Turismo en la Sierra Tarahumara, México Afectaciones culturales y derecho indígena en comunidades rarámuri

Tourism in the Sierra Tarahumara, Mexico. Cultural affectations and indigenous law in Rarámuri communities

Turismo na Serra Tarahumara, México. Afetos culturais e direito indígena nas comunidades Rarámuri

Marco Vinicio Morales-Muñoz marco.vinicio@colef.mx

El Colegio de la Frontera Norte, México, México

Juan Jaime Loera González jjloera@conahcyt.mx

CONAHCYT/INAH, México, México

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La Sierra Tarahumara, ubicada en el estado de Chihuahua, al norte de México, forma parte de la Sierra Madre Occidental y cuenta con aproximadamente 60.000 kilómetros cuadrados. Tiene paisajes conformados por profundas barrancas, arroyos y grandes porciones de bosque de pino y encino que dan origen a una diversa topografía con ecosistemas, climas y variedad de flora y fauna. Asimismo, es el territorio de cuatro pueblos indígenas: Rarámuri, O´dami, Guarijío y Pima, que conviven con la población no indígena asentada, sobre todo, en las cabeceras municipales y en las localidades con mayor demografía.[1] Esta región, diversa ambiental y culturalmente, ha sido el escenario constante de políticas y prácticas de intervención institucional por parte de exploradores, de misioneros, del Estado, de narcotraficantes, de empresas mineras y forestales y, recientemente, de proyectos turísticos que tomaron un rumbo particular desde los primeros años del siglo XXI. Todo ello ha generando procesos de transformación sociocultural que impactan en los pueblos indígenas habitantes de este territorio, principalmente el rarámuri o tarahumara.

A partir de la década de 1990, los gobiernos estatal y federal, atendiendo al Plan Nacional de Desarrollo de los sexenios de la época, proyectaron la Sierra Tarahumara como una región estratégica para el desarrollo turístico y lanzaron un programa de inversión conocido como Plan Maestro Barrancas del Cobre que incluía, particularmente, la construcción de infraestructura de comunicaciones, carreteras, un aeropuerto y el Parque de Aventura Barrancas del Cobre (PABC). Desde el inicio, algunos estudios llamaron la atención sobre los posibles impactos culturales y ambientales en la zona, derivados de un proyecto de tales dimensiones (Mancera, Domínguez, Herrera, 1998).

En diciembre de 1996, el periódico oficial del Estado de Chihuahua publicó el decreto 409/96 mediante el cual solicitaba al gobierno de Chihuahua la creación del Fideicomiso Barrancas del Cobre y la conformación del Consejo Consultivo Regional, cuya finalidad sería la de establecer mecanismos de consulta, proponer objetivos y prioridades de desarrollo regional formulando propuestas anuales de inversión social que deberían ser consideradas como anexo especial de desarrollo turístico sustentable. En concreto, el Fideicomiso Barrancas del Cobre ten-dría el objeto de “coadyuvar en la promoción del desarrollo económico de su zona de influencia, mediante el fomento de la actividad turística, procurando la preservación del medio ambiente, de las expresiones culturales de las comunidades indígenas, impulsando proyectos que aprovechen el impacto de la inversión turística, favoreciendo el arraigo digno y productivo de la población indígena”.[2] Es decir, desde el inicio se planteó el diseño de los mecanismos de consulta de las comunidades indígenas de nueve municipios incluidos en el proyecto turístico: Batopilas, Bocoyna, Chínipas, Guachochi, Guazapares, Maguarichi, Ocampo, Urique y Uruachi.

Sin embargo, las dependencias responsables no se acercaron a las comunidades rarámuri ni constituyeron, de manera conjunta y colaborativa, el Consejo Consultivo. Tuvieron que pasar dieciséis años para que se estableciera comunicación debido a que las autoridades rarámuri de las comunidades Huitosachi, Bacajípare y Mogótavo interpusieron un amparo por la falta de consulta e inclusión en proyectos económicos y turísticos desarrollados en su territorio; los primeros dos en el años de 2012, y el tercero en 2013. Durante este tiempo, dichas localidades, ubicadas en el municipio de Urique,[3] han quedado sujetas a acciones gubernamentales y empresariales que intentan posicionar proyectos turísticos bajo un modelo que afecta derechos humanos, generando despojos, conflictos judiciales, deterioro ambiental y escasos beneficios a la población local. Las tres comunidades también han desarrollado un proceso de defensa de sus derechos humanos, destacando las acciones legales en diferentes niveles estatales, nacionales e instancias internacionales. Así, desde 2010, con apoyo de las asociaciones civiles Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC) y Awé Tibúame,[4] litigan un proceso que las llevó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para exponer su caso registrado con el número 14.765 “Comunidades Huitosachi, Mogótavo y Bacajípare del Pueblo Indígena Rarámuri México”.

Figura 1
Ubicación de las localidades de Huitosachi, Mogótavo y Bacajípare.
Bojórquez-Tapia, A., et. al., 2022.

