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Recepción: 12 Octubre 2023
Aprobación: 19 Febrero 2024
Resumen: El presente artículo analiza el surgimiento y la multiplicación de consejerías de salud sexual en las universidades nacionales de Argentina. Se focaliza en los años 2008-2022, entre el primer y el último espacio de consejería registrado. Metodológicamente, se realizó un análisis documental a partir del relevamiento de la información disponible en las páginas web oficiales de las universidades nacionales de los siete Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES) que componen el sistema de educación superior en el país. También se realizaron 15 entrevistas en profundidad a un total de 22 referentes de 14 consejerías universitarias de salud sexual entre los meses de abril y septiembre del año 2022. Como principales contribuciones, el artículo propone: a) una periodización del proceso de conformación de consejerías universitarias de salud sexual, que distingue entre un momento de surgimiento y otro de multiplicación; b) una interpretación sobre el predominio del término “consejería” y, simultáneamente, la diversidad de maneras de aludir a la salud sexual; y c) un análisis sobre los intercambios establecidos, a propósito de las consejerías de salud sexual, entre gestión universitaria y militancia feminista a través de la noción de trabajo militante.
Palabras clave: consejerías de salud sexual, educación superior, activismo.
Abstract: This article analyzes the emergence and multiplication of sexual health counseling spaces in the national universities of Argentina. It focuses on the years 2008-2022, between the first and the last counseling space registered. Methodologically, a documentary analysis was carried out based on the survey of the information available on the official web pages of the national universities of the seven Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES) that make up the higher education system in the country. Fifteen in-depth interviews were also carried out with a total of 22 referents from 14 university sexual health counseling spaces between April and September 2022. As main contributions, the article proposes a) a periodization of the process of creation of university sexual health counseling spaces that distinguishes between a moment of emergence and another of multiplication, b) an interpretation of the predominance of the term "counseling" and, simultaneously, the diversity of ways of referring to sexual health and c) an analysis of the exchanges established, regarding sexual health counseling spaces, between university management and feminist militancy through the notion of trabajo militante.
Keywords: sexual health counseling, higher education, activism.
Resumo: Este artigo analisa o surgimento e multiplicação dos conselhos de saúde sexual nas universidades nacionais da Argentina. Centra-se nos anos 2008-2022, entre o primeiro e o último espaço de aconselhamento registrado. Metodologicamente, realizou-se uma análise documental a partir do levantamento da informação disponível nas páginas web oficiais das universidades nacionais dos sete Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES) que compõem o sistema de Ensino Superior no país. Também foram realizadas 15 entrevistas em profundidade com um total de 22 referentes de 14 conselhos universitários de saúde sexual entre os meses de abril e setembro do ano de 2022. Como principais contribuições, o artigo propõe a) uma periodização do processo de formação de conselhos universitários de saúde que distingue entre um momento de emergência e outro de multiplicação, b) uma interpretação da predominância do termo "aconselhamento" e, simultaneamente, a diversidade de formas de alusão à saúde sexual, e c) uma análise das trocas estabelecidas, no que diz respeito aos conselhos de saúde sexual, entre gestão universitária e militância feminista por meio da noção de trabajo militante.
Palavras-chave: aconselhamento em saúde sexual, educação superior, ativismo.
Introducción
En crecimiento desde el año 2008, las consejerías universitarias de salud sexual se inscriben en un proceso más amplio de impulso institucional otorgado a las políticas de género y sexualidades en distintas universidades nacionales del país, que se inauguró con la aprobación sistemática de instrumentos para el abordaje de situaciones de violencia machista a partir del año 2015 y devino, paulatinamente, en un proceso de apertura de espacios de gestión especialmente dedicados a la agenda feminista (Moltoni, Bagnato y Blanco, 2020).
Tomando como caso de estudio a las consejerías, el presente artículo persigue el propósito de presentar una aproximación a los intercambios establecidos entre gestión universitaria y militancia feminista en las universidades nacionales de Argentina. Para ello, se hace foco en la trayectoria profesional y militante de quienes tienen a cargo su coordinación, es decir, en sus referentes. Recuperando el aporte teórico de la sociología del activismo, en particular su modo de comprender las formas en que se institucionalizan saberes militantes, se analizan las principales características de las consejerías relevadas en lo que atañe tanto al perfil y trayectoria de las mencionadas referentes, como a la conformación general de sus equipos.
El corpus de materiales analizados para estos fines forma parte de las indagaciones enmarcadas en la tesis doctoral en curso de quién escribe este artículo.[1]Se trata, en primer lugar, de un relevamiento virtual de alcance nacional, a partir del cual se recolectó la información sobre consejerías disponible en las páginas web institucionales de las universidades nacionales de los siete Consejos Regionales de Planificación de la Educación Superior (CPRES) que componen el sistema de educación superior en el país. En segundo lugar, se toman en consideración las 15 entrevistas realizadas a un total de 22 referentes e integrantes de los equipos de 14 consejerías universitarias de salud sexual, entre los meses de abril y septiembre de 2022.
Por último, cabe mencionar que las motivaciones para escribir el presente artículo guardan relación con la propia experiencia activista y profesional desarrollada en la Consejería de Salud Sexual Integral de la Subsecretaría de Políticas de Género de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires (UBA).[2]Algunas de las claves interpretativas aquí retomadas se entroncan también con reflexiones que anteceden la escritura de este trabajo (Spataroet al., 2021; Bagnatoet al., 2022).[3]
El texto se organiza en cuatro secciones. La primera es la presente introducción. En la segunda sección se describe la articulación teórico-metodológica para la conformación del corpus, su sistematización, y el análisis de los datos. En la tercera se comparten los resultados del relevamiento nacional y una lectura analítica de los mismos con el objetivo de caracterizar a las consejerías de salud sexual en el ámbito universitario. Para ello la exposición se organiza en dos subapartados dedicados a las principales dimensiones de análisis identificadas: periodización y denominación formal. En la cuarta sección se expone una reflexión en torno a la existencia de un tipo particular de activismo feminista desde la gestión universitaria a propósito del desarrollo de las consejerías y su contrapartida, la consolidación de un trabajo militante. A modo de cierre, en las palabras finales se recapitulan las principales contribuciones del artículo.
