Introducción

En América Latina gran parte de los/as trabajadores/as recurren a diferentes maneras de producir y organizarse para poder vivir. El neoliberalismo en la región produjo una transformación de las relaciones laborales con un fuerte crecimiento del desempleo y subempleo. Esto generó la proliferación de nuevas estrategias colectivas de sobrevivencia por medio de experiencias de trabajo asociativo y comunitario. Durante la década de 1990, decenas de miles de trabajadores/as que se encontraban sin un empleo formal ocuparon las calles y rutas como escenarios de protesta, dando origen a diferentes movimientos sociales, entre ellos el movimiento de trabajadores desocupados y/o movimiento piquetero en Argentina.

La crisis de los años 2001-2002 en el país representa un punto de inflexión a partir del cual emergen prácticas comunitarias novedosas, como por ejemplo clubes del trueque, empresas recuperadas por sus trabajadores/as y ferias populares, entre otras. Estas experiencias, que surgieron en un contexto de emergencia socioeconómica, se han constituido y propagado en el tiempo como nuevas formas de trabajo y economías, incluso en momentos de reactivación económica. Asimismo, estas prácticas marcaron el nuevo rumbo en las políticas destinadas a este sector de la población. Las propuestas desplegadas por estas organizaciones en cada territorio estuvieron vinculadas a la autogestión y a emprendimientos asociativos, y se constituyeron en una fuerte influencia para el gobierno de Néstor Kirchner que, a partir del año 2003, promovió un conjunto de políticas de promoción de la economía social. La autogestión devino en una herramienta que necesariamente debió ser incorporada por los gobiernos nacionales para generar trabajo e inclusión social (Hudson, 2016).

La pandemia por COVID-19 evidenció la cantidad de personas que, ante el quiebre de la “normalidad” capitalista, se quedan sin empleo y/o reducen sus ingresos. En este contexto, el gobierno argentino creó el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE)¹, para el que se postularon más de 13 millones de personas, 52% mujeres (ANSES, 2020). Si bien no podemos afirmar que todos/as estas personas pertenecen a la economía popular, se estima que más del 35% de la población en nuestro país vive del trabajo por fuera de los estándares del empleo formal, registrado, asalariado con seguridad social y previsional (OIT, 2020).

Estos trabajos, que ocupan a una considerable masa de trabajadores/as en la región y en el país -que se incrementa en las últimas décadas-, han sido considerados “refugio”, “marginales” y/o “empleo informal” (Beccaria y Groisman, 2007; Gómez, 2013; Farías, 2012; Neffa, 2010; Salvia, 2009). En esta línea, los estudios académicos, como también los organismos gubernamentales y no gubernamentales, estructuran sus análisis e intervenciones por medio de dicotomías como formalidad/informalidad, empleo/desempleo, trabajo precario/trabajo decente (MTEySS, 2008; 2007; OIT, 2002, 2013). Consideramos que esta hegemonía en los abordajes teóricos y políticos tiende a invisibilizar la configuración del trabajo en la región y en el país.

En el presente artículo exponemos las reflexiones epistemológicas y metodológicas del proceso de investigación en curso sobreeconomía popular (EP) en la provincia de Mendoza. En dicha investigación de mayor alcance, buscamos realizar un primer acercamiento al conjunto de trabajadores/as yunidades de trabajo de este sector en Mendoza. Esta aproximación tiene como punto de partida la necesidad de construir, con los propios actores de la EP, un relevamiento que permita conocer las particularidades de estos trabajos, vincularlos a circuitos de creación de valor, así como evidenciar el propio valor que tienen las redes sobre las que se asienta la reproducción de la vida.

Este estudio ha sido abordado desde una perspectiva de co-investigación, es decir, tiene la particularidad de articular saberes académicos con la praxis ligada a la reivindicación del sector de trabajadores/as de la EP como parte de la economía. Se ponen en diálogo los saberes de actores pertenecientes a los ámbitos científico, de la administración pública y de los movimientos sociales. Por lo tanto, el diseño, la recolección y reflexión sobre los datos ha sido un proceso conjunto.

Exponemos aquí algunas de las reflexiones epistemológicas y metodológicas que impregnaron el relevamiento en cuestión, es decir, las consideraciones sobre el quehacer científico, específicamente en cuanto a las formas de construir el conocimiento en la investigación social. En primer lugar, presentamos un recorrido sobre las concepciones de trabajo en América Latina a fin de acercarnos a los principales debates en torno a la economía popular. En segundo lugar, exponemos las reflexiones epistemológicas sobre la co-investigación, posicionamiento que orienta el proceso de investigación y la construcción de conocimiento en relación a trabajadores/as de la EP. Por último, describimos las características del relevamiento y sus etapas, así como las particularidades del instrumento de recolección de datos.

