Introducción

En la región de América Latina y el Caribe se ha transformado el perfil demográfico, de modo que ha pasado de ser territorio mayoritariamente rural a ser actualmente la segunda región más urbanizada del mundo, hasta alcanza en 2014 una tasa de urbanización del 80% (BID, 2016).

En el año 1900 México tenía 13.6 millones de habitantes, de los cuales 1.4 millones vivían en 33 ciudades. En 1950, más del 57% de la población total del país vivía en comunidades rurales; para 1990 la proporción disminuyó al 29%, y para 2010 la cifra bajá hasta el 22% (INEGI, 2010). Por otra parte, la brecha de desarrollo entre las comunidades rurales y las urbanas siguió ampliándose, y la actual desigualdad entre ambos territorios se observa en los datos; de acuerdo con la FAO (2018), un poco más del 50% de la población en pobreza extrema habita en localidades rurales, y la tasa de pobreza extrema es del 17.4% en zonas rurales y del 4.4% en zonas urbanas. La población en pobreza moderada se mantuvo alrededor del 40% en zonas rurales (CONEVAL, 2017). La pobreza, y por ende las diversas carencias que tiene la población rural, se ve reflejada principalmente en la precariedad de sus viviendas.

La vivienda rural se desarrolla mayoritariamente en un proceso de autoconstrucción, está ubicada en zonas de riesgo, y muestra vulnerabilidad en sus estructuras y carencia de servicios, entre otros aspectos negativos. Sin duda, una vivienda digna y decorosa, en conjunto con las vialidades y el transporte, es el eje estructural para el desarrollo de una comunidad; por otro lado, la falta de vivienda digna y decorosa produce el surgimiento de otros problemas de habitabilidad, de salud física y mental y desarrollo individual y de la comunidad. En este sentido, el objeto del presente artículo es evaluar el estado de la vivienda rural en Tamaulipas, a partir de la definición y los indicadores de una vivienda digna y decorosa. Al principio se aborda una breve cronología de la evolución del concepto de vivienda adecuada.

El derecho a una vivienda digna, adecuada o decorosa ha sido reconocido desde 1948 en la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en el artículo 25, que señala: “toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado que le asegure a ella y a su familia, la salud y el bienestar y en especial la alimentación, el vestido, la vivienda, la asistencia médica y los servicios sociales necesarios…”.

En 1966, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC), en el artículo 17, destaca que: “Los Estados parte en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a un nivel de vida adecuado para sí y su familia, incluso alimentación, vestido y vivienda adecuados…”.

En 1976, en Vancouver, en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Asentamientos Humanos (Hábitat I), se declaró que:

disponer de una vivienda y de servicios suficientes es un derecho fundamental del hombre y los gobiernos tienen la obligación de procurar que todos sus residentes puedan ejercer este derecho, empezando por ayudar a las capas más desfavorecidas de la población (UN-Hábitat, 1976).

En 1991, 25 años después de la anterior conferencia, el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales establece una definición para el “Derecho a una vivienda adecuada”, y siete elementos para su evaluación. La Organización de las Naciones Unidas establece los siete elementos básicos para tener una vivienda adecuada: 1) Seguridad jurídica de la tenencia de la vivienda. Significa condiciones que garanticen a sus ocupantes protección jurídica contra el desalojo forzoso, el hostigamiento y otras amenazas. 2) Disponibilidad de servicios, materiales, instalaciones e infraestructura. Se refiere a provisión de agua potable, instalaciones sanitarias adecuadas, energéticas para la cocción de los alimentos, calefacción y alumbrado, conservación de alimentos, eliminación de residuos y servicios de emergencia. 3) Asequibilidad. Significa que el costo de la vivienda debe ser tal que todas las personas puedan acceder a ella sin poner en peligro el disfrute de otros satisfactores básicos. 4) Habitabilidad de la vivienda. Significa la existencia de elementos estructurales y de diseño que garanticen la seguridad física y la protección de sus ocupantes ante las inclemencias del medio ambiente y las amenazas a la salud, así como la suficiencia de espacio, habitable y suficiente, y de protección contra el frío, la humedad, el calor, la lluvia, entre otros. 5) Accesibilidad. Se refiere a que el diseño y la materialidad de la vivienda deben considerar las necesidades específicas de los grupos desfavorecidos y marginados, particularmente de personas con discapacidad. 6) Ubicación. Significa que la localización debe ofrecer acceso a oportunidades de empleo, servicios de salud, escuelas, guarderías y otros servicios e instalaciones sociales, y estar ubicada fuera de zonas de riesgo o contaminadas. 7) Adecuación cultural. Se refiere a que se debe respetar y tomar en cuenta la expresión de la identidad cultural de sus ocupantes (UN-Hábitat, 2010).

