Introducción

Sí ha cambiado mucho el mercado de trabajo. Hoy en día cada vez hay más trabajo como antropóloga, hay más proyectos de gobierno y empresas que necesitan de nosotros. Lo malo, es que nos ponen hacer el trabajo sucio. Actualmente nos quieren poner hacer consultas a modo, conseguir información de la comunidad para beneficio de intereses de políticos o de sus productos o desarrollar talleres o mesas de diálogo que al final tienen intereses políticos y económicos que dejan en desventaja a las poblaciones. Y ahí viene el dilema, el desempleo o la ética, así vivimos los que nos dedicamos a la antropología, en constante tensión (antropóloga, 10 años de ejercicio profesional).

Hace algunos años el antropólogo Guillermo de la Peña (2008), aludiendo a la categoría de Erick Wolf cultural broker, señalaba que la labor antropológica consistía esencialmente en la mediación de mundos culturales diversos y desiguales. La antropología, especialmente desde su dimensión etnográfica articulada de manera intrínseca con la experiencia del trabajo de campo, ha sido explorada desde múltiples dimensiones y dilemas entrelosque destacan: la dimensión metodológica, como una herramienta que posibilita el registro de la diversidad cultural (Oemichen, 2014; Hammersley y Atkinsson, 2009; Vázquez y Terven, 2012, 2018); la dimensión social, como un modo de relación entre individuos culturalmente diferenciados a partir de sus identidades (Mosel, 2007; Krotz, 1991; Taylor y Bodgan, 1984); la dimensión ética (Restrepo, 2016; Escamilla y Valladares, 2010, Ruvalcaba, 2008; Narotzki, 2002-2004; Pels, 2000; Krotz, 1993), que cuestiona las relaciones de poder buscando estrategias y recomendaciones para construir una salvaguarda compartida entre los participantes de los procesos de investigación, a partir de un diálogo respetuoso y consensuado de los intereses culturales locales.

La antropología ha sido analizada en los últimos años para conocer una gran variedad de temas que la envuelven en cuanto a su perfil profesional y al trabajo. Algunos estudios abordan la empleabilidad y el egreso de los universitarios al finalizar sus estudios (Castiblanco et al, 2022; Restrepo, 2016), otros la precarización y desempleo (Reygadas, 2019; Sariego, 2007) y algunos reflexionan sobre los cambios que va presentando la profesión a partir del ensanchamiento-contracción a un mercado global de trabajo (Adame, 2006; Escamilla, Salmeron y Valladares, 2007).

Uno de los puntos en los que los estudios sobre la profesionalización de la antropología convergen es en la labor relacionada con eso que se llama trabajo de campo, que se expresa en el desempeño de destrezas ligadas con la gestión cultural, la mediación intercultural, el diálogo de saberes diferenciados, el desarrollo de proyectos, la realización de acciones y políticas sociales, y la aplicación de tácticas y estrategias para el registro de realidades culturales distintas. Dichas actividades son usualmente financiadas por empresas e instancias gubernamentales y, en menor escala, por la sociedad civil organizada.

Todos estos son nichos de empleo para el gremio, pero en todos debemos poner atención cuidadosa a la problemática ética de nuestro desempeño disciplinario. Aun cuando tradicionalmente hemos considerado que la forma en la que hacemos nuestro trabajo y la esencia misma de la disciplina pueden garantizar una visión general y un compromiso social amplio, esto no debe tenerse como un absoluto (Escamilla, Salmerón y Valladares, 2007: 407).

Es en el momento de estar ahí del trabajo de campo donde observamos el escenario en el cual emergen una gran cantidad de dilemas éticos a partir del encuentro-colisión con la alteridad representada por los intereses locales, gubernamentales, empresariales y aquellos que ejercen la profesión de la antropología.

Sin embargo, los dilemas éticos dentro de la disciplina son apenas abordados en los programas de formación universitaria. Actualmente, en México —un país con una tradición centenaria de la antropología como profesión— la gran mayoría de universidades de instrucción de la llamada ciencia de la cultura no tienen, dentro de sus programas curriculares de estudios a nivel licenciatura, una materia específica en ética para el trabajo de campo, dejando este tema a la sombra de algunas lecturas, protocolos, cursos breves o unidades complementarias de conocimientos, mostrando un archipiélago de dudas en la formación y dejando un mar de incertidumbres en el ejercicio profesional cuando se convierten en egresados y se desarrollan dentro del mercado laboral.

Y si no es en el ámbito universitario, ¿desde dónde toman los parámetros o guías para la realización del ejercicio ético de la antropología? ¿Cuáles son los principales dilemas éticos que viven los profesionales de la antropología? ¿Cómo concilian la dimensión ética con el desarrollo profesional de sus empleos?