En 2013, luego de amparos interpuestos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió una sentencia para que los responsables del fideicomiso procedieran a la conformación del consejo consultivo, el cual quedó integrado hasta el año 2019, cuando el gobierno del Estado constituyó oficialmente el Consejo Consultivo Regional del Fideicomiso Barrancas del Cobre, en el cual se contempló la participación de instancias de gobierno de Chihuahua, como la Secretaría de Turismo y la Secretaría de Pueblos Indígenas, empresarios del sector turístico y representantes de las comunidades rarámuri de Huitosachi, Mogótavo y Bacajípare (SCJN, 2017). Cabe destacar que la vecina comunidad no indígena de Areponápuchi solicitó a las tres localidades rarámuri su inclusión en el consejo consultivo, lo cual fue autorizado; no obstante, esto resultó en consecuencias negativas para el sector rarámuri, como expondremos más adelante.

Uno de los elementos importantes en la problemática es el PABC, ubicado en el vértice de las tres localidades rarámuri en cuestión, cuya construcción inició en 2009.[5] El Fondo Nacional de Fomento al Turismo[6] perfilaba la “rentabilidad atractiva” del proyecto y planteó la pertinencia de concesionar a “inversionistas con experiencia, desarrolladores y/u operadores turísticos, con quienes se han iniciado una serie de pláticas” (FONATUR, 2004: 16 citado en Almanza y Guerrero 2014). Esto incrementó la plusvalía de parcelas y el interés de inversionistas por la apropiación privada, generando alianzas comerciales entre empresarios y funcionarios públicos de municipios y del estado de Chihuahua. En algunos casos, se agudizaron antiguas disputas que llevaron a los particulares que tenían escrituras sobre los territorios de Huitosachi y Mogótavo a invertir en infraestructura hotelera, ofreciendo dinero a las familias para dejar sus casas, amenazándolas con desalojarlas, proponiéndoles contratos de comodato o, por último, iniciando demandas civiles y penales por despojo contra los gobernadores rarámuri.[7]

Por su parte, el Fideicomiso continuó gestionando obras sin consulta a las comunidades indígenas. A esto se sumó la creación del Comité de Casetas, apoyado por el ayuntamiento de Urique, el cual organizó a representantes de las tres comunidades indígenas y de Areponapuchi, cuyo propósito es recolectar y administrar el dinero generado por las entradas de visitantes al estacionamiento del PABC y orientarlo, en principio, a resolver sus necesidades. En la práctica, no obstante, ha generado muchos conflictos, pues las mismas comunidades denuncian que no se reparten equitativamente las ganancias, ni de manera constante, inclusive, el crimen organizado se ha entrometido buscando diversificar sus opciones económicas. La tabla 1 sintetiza la línea de tiempo que indica los sucesos más sobresalientes del proceso descrito.

Tabla 1.
Línea de tiempo de sucesos y afectaciones.

No obstante la constitución del consejo consultivo, las comunidades de Huitosachi, Bacajípare y Mogótavo consideran que, hasta la fecha, su operación es ineficaz para representar sus intereses frente al proyecto turístico, sus opiniones no son consideradas y sus acciones no son avaladas. De hecho, denuncian que han sido objeto de presión y amenazas tanto del gobierno como de inversionistas particulares para abandonar sus tierras debido a los intereses de empresarios hoteleros y turísticos (CIDH, 2021). Por todo lo anterior, y en el ejercicio de la defensa de sus derechos, en mayo de 2022, autoridades de las tres comunidades solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos realizar y considerar con urgencia, como pruebas de su demanda, un peritaje antropológico sobre daños culturales y territoriales, y otro relativo a daños ambientales.[8]

De esta manera, en el año 2022, a petición de las tres comunidades, CONTEC A. C. nos invitó a realizar las investigación pericial en materia cultural y de territorio, cuya finalidad fue la de

“identificar y dimensionar los impactos que los hechos denunciados han ocasionado en nuestras comunidades, tanto en nuestra forma de vida y organización tradicional en relación con nuestro territorio, en nuestro proyecto de vida y derechos culturales, los cuales se han visto alterados por la implementación sin respeto a nuestra libre determinación por falta de consulta, para diseñar, implementar y operar el proyecto turístico”(Caso 14.765 Comunidades Huitosachi, Mogótavo y Bacajípare del Pueblo Indígena Rarámuri México. Observaciones adicionales de las Peticionarias sobre el fondo, 2022: 26).

