Resumen: Las ferias populares urbanas están fuertemente asociadas al espacio público y al desarrollo de las ciudades. Se trata de geografías que propician el encuentro entre personas, al involucrar una serie de actividades que acostumbran a trascender la comercialización de bienes y servicios. En este artículo analizamos la tensión entre los/as feriantes populares del Área Metropolitana de Mendoza (Argentina) y los planes de renovación urbana propios del desarrollo de la ciudad neoliberal propuestos por gobiernos municipales. Inscribimos dicha tensión en las relaciones de poder capital-trabajo, en la que la valorización del territorio urbano resulta una dimensión clave en la disputa por el espacio de trabajo. En esta línea nos preguntamos: ¿cómo opera esa lógica especulativa en la territorialización-desterritorialización de experiencias colectivas de trabajo (ferias populares) en el espacio público? ¿Qué efectos tiene en las prácticas de las ferias populares urbanas? Específicamente, buscamos comprender el comportamiento de los/as feriantes y los gobiernos municipales involucrados en las tensiones socioespaciales vinculadas a dos ferias populares emplazadas en ámbito urbanos de la mencionada área metropolitana: feria Americano en Ciudad de Mendoza y feria popular de Guaymallén. Para ello, recurrimos a una estrategia metodológica cualitativa basada en estudio de casos, en los que apelamos principalmente a técnicas de observación directa y entrevistas en profundidad.
Palabras clave: ferias populares urbanas, ciudad neoliberal, territorio.
Abstract: Popular urban fairs are strongly associated with public space and the development of cities. They represent a possibility of work and affordable consumption for an important sector of the population. However, they are not only spaces of commercial exchange, but also of knowledge, culture and sociability that shape the subjectivities of those who work in them. They are geographies that promote interaction between people, as they involve a series of activities that tend to transcend the trade of goods and services. In this article we analyze the tension between popular traders in the Metropolitan Area of Mendoza (Argentina) and the urban renovation plans of neoliberal city development proposed by municipal governments. We inscribe this tension in the capital-labour power relations, in which the valorisation of the urban territory is a key dimension in the dispute for work space. Along these lines, we ask ourselves: How does this speculative logic operate in the territorialisation-territorialisation of collective work experiences (popular fairs) in public space? What effects does it have on the practices of popular urban fairs? What effects does it have on the practices of popular urban fairs? Specifically, we seek to understand the behaviour of the fairground vendors and municipal governments involved in the socio-spatial tensions linked to two popular fairs located in urban areas of the mentioned metropolitan area–feria Americano in Mendoza City and feria popular de Guaymallén–. To do so, we used a qualitative methodological strategy based on case studies, in which we mainly resorted to direct observation techniques and in-depth interviews.
Keywords: popular urban fairs, neoliberal city, territory.
Resumo: As feiras urbanas populares estão profundamente associadas ao espaço público e ao desenvolvimento das cidades. Elas representam uma possibilidade de trabalho e consumo de baixo custo para um setor importante da população. Não obstante, eles não são apenas espaços de troca comercial, mas também de conhecimento, cultura e sociabilidade que modelam as subjetividades daqueles que trabalham neles. Trata-se de geografias que promovem encontros entre pessoas, pois envolvem uma série de atividades que tendem a exceder a comercialização de bens e serviços. Neste trabalho, analisamos a tensão entre os trabalhadores de feiras populares na área metropolitana de Mendoza (Argentina) e os planos de renovação urbana do desenvolvimento neoliberal da cidade propostos pelos governos municipais. Inscrevemos tal tensão nas relações de poder capital-trabalho, nas quais a valorização do território urbano é uma dimensão chave na disputa pelo espaço de trabalho. Nesse sentido, nos questionamos: como essa lógica especulativa opera na territorialização-desterritorialização das experiências de trabalho coletivo (feiras populares) no espaço público? Que efeitos ela tem sobre as práticas das feiras populares urbanas? Especificamente, procuramos entender o comportamento dos feirantes e dos governos municipais envolvidos nas tensões socioespaciais ligadas a duas feiras populares localizadas em áreas urbanas da área metropolitana mencionada - a Feira Americana na cidade de Mendoza e a Feira Popular em Guaymallén. Para esse propósito, empregamos uma estratégia metodológica qualitativa baseada em estudos de caso, nos quais usamos principalmente técnicas de observação direta e entrevistas aprofundadas.
Palavras-chave: feiras urbanas populares, cidade neoliberal, território.
Convocatoria temática
Tensiones por el espacio público en la ciudad neoliberal: ferias populares urbanas en el Área Metropolitana de Mendoza (Argentina)
Tensions for public space in the neoliberal city: popular urban fairs in the Metropolitan Area of Mendoza (Argentina).
Tensões sobre o espaço público na cidade neoliberal: feiras urbanas populares na área metropolitana de Mendoza (Argentina)
M. Florencia Bertolotti florabertolotti@gmail.com
Emanuel Jurado emanuel.jurado@ffyl.uncu.edu.ar
Recepción: 29 Febrero 2024
Aprobación: 20 Mayo 2024
En las últimas décadas, la problemática del trabajo nos obliga a debatir la concepción de trabajo asalariado como norma. En América Latina, concebir a la clase trabajadora únicamente vinculada al trabajo asalariado es desconocer la multiplicidad y diversidad de formas de trabajo no-asalariado que incluye a amplios sectores de la población (Mosoetsa, Stillerman y Tilly, 2016). Dentro de esas variadas formas puede incluirse el trabajo por cuenta propia asociado a la actividad comercial en ferias populares urbanas, las cuales cuentan con una larga tradición en esta región (Espinoza Zepeda, 2014) y en Argentina (Busso, 2006, Jurado, 2019, Salvia et al, 2015).
Precisamente en este país, a fines de la década de 1990 y comienzos de la de 2000, el aumento de la desocupación y el deterioro de las condiciones sociales y de vida de gran parte de la población (Féliz y López, 2012) impulsaron nuevas (o renovadas) maneras de alcanzar la subsistencia. Fue en aquel contexto cuando se expandieron las ferias populares por todo este país. Vale aclarar que este fenómeno persiste más allá del periodo posterior de reactivación económica, desafiando los postulados de transitoriedad de estas prácticas laborales. En general, las ferias populares representan una posibilidad de trabajo, ingresos y consumo a bajo costo para un sector importante de la población. Sin embargo, no sólo son espacios de intercambio de productos o servicios, sino también de saberes, tradiciones, cultura y sociabilidad que configuran las subjetividades de quienes trabajan en ellos (Busso, 2006; Chávez Molina, 2009; Gago, 2014; Madoery, 2020). En otras palabras, se trata de geografías que propician el encuentro entre personas, al involucrar una serie de actividades que acostumbran a trascender la comercialización de bienes y servicios (Jurado, 2019).