El presente artículo tiene como objetivo analizar los mecanismos y las formas en las cuales los profesionistas de la antropología —especialmente desde la realización de trabajo de campo y etnografía— resuelven dilemas éticos que emergen en el desarrollo de su trabajo. Estas interrogantes se organizan y desarrollan a partir de la observación de la situación social[1], la cual consiste en “analizar un conjunto de eventos en un lapso temporal relativamente estricto, la descripción de un evento que ilustra la operación de algún principio general y la elaboración del estudio del material dentro de la secuencia de eventos” (Gaztaña, 2014: 43). En este sentido, contextualizamos la antropología como ciencia iniciada en 1922, encontrando con el indigenismo una de sus principales momentos de debate sobre el ejercicio profesional. Así mismo, se describe como un momento ilustrativo de la permanencia del debate la elaboración de un código de ética por parte del Colegio de Etnólogos y Antropólogos, y se profundiza a partir del contenido de las distintas narrativas provenientes de entrevistas realizadas entre una docena de antropólogos y antropólogas que cuentan con más de una década de ejercicio profesional de la disciplina y que trabajan en distintos centros de investigación gubernamental, universidades y organismos de la sociedad civil distribuidos en cinco ciudades del territorio mexicano. Las entrevistas nos permiten concluir que la ética en la antropología es un debate permanente, que requiere de un conjunto amplio de acciones para su desempeño.

Las entrevistas se derivan del proyecto La ética en la antropología. Conflictos, discursos y estrategias, desarrollado desde el área de antropología en la Universidad Autónoma de Querétaro. En una primera etapa, este proyecto envió por correo electrónico un cuestionario temático sobre dilemas éticos, el cual fue contestado por 20 personas que en su totalidad manifestaron interés en participar; sin embargo, por dificultades de agendas laborales, solo se pudieron realizar doce entrevistas: 4 de manera presencial y 8 de manera virtual mediante la plataforma de Zoom. La etapa de realización de cuestionarios y entrevistas se llevó a cabo entre 2020 y 2021. Las personas participantes fueron siete antropólogas egresadas de escuelas de antropología en México, el 60% con estudios de posgrado, el 20% con estudios de doctorado con edades entre 33 y 47 años. Participaron también cinco antropólogos egresados de escuelas de antropología en México, el 80 % con estudios de posgrado, el 50% con estudios de doctorado con edades entre 35 y 58 años. La persona participante más joven tiene 33 años, la más longeva 58. Siete de los entrevistados radican y ejercen su profesión en la ciudad de México, uno en Oaxaca, otros en Chiapas, Quintana Roo, San Luis Potosí y Querétaro.

Los datos que aquí se incluyen cuentan con el consentimiento de los sujetos que formaron parte de la investigación, y se omiten los nombres propios en virtud de conservar la confidencialidad de sus identidades.

Breve esbozo de la ética profesional en la antropología mexicana

Si asumimos que en México la publicación de Manuel Gamio La población del Valle del Teotihuacán (1922) es la primera obra de la práctica antropológica en la que se exponen situaciones y recomendaciones para el desarrollo económico, social y cultural de la región, hablaríamos entonces de una tradición del ejercicio de disciplina con al menos un siglo de vida. A lo largo de esa vasta y variada existencia, la antropología ha tenido distintas etapas en las que su misión, su método y su discurso ha sido reflejo del espíritu del tiempo de la sociedad de la cual emerge (Palerm, 1980). Desde este punto de partida, hablamos de una gran diversidad de experiencias del ejercicio profesional que han sido cuestionadas y pensadas, sobre todo desde sus implicaciones éticas.

Para nuestro país, el indigenismo presentó, desde mediados del siglo pasado, un conjunto amplio de usos y abusos de la antropología institucionalizada desde el Estado (Korsbaek y Sámano, 2006; Bonfil, 1979, 1987) expresado mediante la imposición lingüística del español, la crítica construcción de presas (Bartolomé, 1997) y la implementación sin consentimiento de programas de salud reproductiva hacia mujeres indígenas (Zolla, 2011), hasta la actual mediación intercultural para la venta de la tierra (Plata Vázquez, 2016), la patrimonialización de la cultura (Vázquez y Montes de Oca, 2022) y el desarrollo de megaproyectos vinculados con energía y transportes(Gasparello y Núñez, 2021).

Sin embargo, en cuanto a los esfuerzos por establecer acciones ligadas a la formación ética dentro de la praxis de los antropólogos y antropólogas, especialmente en el desempeño profesional del trabajo de campo, la producción de conocimiento no ha sido tan abundante. En un artículo indispensable para la reflexión, Legarreta, Letona y Hernández señalan una razón por la cual sucede lo anterior: “Para el caso mexicano se trata a la ética como un objeto de estudio, no como un problema de ejercicio profesional circunscrito en un contexto nacional y a las lógicas del mercado globalizado” (Legarreta, Letona y Hernández, 2016: 21), de tal manera que el tratamiento de la ética emerge desde un posicionamiento abstracto y no inscrito en un contexto “vinculado con los conocimientos, destrezas y aptitudes que debe tener una persona para resolver los problemas propios del trabajo” (Hirch, 2003, p.15).

El tema de la ética ha sido desarrollado de manera profunda y amplia desde la filosofía, y comprende desde la ética en general —vinculada hacia las discusiones de la metafísica y la antropología filosófica— hasta la ética aplicada, rama de la cual se desprende la ética social, médica, internacional y profesional. Entendemos a la ética profesional[2] como:

La condición de posibilidad y realización del bien social y la justicia colectiva e individual. Tiene un doble cometido: utiliza en la actividad profesional criterios y principios de la ética básica, y aporta criterios o principios específicos. Su objetivo es proporcionar los elementos que se requieren para estructurar un proceder ético habitual en el mundo del ejercicio profesional. (Hirch, 2003: 9).

