La población jornalera es un sector ¿indispensable? Una reflexión

Una característica de la agricultura intensiva de exportación de hortalizas es que los mercados de trabajo se conforman principalmente con población migrante; la fuerza de trabajo local nunca es suficiente para satisfacer la demanda de mano de obra, de ahí que los productores tengan que recurrir a mano de obra migrante, que llega por su cuenta o enganchada desde su lugar de origen.

En México, las migraciones de jornaleros agrícolas¹ a regiones agroexportadoras suceden desde la década de 1970 en el contexto de la crisis del capitalismo y la internacionalización del capital (Besserer, 1999; citado por Velasco, Zlolniski y Laure C., 2014:34). El análisis de los efectos de las migraciones jornaleras en la vida campesina tuvo la marca de las visiones polémicas sobre la supervivencia o la refuncionalización del campesinado, opuesta a la proletarización y su función como ejército de reserva para el capital internacional (Paré, 1991; citado en Velasco, Zlolniski y Laure, 2014: 34).

Velasco, Zlolniski y Laure (2014: 34) precisan que surgió una nueva perspectiva sobre la división internacional del trabajo en la globalización, en la que las migraciones de trabajadores fueron un signo de un nuevo modo de acumulación de capital que desconoce fronteras nacionales. Desde este modelo los campesinos migrantes fueron vistos como proletarios internacionales, funcionando como ejército de reserva móvil que se localiza según las necesidades del capital global, y sometidos a nuevas formas de explotación laboral. En este sentido, los autores mencionan que el enfoque de clase internacional fue sustituido por un enfoque circulacionista de la fuerza de trabajo para atender la reestructuración productiva del sector agrícola en la década de 1980.

Este nuevo enfoque se volvió dominante y centró su atención en las pautas de migración y movilidad, y su vinculación con las condiciones de empleo y de vida de la fuerza de trabajo predominante en el modelo agroexportador (Barrón, 1999; Lara, 2010 citadas por Velasco, Zlolniski y Laure, 2014:34).

Velasco, Zlolniski y Laure (2014:35) describen que los trabajos de Barrón (1999), Lara (2010), De Grammont (2009) y De Grammont y Lara (2010) sobre las migraciones jornaleras en México coinciden en que entre la segunda mitad de la década de 1980 y la de 1990 sucede la reestructuración productiva en el agro que impacta de manera importante en las pautas de movilidad de jornaleros, junto con acontecimientos coyunturales de nivel nacional como las crisis económicas de 1981 y 1994 y los tratados de apertura comercial (GATT, TLCAN). En conjunto, estos acontecimientos contribuyeron a la redirección hacia las zonas agrícolas como la del noroeste de algunos flujos de zonas rurales que se dirigían anteriormente a las ciudades.

Los estudios anteriormente citados han permitido analizar el mercado de trabajo agrícola por medio de conceptos como posfordismo (que permite analizar la flexibilidad en la agricultura) y reestructuración del mercado de trabajo (desde la segmentación de la fuerza de trabajo), al tiempo que la producción agrícola se ha analizado por medio de las cadenas y redes globales de producción. Hoy, debido a la pandemia por la COVID-19, será necesario profundizar en dichos conceptos para dar cuenta de las condiciones de vida y trabajo de miles de jornaleros agrícolas que alimentaron a millones de personas en confinamiento.

La pandemia de COVID-19 ocasionó el cierre de varios sectores económicos; uno que siguió en funciones fue la agricultura de exportación. Es en este sector en el que, de acuerdo con Macías (2020), miles de trabajadores agrícolas se encuentran en los huertos de la agroindustria a merced de cadenas globales de mercancías altamente financiadas, que surten a plantas procesadoras y supermercados, inquietos por saciar a sus ávidos consumidores. El autor enfatiza que de esta manera todos aquellos sectores de la clase trabajadora, ignorados y atropellados durante décadas de austeridad neoliberal y retrocesión del espacio público, de pronto fueron (re)descubiertos en su calidad de indispensables. Así, la pandemia ha develado otra cruda paradoja del sistema productivo capitalista: los trabajos “poco cualificados” ahora son, excepcionalmente, “trabajos esenciales”: la realidad es que los empleos cruciales no son los mejor protegidos, sino los más vulnerables.

A pesar de la pandemia por el COVID-19, la agricultura sigue siendo un sector importante para la economía de México, y uno de los principales productores de hortalizas para la exportación. Morales (2020) en el periódico El Economista, retomando datos de la Secretaría de Agricultura, menciona que para el semestre enero-junio 2020, la balanza comercial de productos agroalimentarios de México registró un incremento de 19%, lo que equivale a un superávit récord para el periodo de referencia de 7.462 millones de dólares.

Los productos agroalimentarios mexicanos con mayor demanda en los mercados internacionales en el año 2020 fueron: aguacate, 2.882,4 millones de dólares; tomates saladet y otros, 2.352,9 millones de dólares; tomate verde, 1.899,9 millones de dólares; pimientos y chiles, 1.448,7 millones de dólares, fresas 855,1 millones de dólares; moras, 1.553,7 millones de dólares y espárragos, 381,5 millones de dólares; México es primer exportador de espárragos.

