Planteamiento de la cuestión

En noviembre de 2019 ascienden al poder en Bolivia los herederos de la vieja oligarquía del oriente, imbuidos de un “habitus”¹ (Bourdieu, 2007) patronal que divide a la sociedad entre patrones y pongos². Frente a la crisis de la salud pública, desatada por la pandemia en curso, parece prevalecer entre los representantes del poder ejecutivo de la época, la visión de que mueran los que tienen que morir, que son generalmente los más pobres,³ para conseguir la “inmunidad de rebaño”.⁴ Una actitud que indignó a muchos, pero que es preciso explicarla, más allá de que se trate, como generalmente se piensa, de una falta de humanidad o de buena voluntad, que haría posible apelar a una “esencia humana” escondida en un rincón del alma. Consideramos; más bien, que es un signo esencial de la forma ética dentro del capitalismo (Pasukanis, 1976).

En este sentido, cabe retomar la visión de Marx sobre la esencia humana, en la crítica que hace al idealismo de su época. Para Marx, la esencia humana surge en cada caso de una determinada forma social, no es un abstracto in situ que habita en el individuo particular o en un grupo de individuos, sino en el .conjunto de las relaciones sociales. (Marx, sexta tesis sobre Feuerbach); de ahí que la “esencia humana” que mueve las prácticas poco empáticas con la situación de los pobres, tanto de gobernantes como de empresarios, habrá que buscarla en el carácter de las relaciones sociales mercantiles que sirven de sustento a la ética y a la moral burguesa desde sus orígenes, una ética y una moral, que al tener como fin el sostén de los intereses particulares de los individuos (como poseedores de mercancías) contienen una duplicidad ya identificada por Pasukanis:

El gran capitalista arruina “bona fide” al pequeño capitalista sin dañar por ello, el valor absoluto de la persona, la persona del proletariado es igual en principio a la del capitalista, esto se expresa en el libre contrato de trabajo, pero de esta misma libertad materializada; resulta para el proletariado, la posibilidad de morirse tranquilamente de hambre (Pasukanis, 1976).

El sustrato ético y moral de la gestión de la pandemia, sustentado en el predominio del intercambio de equivalentes, está dentro de esta duplicidad burguesa: si mueren los enfermos que no tienen el equivalente (dinero), para pagar el valor de la mercancía que requieren (servicios en salud), su muerte no puede ser atribuida a la inmoralidad de los gobernantes, sino a un signo esencial de la forma ética dentro del sistema, el intercambio de equivalentes. Esta lógica dual permeó la gestión de la pandemia por parte del gobierno de facto, pues sus medidas durante la cuarentena rígida, mostraron con mayor claridad la tensión, entre las funciones del Estado capitalista como mediador y asegurador de las condiciones medias de explotación de la fuerza de trabajo, y su posición como institución que depende de la apropiación del excedente generado por ésta. Es dentro de esta duplicidad de la ética y moral burguesas que es posible responder a: ¿Cómo es que una civilización, que alcanzó una capacidad sin precedentes para aumentar la productividad del trabajo e inmensas posibilidades de generación de riqueza, conocimientos e investigación, encuentre tantas dificultades para controlar una emergencia mundial, que pone en peligro la sobrevivencia humana? Las respuestas se pueden buscar por distintas entradas; en este artículo, con base en datos hemerográficos y testimonios obreros en Bolivia, buscaremos una respuesta, a partir de las prácticas de los patrones en las empresas y de la gestión de la pandemia por el Estado, en el periodo de cuarentena rígida y flexible del año 2020 en Bolivia.

Las ambigüedades del Estado en la gestión de la pandemia

Al inicio de la cuarentena rígida (marzo de 2020), el gobierno dispuso normas que regulaban la movilización de la fuerza de trabajo de empresas consideradas necesarias, para la provisión de servicios básicos; normó los lineamientos generales de bioseguridad, que las empresas debían garantizar, para prevenir el contagio de los obreros en el espacio de trabajo; estableció una serie de licencias especiales a los trabajadores más vulnerables a los efectos mortales del Covid-19; se reguló la jornada de trabajo y el procedimiento de notificación de casos sospechosos de Covid-19, al mismo tiempo que la permanencia y respeto de los derechos laborales de los trabajadores de empresas impedidas de funcionar en la etapa de la cuarentena rígida.⁵ Sin embargo, esta normativa no fue acatada por las empresas, aunque se determinaron sanciones por incumplimiento, como la clausura del establecimiento.

Varios casos de incumplimiento fueron denunciados por la falta de respuesta de los empresarios a las demandas de licencia en el trabajo, para trabajadores con síntomas de Covid-19 o por el incumplimiento a los protocolos de bioseguridad que preserven a los obreros de posibles contagios. Cuando pasó la cuarentena rígida (junio de 2020), las filas extensas de denunciantes por incumplimiento de las disposiciones del gobierno, mostraron lo inútil de la denuncia vía electrónica. De hecho, las empresas gozaron durante el periodo de cuarentena rígida de un gran espacio de libertad, en un contexto en el que el ascenso al gobierno de la oligarquía tradicional jugaba a su favor. En cuanto a las inspecciones del Ministerio de Trabajo en las fábricas, como testimonian los mismos trabajadores, los patrones los equipaban de material de bioseguridad, cuando se enteraban que venía la inspección.