La anterior definición nos aporta distintos derroteros para comprender que el campo de la ética profesional, en antropología, enfrenta múltiples dilemas y conflictos derivados de una tensión permanente entre esquemas culturales diferenciados, donde la comprensión sobre el bien social y la justicia no será lo mismo para las personas y colectivos socialmente diferenciados que participan en esta relación. La antropología, como un ejercicio profesional, expresa una gran diversidad de formas y momentos en la que el trabajo de campo y su vinculación con la etnografía se convierten en los puntos de mayor tensión; el estar ahí implica un posicionamiento de responsabilidad y autonomía en el ejercicio de acciones para abordar una situación culturalmente diferenciada.

Así mismo, pone en evidencia que se trata de un conjunto de acciones vinculadas con el deber ser dentro de la realización del ejercicio profesional, que se encuentra en constante gestión de dilemas que se visualizan y comprenden cuando se están expresando o ya se han expresado a manera de conflictos y problemáticas. Para Gazzotti:

La mayor reflexividad sobre el tema parece estar asociada a momentos o situaciones en que se problematizan los comportamientos de los profesionales; se cuestionan los usos y los alcances de las producciones antropológicas o se buscan establecer compromisos y responsabilidades comunes para las prácticas mediante la creación de códigos deontológicos (Gazzotti, 2016: 74) .

La afirmación que hace la autora para el caso de la antropología en Argentina es pertinente para la antropología en México. A partir de críticas al ejercicio profesional de la disciplina se ha generado un conjunto de reglamentos para la realización del trabajo de campo, apoyos didácticos para la labor etnográfica y algunos códigos de ética construidos específicamente por asociaciones de profesionistas. Una de ellas es el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales (CEAS), asociación que aglutina una gran diversidad de antropólogos y antropólogas que desempeñan una amplia variedad de temas y enfoques para el ejercicio de la antropología en México. La iniciativa de generar un código de ética desde el CEAS [3] tiene por objetivo la generación de lineamientos para la práctica profesional de la antropología. Según su página web:

El Código de Ética del Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales fue aprobado por unanimidad en la Asamblea General de socios del 4 de diciembre de 2014. Este código ético ofrece una guía de comportamiento social y científicamente responsable para la comunidad antropológica, así como una guía ante los dilemas éticos que se presentan durante la investigación, la docencia y la práctica profesional (CEAS, 2023).

La existencia de dicho código es un gran avance para la reflexión y el análisis de problemáticas generadas alrededor del quehacer antropológico. Su función, como bien lo indica, es guiar comportamientos en los distintos momentos en los que se desenvuelve la práctica disciplinaria; sin embargo, tiene sus puntos críticos en el proceso de construcción y legitimación, su escasa difusión fuera del CEAS, la falta de monitoreo y seguimiento de su aplicabilidad y su precario análisis político y económico de los dilemas heterogéneos y cambiantes que se viven dentro los temas emergentes sobre los que se ejerce la profesión.

En la obra monumental de Luis Reygadas Antropolog@s del milenio. Desigualdad, precarización y condiciones laborales de la antropología en México (2019), el autor muestra dicha heterogeneidad y dinamismo, propios del mundo neoliberal en el que vivimos[4]. Cuando habla del campo laboral en empresas privadas, señala que:

Una asignatura pendiente para las instituciones formadoras de antropólogos y para el Colegio de Etnólogos y Antropólogos Sociales es discutir si sería conveniente que se incrementara la cantidad de antropólogos que trabajan en las empresas, y en caso afirmativo, con qué herramientas y desde qué perspectivas, incluyendo la discusión sobre las implicaciones éticas del trabajo en este sector (Reygadas, 2019: 53).

En la obra de Reygadas se registra una buena parte de la enorme variedad de expresiones y dimensiones del campo laboral de la antropología en México. Entre ellas podemos ubicar temas en los que los principios y protocolos ligados con la ética en el trabajo de campo se discuten más que en otros, por ejemplo: la antropología médica, la etnografía con poblaciones indígenas, con mujeres indígenas, con niños, con niños indígenas, con mujeres ligadas a distintos tipos de violencia, con niños y jóvenes en situación de calle, con jóvenes y disidencias sexuales, con juventudes y drogas, la educación intercultural, los megaproyectos y el extractivismo de mercado.

En estos ámbitos es importante destacar que, a nivel nacional, se cuenta con leyes y normas vinculantes que coadyuvan en la salvaguardia de los interlocutores, como las leyes relacionadas con los derechos de personas y comunidades indígenas, las leyes para la prevención de la discriminación, las normativas vinculadas con los derechos de los niños, los jóvenes y las mujeres y las leyes nacionales asociadas a los protocolos de acción para la aplicación de proyectos de desarrollo, los cuales consideran la consulta previa e informada como uno de sus principales garantes éticos. Aunado a lo anterior, existen códigos y normas universales a las cuales ha adherido el Estado mexicano para la salvaguarda de los derechos humanos y la protección de sujetos participantes dentro de investigaciones (Hall, 2018). Sin embargo, la aplicabilidad de dichos principios universales para la protección de los sujetos que participan en la investigación no es tarea fácil. Tal y como lo señala Adler Hellman (2015) desde una visión crítica de su aplicación, reflexionando sobre el contexto de violencia que caracteriza a América Latina y el Caribe “los protocolos de investigación comprometen seriamente nuestra capacidad de movernos de manera silenciosa y discreta al tiempo que desarrollamos una mejor apreciación de la situación en la que nos encontramos” (Adler, 2015: 108).

