INTRODUCCIÓN

El presente artículo se propone indagar los modos de organización del proceso de trabajo en dos obras públicas como medio para la comprensión de los regímenes laborales en el Buenos Aires tardo-colonial. Nuestro punto de partida será que las actividades productivas y las relaciones de producción se encuentran estrechamente vinculadas a la política gubernamental (Burawoy, 1983: 587). En las últimas décadas, los estudios coloniales con respecto a las obras públicas, el artesanado o la vagancia han adquirido una mayor complejidad y sistematicidad; incluso han permitido la inclusión de estas tres variables en esos mismos estudios (Pérez Toledo, 2006; Quiroz, 2016, Solano, 2015; Pérez Toledo y Solano, 2016). Sin embargo, la cuestión radica en que parte considerable de esas investigaciones se refiere a espacios y sociedades que alcanzaron una complejidad institucional y organizacional que dista mucho de la creciente aldea porteña.

Luego de 1750, se observó en el Río de la Plata una dinámica distinta en torno a la construcción de fortificaciones, puentes y edificios públicos. Esta misma situación cobró mayor incidencia con la instalación en 1776 del Virreinato del Río de la Plata. En ese contexto se construyeron, repararon o mudaron numerosas fortificaciones en Buenos Aires y la Banda Oriental, desde guardias de palo a pique a fortalezas amuralladas de piedra (Aguirre e Iraola, 2022) como en Santa Teresa (actual Uruguay), a la vez que, a riesgo de ser poco amigable con el lector, se construyeron y repararon los edificios de la Audiencia, del Consulado, de la Real Renta del Tabaco, del Cabildo de Luján y su calabozo, los puentes de Barracas, Maldonado, Márquez, Luján y Arrecifes, el muelle de Buenos Aires, el empedrado, la plaza de toros, el teatro y numerosas iglesias y parroquias.

Betina Sidy demuestra la importancia de los nuevos espacios públicos y la imposición de idearios borbónicos de tipo neoclásico enmarcados en el iluminismo, que requerían de la construcción de alamedas (2013: 219), plazas de toros (Sidy, 2016) y la ocupación del espacio público en general (Sidy, 2014; 2017a y 2017b). Este estado de situación incrementaba la necesidad de trabajadores para las obras públicas. Siendo así, este escrito indagará cómo se articularon la organización del proceso de trabajo y políticas gubernamentales. En pocas palabras, existió una complementariedad entre las problemáticas de un gobierno colonial desprovisto de la infraestructura necesaria y los requerimientos productivos de las obras en construcción, por lo que se empleó la legislación y el aparato policíaco existente para la provisión de trabajadores para las obras públicas.

Hacia finales del Virreinato del Río de la Plata las numerosas obras públicas en construcción reclamaban materias primas, servicios de asistencia y muchos brazos. La coordinación de estas actividades productivas implicaba una complejidad considerable, que a la vez involucraba otro conjunto de diligencias sin las cuales todo podría caer en saco roto. La dimensión cobrada por las obras del empedrado y del muelle local impuso la necesidad de medidas para la provisión de mano de obra en condiciones que redujesen los costos totales. ¿Qué mecanismos permitieron abastecer de trabajadores? ¿Cómo se llevó adelante la articulación de distintas relaciones laborales en torno al proceso de trabajo?

Los órganos de gestión del Virreinato se valieron de dos mecanismos que facilitaron la obtención de brazos sin calificación. El primero de ellos fue el servicio público, que permitió proveerse de trabajadores que recibirían parte o ningún jornal y una manutención bajo la obligación de “servir al Rey” (Quiroz Muñoz, 2016:108). El segundo mecanismo fue el trabajo forzado de presidiarios y supuestos vagos, que se obtenían por la compulsión de los condenados y una auténtica política de persecución y captura de sujetos sin actividad demostrada.

El servicio público fue una práctica socio-política que justificaba tanto el empleo de vecinos o indígenas como de los presidiarios. Sin embargo, los dos primeros podemos decir que llevaban adelante esta tarea legitimándola por la práctica de “servir a su rey” en tanto súbditos obedientes, mientras que los reos -presidiarios y vagos- lo hacían en una mezcla de obligación y elección condicionada que buscaba la purga de sus penas. Por esto es que llamaremos a las tareas de los presidiarios trabajo forzado, a la vez que preferiremos llamar servicio público a las labores de vecinos e indígenas, entendiendo que estos asisten voluntariamente a una necesidad del rey.

Los Bandos de Buen Gobierno compelían a la población a emplearse en la cosecha; incluso suspendían otras actividades productivas como medio para que se conchabaran en la siega. En paralelo, se perseguía a todo sujeto que permaneciera sin trabajo comprobado. Las obras públicas fueron una máquina que absorbía estos presidiarios, que, incorporados al proceso de trabajo, debían “reeducarse” siendo socialmente hablando más productivos (Salvatore, 2010: 214-220). Sin embargo, el Buenos Aires colonial seguía ofreciendo a las personas medios para la subsistencia que reducían la necesidad de trabajar para otra persona. Tempranamente Carlos Mayo (1987: 27) identificó que los trabajadores poseían lo que Silver llamó capacidad estructural de negociación (2005: 26-27).

El material documental referido al mundo de los trabajadores oscila entre la contabilidad de alguna institución colonial[1] y las denuncias sobre la multitud de vagos y malentretenidos que tienen su contrapartida en la normativa coercitiva (Alonso et al 2001; Casagrande, 2014). Una lectura problematizadora de estos mismos materiales permite la indagación de cuestiones referidas a la continuidad del vínculo (Gelman, 1989), al proceso de trabajo, a las relaciones socio-laborales, a las posibilidades de obtención de recursos por fuera de la dependencia personal, etc. En este sentido, la construcción de la vagancia o del ocio como figura delictiva (Alonso et. al. 2001) apareció como un mecanismo que proveía de sujetos forzados al trabajo (Iraola, 2022), mientras que las obras públicas requerían de mano de obra sin mayor calificación.