Las estadísticas oficiales reconocen que en México hay casi 3 millones de personas trabajando directamente en los centros de trabajo agrícola. Once estados concentran casi 70% de jornaleros, entre ellos, Veracruz, Michoacán, Puebla, Jalisco, Sonora, Guanajuato, Sinaloa, Hidalgo, Baja California, Chihuahua y San Luis Potosí. La tecnificación de la agricultura de exportación permite que todo el año se encuentre trabajo en estos estados, no sólo para levantar la cosecha sino también para plantar y cuidar los cultivos de legumbres al aumentar la variedad de hortalizas y de viveros y macro túneles.

Hoy, ni para la cuarta transformación los y las jornaleras agrícolas, a pesar de generar millones de dólares con su trabajo y alimentar a miles de personas, constituyen un sector esencial. A principios del sexenio, el presidente Andrés Manuel López Obrador canceló el Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas (PAJA) que durante 30 años les brindó diversos apoyos para aliviar apenas “un poco” su situación de explotación laboral y pobreza. La cancelación del PAJA, ha dejado en el desamparo a más de tres millones de jornaleros, de los cuales 1,5 millones año con año, recorren cientos de kilómetros en busca de la sobrevivencia. En las regiones de la agricultura de exportación en México, la población jornalera trabaja sin ninguna medida sanitaria preventiva, y se transportan en total hacinamiento, carecen de seguridad social e imperan los bajos salarios. Los riesgos de contagio de COVID-19 son muy altos. Este sector es uno de los de mayor riesgo de contagio, pues en su mayoría se trata de población indígena, con antecedentes de desnutrición y, desde luego, en pobreza extrema.

El retiro del Estado benefactor, la reducción de los subsidios, el empobrecimiento generalizado de la economía campesina, aunados al aumento de la demanda de fuerza de trabajo en la agricultura de exportación, provocaron una recomposición de los mercados de trabajo agrícolas y un aumento de la migración de población jornalera agrícola. Con este aumento se dio un proceso de precarización de las condiciones de trabajo, afectando la jornada laboral y los salarios.

La hipótesis central del artículo es que en los tiempos de la COVID-19 no se redujo significativamente el empleo entre los jornaleros agrícolas, sino que se deterioraron fuertemente las condiciones de trabajo, aumentaron las condiciones críticas de ocupación, se redujo el salario y los ingresos y aumentó la jornada de trabajo en México, aunque no de forma generalizada y tampoco por efectos de la pandemia.

El mayor deterioro de las condiciones de trabajo se produjo no por el impacto de la COVID-19, que redujo las migraciones de los estados expulsores a la agricultura de exportación, sino que los empleadores, aprovechando la contracción en el empleo de actividades no agrícolas y el aumento de la oferta de mano de obra, intensificaron las condiciones de trabajo de los ocupados en la agricultura. La metodología utilizada se apoya en los registros de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, tercer trimestre de 2018, 2019 y 2020, antes y durante la pandemia.

El trabajo se estructura de la siguiente manera: en primer lugar, después de una reflexión conceptual, se hace un análisis macro tomando como referente a las principales hortalizas de exportación asociadas a las entidades que las explotan, y con vocación exportadora se analiza la concentración de jornaleros migrantes en entidades de atracción de mano de obra debido a los cultivos intensivos de agricultura de exportación. Se revisa cómo en la agricultura, ante la ausencia de restricciones en el empleo debido a la COVID-19, la estacionalidad de algunos productos agrícolas y la presencia de agricultura protegida, impidieron que se contrajera el empleo asalariado. En tercer lugar, se revisan las condiciones de trabajo de la población jornalera agrícola en el año de la pandemia. Las variables a analizar son la informalidad, las horas trabajadas y el ingreso y los cambios en las condiciones críticas de ocupación. Finalmente se presentan las conclusiones.

Antecedentes

La pandemia, cuyos síntomas de peligro se manifestaron en enero de 2020 en muchas partes del mundo, llevó a que se paralizaran las actividades económicas. En marzo de 2020 la Organización Mundial de la Salud calificó como pandemia a la COVID-19 y en México se declara emergencia sanitaria del 30 de marzo al 30 de abril, lo que obligó a suspender las actividades no esenciales del sector público y privado. Entre las actividades esenciales, además de las de salud, en México se incluyó la producción agrícola. La determinación de las actividades agrícolas como esenciales explica que el sector menos afectado en términos de empleos perdidos sea el agropecuario.

Pero mientras en las otras actividades esenciales se dictaban medidas de protección, en el caso de la agricultura nada se dijo sobre los jornaleros agrícolas, en particular de los jornaleros migrantes que van de las regiones de expulsión a las de atracción.

No hay forma de medir el impacto provocado por la COVID-19 entre la población jornalera; sólo se tienen algunos registros aislados. “Entre junio y julio se han registrado brotes en el Poblado Miguel Alemán, Sonora (11 casos); en Delicias, Chihuahua (un jornalero falleció) y Meoqui (27 casos de contagio en un albergue); Fresnillo, Zacatecas (una mujer jornalera falleció) reporto la Red Nacional de Jornaleros y Jornaleras de México” (Olvera, 2020), pero nada oficial. Los registros del comportamiento de la COVID-19 son por entidad federativa y no por sector de actividad económica. Pese a que no hay registros específicos sobre el impacto de la COVID-19 en la agricultura y menos en la agricultura empresarial, sólo se sabe que en 2020 hubo 201.163 muertes por COVID-19 en el país, y que ocupamos el cuarto lugar en el mundo.