En la provincia de Mendoza, desde comienzos del siglo XXI, la gestión del área metropolitana ha estado orientada por una lógica especulativa en la que gobiernos provinciales y municipales han impulsado cuantiosos proyectos con la intención de transformar grandes áreas urbanas deprimidas e incentivar inversiones privadas de tipo inmobiliario (Magallanes, 2017; Morgani y Rizzo, 2014). El avance de estas transformaciones fue acompañado por un marco normativo punitivo, que criminaliza y prohíbe la actividad laboral de los sectores populares en la vía pública (ordenanza 2.882/88 y ordenanza 3.877/14 de la Ciudad de Mendoza; ley 9.099; ordenanza 7.243/22 de Godoy Cruz).
En esta línea nos preguntamos: ¿cómo opera esa lógica especulativa en la territorialización-desterritorialización de experiencias colectivas de trabajo (ferias populares) en el espacio público? ¿Qué efectos tiene en el comportamiento de las ferias populares urbanas? A partir de estos interrogantes buscamos comprender las tensiones socioespaciales entre los/as feriantes populares y los gobiernos locales vinculadas a dos ferias populares emplazadas en ámbitos urbanos del Área Metropolitana de Mendoza: feria Americano en Ciudad de Mendoza y feria popular de Guaymallén, durante los años 2016 y 2021. Para ello, recurrimos a una estrategia metodológica cualitativa basada, principalmente, en estudio de casos, en los que apelamos a técnicas de observación directa y entrevistas en profundidad. Además, realizamos una revisión bibliográfica sobre ferias populares, espacio público y territorio, y recopilamos fuentes documentales como legislaciones y notas periodísticas, principalmente de diarios locales.
Este artículo se estructura en cinco partes además de la presente introducción. Primeramente, realizamos un breve recorrido por elementos y dimensiones asociados a las ferias populares urbanas, que son útiles para el análisis de los casos que proponemos. Luego esbozamos una interpretación geográfica de las ferias populares urbanas en tanto espacios en disputa, a partir de la noción de territorio y sus derivaciones –territorialización, desterritorialización y reterritorialización–. Posteriormente, describimos los procesos urbanos actuales del Área Metropolitana de Mendoza –en clave de ciudad neoliberal– a modo de contextualización histórica y geográfica de los casos analizados. A continuación, describimos y analizamos el devenir de las dos ferias: se trata del núcleo empírico del escrito que abre la puerta al debate y las reflexiones finales que ensayamos en la última parte del trabajo.
Hablar de ferias populares en ámbitos urbanos implica referirse a una larga historia que se remonta a varios siglos atrás. Asimismo existe una diversidad de estudios que dan cuenta de la influencia contemporánea de las ferias en la configuración de la vida cotidiana de las ciudades, tanto en términos económicos como socioculturales. Sin llevar a cabo un detallado estudio histórico que dé cuenta de la profusa obra referida a este artefacto comercial, consideramos oportuno mencionar algunos antecedentes que permiten dar forma a nuestro análisis.
Para comenzar, podemos afirmar que “las ferias comerciales urbanas son, ante todo, un lugar de intercambios comerciales, un espacio de interacción social, de encuentros y socialización” (Busso, 2011: 106). Es decir, son locaciones que fomentan el encuentro entre personas, más allá de la comercialización de bienes y servicios. En la Edad Media, estas pequeñas asambleas buscaban cubrir las necesidades locales de la población de la comarca, a la vez que satisfacían el instinto de sociabilidad inherente a las personas (Jurado, 2019). Las ferias se constituían en espacios de socialización e intercambio comercial de forma inseparable. A eso se sumaba su carácter político, ya que se desarrollaban debates de ideas entre quienes acudían allí. Por ello, en aquella época, las autoridades políticas buscaban impedir que las clases bajas concurrieran a ellas. De esta manera, se entrevé “la utilidad de ese espacio físico para el encuentro, con lo cual un sujeto social determinado –el Estado en este caso– intentaba dominar lo que allí sucedía…” (Jurado, 2021: 216).
Más cerca en el tiempo y en el espacio, en Latinoamérica, las ferias populares continúan siendo espacios comerciales y de sociabilidad. De acuerdo con un informe del Programa de Investigación Estratégica en Bolivia (PIEB), “entre 1960 y 1970 se observa la transformación de espacios públicos en mercados populares de gran magnitud en diversas urbes latinoamericanas” (Martínez Espínola et al. 2016: 4). En el caso de la tradición andina, las ferias son “espacios comunes [para] compartir y potenciar, ya que habilitan el afianzamiento de los lazos comunitarios, además del aprovisionamiento material” (Martínez Espínola y Moreno 2019: 7). En Chile, por ejemplo, las denominadas ferias libres, cuya actividad comercial tiene una larga tradición de reconocimiento formal y normativo, también cuentan con organizaciones colectivas consolidadas en sindicatos y asociaciones gremiales a nivel nacional. No obstante, a pesar de que existe un proyecto parlamentario para regular su funcionamiento, en la actualidad dicha actividad es asimilada a las normas del pequeño comercio y depende de los requisitos particulares de cada autoridad municipal (Sepúlveda y Rodríguez Díaz, 2021). La FAO (2023) reconoce la importancia de estas ferias y enfatiza sobre todo el rol clave que tienen estos canales de comercialización en la asequibilidad de productos diversos, saludables y nutritivos para los sectores de menores recursos. También señala, como una de las principales demandas de los/as feriantes, la necesidad de “mayor participación en el desarrollo comunal, una mejor comunicación con las autoridades municipales” (FAO, 2023: 38).
En Argentina, el estudio de este tipo de mercado ha despertado el interés de diferentes autores/as. Una referencia obligada es el trabajo de Busso (2006) sobre ferias urbanas de la ciudad de La Plata, Argentina. Allí plantea que “las ferias no solo ofrecen un lugar de intercambio comercial, sino principalmente un lugar de encuentro y relación social, que a su vez es un espacio de trabajo para algunos” (Busso, 2006: 5). Por su parte, Chávez Molina (2009) examina la feria de Solano en la provincia de Buenos Aires y destaca la construcción de la confianza social como mecanismo que otorga perdurabilidad y consistencia a los intercambios que se realizan en un contexto de baja o híbrida presencia de instituciones regulatorias entre las partes. Salvia et al. (2015) analizan cuatro ferias populares de la ciudad de Buenos Aires (ferias de Once, Avellaneda, Liniers y Rivadavia-Flores). Las presentan como un sistema complejo de lealtades, oportunismo y explotación amparado por un “Estado a las sombras”. Asimismo, las ubican en un circuito mayor de ventas, acopio y distribución de productos que se comercializan de manera ilegal o extralegal. También exponen la red étnico-cultural extrafronteras sobre la que se asientan, que a su vez “constituye una fuente de trabajo, ingresos y modos de vida para la mayor parte de los trabajadores que participan en estos mercados” (Salvia et al. 2015, 9).
