La pre-cordillera y la meseta de la provincia de Río Negro, en la Patagonia norte (Argentina), están ocupadas de manera tradicional por personas, familias y comunidades del pueblo mapuche. A pesar de la variación ambiental entre ambas zonas, unas y otras se han dedicado, de manera dominante desde la ocupación militar de Pampa y Patagonia (1878-1885), a la cría en forma extensiva de ganado menor (ovinos, caprinos) y mayor (vacunos). Por cierto, aquel evento, concebido desde los estudios históricos y antropológicos recientes en los términos de un genocidio (Delrio et al., 2018; Trinchero, 2005), resultó en la privación para el pueblo mapuche de una particular relación social con el territorio en tanto lugar de producción y reproducción social de la vida. De ahí en más, las relaciones sociales se estructuraron sobre bases nuevas, dadas por el curso histórico del proceso nacional de acumulación de capital, y aquella cría se constituyó en una práctica dominante en el marco del desarrollo de una economía de subsistencia. La cría ha sido desde entonces de unas pocas cabezas de ganado, con poca infraestructura, bajo uso de tecnología, utilización de mano de obra familiar –todas ellas, características que la literatura especializada atribuye a los pequeños productores-,¹ y se ha desarrollado en tierras marginales, de reducido tamaño, escasa productividad y difícil acceso. Tierras en las que los pobladores mapuche, ya se encuentren dispersos o agrupados en comunidad, han sido arrinconados por la apropiación de enormes extensiones y su concentración en propiedad en otras pocas manos. Tierras consideradas fiscales, propiedad del Estado, sobre las que pobladores y comunidades detentan, en gran medida, permisos precarios de ocupación de carácter individual, siendo contados los reconocimientos de radicaciones colectivas. Tierras en las que, en consecuencia, están supeditados a ser desalojados en caso de que sean pretendidas por otros sujetos sociales con una mayor disponibilidad de capital para ponerlas en producción y, de ahí, mejor conceptuados por el Estado; otros sujetos que de manera renovada avanzan sobre ellas.

Las imágenes fotográficas que presento refieren al trabajo, a sus formas de organización, a sus condiciones de realización, en tres escenarios distintos pero superpuestos: uno de ellos (la pandemia y la emergencia sanitaria), anclado en una situación sanitaria de carácter extraordinario, producto del impacto de la pandemia generada por el virus COVID-19 durante el año 2020; otros dos (el desastre y la emergencia agropecuaria, y el despojo y la emergencia territorial), anclados en una situación territorial persistente, de carácter ordinario, producto del desarrollo local del capitalismo (claramente así en las conflictividades en torno al territorio e incluso así en los eventos físico-naturales, que no son meramente tales sino que constituyen también expresiones localizadas de procesos económicos y políticos más generales). A excepción de una, no son imágenes hechas por mí sino por pobladoras y pobladores de distintos parajes rurales de la pre-cordillera y la meseta rionegrinas,² ante acontecimientos que, a su juicio, era valioso registrar; dicho de otra manera, era digno de ser registrado que esos eventos habían sido vistos (Berger, 2019). Si, según este autor, la fotografía es ya un mensaje sobre el evento que registra, ¿cómo aproximarnos a la urgencia de uno y otro? La aproximación, dice, se sostiene en la necesidad de crear un contexto para cada fotografía:

“construir un contexto para cada fotografía en concreto, construirlo con palabras, construirlo con otras fotografías, construirlo por su lugar en un texto progresivo compuesto de fotografías e imágenes. ¿Cómo? […] Si queremos restituir una fotografía al contexto de la experiencia, de la experiencia social, de la memoria social, hemos de respetar las leyes de la memoria. Hemos de situar la fotografía impresa de forma que adquiera algo del sorprendente carácter decisivo de aquello que fue y es. […] Dicho contexto vuelve a situar esa fotografía en el tiempo, no en su propio tiempo original, pues eso es imposible, sino en el tiempo narrado. Este tiempo narrado se hace histórico cuando es asumido por la memoria y la acción sociales. El tiempo narrado construido ha de respetar el proceso de la memoria que pretende estimular. No existe una sola manera de acercarnos a la cosa recordada. Ésta no es el final de una línea. Numerosos puntos de vista o estímulos convergen y conducen hasta ella. De forma parecida han de crear un contexto para la fotografía impresa, las palabras, las comparaciones y los signos; es decir, han de señalar y dejar abiertos diferentes accesos a la cosa. Se ha de construir un sistema radial en torno a la fotografía, de modo que ésta pueda ser vista en términos que son simultáneamente personales, políticos, económicos, dramáticos, cotidianos e históricos” (Berger, 2019: 78-80).