Tal vez en algún momento se llegue a saber cuántos jornaleros murieron por COVID-19 en las regiones de atracción; lo que se puede constatar es que el empleo en la agricultura fue el menos afectado respecto a otros sectores de actividad.

Producción y exportación de hortalizas

Mientras en las manufacturas se contraía la producción y se dejaban de dar servicios por la suspensión temporal de actividades que se consideraron no esenciales, en la agricultura comercial poco impacto tuvieron esas medidas.

El aumento de la superficie cosechada de algunas hortalizas, el desarrollo tecnológico, el aumento de la agricultura protegida y el aumento de las exportaciones de algunas hortalizas, han permitido la permanencia de importantes mercados de trabajo agrícolas, en particular de cultivos de exportación.

Tomando como base el comportamiento de la producción de las principales hortalizas asociadas a las entidades productoras, y el aguacate por su importancia en el mercado mundial, encontramos que hay pocas alteraciones en la producción y las exportaciones, y en algunas entidades las alteraciones en superficie cosechada y volumen de producción no corresponden a la contracción de la población jornalera ocupada.

De los cultivos seleccionados, entre 2019 y 2020 ninguna hortaliza sufre una contracción importante de la superficie cosechada y algunos logran incrementar la producción.

Del total de hortalizas consideradas, entre 2019 y 2020 hay un aumento de 4,9 mil hectáreas: sólo se reduce superficie y producción de fresa, pepino y tomate rojo en proporciones poco significativas, que se diluye si se toma en cuenta el rendimiento medio por hectárea, 52 toneladas por hectárea de fresa y 74 toneladas para el pepino y el tomate rojo. Los cambios en superficie y producción de hortalizas obedecen a factores de mercado y no sanitarios como la COVID-19.

En 2020, primer año de la pandemia de la COVID-19, no se vieron afectadas severamente las exportaciones de hortalizas en México. Según datos de la FAO, México ocupa un lugar destacado en las exportaciones de algunos productos agrícolas: primer exportador de aguacate con 43% de las exportaciones mundiales y primer exportador de tomate fresco con 22% de las exportaciones mundiales. Aunque de espárrago apenas se venden 436 mil toneladas en el mercado mundial y pocos países participan, México vende 38,8% de las exportaciones mundiales, ocupando el primer lugar. En el caso de los chiles frescos, verde, morrón, etc. ocupa el primer lugar de las exportaciones mundiales con 27%; de fresa ocupó el tercer lugar, con 14% de las exportaciones (FAOSTAT, 2019).

Tomando los cultivos líderes en las exportaciones, entre abril y septiembre de 2019 y 2020 no se observan caídas fuertes; en abril de 2020 respecto a 2019 hay una caída, aunque reducida, en volumen de las principales hortalizas: el aguacate cae de 125,7 mil a 85,3 mil, pero se recupera en mayo al aumentar a 92,5 mil y no cae en el resto de los meses considerados. Lo mismo pasa con el tomate rojo: entre abril de 2019 y abril de 2020 exporta 53 mil toneladas menos, pero se recupera en mayo; lo mismo sucede con la fresa que en el mismo periodo deja de exportar 9 mil toneladas. Estos desajustes en las exportaciones obedecen a las restricciones de movilidad en los países desarrollados como Estados Unidos y Canadá principales compradores de nuestras frutas y hortalizas. Los vaivenes de las exportaciones son resultado de las trabas de los países receptores de nuestros productos, que se ajustan rápidamente, y no de ajustes en la producción nacional. En general, para las exportaciones de estos cultivos en el período de la pandemia, la tendencia es al alza, lo que indica que por lo menos en este período la contracción del mercado no afectó a los productos agrícolas, lo que explica que no se redujera fuertemente la demanda de mano de obra que cosecha estas hortalizas.

Los mercados de trabajo en los que se explotan estas hortalizas y el aguacate se han caracterizado por la abundancia de jornaleros, sobre todo migrantes, mano de obra compuesta por campesinos minifundistas que no alcanzan a producir ni el mínimo para el autoconsumo y trabajadores agrícolas sin tierra que tienen que migrar. Según la ENJO 2009, 11,4% de los municipios de expulsión de jornaleros tienen condiciones de muy alta marginación y 34,2% de alta marginación; 29% posee un predio, de los cuales el 31% es menor a 1 hectárea y el 52,2% hasta 2 hectáreas; los ingresos en las entidades de expulsión se concentran entre los que reciben hasta un salario mínimo. Según el censo de población 2020, en las principales entidades expulsoras se registran los siguientes salarios: en Chiapas, 44% de la población ocupada en la agricultura recibe hasta un salario mínimo y 45% no recibe ingresos; en Guerrero estas proporciones son 31% y 45% respectivamente y en Oaxaca 30% y 51%. Con esos niveles de ingresos y no ingresos es explicable que la migración sea alta².