Todas estas construcciones también implicaban la movilización de grandes contingentes de trabajadores por medio del servicio público, que generaron conflictos entorno a su licitud (Iraola y Aguirre, 2022), por lo cual la persecución de vagos y sujetos díscolos fue en consonancia con la sociedad “limpia” y “pulcra”, mientras que se legitimaba tal persecución bajo la idea de estos sujetos eran inadecuados y que el trabajo los haría mucho más útiles[2]. Incluso se sostenía una mentalidad que se preservaría hasta nuestros días, a saber, el trabajo como medio para reeducar al reo (Salvatore, 2010: 214-215).

Así como existía una complementariedad entre las necesidades constructivas y la política de persecución de la vagancia, debieron generarse modos de organización del trabajo. En apariencia, la mayoría de las actividades productivas en el Río de la Plata implicaron la organización de trabajadores en pequeños grupos. Por el contrario, las obras públicas otorgaron una dimensión completamente distinta al universo laboral y a las actividades productivas. En el caso del empedrado y del muelle, cientos de trabajadores dispersos entre la isla Martín García y la ciudad de Buenos Aires trajinaban diariamente en sus labores requiriendo tanto de la coordinación técnica de maestros o ingenieros como del control directivo de mayordomos y capataces. Las relaciones socio-laborales establecidas en este marco aparecen como un reflejo sugestivo sobre el mundo laboral de la época.

El presente escrito ofrece en principio una reconstrucción de las estructuras organizativas del proceso de trabajo, partiendo de un cúmulo considerable de material documental nombrado “razones de jornales”. Si bien estas fueron una herramienta administrativa que se utilizó en todas las obras públicas, entre 1799 y 1800 la dirección conjunta de las obras del empedrado y del muelle ofrecieron una continuidad administrativa hasta 1809, lo que permitió sistematizarlas. La propuesta será la indagación de estas mismas estructuras organizativas que fueron puestas en tensión por las dimensiones de las obras públicas del empedrado y del muelle de Buenos Aires. Lo anterior permitirá la comprensión de las estrategias sociales desarrolladas en el marco de ese régimen laboral a los fines de llevar adelante la producción.

En términos conceptuales, el artículo parte del proceso de trabajo para comprender la producción y las relaciones sociales. En principio, el producto resultante sería el empedrado o un muelle, en pocas palabras, las obras públicas. Durante el gobierno del virrey Vértiz se destinaron recursos humanos y materiales para las obras públicas, las cuales principalmente se referían a sanidad e higiene. En el Río de la Plata, la Ilustración implicó una redefinición del espacio público, motivo por el cual dichas obras cobraron una dinámica especial.

En este sentido, en la época tardo-colonial los trabajos de infraestructura e higiene con fines comunes fueron llamados obras públicas. Los recursos materiales fueron en su mayoría de origen público, aunque existieron obras costeadas por particulares a cambio de los derechos de explotación durante un lapso temporal. Estas obras públicas legaron un importante acervo documental que permite la reconstrucción de las relaciones socio-laborales.

El proceso de trabajo, como tal, es el momento en el que se reúnen los medios, el material y el trabajo vivo (Marx, 2007: 217-218) y estos elementos son independientes del desarrollo social (Marx, 2009: 29). No obstante, la dinámica de las obras públicas impactó sobre los modos de organización dentro del proceso de trabajo, siendo el estudio de este fenómeno uno de los aportes del presente artículo.

Ahora bien, el proceso de trabajo produce instancias de identificación horizontal asociadas al hacer en concreto, que colisionan con las divisiones internas generadas por la sociedad (Iraola, 2019: 57). Tal es así que en el acto mismo del trabajo peones libres, esclavos y forzados se funden en un mismo proceso que los identifica en un colectivo, mientras que la sociedad en la que se produce esta actividad los jerarquiza y los fragmenta como grupo. Desde esta perspectiva es que proponemos una reconstrucción de los procesos de trabajo en tanto instancias que producen y reproducen relaciones sociales, a la vez que este mismo fenómeno es constructor de experiencias subjetivas de los propios trabajadores (Soul, 2017: 9).

Esto último permite que realicemos una última precisión conceptual referida a la socialización en el mundo laboral tardo-colonial. Si bien existen estudios que aportan considerablemente al conocimiento de la sociabilidad de los trabajadores, muchos de ellos reparan en las pulperías (González Bernaldo, 1993) y en las prácticas sociales asociadas a este espacio (Mayo, 1998). Sin embargo, en el espacio de trabajo los peones disponían de un tiempo para el almuerzo y de varios recesos para compartir mates, además de que la propia actividad laboral difuminó las diferencias sociales entre esclavos, peones libres y trabajadores forzados (Johnson, 2013: 107-112). Esta sociabilidad es pensada como elemento constitutivo de ese colectivo que son los trabajadores y su experiencia con respecto a quienes, como diría un peón de la época, “gobiernan la gente de trabajo”.

RAZÓN DE JORNALES Y LA ORGANIZACIÓN DEL TRABAJO

Al final de la jornada semanal o mensual se realizaba una lista en la que se detallaban en orden los nombres y apellidos de capataces, peones y demás trabajadores, el número de días en que se habían desempeñado y qué jornal recibían, expresado como diario y/o mensual. Al cierre de esta lista se contabilizaba la liquidación, a veces se incluían los gastos de manutención y otros de menor cuantía. Al pie del documento firmaba el capataz o el mayordomo, dependiendo de quien lo hubiera labrado (Iraola y Aguirre, 2022). Estos registros se encabezaban con membretes distintos, a saber, “razón de jornales”, “razón de caudales”, “relación de los trabajadores”, “relación de capataces y peones”; pese a estas variaciones su funcionalidad era la misma. Incluso, estos documentos se confeccionaban de modo similar para quienes estaban forzados a trabajar bajo el membrete de “razón de los presos” o “relación de los individuos de leva forzada”, entre otros.