Primer escenario: la pandemia y la emergencia sanitaria

Diversos informes producidos por investigadoras e investigadores de las ciencias sociales arriban a la conclusión de que la pandemia generada por el virus COVID-19, y el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO) dispuesto a partir del 20 de marzo de 2020 por el gobierno nacional (Decreto 297/2020) como manera de hacerle frente, evidenciaron, ratificaron, renovaron y profundizaron las desigualdades, de carácter estructural, multidimensional e interdependiente, que atraviesan a la generalidad de los pueblos indígenas en Argentina (Abeledo et al., 2020; Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas, GEMAS, 2020; Programa de Extensión, Investigación y Desarrollo en Comunidades Indígenas, 2020). Condiciones precarias de vida y de trabajo, acceso condicionado a y posesión irregular de las tierras que tradicionalmente ocupan, acceso deficiente a la atención médica, educación, información y justicia, e invisibilización, estigmatización y criminalización de su condición como sujetos colectivos, se entrelazan en la producción de esas desigualdades.

En lo que hace al impacto de la pandemia y el aislamiento en las formas de organización y condiciones de realización del trabajo, mientras las tareas realizadas de manera cotidiana en los territorios comunitarios vinculadas al cuidado de los animales y huertos pudieron continuar, otras tareas, también relacionadas con la producción y reproducción de la vida de los pobladores y comunidades, se vieron paralizadas debido a la obstaculización o imposibilidad de la circulación de personas y bienes por el cierre parcial y/o total de caminos y rutas. La movilidad, no sólo interna en los territorios comunitarios, sino entre distintas comunidades y también entre éstas y los pueblos y ciudades cercanas (muchas veces, en jurisdicciones provinciales distintas) es corriente en la cotidianeidad de los pueblos indígenas. El cierre impactó entonces de manera negativa en ciertas dinámicas no sólo individuales sino en gran medida colectivas: en la realización de trabajos estacionales en campos de mayor extensión (esquila, instalación de alambrados, etc.) o de changas en los pueblos y ciudades, en la venta de los frutos producidos (lana de oveja, pelo de chivo, corderos y chivos), en la compra de insumos indispensables para desarrollar la vida en el campo (alimentos, forraje, leña, combustible), en el acceso a prestaciones sociales o ayudas estatales ya existentes o dispuestas en ese momento por el gobierno (jubilaciones y/o pensiones, módulos de alimentos, Plan Calor, Ingreso Familiar de Emergencia), o también en la realización de trámites necesarios para el desarrollo de la producción (relacionados, por ejemplo, con la marcación y vacunación de los animales y su certificación por parte de organismos estatales para poder, luego, venderlos) o en este desarrollo en sí mismo (imposibilidad de movilizar la hacienda). Se trata de impactos inmediatos pero también con consecuencias diferidas en el tiempo. Ante estos obstáculos e imposibilidades, resultaron significativas las redes sociales ya existentes, fundadas en lazos de parentesco, vecindad, amistad, comunidad y organizativos, a través de las cuales se colabora en las tareas productivas y se toman decisiones en relación con el ejercicio de la ocupación del territorio.

Figura 1
Una punta de ovejas: “La zona donde vive la mayoría de la gente permite producir solamente ovejas, chivas”. Parajes Costa de Ñorquinco y Fitamiche, provincia de Río Negro: Autora: Valeria Iñigo Carrera.