Posteriormente, en 1996, en la Conferencia Hábitat II realizada en Estambul, se declaró: “garantizar a todos una vivienda adecuada y a ofrecer asentamientos humanos más seguros, más sanos, más vivos, más duraderos y productivos” (UN-Hábitat, 2006). En 1998, en la Declaración de Río se destaca en el capítulo 7 de la Agenda 21: “Suministro de vivienda adecuada para todos”. En 2000 surge la Declaración del Milenio (UN-Hábitat, 2000) y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, que pretendían marcar una guía para mejorar las condiciones de vida de las personas (ONU-Hábitat, 2014). En 2002, en la Cumbre Mundial sobre Desarrollo sostenible, efectuada en Johannesburgo, Sudáfrica; se señaló que:

vivienda adecuada, significa disponer de un lugar donde poderse aislar si se desea, espacio adecuado, seguridad adecuada, iluminación y ventilación adecuada en relación con el trabajo y los servicios básicos, todo ello a un costo razonable,

y se promulgaron medidas para asegurar la vivienda adecuada para todas las personas; se destacan:

a) mejorar el acceso de los pobres a la tierra y propiedad, a una vivienda adecuada y a servicios básicos en las zonas urbanas y rurales, prestando especial atención a las mujeres que son cabeza de familia; b) utilizar materiales duraderos y de bajo costo, así como tecnologías apropiadas, en la construcción de viviendas adecuadas y seguras para los pobres, y proporcionar asistencia financiera y tecnológica a los países en desarrollo teniendo en cuenta su cultura, clima, condiciones sociales particulares y vulnerabilidad a los desastres naturales (ONU-Hábitat, 2002).

En 2008 la Organización de Naciones Unidas, se refiere al derecho a una vivienda digna y decorosa, que se entiende como “…el derecho de todo hombre, mujer, joven y niño a tener un hogar y una comunidad seguros en que puedan vivir en paz y dignidad”. En 2015 se aprueba la Agenda 2030, integrada por diecisiete objetivos de desarrollo sostenible y 169 metas que significan el plan de acción para los siguientes años. En la Agenda 2030 se destaca el ODS 11 en relación con la vivienda y su importancia en el desarrollo sostenible, y se señala que: “…Las ciudades y los asentamientos sean inclusivos, seguros, resilientes y sostenibles” (UN-Hábitat, 2000). En 2016 en la III Conferencia de las Naciones Unidas sobre Vivienda y Desarrollo Urbano Sostenible (Hábitat III), en Quito, se proclama la Nueva Agenda Urbana y se coloca a la vivienda adecuada en el centro del desarrollo sostenible, como un instrumento para, entre otras cosas, lograr afrontar retos como el cambio climático, la pobreza, la exclusión y la desigualdad (ONU-Hábitat, 2016).

Marco conceptual de la vivienda digna y decorosa en el ámbito rural

De acuerdo con Ortiz (2012) , la vivienda se entiende de dos maneras: como una mercancía, regulada por la oferta y demanda, y como un derecho social y humano. La primera concepción significa que la vivienda es un producto terminado de alto costo y está dirigido a quien puede pagar por él. La segunda concepción de derecho social y humano significa que es fundamental para el adecuado desarrollo del ser humano; este concepto va asociado a la idea de la vivienda como un proceso progresivo. En tal sentido, la vivienda adecuada, digna o decorosa es un derecho para que hombres y mujeres se desarrollen plenamente en lo personal, lo espiritual y lo social (Hernández, 2018). Como ha indicado Capel (2003) :”La vivienda es el lugar desde donde el hombre se enfrenta al mundo”.