Articulación teórico-metodológica
Tal como se adelantaba en la introducción, se realizó un relevamiento a nivel nacional orientado a mapear la conformación de espacios de consejería de salud sexual dentro del sistema universitario. A través de las páginas web oficiales de las universidades nacionales de los siete CPRES que componen el sistema de educación superior en el país,[4]se constató que sobre un total de 60 universidades nacionales que componen el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), 11 cuentan con un espacio específico de consejería. En el caso de universidades de gran envergadura como la Universidad Nacional de Rosario (UNR), la Universidad Nacional de Córdoba (UNC), la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y la Universidad de Buenos Aires (UBA), se encontró más de un espacio en distintas unidades académicas. Por lo que, en suma, el relevamiento arrojó un total de 14 consejerías correspondientes a 11 universidades nacionales. El sondeo se concentró exclusivamente en las universidades de carácter nacional. No fueron consideradas las iniciativas vinculadas a salud sexual identificadas por fuera de la constitución formal de un espacio de consejería (por ejemplo campañas de salud, talleres o charlas organizadas de manera esporádica). La Consultoría en educación sexual integral de la Universidad Nacional de San Isidro (UNSO) y la Consejería de salud sexual integral de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA (ambas incluidas en el relevamiento nacional) tampoco fueron consideradas para el análisis en esta oportunidad. En el caso de la Consultoría de la UNSO, la razón fue el incipiente desarrollo de la propia Universidad (creada en el año 2015) y al Programa de Educación Sexual Integral en el que se enmarca la propuesta.[5]En cuanto a la Consejería de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, la exclusión tiene que ver con la doble pertenencia de quién suscribe (como investigadora y como integrante del dispositivo).
A partir de la información obtenida del relevamiento se estableció el contacto con las personas a cargo de los espacios. Se entrevistó a 22 referentes e integrantes de 13 equipos diferentes. Las entrevistas realizadas se apoyaron en una pauta diseñada con el doble propósito de conocer su perfil y de acceder de primera mano a la reseña institucional de cada una de las consejerías, con el objetivo de sistematizar cuándo y cómo se conformaron los diferentes equipos. Con respecto al perfil de las referentes, interesó conocer su formación académica, así como su trayectoria tanto profesional como política, las condiciones laborales y sus motivaciones para formar parte del espacio. En cuanto a la reseña institucional de las consejerías, se sondearon principalmente la denominación formal, el anclaje institucional dentro de la estructura universitaria, la conformación y modalidad de trabajo del equipo, los objetivos y la denominada “población destinataria”, la asignación de presupuesto o financiamiento para su funcionamiento, sus articulaciones dentro y fuera del ámbito universitario, la disponibilidad de un espacio físico asignado (dónde está ubicado si existe, quién lo eligió y bajo qué criterios, si es propio o compartido, con qué mobiliario cuenta, etc.), temáticas abordadas y demandas más frecuentes. Además se buscó conocer los principales obstáculos o debilidades identificados por las entrevistadas para el desarrollo de su tarea.
Para el análisis del material empírico, el presente trabajo se valió de una articulación teórica entre los aportes realizados desde los estudios de educación superior y la sociología del activismo o el compromiso militante. En lo que respecta al primer grupo de estudios, este trabajo se inscribe en una línea de indagación que comprende a las universidades no únicamente como instituciones de transmisión de conocimiento sino también como productoras de subjetividades (Blanco, 2014; Carli, 2012). Considerando que la conformación de las consejerías trajo consigo una novedad respecto del “feminismo académico” (Femenías, 2005), esto es, la incorporación de feministas a áreas de gestión universitaria, el interés estuvo puesto en construir un acercamiento a la producción de estas subjetividades. Tal como se desarrolla a lo largo del análisis, las mismas aparecen atravesadas por un sentido específico del compromiso político vinculado al desempeño laboral de las feministas en la gestión universitaria.
Para ello se retomaron los aportes realizados desde los estudios en ciencias sociales sobre la militancia. Partiendo de una mirada no prescriptiva, que permite pensar formas de participación más allá de los colectivos, el enfoque teórico adoptado permitió un abordaje de los “compromisos profesionales (...) entendidos como maneras de trasladar hacia el universo del trabajo las propensiones a la militancia” (Pudal, 2011) o, dicho de otro modo, de lo que Fillieule (2015) comprende como “reconversiones de los recursos adquiridos en la esfera militante dentro del campo de las actividades asalariadas”. A través de la descripción analítica del perfil y la trayectoria[6] de las referentes de las consejerías universitarias en salud sexual y reproductiva, la presente investigación se propuso comprender el modo en que se institucionalizan saberes militantes feministas en la gestión universitaria.
Por último, cabe destacar que el trabajo se complementó con el análisis de lo publicado en documentos institucionales propios de las universidades nacionales y el informe de gestión “Diagnóstico sobre la implementación de políticas de género en el sistema universitario argentino” elaborado por la Red Universitaria de Géneros (RUGE) en el año 2021, lo que permitió contrastar los resultados obtenidos.