Por otro lado, dentro de la información que ofrece el sitio web oficial de la Red Mexicana de Instituciones de Formación en Antropología (RED MIFA) de México, dentro de los planes de estudio de antropología no se encontraron materias básicas especializadas en la aplicación ética de la práctica antropológica, lo cual ofrece una gran oportunidad para el posicionamiento didáctico del tema dentro del proceso formativo de los estudiantes. En ese mismo sitio web se alberga un gran repositorio de información de eventos, cursos y diplomados que se realizan desde universidades y centros de formación de antropología a nivel nacional. Al utilizar su buscador con la palabra ética, aparecen los siguientes resultados: “Curso intensivo en ética de la investigación” (UAEM, 2018), “Seminario permanente de bioética” (CEAS, 2018), “Seminario permanente de etnografía e interdisciplina” (INAH, 2022-2023), “Segunda mesa redonda: la dimensión ética de la vida académica perspectivas de las ciencias sociales y humanidades” (UNAM, 2018)[5]. Lo anterior expresa un interés diverso por la realización de acciones académicas paralelas a la formación disciplinar, lo cual muestra una preocupación para la reflexión temática y conjunta que puede ser enfatizada en temáticas vinculadas con el estar ahí del trabajo de campo y la gestión del conocimiento producido.

Parafraseando el título del provocador libro de Umberto Eco En qué creen los que no creen, consideramos que es indispensable conocer a partir de qué principios, normas, lineamientos o conocimientos dirigen su actuar ético los profesionales de la antropología en el trabajo de campo, ya que, como lo hemos observado de manera paisajística en este breve apartado, más allá de los códigos gremiales nacionales, los reglamentos para el trabajo de campo escolares y las reuniones, cursos o diplomados ligados con el tema, no existe una formación académica integral, dinámica y permanente en las universidades donde se imparte antropología en México.

Entre búsquedas y controversias. Aproximaciones a la ética contemporánea en la práctica antropológica

Robert Hall, especialista en ética de la investigación en las ciencias sociales, señala que es importante conocer las distintas dimensiones en las cuales se desenvuelve un ejercicio profesional ético, con el fin de ubicar retos y posibilidades en la formación de antropólogos y antropólogas con habilidades aplicables a dilemas emergentes en situaciones de trabajo de campo. En ese sentido, se recomienda conocer tres dimensiones del ejercicio in situ de la profesión: la primera consiste en conocer la relación que han tenido los colegas con los comités de ética; la segunda está relacionada con describir los principios y/o pautas éticas que conocen para la realización de su trabajo; y la tercera se enfoca en analizar los dilemas éticos que han experimentado desde la antropología. A partir de estos tres ejes temáticos se presentan los siguientes resultados:

La experiencia de investigación/intervención antropológica y su vinculación con comités de ética

Es representativo que las y los entrevistados, a pesar de tener una experiencia de al menos diez años en el ejercicio profesional de la antropología, no han tenido hasta el momento una experiencia de vinculación con los comités de ética. Una de las razones principales tiene que ver con la presencia incipiente de dichos comités en centros de investigación; lo relacionan con que, dentro de las instituciones, el tema es reciente y que en la gran mayoría de los casos la realización de sus proyectos no tiene fondos de financiamiento, con lo cual no se vuelve necesario su vinculación. Algunos señalan que, en el caso de que se quiera competir por fondos de investigación y estos estén articulados con la vinculación a un comité de ética, este tipo de requisitos complejizan, burocratizan y dificultan aún más la realización de investigaciones, en especial aquellas que tienen que ver con las ciencias empíricas. Mencionan que la aplicación del consentimiento previo de participación en investigación requiere de tiempos y presupuestos específicos para su ejecución debido a que:

Solo se trata de llegar y que te firmen el formato de consentimiento previo, se trata de explicar, de debatir, a veces de esperar a las autoridades locales, de comprender el tiempo local, de esperar a que le den cita los órganos comunitarios, de ir varias veces a buscar a las personas. A veces sucede que las personas, sobre todo en comunidades indígenas, son ancianos, son monolingües y no saben leer y escribir (antropóloga, 12 años de experiencia).

También señalan que el consentimiento previo y escrito es una práctica que en muchas ocasiones presenta múltiples dilemas relacionados con las malas experiencias que han tenido las personas en cuanto al manejo de la cultura escrita a partir de documentos, de firmas y, en algunos casos, de avales oficiales como identificaciones dentro de proyectos gubernamentales y partidos políticos donde han sido engañados, defraudados o simplemente utilizados con fines electorales ajenos a sus necesidades comunitarias.

En este sentido, observamos que en nuestro país —dentro de las instituciones de investigación y docencia de la antropología— los comités de ética no son numerosos y llevan poco tiempo de instaurados; además, sus funciones normativas no quedan claras. El surgimiento de los comités es ambiguo y, en muchas ocasiones, se perciben como un nuevo coto de poder asociado a un grupo de investigadores hegemónico que controla y centraliza el tema.