Breve recorrido por el devenir de la Economía Popular

Una perspectiva situada en América Latina, y en particular en Argentina, exige debatir aquellas conceptualizaciones que desconocen la propia configuración del trabajo en la región, a fin de reconocer la multiplicidad y diversidad de actividades laborales llevadas a cabo por gran parte de trabajadores/as. En este sentido, uno de los principales obstáculos que ha dificultado el análisis de este sector de la economía y de los/as trabajadores/as que lo integran, es el concepto clásico de trabajo -trabajadores libres, asalariados, masculinizados y blancos-. A pesar de que existe una extensa bibliografía que amplía esta noción (Antunes, 2003; De la Garza, 2011; Van der Linden, 2008), aquella clásica concepción continúa operando en gran parte de los estudios del trabajo. El principal efecto es que considera a las actividades por fuera de la relación salarial como “lo otro” del trabajo, como una “anomalía” a resolver. En esta línea se ubican diferentes tradiciones teóricas que han indagado y definido a dicho sector como lumpenproletariados (Fanon, 1999); trabajadores informales (Tokman, 2002; OIT, 1972); trabajadores marginales (Nun, 2001; Quijano, 2014); población excedente (Marx, 2014), trabajadores subalternos (Van Der Linden, 2008), entre otras.

En la década del 1970, las transformaciones en el mundo del trabajo² implicaron la expulsión de trabajadores/as asalariados/as y la precarización de las condiciones laborales, lo que provocó la expansión de un conjunto de actividades no salariales. Tal como mencionamos anteriormente, estas prácticas económicas heterogéneas han sido caracterizadas de diversas formas por las distintas perspectivas teórico-políticas. La Organización Internacional del Trabajo (OIT, 1972; Tokman, 1987) introdujo la noción de sector informal para definir los trabajos cuyos ingresos no provenían de relaciones salariales formales, que suelen realizarse a pequeña escala, son de fácil acceso, dependen en gran medida de recursos propios, requieren de trabajo intensivo y son sumamente heterogéneos.

Desde una perspectiva marxista, se explicó la generación de una población excedente para las necesidades medias de explotación del capital debido al continuo cambio en la composición orgánica del capital, es decir, por el aumento de su parte constante a expensas de su parte variable (Iñigo Carrera, 2012). En América Latina, se consideraba que las nuevas tendencias del capitalismo dejaban fuera del empleo asalariado estable a una población creciente de trabajadores/as a la que se definía como masa marginal . polo marginal³ (Nun, 2001; Quijano, 2014). Estos enfoques, más allá de sus diferencias, ponían en evidencia la relación estructural que existe entre los procesos latinoamericanos de acumulación capitalista dependiente y la desigualdad social, en contraste con las tendencias que hacían recaer las responsabilidades sobre los propios trabajadores/as.

Los primeros trabajos sobre economía popular, como los de Razeto (1983) y Coraggio (1989), surgen entre mediados de los años ochenta y principios de los noventa, como “alternativa teórica a las propuestas de cuño neoliberal de la OrganizaciónInternacional del Trabajo para enfrentar la creciente pobreza, informalidad y marginalidad” (Serra, 2018: 91). Años más tarde, en la década de 1990, la economía informal volvió al centro de la escena, pero esta vez bajo la influencia del pensamiento del economista neoliberal Hernando de Soto (1986), para quien el problema de la informalidad era atribuible a la excesiva presión reguladora y burocrática del Estado, que encarecía tales actividades y les impedía constituirse como verdaderos emprendimientos productivos capitalistas (Moreira, 2018). La flexibilidad laboral y la precariedad en las relaciones de trabajo se convirtieron en pilares de este nuevo modelo de acumulación, consolidando el régimen neoliberal de dominación.

Con la crisis de la sociedad salarial (Castells, 1995) -que implicó la pérdida de centralidad del empleo asalariado estable y un proceso de precarización que llevó a un cuestionamiento de la propia relación salarial-, surgen en Europa un conjunto de propuestas teóricas alrededor de la denominada economía social y solidaria, cuyo objeto era generar alternativas al desempleo, es decir, una salida a la sociedad salarial que no implicara un proceso de regresión social, mientras que los enfoques latinoamericanos en economía social (ES) surgen ante la necesidad de enfrentar los efectos de las políticas neoliberales en la región, buscando respuestas alternativas a las propuestas orientadas por el paradigma de la informalidad (Maldovan Bonelli, 2018).

En términos generales, la economía social designa una amplia gama de prácticas económicas vinculada a instituciones de la sociedad civil, como cooperativas, mutuales y asociaciones civiles, que se autodenominan tercer sector de la economía. La cooperativa representa la institución central y con ella, los principios que la rigen “como práctica económica, se inspira en los valores de la autonomía, democracia participativa, igualdad, equidad y solidaridad” (Quijano, 1998: 376). Al interior de la ES se pueden identificar tres corrientes: 1) es una economía para los pobres, en la que se procura la integración social a nivel microeconómico de personas excluidas del mercado de trabajo; 2) como subsistema dentro de una economía mixta, que debe consolidarse mediante redes de reciprocidad y solidaridad entre proyectos productivos; y 3) como construcción de otra economía que plantea la necesidad de otro sistema económico, con otras lógicas de funcionamiento cuyo centro sea la vida y el trabajo, y no el lucro (Coraggio, 2013). Estas tres corrientes conviven actualmente y sus miradas no son excluyentes; identificarlas permite comprender las visiones, acciones e intervenciones que se realizan (incluso desde el Estado).