Las diferencias que se hallaron entre estas “razones de jornales” son resultado en su mayoría de la inexistencia de patrones burocráticos uniformes y obligatorios[3]. Esta herramienta administrativa posee -hasta nuestros días- un conjunto considerable de información, y plasmó relaciones sociales de producción y la organización del trabajo colonial. Además, permite la indagación de la continuidad, del ausentismo, incluso en los presidiarios es posible la observación del nivel de reincidencia en el delito por su regreso a la obra pública además de que se asentaron los días que estos estuvieron en el hospital.

En base a la “razón de jornales”, decimos que la unidad mínima de organización laboral fue la cuadrilla o partida, que liderada por un capataz llevaba a cabo una tarea específica con un conjunto de trabajadores y que, en palabras de Sergio Solano, era la “forma de organización laboral primaria cuya función iba más allá de la coordinación de actividades” (2010: 41). Eventualmente, la figura de la cuadrilla aparecía de manera explícita en la “relación de jornales” y ello permitía asociarla a la repetida estructura laboral que organizaba estas listas de trabajadores. La nómina expresada en la “razón de caudales” la encabezaba el capataz, una figura laboral que, si bien poseía la autoridad de liderazgo y de distribución de las tareas, representaba de modo claro la intermediación entre aquellos que abonaban los jornales (justamente a quienes se remitían estas listas) y quienes recibían esta paga[4].

La función del capataz era asegurarse de que una orden que le era superior se llevara adelante; tal es así que apareció identificado con aquellos que mandaban, aunque nunca fue más que un simple trabajador. No obstante, sus labores de liderazgo/mando y de distribución de tareas no fueron el único motivo por el cual aparecía separado en el proceso de trabajo, sino que, en numerosas ocasiones hemos encontrado que comía separado (Iraola, 2013), e incluso su manutención solía enunciarse por separado en la “razón de jornales” como “por el gasto cau[sa]do en la manut[enci]ón de los capataces a real por día”(AGN IX 4-8-1, 31/5/1803). No obstante, en fuentes de características cualitativas se puso en evidencia que la actitud de liderazgo del capataz se ejercía siendo parte constitutiva del proceso de trabajo como un primus inter pares. La autoridad pudo obtenerla desde el mismo espacio de trabajo, por lo que conformaba parte alta de los trabajadores a la vez que, entre los que mandaban, constituía el segmento más bajo.

En la historiografía la organización laboral fue reducida al capataz y los peones (Mayo, 1997), por lo que a simple vista las cuadrillas expresarían un régimen bifronte. Sin embargo, estas listas de “razón de jornales” mostraban una estructura más variada. En principio, eran encabezadas, cabe repetir, por el capataz como sujeto que remitía las listas y recibía el jornal más alto; en segundo término, aparecía un número menor de trabajadores que tenía asignado un jornal intermedio; finalmente, se enlistaban los típicos peones, mientras que, en algunas ocasiones aparecían uno o dos jornaleros a los que se les asignó un pago por debajo de los 4 reales[5].

Los jornales son el modo más simple de identificación de las divisiones entre los trabajadores de una cuadrilla, a la vez que materializaban las jerarquías laborales. El saber acumulado por la historiografía en torno al artesanado ofrece información acerca de la organización laboral. Como es sabido, la estructura gremial imponía una jerarquización entre el maestro, los oficiales y los aprendices (Ortiz Macedo, 2002: 64). En ella los jornales intermedios eran destinados a los oficiales (Rosal, 1982: 338-342); las diferencias en los ingresos se justificaban en la experticia que poseían estos trabajadores y el grado de autonomía que obtendrían en el proceso de trabajo. (Pierrotti, 2015: 108). También es válida suposición de que la línea que separaba a maestros y oficiales tanto en experticia como en el título era bastante difusa (Johnson, 2013: 126)[6].

Ahora bien, los sujetos que componían este colectivo laboral no fueron simples peones, sino que poseían una separación por calificación (Solano, 2015: 93). Lo que proponemos es que en estas “relaciones de jornales” luego del capataz se enlistaba un subgrupo de dos o tres trabajadores que accedían a jornales intermedios o más altos que el resto de la cuadrilla y que, si bien no eran oficiales -en términos del artesanado- se les estaba reconociendo un lugar y una remuneración distinta en tanto y en cuanto poseían algún tipo de experticia, incluso muchas veces obtenida en el propio proceso de trabajo. Al parecer, allí donde el sector productivo no había desarrollado una subdivisión interna del tipo artesanal adoptó esta misma jerarquización entre quienes asumían responsabilidades distintas o demostraban una experticia in situ. En definitiva, estos “oficiales” los encontramos realizando tareas de mayor responsabilidad o autonomía, por lo que se acercarían a sus análogos artesanos[7].

En la “razón de jornales”, luego de estos “oficiales” aparecían los peones de la cuadrilla, los trabajadores rasos. Aquí es donde una “razón de jornales” reproducía lo que la historiografía tomó como una práctica instituida, en concreto el jornal de 4 reales (Romano, 1963: 35). Incluso, los propios Bandos de Buen Gobierno (Iraola, 2023: 112-113) emitidos en los períodos de cosechas instituían como paga máxima estos 4 reales. Si bien numerosas investigaciones y fuentes documentales evidenciaban estos valores, debieron complementarse con la ración diaria de cada trabajador[8]. El valor compuesto de la jornada implicaba este monetario y la manutención, la cual aparecía en las relaciones laborales como un derecho adquirido por la costumbre (Iraola, 2015). La estabilidad del jornal fue tan evidente que la manutención se convirtió en el elemento de disputa entre patrones y peones.

La lista de “razones de jornales” –eventualmente- era finalizada con uno o dos sujetos que recibían un jornal que rondaba entre los 2 y 3 reales diarios. Ahora bien, estos trabajadores que encontramos por debajo de lo acostumbrado carecerían de una explicación inmediata, aunque consideramos posible que sean niños o jóvenes en los márgenes del régimen laboral acarreando agua, distribuyendo alimentos y llevando recados[9].

Estas “razones de jornales” materializaron la estructura organizativa de la cuadrilla de trabajo. Las dimensiones prácticas imponen que las cuadrillas no superaban una quincena de personas.