Al no cumplir con las medidas de bioseguridad en los espacios de trabajo, los patrones deberían ser responsables directos de los posibles contagios de sus trabajadores; pero mientras la OIT recomendó, durante la cuarentena rígida, incluir al Covid-19 como una enfermedad profesional, el gobierno sólo reguló el posible incumplimiento de las medidas de bioseguridad, pero no estableció reglas en caso de que los contagios hubieran sido facilitados por el incumplimiento patronal en normas de bioseguridad, ni se responsabilizó a los empresarios por los trabajadores contagiados por Covid-19. Más bien, desde la lógica individualista que sustenta la sociedad mercantil, el gobierno transitorio hizo recaer sobre los individuos, so pena de terminar en la cárcel, la causa penal de atentado contra la salud pública, si no se cumplían las normas de bioseguridad que regían la cuarentena; al mismo tiempo que se deslindó de responsabilidad con la salud pública, a los patrones que fueron denunciados por exponer a los obreros al contagio con Covid-19, ¿es que, en este caso, no se estaba atentando contra la salud de la población?

Si bien al inicio de la cuarentena, la posición del gobierno transitorio, de designar al Covid-19 como enfermedad profesional no estaba clara, al ingreso a la cuarentena flexible, la Autoridad de Supervisión de la Seguridad Social de Corto Plazo (ASUSS) definió al Covid-19 como accidente laboral, coincidiendo con las recomendaciones de la OIT.⁶ Esta medida determinaba que los patrones debían indemnizar a las familias por el posible fallecimiento del trabajador debido al Covid-19. Sin embargo, en el transcurso de las semanas posteriores a la emisión de este instructivo, las organizaciones patronales, como la Cainco,⁷ Cámara Nacional de Comercio (CNC -Bolivia), la Cámara Nacional de Industrias (CNI) y la Asociación Nacional de Comercializadores Privados de Hidrocarburos (Asosur Nacional)⁸ presionaron para que el instructivo sea anulado y se deslindó de cualquier responsabilidad a los patrones.

Durante las semanas finales de la cuarentena rígida, en el tránsito a la cuarentena flexible, el gobierno transitorio aprobó normas de retorno a las actividades laborales en general, según el nivel de riesgo de cada región o municipio. Mientras, por un lado, el gobierno determinaba que las zonas en riesgo alto deberían suspender las actividades laborales no necesarias, para sostener los servicios básicos a la población (Resolución Ministerial 233); por otro lado, aprobaba normas que permitían el funcionamiento de diversas ramas de la producción y la extensión de los horarios de trabajo. Una contradicción explicada por la presión de los patrones, para normalizar las actividades productivas, en una etapa en la que aún subía el número de contagios de Covid-19.

Las ambigüedades y contradicciones en la gestión estatal de la crisis sanitaria, son la ilustración de que incluso en una situación en que está en riesgo la vida de muchos seres humanos, el Estado no deja de garantizar las condiciones para la acumulación capitalista, en la medida en que su misma separación o particularización significan que depende del proceso de explotación, para obtener sus ingresos (impuestos); es decir, que su propia existencia depende de que haga todo lo posible para asegurar las condiciones de reproducción del capital (Hawloway, 2017). Se trata de la contradicción entre las funciones del Estado como mediador y asegurador de las condiciones medias de explotación de la fuerza de trabajo (función que comprenden la aprobación de normas que regulan y protegen la salud de los trabajadores y el empleo) (Alvater, 1976) y su posición como institución, que depende de la apropiación del excedente generado por la explotación de fuerza de trabajo en las fábricas. Las oscilaciones y contradicciones en que el propio Estado incurre en su accionar frente a las presiones patronales para que la economía siga funcionando dentro de la situación de pandemia, saca a la luz que el Estado no puede resolver las contradicciones que se sitúan en la “economía”, sino sólo reproducirlas en su modo específicamente “político” (Hirsh, 2017).

La crisis sanitaria mostró que el Estado está limitado en su intervención porque está obligado a respetar las condiciones de “normalidad” en la producción que los empresarios exigen, a la vez que para mantener ciertos visos de legitimidad, debe poner en marcha normativas que al menos en la letra muerta, protejan a los trabajadores del contagio, la muerte o el despido, incluso frente a la resistencia del capital individual. Sin embargo, estos intentos sólo crean; inmediatamente, nuevas condiciones para su reproducción (Alvater, 1976), como el incumplimiento de los patrones a las disposiciones del gobierno y los oídos sordos a las denuncias de los trabajadores. De ahí que la explicación a las prácticas del gobierno poco sensibles a la situación de los trabajadores, durante la crisis sanitaria desatada por el Covid-19, habrá que buscarla en el carácter de las relaciones sociales mercantiles, en las que se asienta el Estado como forma de organización de la dominación (Hirsh, 2017).