Salud, sexualidades y feminismos en la universidad: el caso de las consejerías de salud sexual
En esta sección se presenta una caracterización de las consejerías universitarias de salud sexual a partir de los datos producidos en base al relevamiento virtual y a las entrevistas realizadas. La misma está organizada en función de dos dimensiones identificadas en el análisis: periodización de acuerdo al año de creación y denominación formal elegida.
Surgimiento y multiplicación
Entre los años 2008 y 2022 fueron creados 14 espacios de consejería en distintas unidades académicas de universidades nacionales de Argentina (figura 1). Teniendo en cuenta los años de creación de cada una, es posible distinguir dos momentos. El primero, ubicado entre los años 2008 y 2014, muestra un incipiente desarrollo de esta política, condensado en la conformación de las tres primeras consejerías universitarias de salud sexual (dos de ellas en la UNC). El segundo momento tiene su inicio en 2015, año a partir del cual se advierte una creciente multiplicación de estos espacios, que finaliza en el año 2022 con un saldo de nueve consejerías.
Consejerías universitarias de salud sexual relevadas.[7]
Fuente: elaboración propia.* Actualmente denominada “Consejería integral en géneros y sexualidades”.
Para comprender los motivos que moldearon la periodización presentada, es preciso detenerse en acontecimientos políticos de carácter nacional vinculados a la promulgación de derechos sexuales y reproductivos, tanto como en condicionamientos político-institucionales propios del ámbito universitario.
En relación al contexto nacional, se destaca la creación del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva -denominado inicialmente “Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable”- a cargo del Ministerio de Salud de la Nación desde el año 2002. A lo largo de los últimos 20 años, el programa ha brindado un marco normativo a las políticas públicas de sexualidad desplegadas no sólo desde el aparato central del Estado, sino también desde el sistema de salud y otras instituciones del ámbito público y comunitario, entre las que se cuentan las educativas.[8]
En lo que concierne específicamente a las consejerías, ha alentado su desarrollo en diversas publicaciones tales como guías, protocolos y otro tipo de documentos destinados a agentes de salud. De especial importancia para este estudio es el documento de trabajo titulado “Consejerías en salud sexual reproductiva. Propuesta de diseño, organización e implementación” (2018). En este escrito las consejerías son presentadas como una estrategia público-estatal para el ejercicio de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, caracterizadas especialmente por la incorporación estructural de la llamada “variable social” a la configuración de las prácticas de atención, que de acuerdo con los mismos documentos refiere a “las condiciones de vida de las personas” y a la “dimensión subjetiva, es decir, los deseos, temores e inquietudes de cada persona” (Ministerio de Salud de la Nación, 2018). Las consejerías se presentan en tensión con el denominado “modelo tradicional de atención en salud”. La formulación utilizada presenta una clara referencia a lo trabajado por Menéndez (1990) sobre el modelo médico tradicional o hegemónico. De acuerdo con el autor, el modelo presenta algunos rasgos estructurales, entre los que se destacan principalmente tres: el biologicismo (es decir que el modelo subordina metodológica e ideológicamente otros niveles explicativos posibles del proceso salud-enfermedad-atención-cuidado a la biología), la asociabilidad (por la que tanto la dimensión social como la dimensión subjetiva son excluidas del proceso de atención clínica para lograr objetividad) y la asimetría en el vínculo entre el equipo de salud y las personas usuarias (por el que se entiende que son los profesionales quienes portan el saber, excluyendo el conocimiento de quienes consultan y promoviendo de su parte una actitud pasiva). En contraposición, las consejerías son definidas por el Ministerio como espacios de escucha atenta, en los que pueda establecerse un diálogo con los saberes y creencias de las personas que se acercan. Por último, en el documento se alienta a integrantes del equipo de salud, profesionales de distintas disciplinas, promotoras/es, agentes y animadoras/es comunitarias/os a formar parte de las consejerías, siendo éste un punto ineludible para su desarrollo por fuera del ámbito formal del sistema público de salud, como es el caso de su versión universitaria.
Los dispositivos universitarios relevados no sólo recuperan estos lineamientos principales del programa en sus resoluciones de creación, publicaciones en redes sociales y páginas web, sino que reciben a través del mismo los insumos para su funcionamiento diario (métodos anticonceptivos de corta duración, anticoncepción hormonal de emergencia, test de embarazo, preservativos peneanos y folletería, entre otros). También se apoyan en el programa -y en los centros de salud más cercanos- para la realización conjunta de acciones específicas de prevención y promoción de la salud sexual y reproductiva, tales como testeos rápidos de VIH. Por otro lado, esa red de vínculos es vital para derivaciones de distinto tipo: colocación de métodos anticonceptivos de larga duración, consultas ginecológicas, tratamiento de VIH e ITS y acceso a interrupciones voluntarias del embarazo, entre las más usuales.
Otro acontecimiento político nacional atendible en relación a la conformación de las consejerías en el ámbito universitario es la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral (ESI) en el año 2006. Desde sus comienzos en los años 1960, la educación sexual en Argentina se construyó en la intersección entre la adecuación a nuevos códigos eróticos y amorosos en momentos de transformación de la moral sexual y el temor ante posibles excesos y peligros (Felitti, 2009; Milanesio, 2021). El embarazo adolescente, las muertes por abortos y la prevención de infecciones de transmisión sexual (ITS) han sido algunos de los temas privilegiados en el contenido de distintas experiencias de educación sexual en el país. La sanción de la ESI inauguró un nuevo escenario social y político, por el que el Estado se vio obligado a abandonar antiguas ambigüedades, para pasar a asumir la responsabilidad de su implementación en todo el país. Si bien el nivel superior de educación quedó formalmente excluido de la normativa, el debate sobre la necesidad de incorporar contenidos sobre salud sexual a la vida universitaria fue ganando volumen y legitimidad (Blanco y Spataro, 2021), especialmente a partir de la primera movilización bajo la consigna “Ni Una Menos” (NUM) en el año 2015.