Es importante señalar que establecimos el plan de trabajo junto con las comunidades y CONTEC, solicitando consentimiento para realizar las indagaciones en campo así como la posibilidad de emplear la información recabada para generar productos de investigación científica. Al respecto, las autoridades rarámuri añadieron la importancia de que se conozcan las situaciones vividas cotidianamente, “que se sepa la verdad”, dijeron. En ese sentido, también comentaron que, para sus comunidades, era muy relevante que se mencionaran los nombres de las personas y familias de empresarios y políticos que los han despojado de su territorio para beneficio propio. A partir de resultados obtenidos en el peritaje, realizamos una selección y sistematización de los hallazgos con la finalidad de redactar el presente artículo, cuyo objetivo es analizar el conjunto de afectaciones territoriales y culturales que ha ocasionado el denominado Plan Maestro Barrancas del Cobre, impulsado por empresarios y el gobierno federal, en el área donde se asientan las comunidades rarámuri de Mogótavo, Bacajípare y Huitosachi. La metodología de trabajo incluyó una revisión bibliográfica sobre las categorías de cultura y territorio rarámuri, así como lo dispuesto en los instrumentos nacionales e internacionales sobre derecho indígena. Lo anterior se complementó con indagatorias etnográficas en las tres comunidades entre septiembre y noviembre de 2022, realizando recorridos de prospección, visitas a infraestructura turística, talleres y dibujos comunitarios, así como entrevistas a autoridades, líderes, comerciantes y operadores turísticos. Es importante señalar que las referencias a los testimonios las presentamos en términos generales para conservar el anonimato de las personas.

Las categorías de cultura y territorio guiaron la presente investigación. La primera es entendida como la articulación de saberes y prácticas rarámuri, cuyo contenido es cosmovisional, normativo y material, mientras que la segunda, vinculada con la de cultura, es el espacio geográfico y simbólico apropiado a través de las instituciones de reciprocidad e intercambio, todo lo cual propicia el relacionamiento entre la colectividad, la tierra y el cosmos. Asimismo, en términos jurídicos, dichas categorías se asocian a los derechos de los pueblos indígenas estipulados en los instrumentos nacionales e internacionales, los cuales indican el imperativo de practicar, manifestar, revitalizar y transmitir sus tradiciones y costumbres culturales, así como las garantías que el Estado debe otorgar al territorio, sus usos, prácticas y representaciones. De todo ello daremos cuenta en el primer apartado.

Considerando lo anterior, surgieron cuestionamientos sobre cuáles y en qué sentido son las dimensiones culturales impactadas por los proyectos turísticos desarrollados en los territorios de las comunidades. El trabajo de campo dio cuenta de las afectaciones relacionadas con el despojo territorial, aspecto al que dieron mayor relevancia; por supuesto al ámbito de la economía, el trabajo y sus transformaciones, así como las condiciones en las que participan de manera marginal las comunidades rarámuri; también destacaron daños en elementos fundamentales de la organización social, como su sistema de gobierno, la ritualidad, o la participación marginal en el consejo consultivo y en el Comité de Casetas del PABC, actividad que recientemente se sumó a las obligaciones de las autoridades tradicionales. También señalaron perjuicios en cuanto a su identidad étnica, a partir del mal uso de su imagen y lengua por parte de empresarios y comerciantes no indígenas. Este conjunto de hallazgos dio la pauta para conformar la estructura del artículo y el análisis en los apartados correspondientes.

La investigación se inserta en los estudios realizados sobre las problemáticas y conflictos a los que quedan sujetos los pueblos y comunidades indígenas que habitan entornos socioambientales susceptibles de ser explotados con fines turísticos por parte de actores económicos y políticos ajenos, y cuyo resultado lleva a procesos de despojo, precarización y transformaciones culturales. En ese sentido, coincidimos con los trabajos de Ávila (2013), Becerra (2014), Bellinghausen (2012), Zizumbo (2010) y Almanza y Guerrero (2014), quienes abordaron los efectos del turismo en zonas indígenas en México y argumentaron que el modelo de intervención turística genera mecanismos de despojo territorial y afectaciones diversas.

De esta manera, en el apartado de conclusiones planteamos que el modelo de turismo en la Sierra Tarahumara se posiciona discursivamente en favor de supuestos procesos incluyentes y sustentables en una zona de riqueza natural y cultural. Sin embargo, dichas narrativas son contrarias a las prácticas de control político de espacios de decisión ejercidos por las élites no indígenas, locales y regionales, las cuales invierten y se benefician de una economía turística, favorecida por el Estado, atentando contra los derechos humanos de las comunidades rarámuri, ocasionando despojos territoriales y afectando negativamente sus esquemas culturales y de identidad étnica.

En la disciplina antropológica, la categoría de cultura ha sido empleada para describir, comprender y generar conocimientos sobre la diversidad de grupos, pueblos y sociedades. Las corrientes teóricas de la antropología han debatido y planteado un conjunto de definiciones inherentes a este concepto, argumentando, de manera sintética, que las culturas pueden entenderse como sistemas adaptativos que posibilitan relacionar a los grupos humanos con su medio ambiente, en los que la tecnología, la economía y la organización social son los rasgos centrales. También es posible concebir teorías ideacionales de la cultura, destacando tres vertientes, cognitiva, estructural y simbólica: la primera enfatiza los procesos de transmisión y generación de conocimiento a través de códigos; la segunda considera a las culturas como sistemas simbólicos compartidos y constituidos por elaboraciones mentales; mientras que la tercera postula que dichos sistemas de símbolos y significados son compartidos y orientan la conducta (Kuper, 2001).