Siendo así, estas partidas de trabajadores quedaban constituidas por un capataz, un máximo de tres “oficiales” y un número variable de entre siete y doce peones, resultando el tamaño socialmente necesario en el proceso de trabajo. Incluso las cuadrillas lideradas por un maestro artesano y los oficiales del oficio se acompañaban por peones. El propio sector de la construcción reprodujo esta estructura tripartita (maestro-oficial-peón), pese a que se caracterizó por una estructura artesanal menos tradicional y con mayores contingentes de mano de obra ajena al oficio que se enmarcaba en una ciudad como Buenos Aires, donde la organización gremial demoró su aparición (Jonhson, 2013). Esta organización laboral que reconstruimos partiendo de las “razones de jornales” y que tenía como base organizativa la cuadrilla o partida de trabajadores fue puesta en tensión por las dimensiones de las obras públicas que hemos mencionado más arriba. En estos casos, la alteración más importante la observamos en la coordinación de tareas y por ello cobraron importancia una serie de sujetos directivos que formaron parte del control del proceso de trabajo.

Si tomamos los modos en que se conciben las obras en construcción debemos decir que la cúspide de una obra pública estaba en manos de un ingeniero o de un arquitecto; en última instancia, de un maestro mayor (Terán Bonilla, 1998: 349). La cotidianeidad del proceso de trabajo demostró que los primeros fueron únicamente mentores de dichas obras, mientras que su dirección técnica estaba bajo la responsabilidad de un maestro albañil. De este modo, la práctica cotidiana imponía que este último distribuía tareas entre los sujetos y las regía, salvo que un arquitecto o un ingeniero se hicieran presentes en el espacio de trabajo.

Luego de ello, aparecía la figura del mayordomo o sobrestante[10]. En este caso, existieron dos, necesariamente disímiles entre sí. El primero de estos era el mayordomo -pocas veces nombrado como sobrestante de la obra- quien cubría las funciones de administrador del dinero destinado a los gastos cotidianos, por lo cual, abonaba y recibía las mercancías, confeccionaba y/o recogía las “razones de jornales” para pagarlas y por esto mismo solía inmiscuirse en las cuestiones de “gobierno de la gente de trabajo”. Tal es así que presionaba en torno a la asistencia de los trabajadores, las demoras y el medio jornal que “por derecho” tenían si llovía o no se trabajaba.

El segundo de estos sujetos era el sobrestante de presos, quien como lo indicaba su nombre, era el responsable del control y dirección de los presidiarios condenados al servicio en las obras públicas. Este sujeto estaba exclusivamente destinado al control laboral. En las mañanas retiraba a los reos de sus calabozos para trasladarlos hasta el espacio de trabajo, allí controlaba que se desempeñaran del modo solicitado por el capataz de la cuadrilla. Finalizada la jornada escoltaría a los presos hasta sus calabozos. De este modo, las numerosas cuadrillas de trabajo se articulaban entre sí por la coordinación de maestros artesanos, sobrestantes y capataces.

Por último, merece un comentario la importancia adjudicada al factor militar. El mayordomo solía ser un vecino reconocido o un integrante del cabildo local, como responsable de los recursos y del abono de los jornales ocasionalmente presionaría sobre el desempeño de las tareas y la persecución de la pereza. Sin embargo, los sobrestantes de presos estaban exclusivamente destinados al control del proceso de trabajo asegurando a los capataces la disciplina laboral. Este último frecuentemente era un oficial militar (sargento, cabo, etc.) acompañado por dos o más soldados. El hecho de que los presidiarios, como veremos en el siguiente apartado, estuvieran destinados a distintos espacios dentro del proceso de trabajo implicó que se otorgara a otros oficiales militares la guarda de los sujetos forzados al trabajo. El comandante de la Guardia del Riachuelo era un claro ejemplo de ello, incluso el hecho de que accediera a un jornal distintivo otorgaba reconocimiento a una responsabilidad propia de un sobrestante.

LAS OBRAS PÚBLICAS DEL EMPEDRADO Y EL MUELLE

Durante casi un siglo se fueron destinando tasas, impuestos y multas a las obras en las calles hasta que todas ellas conformaron el Ramo del Empedrado[11]. De este modo, se convirtió en uno de los centros de gestión de obras públicas como la alameda, la plaza de toros, varios caminos incluso algunos puentes. A mediados de 1799, el capitán de navío Martín de Boneo fue designado director de las obras del empedrado e intendente de policía. En virtud de ello, hacia fines de ese mismo año ordenó a los alcaldes ordinarios que

“trasladen inmediatam[en]te en depósito al R[ea]l Presidio (sin perjuicio de la Substanc[i]on de sus respectivas causas) veinte y cinco hombres de los Presos contenidos en relaciones q[u]e me acompañaron con oficio de 21 de oct[ub]reult[im]o, cuidando de que se escojan los de mayor robustez p[ar]a el servicio de los trabajos publicos y de delitos de menos gravedad; lo q[u]e aviso a V[uestra]S[eñoría] p[ar]a q[u]e disponga se ocupen en dos trabajos públicos, y se les subministren la racion correspondiente de cuenta del ramo del empedrado” (AGN IX, 20-2-4, 20/11/1799)

El objetivo que buscaba era la entrega continua de presidiarios para las obras del empedrado. Los reclamos de Boneo evidencian el propósito en el sostenimiento de estas “cuotas de presos” y el aparente motivo de ello era la escasez o las fugas de trabajadores (AGN IX, 20-2-4, 8/10/1802). A principios de octubre de 1800, el virrey Marqués de Avilés solicitó a los alcaldes ordinarios que pasaran al presidio en calidad de depósito 35 a 40 presos de la Real Cárcel “a fin de que de esta suerte se logre atender a la interesante obra del empedrado con los prudentes ahorros que exije” (AHPBA, 7.3.11.6, f.1, 8/10/1800). El 13 de octubre de 1800, la Real Audiencia inició un expediente, debido a que, siendo facultad del virrey los castigos y escarmientos en el modo que los considere, no obstante, “según las leyes de Partida la Carcel non es dada p[o]r escarmentar los yerros mas p[ar]a guardar los Presos en ellas hasta q[u]e sean juzgados”(AHPBA, 7.3.11.6, f. 5, 17/10/1802).