Arriesgar la vida para mantener el puesto de trabajo

A lo largo de la cuarentena rígida, en un escenario de aumento de enfermos y muertos por Covid-19, se obligó a los obreros a trabajar en condiciones precarias de bioseguridad, un obrero se refiere a estas prácticas: “Parecería que la empresa quiere que nos enfermemos, para que por miedo al contagio renunciemos al trabajo”.⁹ Otros obreros testimonian cómo varios de sus compañeros de trabajo pudieron contagiarse en contacto con otros obreros que contrajeron Covid-19, debido justamente, a que no se guardaba la distancia necesaria, ni se contaba con los implementos de bioseguridad¹⁰. En una sociedad, donde la posibilidad de sobrevivir para el trabajador depende de que encuentre en el mercado un interesado en adquirir su fuerza de trabajo, a cambio de un salario, los obreros se vieron obligados a ir a trabajar so pena de perder su puesto. A propósito, la prensa recoge noticias de la muerte de un obrero en la fábrica de galletas Mabel’s por Covid-19,¹¹ una fábrica que es propiedad de la transnacional Nestlé, cuyos propietarios se vieron obligados a levantar las operaciones por la proliferación de contagios, dando una semana de vacaciones forzosas sin reconocimiento de salarios. Pasada la semana, los patrones dispusieron el retorno al trabajo sin realizar pruebas de Covid-19 a todo el personal de planta; en consecuencia, de acuerdo con denuncias de los trabajadores, se presentaron nuevamente más de una decena de casos positivos, pero la producción continuó. Al inicio de la cuarentena rígida, el gobierno aprobó normas para regular la jornada laboral y las licencias especiales a los trabajadores más vulnerables a los efectos mortales del Covid-19; como esta normativa no fue acatada por los patrones, ellos negaron la licencia, incluso a los trabajadores que presentaban síntomas de la enfermedad;¹² de esta manera, el número de obreros contagiados fue subiendo continuamente.

En estas condiciones, algunos asesores de los empresarios privados observaron la “injusticia” de responsabilizar a éstos, de los contagios de Covid-19 de sus trabajadores, porque las empresas estarían cargando con las consecuencias de las malas prácticas de los obreros fuera del trabajo, cosa que sale de su jurisdicción.¹³ Sin embargo, las noticias de múltiples contagios entre los obreros sacó a relucir que las empresas, en general, no adecuaron el proceso de trabajo para resguardar a los obreros de los contagios de Covid-19. Si bien las empresas no son las responsables directas de la aparición de la pandemia, las condiciones precarias de explotación de la fuerza de trabajo elevan el riesgo de contagio de los trabajadores. La mayoría de las empresas funcionaban con una infraestructura que apenas cubría los requerimientos de higiene exigidos en una situación normal, responder a una situación extraordinaria, como la que se vive, requeriría de una transformación de la infraestructura que permitiera el distanciamiento entre los trabajadores que participan del proceso de trabajo. Todo esto exige gastos que las empresas no están dispuestas a realizar; sin embargo, obligaron a los trabajadores a movilizarse porque no estaba en sus planes reconocer un salario sin la asistencia de los trabajadores a sus puestos de trabajo, aunque esto los expusiera al contagio.¹⁴

El ocultar los casos de Covid-19 en las fábricas aparece como otra práctica patronal para eludir los costos que demanda la crisis sanitaria. El testimonio del trabajador de un ingenio azucarero da cuenta de ello:

Soy un trabajador del ingenio azucarero GUABIRA, quisiera pedir a las autoridades y los medios de comunicación que hagan algo ya que sólo entrevistan al presidente del ingenio y casi nunca a un trabajador, ahí verían ustedes en las condiciones que trabajamos, en medio de la crisis del Covid-19, nos dan sólo un barbijo para toda la semana, siendo que no sólo es para protegernos; sino también, para trabajar con el mismo y no aguanta ni una hora, y nos dotan de algunas protecciones cuando viene la prensa o alguna autoridad, nos vamos a nuestra casa en el colectivo totalmente lleno de trabajadores, y lo más grave, que no dan a conocer, que hay trabajadores, fraccionadores de azúcar, que han dado positivo con coronavirus, están en la Caja CORDES, que también no lo dan a saber.¹⁵

El chantaje aparece como otro recurso patronal, el obrero continuó:

“Es lamentable que haya amenazas hacia los trabajadores con botarnos de nuestra fuente de trabajo si esto se da a conocer. Es triste decirlo, pero el ingenio GUABIRA está poniendo en riesgo la salud de los trabajadores y del pueblo de Montero”.¹⁶

Frente a estas prácticas denunciadas por los trabajadores, la organización fabril de la ciudad de Santa Cruz solicitó que se apliquen pruebas de Covid-19 en las industrias que estaban produciendo, pero esta solicitud no fue atendida ni por las empresas ni por instancias estatales como la jefatura del trabajo o el Servicio Departamental de Salud (SEDES). Un obrero mencionaba:

El gobierno procesa y encarcela por violar la cuarentena a muchos transeúntes sin permiso, pero a los dueños de las industrias no les dicen ni hacen nada, estamos muy preocupados y exigimos se pueda hacer una inspección a esta planta y que se obligue a la empresa a parar la producción, desinfectar toda la planta y tomar pruebas Covid-19 a todo el personal, solo así se sabrá quienes realmente están contagiados.¹⁷

Los testimonios ilustran la duplicidad de la ética burguesa. En el caso del patrón esta dualidad aparece cuando; por una parte, reclama que el trabajador pague el “equivalente” del salario con su presencia en la fábrica (para hacer respetar la ética burguesa de intercambio de equivalentes), pero por otra parte, escamotea el costo de barbijos u otras condiciones de salubridad poniendo en riesgo la vida humana. En este caso, la ética burguesa consiste en reducir al mínimo los costes de reproducción en condiciones de bioseguridad, para la fuerza de trabajo, con el fin de minimizar sus pérdidas y maximizar sus ganancias. Estas prácticas de escamoteo que cobran vidas obreras están encubiertas por la propia moral y derecho burgueses: el que compró la fuerza de trabajo por un salario tiene derecho a reclamar la entrega del trabajo, de acuerdo con las reglas del mercado, sacando el mayor provecho posible, es decir, el uso más eficiente al bien adquirido (Marx, 1985). Dentro de esta moral instituida por el mercado, una vida humana vale menos que un barbijo, mucho más si se considera la correlación de fuerzas desfavorable a los trabajadores. Desde la moral burguesa regida por las leyes del mercado, esas prácticas patronales no entran como delitos a la salud pública, porque responden a los legítimos requerimientos de la acumulación de capital, visión respaldada, como vimos, por la propia practica estatal de oídos sordos.