Para evitar una discusión sesgada, en el presente artículo adoptamos un enfoque amplio, integrador, que contempla las diferentes dimensiones bajo las cuales se ha caracterizado el concepto de cultura. Consideramos que se refiere al “modo socialmente aprendido de vida que se encuentra en las sociedades humanas y que abarca todos los aspectos de la vida social, incluidos el pensamiento y el comportamiento... la gran mayoría de los rasgos culturales están configurados abrumadoramente por una enseñanza socialmente condicionada” (Harris, 2007:17). A dicha conceptualización sumamos dos elementos fundamentales que no deben perderse de vista: la maleabilidad y el dinamismo, así como su configuración en términos de estructuras de desigualdad y jerarquía social.

La categoría de cultura que planteamos para el caso rarámuri, contempla la articulación de saberes y prácticas cuyo contenido es cosmovisional, simbólico, normativo y material, y se emplea en la vida cotidiana. En ese sentido, nos referimos a las expresiones de pensamiento, principios, valores y pautas de acción que definen las relaciones sociales, configurando el ámbito de lo colectivo en las dimensiones económica, religiosa, ritual, política, el estatus, la visión del mundo y la territorialidad.

Además, para comprender la especificidad de las afectaciones derivadas de la actividad turística, debemos considerar lo estipulado por instrumentos jurídicos nacionales e internacionales sobre derechos de los pueblos indígenas relativos a la cultura y el territorio. El convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (artículo 5º), la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (artículos 11, 12), la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (artículo 4) y la Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua (artículo 13), son claros en lo que atañe al imperativo que tienen los pueblos indígenas de practicar, manifestar, revitalizar y transmitir sus tradiciones y costumbres culturales. El Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (artículos 13 al 18) y la Ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas del Estado de Chihuahua (artículos 13, 14, 16) también hacen referencia a los derechos que el Estado debe garantizar al territorio de los pueblos indígenas, así como a sus usos, prácticas y representaciones. En el lenguaje de los derechos, Francisco López Bárcenas (2006) señala que el reconocimiento de la autonomía de los pueblos indígenas implica, necesariamente, el reconocimiento constitucional de sus territorios:

“para los indígenas sus espacios territoriales son fuente de identidad y parte de su ser… la tierra es el lugar de origen, fuente de creencias, sustento de una cosmovisión, unas prácticas socioculturales peculiares y asiento de un pasado común... y los recursos en ella existentes necesitan del conocimiento y sentido de conservación de los indígenas para su existencia” (López, 2006:43).

En nuestra investigación fue importante seguir este enfoque para hablar del territorio rarámuri, lo cual implica concebirlo como un espacio, geográfico y simbólico que siglos atrás fue apropiado por este grupo y que, desde el contacto con la sociedad europea en el siglo XVI hasta nuestros días, ha sido objeto de despojos y de resistencias culturales. Algunos antropólogos han reflexionado sobre el territorio rarámuri, coincidiendo en el proceso de construcción sociohistórica y de apropiación de un espacio en términos geográficos, materiales y simbólicos vinculados a una organización social. Para Porras, et. al., (2003:199) es fundamental concebir la construcción del territorio indígena en la Sierra Tarahumara a partir de los procesos históricos; Kennedy (1970) planteó que la apropiación territorial fue posible debido a la articulación de un conjunto de relaciones sociales que responden a un criterio de adaptación al entorno geográfico, particularmente a través de las instituciones de reciprocidad e intercambio material y simbólico; y Gotés (2012) propuso que los pueblos indígenas de la Tarahumara conformaron sociedades basadas en un modelo agrícola-campesino vinculado a prácticas recolectoras dentro de un calendario ritual que implicó una forma de relacionamiento entre la colectividad, la tierra y el cosmos.

De acuerdo con esto último, la apropiación del territorio, gawí o kawí en lengua rarámuri, implica la articulación de tres niveles de relacionamiento socioterritorial: el rancho, la ranchería y el pueblo. Los dos primeros tienen un origen prehispánico, mientras que el tercero surgió durante la colonia (Spicer, 1967). La unidad básica del territorio es el rancho, lugar de residencia y trabajo de los grupos familiares. La disponibilidad de agua y tierra cultivable en un paraje determinado posibilita el asentamiento de un grupo variable de unidades domésticas conformando así una ranchería. Y el pueblo es un relativo “centro” político-religioso resultado del contacto misional durante la colonia que los rarámuri apropiaron.

Sobre este último nivel, debemos referir al gobierno rarámuri como un elemento fundamental de la articulación socioterritorial, el cual constituye un sistema político de cargos introducido por los misioneros en la época colonial, pero que fue apropiado por la población rarámuri. De acuerdo con Morales (2019), dicho sistema está conformado por un cuerpo de funcionarios encargado de desempeñar funciones y obligaciones vinculadas con la mediación de los conflictos internos, velar por el cumplimiento de la normatividad y conducta colectivo, organizar celebraciones rituales, coordinar tareas colectivas, así como la intermediación con los actores institucionales. La estructura la encabeza el siríame o gobernador indígena, quien es apoyado en sus tareas por un grupo de auxiliares: segundos gobernadores, capitanes, soldados, mayoras, fiscales, alowasi y comisario de policía.[9]

Al profundizar sobre las afectaciones del turismo, debemos asumir la multidimensionalidad de los impactos y consecuencias. La mayoría de las afectaciones documentadas en la investigación presentan una complejidad percibida desde varias dimensiones culturales, es decir, pueden ser categorizadas desde un ámbito en concreto, pero se conectan y articulan en múltiples dimensiones entre sí: economía, organización sociopolítica, identidad, territorialidad, y varias más.