Desde otra perspectiva, Verónica Gago (2014) en su estudio sobre la feria de La Salada (Buenos Aires) indaga estos espacios de trabajo a partir de la noción de ensamblaje, para dar cuenta de la articulación de un conjunto de elementos altamente heterogéneos que están en la base de la constitución del capital global contemporáneo. La autora expone que el nuevo paisaje que proponen estas “microeconomías proletarias” oscila entre la hipervisibilización y la invisibilidad. Sugiere que el interrogante “debe rastrearse entre quienes pretenden erradicarlas y quienes proponen su reconocimiento como parte de las dinámicas urbanas actuales” (Gago, 2014: 38). Toma las preguntas de Jaguaribe (2007) sobre el estudio de las favelas de Brasil para su caso:
“¿Son estos espacios lugares privilegiados de disputa en la medida que en ellos los idearios e imaginarios de modernidad fracasan y se reinventan? ¿Visibilizan, entonces, la derrota de una modernidad inclusiva y normativa al tiempo que experimentan formas de inclusión fuera de la norma?” (en Gago, 2014: 47).
Y define a las ferias populares como:
“Un espacio abigarrado que simultáneamente abriga tradiciones y es herético respecto de muchas de ellas, que se dispone como ámbito celebratorio y de disputa, como momento de encuentro, consumo y diversión, pero también como jornada intensa de trabajo y de negocios, de competencia y oportunismo. Se sostiene y se desarrolla como negocio masivo sobre redes familiares, vecinales, de compadrazgo y de amistad” (Gago, 2014: 80).
En este breve recorrido se advierte que las ferias populares configuran un espacio social y cultural; son espacios de encuentro, de paseo, de festividad y de interacción social entre diversas expresiones culturales. En la provincia de Mendoza, en este tipo de ferias muchas veces el intercambio adquiere mayor relevancia que la propia ganancia, generando circuitos de compraventa y trueque entre los/as propios/as feriantes. En ellas predomina la organización del trabajo de tipo individual, seguida por la familiar y asociativa (Bertolotti et al, 2021). Vale aclarar que nos referimos a las ferias populares como aquellas que se basan en el trabajo directo, a diferencia de las ferias cuyos puestos son atendidos por empleados/as.
Las ferias populares proveen servicios y productos de uso cotidiano accesibles a los/as vecinos/as del barrio en el que se emplazan, como así también de barrios cercanos. En ellas se ofrecen un conjunto de mercaderías variadas: ropa nueva y usada, ropa de trabajo, calzados, herramientas, artesanías, juguetes, plantas, especias, condimentos, comidas típicas, bebidas. Representa una posibilidad de trabajo y de ingresos para gran parte de los/as feriantes que, en general, también viven en el barrio y son, en su mayoría, mujeres (Bertolotti et al, 2021). Esta particularidad propone nuevos abordajes acerca del potencial de las prácticas comunitarias y de solidaridad que existen en las ferias populares. Las feriantes remiten sus inicios en la actividad a la necesidad de un ingreso extra para la economía familiar y a la imposibilidad de insertarse en el mercado de trabajo formal por la sobrecarga en las tareas de cuidado. Destacan también la importancia del lazo comunitario en las ferias populares, así como la posibilidad de salir de la casa e ingresar a la vida pública y organizar, de manera colectiva, la resolución de sus necesidades comunes (Bertolotti y Ortubia Díaz, 2023).
En líneas generales, las investigaciones muestran la singularidad de cada feria según su ubicación e historia; no obstante, coinciden que esta actividad requiere de los conocimientos que el comercio exige (manejo de dinero, registro de ventas, de stocks, estudios de mercado —qué mercadería comprar y a qué precio—, entre otros). También es fundamental conocer los códigos para interactuar con los/as demás feriantes, con los/as clientes, con los/as comerciantes y vecinos/as de la zona y con las autoridades municipales. Deben armar y desarmar el puesto, cargar la mercadería al inicio y al final de la jornada. Al realizarse regularmente en espacios abiertos (parques, plazas, predios públicos) no cuentan con infraestructura mínima, como, por ejemplo, baños. Los/as feriantes suelen atravesar largas e intensas jornadas de trabajo. Obtener un “buen lugar” implica estar en la feria desde muy temprano, incluso, a veces desde horas de la madrugada (Salvia et al., 2015). El trabajo en la intemperie supone soportar en el propio cuerpo los avatares del clima. El reparo de las inclemencias del tiempo y la protección de la actividad son condiciones escasas en este tipo de trabajos.
Las ferias populares están fuertemente asociadas al espacio público. Si bien aquí no nos proponemos un estudio pormenorizado de esta categoría, creemos relevante plantear algunas nociones sobre este tipo de espacio. En primer lugar, lo que se entiende por espacio público no posee una definición unívoca; por el contrario, adquiere significados heterogéneos (Rizzo, 2016):
“nombra lugares materiales y remite a esferas de la acción humana en el mismo concepto; habla de la forma y habla de la política, de un modo análogo al que quedó matrizado en la palabra polis” (Gorelik, 2004: 19 en Rizzo, 2016:10).
En segundo lugar –y desprendiéndose de lo anterior–, el espacio público urbano no sólo abarca la dimensión física sino también simbólica y política (Borja y Muxi, 2003). Por último, el espacio público en tanto geografía de elevada politicidad (material y simbólica) incluye en su seno disputas y tensiones en torno a lo que allí puede o debe acontecer. En otras palabras, encierra el interrogante acerca de lo que ese espacio puede (o no) acoger (actividades, personas, artefactos físicos, etc.).