Los contagios de Covid-19 facilitados s por la precarización de los servicios municipales

Desde el mes de julio del 2020, cuando el incremento de los casos de Covid-19 provocó el colapso del sistema de salud, se denunció la aparición de trabajadores infectados del servicio municipal de recolección de basura y de aseo de calles. En la prensa están registradas denuncias de infectados en 6 de los 9 departamentos de Bolivia, lo que impulsó a la declaratoria de emergencia del ente sindical que agrupa a estos trabajadores. Uno de los casos con más trabajadores infectados fue el de la empresa EMSA (Empresa Municipal de Servicio de Aseo) en la ciudad de Cochabamba ¿como se explica este alto nivel de contagios? La organización del trabajo de aseo de calles y recojo de basura es una puerta de entrada para explicarlo.

La ejecución del trabajo en EMSA, a lo largo del tiempo se asentó en una recarga de sobretiempos a las obreras barrenderas (Entwistle, 2015), las que están obligadas a quedarse más allá de la jornada de trabajo de 8 horas para completar el cupo de calles que se les asigna. En el caso de los trabajadores de recojo de basura, existe un problema similar con la asignación de rutas y la creciente carga de trabajo; informes de los años 2011, 2015 y 2020 muestran que el personal dedicado al recojo de basura y a la limpieza de calles creció muy lentamente.¹⁸ Como testimoniaban los obreros de la empresa, el lento crecimiento del número de obreros para el servicio de recojo y aseo se realiza mediante la contratación de obreros eventuales. Hoy los nuevos trabajadores de EMSA no tienen estabilidad laboral y tampoco están afiliados al sindicato; para el año 2016, según las entrevistas realizadas a sus dirigentes, un 30% de los trabajadores de la empresa tenían un contrato a plazo fijo, el avance de la eventualidad segmentó su mercado interno de trabajo, entre trabajadores asegurados y eventuales.

Desde el 2016, cuando se realizaron una serie de estudios sobre las empresas municipales, se identificaron las condiciones precarias en el trabajo de recojo de basura. Como manifestaban los obreros, una de las fallas recurrentes en la gestión de la empresa era la falta de guantes adecuados y de ropa de trabajo para la protección del trabajador, ésta no respondía a las especificaciones necesarias para realizar este tipo de trabajo.¹⁹ Esta situación era más evidente en el servicio de recojo de desechos hospitalarios (con alto nivel infeccioso); la ropa de trabajo y las medidas de seguridad de los trabajadores de este servicio no se diferenciaban de las existentes en el recojo de la basura común. Esta precariedad de las condiciones de trabajo se extiende a los ambientes de la empresa; de acuerdo con los obreros, en EMSA no existían condiciones adecuadas para la limpieza y el cambio de vestimenta de trabajo. Los espacios improvisados para vestidores, explican por qué los trabajadores dedicados a la limpieza de áreas públicas preferían partir desde su casa, con su ropa de trabajo, mientras que los trabajadores que se dedicaban al recojo de basura con los carros basureros estaban obligados a regresar a la empresa y enfrentar riesgos e incomodidades a la hora de mudarse de ropa, esto debido a la precariedad de sus instalaciones. En estas condiciones: ¿cómo realizaron los trabajadores de EMSA sus tareas, en plena pandemia de Covid-19?

Desde el inicio de la cuarentena rígida, los directivos anunciaban una serie de medidas para evitar que el personal de EMSA contrajera Covid-19; de hecho, la alcaldía dotó a la empresa de 1.500 barbijos y guantes,²⁰ que resultaban insuficientes por su corto tiempo de vida útil; se trataba de la falta de implementos para el cumplir los protocolos de bioseguridad. Se anunció que para evitar aglomeraciones y contacto, de algún posible infectado con los trabajadores de EMSA, la basura debía ser acumulada por los vecinos en cada esquina, para que fuera recogida por el carro basurero; sin embargo, esta medida no fue cumplida por la población y tampoco por los trabajadores. Por un lado, los pobladores se resistieron a adoptar esta medida y por otro, la sobrecarga de rutas reducía el tiempo para cumplir con el recojo de basura. Esto tenía a los trabajadores de EMSA presionados con el tiempo disponible para el cumplimento de sus tareas, porque el insuficiente número de ellos derivó en una sobrecarga de trabajo que imposibilitó la aplicación de los nuevos protocolos de recojo de basura, que exigía la situación de pandemia. A todo esto se sumaron las jornadas de recojo de basura acumuladas por los bloqueos al relleno sanitario,²¹ que sobrecargaron; aún más, el trabajo de los obreros de EMSA.