Figura 2
El arriero va: “en el campo estás libre; si querés salir al campo, salís, sólo dentro del campo”.³ Parajes Arroyo Las Minas y Alto río Chubut, provincia de Río Negro: Autora: comunidad Kom Kiñe Mu.⁴

Segundo escenario: el desastre y la emergencia agropecuaria

Las sequías prolongadas, las caídas de ceniza volcánica, las nevadas, irrumpen con mayor o menor periodicidad, con mayor o menor intensidad, en la vida cotidiana de los pobladores y comunidades mapuche.⁵ Unas y otras tienen consecuencias sobre su producción: deterioran los suelos, cada vez más degradados, reducen los mallines, afectan el crecimiento de los pastos y, así, la disponibilidad de forraje, resultando en un elevado índice de mortandad de animales y en la reducción de las majadas y rodeos. Claro está que estos pobladores, en su condición de pequeños productores, se encuentran entre quienes se ven perjudicados en mayor grado ante la ocurrencia de semejantes desastres: dependen de pasturas y cursos de agua naturales, no pueden trasladar su hacienda a lugares menos afectados, no tienen capacidad financiera para afrontar las pérdidas, ven dificultado su acceso a la asistencia técnica y financiera, no reúnen los requisitos para ingresar a programas y subsidios estatales.

El invierno del año 2020 fue uno de los más crudos de las últimas tres décadas; tanto fue así que la nevada caída en el mes de julio evocó la de 1984, una que dejó huella en la memoria social. Las cuantiosas pérdidas de animales producidas entonces tuvieron entre sus efectos un auge de las formas cooperativas de producción, comercialización y consumo entre los pobladores perjudicados, lo que les permitió desvincularse de los comerciantes locales y las condiciones por ellos propuestas. Pero en tanto la tierra también asomaba como un problema, por su condición de fiscaleros, las cooperativas se constituyeron en la expresión económica de un proyecto político que trascendió la obtención de mejores términos para la comercialización y demandó derechos específicos fundados en la reivindicación de una identidad diferenciada como manera de interpretar una trayectoria, común y particular, de despojos vinculados a la tierra (Iñigo Carrera, 2020; Radovich y Balazote, 1990). Ambos proyectos, económico y político, tienen plena vigencia en el presente, tal vez en otros términos, sin duda con igual o más fuerza.

Esto se reflejó cuando los pobladores y comunidades vieron afectadas las formas de organización y condiciones de realización de su trabajo, y aun su integridad física misma, por las acumulaciones de nieve y las temperaturas bajo cero que se produjeron las últimas semanas del mes de julio. Los vínculos –decía- de parentesco, vecindad, amistad, comunidad y organizativos se motorizaron ante la agudización de la ya delicada situación económica producto de la pandemia. Por cierto, al aislamiento de las personas (muchas de ellas, adultos mayores), a las limitaciones en el abastecimiento regular de alimentos, forraje, leña y combustible –por otra parte, inflados en sus precios- para sobrellevar el invierno que se aproximaba debido a la restricción de la circulación por rutas y caminos, se sumaron el aislamiento y la incomunicación de personas y familias y el desabastecimiento por la imposibilidad de transitar por caminos deteriorados, no mantenidos, cubiertos de nieve, y la pérdida inmediata y futura de animales. Trascendió, incluso, la muerte de un poblador mapuche de unos 78 años, quien había emprendido el retorno a su campo preocupado por el estado de sus animales ante la acumulación de nieve; su cuerpo yació por varios días a pocos metros de su casa, en un paraje de la meseta, hasta que fue retirado por el gobierno provincial.⁶ Ante las protestas de las comunidades y organizaciones mapuche por lo que calificaron como desamparo institucional, la respuesta del gobierno se limitó a la declaración de la situación de emergencia agropecuaria por el plazo de un año desde el 1 de julio de 2020 para dar asistencia a los productores afectados por el temporal, eximiéndolos –parcial o totalmente, de acuerdo al grado de afectación- del pago de impuestos (inmobiliario y automotor).

Figuras 3 y 4
Díptico. Campos de nieve: “el invierno se ha puesto bravo”. Paraje Fitamiche, provincia de Río Negro. Autora: Juanita Pereyra.