Considerando dicha multidimensionalidad, con fines expositivos, presentaremos a continuación una disección general de las áreas afectadas para dar claridad a las evidencias resultantes de la investigación. Con ello no generamos secciones autocontenidas o sin relación; por el contrario, el ejercicio forma parte de una sistematización y análisis que da cuenta de los aspectos particulares de las afectaciones. Esto permite entender el carácter holístico de las dimensiones en cuestión, sus entrecruces, superposiciones y efectos mutuos. Con tal énfasis, este apartado presenta las repercusiones en cuatro grandes áreas, algunas de ellas con desdobles en su interior, entre las cuales hay una transversalidad de acuerdo al entendimiento y operatividad de la categoría de cultura en su vínculo con el territorio rarámuri y los derechos indígenas.

Sin duda, una de las afectaciones culturales más sentidas, asociadas a la industria turística, es el despojo territorial. Su preservación y cuidado forma parte de las aspiraciones de las comunidades rarámuri, puesto que es vital para la reproducción social, cultural y económica y representa el ambiente material y simbólico en donde pueden ejercer los derechos humanos. Estudios antropológicos dan cuenta de la importancia cultural del territorio, al considerar responsabilidad de las generaciones presentes preservar el legado que dejaron los antepasados, anayáwári, “los antiguos”, “los de antes”, para que se mantenga la vida tal como la conciben. (Hernández, 2024; Fernández, 2015; Stefani y Urteaga, 1994, Porras, et. al., 2003)

Por ello, el modelo turístico dominante representa un riesgo de despojo territorial, ya que la inversión empresarial en infraestructura y servicios, realizada por personas ajenas al contexto rarámuri, impone un control a su modelo social. Esto genera diversas dinámicas de conflicto a nivel político y económico; por ejemplo, las evidencias indican el desarrollo de un mercado de tierras y especulaciones que constantemente tiene a las comunidades bajo la incertidumbre y la preocupación por el riesgo de despojo, que se han intensificado desde la década de 1960 con la construcción del ferrocarril Chihuahua al Pacífico (Ch-P) y las carreteras que cruzan la Sierra Tarahumara, y la posterior construcción del PABC en 2009.

A pesar de que las tres comunidades indígenas tienen ocupación ancestral de su territorio, las solicitudes de dotación de tierra han sido negadas por el gobierno federal con el argumento de que no existen como comunidad (Almanza, 2024; Hernández, 2024). En el caso concreto de Mogótavo, la comunidad ha sufrido acoso de tres generaciones de la familia Sandoval, dueños de hoteles en la región, que se establecieron y, de manera irregular, obtuvieron la propiedad privada de las tierras donde se encuentran asentados. Almanza (2013) y Almanza y Guerrero (2014) muestran cómo dicha familia, luego del anuncio del proyecto turístico en 2008, inició un litigio para expulsar a los residentes originales. El hostigamiento comenzó dos años después, cuando parte de las tierras de Sandoval fueron vendidas a una empresa de bienes raíces propiedad de un grupo político afín al secretario de turismo del gobierno estatal en turno (Almanza, 2013). Este empresario continuó amenazando a la comunidad, desarrolló un plan de desalojo y reubicación para la mayoría de sus residentes y, entre 2021 y 2022, interpuso denuncias penales y civiles en contra de autoridades tradicionales de Mogotavo.

En Huitosachi nos mencionaron el interés de otro empresario hotelero quien, desde el año 2019, ha intentado comprar un predio de 252 hectáreas en el que viven veinticuatro familias rarámuri. Cuando el proyecto turístico fue anunciado y la inversión pública inició su proceso, el empresario intentó persuadir a las familias indígenas de reubicarse.[10] Como en otros casos, las comunidades rarámuri no conciben el hecho de que una persona no reconozca a quienes nacieron y viven en una extensión de terreno, y, en cambio, se proclama el dueño solo por poseer un documento del cual desconocen la procedencia.

Los habitantes de Huitosachi mencionaron que uno de los logros de la estrategia de lucha legal ha sido la organización de las mismas comunidades para enfrentar el miedo provocado por la pérdida de territorio con fines turísticos. En un taller de reflexión colectiva, dijeron “antes teníamos miedo, pero ya no porque estamos organizados”, recordando las manifestaciones públicas que han realizado. Sin embargo, acciones de defensa territorial en el contexto de disputas legales han provocado incertidumbre y miedo en las comunidades, afectando la salud de las personas. Debemos destacar que, durante una de las visitas realizadas a Mogótavo en octubre de 2022, fuimos testigos de la entrega de citatorios por parte de un Juzgado Civil de un municipio que no corresponde a la demarcación de la comunidad, dirigido a sus gobernadores tradicionales, como parte de un proceso de demanda que los acusa de despojo territorial. Fue evidente la incertidumbre y el miedo provocado por los funcionarios, lo cual debe considerarse seriamente, ya que en el pensamiento rarámuri la preocupación y tristeza son elementos que causan enfermedad en las personas (Merrill, 1992 [1988]). Al preguntar en Mogótavo sobre los problemas de despojo y las demandas judiciales, comentaron “Sentimos tristeza, desesperación, no podemos dormir, nos enfermamos porque pensamos muchas cosas ¿a dónde iríamos a vivir?”.