Esta sobrecarga de trabajo pronto tuvo consecuencias. Para junio de 2020, etapa de ascenso de los contagios, se presentaron los primeros contagios entre los obreros. Según testimonian los trabajadores, a los posibles infectados no se les realizó la prueba pertinente; al contrario, siguieron sus labores pese a presentar síntomas de Covid-19:

“No se están teniendo los protocolos de bioseguridad contra el Covid-19. Uno de ellos, se detectó el pasado fin de semana y sus compañeros que trabajaban con él, seguían saliendo el lunes […] Estamos preocupados y susceptibles, porque hemos estado en contacto con él desde la madrugada. Tenía gripe, temperatura y dificultad para respirar”²²

La permanencia en el trabajo de obreros con síntomas de Covid-19 es resultado de la continuidad de las prácticas de ajuste de personal que rige la organización del trabajo en EMSA. Para los directivos de la empresa, dar permiso con remuneración a los obreros con síntomas y contratar reemplazantes, significaba un aumento del presupuesto en fuerza de trabajo, por ello prefirieron dejar que los obreros con síntomas trabajaran con normalidad, no estaba en la perspectiva de la dirección cambiar esta política, aún en situación de pandemia.

En el mes de julio del año 2020, frente al aumento de contagios al interior de la empresa, los obreros denunciaron que después de mucha insistencia, lograron que la empresa les proporcionara algunos insumos de bioseguridad: “Ante los reclamos pusieron cámaras de desinfección y turriles con lavandina. A nosotros nos dieron dos barbijos para el mes y un alcohol en gel; la ropa de trabajo es la normal; no tenemos máscaras, solo el personal administrativo”²³.

Pese a la escalada de contagios, los directivos de la empresa realizaron una dotación insuficiente de implementos de protección; de hecho, sólo la presión del sindicato logró que los directivos reemplazaran a los obreros con síntomas de covid-19, por obreros eventuales.

En una situación de pandemia, para el mes de julio del 2020, las políticas laborales vigentes en el servicio de recojo de basura y aseo público en EMSA mostraron sus consecuencias mortales, un obrero expresaba:

“A la fecha cuatro funcionarios de EMSA han perdido la vida a causa de la Covid-19, otros 25 dieron positivo; de los cuales, sólo 3 recuperaron, mientras 31 trabajadores permanecían en aislados, porque se sospechaba que tienen la enfermedad”.²⁴

La situación de EMSA no fue la única, estos episodios de contagio en las empresas de recojo de basura y aseo público se extendieron a trabajadores de 6 Departamentos del país. Las denuncias sobresalientes son de la empresa EMAT (Entidad Municipal de Aseo de Tarija), que tenía 47 contagios y en El Alto, la empresa de recojo de basura TREBOL tenía 30 contagios confirmados y se preveían aún más, por el contacto de los enfermos con sus compañeros de trabajo.

El régimen de explotación analizado en EMSA, con los constantes ajustes de personal y reorganización del trabajo, se enmarcan en la búsqueda de cumplir con las restricciones presupuestarias impuestas por el Estado.²⁵ Ajustes que estarían destinados al uso eficiente de los recursos en términos de costo y no de calidad del servicio (Durand, 2011) ni de preservación de la salud de los trabajadores. Ello ha significado que un número fijo de trabajadores se haga cargo de la basura de una cantidad creciente de usuarios; al mismo tiempo que la misma cantidad de materiales de protección tengan que servir para la atención de esta demanda creciente, por encima de su tiempo de duración en una situación de pandemia. Esto significa, que las empresas públicas deben hacer una redistribución de la gestión de la fuerza de trabajo en el servicio de recojo de basura y limpieza de calles, al costo más bajo posible, de manera que las unidades domésticas y productivas paguen una tasa fija por estos servicios, a costa de condiciones de sobreexplotación de los trabajadores. Se podría deducir, que hay una captura de trabajo no pagado de manera indirecta, por parte de las unidades empresariales que reciben el servicio a costo fijo; por otro lado, también, hay la captura de recursos de este trabajo no pagado, por parte de la burocracia estatal, que define el presupuesto de operación, preservando privilegios que la colocan en posición ventajosa, en términos jerárquicos, respecto de los obreros que constituyen la fuerza de trabajo directa.

Con la lógica del ahorro de costos no se garantiza que todo el presupuesto correspondiente a EMSA sea invertido en la misma empresa para mejorar la calidad del servicio y las condiciones de trabajo de los obreros a cargo. De esta manera, este trabajo impago sostiene las tarifas fijas a favor de empresarios y unidades domesticas en general, a la vez que nutre las posibilidades de sostén de una burocracia que se atribuye ciertos privilegios, como el de contar con materiales adecuados de bioseguridad, mientras que los trabajadores, que son el sostén directo del servicio de limpieza de la ciudad, quedan expuestos al contagio de Covid-19. Se trata de un régimen de sobreexplotación de la fuerza de trabajo, que emula a la empresa privada, y aunque en este caso, no se puede hablar de acumulación de capital, sí se puede afirmar que existe una distribución de recursos que reproduce la sobreexplotación de los trabajadores, a favor de una burocracia estatal que indirectamente, favorece la reducción de costos de operación para las unidades productivas y para la reproducción de la fuerza de trabajo en las unidades domésticas. Se trata de una suerte de canales; a través de los cuales, fluye el trabajo gratuito de estos obreros, para reproducir el sistema que los oprime y explota.