A la economía social y solidaria (ESS) se le critica asentarse sobre dos principios normativos, uno de índole económica, la reciprocidad, y otro de tipo político, como es el relacionado con la acción democrática de sus integrantes. Se le cuestiona también desconocer que dichas prácticas económicas seencuentran insertas en la economía capitalista tradicional, en la que el capital se apropia del excedente que produce este sector, desde los poderes financiero, político, legal e institucional. Asimismo, se le exige cierta solidaridad sin considerar los propios mecanismos de recreación del poder existente en dichos espacios productivos (Chena, 2018).

Moreira (2018) plantea que en Argentina la denominación de ESS no terminó de arraigarse en las organizaciones populares, por lo que las mismas prácticas que en un comienzo se ubicaban bajo esta noción fueron progresivamente identificándose con el término de economía popular (EP). Gago et al. (2018) plantean que dicha noción emerge como una

“apuesta analítica tanto teórica como política de la América Latina actual. (…) que busca dar cuenta de ciertas prácticas abigarradas en las economías populares de los sectores populares y diversos, y una reivindicación a la riqueza que producen, disputan y circulan” (2018: 11).

Dichos autores definen la EP como:

“un ‘entre’ como un espacio de oscilación y de problematización, pero justamente abierto a una experimentación teórica y práctica de formas productivas, de comercialización, de construcción de vínculos que expresan la creatividad y la capacidad de innovación popular sin un marco preestablecido o normativo a priori que señale cómo confrontar las relaciones de explotación y dominio en el capitalismo” (2018: 12)

Los debates dentro de este sector de la economía, sumados al devenir político de muchas de las organizaciones de desocupados/as, fueron gestando nuevas concepciones sobre demandas y aportes al Estado, y para la segunda década de este milenio impulsaron en el país el concepto de economía popular. Mediante dicha denominación hacen referencia al “conjunto de actividades económicas y prácticas sociales llevadas a cabo por los sectores populares para garantizar la satisfacción de sus necesidades básicas, materiales y no materiales” (Icaza y Tiribia, 2003), realizadas de forma tanto individual como asociativa, y cuyos miembros suelen tener relaciones primarias entre sí (Quijano, 2014).

En su definición ha sido clave la conformación de la Central de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) en 2011, y en 2019, la Unión de Trabajadores/as de la EP (UTEP). Ambas organizaciones reivindican a sus afiliados como trabajadores/as, a sus actividades como trabajo y a su organización como sindicato. Luchan por el reconocimiento de los/as trabajadores/as de la EP y discuten la clasificación de los organismos internacionales de emprendedores y microempresarios. Sin embargo, en sus definiciones operan divisiones como trabajo digno y trabajo precario que se asemejan a aquellas propuestas por la OIT –trabajo decente/trabajo informal- y de esa manera tiñen sus demandas, centrando el problema en la capacidad de los Estados en “formalizar” o proveer de derechos a estos trabajadores/as (Serra, 2017). Como expone Moreira (2018) promueven “la construcción política de una subjetividad económica popular que se inserta en la tradición del trabajo asalariado, sus instituciones, organizaciones e ideología”(2018: 127).

Co-investigación como propuesta epistemológica y metodológica

La identificación, mensura y caracterización del conjunto de trabajadores/as de la economía popular en Argentina es una aproximación que en general se calcula a partir de datos provenientes de las estadísticas laborales clásicas (Arango, Chena y Roig, 2017; Picasso, 2019). Sin embargo, conocer quiénes son, la heterogeneidad de su quehacer y las formas de organización del trabajo, así como la estructura interna del sector, sus lógicas de funcionamiento y las relaciones de explotación con otros circuitos económicos, son parte de los desafíos sociológicos y políticos del momento actual.

Entendemos que la mirada sociológica podría aportar a dimensionar esa fracción de trabajadores/as de la economía popular en Argentina a partir de una definición del sector lo suficientemente amplia como para dar cuenta de la heterogénea riqueza del conjunto, así como para poder reconocer la singularidad del sector en su interacción permanente entre los niveles micro, meso y macro, tanto en la esfera económica como sociopolítica.

El desafío político -si entendemos la política como acción transformadora de la realidad- implica dejar al descubierto aspectos que muchas veces son ignorados, o que incluso, siendo reconocidos no son abordados. Reconocerlos exige, por un lado, problematizar las concepciones “clásicas” del trabajo e invita a repensar y redefinir los marcos teóricos hegemónicos. Por otro lado, obliga a dar respuesta a las demandas de un sector complejo y “nuevo”, que se ha constituido como un sujeto de disputa y definición tanto en las políticas públicas, como en los ámbitos académicos.