El ciclo de movilizaciones iniciado con el primer NUM fue seguido por los paros internacionales feministas del 8 de Marzo -a partir de la iniciativa del año 2016- y la masificación de los pañuelazos y acciones a favor de la legalización del aborto entre 2018 y 2020. Este proceso político de agitación callejera -acompañado por la deliberación pública que permeó en los medios masivos de comunicación, ámbitos culturales, deportivos y comunitarios de todo tipo-, colaboró en la consolidación de una base social de apoyo a los feminismos y transfeminismos sin precedentes en la historia de nuestro país (Felitti y Elizalde, 2015). En el sistema universitario nacional, el impacto del NUM visibilizó el trabajo sostenido por académicas feministas desde el retorno de la democracia y, en articulación con el creciente interés del movimiento estudiantil por la agenda de géneros y sexualidades, fue paulatinamente incorporada al compendio de responsabilidades asumidas desde la gestión de distintas instituciones universitarias. De este modo tuvieron lugar la sanción de instrumentos para el abordaje de las violencias sexistas y, posteriormente, la conformación de numerosos espacios institucionales especializados en la implementación de políticas de géneros y sexualidades (Moltoni, Bagnato y Blanco, 2020; Bagnatoet al., 2022).
Por su parte, el debate público por el derecho al aborto extendido entre los años 2018 y 2020, empujó un considerable reposicionamiento de la ESI como una estrategia necesaria de la formación en todos los niveles educativos (López, 2018), incluido el universitario. En este contexto, de acuerdo al relevamiento realizado por la RUGE en el año 2021, sobre un total de 63 instituciones universitarias que componen la red, más del 50% manifestaron estar trabajando en objetivos de asesoramiento/acompañamiento en la promoción de derechos sexuales y reproductivos; y, a propósito de esta cuestión, el 28,9% de los espacios de género ya contaban para entonces con consejería en sexualidades.
En estrecho diálogo con lo analizado por Moltoni, Bagnato y Blanco (2020) sobre el proceso de aprobación de instrumentos de abordaje de las violencias sexistas, es posible pensar que el impacto y la apropiación del fenómeno conocido como NUM en el ámbito universitario -visible no sólo en la proliferación de los protocolos de actuación frente a situaciones de violencia sexista, sino también en la creación de la Red interuniversitaria por la igualdad de género y contra las violencias en 2015, luego institucionalizada en el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) en el año 2018; y en la creciente consolidación de áreas de gestión especializadas en políticas de género-[9] propició un escenario de mayor receptividad para el despliegue de distintas iniciativas, entre las que se encuentran la conformación de consejerías universitarias.
Recapitulando lo expuesto en este apartado, la conformación de consejerías de salud sexual en universidades nacionales se encuentra comprendida en un tiempo histórico marcado por dos hitos en lo que respecta a políticas públicas de salud y sexualidades en Argentina: la sanción del Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en 2002 y la Ley ESI en 2006. Ambos constituyen el marco normativo fundamental en el que se inscribe el incipiente desarrollo de consejerías en el ámbito universitario entre los años 2008 y 2014. Por otra parte, la aceleración del proceso de conformación de consejerías universitarias advertida a partir del año 2015 coincide con la primera movilización de NUM y su impacto específico en el ámbito universitario. La creciente legitimidad adquirida por la agenda de los feminismos y su paulatina traducción en políticas de gestión universitaria, en el marco de lo que estudios anteriores han denominado como una etapa de institucionalización de las políticas de género (Bagnatoet al., 2022), parece haber ofrecido un escenario propicio para la creación de 9 consejerías universitarias nuevas (64% del total) entre los años 2015 y 2022.
¿Cómo se nombra el abordaje de la salud sexual en el ámbito universitario?
Al analizar de qué manera son denominados los dispositivos universitarios dedicados al abordaje de la salud sexual, advertimos un predominio extendido de la idea de “consejería”. De los 13 espacios analizados, 12 optaron por dicha formulación y sólo una eligió una diferente: la Asesoría en salud sexual integral de la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la UNLP. Recuperando lo trabajado por la UNC en una publicación dedicada a sus 10 años de trayectoria en consejería, se puede decir que:
“Un ‘consejo’ es una ‘recomendación que se hace a alguien para su bien’ y ‘pedir un consejo’ es ‘hacer ‘una consulta para decidir algo’. Una consejería implica, entonces, alguien que requiere información y alguien que escucha y responde. De allí que la primera y más acabada definición de consejería es espacio de diálogo. O también, espacio de encuentro” (UNC, 2018, p:7).
Tal como sintetiza el extracto citado, la idea de “consejería” proviene de “consejo” y sugiere un espacio de encuentro y diálogo. De la adopción misma del término se deduce, entonces, la voluntad de conformar un equipo capaz de escuchar y brindar información a las personas que lo requieran.
La tarea de promoción de este tipo particular de “espacios de encuentro” llevada adelante por el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación, también se realizó bajo la denominación de “consejería”. Teniendo en cuenta la influencia ejercida por el organismo en la consolidación de estos dispositivos en el ámbito universitario, advertimos también el peso de su impronta en la adopción de dicho término. Nuevamente en espejo con lo analizado por Moltoni, Bagnato y Blanco (2020) para los instrumentos de abordaje de las violencias sexistas, identificamos para el caso de las consejerías universitarias la adopción de un “lenguaje otro”; en este caso, en préstamo de una terminología propia del ámbito sanitario. Dicha apropiación no se presenta libre de tensiones: es usual encontrar entre la folletería y las redes sociales de distintas consejerías universitarias publicaciones destinadas a clarificar qué es una consejería, cuáles son los temas a los que se aboca o qué tipo de preguntas se pueden acercar al espacio. Incluso en conversaciones informales con estudiantes, docentes o autoridades de distintas unidades académicas, la mención del término “consejería” genera reacciones de desconcierto y la pronunciación misma de la palabra constituye, en muchos casos, una dificultad. El extrañamiento que suscitan expresa, de algún modo, los desafíos involucrados en la apropiación de un modelo desarrollado principalmente en el ámbito de la salud.