En México, el derecho a la vivienda digna y decorosa se manifiesta en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que indica: “toda familia tiene derecho a disfrutar de una vivienda digna y decorosa”; así como en la Ley de Vivienda, que en su artículo 2º insta a:

…que se cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables en materia de asentamientos humanos y construcción, salubridad, cuente con espacios habitables y auxiliares, así como con los servicios básicos y brinde a sus ocupantes seguridad jurídica en cuanto a su propiedad o legítima posesión, y contemple criterios para la prevención de desastres y la protección física de sus ocupantes ante los elementos naturales potencialmente agresivos (DOF, 2006).

Por lo tanto, evaluar la calidad de la vivienda en México, en particular la que se encuentra en localidades con mayor rezago y carencias, como las ubicadas en localidades rurales,¹ es fundamental para identificar las áreas de oportunidad y los mayores retos a enfrentar en el tema.

Cómo se señaló en la Declaración de Estambul:

… el desarrollo rural y el desarrollo urbano son interdependientes. Además de mejorar el hábitat urbano, debemos tratar también de ampliar adecuadamente la infraestructura, los servicios públicos y las oportunidades de empleo en las zonas rurales, a fin de hacerlas más atractivas, de constituir una red integrada de asentamientos y de reducir al mínimo la migración de las zonas rurales a las urbanas. Es preciso prestar particular atención a los pueblos medianos y pequeños (ONU, 1996).

La delimitación conceptual entre la vivienda digna y adecuada ha sido abordada por pocos autores, y menos en el entorno rural, como indica Mejía (2016) “…solo algunos debaten sobre la vivienda desde la perspectiva de los derechos al exponer que la dignidad puede observarse en el espacio, como perspectivas para diferenciar lo digno de lo adecuado en la vivienda”. Sin embargo, se revisan algunos conceptos.

González Claverán (1998) señala que la vivienda es un tema de necesaria reflexión, ya que su producción es un proceso complejo y multidimensional que presenta características muy particulares ligadas al desarrollo rural sustentable y a las tradiciones y la cultura local, entre otras.

Correa (2000) y Mellace (2000) indican que la vivienda es el centro de la existencia humana, donde se da la relación trabajo, producción y vida familiar; además destacan que no solo implica a la habitación sino también al espacio de producción que los mismos habitantes producen.

Según Sánchez (2006) , la vivienda rural es “un organismo activo e interactivo con el medio natural y comunitario”; señala que es fundamental para el desarrollo emocional y cohesivo de las familias, y de importante impacto en las actividades económicas y comunitarias.

Catherine Ettinger (2010) describe la vivienda rural como un espacio familiar que responde a las necesidades y condiciones socioculturales relacionadas con el ambiente físico de los usuarios, y esenciales para su subsistencia y desarrollo, tanto en lo individual como en lo colectivo.

Sobre la base de lo anterior, se obvia la complejidad de abordar una evaluación de la vivienda rural, al involucrar no solo a la unidad habitacional, sino también a las áreas productivas, y otros elementos. Existen indicadores para evaluar la calidad de la vivienda; sin embargo, estos parten de una visión urbana, y dejan de lado que el entorno rural está vinculado a otros aspectos y condiciones de satisfacción. En este sentido, y admitiendo que existen discrepancias entre los indicadores urbanos y los rurales, así como hay carencia de alguna metodología que integre esa complejidad, se opta por realizar el análisis con los indicadores existentes, lo cual generará una descripción general de la situación y servirá como base para estudios posteriores.

La definición operativa conceptual establecida para el estudio es la vivienda ubicada en localidades con menos de 2,500 habitantes para evaluar su calidad, considerando aspectos como accesibilidad, disponibilidad de servicios básicos y complementarios mínimos para cubrir sus necesidades primarias, y equipamiento que mejore la calidad y el confort de los habitantes de la vivienda.