Figuras 5 y 6
Díptico. Atrapados: “nuestros animales han quedado en cualquier lugar”. Parajes Arroyo Las Minas y Alto río Chubut, provincia de Río Negro: Autora: comunidad Kom Kiñe Mu.⁷

Tercer escenario: el despojo y la emergencia territorial⁸

La pandemia ocurrió y el aislamiento fue dispuesto en un contexto mayor, uno de conflictividad en los territorios de los pobladores y comunidades mapuche. Se trata de una conflictividad emergente de procesos de larga duración, aquéllos a los que hice referencia al iniciar este trabajo. En el último tiempo, esta conflictividad no ha hecho sino agravarse, producto del avance sistemático e intensivo sobre esos territorios de terratenientes y capitales industriales y financieros (agropecuarios, forestales, mineros, turísticos, inmobiliarios), nacionales y extranjeros, que adquieren tierras –las más de las veces- mediante protocolos jurídicos simulados o fraudulentos (Miguel y Wallace, 2019). Producto, también, de la reproducción de una situación de precariedad jurídica por la falta de regularización de aquellos territorios: a pesar del reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas sobre la materia en la legislación provincial, nacional e internacional vigente, lejos está de haberse cumplimentado –tal lo dispone la ley 26.160 de 2006 y sus sucesivas prórrogas- el relevamiento técnico, jurídico y catastral de la situación dominial de las tierras ocupadas de manera tradicional por la totalidad de las comunidades comprendidas en jurisdicción rionegrina –y más lejos todavía su titulación-. Durante el aislamiento entonces, las acciones con destino de privación o despojo se sucedieron, a través de mecanismos largamente conocidos, muy difundidos, como el uso de la violencia física directa, el tendido y el corrimiento de alambrados, la práctica del arrinconamiento en pequeñas parcelas.

La comunidad Buenuleo, que en 2019 había recuperado una porción de su territorio tradicional en el cerro Ventana en las afueras de la ciudad de Bariloche, fue objeto de agresiones físicas por parte de los particulares que se lo habían apropiado (al territorio) de manera ilegal y también de una medida de desalojo por parte de la justicia provincial –orden luego dejada sin efecto-.⁹ La comunidad Kom Kiñe Mu, que desde el año 2009 demanda al Estado provincial –junto con otras comunidades agrupadas en el Consejo Asesor Indígena (CAI)- el reconocimiento de su territorio de ocupación tradicional en la naciente del río Chubut, fue objeto de la instalación de alambrados por parte de particulares (capitales extranjeros), que obstaculiza la realización de las actividades productivas de subsistencia. Por cierto, el alambrado, como materialidad de la propiedad privada, como punta de lanza en su particular delimitación y fijación, se constituye en un mecanismo de despojo, de privación violenta de la tierra, de la relación significativa tejida de manera tanto material como simbólica con el territorio, de la forma de organización de la vida social. Implica modificaciones en las formas de trabajo, en el manejo del ganado, en tanto impide el traslado de los animales, por ejemplo, entre veranadas (tierras altas, de lagunas, ríos y mallines, de pastoreo en verano) e invernadas (tierras bajas, con cañales, con alimento para pasar el invierno).¹⁰ Casi idénticas circunstancias tienen por objeto a la comunidad Newen Twain Kom: mientras también demanda al Estado rionegrino el reconocimiento de su territorio tradicional en los parajes Costa de Ñorquinco y Fitamiche, fue objeto de la instalación de alambrados por parte de particulares (terratenientes locales), que arrincona los animales en predios pequeños.¹¹ Por último, la comunidad Millalonco Ranquewe, que desde 2011 cuenta con el reconocimiento por parte del Instituto Nacional de Asuntos Indígenas (INAI) de la ocupación tradicional y pública de su territorio en la ciudad de Bariloche, sufrió la incursión del ejército argentino y el desarme de un invernadero comunitario.¹²

Figuras 7 y 8
Díptico. Oteando el alambrado: “el alambrado nos condiciona, nos acorrala”. Parajes Arroyo Las Minas y Alto río Chubut, provincia de Río Negro: Autora: comunidad Kom Kiñe Mu.¹³