Estas reflexiones nos posibilitan analizar las ferias populares urbanas en espacios públicos desde la noción de territorio. En el marco del llamado “giro espacial” en las ciencias sociales (Massey, 2006; Piazzini, 2006; Haesbaert, 2011), el uso de este concepto ha sido común para estudiar diferentes procesos sociopolíticos. De manera general, territorio hace referencia a “un espacio definido y delimitado por y a partir de relaciones de poder” (Lopes de Souza, 2013: 78, traducción nuestra). De la mano de esta noción, se halla la idea de territorialidad entendida como:
“el intento por parte de un individuo o grupo de afectar, influenciar, o controlar personas, fenómenos y relaciones, a través de la delimitación y el establecimiento de un control sobre un área geográfica” (Sack, 1986:1)
Es decir, para cualquier grupo social resulta indispensable controlar un determinado espacio para asegurar su reproducción. Para sumar matices a esta constelación de términos en torno al territorio, la territorialización puede considerarse como el acto, la acción o el movimiento a través del cual un espacio es apropiado y dominado (Haesbaert, 2007). De todo esto, es posible afirmar que el territorio encierra un carácter tanto material como simbólico –asociado a cierta inmaterialidad–, lo cual amplía los márgenes analíticos de las relaciones de poder espaciales (al no restringirse únicamente a lo concreto). En este sentido, Torres ensaya una definición que incluye esas diferentes dimensiones:
“el territorio se entiende como la manifestación espacial del poder fundamentada en relaciones sociales determinadas, en diferentes grados, por la presencia de energía –acciones y estructuras concretas– y de información –acciones y estructuras simbólicas” (Torres, 2011: 212).
Ahora bien, según el geógrafo brasileño Rogério Haesbaert (2011), los procesos de territorialización (la acción de generar o producir territorios) tienen su contracara: la desterritorialización, es decir, la pérdida o destrucción de territorios. Sin embargo, “la desterritorialización [puede ser entendida] como un ‘mito’ (...). No en el sentido de que simplemente ‘no existe’, sino que es un proceso inseparable vinculado a su contraparte, los movimientos de (re)territorialización” (Haesbaert, 2007: 19). Es decir, lo que existe es un movimiento complejo de territorialización, que incluye la experiencia concomitante de diversos territorios –multiterritorialidad–, o, incluso, “la construcción de una territorialización en y por el movimiento” (Haesbaert, 2007: 20). Es importante señalar que si bien es cuestionable la idea de una desterritorialización, si analizamos la dimensión social de cualquier fenómeno, el término puede tener cierta aplicación, ya que quien realmente
“’pierde el control’ o la ‘seguridad’ sobre sus territorios son los más desposeídos, los que están más ‘desterritorializados’ o, en términos más rigurosos, los que están más precariamente territorializados” (Haesbaert, 2007: 20).
Desde estas perspectivas teóricas, inscribimos la tensión de trabajadores/as de la vía pública (feriantes) en las relaciones de poder capital-trabajo, para las que la valorización del territorio urbano resulta una dimensión clave en la disputa por su espacio de trabajo. En este punto, podemos ensayar una anticipación de sentido y afirmar que las ferias populares urbanas habitan, mayormente, territorios precarios o precarizados.
La provincia de Mendoza es la cuarta jurisdicción más poblada de Argentina y sus habitantes se concentran principalmente en el AMM –64 %–, espacio que ocupa el 0,2 % del territorio provincial (es decir, su población es predominantemente urbana) (Censo, 2022). Es una provincia con una fuerte producción vitivinícola e hidrocarburífera; no obstante, desde hace más de dos décadas, el turismo motoriza y ordena la reconversión urbana. Las diferentes gestiones gubernamentales promocionan una ciudad limpia, rodeada de viñedos y bodegas boutique, mientras regulan el esparcimiento, restringen usos y seleccionan los tipos de circulación.
Durante las últimas décadas se advierte la expansión de los límites administrativos de la Ciudad de Mendoza sobre su periferia, mediante la incorporación a la mancha urbana de los núcleos urbanos de los departamentos vecinos (Morgani y Rizzo, 2014). Dicha mancha urbana –el AMM– abarca la totalidad del territorio de la Ciudad de Mendoza y el departamento de Godoy Cruz, y parte de los departamentos de Maipú, Guaymallén, Las Heras y Luján de Cuyo. Este proceso fue cristalizado por las autoridades provinciales y municipales del AMM –la mayoría del mismo signo político (Cambia Mendoza)– quienes impulsaron la conformación de un ente interjurisdiccional de coordinación de políticas públicas para esta zona geográfica llamado UNICIPIO[1] (decreto 177/2016). Su principal objetivo fue unificar las políticas públicas de los siete municipios que lo conforman. Hasta el momento, las principales iniciativas han sido de tipo socioambiental, como arbolado público y bosque urbano, parques metropolitanos, movilidad sustentable y redes cicloviarias[2].
Retomando la orientación económica de la provincia y haciendo foco en la gestión urbana del AMM, Morgani y Rizzo (2014) analizan las políticas de “renovación urbana” de la ciudad de Mendoza en clave de gestión neoliberal del espacio urbano. Los autores sostienen que, desde inicio del siglo XXI, en dicha ciudad predomina una gestión del espacio urbano orientada a maximizar las ganancias del sector privado en detrimento de la accesibilidad, el trabajo y la vivienda de los sectores populares. Este tipo de gestión suele asociarse al planeamiento estratégico que, en muchos casos, fomenta procesos de recualificación de determinados sectores de la urbe, es decir, “de reconversión de espacios antaño marginalizados” (Girola et al. 2011: 28). En otras palabras, se remozan fragmentos de la ciudad devaluados mediante la movilización de recursos propios del denominado urbanismo escenográfico (Améndola, 2000; en Girola et al. 2011: 29, cursiva en el original).
Esta configuración territorial ha necesitado de mecanismos paralelos para su concreción. Uno de ellos ha sido el diseño y puesta en práctica de un marco normativo punitivo que criminaliza y prohíbe la actividad laboral de los sectores populares en la vía pública. En este sentido, en la primera década de este siglo, se desarrolló una serie de conflictos entre el gobierno local (municipal) y diferentes sujetos sociales que realizaban sus labores en el espacio público. Una de esas tensiones se produjo entre el municipio y limpiavidrios[3] a quienes se les ofreció dejar su trabajo a la vez que se los incluía como beneficiarios de un programa social municipal a cambio de una beca-subsidio mínimo (Morgani, 2012). Luego, el foco fue puesto en los/as artistas callejeros/as. En 2008 y 2010, se retomó la ordenanza que prohíbe la venta callejera en la violenta disputa con los/as vendedores/as ambulantes (ordenanza 2.882/88). Esta situación desembocó –en el año 2014– en la sanción del Código de Convivencia Ciudadana (ordenanza 3.877/14), en el que se amplió el marco punitivo respecto a actividades que van desde las movilizaciones y manifestaciones en la vía pública al trabajo sexual y hasta la prohibición de la venta ambulante.