Las situaciones presentadas muestran las afectaciones a los derechos humanos de las comunidades rarámuri. El Convenio 169 de la OIT (artículos 13 al 18) y la ley de los Derechos de los Pueblos Indígenas de Chihuahua (artículos 13, 14, 16) dan cuenta, no solo de la falta de respeto a la relación que estas mantienen con sus tierras y territorios, sino que no hay garantías por parte del Estado en cuanto al derecho de propiedad y posesión, a la protección de los recursos y lugares simbólicos, a no ser trasladados, ni hay sanciones en contra de acciones de intimidación que atentan contra la integridad y la seguridad de comunidades rarámuri.

Más allá de la idea del territorio considerado sólo como un superficie fisiográfica con recursos explotables, para los rarámuri significa un espacio que posibilita la reproducción sociocultural en términos del relacionamiento entre las personas, el ambiente y las especies que viven en él, a lo cual otorgan una carga simbólica. En vista de ello, la implementación de los proyectos turísticos también violenta sus derechos, debido a que no se respeta ni se protege la organización territorial a la que aluden los instrumentos de derechos indígenas. En ese sentido, el trabajo y la economía de las familias de las tres comunidades experimentan cambios particulares, ya sea en el modelo agrícola como en la elaboración y comercialización de artesanías e iniciativas turísticas.

Los testimonios señalaron que las ventas de artesanías no representan el ingreso que solía representar años atrás.[11] Si bien se ha potenciado el arribo de turistas susceptibles de consumo de artesanías o de servicios turísticos administrados por las mismas comunidades, como paseos guiados que se ofrecen en Bacajípare o la experiencia culinaria de Huitosachi, el turismo se ha vuelto más selectivo y enfocado a ciertas atracciones, pues, como indicaron algunos operadores turísticos de Creel, los paquetes pre-vendidos representan un gran porcentaje de los visitantes, quienes compran combos que incluyen entradas al PABC, boletos del tren, paseos y hospedaje por días preestablecidos. Así, el turismo se ha masificado, orientado a negocios y atracciones que son administrados por la población no indígena, ocasionando que iniciativas rarámuri tengan una participación marginal.

Además de la actividad artesanal algunas personas de las tres comunidades se dedican a actividades de remuneración precarizada como vigilantes, maleteros, auxiliares generales en restaurantes y labores de limpieza en hoteles. Cabe destacar que el PABC ofreció algunos empleos a los rarámuri de dichas comunidades, pero el esquema laboral no resulta adecuado a su dinámica sociocultural, pues en los testimonios comentaron que, en algunas ocasiones, deben decidir entre trabajar en el PABC o atender sus responsabilidades familiares y/o comunitarias. Como resultado, durante la investigación sólo había cuatro personas de Bacajípare contratadas de un total de 83 empleados.

Este conjunto de situaciones, desarrolladas en un espacio caracterizado por la desigualdad, es generador de vulnerabilidad étnicamente diferenciada; es decir, indígenas y no indígenas, están sujetos a experimentar vulnerabilidades asociadas a las dinámicas de las actividades económicas, pero las estrategias de diversificación y los recursos materiales e inmateriales para enfrentarla no son los mismos (Loera, 2013). Por ejemplo, en los periodos en los que la actividad turística es baja, o está afectada por la intermitencia en el servicio del tren, el sector hotelero ofrece servicios a un turismo movilizado a nivel regional o nacional. Pero las iniciativas turísticas rarámuri, limitadas a la venta de artesanías, carecen de opciones de búsqueda de diversificación de clientes, y no se recuperan fácilmente de fluctuaciones económicas desventajosas. La vulnerabilidad étnicamente diferenciada se ve reflejada también en la capacidad de inversión y volúmenes de compra, proceso en el que los comerciantes y empresarios no indígenas se benefician con mejores condiciones y precios, situación que no les permite competir en términos de precios.

Las comunidades rarámuri de la zona de estudio practican una agricultura de autoconsumo; no obstante, esta actividad económica fundamental ha sido trastocada por la actividad turística. La mayoría de los testimonios aluden a la tensión entre comercializar artesanías y dedicarse a la agricultura en las diferentes etapas del ciclo anual. Esto ha llevado a una de las transformaciones más significativas en su economía, pues, en general, nos dijeron que los grupos familiares están pagando con dinero a terceras personas para que realicen el trabajo en sus parcelas. Además de que esto no es algo común en otras regiones de la Sierra, el dinero con el que pagan el trabajo agrícola ni siquiera fluye de la venta de artesanías, los paseos u otras actividades desarrolladas, sino que proviene del monto que reciben como compensación por el paso del gasoducto El Encino-Topolobampo por su territorio, intervención realizada en 2014 a lo largo de varios municipios de la Sierra Tarahumara (Patiño, 2019).