Figura 9
El alambrado besa el suelo: “aquí no existen tierras privadas”. Parajes Costa de Ñorquinco y Fitamiche, provincia de Río Negro: Autora: comunidad Newen Twain Kom.¹⁴

El hostigamiento por parte de privados y aun el Estado no se detuvo entonces, sino que continuó durante el contexto de la emergencia sanitaria y también de la emergencia agropecuaria, alimentando la configuración de emergencia territorial. Más aún, como decía, la conflictividad parece haberse agravado: si bien la demanda por la tierra –en tanto condición natural de producción- y por el territorio –en tanto producto, necesariamente histórico, de una específica apropiación social, material y simbólica, del espacio- siguió galvanizando gran parte de las acciones de las personas, familias, comunidades y organizaciones del pueblo mapuche, los particulares contextos han imposibilitado o dificultado su encuentro y movilización. En esa continuidad y en ese agravamiento parece residir el mensaje de las imágenes, y su urgencia.

Referencias

Abeledo, S. y otros (2020) Informe ampliado: efectos socioeconómicos y culturales de la pandemia COVID-19 y del aislamiento social, preventivo y obligatorio en los Pueblos Indígenas en Argentina -Segunda etapa, junio 2020-. Disponible en: http://antropologia.institutos.filo.uba.ar/sites/antropologia.institutos.filo.uba.ar/files/info_covid_2daEtapa.pdf

Berger, J. (2019), Para entender la fotografía, Barcelona: Editorial Gustavo Gili.

Delrio, W., D. Escolar, D. Lenton y M. Malvestitti (Comps.) (2018), En el país de nomeacuerdo. Archivos y memorias del genocidio del Estado argentino sobre los pueblos originarios, 1870-1950, Viedma: Editorial UNRN.

Grupo de Estudios sobre Memorias Alterizadas y Subordinadas (2020), Impacto social y propuestas de los pueblos originarios frente al aislamiento social obligatorio por COVID-19 (Segundo Informe, Red GEMAS). Disponible en: https://memoriasalterizadas.files.wordpress.com/2020/06/segundo-informe-general-completo-gemas-1-4.pdf

Iñigo Carrera, V. (2020), “Consejo Asesor Indígena (Provincia de Río Negro, 1985-2020)”. En Salomón, A. y J. Muzlera (Eds.), Diccionario del agro iberoamericano (259-270), Buenos Aires: Teseo.

Miguel, C. y J. Wallace (2019), “Una política pública de protección a la tierra en la Legislatura de la Provincia de Río Negro”, en Kropff, L., Pérez, P., Cañuqueo, L. y J. Wallace (Comps.), La tierra de los otros. La dimensión territorial del genocidio indígena en Río Negro y sus efectos en el presente (pp. 271-290), Viedma: Universidad Nacional de Río Negro.

Murgida, A., Laham, F., Chiappe, C. y M. Kazimierski (2016), Desarrollo territorial bajo sequía y cenizas, Iluminuras 17 (41), 11-29.

Programa de Extensión, Investigación y Desarrollo en Comunidades Indígenas, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad de Buenos Aires (2020), Relevamiento de las implicancias del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio (ASPO) entre las comunidades del Observatorio Colectivo para Pueblos Originarios (OCOPO). Disponible en: http://www.ocopo.org.vfct1209.avnam.net/sites/default/files/ASPO_PPOO_informe.pdf

Radovich, J. C. y A. Balazote (1990), Mercachifles y cooperativas: un análisis del intercambio, RUNA. Archivos para las Ciencias del Hombre 19 (1), 135-146.

Scheinkerman de Obschatko, E., M. del P. Foti y M. Román (2007), Los pequeños productores en la República Argentina. Importancia en la producción agropecuaria y en el empleo en base al Censo Nacional Agropecuario 2002, Buenos Aires: Secretaría Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentos. Dirección de Desarrollo Agropecuario-Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura- Argentina.

Trinchero, H. H. (2005), Estigmas del genocidio indígena en el cuerpo del Estado nación, Espacios (32), 33-38.

Notas

Información adicional

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