Comportamiento de la población jornalera agrícola

Entre 2019 y 2020, tercer trimestre, se redujo la población asalariada en la agricultura, pasando de 3,1 a 2,8 millones de jornaleros; se perdieron 422,8 mil empleos asalariados, de los cuales 54% se concentró en nueve entidades, Baja California, Baja California Sur, Jalisco, Nayarit, San Luis Potosí, Sinaloa y Sonora. Sólo en Chihuahua y Durango aumentó la ocupación de asalariados. El impacto en el empleo es muy concentrado debido a que en estas entidades se concentran cultivos intensivos en mano de obra, hortalizas y frutas que demandan mano de obra que generalmente llega de las regiones atrasadas del país.

Entre 2019 y 2020 casi todas las entidades con agricultura intensiva perdieron asalariados agrícolas, excepto Chihuahua y Durango; en el resto redujeron la demanda de mano de obra.

Los que más perdieron entre 2019 y 2020 fueron Jalisco, Sonora y Michoacán. En Jalisco, según la ENOE, entre 2019 y 2020 se perdieron 60.900 empleos asalariados del sector, en 2021 se recuperaron 44.200, la pérdida neta fue de 16.735 empleos, que posiblemente se recuperen en 2022 cuando comiencen las cosechas de hortalizas. Sonora es el segundo estado que más redujo la contratación de jornaleros: entre 2019 y 2020 se perdieron 57.200 empleos de población jornalera agrícola. Aunque en el tercer trimestre de 2021 se recuperan 16.500 empleos, 40.700 no se recuperaron. Con la cosecha de uva y espárrago de junio de 2021 se recuperaron estos empleos de forma temporal, al aumentar de 95.200 a 122.200 del primer al segundo trimestre.

Pero estos desajustes a la baja parecen obedecer a los tiempos importantes demandantes de jornaleros en las entidades. En Sinaloa la mayor demanda de jornaleros se da entre el cuarto y primer trimestre, pues las cosechas comienzan entre septiembre y octubre y terminan entre marzo y abril. Sinaloa, entre el cuarto trimestre de 2019 y 2020, perdió apenas 1.439 empleos de jornaleros, pero para el primer trimestre de 2021 se recuperaron 27.542 empleos asalariados; ello muestra que en los tiempos de cosecha las afectaciones en el empleo en Sinaloa fueron nulas.

La reducción de la producción y los desajustes del mercado internacional no permiten afirmar que los desajustes en el empleo de jornaleros se hayan debido exclusivamente a los efectos de la COVID-19, pero es posible que la falta de movilidad de los jornaleros migrantes haya llevado a la reducción en la contratación en las entidades de atracción³ de jornaleros. Sin embargo, pese a la falta de argumentos sustentados, este fenómeno de contracción del empleo, sin una reducción significativa de la superficie cosechada y sin un aumento de las exportaciones, lleva a suponer que los ajustes en la producción se dieron aumentando las condiciones de explotación de los jornaleros y precarizando sus condiciones de trabajo.

Las principales entidades proveedoras de jornaleros a la agricultura de exportación y con el estigma de pobreza, para el primer trimestre de 2021 mostraban lo siguiente: en el tercer trimestre de 2020 a nivel nacional 44% de los trabajadores agrícolas recibían un ingreso inferior al costo de la canasta básica alimentaria, para el primer trimestre de 2021 había bajado la proporción a 39,4%, porcentaje aún muy elevado. En las entidades expulsoras, en el primer trimestre de 2021 en Chiapas 65,1% de los trabajadores recibían un ingreso inferior al costo de la canasta básica alimentaria y para el segundo trimestre este porcentaje bajó a 63,3%; en Guerrero pasó del 57,5% a 61,1% en el mismo período y en Oaxaca de 55,8% a 60,9%. Con esos niveles de ingresos ¿quién va a parar la migración de jornaleros?

Entre 2019 y 2020, sólo dos entidades incrementaron la población asalariada agrícola: Chihuahua y Durango. Pero para 2021 pierden asalariados junto con Baja California.

Lo anterior indica que, si bien se produjo una reducción en la ocupación de población jornalera migrante, a nivel nacional las entidades de atracción no se vieron tan afectadas; algunas, como Sinaloa, aumentaron la contratación de jornaleros.

Si la COVID-19 no afectó fuertemente el comportamiento del empleo de población jornalera agrícola, sí lo hicieron otros factores. Los cambios tecnológicos en la agricultura de exportación y el aumento de la oferta de mano de obra explican en parte la precarización de las condiciones de trabajo de los jornaleros. Un ejemplo es el caso del Valle de San Quintín, donde el aumento de viveros y malla sombra⁴ provocaron una reducción de la población ocupada. Zlolniski señala a propósito del aumento de la superficie cosechada de malla sombra y viveros.

“…el trabajo agrícola se ha vuelto más intensivo y reglamentado que nunca, un lugar de trabajo en el que los trabajadores están bajo constante presión y escrutinio para cumplir con los requisitos de calidad para la exportación de frutas y hortalizas…. una reorganización de los arreglos espacio-temporales destinados a extraer más plusvalía de los trabajadores agrícolas, aumentar la productividad laboral y lograr una mayor acumulación de capital (Zlolniski, 2019:108).

Como documenta ampliamente Zlolniski, el cambio tecnológico aumentó la explotación de los jornaleros, cambiando las formas de contratación, generalizándose el trabajo a destajo y/o aumentando las cuotas de trabajo. Pero además es posible que se dé ese fenómeno por un aumento de la oferta de fuerza de trabajo: los empleadores, al enfrentar una oferta mayor a la demanda de mano de obra, pueden deteriorar las condiciones de trabajo.

