Introducción

La Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (desde ahora CTEP) nació en 2011 y se presentó como un sindicato de nuevo tipo. La iniciativa fue impulsada por masivas organizaciones sociales –Movimiento Evita (ME), Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE), Movimiento Nacional de Fábricas Recuperadas, La Alameda, entre otras- con el objetivo de crear una institución gremial capaz de representar a los trabajadores de la economía popular, tal como comenzaron a nombrar a los expulsados crónicos del mercado formal de empleo que debieron impulsar estrategias laborales individuales o asociativas para generar ingresos.

Ocho años más tarde nace su continuidad política y organizativa: la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP), integrada por un conjunto más amplio de organizaciones sociales pero sosteniendo los mismos objetivos políticos.

La fundación de CTEP y, más tarde, de UTEP, marcaron una nueva fase en la historia de los movimientos de trabajadores desempleados o piqueteros surgidos a mediados de los noventa. La primera fase nació en 1996, con los primeros cortes de ruta, en un contexto económico y laboral realmente crítico; y se extendió hasta 2003, con un punto cúlmine en las multitudinarias revueltas populares acontecidas el 19 y 20 de diciembre de 2001. La segunda fase abarca los primeros dos períodos de los llamados gobiernos progresistas. Esta etapa estuvo marcada por la adhesión o el rechazo a los gobiernos de Néstor Kirchner (2003/2007) y de Cristina Fernández de Kirchner (desde ahora: CFK) (2007/2011). En múltiples casos, la adhesión fue sinónimo también de inclusión en la propia gestión estatal de dirigentes de determinadas organizaciones.

La CTEP surge en el inicio del último mandato de los gobiernos progresistas, cuando ya el modelo inaugurado en 2003, que había generado millones de puestos de trabajo formal (Palomino y Dalle, 2012), mostraba síntomas inequívocos de su agotamiento como consecuencia de la crisis financiera internacional de 2008 (Arceo, 2009, 2010; Beccaria y Maurizio, 2017) y de una serie de intensos conflictos entre el gobierno y sectores dominantes de la economía, fundamentalmente del agronegocio (Basualdo et al, 2014). Pero el momento de verdadera expansión ocurrió a partir de la llegada al gobierno nacional de una coalición política de centro-derecha presidida por Mauricio Macri (2015/2019), integrada por empresarios y banqueros, cuando se dio cierre a los tres ciclos de gobiernos kirchneristas. Apenas comenzado dicho período, la CTEP fue incluida, junto a otras organizaciones sociales, como una unidad ejecutora de los denominados planes sociales. Hasta entonces, esa función la cumplían únicamente los municipios, los gobiernos provinciales y, en menor medida, ONG y universidades.

La CTEP se posicionó como la gran receptora de dichos planes, que se duplicaron en cuatro años como estrategia para contener los conflictos sociales en un marco de ajuste fiscal permanente aplicado por el gobierno del presidente Macri. En 2017, por ejemplo, se dieron 30.061 nuevas altas del Programa de Inclusión Social con Trabajo (PRIST), perteneciente al Ministerio de Desarrollo Social de la Nación (MDSN), de las cuales 18.844 (60 %) fueron para la CTEP (Informe del MDSN, 2016). Esto motivó que organizaciones de menor envergadura se sumaran a sus filas para obtener dichos planes (Hudson, 2017).

En diciembre de 2015, cuando finalizó el segundo mandato de la presidenta CFK, había 207.842 personas (MDSN, 2018) que percibían un plan social ligado al trabajo. En diciembre de 2019, cuando Macri dejó el poder, habían ascendido a 551.730 (Concejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales -desde ahora: CNCPS-, 2019). En diciembre de 2022, última fecha de publicación oficial, al cumplirse tres años de la presidencia de Alberto Fernández y la vicepresidencia de CFK, había ascendido a 1.350.000 personas (CNCPS, 2023).

Un hito para la CTEP fueron las movilizaciones realizadas junto a la Confederación General del Trabajo (CGT) para lograr la aprobación, en diciembre de 2016, justo cuando se cumplía un año del gobierno de la alianza Cambiemos, de la ley de Emergencia Social (ver Natalucci y Mate, 2021). La 27.345, aprobada en el Parlamento, incluía dos resoluciones relevantes, entre otras: 1. La creación de un Registro Nacional de Trabajadores de la Economía Popular, con el objetivo de inscribir formalmente a quienes participan de esta economía; 2. La implementación del Salario Social Complementario (desde ahora: SSC), una de las demandas nodales de la CTEP. Se trata de un monto mensual, abonado por el gobierno, correspondiente al 50 por ciento del Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVyM), a los fines de complementar los ingresos de los trabajadores populares.