Por su parte, en lo que respecta a la opción hecha por la Asesoría en salud sexual integral de la FCM-UNLP, una entrevistada argumentaba que la elección abre la pregunta acerca de las relaciones de poder implícitas en la idea misma de brindar un consejo, a través de la cual se podría identificar a una persona que sabe (la que aconseja) y otra que no sabe (la aconsejada). En sus propias palabras: “si uno reconoce en la otra persona esa autonomía para tomar decisiones informadas, entonces ¿qué rol le cabe al asesor o asesora? Bueno, brindar esa información pero respetando la autonomía para la toma de decisiones”.
De lo anterior se desprende que la conformación de los espacios de consejería analizados conlleva un verdadero proceso de traducción de la terminología sanitaria al ámbito universitario, a través del cual ingresan reflexiones sobre las relaciones de poder involucradas en las prácticas de salud. Quién está en condiciones de “aconsejar” o cuál es el lugar de la autonomía en las políticas de salud sexual son debates que desafían a las universidades no sólo al momento de denominar un espacio institucional, sino también en la definición sobre cómo comunicar qué son las consejerías, qué hacen y para quién.
Ahora bien, ¿cuáles son las temáticas abordadas por estos dispositivos? La denominación formal elegida por las distintas universidades constituye un adelanto de aquello sobre lo que cada una se propone trabajar y la perspectiva teórico-política adoptada. A partir del análisis de dichas denominaciones se identificaron diferentes formulaciones, que se ordenaron de acuerdo al grado de especificidad utilizado para su denominación. De este modo, se agruparon las consejerías según a) si refieren a la salud sexual, b) si incorporan, además, referencias a la integralidad, c) sí diferencian entre salud sexual y salud reproductiva, d) si aluden explícitamente a la salud no reproductiva y e) si nominan temáticas específicas vinculadas a la sexualidad.
Dentro de la primera clasificación se encuentra el Programa de Salud Sexual de la Secretaría de Políticas de Salud Estudiantil de la UNLP, que refiere a la salud sexual sin más. En la segunda, se encuentra la Asesoría en salud sexual integral de la FCM-UNLP, con referencia explícita a la salud sexual integral. En tercer lugar, se agruparon la Consejería en derechos sexuales y reproductivos de la UNC, la Consejería en derechos sexuales y reproductivos de la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la UNAM y la Consejería en salud sexual y salud reproductiva de la Facultad de Psicología de la UBA, que optaron por diferenciar entre salud sexual y salud reproductiva. El cuarto grupo está conformado por la Consejería en salud sexual y (no) reproductiva de la Facultad de Ciencias Sociales de la UNC, la Consejería integral en salud sexual y derechos (no)reproductivos de la UNDAV y las Consejerías en salud sexual reproductiva y no reproductiva de la UNLaR, en las que se destaca la alusión explícita a la salud no reproductiva. En quinto lugar, se identificaron los espacios en cuya denominación formal se nominaron temáticas específicas vinculadas a sexualidad: la Consejería en cuidados y salud sexual de la UNMDP, la Consejería integral en violencia de género y sexualidades de la UNSAM, la Consejería de Sexualidades, Identidades de Género y Situaciones de Violencia Patriarcal de UNCuyo y la Consejería en sexualidades e interrupción voluntaria del embarazo (IVE) del CeAC y del Centro de salud "7 de abril" de la UNR.
Clasificación de las conceptualizaciones utilizadas por las consejerías.
Fuente: elaboración propia.
¿Qué lectura se puede hacer sobre las diferentes denominaciones elegidas? Por la variedad de modos de nombrar identificados, es posible establecer que no existe un consenso generalizado sobre cómo referirse al cruce entre salud y sexualidades. La idea de integralidad de la salud sexual, por ejemplo, constituye una referencia clara a la Ley de ESI, en cuyo artículo 1° se establece que “articula aspectos biológicos, psicológicos, sociales, afectivos y éticos”.[10]La incorporación de la dimensión subjetiva y vincular en la definición de la salud sexual constituye un aporte distintivo de la perspectiva adoptada y promovida por dicha normativa, en sintonía con las críticas realizadas al modelo médico hegemónico que, como hemos visto en la sección anterior, también recupera el modelo de consejerías impulsado por el Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva.
La diferenciación entre salud sexual y salud reproductiva, por su parte, reenvía nuevamente al Programa Nacional de Salud Sexual y Salud Reproductiva. En los términos del programa, los derechos reproductivos aluden al derecho de todas las personas a decidir si tener hijos/as, con quién, cuántos y cada cuánto tiempo, así como a recibir información y acceso a métodos anticonceptivos, una atención de calidad durante el embarazo, el parto y el post parto y a la interrupción voluntaria y legal del embarazo. Por otro lado, los derechos sexuales refieren a poder decidir cuándo, cómo y con quién tener relaciones sexuales, a vivir la sexualidad sin presiones ni violencia, a que se respete la orientación sexual y la identidad de género sin discriminación, a acceder a información sobre cómo cuidarse, y disfrutar del cuerpo y de la intimidad con otras personas.[11] Dicho de otro modo, la distinción entre salud sexual y salud reproductiva hace pie sobre el cuestionamiento al mandato de la maternidad, propio de los feminismos desde la llamada “segunda ola” (Felitti, 2010), así como sobre reflexiones contemporáneas acerca del alcance de la justicia reproductiva -tradicionalmente centrada en la capacidad de gestar y abortar de mujeres cis heterosexuales- propiciada por los movimientos de la diversidad sexual (Radi, 2019).