De igual manera, algunas personas más señalaron que anteriormente se sembraba en el barranco, pero esa práctica se abandonó porque “ahorita ya nadie vive en el barranco, todos están acá arriba por el turismo”, modificándose patrones de asentamiento y por lo tanto los lugares de cultivo. Esto último tiene que ver con un aspecto fundamental de la organización socioterritorial rarámuri: la movilidad estival, característica de las localidades ubicadas en los márgenes suroccidentales de la Sierra y que consiste en la apropiación de dos nichos ecológicos, cumbres y barrancas, en cada uno de los cuales familias suelen tener casa y parcela. Además, durante el invierno, las familias llevan a sus animales, sobre todo cabras y vacas, al fondo de las barrancas, pues ahí el clima cálido los protege de las temperaturas gélidas.

Los testimonios aluden a las transformaciones en la movilidad estacional cumbre-barranca, puesto que ahora permanecen en la parte alta debido a la mayor posibilidad de venta de artesanías. Por lo mismo, también se afectó el pastoreo, pues disminuyó el número de familias que tenían ganado caprino ya que su cuidado requiere de tiempo que ahora dedican al turismo: “por lo mismo del turismo, ahora nada más bajan [a la barranca] los que tienen chivas, para que no se entiesen las chivas y crecen más rápido... porque son muy batallosas las chivas y ahorita solo hay dos personas que tienen chivitos”. Cabe señalar que el terreno en donde se construyó el PABC anteriormente era usado por las tres comunidades como área de pastoreo común.

Lo expuesto hasta ahora tiene que ver, en general, con la transversalidad de las afectaciones culturales en términos de la organización social rarámuri en vínculo con su sistema normativo: conjunto de valores, ideas reglas, principios, valores y pautas que marcan un tipo de relacionamiento particular entre las personas y su entorno. Considerando esto, a continuación detallaremos los perjuicios y transformaciones en la organización socioterritorial, el gobierno tradicional y la ritualidad derivadas de los proyectos turísticos, y también la participación de las autoridades de las tres comunidades en el consejo consultivo del PABC y en el Comité de Casetas, la cual es marginal puesto que la mayoría de las instancias participantes, al carecer de una capacitación en temas de cultura y derechos de pueblos indígenas, reproduce jerarquías institucionales al momento de abordar los temas prioritarios y no considera las formas de deliberación y toma de decisiones rarámuri. Nuevamente advertimos las violaciones a los derechos de las comunidades, ya que de acuerdo al artículo 4º de la Constitución Política mexicana, no se garantiza el reconocimiento al uso de sus sistemas normativos, lo cual atenta, en términos concretos, contra la libre determinación y, en consecuencia, contra la autonomía.

El uso de elementos de la identidad rarámuri con propósitos comerciales en negocios y atractivos turísticos no indígenas fue una de las afectaciones evidenciadas en los testimonios. Miembros de las comunidades expresaron las molestias generadas por el uso sus imágenes en la publicidad de hoteles, almacenes de artesanías, paseos turísticos, ropa, vehículos, instalaciones del PABC, entre otros, incluidas las fotografías de personas que no dieron su consentimiento, y también dibujos y diseños en locales comerciales, hoteles y restaurantes como parte de sus estrategias comerciales. En Mogótavo, una persona comentó que a su padre le fotografiaron los pies con huaraches, una imagen que se volvió icónica y fue utilizada en hoteles y espacios turísticos sin que él supiera del uso de la imagen, ocasionando sentimiento en toda la familia cuando vieron las imágenes. El despojo de elementos identitarios también incluye los nombres y vocablos en lengua rarámuri que son usados para nombrar negocios y comercios cuyos propietarios no son indígenas.

El caso más significativo señalado fue el de la inconformidad de las tres comunidades cuando los administradores del PABC nombraron “Tónare” al restaurante localizado en sus instalaciones. Tónare es un alimento ritual rarámuri elaborado en ocasiones ceremoniales y consistente en carne de algún animal sacrificado ritualmente (res, cabra) con la intención de ofrendar, agradecer y compartir. Debido a la particularidad cultural de esta comida, las comunidades consideraron una falta de respeto el uso del nombre para un restaurante no rarámuri que no ofrece su gastronomía, ni está pensado para consumidores indígenas. Ante ello, las comunidades se organizaron y solicitaron a la administración del PABC el cambio de nombre, lo cual fue aceptado no sin resistencias e indiferencias.

En el caso presentado, concluimos que existen afectaciones culturales multidimensionales debido a la implementación de un modelo turístico que promueve la compra-venta de terrenos de manera irregular, especulativa y orientada a la acumulación del capital. Con la vulneración de los derechos de las comunidades indígenas se ha incrementado la pérdida de control del territorio y sus recursos, las escasas áreas cultivables, el bosque, flora y fauna, limitando por tanto, las opciones de subsistencia.