A pesar de que ninguno de los investigadores participantes ha sometido a un comité de ética algún proyecto de investigación, todos han realizado, en los últimos tres años, proyectos de investigación antropológica por medio de trabajo de campo con sujetos humanos pertenecientes a comunidades indígenas, sectores urbano-populares, mujeres, mujeres en situación de violencia, tercera edad, ancianos, promotores culturales, promotores comunitarios, jóvenes en situación de violencia por el narcotráfico, operadores del sistema de justicia, adolescentes en conflicto con la ley penal y pueblos y barrios originarios de la Ciudad de México.

Es relevante que, para la mayoría de los participantes, la existencia de los comités de ética, lejos de ser espacios pedagógicos para la formación y adhesión de conocimientos nuevos, necesarios y pertinentes a su ejercicio profesional, son interpretados como espacios normativos, regulatorios y sancionadores que obstaculizan su labor. Tal y como lo señala un profesionista en el libro de Reygadas, “no interferir en la libertad académica, por favor (ni con pre-textos de regulación laboral ni de ética”. Los códigos de ética o los comités o asociaciones articuladas al ejercicio profesional son comprendidos desde una percepción regulatoria, hegemónica y homogeneizante, que más que dar guías para el ejercicio profesional perfectible, se perciben como organismos que asfixian y constriñen la libertad creativa para la resolución de dilemas.

Los principios y/o pautas éticas que conocen para la realización de su ejercicio profesional en antropología

En el diseño de la investigación partimos de la idea que los antropólogos y las antropólogas en México tienen una incipiente y lejana relación con los comités de ética. Sin embargo, esto no quiere decir que carezcan de una visión o de un conjunto de principios éticos que guían la realización del ejercicio profesional de la disciplina. Ante este panorama nos es indispensable conocer ¿cuáles son esos principios?, ¿cómo se aplican? y ¿en qué acciones, dentro de la praxis antropológica, los ubican? Agrupamos la información obtenida en las siguientes dimensiones:

Trabajo de campo

Todos los participantes de la investigación manifiestan que cualquier intervención antropológica que articule sujetos humanos tiene que pasar por un proceso de consentimiento. La mayoría señala que antes de iniciar las labores vinculadas, por ejemplo, con el trabajo en la comunidad, se debe contar con el consentimiento previo de autoridades locales, organismos comunitarios y/o tradicionales y asambleas o colectivos. Algunos señalan que una fase importante antes de la realización de actividades ligadas al trabajo de campo está relacionada con la elaboración rigurosa de un protocolo de investigación donde se detallan los objetivos, las metas, así como las estrategias metodológicas que se utilizarán como modos de relación con los sujetos participantes.

Preparación, con la debida anticipación del protocolo de investigación, a fin de tener la mayor claridad posible sobre los alcances, propósitos, estrategias, actividades, instrumentos, herramientas y técnicas de investigación. No es ético ir a campo, utilizar el tiempo de las personas, generar expectativas entre la población que no serán satisfechas, debido a la improvisación, la irresponsabilidad y la falta de rigor científico, en este caso realizando trabajo de campo (antropólogo, 30 años de experiencia profesional).

Para el momento de trabajo in situ, todos los sujetos consultados mencionaron el consentimiento como principio básico en la entrada al trabajo empírico. Lo interesante de ello es que se comprende el consentimiento o la petición del permiso como una situación colectiva y vertical, donde se solicita a la autoridad local correspondiente la debida audiencia para la presentación del proyecto de investigación, el cual valora y otorga el permiso para la investigación. En ninguno de los casos se menciona que se realiza de manera individual, usualmente es un consentimiento de voz y de forma grupal, a veces mediante asambleas comunitarias o reuniones colectivas con lo cual se expone el investigador a resolver las distintas dudas que los sujetos puedan tener.

Para el trabajo de campo se organiza en sentido de informales a las personas el objetivo del proyecto, las técnicas a utilizar (entrevistas, recorridos de campo, talleres, etc.) y, según sea el caso, el producto que se generará del mismo; esto con el fin de que las personas puedan estar enteradas para qué es la información que nos están proporcionando y sepan los alcances del proyecto. En este sentido, es importante pedir autorización para grabar las entrevistas o generar un acervo fotográfico (antropóloga, 10 años de experiencia profesional).

Durante el desarrollo de las actividades vinculadas con el trabajo de campo, la presencia cotidiana del investigador y la aplicación de tácticas y estrategias para el registro de la realidad cotidiana, se menciona también que:

Dichos sujetos deben ser respetados en todos los aspectos: su forma de hablar, de comer, de creer, de relacionarse; en muchos casos se generan lazos de confianza y amistad, que pueden llevar a confidencias que deben ser celosamente resguardados; la investigación debe ser realizada por verdaderos “militantes” de la capacidad de escuchar, de comprender, de proteger la información, la honra y la dignidad de las personas que se comunican con el investigador (individual o colectivo) (antropólogo, 30 años de experiencia profesional).

La manera en la cual la mayoría de antropólogos y antropólogas consultados han obtenido la información para la realización de dichas posturas éticas ha sido mediante su participación en cursos y congresos donde se ha debatido el tema por medio de conferencias, capacitaciones en sus centros de trabajo, estudio de videotutoriales, la lectura de artículos académicos relacionados y la aplicación de protocolos normativos de consentimiento previo e informado, que por ley se deben de aplicar en el trabajo de campo, por ejemplo, en comunidades indígenas.