En lo que respecta a la referencia explícita a la salud sexual (no) reproductiva, resulta ineludible remitirse a lo trabajado por Josefina Brown (2014). Sobre esta formulación explica la autora:
“Uso el paréntesis “(no)” puesto que el uso de la denominación “reproductivos” alude a la histórica imagen de las mujeres como madres y reproductoras, y los derechos reproductivos como demanda de cara al Estado sostenida por las feministas y las mujeres en movimiento se supone que alude no sólo al derecho a una maternidad elegida, sin riesgos, sino también a decidir no reproducir, no ser madres” (Brown, 2014: p, 165).
La elección del uso del paréntesis “(no)” en la denominación de algunas de las consejerías universitarias apunta entonces en dirección a la autonomía para decidir libremente no gestar ni maternar y al derecho al aborto, finalmente legalizado en el año 2020 luego de tres décadas de activismo.
Por su parte, la opción por nominar temáticas específicas vinculadas a salud y sexualidades (tales como cuidados, prevención de la violencia o IVE) parece responder a decisiones de orden pragmático; esto es, a la finalidad de destacar la incorporación de temas usualmente no considerados dentro de la salud sexual y reproductiva (como es el caso de los cuidados en la consejería de la UNMdP) o bien a la de aglutinar distintos temas sin dejar de mencionarlos en su especificidad (tal como se identificó en las consejerías de UNR con respecto a la IVE o en la UNSAM y UNCuyo en relación con el abordaje de las violencias sexistas).[12]
Del recorrido realizado a través de las diversas denominaciones escogidas por las consejerías universitarias para definir su área temática de competencia se desprende que coexisten conceptualizaciones que, sin ser contrapuestas, aluden a distintos modos de comprender (y hacer) la salud sexual. La incorporación de la idea de integralidad, la distinción entre lo sexual, lo reproductivo y lo no reproductivo y, por último, la decisión de mencionar temáticas específicas, se traman en la conjunción de debates teórico-políticos abiertos, referencias normativas y condiciones institucionales de posibilidad, que contribuyen a destacar los desafíos de incorporar la temática de la sexualidad a la gestión universitaria.
Aunque en esta oportunidad no nos detendremos en este aspecto, cabe señalar sintéticamente que las consejerías han encontrado diferentes anclajes dentro del organigrama institucional de sus respectivas universidades: la mitad de las consejerías relevadas pertenecen al área o programa de género, mientras que otras han tomado forma a partir de proyectos de extensión, salud estudiantil o la propuesta formativa de una materia de grado. No obstante, la retórica fuertemente atravesada por la perspectiva de géneros identificada en todos los dispositivos pone de relieve el rol de los feminismos en el despliegue de esta política. Tal como se expondrá a continuación, muchos de los saberes teóricos y prácticos construidos al calor del activismo feminista en el ámbito de la salud han sido recuperados en la experiencia universitaria principalmente de la mano de la trayectoria militante de las referentes.
Militar los feminismos gestionando la universidad[13]
En este apartado nos proponemos analizar un asunto que se consolidó como un interés de investigación en el diálogo con las entrevistadas: los intercambios establecidos entre el activismo feminista dentro del campo de la salud y la gestión institucional a partir de la experiencia de las consejerías universitarias de salud sexual.
En primer lugar es preciso destacar que los 13 equipos considerados en este artículo están coordinados e integrados por mujeres cis, a excepción del caso de la FCS-UNC, en donde participa también un médico varón cis. Dicho de otro modo, se trata de espacios marcadamente feminizados, probablemente herederos del histórico involucramiento de las mujeres con la salud reproductiva, primero, y los derechos sexuales, después (Brown, 2014).
Por otra parte, el carácter feminizado del trabajo en las consejerías es objeto de reflexión para las propias referentes, al abrir un interrogante acerca del alcance de los espacios tanto en relación al contenido de sus actividades o propuestas, como a su capacidad para convocar e interpelar a distintos grupos sociales integrantes de la comunidad universitaria. En palabras de una entrevistada, el hecho de que el equipo esté conformado por mujeres cis puede ser considerado una “debilidad” en tanto que “sí uno quiere pensar en líneas de acción destinadas a ciertas poblaciones, necesariamente tienen que estar dentro". Desde esta perspectiva, la feminización del trabajo en las consejerías interroga las posibilidades de desarrollo de una política dedicada a sexualidades que no se limite a las necesidades de mujeres cis heterosexuales, sino que considere estructuralmente los deseos y las demandas de la comunidad LGBTIQA+[14] e incorpore también a las masculinidades.
Figura 3.
Disciplina de grado de las referentes entrevistadas
Fuente: elaboración propia.
En lo que respecta a su formación, la mayoría de quienes coordinan e integran las consejerías son egresadas de carreras pertenecientes a las Ciencias Humanas y Sociales, con una fuerte presencia del Trabajo Social. En segundo orden de importancia aparecen también profesionales de lo que podríamos denominar como Ciencias de la Salud, en especial Psicología y Medicina generalista.