El despido masivo para “preservar el empleo”

El aumento de contagios y muertes por Covid-19 ha llevado a una situación de crisis sanitaria y de colapso del precario sistema de salud en Bolivia, al mismo tiempo que aceleró la crisis económica en curso porque estranguló el mercado interno, empujando a las patronales a tomar medidas de hecho para salvar su capital. En estas circunstancias, si bien la lucha entre obreros y patrones se tornaba cada vez más abierta antes de las elecciones nacionales de 2019, la caída de Evo Morales puso una pausa a ese proceso; pausa durante la cual, los obreros buscaban reposicionarse frente al ascenso del gobierno de facto de Añez. Si bien este gobierno decretó normas que en teoría, protegían el empleo en el tiempo de la cuarentena, en la práctica, estas medidas no fueron cumplidas por los empresarios; de hecho, el propio gobierno despidió a varios trabajadores de la administración pública y en el curso de la cuarentena, las tendencias negativas del crecimiento del empleo se acentuaron. Según los datos del INE (Instituto nacional de Estadística), desde octubre de 2019 (mes en que empezaron las movilizaciones sociales contra el MAS), la tasa de desempleo abierto creció de manera sostenida, pero es desde abril del 2020 (mes en que empezó la cuarentena), que la tasa de desempleo abierto ascendió hasta un significativo 7% (INE, 2020).

La patronal encontró en la cuarentena la justificación para proceder con los ajustes al número de sus trabajadores, el término utilizado fue el de “fuerza mayor”, algunos argumentos se sustentaron en la necesidad de proceder a los despidos de unos, para garantizar la estabilidad laboral de otros y la continuidad del funcionamiento de la empresa. Desde el mes de abril del 2020, aparecen con mayor frecuencia las denuncias de no pago de salarios o de pago incompleto de salarios.²⁶ La reducción de salarios hasta en un 50%²⁷, fue la medida asumida por los patrones para poner a los trabajadores entre la aceptación de estas reducciones salariales o el despido. En otros casos, la empresa llamó a los trabajadores para conminarlos a firmar su carta voluntaria de retiro, con el compromiso de que se les iría pagando la liquidación en varias cuotas durante los meses siguientes.²⁸ Otros patrones optaron por el retiro directo, sin tomar en cuenta la normativa que protege la estabilidad laboral, es el caso de trabajadores en el sector de hotelería y restauración²⁹ o de empresas mineras y manufactureras, que procedieron a la masacre blanca e hicieron caso omiso de la norma.³⁰ Se registraron conductas patronales extremas, como las de una fábrica de chocolates donde se encerró a los obreros para ponerlos ante dos alterativas: el despido forzoso o el voluntario. Pese a que la empresa no estaba en quiebra, con este recurso, esta fábrica consiguió el despido de 50 trabajadores. Las empresas del Estado procedieron, también, al despido de trabajadores que como funcionarios públicos no están amparados en la Ley General del Trabajo y bajo la categoría de personal eventual, fueron retirados sin considerar su antigüedad en el trabajo.

Pese a la prohibición de desvinculaciones laborales en tiempos de pandemia, el predomino de la ética burguesa, regida por la dinámica del mercado, se impuso con su secuencia de incertidumbre, miedo e impotencia, para la clase obrera. En esta situación, los patrones buscaban desvincularse de la fuerza de trabajo que resulta superflua (no necesaria para la producción capitalista) (Marx, 1985), frente a la drástica contracción del mercado, a consecuencia de la pandemia, es decir: ¿qué hacer con la fuerza de trabajo que no tiene ya un equivalente de intercambio en el mercado? Porque en la medida en que los productos fabricados por esta fuerza de trabajo no se venden, no es posible recuperar la parte del valor de las mercancías correspondiente al precio que el patrón paga por ella (salario); es decir, esta fuerza de trabajo superflua, ya no encuentra un equivalente en el mercado, y, por ende, tampoco es fuente de producción de plusvalía, en la medida en que el plus producto encuentra serias dificultades para su realización. Por lo que el empleo de esta fuerza de trabajo, de acuerdo con el intercambio de equivalentes (sustrato de la moral burguesa), ya no sería ético.

Respuesta obrera y resistencia patronal: ¿quién paga el costo de la pandemia?

En Bolivia, la contracción del mercado como manifestación de la recesión económica se vivía desde el año 2014, mucho antes de la crisis política de octubre de 2019; sin embargo, los patrones en el régimen de Evo Morales no aplicaron de forma abierta, una política de despidos masivos; alternativamente, implementaban vacaciones obligatorias, reducción de cupos de producción, rotación de personal en puestos de trabajo, para neutralizar los efectos negativos, que sobre sus costos de producción tenía la fuerza de trabajo que se iba convirtiendo en superflua (Marx, 1985). Se podían escuchar reclamos por el retardo de pago de salarios o de otros beneficios, los patrones de forma persuasiva, invitaban a la jubilación a los trabajadores mayores, ofreciéndoles incrementos en el monto de su liquidación, etc.