Siendo así, la cárcel como tal era el espacio en el cual los sujetos esperaban su juicio, mientras que el presidio era el lugar definitivo para aquellos que se hallaren culpables. La Real Audiencia resolvió que fueran los propios sujetos los que decidieran incorporarse a las obras públicas (AHPBA, 7.3.11.6, f. 56, 17/10/1802). En suma, el ofrecimiento permitía a los presos de la Real Cárcel salir del hacinamiento[12], acceder a una manutención[13], computar pena, y el encontrarse en un espacio abierto ofrecía la posibilidad de una fuga[14]. Hasta 1809, dicha resolución de la Real Audiencia se convirtió en la recomendación que permitió la explotación del trabajo forzado de todo tipo de presos.

Si en última instancia eran los presos de la Real Cárcel quienes decidían, Martín de Boneo tendría límites en esa fuente de fuerza de trabajo. Sin manifestarse abiertamente, el objetivo era reducir los costos laborales de la obra. Por ello, la otra parte de la solución estaría en la acostumbrada recolección de vagos y mal entretenidos (Iraola, 2023) que fueron computados como “individuos de leva forzada” quienes serían forzados a trabajar (Salvatore, 2010).

Este complejo productivo mantenía diferentes relaciones socio-laborales. La precisión de algunas tareas demandaba distintos tipos de artesanos; sin excepción solo fueron identificados maestros y oficiales, estando ausentes en la documentación los aprendices[15]. Un segundo tipo de relación lo constituía el servicio público establecido por intervención gubernamental, imponiendo a determinado segmento de la población una tarea por un tiempo determinado con la posibilidad de extenderlo y bajo la fórmula de “servir al Rey”. A mediados del siglo XVIII se impuso este servicio a los carreteros locales para la obra del empedrado y luego con el mismo objetivo se les impuso a las embarcaciones el acarreo de piedras de la isla Martín García (AECBA, 10/2/1757: 185-187).

La última de estas relaciones la constituyó el trabajo forzado de los presidiarios. Desde 1709 se propuso el empleo de los presos de la cárcel local en las obras del empedrado (AGN IX, 19-1-7: 120). En 1799 se produjeron una serie de modificaciones organizativas que dieron un giro considerable. La designación de Martín de Boneo como director de la obra e intendente de policía permitió la articulación entre control social y provisión de presidiarios, manteniendo la continuidad de la producción, aunque la intervención de la Real Audiencia que mencionamos obligó al incremento de una práctica intermedia entre el trabajo forzado y el trabajo voluntario (AHPBA, 7.3.11.6). Así aparecieron las “relaciones de los individuos de leva forzada” quienes eran obligados a trabajar a jornal y manutención.

Si por una parte presionaba a los alcaldes de barrio y sus pares de la hermandad buscando la provisión de fuerza de trabajo (AGN IX, 20-2-4, 20/11/1799), por otra parte, destituía al comandante de la guardia del Riachuelo Miguel Corbera y solicitaba para su reemplazante Antonio Bonelo y para el sobrestante de presos Blas Modéjar jornales suplementarios[16]. El objetivo de Martín de Boneo conllevaba un incremento de las medidas de control social y laboral, lo que hacía necesarios los incentivos para quienes fueran los responsables de impedir la insubordinación y las fugas, aunque estos mismos incentivos también se distribuyeron entre los trabajadores.

En febrero de 1802, con motivo de que los “yndios de las misiones” se encontraban sirviendo en la artillería naviera frente al contexto bélico internacional y local, Martín de Boneo solicitó y consiguió que trabajaran en las obras públicas con jornal y manutención (Iraola y Aguirre, 2022). En octubre de 1802, se notificaba las quejas expresadas por estos “indios” quienes no clamaban por atrasos en el pago;

“sino en el aspero modo con que los tratan los subalternos encargados de sus personas y de inspeccionar sus travajos, manifestándose algunos mui disgustados de q[u]e se les castigue como a Esclavos o delinquentes en algunas faltas que han cometido de resultas de embriagueces encargo a V[uestra] S[eñoría] prevenga estrecham[en]te a dos subalternos el buen tratam[ient]o de los expresados indios, estando a la vista de que mas bien se trate de evitar la comisión de aquellas faltas q[u]e castigar las cometidas” (AGN IX, 20-2-4, 18/10/1802)

La intervención del director de las obras buscó que de ningún modo se los tratase con violencia. Así como Boneo otorgó incentivos a los sujetos responsables del control también cauteló los derechos de los indígenas, mientras que gratificó a aquellos que se comprometían con las labores. Siendo así, Boneo obtenía trabajadores de los peones libres, de los esclavos entregados por sus dueños o los propios del Cabildo, de las misiones jesuíticas, de los presidiarios e individuos levados por la acción policíaca. Todos ellos eran incorporados a las cuadrillas de trabajo.

El 5 de agosto de 1803, la Junta del Consulado otorgó la dirección de la obra del muelle a Martín de Boneo (AGN IX, 4-7-10, 5/8/1803). Ahora en una sola persona se concentraban las dos obras públicas más importantes de la ciudad, además de que este sujeto era el Intendente de Policía. En consonancia con la necesidad manifiesta de fuerza de trabajo, el 15 de noviembre de 1803, el Consulado solicitaba al Virrey que para la obra del muelle se facultara a dicho director para “la recogida de vagos de q[u]e abunda esta Ciudad, y aplicación de ellos a trabajar en d[ic]ha obra, satisfaciéndoseles sus salarios [para] destinarlos a aquellos trabajos, de donde acaso podrán salir útiles a la Patria por el temor de recaer, o p[o]r la costumbre de trabajar”(AGN IX, 4-7-10, 15/11/1803). Luego de un tiempo, los vecinos de la ciudad presionaron para destituirlo por la supuesta demora en las obras, las causas en su contra que descansaban en la Real Audiencia y el argumento, aunque parezca satírico, de que en la coyuntura bélica como Capitán de navío debía “servir al rey” (AGN IX, 19-5-3, 12/6/1804).