Descripción de la región de estudio

El estado de Tamaulipas tiene una particular ubicación geográfica que genera una dinámica socioeconómica en la región, además de que propicia fenómenos como la migración, lo que contribuye en cierta medida a la problemática en materia habitacional.

El estado de Tamaulipas está situado al Noreste de la República Mexicana, colinda al Norte con los Estados Unidos de América, separado por el río Bravo; al Sur limita con los estados de Veracruz y San Luis Potosí; al oriente está el golfo de México, y al occidente el estado de Nuevo León. Cuenta con una extensión territorial de 102,154 km², que representan el 4.1 % de la superficie del país, y tiene una población de 3,268,554 habitantes, distribuidos en 7,344 localidades (INEGI, 2010). Tamaulipas tiene organizado política y administrativamente su territorio en 43 municipios y cuatro zonas metropolitanas (tabla 1).

En 2010, Tamaulipas ocupo el lugar número trece según el tamaño de la población, lo que representó el 2.91% del total nacional (INEGI 2010). Los principales municipios por tamaño de población son: Reynosa, Matamoros, Nuevo Laredo, Victoria, Tampico, cd. Madero, Altamira, Mante y Río Bravo (INEGI, 2010) (tabla 2).

De acuerdo con la Dirección de Ordenamiento Territorial del Estado de Tamaulipas, son seis las regiones políticas que conforman el estado (imagen 1). La llamada región Franja Fronteriza cuenta con una extensión territorial de 16,841,934 km², y está formada por diez municipios; la región Sur tiene cinco municipios; la región Centro está formada por trece municipios; la región Mante tiene seis municipios; la región Valle de San Fernando está conformada por cuatro municipios, y la región del Altiplano está conformada por cinco municipios (SEDUMA, 2015) (tabla 3).

De las 7,344 localidades que integran los 43 municipios del estado de Tamaulipas, 7,299 (99%) son localidades rurales. Esa visión cambia cuando observamos que solo 405,189 personas (12%) de la población es rural; es decir, viven en localidades con menos de 2,500 habitantes; además, el municipio que más población rural tiene es el de Matamoros, en la Zona Norte, y el que no aporta ninguna localidad es el de Ciudad Madero, en el sur del estado. Esta distribución se observa en la tabla 4.

Con respecto a la vivienda, en Tamaulipas se tiene 1,168,561 viviendas distribuidas en los 43 municipios del estado; 145,571, (12 %) de estas se encuentran en localidades rurales; se observan los datos en la tabla 5.

Criterios metodológicos

Para los fines de este estudio se realizó un análisis de los indicadores de una vivienda digna y decorosa. Cabe señalar que existen diferentes criterios y métodos para definir los indicadores de medición; sin embargo, para el presente análisis se toma como base el marco de referencia sobre vivienda adecuada propuesto por la ONU y que son retomados por el CONEVAL en México (CONEVAL, 2018). Además, se adecua el método de ponderación múltiple que utilizaron Torres y Adame (2013), considerando a su vez el modelo de desarrollo urbano sostenible propuesto por Leva (2005) , que incluye indicadores objetivos y subjetivos; para este estudio se adecua a poblaciones rurales y con la limitación de que solo se utilizan indicadores objetivos y no los subjetivos. Los primeros son los desarrollados a partir de información estadística oficial emitida por instituciones gubernamentales, y los subjetivos son los que consideran la percepción de la población sobre sus necesidades e intereses, a través de encuestas de opinión.

Además, el modelo de ponderación múltiple incorpora las ponderaciones de cada indicador individual, así como la ponderación por cada dimensión. Y el indicador de vivienda digna y decorosa tomará el valor en función de la ponderación de las dimensiones que definen.

Las dimensiones consideradas para Tamaulipas son 3.