Una cuestión adicional evidente es la ausencia de autoridades del trabajo, que permite la violación total de las condiciones de trabajo.

En lo que respecta a los jornaleros agrícolas, la última Encuesta Nacional de Jornaleros Agrícolas (ENJO 2009) del Programa Nacional de Jornaleros Agrícolas, PAJA, afirma que el 23% es migrante, lo que significa para ese año, según datos de la Encuesta Nacional de Empleo ENOE, que de 2.820.882 jornaleros 648.802 eran migrantes. Este es un promedio nacional, pues por entidad federativa las proporciones varían mucho; ese dato agregado no refleja el tamaño real del número de los jornaleros agrícolas migrantes.

Si se toman como referentes las estimaciones del PRONJA⁵ 2003, actualizadas en un estudio financiado por UNICEF (Ramírez, Palacios y Velasco, 2006), por entidad federativa esta proporción es mucho mayor⁶. Según el PRONJA 2006, las entidades más importantes de atracción de jornaleros para la explotación de hortalizas y algunas frutas, son: Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Durango, Jalisco, San Luis Potosí Sinaloa y Sonora. Las entidades intermedias, aquellas que expulsan y atraen jornaleros son Hidalgo, Michoacán, Morelos, Nayarit, Puebla, Tamaulipas y Veracruz.

En estas entidades, según el PRONJA 2006, la proporción de jornaleros migrantes es mucho más alta que el promedio nacional. En Sinaloa la población jornalera migrante representa 65%, en Sonora 84%, en Baja California 51% y en Baja California Sur 98%; inclusive en algunas entidades intermedias, que atraen y expulsan jornaleros, la proporción de jornaleros migrantes rebasa el promedio nacional, como Nayarit con 64% de migrantes, Puebla con 29% y Tamaulipas con 27% de jornaleros migrantes.

La concentración de jornaleros migrantes en las entidades de atracción como Sinaloa, Sonora y Baja California, por ejemplo, se explica por la presencia de cultivos intensivos en mano de obra, en los que la población local nunca es suficiente para cubrir la demanda de mano de obra.

En 2019, antes de la desaparición del Programa de Atención a Jornaleros Agrícolas, los registros de la Dirección General de Atención a Grupos Prioritarios 2018-2019 señalaban que en Sinaloa en la cosecha 2018-2019 había 88.167 jornaleros migrantes en 142 albergues.

Según los registros de la ENOE, si la proporción de población jornalera migrante que estimó el PRONJA en 2006 es similar para 2020 en el cuarto trimestre⁷, de los 3.087.074 trabajadores agrícolas en el sector agropecuario el 39% son migrantes, entonces hay 1,2 millones de jornaleros migrantes en el país trabajando en la agricultura intensiva, afectada mínimamente en este período de pandemia porque la agricultura no paró.

Tomando los picos de contagio de la COVID-19 y los tiempos de salida de los jornaleros, no hay control de las salidas de migrantes, por lo menos no hay control absoluto. La COVID-19 se manifestó en marzo y el primer pico de contagios se presentó aproximadamente el 21 de abril de 2020; el segundo pico el 25 de junio. Después los picos se vuelven recurrentes: 7 de octubre, 11 de diciembre y 21 de enero son tres momentos de incremento de los contagios⁸, meses que coinciden en incremento de las migraciones de las regiones de expulsión a las regiones de atracción de población jornalera migrante.

De Guerrero, Oaxaca y Chiapas⁹ salen entre mayo y junio a Chihuahua para la manzana y nuez, a Sonora para la uva y el espárrago, a Baja California en junio para la fresa y el pepino y julio para tomate y cebolla; a Baja California Sur también en junio para las hortalizas. Entre septiembre a noviembre, jornaleros migrantes de Guerrero, Oaxaca, Chiapas, Hidalgo y Veracruz migran al Valle de Culiacán, Guasave, Cruz de Elota, Sinaloa, el más importante mercado de trabajo para la población jornalera migrante. Esta población, aunque comienza a llegar en septiembre, se intensifica después del 2 de noviembre, cuando pasan las festividades de Día de muertos, que es cuando arrecia la cosecha de hortalizas.

Hay otras migraciones de menor proporción a otros cultivos intensivos: café, cítricos y frutas. Para la cosecha de café de octubre a febrero, migran escalonadamente a Puebla, Veracruz, Chiapas, Oaxaca y Guerrero. Migran hombres para la naranja a Veracruz; para el mango se forman corrientes migratorias desde Chiapas hasta Sinaloa en el transcurso de 8 meses, de enero a agosto, y justo de marzo de 2020 a enero de 2021 no hubo ninguna queja por parte de los empleadores de falta de mano de obra en los estados receptores de migrantes.

El Centro de Derechos Humanos de la Montaña, Tlachinollan, declaró el 17 de agosto de 2020 en la revista Opinión.