Luego de la crisis política de octubre-noviembre de 2019 a principios del año 2020, los reclamos de los trabajadores se hicieron notorios y más o menos continuos, los patrones percibían que el terreno había sido abonado a su favor con el cambio de gobierno y que ellos podían aspirar a avanzar en despidos y precarización de las condiciones laborales. Como vimos, con la crisis sanitaria y el argumento de “fuerza mayor”, los patrones fueron aplicando un plan de recorte y flexibilización laboral de manera tácita, sin aprobación oficial, porque su legalización provocaría una escalada acelerada de movilizaciones sindicales, pero no evitaron la respuesta de los obreros. Se produjeron medidas de presión y movilizaciones que pedían el respeto a la Ley Laboral de Trabajo, que protege la estabilidad laboral y prevé la reincorporación de los trabajadores en caso de despidos injustificados. Los puntos de lucha en torno al problema de la estabilidad laboral se acentuaron, pero; además, emergió un espacio de contienda alrededor de las medidas de bioseguridad en el trabajo, donde obreros y patrones se disputaron por definir quién cargaría con la responsabilidad del contagio de Covid-19. Marchas a nivel nacional, vigilias, crucifixiones, juicios laborales, mítines de protesta en las puertas de las fábricas y la organización de la movilización obrera alrededor de ollas comunes, caracterizan este periodo en el que la lucha de clases entre obreros y patrones se exacerbó por definir quién asumiría las consecuencias derivadas de la crisis económica y sanitaria. Se trató del rechazo al despido arbitrario en tiempos de pandemia y a la imposición patronal que obliga a firmar retiros “voluntarios” bajo presión y amenazas. La exigencia de los trabajadores se centraba en la reincorporación inmediata a sus fuentes laborales, de los despedidos en el curso de la pandemia.

La resistencia patronal a la reincorporación laboral forma parte del repertorio de esta lucha de clases entre obreros y patrones. Cuando las demandas de reincorporación laboral fueron resueltas a favor de los trabajadores por la Jefatura de Trabajo, los patrones se resistieron a cumplir con las disposiciones legales, el cumplimiento de estas reincorporaciones pasó por otra lucha. En vigilia en las puertas de las fábricas, encontramos a trabajadores que denunciaban: “El empresario nos tiene en las calles, sin dinero, sin seguro y sin empleo, ya ganamos por las vías legales, si ahora nos toca hacerla cumplir en las calles, lo haremos”³¹; en muchos casos, se trataba de obreros que estaban viviendo de ahorros y de préstamos ante el despido y la falta de pago de sus salarios.

En otros casos, la resistencia del patrón se tradujo en recursos legales para revocar las conminatorias de reincorporación que habían obtenido los trabajadores; ante esa situación, éstos llegaron al extremo de la crucifixión en las oficinas del Ministerio de Trabajo en la ciudad de La Paz.³² Otras estrategias fueron puestas en juego cuando los trabajadores legalmente reincorporados entraron a la fábrica para ocupar sus puestos de trabajo. Sus puestos habían sido removidos por lo que se vieron sin puesto de trabajo ni horario para retornar sus labores. En el caso de la chocolatería a la que ya nos referimos, cuando los trabajadores ganaron el amparo de reincorporación laboral, el dueño de la empresa los envió a depósitos insalubres y abandonados: “Los empresarios no conocen la realidad que la clase obrera está atravesando a nivel nacional y en el mundo”, mencionaba uno de sus dirigentes. En días posteriores no se permitió el ingreso de estos trabajadores, con otra nota referida a que para precautelar la salud, por la falta de producción y por un voto resolutivo del nuevo sindicato, se rechazaba su reincorporación y se los trasladaba a un depósito aledaño.

Como se observa, en la época del gobierno de facto, los patrones se mostraron dispuestos de manera abierta, a no asumir responsabilidades legales con sus obreros, retirándolos sin declaración de quiebra y utilizando diversas formas de presión, para que ellos pidan su retiro “voluntario”. Esto saca a la luz que cuando la correlación de fuerzas es favorable a los patrones, estos sobrepasan las normas e imponen su ética de mercado, con la obsecuencia del Estado, que en último término, representa sus intereses, porque como se aprecia; incluso con el cambio de régimen, cuando asciende al poder Luis Arce, no es precisamente el Estado el que promueve la reincorporación laboral, cuando ésta se produjo fue el resultado de la lucha de los trabajadores.

Pero el buen olfato de la clase dominante, durante el gobierno de facto, la guio a avanzar más allá y mediante su representante oficial (el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia), manifestó lo imperativo de flexibilizar las normas laborales; es decir, de legalizar sus prácticas de ajuste del empleo al tamaño del mercado:

Nosotros tenemos que preservar como primera prioridad la salud de la ciudadanía, pero tenemos que cuidar el empleo […] tiene que haber alguna medida, para ampliar los empleos, una flexibilización laboral, hacer todos los esfuerzos para que las compras sean hechas en Bolivia, para garantizar la reactivación de todas esas empresas. Pero, el tema laboral es muy importante. Finalmente, las empresas pueden resultar inviables por tener una carga laboral demasiado pesada y eso atenta contra el bien mayor que es la conservación del empleo.³³