• Dimensión de accesibilidad

• Accesibilidad económica

• incluye 2 indicadores

• Accesibilidad jurídica

• incluye 2 indicadores

• Dimensión disponibilidad

• Disponibilidad de infraestructura de servicios básicos y complementarios

• incluye 8 indicadores

• Disponibilidad de equipamiento básico de la vivienda

• incluye 11 indicadores

• Dimensión calidad

• Calidad de los materiales de construcción y el diseño

• incluye 6 indicadores

Evaluación de las viviendas rurales. Aproximación a través del cálculo del indicador integrado de medición de vivienda digna y decorosa

Para el cálculo del indicador integrado de medición de vivienda digna y decorosa (IMVDD), se procedió a obtener información correspondiente a las localidades con menos de 2,500 habitantes en el estado de Tamaulipas, del Censo de Población y Vivienda 2010.

Para la escala ordinal de los indicadores de medición de vivienda digna y decorosa se tomó la desarrollada por Leva (2005) , adecuándola al caso de estudio (tabla 6). Posteriormente se procedió a estandarizar los valores de los indicadores individuales o simples a su escala ordinal de las localidades (tabla 7).

Se procede a la obtención de los IMVDD por dimensión, cada dimensión con un peso relativo, considerando el criterio sugerido por Torres y Adame (2013). Finalmente se multiplican los valores estandarizados por su ponderación y se suman por dimensión (tabla 8).

Finalmente, para el cálculo del IMVDD del estado de Tamaulipas, y sobre la base de los resultados obtenidos para cada dimensión del estado de Tamaulipas, se clasifican los valores cualitativos en la escala ordinal para cada dimensión.

Para el cálculo del indicador integrado se debe ponderar cada dimensión de acuerdo con la jerarquización determinada; para este caso se adecuó la ponderación sugerida por Torres y Adame (2013) para el ámbito de vivienda adecuada rural, de forma que se asignó un valor de 0.45 a la dimensión de disponibilidad, de 0.35 a la dimensión de calidad y de 0.2 a la dimensión de accesibilidad (tabla 9).

En los resultados obtenidos se advierte que, en el indicador integrado de medición de vivienda digna y decorosa por dimensión, para la escala ordinal, se obtuvo en la dimensión de calidad el resultado de 72.26, el cual equivale a “bueno”; sin embargo, se observó que los valores simples de los indicadores resultaron con valores de bueno y muy bueno, lo que propició que el indicador integrado obtuviera una buena valoración en la escala ordinal.

En la dimensión de accesibilidad la suma fue de 76.69, lo cual indica una situación “buena”; con respecto a esta dimensión hay dos indicadores que sobresalen, primero el del porcentaje de viviendas, que corresponde al tipo de tenencia propia, lo que, de acuerdo con el resultado, manifiesta una situación “muy buena”, y segundo el indicador de porcentaje de viviendas que tienen medidor de luz instalado, cuyo resultado es catalogado como “muy bueno”.

Para la dimensión de disponibilidad, el valor fue de 45.00; es decir, “regular”. En este caso se da ese resultado porque algunos de los indicadores simples de esa dimensión resultaron con mala valoración, como es el caso de porcentaje de viviendas que disponen de drenaje, porcentaje de viviendas donde el desalojo de aguas negras se hace en la red pública, porcentaje de viviendas que cuentan con línea telefónica fija, porcentaje de viviendas que cuentan con Internet, porcentaje de viviendas donde la basura es recolectada en el domicilio o depositada en contenedor público que pertenecen a la infraestructura de servicios básicos, y además los indicadores de porcentaje de viviendas que cuentan con computadora, porcentaje de viviendas que cuentan con calentador de agua, porcentaje de viviendas que cuentan con cisterna que pertenece a el equipamiento básico de la vivienda.

Sobre la base de los resultados obtenidos, se clasifican los valores cualitativos en la escala ordinal para cada dimensión. Para el cálculo del indicador integrado se debe ponderar cada dimensión según la jerarquización determinada; como se comentó anteriormente, para este caso se tomó como base la ponderación sugerida por Torres y Adame (2013), la cual da un mayor peso a la dimensión de disponibilidad (0.45), debido a que esta dimensión refleja las condiciones físicas en que se vive. La dimensión de calidad es la segunda con mayor peso (0.35), porque este valor refleja su entorno particular y las otras dimensiones tienen el peso de (0.20); la razón es que se refieren al entorno externo. Para el cálculo del indicador integrado se debe multiplicar la ponderación de cada dimensión por el valor del indicador. Los resultados se muestran en la tabla 9.