Las afectaciones aquí descritas se desarrollan e intensifican en un contexto de desigualdad histórica, en el que pueblos y comunidades indígenas están sujetos a las transformaciones en sus formas de vida como grupos sociales diferenciados. De esta manera, la vulneración de sus derechos genera una complejidad de afectaciones que se evidencia de manera transversal y multidimensional que impacta en ámbitos culturales, socio-ambientales, cosmológicos, económicos, territoriales, de salud y de poder político.

Un primer eje transversal es el sentido histórico y procesual de las afectaciones al territorio, pues, como señaló López Bárcenas (2006), el ejercicio del derecho indígena implica, necesariamente, el reconocimiento de sus territorios, fuente de identidad y de su ser colectivo. Siguiendo a Porras et al. (2003), quienes aluden a la construcción del territorio indígena a partir de procesos históricos, podemos argumentar que el Estado y la población no indígena han generado condiciones en cuanto al privilegio en la toma de decisiones sobre el mismo hasta nuestros días. De igual manera, si bien Kennedy (1970) señaló que la apropiación territorial rarámuri fue posible debido a la articulación de un conjunto de relaciones sociales, planteamos que actualmente las relaciones de poder desigual imperantes, algunas descritas aquí, están igualmente reconfigurando el territorio de la Sierra Tarahumara. Por tanto, desde una perspectiva histórica, concluimos que las afectaciones evidenciadas son el resultado de complejos procesos de larga duración forjadas en relaciones interétnicas desiguales. En este sentido, las afectaciones rebasan el ámbito de lo material, generando incertidumbre en la población indígena sobre su futuro, al ser removidos del lugar donde se han asentado por siglos.

El segundo eje destaca las afectaciones en el ámbito de la economía de subsistencia agrícola y ganadera. Las opciones laborales remuneradas, cada vez más socorridas por la población indígena, son precarizadas en términos de derechos laborales, motivando un desplazamiento de la agricultura de auto-consumo y ganadería familiar. Las opciones económicas ofrecidas por la industria turística continúan siendo los remanentes de modelos que buscan la concentración del capital en centros urbanos a costa del beneficio local. Y también pudimos identificar indicios de vulnerabilidad étnicamente diferenciada en las capacidades desiguales entre indígenas y no indígenas para afrontar temporadas de bajas ventas.

Un tercer eje se evidencia en las transformaciones del gobierno y la organización de las comunidades indígenas. La disminución y modificación de las reuniones dominicales, el cambio de frecuencia y temporalidad para reuniones ceremoniales y rituales debido a la prioridad de oportunidades de venta de artesanías, son claras transformaciones culturales. Como efecto, se han dejado de realizar algunas de las fiestas más importantes, como la Semana Santa o el ciclo invernal de matachines, rituales como el yúmari o las carreras de aro y bola. Por supuesto, no abogamos por concepciones estáticas o esencialistas de la cultura, hacemos hincapié en el poco o nulo control que tienen las comunidades indígenas en las transformaciones impuestas por el modelo turístico.

En el modelo de turismo puesto en marcha en la Tarahumara, particularmente en la zona referida, los espacios de decisión son pocos y se concentran en manos de empresarios, funcionarios de gobierno y familias no indígenas, quienes priorizan sus intereses sobre los de la población rarámuri. Esto genera espacios institucionalizados de exclusión; por ejemplo, dentro de los Comités de Casetas y Vigilancia del PABC es evidente la frecuente práctica de impedir que participen miembros de las tres comunidades rarámuri. De nueva cuenta, no argumentamos que todos los no indígenas tienen esta práctica, ni pretendemos romantizar o victimizar a las comunidades indígenas, pues desde ese sector también hay redes de solidaridad, apoyo y empatía. Sin embargo, es innegable que, en México, las comunidades indígenas son afectadas por discriminación y una economía política desigual. Esto se agrava en municipios y zonas donde existen pocas prácticas de transparencia y rendición de cuentas, facilitando relaciones clientelares operadas por redes de parentesco y favores políticos que terminan consolidando el poder económico de elites locales (Solis, 2017; Ordoñez, 2018).

Por último, es importante señalar que el turismo no debería representar una práctica económica depredadora o excluyente (Inostroza, 2008; Morales-Morgado, 2006). Una actividad sostenible, no intensiva y en pequeña escala, puede promover mejoramiento en la calidad de vida de las personas e incluso puede ser factor de reforzamiento identitario de comunidades locales. Un elemento crucial para garantizar estas posibilidades es que los proyectos sean concebidos desde una perspectiva cultural, donde las mismas comunidades sean partícipes de su futuro, y, fundamentalmente, tengan capacidad de decisión en todos los aspectos. Actualmente, estos elementos de control y pertinencia cultural están ausentes en el modelo que se desarrolla en la zona de estudio.

ARK: https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25912755/md0cu7nlm

redalyc-journal-id: 6680