“En estos seis meses el Concejo de Jornaleros Agrícolas de la Montaña ha registrado 7.116 personas que han salido del estado para trasladarse a los campos agrícolas de Chihuahua, Sinaloa, Michoacán y Guanajuato. La mayoría de la población jornalera pertenece al municipio de Cochoapa el Grande, que en su totalidad forma parte del pueblo Na’Savi, contando con un registro de 2.017 personas que han salido en este periodo. Lo secunda el municipio de Tlapa con 1.347; Metlatónoc con 712; Alcozauca 268 y Copanatoyac 221”¹⁰

¿Cuántos jornaleros migrantes llegaron a las regiones de atracción durante 2020? Aún no se sabe; desafortunadamente, no existen registros de cuántos migrantes hay en cada entidad de atracción para 2020. Los registros de la ENOE sólo dan cuenta de los asalariados del sector sin especificar si son locales, asentados o migrantes temporales.

Condiciones de trabajo de la población jornalera agrícola, antes y en la pandemia

Para analizar los cambios en las condiciones de trabajo de la población jornalera agrícola se tomaron los resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo, ENOE, del tercer trimestre de 2019 y de 2020 y en algunos casos del primer trimestre de 2021. Las variables a analizar son informalidad, horas trabajadas e ingreso y los cambios en las condiciones críticas de ocupación¹¹.

La informalidad se define como la situación en la que el trabajador no cuenta con contrato de trabajo, no existe un acuerdo en las horas trabajadas y a veces ni la fijación de un salario previo a la contratación además de no contar con las prestaciones de ley.

En la agricultura es una constante que el jornalero trabaje en condiciones de informalidad, en tanto su contratación es de palabra y no hay instancia de particulares y de gobierno que los reconozca o los tenga registrados. La tasa de informalidad de la población ocupada en el sector agropecuario en los estados productores de hortalizas es mayor que entre la población ocupada total; para 2020 55,6% de los hombres y 53,1% de las mujeres ocupadas en México estaba en el sector informal, en tanto que en el sector agropecuario la tendencia es muy errática en las entidades de atracción de población jornalera.

A nivel nacional la tasa de informalidad en el sector agropecuario pasó de 87,9% a 88,5% entre 2019 y 2020, y para las mujeres bajó de 86,7% a 85,9%. En las principales entidades productoras de hortalizas bajó la tasa de informalidad, sobre todo para las mujeres: en Sinaloa pasó de 73,3% a 66,4% para los hombres y de 64,0% a 63,0% para las mujeres; en Baja California aumentó para los hombres de 42,5% a 49,9%, en tanto que para las mujeres bajó de 33,9% a 31,9%.

En Jalisco, la tasa de informalidad de las mujeres pasa de 41% a 70,7% en un año, lo que significa que aquellas mujeres que en un momento trabajaban de planta lo dejaron de hacer para tener una contratación más errática. Una característica de la informalidad es que no cuenta con servicios de salud, y esa ha sido una constante entre la población jornalera agrícola, situación que se agudiza en los momentos en que la COVID-19 se expande por todo el país.

Si analizamos el comportamiento de las horas trabajadas, observamos además de una contracción de los asalariados, un aumento de la proporción de los que trabajan 49 horas y más, también los que trabajan menos de 35 horas por razones de mercado.

A nivel nacional, aunque la moda en este período se mantiene entre 40 y 48 horas semanales, esta proporción fue a la baja, para compensarse con un aumento de los que trabajan menos de 40 horas y más de 48.

Por entidad federativa, cuatro entidades de atracción van a la cabeza del aumento de la jornada de trabajo, y en tres, las más fuertes, se reduce la proporción de los que trabajan más de 56 horas a la semana.

En Chihuahua, Durango, Nayarit y Baja California Sur, entre 46% y 56% de los jornaleros trabajan más horas de las que establece la ley, 8 horas diarias seis días de la semana. Llama la atención que en las entidades más importantes productoras de hortalizas, Sinaloa, Sonora y Baja California, la proporción de los que prolongaron la jornada de trabajo se redujo en este período. En las tres entidades la moda es de entre 40 y 48 horas a la semana, proporción al alza entre 2019 y 2020: Baja California pasa de 46% a 59%, Sinaloa de 43% a 71,5% y Sonora de 46% a 52%. Lo que no está documentado es que en la jornada de 8 horas se intensificó la jornada de trabajo.

En San Quintín, en 2015 le daban como cuota de corte al jornalero 35 cubetas de tomate, después de las cuales la diferencia la pagaban por bote, variando de $1,00 a $1,30 por bote adicional. En julio de 2021 le dan de cuota 100 cubetas por $230 si corta las 100 cubetas, pero si corta menos le pagan menos: se ha reducido el aliciente de ganar más por un trabajo a destajo¹², por las altas cuotas que les exigen, sólo los jóvenes logran superar las cuotas.

Es posible que la reducción de la jornada de trabajo de más de 48 horas en Sonora y Sinaloa se deba al aumento en la contratación de jornaleros de la localidad o migrantes asentados que reclaman una jornada de 8 horas diarias, o que se haya reducido el trabajo a destajo, imposible de corroborar; otra posible causa puede ser la negociación de la población jornalera con los patrones a la reducción de la jornada de trabajo.

Analizar el comportamiento del salario resulta una ociosidad, por la diversidad de formas de contratación -por jornada, por tarea, a destajo-, por la diversidad de cultivos, pues no se paga igual la fresa que el tomate rojo o el chile bell, y por las formas de medir los cortes -por cubeta, cajas, jarras-; por ello se hace referencia a los ingresos, no es propósito aquí analizar los salarios.