La obra del empedrado poseía una serie de cuadrillas de trabajo, como las de picapedreros en la Isla Martín García, en las embarcaciones que trasladaban las piedras, los carros que las transportaban en la isla o por la ciudad y finalmente las partidas de labor en las calles destinadas al empedrado. Paralelamente, una cuadrilla de carros de limpieza retiraba escombros y desechos cobrando una tasa. Ello adelantaba las tareas de adecuación de las aceras, incorporaba material para el relleno de pozos o “pantanos” y el terraplenado del muelle, además de que generaba recursos económicos al Ramo del Empedrado.

Ahora bien ¿cómo se organizaron y coordinaron todos estos trabajadores que confluyeron en el marco de las obras públicas del empedrado y del muelle de Buenos Aires? En principio, en las canteras de la Isla Martín García se desempeñaba una primera cuadrilla, la cual obtenía tanto las piedras necesarias al piso como los “sillares” de granito (AGN IX, 4-7-10, 30/1/1804) además de la extracción de piedra laja que se vendía a particulares en Buenos Aires (AECBA, 22/8/1769: 73), generando recursos para el Ramo del Empedrado. El maestro picapedrero era Matías Vigo, que acompañado por siete oficiales realizaba la tarea cotidiana, mientras que, en paralelo, trabajaba el maestro cantero Santo Paulette y cinco oficiales. La precisión necesaria requería que fuera exclusivamente una labor de artesanos. El comandante de la Isla Martín García Juan José Díaz (AGN IX, 4-7-10, 23/11/1804) recibía un pago adicional de parte del Consulado, de ello suponemos que cumplía algún tipo de tarea de control del proceso de trabajo junto con el sobrestante Francisco Collas.

Una vez obtenido el material lítico, las cuadrillas de presidiarios cargaban los carromatos para su traslado. Las tropas de carretas de caballos tenían como capataz a Cristóbal Mendoza y alrededor de diez u once peones, mientras que las tropas de bueyes estaban conformadas por completo por indios guaraníes cumpliendo un servicio público (Iraola y Aguirre, 2022), en las que se destaca el papel del “capataz de indios” de nombre Matías Alí. A cargo de todas las carretas estaba Roque García y ambos transportes trasladaban sus cargas hasta las embarcaciones; en principio, estas irían hasta la zona llamada el “cubo” en las cercanías de Montevideo (AGN IX, 20-2-4, 21/3/1803) donde las piedras serían reembarcadas en chalanas, botes planos y goletas para ser descargadas en Buenos Aires[17]. Algunos presidiarios se desempeñaron como marineros con jornal (AGN IX, 20-2-4, 11/6/1802).

Las piedras se acumulaban en la Guardia del Riachuelo[18], donde era comandante Antonio Bonelo que había sido designado por Martín de Boneo debido a la importancia de este lugar para dichas obras públicas. En este punto, las piedras volvían a ser cargadas en carruajes. Los carros del empedrado tenían a Josef Villafañe como capataz, un boyero, un ladero y alrededor de diez peones que divididos en sus transportes distribuían las piedras por las calles o las trasladaban hasta la obra del muelle. La distribución de las piedras entre las diferentes calles impuso la separación de las carretas, siendo los sujetos responsables Josef Miriño y Juan De La Cruz. En dichas “razón de jornales”, estos sujetos aparecieron como capataces o como peones, pero siempre asignados de inmediato al capataz Villafañe, quien tenía el jornal más alto. Tanto Miriño como De La Cruz accedían al jornal intermedio que caracterizaba a este subgrupo que dimos en llamar “oficiales”, en reconocimiento de la responsabilidad adquirida o de la experticia alcanzada.

En estos carros del empedrado trabajaron 115 personas; solo 6 eran presidiarios, 31 peones tenían apellidos de ascendencia guaraní, y el resto peones libres. En suma, se combinó el servicio público de indígenas guaraníes y peones libres -todos a jornal y manutención-, y en menor medida se incluyó el trabajo forzado de presidiarios. Los carros del empedrado debían trasladarse a lo largo y ancho de la ciudad entre el Riachuelo, el muelle[19] y las calles donde se estaba trabajando, todo ello representaba el riesgo de las fugas de los presidiarios. Asimismo, las carretas implicaban la complejidad de sujetarlos como medio preventivo. Por el contrario, los peones guaraníes se caracterizaban por una disciplina interna que emergía de su propia organización comunitaria -incluso corporativa como se observó en el reclamo del Protector de Naturales.

Por el contrario, las cuadrillas de empedradores estaban conformadas en su mayoría por presidiarios forzados a trabajar. El proceso de trabajo situado en una calle o en el muelle facilitaba la opción de colocarles grillos y cadenas, al mismo tiempo, posibilitaba una mayor eficacia y eficiencia en el control laboral y la prevención de fugas. El sobrestante de presos del empedrado fue el sargento Blas Modéjar y luego de 1809, Mariano Sagasti. El traslado de los presidiarios desde la fortaleza hasta los lugares de trabajo lo realizaban el sobrestante y la escolta liderada por el alférez Juan González, quienes se localizaban en las calles en construcción controlando durante el día cada una de las cuadrillas de trabajo.

Las cuadrillas de empedradores insumieron un total de 256 trabajadores de los cuales únicamente 28 eran guaraníes y el resto presidiarios. Las cuadrillas se componían de un capataz, dos sujetos “oficiales” y entre 8 y 10 presos; además, sabemos que trabajaron en simultáneo hasta 3 de estas cuadrillas. Ya en 1799, Martín de Boneo incrementó el número de presidiarios en estas partidas, buscando el aumento de la producción (AGN IX, 20-2-4, 26/9/1799), mientras que, disponía el inicio de una política de persecución de vagos y malentretenidos para el sostenimiento del número de trabajadores por cuadrillas (AGN IX, 20-2-4, 3/10/1799).