La apuesta por ordenar y controlar el desarrollo de las vidas en los espacios públicos de Mendoza avanzó con la iniciativa del gobierno provincial de Alfredo Cornejo quien, en el año 2018, propuso una modificación a una ley de 1965 en la que incorporaban al Código de Contravenciones de la provincia de Mendoza nuevas acciones e infracciones a sancionar, prohibir y multar. Ese año, la ley 9.099 reforzó una política de control social, con especial énfasis en los usos de los espacios públicos. En esta línea, en abril de 2022, el Concejo Deliberante del departamento de Godoy Cruz aprobó la ordenanza denominada de “Buenas prácticas ciudadanas”. En ella, se plasman un sinfín de restricciones y castigos a actividades en la vía pública, como la venta ambulante, las expresiones culturales y la protesta social. Al mismo tiempo, en el departamento de Guaymallén, se intentó aprobar una ordenanza de prohibición de las ferias populares en el espacio público, proyecto que fue fuertemente resistido (Bertolotti y Ortubia Díaz, 2023).
Este nuevo orden metropolitano tiene su expresión espacial en dispositivos de seguridad tales como cámaras de videovigilancia, cierre de plazas y predios fiscales, así como en la presencia de fuerzas policiales que desplazan viviendas informales y a trabajadores/as de las economías populares para fomentar la imagen de la ciudad que se promociona. En estos territorios se repiten conflictos de desalojos de asentamientos informales como también de vendedores ambulantes y ferias populares. Así, la ciudad neoliberal toma forma en un espacio fragmentado y segregado en permanente transformación:
“La segregación urbana no es un status quo congelado, sino más bien una incesante guerra social en la que el Estado interviene en nombre del progreso, del embellecimiento e incluso de la justicia social, para redibujar las fronteras urbanas en beneficio de propietarios de terrenos, inversores extranjeros, elites nacionales y clases acomodadas (…). El desarrollo urbano actual todavía se esfuerza para simultanear el máximo beneficio privado con el máximo control social” (Davis, 2007: 130).
Como vimos en los párrafos precedentes, la segregación de los sectores populares y sus desplazamientos es intrínseca a los procesos de reconversión urbana desde inicios del siglo XXI. Las ciudades neoliberales llevan a cabo un proceso de “expulsión de los indeseables” (Martel y González Redondo, 2013), con el objetivo de ocultar aquello que recuerde la desigualdad creciente, ya que “no importa que haya pobres, sino dónde se encuentran” (Töpfer, 2014: 174). El AMM en tanto ciudad neoliberal en plena configuración promueve esa segregación socioespacial y la fragmentación social mediante desalojos (a veces violentos) de sectores populares que “alejan los ideales de convivencia democrática, participación social y ciudades inclusivas” (Morgani y Rizzo, 2014).
Si lo enfocamos desde la teoría geográfica, es preciso que recuperemos lo dicho en torno al eje analítico territorialización-desterritorialización-reterritorialización. Si los sectores populares han logrado en algún momento territorializarse para llevar a cabo una actividad económica en tanto estrategia de reproducción social, el Estado –en este caso encarnado en gobiernos municipales– amenaza esos “territorios originales” al empujar a las ferias populares para que los abandonen (o directamente ejerce medidas para su desalojo). Este primer movimiento consiste en una desterritorialización que, según Herner (2009) siguiendo a Deleuze y Guattari, necesariamente implica una reterritorialización por parte de los agentes (aquí las ferias populares). Dicho de otro modo, “geográficamente hablando, no hay desterritorialización sin reterritorialización debido al simple hecho de que el hombre es un "animal territorial"” (Haesbaert, 2007: 20, traducción nuestra). Ahora bien, es fundamental no confundir
“la reterritorialización con el retorno a una territorialidad primitiva, o más antigua: ella implica necesariamente un conjunto de artificios por los cuales un elemento, el mismo desterritorializado, sirve de territorialidad nueva a otro que pierde la suya. De allí todo un sistema de reterritorializaciones horizontales y complementarias” (Guattari y Rolnik, 1996: 41, en Herner, 2009: 168).
Este es el telón de fondo analítico para el análisis comparativo que sigue a continuación de la feria popular de Guaymallén y la feria Americano (Ciudad de Mendoza), ambas con origen en el espacio público.
La feria popular de Guaymallén cuenta con una historia de más de 30 años, en la que los desalojos del espacio público representan capítulos especiales. Sus inicios se remontan a finales de la década de 1980, años en que la crisis hiperinflacionaria que azotaba al país obligó a cientos de familias a generar sus propios trabajos. En aquel momento, vecinos/as del Mercado Cooperativo de Guaymallén se apostaban los fines de semana en las afueras del polo comercial y ofrecían comidas típicas, indumentarias y herramientas de trabajo. De a poco, la venta ambulante comenzó a convertirse en un paseo al aire libre que acercaba el consumo de bienes básicos para la reproducción de la vida de sectores populares.
La crítica situación socioeconómica de finales de los noventa incrementó los puestos de la feria que, dada la gravedad de las circunstancias, predispuso a los/as feriantes al intercambio directo de las mercaderías, configurando lo que se denominó “clubes del trueque”. La cantidad de feriantes llevó a que, en el año 2003, la municipalidad de Guaymallén trasladara la feria a un predio cercano, ubicado en un ex basural en el interior del barrio 17 de Noviembre, vecindario en el que viven gran parte de los/as feriantes. La feria funcionó en ese predio cada sábado y domingo durante una década. Lo relevante fue que, a pesar de la reactivación económica nacional y provincial, la feria popular no solo permaneció, sino que multiplicó sus puestos y se dispersó por las calles colindantes, desbordando los límites del predio. La feria crecía y ganaba protagonismo en el lugar.
En septiembre de 2014 la feria –conocida por aquel entonces como el “shopping de los bolivianos”– fue desalojada. Policías y topadoras que removían el terreno impidieron su funcionamiento. Tras meses de resistencia y enfrentamiento con la policía y el gobierno municipal, la feria logró el uso de los terrenos del ex Ferrocarril Belgrano, que fue otorgado a cuentagotas. En un primer momento se negociaron con los delegados sólo 120 puestos y luego, gracias a la continuidad de la lucha de quienes quedaron fuera del acuerdo, se consiguió lugar para 400 puestos más. Este último grupo, en plena resistencia por la continuidad de su trabajo y como forma de diferenciación de quienes habían negociado primeramente con las autoridades municipales, se autodenominaron feria popular de Guaymallén y lograron que este espacio comercial volviese a funcionar, en su totalidad, en un espacio público. Desde sus comienzos, definieron la composición de la feria popular del siguiente modo:
“Somos trabajadores/as del campo, las cosechas, changas y en el servicio doméstico. Somos mujeres sostén de familias, estudiantes, también jubilados/as-cuya jubilación mínima no alcanza-y personas con discapacidad. Trabajadores/as precarizados/as que encontramos, en la feria, nuestro sustento mínimo” (Feria Popular de Guaymallén, 2021).