Lo señalado parece dialogar con la profundización del debate social abierto en torno al saber experto sobre sexualidad. Principios rectores de este tipo de consejerías -citados tanto en las resoluciones de creación, como en la información oficial publicada en las páginas web de las universidades- como la escucha atenta, el respeto, la privacidad y la confidencialidad de las consultas, recuperan algunos de los aportes críticos más importantes realizados desde las ciencias sociales al modelo médico clásico de atención, por su carácter verticalista y deshumanizante (Castrillo, 2016). La presencia de profesionales de las Ciencias Sociales y Humanas resuena con el creciente protagonismo que desde la década de 1960 han desarrollado las dimensiones sociales en el abordaje y la reflexión pública sobre sexualidad (Milanesio, 2021), así como con su incumbencia profesional en el abordaje de la salud sexual, reproductiva y no reproductiva.
Al indagar sobre las trayectorias profesionales de las referentes y sus experiencias previas al trabajo en la consejería, identificamos dos grandes acontecimientos o hitos que configuran su entrada al dispositivo universitario: la participación en el Programa Nacional de Salud Sexual y la militancia en el movimiento feminista. En el primer grupo se encuentra, por ejemplo, el equipo de cátedra que impulsó la consejería en su Facultad retomando la experiencia compartida con anterioridad en la implementación de los lineamientos del Programa Nacional de Salud Sexual en la obra social universitaria. También identificamos aquí el caso de una dupla de docentes que se conocieron trabajando en el Programa Provincial de Salud Sexual y algunos años más tarde presentaron un proyecto de extensión de Consejerías en salud sexual reproductiva y no reproductiva en su universidad. Por último, es el caso de algunas referentes que habían ejercido cargos de responsabilidad en la coordinación en el Programa de Salud Sexual de la Provincia de Buenos Aires, el Programa de Salud Sexual de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en la Dirección de Salud Sexual y Reproductiva del Ministerio de Salud de la Nación antes de participar en las consejerías de su universidad.
En cuanto a la llegada a través de los feminismos, muchas de las referentes se definieron a sí mismas como activistas o militantes feministas y explicaron desde allí sus intereses profesionales vinculados a la agenda de géneros y sexualidades en sus universidades en general, y a los espacios de consejería, en particular. Así lo expresaba una de las entrevistadas: “mis intereses tanto de formación como de militancia de golpe se reunían en una propuesta de trabajo, era como ideal”.[15] Ésta combinación entre trayectoria profesional y compromiso político con las luchas del movimiento feminista apareció recurrentemente entre las entrevistadas, incluso señalando el trabajo en la consejería como una militancia en sí misma: “Yo soy de las que cree que (...) si somos parte de esto, no podemos no ser militantes”.[16]
Considerando el punto de vista de las entrevistadas es posible afirmar que en su trabajo se anudan roles, intereses y actividades en las que se encuentran (o se han encontrado con anterioridad) involucradas. Dicho de otro modo, las referentes encuentran en las consejerías un espacio desde el cual desarrollarse profesionalmente, involucrando saberes adquiridos en otras experiencias laborales y también en la esfera militante. Esto se asemeja a lo que, en términos de Vázquez (2014), constituye un activismo en la gestión; o, más precisamente para el caso de las consejerías analizadas, un tipo particular de activismo feminista en la gestión universitaria.
Siguiendo esta línea argumentativa podría pensarse que el contexto universitario actual no está signado únicamente por la institucionalización de los feminismos (Vázquez Laba y Rugna, 2017), sino también por un posible ensanchamiento de la categoría militante, asociado a la consolidación de un compromiso profesional entendido como una nueva forma de compromiso militante (Pudal, 2011). Los saberes feministas en torno a géneros y sexualidades pueden ser entendidos ya no sólo como un capital militante, sino también uno técnico, valorado como necesario para ocupar un rol de gestión en una institución universitaria.
La comprensión de las formas en que se institucionalizan saberes militantes ha sido tematizada en experiencias tales como las de las organizaciones piqueteras (Longa, 2019; Perelmiter, 2016) y en los colectivos juveniles vinculados al kirchnerismo y a otras fuerzas políticas (Morresi y Vommaro, 2011; Vázquez, 2015). Sin embargo, no han sido objeto de análisis sistemáticos en lo referido a la gestión militante de los feminismos. A partir del análisis de la conformación de consejerías universitarias de salud sexual, advertimos que los saberes y prácticas feministas se han erigido como capital simbólico reconocido para ocupar un lugar institucional dentro de la gestión universitaria. La posibilidad de las referentes de legitimarse como expertas en estos espacios, a través de la experiencia activista en las filas del movimiento feminista, constituye una novedad dentro de una institución históricamente androcéntrica y patriarcal como es la universidad. Aunque la pregunta por los efectos de este tipo de trabajo en su trayectoria militante excede los objetivos del presente artículo, resulta evidente que para las entrevistadas la lucha feminista es considerada una causa por la que vale la pena trabajar y militar en y desde la gestión universitaria.