El comportamiento de los ingresos es una tendencia a la precarización: la caída del ingreso ya venía desde antes de la pandemia y se agudiza con ésta. A nivel nacional hay un incremento de la población salariada en el sector agropecuario que gana hasta un salario mínimo a costa de los que ganan más de 1 hasta más de 5 salarios mínimos.

Tomando dos momentos de la ENOE, entre 2019 y 2020, se registra un incremento desproporcionado de los asalariados en el sector agropecuario que ganan hasta 1 salario mínimo: de 34,5% pasaron a 46,2%; sumando los que ganaron 2 y menos salarios mínimos, pasaron de 86,0% a 93,6%. Mayor evidencia del deterioro salarial no se tiene.

A nivel nacional el grueso de los asalariados del sector agropecuario recibió hasta un salario mínimo y esta proporción fue al alza en el período considerado. Los asalariados del sector agropecuario son los desprotegidos del régimen, no hay sector de actividad económica donde los asalariados muestren estos niveles de ingresos.

En los años noventa, la entonces Secretaría de Desarrollo Social, SEDESOL, definió como población en condiciones de pobreza, aquella población ocupada que recibía hasta 2 salarios mínimos. La definición de pobreza alimentaria, según CONEVAL, es la incapacidad para obtener una canasta básica alimentaria, aun haciendo uso de todo el ingreso disponible en el hogar para comprar sólo los bienes de dicha canasta. Si se considera el valor de la canasta alimentaria y el salario mínimo en el tercer trimestre de 2019 y 2020, y lo comparamos con la proporción de los que ganan hasta un salario mínimo, se tiene lo siguiente.

En el tercer trimestre de 2019 el salario mínimo era de $102,68 (US$6,51 al día) y el costo de la canasta básica alimentaria $1.110,50 al mes por persona; si el tamaño medio de la familia rural es de cuatro miembros, entonces sólo para comer un jornalero necesita al día $148,10: el jornalero gana 31% menos de lo que cuesta la canasta alimentaria.

En 2020 el salario mínimo era de $123,22 (US$6,10 al día) y la canasta alimentaria mensual por persona era de $1.165,60; entonces, para comer una familia rural necesita $155,41 diarios, o sea, tiene un déficit de 21% en sus ingresos para comprar solamente la comida.

Si se compara la población jornalera que recibió hasta un salario mínimo entre 2019 y 2020, encontramos un incremento de pobreza alimentaria en la mayoría de las entidades consideradas, excepto Baja California, Baja California Sur, Nayarit y Sinaloa.

Pero si se agregan los diferentes niveles de ingresos, lo que se observa es , si bien hay una reducción de los asalariados que reciben hasta un salario mínimo y un aumento de los que reciben entre más de uno y hasta 2, la proporción de los que reciben más de 2, en todos los casos se reduce; es decir, sí aumenta el salario, pero no en todos los niveles.

Como se observa en la tabla 4, no obstante la reducción de los asalariados que reciben hasta un salario mínimo, es alarmante la proporción de jornaleros que aun reciben hasta un salario mínimo en 2020 a nivel nacional. En San Luis Potosí, Chihuahua, Durango, Jalisco y Sonora, es tan alto el porcentaje de quienes reciben hasta un salario mínimo que sólo refleja la ausencia de autoridades que vigilen el cumplimiento de la ley, en tanto que esta no es proporcional a las horas trabajadas ni con los días trabajados, pese a que aquí no se hizo este cruce¹³.

Si bien aumentan quienes reciben más de 1 y hasta 2 salarios mínimos, en casi todas las entidades receptoras se redujo la proporción de los que reciben más de 2 salarios mínimos, excepto Nayarit y Sinaloa. Esto supone que en el resto de las entidades consideradas el trabajo a destajo se redujo, mecanismo que si bien esconde una sobreexplotación de la fuerza de trabajo, por la estacionalidad de la actividad, en un período muy breve, de 1 a 2 meses, que es el período de cosecha, el jornalero tiene la posibilidad de ganar 2 o 3 mil pesos semanales; después de ese período el trabajo y el ingreso son inciertos.

Se logró que aumentara la proporción de los que reciben hasta 2 salarios mínimos, pero se redujo la de los que ganaban más de 2, excepto Nayarit y Sinaloa, justo en el tercer trimestre, a finales de septiembre cuando tenía que empezar a llegar la población jornalera migrante. Si no llegaron los esperados, por las restricciones de la pandemia en sus lugares de origen¹⁴, la única forma de resolver las cosechas fue intensificando la jornada, lo que se debería traducir en un aumento del salario, pero desafortunadamente se homologó a la baja.

El aumento del deterioro en las condiciones de trabajo es resultado de la ausencia de reglas que garanticen una jornada legal y un salario digno. Lo anterior se corrobora con el comportamiento de las condiciones críticas de ocupación entre la población jornalera.

En la mayoría de las entidades de atracción neta de población jornalera se produjo un incremento significativo en la tasa de condiciones críticas de ocupación.

Si se relacionan los ingresos con la tasa de condiciones críticas de ocupación, CCO, se puede concluir que la baja en la proporción de los que ganan hasta un salario mínimo, como en Baja California Sur, se diluye ante el aumento de los que se encuentran en condiciones críticas de ocupación. El incremento de los jornaleros que están en CCO en Baja California Sur, Chihuahua y Sonora es desproporcionado; a diferencia del comportamiento de la jornada de trabajo y los ingresos, hay altibajos entre entidad y entidad. Casi ningún estado escapa al aumento de la precarización en las condiciones de trabajo de los jornaleros agrícolas, excepto Baja California, Nayarit y Sinaloa.