Privacidad de la información

La información es poder, y por lo tanto su producción y utilización debe de ser responsable. En las investigaciones antropológicas, donde el investigador desarrolla un vínculo cercano con los sujetos, donde comparte su cotidianidad, sus afectos y dilemas, una y otra vez se ventilan situaciones íntimas en las que se plasman las asimetrías colectivas desde los ámbitos familiares relacionados con el género y la generación, hasta aquellos promovidos por la desigualdad económica y política. De tal manera, la información construida mediante diálogos personales y colectivos debe ser utilizada de manera responsable y respetuosa. Para todos los sujetos consultados, el manejo de información producida se presenta principalmente con su uso.

La mayoría de los antropólogos y antropólogas consultados considera que la privacidad de la información debe existir para la protección de los intereses individuales en contextos culturales específicos. Esto quiere decir que su uso tiene que evitar poner en situaciones de riesgo a los sujetos dentro de problemáticas colectivas como conflictos familiares alrededor de la tenencia de la tierra, uso de espacios comunes y comunitarios, utilización individual de capitales simbólicos o identitarios, uso de nombre e identidad de las personas en relación a situaciones de violencia o con fines políticos y religiosos.

Solicitar permiso a cada colaborador(a) que participará en la investigación sobre publicar o utilizar información personal o privada, desde el uso del nombre propio hasta datos sobre su familia y vivienda (antropóloga, 11 años de experiencia profesional).

Todos los participantes consideran que la información producida en trabajo de campo le pertenece al investigador, siempre y cuando tenga el consentimiento para su uso o permiso. Sin embargo, en pocos casos se menciona el modo de gestión que se realiza con los informantes, en qué términos de duración de sus acuerdos o bajo qué condiciones y términos se plantearon.

Recuerdo también en una ocasión donde estábamos en una comunidad haciendo un diagnóstico sobre plantas comestibles, y en medio del recorrido uno de los informantes nos dijo, bueno todo esto que les he ido contando es conocimiento del pueblo, si lo van a publicar tiene que pedir permiso a la asamblea, porque si ustedes lo publican y la comunidad se entera, yo voy a tener un gran problema, porque este conocimiento yo lo he compartido con ustedes pero no con la gente con la cual paga las revistas o libros que ustedes publican (antropólogo, 13 años de experiencia profesional).

El desenlace de esta narrativa registrada fue que en asamblea se determinó dar el permiso para hacer la publicación de algunas plantas y recetas con la salvedad de que se omitiría el nombre de la comunidad para procurar la privacidad de su conocimiento. También se acordó que ese permiso tendría que solicitarse cada año mediante asamblea.

La gran mayoría de los entrevistados desconoce las leyes o principios relacionados con la privacidad de la información, los protocolos vinculados para su utilización, así como las formas en las cuales se gestionan sus posibles permisos en cuanto a términos y condiciones. Aquellos que tienen información al respecto mencionan que la han aprendido dentro de espacios exclusivamente académicos posteriores a su formación universitaria, lo cual nos manifiesta una enorme área de oportunidad dentro de los procesos de formación de profesionistas en este país.

A nosotros nos obligaron en el trabajo a ir a una capacitación sobre el protocolo de Nagoya, que tiene que ver con la biodiversidad y la participación justa y equitativa de los posibles beneficios que se generen en relación al uso del conocimiento sobre una especie. Esto ni de lejos lo vimos en la escuela (antropólogo, 12 años de experiencia profesional).

Beneficencia de los sujetos

La mayoría de los sujetos entrevistados manifestó que este es un tema problemático y de especial interés, debido a que en múltiples ocasiones es incomprensible el modo en el cual se benefician directamente los sujetos dentro de investigaciones antropológicas. En la gran mayoría de experiencias de investigación antropológica no hay un producto determinado u objeto medible y verificable que se produzca durante el proceso de trabajo de campo. Usualmente los beneficios colectivos de una investigación son desconocidos por los habitantes de los contextos donde se realizan, a excepción de aquellos lugares donde se ha invitado a los antropólogos y antropólogas a realizar un determinado proyecto considerado como necesidad local.

De tal manera que la beneficencia de los sujetos se verá plasmada si la construcción de conocimiento llega a convertirse en un producto tangible, como un diagnóstico cultural, un peritaje antropológico, una monografía comunitaria, un catálogo de patrimonio, un portafolio de imágenes sobre elementos de identidad y memoria o cualquier otro documento escrito o visual que pueda ser herramienta de gestión local colectiva y con ella obtener beneficios. Es importante señalar que, debido a las experiencias de un modo de relación paternalista y populista desarrollado en México los últimos 80 años, las poblaciones buscan participar en proyectos cuando hay un incentivo directo, algún recurso económico, servicio u objeto, de tal manera que, en la mayoría de las investigaciones antropológicas, al no tener recursos para ello, son difíciles de ubicar los beneficios directos de los sujetos.

Ser cuidadoso en garantizar que los colaboradores entiendan los beneficios de la investigación, ya sean directos o indirectos, así como especificar si habrá algún tipo de retribución económica, la manera en cómo será distribuida y asegurarse que ésta sea en acuerdo con los grupos y autoridades locales (antropóloga, 14 años de experiencia profesional).