Precisamente, conocer la realidad de los/as trabajadores/as de la economía popular resulta una aventura que entendemos no puede emprenderse sin las voces de sus propios protagonistas. Así fue como tomamos contacto con referentes de organizaciones nucleadas en el Centro de Economía Popular (Mendoza) con quienes comenzamos esta travesía. Encontrarnos desde un interés similar abrió un nuevo espectro de inquietudes e implicó movilizar el propio esquema aprehendido. Esto último no fue sencillo y nos llevó a repensar y replantear nuestro propioposicionamiento epistemológico, en el que partimos de comprender “la realidad [como] un campo de posibilidades en el que caben alternativas que han sido marginadas o que ni siquiera han sido intentadas” (Santos, 2000: 23 citado en Santos y Rodríguez, 2007: 9).

Partir del enfoque de la co-investigación no fue una decisión inicial, sino que esta perspectiva contribuyó a la reflexión sobre el proceso de investigación que estamos llevando adelante. Desde los primeros encuentros con los/as referentes de las organizaciones dimos cuenta de la cantidad de registros sobre trabajadores/as de la ES y de la EP existentes y la dificultad de acceder a los datos, por lo que, construir una base de datos conjunta se transformó en un objetivo común. Las inquietudes investigativas compartidas, como conocer qué están haciendo los/as trabajadores/as de la EP, en qué territorios y cuáles son sus principales dificultades, impulsaron este proceso. Los/as protagonistas de aquello que queríamos investigar (la economía popular), se transformaron en interlocutores del propio trabajo y del proceso de diseño y relevamiento.

El enfoque que nos ayudó a fundamentar nuestra propuesta es el que Valenzuela Echeverri (2008) denomina co-investigación: la investigación social como resultado del diálogo de saberes, en el que se asume al “otro/a” como igual. En este sentido, las inquietudes que movilizan la investigación en curso se funden en el propio proceso conjunto con los/as referentes y trabajadores/as de la EP. Posicionarnos desde esta perspectiva epistemológica implica permear las propias premisas teóricas, sacudir, de alguna manera, los esquemas aprendidos:

“¿por qué, para qué y para quienes investigar? las respuestas a dichos interrogantes, como afirma Mato (2002) determinan en gran medida qué investigar, cómo hacerlo, con quiénes, con qué objetivos y en el marco de qué tipo de relaciones, aspectos que, no obstante, se hallaban epistémicamente condicionados por la perspectiva de la co-investigación, pues ésta, de entrada, al menos discursivamente, hacía del objeto de investigación simultáneamente un sujeto de investigación” (Valenzuela Echeverri, 2008:121).

Remover los propios métodos de producción social de conocimiento, concibiendo a este último como resultado de un diálogo de saberes, supone asumir al “objeto de estudio” como un interlocutor más: “subvierte en términos políticos aquel discurso positivista de investigación que suele sobre-estimar el saber experto y sus métodos científicos a-políticos y neutrales” (Valenzuela Echeverri, 2008: 123).

En este sentido, más allá de las intenciones de realizar una investigación con ellos/as, esta tarea entre diferentes actores- organizaciones de la economía popular, becarias de CONICET y Ministerio de Desarrollo Social de la Nación- se ponen de manifiesto algunas de las relaciones de poder existentes. Por unlado, la sobre-estimación de un “saber experto” representado en el conocimiento científico, es decir, las trabajadoras del CONICET como las poseedoras de los conocimientos técnicos necesarios para llevar adelante el relevamiento y, por otro lado, el poder político que tienen los/as referentes dentro de las organizaciones que, de alguna manera, “garantiza” la investigación y define su encuadre. Consideramos necesario poner en evidencia estas relaciones de poder, así como recorrer todas y cada unas de las instancias de diálogos necesarias para modificar nuestra manera de entender la construcción del conocimiento.

De esta manera, reflexionamos respecto a qué es la economía popular y avanzamos en su descripción y definición conjunta. Este no fue un proceso exento de tensiones: sobre todo se pusieron en cuestión nuestras propias preconcepciones sobre la economía popular y las nociones de economía social y solidaria. No obstante, mediante las discusiones sobre la unidad de análisis, pudimos elaborar entre todos/as un concepto, el de unidades de trabajo (UT), quenos posibilitó incorporar todas las actividades que se sostienen desde la EP, superando la dicotomía trabajo productivo/trabajo reproductivo. Por otra parte, en esta delimitación, utilizamos las ramas de actividad que propone el RENATEP⁴, clasificación que las organizaciones de trabajadores/as de la EP han generado para identificar y mostrar las diferentes actividades en las que se ocupan.

El propio formulario elaborado es la materialización de ese diálogo de saberes con las organizaciones. Todos/as los/as que participamos de la construcción de este dispositivo fuimos parte, además, del proceso de recolección de datos, etapa en la que también colaboraron otros/as miembros/as de las organizaciones, a fin de garantizar el relevamiento de todas las UT. Podemos resaltar diversos aspectos del trabajo de campo. Por un lado, el vocabulario utilizado en las preguntas requirió atención especial, ya que fue determinante en la comprensión por parte del encuestador/a y encuestado/a respecto de lo que queríamos relevar. Otro factor esencial fue la militancia territorial, ya que la proximidad y el vínculo entre quienes realizaron la encuesta y quienes la respondieron, permitió el acceso a gran parte de las UT. Es decir, se evidenció el valor que tiene el conocimiento del territorio y la confianza -producto de los vínculos generados con los propios/as encuestados/as- en todo proceso de investigación. Por último, el resultado de este proceso es una base de datos compartida y accesible a las organizaciones -que les permitirá realizar un seguimiento a futuro- y la elaboración de un diagnóstico participativo de la economía popular en Mendoza.