El resultado del indicador integrado de medición de vivienda digna y decorosa para Tamaulipas fue 60.92, lo que significa un resultado ordinal de “Bueno”. Sin embargo, aunque el resultado podría parecer alentador, hay que destacar que este resultado está muy cerca del límite inferior del rango del valor ordinal de “bueno”, por lo cual se observa un área de oportunidad para mejorar esas áreas que no resultaron bien evaluadas.

Para el estado de Tamaulipas se obtuvo como resultado un valor “promedio”, lo que significa que existen diferencias sustanciales entre las diversas localidades rurales; esto se explica, como se refirió anteriormente, porque existen en el estado 7,344 localidades, de las cuales solo 45 son mayores de 2,500 habitantes, y hasta hay localidades de un habitante; además se observa que mientras menor sea una localidad, mayores carencias tiene.

La evaluación concluye en un resultado general para el estado; sin embargo, resulta interesante tener ese diagnóstico solo para las comunidades rurales, donde se observan los grandes retos a escala general, así como las áreas de oportunidad a escala general, y los retos que en materia de vivienda rural enfrenta el estado.

Sin embargo, se considera que es necesario tener un diagnóstico general del estado para observar los grandes retos, y posteriormente ampliar el estudio a una menor escala. Según los resultados, se pueden observar las áreas de oportunidad y retos que enfrenta el estado de Tamaulipas en materia de medición del derecho a la vivienda digna y decorosa.

Conclusiones

El análisis hace una aproximación al estado de la calidad de la vivienda rural, a partir de los parámetros existentes, y aporta una descripción sobre la vivienda que, cabe señalar, no se había realizado en el estado. Sin embargo, se reconoce la necesidad de incorporar características cualitativas propias de lo rural a la delimitación de las llamadas localidades; es decir, ponderar también otros aspectos, además del número de habitantes, así como incorporar otros indicadores exclusivos para los entornos rurales.

Los resultados obtenidos en la evaluación cuantitativa hacen notar los retos en materia de derecho a la vivienda digna y decorosa en el estado de Tamaulipas. Se observa, por ejemplo, que en el ámbito de disponibilidad se obtuvo una calificación “regular”; esto se explica, por un lado, porque es la dimensión que contiene indicadores tanto de infraestructura de servicios básicos como de equipamiento básico de la vivienda, donde, de acuerdo con el referente, está el porcentaje de viviendas que cuentan con el servicio de drenaje. El resultado obtenido es del 38%, lo que significa que el déficit es muy alto, lo que resalta un área de oportunidad.

Por otro lado, ligado a este indicador se tiene que solo el 10.41% de las viviendas que cuentan con este servicio desaloja las aguas negras en la red pública, el resto lo hace fuera de ella, lo que representa un latente riesgo para la salud y ambiental.

En esta misma dimensión se observa que el porcentaje de viviendas que tienen el servicio de recolección de basura por parte de las autoridades alcanza apenas el 23%, lo que sugiere que el problema de residuos sólidos domiciliarios es grave, ya que el 77% de las viviendas quema la basura en sus terrenos al aire libre, lo que provoca grave contaminación de aire y a los mantos acuíferos, e incide seguramente en problemas de salud de sus habitantes.

Siguiendo con la misma dimensión, con respecto al rubro de equipamiento básico de la vivienda, se destaca que un significativo porcentaje de las viviendas no cuenta con telefonía fija, internet, computadora, calentador de agua ni cisterna, lo cual denota que la conexión y el intercambio de información de estas comunidades con el exterior se dificulta por no contar con estas herramientas tecnológicas de comunicación, lo que implica que los habitantes de estas comunidades tienen inconvenientes para informarse de lo que acontece en el mundo, además de que los niños y jóvenes tienen mayores obstáculos para sus clases a distancia en los tiempos actuales de la pandemia que se vive en el mundo. Ello se suma a que la falta de equipamiento va en detrimento del confort y la calidad de vida de los habitantes de esas viviendas.

