El trabajo agrario ha sido considerado tradicionalmente como un sector de vulnerabilidad y “precariedad laboral” persistente, intensa y generalizada, abarcando diferentes contextos productivos, sociales y geográficos. Se han identificado una serie de problemáticas como determinantes de esa situación: entre ellas, se destacan la estacionalidad laboral, las migraciones, el reducido nivel de protección legal, la debilidad de la sindicalización y las condiciones y medio ambiente de trabajo.

La estacionalidad del trabajo agrícola se ha señalado como una de las condiciones fundamentales que da cuenta de esa situación. A la reconocida condición del carácter estacional de la producción al depender de “los tiempos biológicos” de crecimiento, se debe agregar que la profundización del desarrollo del capitalismo favorece la utilización de trabajadores temporarios en lugar de permanentes, ya que permite relaciones laborales de mayor flexibilidad y facilita los procesos de acumulación.

Por su parte, la particularidad de la condición migratoria como elemento constitutivo de la inserción laboral agrícola expone a varones y mujeres a una “doble vulnerabilidad”, por ser trabajadores temporarios de la agricultura y migrantes al mismo tiempo. La relación entre la condición migratoria y los modos de trabajo y de vida en destino de los propios migrantes no solo incorpora componentes laborales (tales como jornadas de trabajo más extensas, tareas con alta exigencia física en las que no están dispuestos a ocuparse los trabajadores locales, formas de pago irregulares, etc.), sino otros no laborales, como los relacionados con el acceso a una vivienda adecuada o el transporte, que agudizan su inestabilidad y precariedad laboral, así como también las posibilidades de negociación para modificar esa situación.

La vulnerabilidad laboral que afecta a los trabajadores agrícolas se constituye además a partir de la condición de “ciudadanía débil”, que resulta típica de ciertos grupos como se ha constatado, por ejemplo, en el caso de los inmigrantes latinos en los Estados Unidos, los de distintas nacionalidades en España, o incluso los que migran entre países latinoamericanos, pero que es posible generalizar al conjunto de los asalariados del sector.

Sus posibilidades de organización en entidades sindicales con capacidades de ejercer la representación política de sus intereses se ve restringida por la intermitencia de las relaciones laborales, las situaciones de aislamiento geográfico, la presencia de instancias de intermediación laboral, los desplazamientos más o menos continuos para el caso de los migrantes estacionales y la composición socio-demográficas diversa de este grupo. Asimismo, la falta de información acerca de sus derechos laborales los coloca en una situación desventajosa al momento de negociar sus condiciones de trabajo.

El comienzo de la pandemia del COVID-19, que significó un parate económico, productivo y relacional sin precedente en la era de la globalización, afectó de un modo particular a este sector de trabajadores/as. Mientras el grueso de las actividades productivas dejaron de funcionar y sus trabajadores/as debieron “quedarse en casa”, la alimentación de las poblaciones no podía ponerse en jaque y de forma unánime en los distintos países de la región y del mundo se declaró que tanto las actividades agrícolas como sus trabajadores/as tenían un “carácter esencial”, por lo cual debían afrontar los riesgos y seguir produciendo.

Entre las contribuciones del presente número de la revista encontramos la línea sobre “los trabajos esenciales” que permanecieron activos durante la pandemia, aunque paradójicamente el reconocimiento de la labor de los/as trabajadores/as agrícolas no redundó en mejorar su situación laboral. En el texto titulado “La población jornalera agrícola migrante en tiempos de pandemia en México” de María Antonieta Barrón y Celso Ortiz se discuten las contradicciones de un sistema productivo capitalista que deteriora las condiciones de la mano de obra humana de manera extrema. Señala que aquellos “trabajos esenciales” y “poco cualificados” resultan ser los más vulnerados en términos de acceso a los derechos laborales. El texto parte de la hipótesis de que el aumento en el deterioro de las condiciones de trabajo no se debió a los impactos del COVID-19 -que redujo las migraciones de los estados expulsores a la agricultura de exportación-, sino a que los empleadores, aprovechando la contracción en el empleo de actividades no agrícolas y el aumento de la oferta de mano de obra, intensificaron las condiciones de precarización del trabajo de los/as ocupados/as en la agricultura. El texto que nos presentan Barrón y Ortiz se sustenta en una metodología cuantitativa, retomando los registros de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) en el periodo entre 2018 y 2020, antes de la pandemia. Los autores concluyen que a pesar de que el trabajo jornalero se encuentra dentro del espectro de actividades esenciales, la realidad es que no es un empleo protegido sino que se encuentra entre aquellos donde se vive mayor vulnerabilidad. Ellos apuntan que las condiciones de precarización extrema de este sector de trabajadores tienen que ver con la ausencia de políticas de apoyo del gobierno y de instituciones gubernamentales asociadas al trabajo; ambos factores provocan un mayor aumento de la pobreza en las áreas rurales y con ello las migraciones de población jornalera hacia los mercados de trabajo de agricultura de exportación.