En síntesis, en este proceso de co-investigación se modificaronnociones propias -así como ajenas- de la investigación y con ello, se construyeron y negociaron objetivos, métodos, tiempos y también la propia escritura. Los resultados de la investigaciónimplican su propia divulgación. El cauce de la misma funde intereses y propone nuevos canales de conocimiento. En este sentido, optar por la co-investigación supone seguir “no solo agendas teóricas, sino también, agendas locales y particulares dirigidas a producir fundamentalmente saberes útiles tanto para los actores involucrados como para los investigadores”(Valenzuela Echeverri, 2008:122).

En tal sentido, retomamos la idea de Svampa (2007) sobre la necesidad de disputar el modelo académico hegemónico y el rol del investigador/a y recuperamos la propuesta del intelectual-investigador anfibio (superando al investigador técnico, el investigador intérprete y el investigador crítico), que tiene lacapacidad de habitar y recorrer varios mundos y “la posibilidad de generar vínculos múltiples, solidaridades y cruces entre realidades diferentes” (Svampa, 2008: 23). Nos interesa desde una mirada crítica y reflexiva poder comprometer el oficio científico con los procesos sociales y políticos que atravesamos, superando el escepticismo y la apatía que ha caracterizado (sea como refugio o como imposición) el desarrollo de las ciencias sociales en las últimas décadas (Santos, 2007; Svampa, 2008). Intentar una práctica científica “anfibia”, nos permitió alcanzar una mejor comprensión y reflexividad sobre las diferentes realidades sociales y sobre lo que a nosotras mismas nos acontece en el proceso de interacción.

Reflexiones teórico-metodológicas sobre el proceso de relevamiento de la Economía Popular en Mendoza

En este apartado presentamos algunas reflexiones metodológicas de la investigación sobre la economía popular en Mendoza que hemos desarrollado en los años 2020 y 2021. Esta provinciaes la cuarta jurisdicción más poblada de Argentina⁵ y sus habitantes se concentran en el área metropolitana (86%), es decir que tiene una población predominantemente urbana. En relación a la economía social y solidaria, según el único registro provincial existente, en el año 2020 se encuentran registradas 4.719 unidades productivas, que involucran a 18.876 personas que desarrollan alguna actividad relacionada con la producción, comercialización de productos y servicios (DESyA, 2021).

La carencia de datos estadísticos específicos de la EP para realizar un diagnóstico del sector impulsó la realización de este relevamiento. Para el diseño del cuestionario, revisamos y discutimos otras investigaciones e instrumentos ya probados. Acontinuación, realizaremos una breve descripción de los antecedentes examinados, para luego caracterizar el propio relevamiento.

Revisión de antecedentes de relevamientos cuantitativos de la economía social y solidaria y economía popular

Censo Económico Sectorial de Cooperativas y Mutuales (2008), del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social

Este censo nacional, realizado en el año 2008 por el Instituto Nacional de Economía Social (INAES), relevó específicamente mutuales y cooperativas, es decir que su unidad de análisis fueron los espacios de trabajo de la ESS formalmente constituidos bajo dichas formas jurídicas. A los fines de nuestro trabajo resulta una delimitación muy restrictiva, en tanto la economía popular no se limita a emprendimientos asociativos, ni aquellos registrados formalmente.

La “Guía para el mapeo y relevamiento de la economía popular solidaria en Latinoamérica y Caribe” de Coraggio, Arancibia y Deux (2010)

Se trata de una propuesta teórico-metodológica realizada por Coraggio et al., “para relevar emprendimientos asociativos autogestionados por sus trabajadores” (2010: 7) y su estrecha relación con las entidades de apoyo a los mismos. Los/as autores definen como universo de análisis

“el conjunto de emprendimientos de la Economía Popular Solidaria (EPS), dedicados a la satisfacción de necesidades por medio de los ingresos obtenidos a través de la oferta de bienes y servicios, orientada al intercambio comercial, complementado o no por el trueque y/o autoconsumo” (2010: 35).

Sus unidades de análisis son los emprendimientos mercantiles de la EPS, organizaciones de integración (OI) y entidades de apoyo (EA).

En nuestro trabajo la unidad de análisis, definida como unidad de trabajo (UT), abarca tanto a emprendimientos individuales como asociativos, pero no incluimos a organizaciones como las OI y EA. Otra distinción a resaltar es que nuestro concepto de UT pretende dar cuenta de los solapamientos entre las actividades productivas y reproductivas, y resaltar el valor y el carácter de trabajo que tienen las tareas de cuidado -esenciales para sostener la vida-, por lo que se relevan también unidades socio-comunitarias, sin fines comerciales.

