales, lo que podría restringir el alcance de las preguntas formuladas y su relevancia para determinadas políticas públicas. Esta limitante podría acrecentarse por la utilización de formatos virtuales al construir las preguntas de investigación. Lo anterior es de particular importancia en ciertos grupos, como representantes de comunidades rurales sobresalientes o personas expertas ubicadas en regiones donde el acceso a Internet es limitado, hecho que influye, además, en el alcance de los resultados obtenidos.

Existe el reto de que el procedimiento utilizado genere interrogantes que no sean lo suficientemente genéricas, las cuales contemplen asuntos relacionados con un amplio rango de biodiversidad y las escalas espaciales a las cuales ocurre. Por tanto, las preguntas resultantes de este proceso podrían ocultar tal grado de complejidad. No obstante, la mayoría de las cuestiones pueden adaptarse o desagregarse en partes y captar condiciones más específicas, en el proceso de formulación de proyectos investigativos.

Por otra parte, la ciencia, tanto en el sentido de conocimiento generado como en el proceso de adquisición de nuevos conocimientos, es reconocida por jugar un papel crucial en la conservación de la biodiversidad. Aunque los resultados de la investigación ayudan a formular respuestas prácticas y políticas ante los principales desafíos que se enfrentan, aún no han demostrado ser lo suficientemente influyentes como para revertir las tendencias mundiales de disminución de la biodiversidad.

Costa Rica es un país reconocido por sus resultados en conservación, asociados al diseño y la implementación de un conjunto de políticas públicas que, a lo largo de los años, han generado, por ejemplo, consecuencias positivas en algunos componentes de la biodiversidad (Gámez et al., 2021). Sin embargo, la sociedad costarricense enfrenta grandes desafíos para consolidar su avance y poder enfrentar las amenazas como el cambio climático o la degradación de ecosistemas. En este sentido, se requiere, entre otros, priorizar el conocimiento necesario para enfrentar a tiempo los retos (Herrera-Fernández & Sáenz, 2022).

Las preguntas identificadas proporcionan vínculos potenciales entre las evidencias de la ciencia conservacionista y la formulación o actualización de políticas para conservar y gestionar la biodiversidad. Esto se justifica, ya que en la práctica de la conservación de la biodiversidad las decisiones se toman principalmente a partir de la experiencia o el criterio experto, no necesariamente con base en información científica. Los ejercicios similares al reportado en este trabajo, llevados a cabo a diferentes escalas o ámbitos, y mencionados anteriormente, confirman la necesidad de propiciar una mayor integración de la academia, los resultados de la investigación, quienes toman decisiones y el diseño de las políticas públicas. Esta falta de articulación podría generar un diseño deficiente de las políticas, lo cual puede conllevar impactos negativos, que inclusive, posiblemente, estén asociados con la pérdida de biodiversidad.

Se ha argumentado que en muchas ocasiones no es la falta de información la barrera principal para tomar decisiones, sino la carencia de mecanismos que traduzcan los datos en instrumentos que posibiliten la acción. Se hace necesario revisar los procesos internos de las instituciones investigativas, que podrían ser una barrera para esta integración informativa en procesos de toma de decisiones. Por ejemplo, los sistemas de recompensa en el mundo académico se centran en los registros de publicaciones, hecho que genera un entorno competitivo con ninguno o pocos incentivos para participar en proyectos de asociación colaborativa o garantizar que la investigación contribuya a una tendencia conservacionista. Así, se desfavorece la integración de los resultados investigativos en los procesos de toma de decisiones.

En la mayoría de las preguntas priorizadas, la investigación requerida para responderlas es desafiante y compleja. Se espera que esta lista sirva para resaltar algunos de los retos específicos involucrados en la gestión de la biodiversidad no solo costarricense, sino también de otros países tropicales, así como para el establecimiento y la revisión de los programas indagatorios. Asimismo, es de esperar que esta propuesta se encamine a un estudio colaborativo e interdisciplinario, igual que al desarrollo de procesos evaluativos del estado de la biodiversidad, los servicios ecosistémicos y el bienestar humano en el país, incluyendo la superación de las barreras que imposibilitan integrar la información en los procesos de toma de decisiones.

Es necesario que los científicos y los tomadores de decisiones trabajen en conjunto, con el fin de identificar y diseñar mecanismos para que los datos científicos aquí priorizados se incorporen en la formulación e implementación de las políticas, así como en la identificación de necesidades que fortalezcan la interfase ciencia-política. Ambos grupos se beneficiarán al usar la información para gestionar los recursos, ya que las decisiones se basarán en información sólida y la comunidad científica tendrá una mayor visibilidad e impacto, al integrarse los resultados en políticas públicas. A su vez, alinear la investigación con las políticas permite diseñar un sistema de toma de decisiones que incluya la evaluación de la efectividad de estas, lo cual garantiza mayor transparencia y efectividad en esa toma de decisiones.