Sin embargo, la mayoría de los consultados señaló que en varios casos la población reclama y critica el usufructo extractivista del conocimiento. Los antropólogos y antropólogas son beneficiarios, al crear desde insumos comunitarios hasta productos académicos en los que se gestionan y se obtienen beneficios para los colegas a partir de la publicación de libros, artículos, realización de exposiciones fotográficas, participación en congresos mediante conferencias temáticas o en arenas vinculadas con concursos, premios y reconocimientos donde de manera moral y económica se reconoce al investigador.

Dilemas éticos que han vivido en su ejercicio profesional

Todos los consultados mencionaron haber tenido dilemas éticos en la realización de su ejercicio profesional. Los principios que les han guiado para resolverlos provienen de una ética aprendida de manera superficial en su formación universitaria, así como en el conocimiento de códigos de ética gremiales, reglamentos de trabajo de campo universitario o protocolos gubernamentales para la investigación con sujetos humanos y capacitaciones laborales. Los entrevistados señalan que se toman decisiones a partir de la experiencia, el criterio o la conciencia cuando están en medio de dilemas en el desarrollo de actividades en campo. Del mismo modo, a pesar de que en algunos proyectos de investigación, gestión o intervención tienen lineamientos y recomendaciones para actuar, muchas veces son entendidos como limitados y limitantes para una realidad social diversa y llena de contingencias específicas para cada situación.

Por cuestión de espacio se muestra a continuación solo uno de los casos donde los sujetos consultados en la investigación expresan sus dilemas éticos:

En el año 2013, junto con cuatro colegas, dos de ellos lingüistas, estuvimos trabajando en la documentación de las variantes del otomí en tres municipios. Fue un proyecto financiado por el INALI, por ello se contaba con presupuesto para retribuir económicamente a los colaboradores. Particularmente en el municipio “C” se eligió a cuatro colaboradores de la comunidad de “EME”, el criterio de selección tuvo que ver con el dominio de la lengua que se había observado con anterioridad. En esa ocasión se informó a las autoridades locales sobre esta investigación y se le informó que los colaboradores tendrían esta retribución económica. Sin embargo, conforme se avanzó en la documentación hubo disgusto y enojo en la comunidad por el hecho de que se escogieron tales colaboradores y no otros, se puso en cuestión el nivel de conocimiento de la lengua de los colaboradores en el proyecto, argumentando que había otros hablantes que lo habían adquirido en clases de otomí impartidas por el INEA. El hecho de que los colaboradores del proyecto recibieran una retribución económica despertó la inquietud en la comunidad y en algunas personas, quienes no dejaron de señalar que esto era arbitrario puesto que no se consultó a la comunidad sobre quiénes podrían haber participado y quiénes tendrían mayor conocimiento sobre la lengua, fue un dilema que puso en cuestión la forma en que nos acercamos a los hablantes y los protocolos que no se hicieron para consultar a la comunidad sobre quién podría participar en el proyecto y cómo se iba a distribuir el recurso disponible, así notamos que el incentivo económico fue el factor que despertó la inconformidad de los habitantes, a pesar de que el propio delegado consideró que la manera de proceder era la correcta y que algunos habitantes se mostraran molestos por la forma de reaccionar del sector inconforme (antropóloga, 10 años de ejercicio profesional).

Este testimonio muestra, de manera clara, cómo las situaciones planeadas a priori dentro de un proyecto pueden ser superadas por la realidad. En este caso, al vincularse con los interlocutores y colaboradores, el proceso de selección y conformación del equipo estuvo orientado desde la autoridad institucional reconocida por Estado, que en este caso fue el delegado municipal. Sin embargo, podemos comprender que se trata de una autoridad de corte gubernamental y que proviene de alguna articulación política y, por lo tanto, puede ser que desde lo local solo tenga representatividad para algunas personas; es necesario pluralizar la noción de autoridad local para que permita una mayor diversidad de voces en la representación de aquello que se comprende como la jerarquía normativa comunitaria. Plantear el incentivo económico a modo de beneficio siempre acarrea situaciones de disputa por no ser explícitos en los criterios y perfiles para obtener ese recurso, ya que todas las comunidades tienen experiencias ligadas al clientelismo y paternalismo, que agregan desde un factor histórico complejidad a la situación.

Como lo podemos observar, una acción o un proyecto que se diseña ex situ siempre tendrá dilemas en su articulación con la realidad, y el modo en que lo resuelven los profesionales en la antropología requiere de mayores conocimientos y habilidades para mediar dichas tensiones.

Apuntes finales

La antropología en México, a lo largo de los últimos cien años, ha experimentado un conjunto diferenciado de paradigmas y transformaciones relacionados al espíritu del tiempo de la sociedad que la produce. En estas transformaciones los modos de relación con los sujetos de investigación han cambiado, en ocasiones orientados por un espíritu gubernamental paternalista e integracionista y en otras mediante una reflexión crítica basada en el compromiso social y la militancia política:

En términos generales, el problema de la ética en la práctica antropológica se ha venido asociando con la cuestión de un compromiso político habitualmente entendido como progresista. En los debates que sobre esta cuestión se iniciaron a mediados de la década de los sesenta del siglo XX, rara vez se ha planteado considerar ético -es decir como una conducta acorde con una determinada idea de “beneficio para la humanidad”- la colaboración de antropólogos con el proceso colonial o con el imperialismo estadounidense y su lucha anticomunista, o, de forma más suave, con ciertas políticas represivas de la emigración (Narotzky, 2004: 112).