Mapeo participativo de la economía social y solidaria, Universidad Nacional de Quilmes - Instituto Movilizador de Fondos Cooperativos - Secretaría de Políticas Universitarias (2018)

El Proyecto “MAPESS” fue un mapeo de la economía social y solidaria coordinado por la Universidad de Quilmes. Se realizó conjuntamente con cinco universidades nacionales (Rosario, Villa María- Córdoba, La Plata, Cuyo y San Juan) y abarcó dichos territorios, además de Capital Federal y Gran Buenos Aires. La propuesta del relevamiento era realizar un estudio cualitativo que apuntaba a fomentar la integración entre los diferentes actores, visibilizar el sector para el conjunto de la sociedad y fortalecer el vínculo de las universidades y organizaciones de la ESS en el territorio. Para ello, las unidades de análisis seleccionadas fueron cooperativas y mutuales, ferias, nodos y espacios de comercialización solidaria, organizaciones de comunicación y cultura de las provincias y ciudades mencionadas.

Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular (2020)

Se trata de un registro para trabajadores/as de la EP que busca reconocer, formalizar y garantizar sus derechos. Inscribirse en él permite “acceder a programas de trabajo, seguridad social y capacitación; participar de redes de comercialización y tener acceso a herramientas crediticias y de inclusión financiera” (MDS, 2021).

Dicho registro está destinado a trabajadores/as individuales, específicamente a

“todos aquellos y aquellas que realicen actividades en el marco de la economía popular como vendedores ambulantes, feriantes o artesanas; cartoneras y recicladores; pequeñas agricultoras y agricultores; trabajadoras comunitarias y de la construcción; quienes trabajen en infraestructura social y mejoramiento ambiental y pequeños productores y productoras manufactureras, entre otros rubros” (MDS, 2021).

Consideramos que esta iniciativa estatal es muy valiosa y necesaria, dada la ausencia de datos estadísticos certeros sobre la cantidad de trabajadores/as nucleados en la EP. Asimismo, la definición de ramas de actividad específicas permite visibilizar y poner en valor la diversidad de trabajos realizados en el sector.

El relevamiento que estamos realizando toma como base esta iniciativa del RENATEP, pero nuestra unidad de análisis difiere a la del/a trabajador/a individual que toma este último. Tal comohemos señalado, la unidad de trabajo puede ser individual o colectiva. Asimismo, indagamos todo un conjunto de dimensiones -como la forma de organización del trabajo, por ejemplo- que un registro como el RENATEP no incluye.

Registro único de economía social de Mendoza (Dirección de Economía Social y Asociatividad)

Este registro se crea a partir de lo establecido por la ley provincial 8.435 (2012) de Promoción de la economía social y solidaria. El mismo es la única fuente de estadísticas de la economía social provincial que cuantifica las condiciones, las características, las formas de organización, los productos y servicios y las intervenciones sociales de cada uno de los/as productores/as. Sin embargo, las unidades de trabajo de la EP no están incorporadas y el perfil del registro parte de un enfoque del emprendedorismo, individual, artesanal. Además de este registro, en la provincia existe información fragmentaria y de difícil acceso, relevada por organismos públicos como áreas de economía social de municipios o dependencias del gobierno provincial, que poseen objetivos que difieren del que queremos realizar y distintas unidades de análisis. Por otro lado, consideramos que la información relevada por los organismos estadísticos oficiales, como la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) o la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV), invisibiliza las actividades de la EP bajo las categorías de desempleo, autoempleo y subempleo. Todo lo expresado anteriormente pone de relieve la importancia de obtener datos primarios sobre el sector.

Relevamiento de la economía popular en la provincia de Mendoza

Definición de la unidad de análisis y de observación

La complejidad de la economía popular, un sector en el que lo productivo y lo reproductivo se entremezclan, en el que lo doméstico, lo privado y lo público son fronteras que se diluyen en el propio hacer, en el que la vida y el trabajo se funden en un mismo andar, nos llevó a proponer la noción de unidad de trabajo (UT), como nuestra unidad de análisis.

Definimos a la unidad de trabajo UT como el conjunto de actividades socio-laborales orientadas principalmente a garantizar la reproducción de la vida, realizadas de forma individual o asociativa, con fines comerciales y/o comunitarios. Distinguimos dos tipos de UT, a fin de captar el destino de bienes y/o servicios para el intercambio, autoconsumo o el consumo-uso de la comunidad:

· socio-productivas: aquellas que se dedican a la producción de bienes y/o servicios para su intercambio y/o autoconsumo;

· socio-comunitarias: aquellas que brindan un servicio a la comunidad de la que forman parte, como merenderos, comedores, espacios de primera infancia, entre otros.

Debido a la heterogeneidad de actividades y diversidad organizativa que componen la economía popular, y a la dispersión y fragmentación del colectivo de trabajadores/as que la conforman, definimos como criterio para delimitar nuestra unidad de observacióna todas aquellas UT que se encuentran enmarcadas en algún tipo de organización sociopolítica. Específicamente, relevamos a todas aquellas UT enmarcadas en organizaciones que forman parte de la UTEP-Mendoza, ferias impulsadas por organizaciones sociales (Feria Popular de Guaymallén, Feria Jesús Nazareno y Feria Perdriel) y comercializadoras de productos de la ESS.