Por otro lado, la asignación de recursos para las consejerías ha sido señalada por las entrevistadas como un punto problemático directamente vinculado a las características de su trabajo. La obtención del presupuesto necesario para el funcionamiento básico del espacio, que involucra tanto la adquisición de insumos y herramientas de trabajo, como honorarios para las profesionales que trabajan en la atención, fue señalada como un obstáculo. La retribución salarial de quienes trabajan en las consejerías en algunos casos no existe puesto que se presenta como una participación voluntaria (es decir, ad honorem). En otros casos se sostiene con contratos part- time, usualmente complementados con cargos de docencia en el nivel universitario o cargos en el ámbito de la salud pública (en centros de salud o en el Programa de Salud Sexual y Reproductiva, por ejemplo). Debido a estas condiciones de contratación, muchos de los equipos no tienen la posibilidad de dedicarse a la consejería a tiempo completo: “la contratación hace que tengamos pocas horas, rotamos entre las 15 / 20 / 25 horas, entonces si estamos capacitando, no estamos atendiendo, y bueno, vamos así”.[17]
Teniendo en cuenta la ya referida feminización del trabajo en las consejerías, nos preguntamos cómo podrían estar implicándose mutuamente las dificultades presupuestarias y el convencimiento de las entrevistadas acerca de estar realizando un trabajo militante. ¿Es posible que el entusiasmo y el compromiso político de las referentes con su tarea estén siendo aprovechados institucionalmente para evitar una mayor asignación de recursos? Esta hipótesis resuena con las reflexiones de feministas que han ocupado otros lugares de gestión universitaria. Así, por ejemplo, lo señalan Spataro et al (2021) cuando advierten que:
“No hay política feminista sin presupuesto con perspectiva de géneros (...) Este trabajo, como cualquier otro, no debe cubrirse con la militancia y las buenas intenciones (...) en el caso particular de esta agenda, cuando eso sucede, se contribuye a reproducir las desigualdades de género contra las que estamos luchando (en general, somos mujeres y personas LGTBIQ+ las que intentamos con nuestro trabajo militante hacer que esta agenda avance)” (Spataro et al., 2021: 75).
Es interesante advertir cómo se manifiestan las tensiones en torno al reconocimiento institucional y las retribuciones de los saberes, el trabajo y la militancia feminista en la universidad en el caso de las consejerías, puesto que allí se encuentran algunos elementos imprescindibles para comprender el alcance concreto de sus acciones, así como sus posibilidades de continuidad a futuro. Por un lado, los desafíos vinculados al reconocimiento institucional de un trabajo altamente feminizado se enmarcan en una problematización más extensa en torno al aporte significativo que representa la reproducción social de la vida, dado que su labor puede ser inteligible como parte de las actividades de “cuidado físico, emocional y social indispensable para el bienestar humano en la medida que permite mantener y reparar nuestra propia vida, nuestros vínculos y nuestro entorno” (Faur y Pita, 2020:19). Pero, además, esto se conjuga con disputas específicamente universitarias, en tanto su actividad tensiona uno de los pilares de la sociabilidad y organización institucional de dicho ámbito: la distinción moderna entre una escena pública dominada por la razón y otra privada concerniente a los afectos. La norma del conocimiento desafectado o des-sexualizado (bellhooks, 2016) no admitiría, en principio, que las universidad públicas destinen recursos humanos, edilicios y presupuestarios al sostenimiento de un dispositivo dedicado a la vida sexual, un asunto que, una vez más de acuerdo con el estatuto neutro del conocimiento, correspondería a la esfera privada o íntima.
Es por esta doble tensión que entendemos que el trabajo de las referentes en las consejerías involucra un proceso de politización de la salud sexual y reproductiva. Sin intenciones de evaluar el grado de éxito en esa empresa, interesa destacar el modo en que la asignación de recursos para la implementación de las consejerías en las universidades nacionales reedita las disputas por el reconocimiento económico de trabajos feminizados en sus propias coordenadas; esto es, en el marco de las discusiones acerca de la pertinencia de que se dediquen partidas presupuestarias al sostenimiento de una política universitaria abocada a la salud sexual.
Palabras finales
A lo largo del presente artículo compartimos un trabajo de sistematización de las consejerías universitarias de salud sexual, atendiendo principalmente a dos dimensiones identificadas en el análisis: la periodización de acuerdo al año de creación y el lenguaje utilizado para su denominación formal. En cuanto a la periodización, destacamos que este tipo particular de consejerías emergió en un contexto nacional signado por la promulgación de derechos sexuales y reproductivos -entre los que se destacan la aprobación del citado Programa Nacional de Salud Sexual y Reproductiva en el año 2002 y la sanción de la Ley de Educación Sexual Integral en 2006- y se multiplicó a partir del año 2015 bajo la influencia del primer Ni Una Menos en el ámbito universitario, acontecimiento que colaboró en la creciente legitimidad adquirida por la agenda de los feminismos en los años subsiguientes, y su paulatina traducción en políticas de gestión universitaria. En cuanto a la denominación formal de los espacios analizados interesa llamar la atención sobre cómo el consenso alrededor de la idea de “consejería” convive con una diversidad de formulaciones elegidas por los equipos para definir su área temática de competencia. Dicha multiplicidad de modos de nombrar y, en definitiva, de comprender y hacer la salud sexual, ejemplifica la compleja trama de debates teórico-políticos abiertos en torno a la cuestión y las referencias normativas que, junto con los condicionamientos institucionales de cada caso, moldean el desafío de incorporar el abordaje de la salud sexual a la gestión universitaria.
En la segunda parte del artículo se argumentó que las referentes encuentran en la consejería un espacio desde el cual desarrollar un tipo particular de activismo feminista desde la gestión universitaria; un verdadero trabajo militante (Vázquez, 2014). Desde esta perspectiva es posible pensar que el contexto universitario actual atraviesa un proceso de institucionalización de los feminismos y, simultáneamente, de ensanchamiento de la categoría militante asociado a la consolidación de un compromiso profesional. En diálogo con la feminización del trabajo en las consejerías y las dificultades presupuestarias relevadas, dejamos planteados algunos de los desafíos que enfrentan las referentes en el reconocimiento económico de un trabajo vinculado a las tareas de cuidado, por un lado, y que interroga la norma del conocimiento desafectado o des- sexualizado en las universidades por otro. Esperamos que estos interrogantes puedan ser retomados en futuros análisis para una mejor comprensión de las transformaciones propiciadas por el proceso de institucionalización de saberes militantes, en este caso feministas, en las universidades nacionales.
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Notas
Información adicional
ARK: https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25912755/7ftrl4wi9