Ocurre, como magistralmente analizaba Marx en los Grundisse (1987), que si el capitalista no necesita el plus trabajo del obrero, porque con la pandemia la capacidad de valorización de su capital se encuentra trabada, el obrero se ve impedido de producir su trabajo necesario; es decir, sus medios de subsistencia, y como en cuanto obrero sólo puede vivir en la medida en que intercambie su capacidad de trabajo por la parte del capital que constituye el fondo de trabajo, el obrero con su familia aparecen al margen de las condiciones de reproducción de su existencia, se convierte de la noche a la mañana en un “pauper” (Marx, 1987), porque no existe un equivalente en el mercado para vender su mercancía fuerza de trabajo. Dentro de las reglas del mercado, para los patrones, lo racional es despedir a los trabajadores que le resulten superfluos, es además lo ético, en respuesta incluso al “bien común”, como se deduce de los propios términos de sus representantes: “Las empresas pueden resultar inviables por tener una carga laboral demasiado pesada y eso atenta contra el bien mayor que es la conservación del empleo”. Reaparece la dualidad de la ética burguesa, la producción de un ejército de pobres echados a la calle en plena pandemia, aparece como una estrategia necesaria para cuidar el “bien común”, el empleo, que desde la moral burguesa está asociado a preservar su capital de los embates de la crisis. Expresando, como dice Pasukanis (1976), las tres máscaras bajo las que aparece el hombre en la sociedad mercantil: como sujeto egoísta (que debe perseguir y defender sus intereses como poseedor de capitales, en este caso) como sujeto jurídico (con el derecho de tomar la decisión de despedir trabajadores si su contratación ya no le es rentable) y como persona moral (que preserva los intereses del “bien común”).

Reflexiones finales

Al inicio de nuestro artículo, nos preguntamos acerca de las serias dificultades que encuentran los que regentan el sistema para controlar una emergencia de salud mundial que pone en el orden del día la sobrevivencia humana. Incluso en los países del centro del capitalismo contemporáneo, con suficiente riqueza acumulada, estas dificultades cuestan miles de vidas a diario. De acuerdo con nuestra reflexión, una de las dimensiones explicativas, creemos encontrarla en una ética patronal que se funda en las reglas mercantiles; porque las practicas patronales que se inspiran en esa ética no son un asunto privado, cuando sobrepasan el espacio de la fábrica y alcanzan el espacio público, afectando la salud de todos. La conducta de los patrones de fábrica en el mundo y, específicamente en Bolivia, dirigidas a reducir sus costos de funcionamiento (ahorro en bioseguridad, ocultamiento de trabajadores enfermos, etc.) son incompatibles con la salud pública, atentan contra ella, porque pueden expandir la pandemia, como se interpreta de los testimonios obreros. En el mismo sentido, el contenido implícito de la forma de gestionar la crisis de salud, por parte del gobierno, es otro atentado contra la salud pública.

Entonces, nos preguntamos: ¿es que la vida humana no vale nada? parece que en esta sociedad sólo vale si es capaz de encontrar, dentro de las reglas y ética del mercado, las posibilidades y los medios para preservarse; del mismo modo que la exposición al hambre por los despidos de trabajadores es un problema particular del obrero y su familia y sólo se convierte en un problema social cuando la lucha obrera pone en apuros a los patrones o al gobierno, mientras tanto, pese a la crudeza que el hecho pueda contener, no conmueve al poder establecido, la inmoralidad de que los seres humanos mueran de hambre o por enfermedad en las calles. En estas circunstancias, retomando a Pasukanis (1976), las doctrinas morales que tienen la pretensión de cambiar el mundo y de mejorarlo, no son sino el reflejo deformado de un aspecto de este mundo real, el que muestra a las relaciones humanas sometidas a la ley del valor, un mundo donde una acción que es la encarnación verdadera del principio ético contiene, también, la negación de este principio. Por lo que la supresión de la duplicidad de la moral burguesa, que en las condiciones actuales atenta contra la salud pública y abre la posibilidad a la extinción del ser humano, significa la ruptura con las bases materiales que la sustentan: la propiedad privada, la división del trabajo y el mercado como regulador de las relaciones sociales; significa una sociedad donde los seres humanos puedan construir sus relaciones libres de prejuicios e intereses privados, mientras esto no suceda, incluso el concepto mismo de justicia estará atravesado por las relaciones de intercambio mercantil.

Esta misma duplicidad de la ética burguesa se desarrolla en la contradicción entre las funciones del Estado como mediador y asegurador de las condiciones medias de explotación de la fuerza de trabajo y su posición como institución que depende de la explotación de fuerza de trabajo. Dentro de esta lucha de intereses entre Estado, patrones y trabajadores, el gobierno durante la cuarentena asumió una posición abiertamente patronal, con su pasividad frente a las denuncias de los trabajadores, al mismo tiempo que con su complacencia a las demandas patronales, aun cuando éstas pongan en riesgo la salud pública.

En esta situación, como se pudo constatar, revertir la intención de cargar las consecuencias de la pandemia sobre los trabajadores, no es posible apelando a la supuesta “esencia humana” de los patrones, para liberar su piedad, más bien, de acuerdo con la evidencia empírica, se observa que esta intención sólo puede ser revertida, con la lucha que los trabajadores continúan librando en las calles o en la vía legal; incluso en esta segunda ola de la pandemia, con un cambio de régimen en el Estado, que tampoco les garantiza una acción consecuente frente a sus demandas.

Referencias bibliográficas

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Marx, K. (1985) El Capital, volumen 1., libro 1. México, Siglo XXI Editores.

Marx K. (1987) Elementos fundamentales para la crítica de la economía política (110-111), Madrid: Siglo XXI Editores.

Pasukanis, E. (1976) Teoría general del derecho y marxismo, Barcelona: Editorial Labor Universitaria.

Notas

Información adicional

ARK: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25912755/62akakcqm