Estas distintas etapas vistas desde el interior del país generaron principios éticos consuetudinarios que observaron en el respeto a la diversidad, en el compromiso con las sociedades históricamente marginadas y excluidas un actuar en búsqueda de su beneficio propio. Sin embargo, a finales del siglo XX, estas lógicas internas se vieron trastocadas por un sistema normativo universalista donde las formas éticas de los profesionales del gremio se encontraron con principios y protocolos nacionales y globales dejando al libre albedrio profesional la toma dediciones en cuanto la responsabilidad y la búsqueda del beneficio personal y colectivo.

En México, el código de ética del CEAS significó un avance en cuanto a la reflexión colectiva de un sector preocupado por los bordes éticos de la antropología como profesión y sus múltiples desempeños articulados frente a la gestión de la diversidad y sus dilemas. No obstante, a casi diez años de su publicación se requiere de una renovada convocatoria para su discusión, ya que en su actualización se “articularan en debates colectivos respecto de los valores que debían orientar las prácticas de la disciplina y los comportamientos de los profesionales”(Gazzotti, 2016: 72), lo cual siempre traerá buenos resultados dentro de un gremio donde el ejercicio de la profesión está atravesado por relaciones sociales políticas y económicas que tienen injerencia directa en la vida de identidades.

Así mismo, con la reactivación de su reflexión y debate del código, se puede posicionar a la ética profesional de manera formativa e integral, y puede tener resultados positivos en el fortalecimiento de habilidades y conocimientos entre las personas que desarrollan la profesión de la antropología y aquellas que la contratan.

Cuando requerimos los servicios de un profesional, esperamos de él no sólo competencia (dominio de los conocimientos teóricos y prácticos de su profesión), sino también una utilización adecuada de esa competencia, una conducta profesional ética (Hirsch, 2003: 15)

A partir de los resultados de la investigación que sustenta el presente texto, podemos señalar que existe un enorme desconocimiento sobre pautas y principios éticos, construidos de manera colegiada, para la salvaguarda de los sujetos humanos que forman parte de las actividades de investigación. En las distintas entrevistas podemos observar que los lineamientos o criterios que se utilizan provienen del análisis personal que va desde la experiencia previa en situaciones “parecidas”, hasta alguna postura política o militancia que se tenga respecto al modo de hacer antropología, cayendo en algunas ocasiones en esencialismos y paternalismos ligados a una visión romántica de la otredad.

Estos criterios constantemente vienen desde el fuero particular y situacional más que de una reflexión producida en colectivo, previa y/o guiada a partir de lineamientos, protocolos o recomendaciones. Lo anterior pone en manifiesto la necesidad de la enseñanza de la ética profesional desde los programas de estudio universitario, no de manera abstracta o revisionista, sino adecuada y vivencial a las distintas facetas del trabajo antropológico, principalmente en los ámbitos ligados con el trabajo de campo, la privacidad de la información, la beneficencia de los sujetos y la gestión del conocimiento producido dentro de los estudios. Tal y como señala Reygadas:

Hay que impulsar el ejercicio profesional de la antropología con rigor académico, sentido crítico y congruencia ética, abierto a trabajar con muy diversos sectores y en distintos campos. Es mejor que esta apertura de la práctica profesional se aprenda desde las universidades, en compañía de los maestros, en grupo, a que cada egresado se enfrente en solitario a tratar de conseguir un empleo en actividades que fueron estigmatizadas en las aulas (Reygadas, 2019: 229).

Entendemos que la mayor reflexión sobre los códigos de ética nacionales existentes y la apertura de cursos dentro de programas curriculares de estudios no resuelven la necesidad de la formación ética en antropología, pero sí contribuyen de manera importante a ensanchar los principios personales y situacionales por aquellos construidos, reflexionados y acordados en colectivo buscando continuamente el equilibrio entre la autonomía, la responsabilidad y la competencia profesional, así como los principios universales vinculados con el respeto de los derechos humanos y los usos y costumbres locales pertinentes a la diversidad cultural con la cual nos encontramos en trabajo de campo. Se trata, entonces, de “plantear la necesidad de la comunicación entre los antropólogos/as y sus producciones” (Narotzky, 2004:140).

Tanto la obra de Reygadas como las entrevistas realizadas en el presente proyecto nos ofrecen múltiples posibilidades de pesquisas para seguir profundizado sobre los dilemas éticos en la profesión de la antropología. El análisis de la situación social de Gluckman permitió un adecuado ordenamiento de la información, situando las narrativas de las entrevistas dentro de un proceso extendido en el que pudimos visibilizar la tensión entre los modos autónomos de resolución de dilemas éticos profesionales y los procesos de elaboración e implementación de reglas y normas que guían el ejercicio profesional colectivo.

Finalmente, podemos afirmar que el posicionamiento equilibrado entre la ética y el ejercicio profesional pueden tener consecuencias favorables en el momento de enfrentar dilemas éticos y también comprender las relaciones laborales dentro de un mercado de trabajo. Ser reflexivos con los modelos de gestión de la antropología y el conocimiento que produce, nos llevará de manera inevitable a seguir en la búsqueda de respuestas creativas que vayan más allá de la instrumentalización de nuestra disciplina.

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Notas