En esta misma línea, en el artículo titulado “Frontera, monocultivos y mercado laboral transfronterizo frente al COVID-19. El caso de la extracción de la piña en Costa Rica”, Tania Rodríguez, Delphine Prunier, Cristopher Pérez, Valeria Montoya y Andrés Palma analizan las múltiples dimensiones de los conflictos generados a partir del cierre de la frontera entre Nicaragua y Costa Rica, que por un lado detuvo una serie de actividades bajo el argumento de la protección del cuerpo y la salud individual y colectiva pero que, por otro, permitió que el engranaje para la producción agroalimentaria siguiera en funcionamiento, con los/as trabajadores/as migrantes como recurso “esencial”. Costa Rica, pero también el resto del mundo, se enfrentó con la preocupación de tener que asegurar la producción y la distribución de alimentos dependiente de mano de obra migrante, en contexto de cierre de fronteras. Para que el cultivo de piña costarricense, demandante de mano de obra nicaragüense, pudiera llevarse a cabo, se comenzó fomentando la contratación -aunque insuficiente- de mano de obra local y también regularizando a los extranjeros que cruzaban ilegalmente la frontera para que pudieran ser vacunados, pero ello no implicó el mejoramiento de las condiciones de empleo y salud de los/as trabajadores/as migrantes A estas dificultades para la producción, se sumó que la caída en la recaudación y los gastos ocasionados por la pandemia llevaron al gobierno a negociar un acuerdo en septiembre de 2020 con el FMI que, como en otros países de la región, marca prioridades en materia de política interna. Finalmente muestran cómo primó la política de mantener el esquema productivo y de las cadenas agrícolas, mientras se reveló y se reforzó la desechabilidad de la fuerza de trabajo migrante, que no alcanzó una mejora significativa de sus condiciones de vida y de trabajo una vez pasado el periodo pico de la reorganización pandémica.

Sin duda las investigaciones y los casos que se presentan en el número de la revista evidencian el patrón de acumulación capitalista y la lógica extractivista de explotación de los territorios incluyendo la vida de las personas que los habitan, principalmente en las zonas rurales. Gerardo Avalle y Paula Reinoso nos presentan el texto con título: “Neoliberalismo y pandemia: estrategias de producción y reproducción para la subsistencia de los sectores populares en la ruralidad. La experiencia del territorio de Cochatalasacate, Punilla (Córdoba, Argentina)”. Aquí se describe el caso de una zona rural del Valle de Punilla, en el territorio de Cochatalasacate, Córdoba, durante los primeros meses de la pandemia de COVID-19, espacio que les permitió a los autores identificar las estrategias de producción y reproducción de la población en un escenario de multiemergencia. La particularidad radica en que el proceso organizativo dio origen a una cooperativa de trabajo enmarcada en un contexto más amplio de recuperación y defensa de un territorio ancestral. A través de una investigación con metodología cualitativa, se recuperaron datos de campo: entrevistas y observaciones directas durante el periodo de 2019-2020 con las y los actores involucrados. La exposición muestra el esfuerzo de organización por parte de una comunidad rural diversa en el territorio Cochatalasacate para conformar una figura cooperativa en el contexto de la pandemia, para fortalecer y cubrir necesidades básicas de las familias que se encontraban sin trabajo. El caso que describen permite observar distintas aristas del fenómeno de lo laboral y el acaparamiento territorial en áreas rurales frente a la pandemia. En primera instancia, mencionan la creación de una red familiar y local para asirse de trabajo y autoabastecimiento. Seguido, los autores observan la complejidad que supone una organización en un contexto de emergencia compuesta por una diversidad de actores sociales, no obstante, con el objetivo común de recuperar un territorio ancestral indígena. Por último, la disputa frente a negocios inmobiliarios que apuestan por el acaparamiento de territorios con fuerte avance durante la pandemia. Los autores destacan el papel protagónico de la cooperativa conformada por actores indígenas, campesinos y vecinos de la zona ante la urgencia de cubrir necesidades básicas y la autodefensa del territorio, como una doble tarea que les impuso el escenario de emergencia sanitaria. La autogestión de las comunidades indígenas y rurales resulta esencial para mantener sus territorios libres de la presencia de actores inmobiliarios que especulan sobre la tierra, en un escenario en el que la presión laboral y económica comprometen la soberanía de sus territorios.

Los artículos presentados en el dossier muestran que la pandemia puso en evidencia la paradoja de la precariedad laboral de los/as trabajadores/as agrarios/as y su esencialidad en la producción de alimentos para la población en su conjunto. Esta situación no llevó a fortalecer la política laboral para los/as trabajadores/as agrícolas, sino que, en el contexto de acumulación capitalista y extractiva, hubo un aprovechamiento de las características de vulnerabilidad histórica del sector para seguir produciendo en las mismas o peores condiciones, a pesar del riesgo que implicaba para los/as trabajadores/as. La expansión del agronegocio también continuó avanzando sobre territorios resguardados por comunidades rurales mediante despojos e iniciativas de desplazamientos en el contexto de presión económica y social ocasionado por la pandemia. Finalmente, es oportuno mencionar que durante la pandemia se hicieron visibles problemáticas como la relevancia del trabajo migrante en la producción de alimentos y las precarias condiciones de trabajo con las que se enfrentan día a día los/as trabajadores/as agrarios/as, y también se promovieron algunos procesos de organización comunitaria previamente articulados para abastecerse de recursos alimenticios y económicos.

Información adicional

ARK: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25912755/l8h7ragwx