Tres años más tarde, a principios del año 2017, la feria fue nuevamente reprimida y desalojada de los terrenos del ex Ferrocarril Belgrano. Esta área se ubica en una localización estratégica dentro del AMM por su cercanía a la zona céntrica de la ciudad de Mendoza. La zona en general se posiciona como un área pericentral, dada la facilidad de acceso y circulación de personas y mercaderías. Su proximidad a las áreas centrales de la ciudad favorece su conversión en un polo de desarrollo del mercado inmobiliario. Los terrenos del ex Ferrocarril, con sus infraestructuras obsoletas debido al proceso de privatización y posterior cierre del servicio en la década de 1990, han sido uno de los principales protagonistas de las transformaciones urbanas emprendidas en el AMM a partir de inversiones públicas con alto potencial inmobiliario (Magallanes, 2017).
“El Estado como productor de espacio construido desarrolló y pretende desarrollar urbanizaciones sobresalientes como es el caso del Espacio Cultural Julio Le Parc, el proyecto de Ecoparque Joaquín Lavado y el concurso del BID UrbanLab impulsado por el UNICIPIO, que busca construir un proyecto urbanístico de vanguardia en los terrenos ferroviarios a través de propuestas diseñadas por universidades de toda Latinoamérica, para luego ser ejecutados mediante financiamiento del BID” (Magallanes, 2017: 252).
En el año 2012, con la construcción e inauguración del megaproyecto urbanístico Espacio Cultural Julio Le Parc, se inicia el proceso de revalorización del predio perteneciente a la ex Estación Belgrano. Esta obra fue pensada estratégicamente por el municipio de Guaymallén en conjunto con el gobierno provincial y nacional, “para otorgarle al área una nueva centralidad, que permite ponderar (al municipio) en la competencia interurbana” (Magallanes, 2017: 99). Con el fin de separar el centro cultural de los terrenos del Ferrocarril, se abrieron dos nuevas calles y, además, se construyó un muro de hormigón que “ocultaba” el asentamiento Estación Belgrano, también desalojado.
Si bien no es de nuestro interés indagar en los debates sobre la validez del concepto de gentrificación para el caso propuesto, en este punto del relato nos parece importante el aporte de Janoschka y Sequera (2014) acerca de la centralidad que adquiere el Estado local en el desplazamiento violento de sectores populares en la creación de nuevos mercados inmobiliarios en América Latina. Sostienen que “se conjuga el rol decisivo de las administraciones públicas con la violencia física y simbólica que adoptan las distintas formas de desplazamiento” (Janoschka y Sequera, 2014:1). A su vez definen el desplazamiento como “una política estratégica para expulsar ciertas prácticas (sociales, culturales, económicas y políticas) no deseadas, erradicando así las expresiones de la pobreza de los centros de estas ciudades” (Janoschka y Sequera, 2014:4).
A finales del año 2016, frente a lo que por aquel entonces eran rumores de un posible desalojo, los/as feriantes se reunieron en asambleas y decidieron movilizarse a la municipalidad de Guaymallén, presentando notas a los diferentes bloques políticos. Iniciaron una serie de reuniones en comisiones junto con concejales y funcionarios/as municipales con el fin de regular la situación de las ferias populares en el departamento. Acordaron una ordenanza con participación de los/as feriantes que fue aprobada por unanimidad por el Concejo Deliberante[4]. No obstante, el intendente, Marcelino Iglesias –del Frente Cambia Mendoza[5] (FCM)– la vetó inmediatamente esgrimiendo el argumento de “desorden”[6] a pesar de que se contemplaban todos los requisitos para su funcionamiento conforme a las leyes y ordenanzas correspondientes: “Vayan a alquilar un espacio privado –nos dijo–, y entonces llegamos hasta acá. ¡Nosotros jamás concebimos la feria como un espacio privado, jamás!” (Elba, comunicación personal, 6 de marzo de 2021).
A inicios del año 2017, los/as feriantes resistieron la represión policial para proteger su espacio de trabajo, instalaron una radio abierta, se movilizaron a la explanada municipal, realizaron ollas populares con el apoyo de organizaciones políticas, sociales y sindicales. Se movilizaron por los barrios circundantes con el objetivo de dar a conocer la situación y buscar la solidaridad de los/as vecinos/as[7]. A pesar del apoyo recibido, finalmente, los/as referentes fueron detenidos e imputados/as judicialmente.
En el desalojo de la feria popular de Guaymallén se evidencia el rol fundamental de los gobiernos locales en la dinámica de valorización del suelo urbano y en la configuración de la ciudad empresarial que promueven. En ella, las experiencias colectivas de los/as trabajadores/as populares son reprimidas, prohibidas en el espacio público y desplazadas al interior de los barrios populares. A la segregación socioespacial, la gestión neoliberal agrega la privatización de los espacios de trabajo para las ferias populares .
En efecto, por un lado, el desalojo de la feria del año 2017 provocó la segregación socioespacial de los/as feriantes y, con ella, desplazó la frontera del intercambio. La ubicación de la feria en los cotizados terrenos del ferrocarril predisponía al encuentro con sectores de mayor poder adquisitivo, para quienes la accesibilidad del lugar los acercaba a comprar o simplemente pasear. Por otro lado, obligó a los/as feriantes a alquilar un predio privado, es decir, que a las precarias condiciones laborales y de vida que ya padecen, se les agregó el pago de una renta por el uso del espacio de trabajo. Dicha erogación de dinero ha implicado destinar los aportes que los/as feriantes realizaban a un fondo común que permitía apoyar y promocionar el trabajo en la feria, por ejemplo, gran parte de los puestos actuales se iniciaron gracias al dinero prestado sin interés por la propia feria, como así también invirtieron en equipamiento propio.
De esta manera, la privatización del espacio impide a los/as feriantes disponer de sus esfuerzos colectivos e impone un viraje en la subjetivación de estos/as trabajadores/as: “la obligación financiera hace que los vínculos se vuelvan más frágiles y precarios al estar sometidos a la presión permanente de la deuda” (Gago, 2019: 154). Asimismo, el desarrollo de la actividad en un espacio privado de acceso público, subordina a la feria a una nueva normatividad que queda sometida a las reglas del derecho de la propiedad (Giglia, 2013) y, por la informalidad de la actividad, sus trabajos quedan a merced de los dueños del inmueble.