A continuación, realizamos una breve descripción de las organizaciones de la economía popular seleccionadas. En primer lugar, la UTEP-Mendoza, organización sindical de los/as trabajadores/as de la EP a nivel nacional nuclea a un conjunto amplio de organizaciones sociales del campo popular y tiene entre sus objetivos el acceso a derechos laborales y protección social⁶. La Feria Popular Guaymallén está organizada autogestivamente y surge a partir de sucesivos desalojos del espacio público. Las ferias de Jesús Nazareno y Perdriel son impulsadas por dos organizaciones territoriales (La Colectiva y Soy Nosotras) que trabajan desde el feminismo popular con mujeres y, finalmente, las comercializadoras Almacén Andante, La Posta, El Tomero y El Arca, son organizaciones cooperativas que comercializan productos de la ESS, bajo el concepto de comercio justo y defensa del trabajo digno y sin patrón.

El instrumento de recolección de datos que diseñamos tiene una estructura modular según los aspectos comunes que se quieren identificar y describir del conjunto de las UT a relevar, así como también grupos de preguntas específicas según el tipo de UT (socio-productiva o socio-comunitaria).

Dimensiones del cuestionario

Cada uno de los módulos refiere a lasprincipales dimensiones a relevar, a saber:

· Características sociodemográficas de los/as ocupados/as en las UT, como edad, género, menores a cargo, empleo adicional, percepción de ingreso por algún programa social.

· Datos de la UT: para conocer si están vinculadas a alguna organización social y si están registradas de alguna forma legal.

· Sector de actividad: cuál es la actividad principal y el destino de los principales bienes y servicios. Cabe destacar que utilizamos el mismo nomenclador de actividades que utiliza el RENATEP, armado específicamente para el grupo de actividades que se consideran parte de la EP. Esta decisión metodológica se debe a dos consideraciones: en primer lugar, garantizar la comparabilidad con una base de datos de trabajadores/as de la EP a nivel nacional y, en segundo lugar, la exhaustividad e innovación de la propuesta del RENATEP, ya que consideramos que cuestiona la división clásica entre sectores de actividad, al tiempo que visibiliza y pone en valor actividades realizadas por trabajadores/as de la EP que no aparecen así mencionados en las estadísticas oficiales.

· Características del establecimiento y localización: el objetivo es georreferenciar las UT, así como conocer en qué lugar físico desarrollan la actividad principal y la relación de propiedad,

· Forma de organización del trabajo: buscamos conocer el tipo de UT (individual, familiar, asociativo, otro), su funcionamiento y cómo resuelven las tareas de cuidado. Asimismo, también nos interesa conocer el sentido/ objetivo del desarrollo de las actividades y las estrategias colectivas que tienen con otra/s UT.

· Instrumentos / equipamiento de trabajo: en este grupo de preguntas el objetivo es conocer si cuentan con máquinas y herramientas necesarias para desarrollar la actividad, así como el acceso a computadoras e internet.

· Materias primas/insumos: nos interesa conocer los principales insumos y proveedores de las distintas UT a fin de acercarnos al circuito de la EP y conocer la relación que mantienen con otras empresas del sector privado de mayor escala.

· Formas de financiamiento: el objetivo es conocer la forma de financiamiento de la UT, tanto para su funcionamiento regular como para inversiones más relevantes.

· Comercialización y clientes: estas preguntas son específicas para las UT socio-productivas. El objetivo es identificar formas de intercambio, cuáles son los principales clientes de la EP y su localización, así como, el tipo de publicidad que utilizan.

· Difusión y asistentes: estas preguntas son específicas para las UT socio-comunitarias y apuntan a conocer quiénes son los principales asistentes a merenderos y comedores y su localización.

· Ingresos: buscamos conocer si el desarrollo de las actividades en las UT brinda ingresos para distribuir entre sus integrantes.

· Saberes: se busca conocer las capacitaciones que demanda el sector.

Etapas del relevamiento

El relevamiento adquirió una modalidad flexiblepor razones que mencionaremos a continuación. Todas sus etapas se vieron atravesadas por el complejo contexto del aislamiento y, luego, el distanciamiento social obligatorio por la pandemia COVID-19. Esta situación implicó que, durante la primera etapa de diseño del instrumento de recolecciónde datos, todas las reuniones entre nuestro equipo de trabajo y referentes de las organizaciones sociales que forman parte del CEP se tuvieran que realizar de modo virtual. En el proceso logramos, mediante discusiones y negociaciones, acordar los objetivos del relevamiento y construir un cuestionario que nos permitiese relevar de forma cuantitativa una realidad tan heterogénea y compleja.

Este diálogo de saberes puso en tensión y cuestionó nociones teóricas con las que pretendíamos abordar la economía popular, como la definición del nomenclador de las ramas de actividad y la incorporación de las UT socio-comunitarias. La primera tensión surgió de nuestro interés por utilizar la división clásica de las ramas de actividad que usan las estadísticas económicas, desconociendo la novedad e idoneidad del nomenclador propuesto por el RENATEP.