La colocación en las calles de todas esas piedras implicaba dos labores previas, a saber, la limpieza y la nivelación de las calles. El maestro albañil Francisco Cañete fue el encargado de esta última tarea y quien articulaba su labor con dichas cuadrillas empedradoras[20]. El capataz de los carros de limpieza era el cabo de milicias Vicente Agüero y Barua, acompañado por Pedro Ximénez, Juan José Leal y Juan Antonio Barros que recibían un jornal mayor constituyendo sus “oficiales”. Luego de ellos se enlistaban entre 10 y 12 peones libres a menos de 4 reales diarios, remuneración que explicaría la salida luego de un mes, aunque ello es cuestionado por el posterior regreso y una llamativa repetición de apellidos[21].

Los carros del empedrado, como mencionamos más arriba, también trasladaban las piedras al muelle. En esta locación el maestro albañil Cañete –encargado de la nivelación de las calles- era el sujeto de mayor importancia en la organización del proceso de trabajo. En el muelle identificamos tres grupos estables: los “carpinteros de lo blanco”, las partidas de presidiarios y las cuadrillas de los individuos de leva. Finalmente, cabe la mención de una cuadrilla compuesta indistintamente de guaraníes y de esclavos que aparece mencionada de modo accidental y que suponemos auxiliaba en los momentos de mayor trabajo.

El muelle había sido diseñado por Pedro Antonio Cerviño, con un sistema de encajonado hidráulico que permitía que el oleaje fluyera reduciendo el impacto sobre la estructura, mientras que, la parte superior era de mayor solidez y peso (AGN IX, 4-7-10, 24/9/1795). Por lo cual, una parte importante de la infraestructura del muelle dependía de un sector particular de artesanos conocidos como “carpinteros de lo blanco”[22]. A diferencia de los albañiles y picapedreros, estos expresaban una lógica artesanal identificable, al abonarse diariamente a los maestros 24 reales, a los oficiales 22 reales y a los dos aprendices 16 reales y 10 reales respectivamente (AGN IX, 4-8-1, 11/6/1803).

En paralelo, las cuadrillas de presidiarios e individuos de leva, incluso las propias de guaraníes, estaban destinadas a la distribución del material de terraplenado. En este sentido, las herramientas y medios utilizados durante el proceso de trabajo ponen en evidencia las labores desempeñadas. A saber, el Consulado ordenó la construcción y la reparación de carretillas, zorras, angarillas, canastos, barretas, barrenos, espeques, motones, entre otros objetos. Por un lado, sabemos que los carros del empedrado, como ya lo hemos visto, trasladaban piedras hasta el muelle; por otro lado, se enumera la descarga de numerosas carretas con tosca y escombro para el terraplenado[23].

El muelle, como espacio de trabajo, representaba una particularidad por el crecido número de cuadrillas, imponiendo la necesidad de un capataz mayor y tres capataces dependientes para los sujetos de leva. Además, los presidiarios tendrían su capataz, un sobrestante de presos y los soldados destinados. El granadero Nicolás Lozano era el responsable del traslado de dichos presos entre el presidio y el espacio de trabajo, mientras que Ramón Lazo era el sobrestante de la obra con la asistencia del soldado Damean Prieto, que recibía una gratificación extra por labrar las “relaciones de jornales” de todo el contingente. En suma, el muelle concentraba diariamente entre siete y ocho cuadrillas de trabajo considerando la de los carpinteros, las cuatro de leva y dos de presidiarios, las cuales podían auxiliarse con la cuadrilla de guaraníes y esclavos.

Las obras del empedrado y del muelle de Buenos Aires requerían todos los días aproximadamente de 355 personas, entre peones libres, de leva, presos, indios guaraníes y artesanos. El control del proceso de trabajo solicitaba un mínimo de 22 sujetos, entre los cuales se cuentan el ingeniero hidráulico Eustaquio Giamini, el maestro mayor Francisco Cañete, el director de las obras Martín de Boneo, 14 capataces, 2 comandantes y4 sobrestantes y sus respectivas escoltas de soldados. Alrededor de 22 sujetos directivos eran necesarios para el control de 355 trabajadores, en pocas palabras 1 sujeto de mando cada 16 trabajadores, asemejándose a la media que establecimos para las cuadrillas de trabajo.

La disciplina laboral que aplicó Martín de Boneo quedó explícita en los sujetos destinados al control del proceso de trabajo y en las gratificaciones que otorgó a todos ellos. Ello podría servirnos como justificación cuando observamos que únicamente se declararon dos casos de fugas o deserción. Sin embargo, son mayores en número los casos en los cuales los presidiarios o individuos de leva, luego de cumplida su condena/servicio, optaron por incorporarse a la obra como peones libres a jornal. Las gratificaciones que se otorgaban a los sujetos destinados al control también fueron otorgadas a los trabajadores en reconocimiento de diferentes labores, y en apariencia ello facilitó que los peones optaran por darle continuidad al vínculo (AGN IX, 20-2-4, 31/3/1803).

En 1799 los peones de la descarga en el Riachuelo denuncian que una lancha traía leña en vez de piedras y la orden de Boneo fue la aprobación del decomiso en beneficio “de los presidiarios del Riachuelo” (AGN IX, 20-2-4, 24/12/1799). El 31 de octubre de 1803, en una razón de gastos menores del maestro Francisco Cañete, se declara la gratificación a los indios por descubrir una silletera, al día siguiente porque 11 de ellos continuaron esa labor en medio de un temporal, mientras que se compensó a 7 peones y a 11 indios por descargar -de noche- en dos oportunidades unas bateas. El domingo 29 de agosto de 1799 sabemos que 19 peones trabajaron en el terraplén, por lo que se les entregó una gratificación y un refresco. Nuevamente, la noche del 24 de septiembre a 13 peones que descargaron una batea e incluso repararon sus agujeros, se les pagó un suplemento de 4 reales a cada uno, mientras que se reconoció a los sujetos de leva y dos presos por su trabajo en la escollera el domingo 9 de octubre (AGN IX, 4-8-1, 31/10/1803).