El Parque República Bolivariana de Venezuela –ubicado en el municipio de Ciudad de Mendoza– fue la locación de la feria popular Americano desde 2013. Este parque se localiza en el extremo este del Barrio Cano –un histórico complejo habitacional– aunque se trata de un espacio de uso público ya que no pertenece exclusivamente a dicho barrio. Las “casas colectivas”, como también se conoce a este barrio, consisten en un conjunto de 14 monobloques (576 departamentos) cuya construcción comenzó en 1937. El barrio se ubica en una zona periférica del oeste del municipio de Ciudad de Mendoza, “entre el Barrio Sexta Sección –el cual podría caracterizarse como de clase media– y el Barrio San Martín –considerado como una barriada popular–” (Jurado, 2021: 210). Desde su origen fue pensado como un vecindario abierto pero que, a la vez, incluyese en su interior escuelas, un club, una iglesia, un lavadero y otras infraestructuras de uso colectivo. Dentro de su perímetro se halla el mencionado parque pero, como acabamos de señalar, se trata de un espacio abierto de uso público más allá de los/as habitantes del barrio. En una de las tres manzanas que abarca ese parque se llevaba a cabo la feria los sábados de 9 a 15 horas, mientras que los miércoles previos se realizaba una reunión donde participaban los/as feriantes y se definían los lugares para cada puesto de venta.
Según un texto denominado Manifiesto de la Feria (Feria Americano, 2019), se trataba de un espacio comercial integrado mayormente por mujeres que son jefas de familia, jubiladas, desocupadas y, en muchos casos, mujeres con condiciones de salud que les impiden acceder a un trabajo formal. Y agregaban:
“la finalidad de nuestras actividades consiste en generar un espacio en que podamos comercializar de manera justa nuestros productos, pudiendo de esta manera generar un nuevo ingreso a nuestra apretada economía familiar [y sosteniéndose] por fuertes lazos de solidaridad” (Feria Americano, 2019).
En cuanto a las actividades concretas que se desarrollaban en la feria, una de las personas más activas en su organización señala que no sólo se comercializaba vestimenta diversa, sino también había una “radio, merendero, [se hacían] talleres, gente que iba a tocar [se llevaban a cabo pequeños recitales de música]…” (Ana, comunicación personal, 23 de febrero 2024). Es decir, la feria cubría una amplia gama de actividades que iban de lo comercial a lo social y cultural.
Ahora bien, el Parque República Bolivariana de Venezuela presentaba signos de desgaste y abandono al momento de instalarse la feria popular, cuestión que fue revertida –en parte– justamente con la organización de este espacio comercial todos los sábados (notas de campo, 2018). Sin embargo, a comienzos de 2019, ese espacio público fue objeto de mejoras en el marco del Plan de Renovación Urbana encarado por el municipio. Este proceso implicó el cierre perimetral de cada manzana del parque de forma temporal, lo que provocó el traslado de la feria hacia dos calles que lo bordean.
Esta situación puso de relieve una antigua discusión con relación a la existencia de la feria en ese lugar. Por un lado, las personas que allí comercializaban sus productos, quienes la visitaban cada sábado y una parte de la vecindad, fomentaban su permanencia. Por otro lado, un grupo de vecinos/as y el municipio insistían con su desalojo bajo diversos argumentos vinculados, principalmente, a la ilegalidad de esa actividad comercial en el espacio público. Respecto a este segundo argumento, podemos mencionar la mirada de la secretaria de Gobierno del municipio de Ciudad de Mendoza, quien, durante una reunión convocada por el mismo municipio con feriantes, afirmaba: “la intención de la municipalidad no es combatir la feria, pero también sabemos que no puede tener la fisonomía que ha llegado a tener en este momento. Cuando empezaron [la feria] era de una forma y ahora es como mucho más grande, se ha desorganizado mucho… (1 de agosto, 2019). En este caso, según la representante del municipio, la feria encarnaba una situación de irregularidad, desorganización e informalidad que debe ordenarse.
Para comprender mejor la situación de precariedad espacial de la feria, se puede recurrir nuevamente a las palabras de la misma funcionaria, quien en otra reunión con vecinos/as, señaló que al comienzo de aquella gestión municipal, la feria Americano era la única de su tipo en Ciudad de Mendoza. Y agregó: “y la sostuvimos –porque ustedes saben que no están permitidas esas ferias–. La sostuvimos porque teníamos una gran cantidad de firmas del consorcio de los vecinos que querían la feria” (1 de agosto, 2019). De este fragmento, se desprende la inhabilitación que rige en la ciudad para ejercer este tipo de actividad en el espacio público. Se trata de la ordenanza municipal 2.882/88, que en su artículo 1°, afirma: “Prohíbese en el ámbito y jurisdicción de la Capital, la venta ambulante de cualquier tipo de mercadería o producto sea ésta con o sin parada fija, en vehículo o a pie, circulando o estacionado, en calles o veredas”. Precisamente el municipio ha recurrido a esta ordenanza para llevar a cabo diferentes desalojos de puestos de venta en otras partes de la ciudad (Mare, 2009). Es decir, su condición de única feria que perduraba en el territorio del municipio de Ciudad de Mendoza acentuaba su situación de vulnerabilidad ante las prohibiciones señaladas. Más aún si se tiene en cuenta que desde octubre de 2018 la comuna capitalina llevaba a cabo un proceso de remodelación de gran envergadura del parque donde se localiza. Esta obra estaba incluida dentro del “Plan de Renovación Urbana con proyección 2016-2021. En una primera etapa se van a destinar $ 1.300.000.000 pesos a la obra pública, financiados de forma conjunta con la Nación” (Ciudad de Mendoza, 2019). Las obras de este plan se dividían según diferentes categorías; la remodelación del Parque República Bolivariana de Venezuela se halla dentro de “Calles, Plazas, Parques y Paseos”. Según el municipio, “se trata de un parque que recuperará la Ciudad para los vecinos del barrio Cano, San Martín y Sexta Sección, el cual contará con nuevos juegos infantiles, mayor iluminación y forestación, entre otras mejoras” (Ciudad de Mendoza, 2019).
Finalmente la feria fue desalojada en 2020 en el contexto de Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio en Argentina debido a la pandemia de COVID-19. En un primer momento, todas las ferias en la provincia debieron abandonar el espacio público. Para quienes trabajaban en la feria se trató de un suceso que complicó la subsistencia: “se articuló con otras organizaciones sociales y [consiguieron] algunos bolsones de mercadería para seguir ayudando a los compañeros que no podían ir a laburar a la feria” (Ana, comunicación personal, 23 de febrero 2024).