La incorporación de las UT socio-comunitarias se puso en cuestión en principio debido a dos factores: primero, considerábamos inviable poder relevar la gran cantidad existente de comedores y merenderos, y segundo, priorizábamos las actividades socioproductivas, dado que queríamos conocer el valor económico que genera el trabajo en la EP, que considerábamos asociado exclusivamente con lo productivo. Sin embargo, a partir de discusiones, revisamos esta reducción del concepto del valor económico y retomamos los aportes de los feminismos que visibilizan el valor de las tareas de cuidado que garantizan la reproducción de la vida.

En la segunda etapa, realizamos una prueba piloto a un grupo de UT que nos permitió validar técnicamente el instrumento. Para ello seleccionamos una muestra según los siguientes criterios: en primer lugar, procuramos que estuvieran representados los distintos tipos de UT (socio-productivas y socio-comunitarias); en segundo lugar, UT con distinto estado de actividad (en pleno funcionamiento y en reactivación) y, finalmente, UT de distintas ramas de actividad. Esta prueba nos permitió el ajuste y pertinencia de las categorías de análisis, así como la adaptación del lenguaje utilizado en las preguntas a fin de lograr una mejor comunicación.

En la tercera etapa, diseñamos un manual de carga y realizamos capacitaciones a encuestadores/as. Se trató de encuentros virtuales en los que presentamos el cuestionario y sus módulos, explicando cada una de las preguntas y las distintas opciones de respuesta.

En la cuarta etapa, durante el mes de diciembre de 2020, comenzó el trabajo de campo. Debido al contexto de distanciamiento social y a la cantidad de UT a relevar decidimos hacerlo en dos fases. En la primera fase del trabajo de campo relevamos las UT nucleadas en cuatro organizaciones sociales de la UTEP (Movimiento Evita, Nuestramérica, Corriente Clasista Combativa y SOMOS) y la Feria Popular de Guaymallén. Las encuestas se realizaron en soporte electrónico y, en caso de no contar con disponibilidad de internet o dispositivos, en formato papel.

Un aspecto a destacar es que, dado el carácter exploratorio de la investigación, los/as encuestadores/as forman parte de las organizaciones sociales de la UTEP y tienen trabajo territorial en los distintos barrios de la provincia. Esto facilitó el trabajo de campo, ya que pudieron identificar con facilidad las UT a encuestar. Esta mediación y trabajo de campo en conjunto con las organizaciones sociales estuvo supervisado por referentes políticos de las organizaciones y por el equipo técnico responsable, conformado por seis personas, entre las cuales se encuentran las autoras del presente artículo. Hasta el momento, en esta primera fase hemos relevado en total 422 UT. Cabe señalar que nos encontramos en proceso de diseño de la segunda fase del trabajo de campo.

Las últimas etapas de procesamiento y análisis de datos pretenden como resultado un informe final, que se redactará en conjunto con representantes de las mismas organizaciones.

Conclusiones

El desafío de construir conocimiento desde las ciencias sociales es un derrotero que pone en cuestión el para qué, el cómo y con quién/es. Desde un pensamiento crítico consideramos que una de las exigencias actuales es la de pensar las luchas y conflictosde nuestro tiempo, para desarrollar conceptos nuevos y críticos, capaces de dar cuenta de la compleja realidad que atraviesa la economía popular y que incluyan un pensamiento propositivo. Esto nos lleva a reconocer a los trabajos de la economía popular no sólo integrados a circuitos de valorización del capital, sino a los que, una gran parte de ellos, sostienen la vida de la clase trabajadora en general, cuya esencialidad se exacerbó en el contexto de pandemia.

En tal sentido, advertir la lucha de miles de trabajadores/as por ser considerados/as como tales, por reivindicar sus prácticas como parte de la economía, requiere del esfuerzo y compromiso académico. Esta realidad nos interpeló para iniciar este recorrido conjunto con los propios protagonistas de la economía popular en la provincia de Mendoza, que se organizan, crean propuestas y, en contexto de crisis sanitaria, siguen dando batalla desde múltiples territorios.

Entendemos que la co-investigación es un aporte para pensar los desafíos de la relación entre las ciencias sociales y los movimientos sociales. Consideramos que el diálogo de saberes se hace necesario para poner en interacción mundos, concepciones y nociones que muchas veces se estudian, pero no se vinculan. Si bien partimos de reconocer que en todo proceso de investigación existen relaciones de poder, consideramos que la propia interacción y la construcción de vínculos con los/as integrantes de las organizaciones es lo que posibilita modificar nuestra miradas e impulsa la búsqueda de nuevos posicionamientos epistemológicos y metodológicos.

En este proceso de medir y cuantificar la economía popular nos enfrentamos con la dificultad de generar un cuestionario para abordar un sector tan amplio y heterogéneo. Si bien se trata de un relevamiento de tipo cuantitativo -con lo que esto implica metodológicamente-, destacamos la reflexividad que conllevó este proceso en nuestro propio quehacer como científicas. Más allá de la riqueza del aprendizaje que nos brinda la investigación en curso, esperamos que los resultados de la misma signifiquen un aporte en la búsqueda de propuestas alternativas para el fortalecimiento de la economía popular.

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Notas

Información adicional

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