La aparente caída de la población asalariada en CCO en Sinaloa obedece a la contracción de la población asalariada, y por extensión, de aquella que trabajó en CCO; ello es explicable posiblemente porque no llegaron los migrantes que esperaban y los migrantes asentados lograron presionar por un mejor salario y mejores condiciones de trabajo.

Si se toman los datos absolutos de la población en CCO, encontramos que si bien entre 2019 y 2020 se redujo la población asalariada en el sector agropecuario en términos absolutos, la población en CCO en 2020 es mayor respecto a 2019, al pasar de 1.581 mil a 1.674 mil jornaleros. Si la reducción de la población ocupada está muy concentrada, seguramente afectó a los jornaleros migrantes; en entidades donde aumenta la jornada de trabajo, bajan los ingresos y aumentan las CCO.

El año 2020 concluye para los jornaleros agrícolas en la mayoría de las entidades productoras de cultivos intensivos en mano de obra, frutas y hortalizas con un aumento de los que ganan hasta un salario mínimo y de las condiciones críticas de ocupación.

Haciendo un recuento del comportamiento de los asalariados en el sector agropecuario entre 2020 y 2021, tercer trimestre, encontramos que se corrigieron algunas tendencias en las condiciones de trabajo, no siempre para bien. Entre 2019 y 2020 se perdieron 345.000 empleos de asalariados agropecuarios, en el mismo trimestre de 2021 se recuperaron 335.000 empleos, 10.000 menos de los perdidos en 2020.

Aunque no se tienen datos por posición en la ocupación, la población rural no redujo las proporciones de la pobreza laboral entre 2020 y 2022; se ha mantenido a niveles muy altos, pasando de 51,8% a 51,9% y hasta 52% entre el tercer trimestre de 2020, 2021 y el primer trimestre de 2022. A nivel nacional bajó de 46% en el tercer trimestre de 2020 a 39,9% en el segundo trimestre de 2021 y a 38,8% en el primer trimestre de 2022. Por último, mientras la tcco pasó del 24% al 31,5% entre 2019 y 2020, para 2021 aumentó al 33,6%; la pandemia no fue un pretexto para deteriorar las condiciones de trabajo de los jornaleros agrícolas.

Conclusiones

Durante varias décadas los estudios sobre mercado de trabajo agrícola fueron abordado por teorías como el posfordismo (que permite analizar la flexibilidad en la agricultura), la reestructuración del mercado de trabajo (desde la segmentación de la fuerza de trabajo) y las cadenas y redes globales de producción. Hoy, debido a la COVID-19 se agrega otra categoría, que es “trabajador esencial” y como menciona Macías (2020), si bien los trabajos “poco cualificados” ahora son, excepcionalmente, “trabajos esenciales”, la realidad es que los empleos cruciales –trabajo agrícola- no son los mejor protegidos, sino los más vulnerables.

Se puede concluir que es posible que la COVID-19 haya afectado las condiciones de trabajo de los jornaleros agrícolas, pero no de forma directa; la tendencia al incremento de la precariedad en las condiciones de trabajo de la población jornalera agrícola se produjo desde antes de la pandemia y no se detuvo en los años de 2019 a 2021 -período en que el gobierno declaraba, “primero los pobres” a lo cual contribuyó la COVID-19. Pero la persistencia y agudización de las condiciones de trabajo de la población jornalera agrícola y no su reducción como algunos esperábamos, se debió a la ausencia de políticas de apoyo del gobierno y de instituciones gubernamentales asociadas al trabajo, que provocaron un aumento de la pobreza, en particular de la pobreza en áreas rurales y un aumento de las migraciones de población jornalera a los mercados de trabajo de la agricultura de exportación, migración que se enfrentó a una demanda relativamente estable, lo que permitió que los patrones, ante una oferta mayor de mano de obra, aumentaran la carga de trabajo a los jornaleros.

Pese al deterioro en las condiciones de trabajo y los riesgos de la migración, la población jornalera agrícola siguió saliendo de sus pueblos, porque como lo expresaba un jornalero indígena de la sierra de Guerrero, para ellos no había otra alternativa: “migrar o morir”.

Desafortunadamente, para esta situación no hay respuesta gubernamental: ha pasado más de un año desde la primera medida preventiva y el gobierno no ha emitido ningún comunicado en el que se rescate una propuesta de apoyo a los jornaleros migrantes, ni de prevención a posibles contagios, ni registro de jornaleros contagiados. El año 2021 arribó sin ninguna medida de apoyo a la población jornalera, en particular a la población jornalera migrante y va un año más de pandemia donde sigue sin saberse cuántos jornaleros se han afectado por la COVID-19, ni qué posibilidades hay de que accedan a los servicios de salud, que les den las prestaciones de ley, les regulen la jornada de trabajo y se regulen las cuotas de trabajo. Siguen siendo como en el pasado, trabajadores invisibles.

Referencias

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INEGI. Censo de Población 2020

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Notas

Información adicional

ARK: http://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25912755/1kr2x8k26