Sin embargo, con el retorno de la actividad al aire libre, la feria no pudo volver a funcionar en el parque ni en sus adyacencias. El desalojo se llevó a cabo, principalmente, por medio de dos mecanismos. Por un lado, mediante intimidación policial: “hicimos el intento de volver a la plaza y nos empezaron a mandar a la policía todos los fines de semana, todos los sábados” (Ana, comunicación personal, 23 de febrero de 2024). Es decir, si bien no hubo una violencia directa, se trató de una intimidación hacia los/as feriantes lo que desalentó el armado de la feria en el parque ante la posibilidad de una escalada en la violencia. Al mismo tiempo, el municipio negoció con algunas integrantes de la feria su establecimiento en un nuevo lugar a 300 metros de donde se ubicaba, en una playa de estacionamiento de un hospital público (Hospital Lagomaggiore). Se trató de una estrategia de división para poder así desarticular la organización y debilitarla.
Como resultado de ese proceso, la feria Americano dejó de existir como tal. En otras palabras, aquella organización de personas que, además de comercializar productos, llevaban a cabo otras actividades sociales y culturales los sábados por la mañana en el Parque República Bolivariana de Venezuela, se disolvió. En cambio, la configuración resultante fue una fragmentación de iniciativas. Una parte de las trabajadoras que vendían en la feria Americano, como se dijo, se trasladó a la feria en el Hospital Lagomaggiore. Se trata de la feria Nuevo Amanecer del Lago y funciona los sábados de 10 a 14 hs. Ese lugar actualmente está en litigio entre el Liceo Militar General Espejo (institución educativa perteneciente al ejército), el municipio de Capital y el Hospital Lagomaggiore[8]. Esto pronostica nuevas dificultades para la feria que allí se emplaza (por ejemplo, posibilidad de ser desplazada una vez más), al asentarse sobre un territorio precario. Por su parte, otro grupo organizó una pequeña feria a 400 metros hacia el oeste, en el ingreso del Barrio San Martín, colindante con el Barrio Cano. Sin embargo, esa feria se desvaneció y parte de sus feriantes se mudó a otra feria que se organizó en una plaza en el Barrio Infanta, ubicado a un kilómetro al norte del parque. Por último, dos personas que dinamizaron fuertemente la feria Americano, luego de su disolución, han organizado pequeñas ferias garaje. Primeramente, sobre el final del aislamiento asociado a la pandemia de COVID-19 y motivado por la necesidad económica, organizaron ferias en sus domicilios particulares. Luego de eso, esa feria fue trasladándose a garajes y locales que alquilan por un tiempo determinado. En definitiva, la grupalidad original de la feria Americano ya no existe; aquí no sólo nos referimos a la permanencia de integrantes sino también en relación al tipo de actividades realizadas y la forma –que se puede caracterizar de forma general como autogestiva–.
A partir de los casos expuestos, retomamos los aportes de Giglia (2013) referidos a los efectos en los usos de los espacios públicos urbanos renovados. Para la autora, dichas renovaciones repercuten sobre los procesos de apropiación de diferentes actores urbanos, debido a la modificación en el uso que traen aparejadas. Es decir, la reconversión urbana produce un cambio de sentido de las prácticas en el espacio urbano renovado a través de la implementación de nuevas reglas de uso.
La ciudad neoliberal en el AMM configura un nuevo orden metropolitano, en el que la valorización del suelo urbano de áreas pericentrales se incorpora a través de los planes de renovación urbana y se acompaña de diversas estrategias punitivas y segregacionistas hacia los sectores populares y sus prácticas. Esta dinámica de reestructuración urbana de la metrópolis mendocina desde inicios del siglo XXI se apoya en la prohibición, penalización y privatización de las prácticas sociolaborales de los sectores populares, a la vez que fragmenta los colectivos organizados y los desplaza espacialmente hacia sitios periféricos o degradados. De este modo, conduce a un acceso diferencial y jerárquico en el uso de los espacios públicos, al subordinar la gestión colectiva del espacio urbano a la lógica neoliberal y financiera..
En esta tensión inscribimos los procesos experimentados por la feria popular de Guaymallén y la Americano, las cuales –con distintos grados de violencia– fueron forzadas a abandonar el espacio público en el que se hallaban establecidas. Estos desplazamientos incrementaron la fragmentación social, al disgregar o disolver estas experiencias colectivas y encapsularlas espacialmente, es decir, acotándolas a geografías con fuertes limitaciones para el trabajo comercial y reduciendo las posibilidades de interacción entre sectores diversos, que anteriormente convivían (o podían convivir) al habitar un mismo espacio. En efecto, la ciudad neoliberal –exclusiva y excluyente–- desplaza las condiciones necesarias para una ciudad democrática cuya diversidad posibilite ámbitos de politización y participación social.
Asimismo, de la mano de la expulsión o el desplazamiento de los sectores populares de áreas urbanas valorizadas, se modula una subjetivación en la que la gestión individual de la vida y del trabajo predomina por sobre lo colectivo y público. En ambas ferias, el desplazamiento forzado de los espacios “renovados” de la ciudad conllevó una atomización de las estrategias de supervivencia. Por un lado, la división del colectivo de feriantes –fomentado por los municipios al realizar acuerdos con una parte del grupo– atentó contra la organización política y disminuyó el poder de negociación. Por otro lado, se produjo –bajo diferentes modalidades– un abandono del espacio público en favor de un encerramiento en el espacio privado (en el caso de la feria popular de Guaymallén, la totalidad del colectivo de feriantes tuvo que recluirse en terrenos privados mientras que en la Americano, solo un pequeño grupo tuvo que hacerlo).
Finalmente, el proceso socioespacial experimentado por ambas ferias puede entenderse mediante la progresiva territorialización, desterritorialización y reterritorialización. Si bien en los dos casos se partió de una territorialización débil, luego de la desterritorialización, la reterritorialización resultante parece configurarse de forma aún más precaria y fragmentada que al comienzo de este ciclo. La contraparte de las ferias en este movimiento toma cuerpo en las gestiones estatales municipales –que lograron imponer su territorialidad neoliberal–. Es decir, en la valorización de estas zonas de la ciudad de las que fueron desalojadas las ferias, los estados municipales tuvieron un rol clave, tanto por las cuantiosas inversiones públicas como por las legislaciones y estigmatizaciones de la población en estudio. Contrapusieron iniciativas de “renovación urbana” y “mejoras” de los espacios públicos a la continuidad de prácticas populares en la ciudad. Bajo los argumentos de desorden, desorganización e irregularidad de la actividad, sancionaron códigos contravencionales en los que la prohíben y hasta la criminalizan y justificaron, de este modo, la violencia y/o intimidación a los/as feriantes para sus desalojos. La jerarquización y estigmatización de grupos sociales y poblaciones son reglas necesarias del “mercado libre e invisible”, en el que las experiencias de organización colectiva del trabajo popular tensionan la valorización y privatización del suelo urbano.
ARK: https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25912755/1iu0h6ard