El último ejemplo será de una orden directa de Martin de Boneo, cuando remite poco menos de $65 pesos para que se repartan entre los 39 presidiarios que trabajaron durante 14 días en el muelle y escribe “cuya gratificación les prometí a fin de avivar el trabajo” (AGN IX, 4-8-1, 29/5/1803).

De este modo, las estrategias de control del proceso de trabajo y de gratificación para quienes debían llevarlo adelante aseguraron una organización laboral que reducía la pereza y las fugas, mientras que una política similar de gratificaciones a los peones contribuyó tanto a esto último como a la continuidad laboral de los reos “reenganchados”. Claramente, esta estructura estaba estrechamente ligada al aparato legal que permitió la provisión de fuerza de trabajo, a la vez que presionaba sobre la población local sin trabajo estable o demostrable.

PALABRAS FINALES

La dimensión material de estas obras públicas sólo puede reconocerse cuando reparamos en que la población aproximada del Buenos Aires tardo colonial rondaba los cuarenta y dos mil habitantes (Brown, 1985: 27). Aquellos días en que se realizaban tareas mayores el número de trabajadores desempeñándose en el muelle y el empedrado rondaría casi el 1 % por ciento de la población total; en consecuencia, la obtención de los brazos y la contención de los obtenidos requerían de un considerable conjunto de medidas de control social. Más aún si consideramos que en paralelo se estaban realizando otras tantas obras públicas que demandaban brazos por la vía del conchabo libre o del trabajo forzado.

La comprensión del régimen laboral implica tanto las dimensiones del control social que se aplicaron en función de estas obras públicas como la organización laboral que facilitaba la incorporación continua de trabajadores ajenos al proceso de trabajo. Por un lado, el aparato normativo y legal que permitiría el trabajo forzado de los presidiarios emergió como impedimento para convertirse en la base necesaria para la continuidad de esta fuente de trabajadores. Por otro lado, la política de recolección de vagos como medio adicional de provisión de mano de obra aseguró un número suficiente de trabajadores para las cuadrillas. Finalmente, la anterior coerción externa pasaba a articularse con las gratificaciones como estrategia para lograr el disciplinamiento laboral. El resultado fue un número reducido de fugas y un importante mecanismo de incorporación de trabajadores forzados como trabajadores libres.

En el Río de la Plata las obras públicas cobraron una dimensión distinta, al punto que requirieron de una organización laboral que sin ser una innovación implicó modificaciones en el proceso de trabajo. Las cuadrillas de labor fueron esa unidad mínima de organización en el proceso de trabajo, aunque en estas dimensiones se constituyeron en uno de tantos engranajes en el mecanismo. Sin embargo, el andamiaje productivo y el mismo proceso de trabajo recaía en las cuadrillas, debido a que permitían la coordinación inmediata del capataz. La pericia de maestros artesanos y oficiales debió complementarse con una numerosa asistencia de peones que, aunque fueran ajenos al oficio, realizaban las labores que requerían de menor formación. Estos trabajadores destinaban sus jornadas a trasladar materiales necesarios a la obra bajo la dirección técnica de artesanos de la construcción y el control laboral de capataces, sobrestantes y militares.

De este modo los bandos para compeler a los vagos, la remisión de los mismos y la intervención de la Real Audiencia le otorgaron formalidad a una estructura de trabajo forzado. De este modo, los sujetos de leva son aquellos compelidos a trabajar por medio de la fuerza pública, y en paralelo se encuentran los presos que computan su pena trabajando. Todo ello permitió sostener una provisión de cientos de trabajadores que mantenían la dinámica del proceso de trabajo, a la vez que sobrestantes, comandantes y capataces fortalecían los controles en el espacio de trabajo para contener la desobediencia.

En el proceso de trabajo no sólo se producen mercancías, sino que el propio proceso de trabajo constituye una instancia de sociabilización que facilita la identificación de los sujetos entre sí en tanto colectivos inclusivos (Soul, 2016: 82-83). Los momentos de labor, los descansos, la comida y el regreso a casa contribuyen al fortalecimiento de lazos horizontales que difuminan las diferencias construidas por el sistema de castas colonial. En estos términos, los estudios de los procesos de productivos aportan a “entender el complejo entramado de las relaciones laborales, sociales y políticas de la clase trabajadora” (Vergara, 2013: 116).

Siendo así, la sociabilización generada por el propio proceso de trabajo se acoplaba con las gratificaciones otorgadas para contener a las cuadrillas, favoreciendo su estabilidad, reduciendo las fugas y abriendo la posibilidad del “reenganche” de los que cumplían su obligación. La estructura jurídico-legal que permitía la obtención de brazos en las cárceles y las pulperías era la misma que se utilizaba desde principios del siglo XVIII. La problemática expresada en este caso es que dichas medidas de control social emanaban de un sujeto que concentraba la doble función estratégica de ser intendente de policía y director de la obra.

La dimensión de estas dos obras públicas fue lo que implicó mayores medidas de control en el proceso de trabajo. Ya hemos visto la importancia adjudicada a sobrestantes, soldados, comandantes y capataces. Si bien ello no implicó la desaparición de las fugas o la pereza, parece haberla reducido significativamente. Los reemplazos en los sujetos destinados al control y los suplementos monetarios para la mayoría ponen en evidencia las intenciones de preservar el control sobre el proceso de trabajo por medio de los incentivos. El resultado fue un régimen laboral exigente y estricto en lo disciplinar, aunque paternalista en sus modos de gratificar el desempeño; quizás esto mismo contribuya a la explicación de por qué el desplazamiento de Boneo fue acompañado por otros similares, en los casos del tesorero del Ramo del Empedrado Antonio Cajigas, algunos sobrestantes y capataces, aunque esto merece una investigación en sí misma.

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Notas

Información adicional

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