Al advertir estos resultados, se concluye que la brecha de desarrollo entre las comunidades rurales y urbanas sigue siendo amplia, si bien ha habido avances en desarrollo de infraestructura de servicios básicos como luz y agua (aunque en menor medida); todavía hay mucho por hacer en asuntos de drenaje y de la conexión de este a una red pública, así como en el aspecto de la gestión de residuos sólidos, rubro que es uno de los más desatendido, por haber insuficiente recolección y no existir una eliminación adecuada, con lo que se generan graves problemas de salud y ambientales.

En este sentido, son claras las áreas de oportunidad para la formulación de políticas públicas y estrategias para la inversión que apunten hacia el desarrollo de infraestructura de servicios básicos en las localidades rurales de Tamaulipas, aspectos fundamentales para la mejora de las condiciones de vida de los habitantes.

También se destaca que, en el ámbito de la accesibilidad, ciertamente se obtuvo una calificación global de “buena”; no obstante hay aspectos puntuales que revisar; por ejemplo, el porcentaje de las viviendas que utilizan gas como combustible para cocinar, el cual resultó con una calificación de “regular”, porque aproximadamente el 60% de las viviendas utiliza todavía leña para cocinar sus alimentos, lo que indica que el poder de acceso a la satisfacción de esta necesidad todavía es muy bajo en las localidades rurales. Esto destaca la necesidad de ampliar la cobertura hacia todas las comunidades.

Finalmente, en la dimensión calidad de la vivienda, si bien es cierto que obtuvo una calificación global de “bueno”, se destacan rubros individuales con grandes rezagos; por ejemplo, con respecto al porcentaje de viviendas que tienen tres o más cuartos se obtuvo una calificación de “regular”; otro indicador es el porcentaje de hacinamiento en las viviendas y el de porcentaje de viviendas con techo de concreto, ambos resultaron con una calificación que está muy cerca del límite inferior del rango, lo que representa la necesidad de reforzar las acciones para mejorar las condiciones, particularmente espacio dentro de la vivienda, lo que también redundará en disminución del hacinamiento.

En resumen, Tamaulipas es un estado que por mucho tiempo descuidó el tema de infraestructura de servicios públicos en localidades rurales, además de no impulsar proyectos para el desarrollo económico y territorial de ellas; en consecuencia, sigue habiendo asentamientos precarios, pobreza y marginalidad; además, la existencia de tiraderos a cielo abierto que funcionan sin ningún tipo de regulación, entre otros pendientes por resolver, lo que ha tenido un costo social importante y la disminución de la calidad de vida de los habitantes del estado.

El crecimiento y el desarrollo de un estado requieren no solo fijar la mirada en las áreas urbanas, sino también ver todo el territorio, en especial las localidades menos favorecidas, como las rurales, e impulsar proyectos para disminuir la brecha de desigualdad. Con respecto a lograr tener vivienda digna para todos, es necesario avanzar en disminuir el rezago en las localidades rurales, en particular lo que respecta a infraestructura de servicios básicos, de hacinamiento en viviendas, equipamiento de comunicación y gestión de residuos sólidos.

El análisis lleva a la reflexión sobre las metodologías de evaluación de la calidad de la vivienda. En general, parten de una visión urbana, y dejan de lado aspectos vinculados al territorio rural.

En este sentido, se considera necesario pensar a partir de la compleja y heterogénea realidad rural para rediseñar o adecuar la metodología al entorno social ambiental, cultural y económico propio del territorio rural, además de la incorporación de nuevos indicadores de medición asociados a la sostenibilidad de la vida rural, como reciclaje de desechos y recolección de agua de lluvia, entre otros, e incorporar también la percepción de los habitantes de esas poblaciones.

El análisis sobre la vivienda digna y decorosa en localidades rurales del estado de Tamaulipas es uno de los primeros abordajes del tema; aunque se observan diversas áreas de oportunidad para futuras investigaciones, los resultados ponen al descubierto importantes elementos, como la falta de acciones específicas y una política robusta de vivienda rural en el estado.

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Notas