En esta lucha también convergieron con la CTEP dos populosas organizaciones sociales: la Corriente Clasista y Combativa (CCC) y Barrios de Pie (BdP). A esa alianza se la denominó el Triunvirato de San Cayetano a raíz de una multitudinaria movilización conjunta realizada a la iglesia de San Cayetano en Capital Federal. Sin embargo, de esos reclamos en las calles también participaron organizaciones relevantes como el Frente Popular Darío Santillán (FPDS).

Esta alianza (CTEP, Barrios de Pie, CCC, FPDS) se fue consolidando en movilizaciones y reclamos conjuntos. Tres años más tarde, en 2019, a los fines de incorporar formalmente a estas organizaciones, se abandona el nombre CTEP y se funda la UTEP. El cambio de nominación fue un requisito impuesto por los movimientos sociales ingresantes, pero no implicó una mutación en los objetivos históricos.

El objetivo general del artículo es analizar las concepciones que tienen sus dirigentes principales de la historia de los movimientos de la economía popular, su decisión de construir un sindicato único integrado exclusivamente por trabajadores no-asalariados, los fundamentos y las consecuencias políticas de haber logrado el reemplazo de los planes sociales por un salario financiado por el Estado. Una hipótesis principal que analizaremos es que este sindicato impuso una asalarización forzada de los trabajadores de la economía popular, partiendo del supuesto de que ya no existen posibilidades de ingreso masivo al mercado de empleo formal. Otra hipótesis que desplegaremos es que así como el Estado suele prometer reemplazar los planes sociales por empleo genuino, este sindicato propone eliminar esos planes sociales para transformarlos en salarios complementarios que tornen genuina la economía popular.

Realizada esta breve introducción compartimos los contenidos de los próximos apartados. En el próximo -Metodología- explicitaremos las técnicas de investigación utilizadas. En el apartado 3 -La máquina de narrar- daremos cuenta de una característica distinta de la CTEP/UTEP: la escritura de una teoría propia sobre el sector que representa, al tiempo que incluiremos un breve estado del arte en torno a este sindicato. En el apartado 4 -El salario es el plan- analizaremos la figura de asalarización forzada a partir de la aprobación del salario social complementario en 2016 y sus diferencias con los planes sociales aplicados durante este siglo. En el último apartado -El futuro ya llegó- se analizarán el surgimiento y los significados políticos de la creación de planes sociales en paralelo al SSC, la principal conquista del sector desde su nacimiento.

Metodología

Este artículo es consecuencia de una investigación de corte cualitativo a los fines de analizar las concepciones que tienen dirigentes principales de las organizaciones integrantes de la UTEP de la historia de los movimientos de la economía popular, su decisión de construir un sindicato único e incorporar la figura del salario para eliminar los planes sociales. Este objetivo ha provocado lo que denominamos una asalarización forzada de sus representados. Para tal fin se realizaron quince entrevistas en profundidad con referentes principales de la UTEP y líderes de las agrupaciones que la componen. Se suman diez entrevistas realizadas en años previos, dado que se trata de una investigación en curso desde hace al menos una década. Finalmente, se realizaron cinco entrevistas con dirigentes provenientes del ya desaparecido Movimiento de Trabajadores Desocupados de San Francisco Solano (MTD-Solano) y siete con funcionarios públicos integrantes de ministerios y secretarías decisivas para la economía popular.

A los testimonios surgidos en las entrevistas en profundidad se sumarán el análisis de fuentes secundarias, como documentos escritos por la CTEP/UTEP, y decretos y estadísticas gubernamentales.

La máquina de narrar

Una característica disruptiva de la CTEP y de la UTEP es que supieron posicionarse como máquinas narrativas de su propia historia y también como máquinas teórico-conceptuales. Así surgió la teoría de la economía popular, escrita por sus dirigentes principales. Esto no había ocurrido más que de manera excepcional (Colectivo Situaciones y MTD-Solano, 2002a y 2002b) durante las dos fases anteriores. Se trata de una estrategia para gestar una identidad colectiva (Forni, Zapico y Nougués, 2020), una fisonomía institucional y un modo de vincularse con entidades externas (académicas, periodísticas, políticas) que también pretenden narrarlas y conceptualizarlas. Así lo afirman dos de sus fundadores:

“Lo que quisimos hacer con los libros, con nuestras publicaciones, es construir una teoría propia, con el lenguaje de nuestros compañeros y compañeras. Respetamos a los universitarios, a los académicos, de hecho consideramos a muchos de ellos como compañeros, pero queríamos bajar nuestros reclamos para que lo entiendan los que venden chipa, los que venden en el tren, los cartoneros, las fábricas recuperadas, los agricultores familiares, las doñas que gestionan un merendero o un comedor popular. También es un programa en donde volcamos nuestras ideas de crear un sindicato para defender los derechos de los que quedaron afuera. Lo que pasa que muchos de la universidad subestiman nuestra producción y le bajan el precio, no la aceptan como teorías” (Referente 2 ME/UTEP, 2018).

“Nosotros elaboramos una teoría de la economía popular, mal que les pese a los universitarios. Es una teoría sobre quiénes somos, cuál es nuestra historia de lucha y hacia dónde queremos ir. Nos gusta recibirlos y que nos ayuden a pensar, pero también pensamos y escribimos solos. Obviamente que no es la teoría de los intelectuales, es la teoría que hacemos los que estamos caminando y explorando nuevas formas sindicales” (Referente UTEP 3, 2022).

Una muestra clara ha sido la publicación de libros escritos por dirigentes, líderes e intelectuales orgánicos de la CTEP/UTEP: Nuestra realidad (Grabois y Pérsico, 2014a); Nuestra organización (Grabois y Pérsico, 2014b); Nuestros objetivos (Grabois y Pérsico, 2014c), Nuestra lucha (Grabois y Pérsico, 2014d), más tarde reunidos en una única publicación titulada Organización y economía popular (Grabois y Pérsico, 2019); Economía popular, los desafíos del trabajo sin patrón (Pérsico y Navarro et al, 2017); La personería social (Grabois, 2016); La batalla por la emergencia social (CTEP, 2016); Una visión de los oficios de la economía popular (Grabois, 2015); Precarización, exclusión social y economía popular (Grabois, 2014).

En estos textos aparecen definiciones sobre los alcances de la economía popular, sus integrantes y objetivos, referencias ineludibles sobre la historia del movimiento piquetero y también sobre la historia sindical argentina. Se suman menciones a la doctrina del movimiento peronista, con citas de expresiones y textos de Juan Domingo Perón, fundador de dicha fuerza política.

También aparece un nítido componente cristiano en los libros y publicaciones, fundamentalmente a partir de las referencias de discursos y textos escritos por el papa Francisco, como la carta encíclica Laudato Sí. González (2022: 6) afirma, en tal sentido, que

“es importante retomar el componente cristiano, presente en la matriz político-ideológica de la CTEP (…) ya que nos permite complejizar la presencia de lo religioso en la constitución identitaria de la organización. Este componente podemos encontrarlo en publicaciones de su web oficial, en sus cuadernillos de formación, en imágenes y símbolos que son llevados a las movilizaciones, y en los discursos de algunos/as dirigentes”.

De todos modos, no podemos afirmar que sea homogénea esta ligazón con el cristianismo. La inscripción religiosa aparece claramente en el ME y en el MTE, quienes no solo citan textos y testimonios del papa Francisco, sino que mantienen un vínculo estrecho con la máxima autoridad de la Iglesia católica.

(…) “un elemento ineludible para el análisis es el rol relevante que ha tenido el papa Francisco para los movimientos populares de América Latina y su impacto en la realidad política y social argentina. Su figura ha dado gran respaldo a estos movimientos sociales, principalmente mediante la apropiación del lema ‘tierra, techo y trabajo’ -demandas históricas y elementales de las organizaciones populares-, el reconocimiento de la figura del/la trabajador/a de la economía popular como víctima de la ‘cultura del descarte’ y la organización de los Encuentros Mundiales de Movimientos Populares” (González, 2022: 6).

Dentro de la UTEP, sin embargo, existen organizaciones como el FPDS o la CCC, entre otras, que abrevan en otras referencias políticas, otorgándole una composición más ecléctica.

La otra gran ruptura de la CTEP/UTEP es de carácter sindical. El 7 de agosto 2021, el MTEySS otorgó la personería social a la UTEP. Esta primera formalización institucional le permitió constituir un estatuto propio, realizar afiliaciones y elegir una comisión directiva. Hasta el momento se avanzó en la determinación de las autoridades de esa comisión directiva, renovada por primera vez en noviembre de 2023, y en un reciente proceso de afiliación que todavía se encuentra en curso.

Pero el mero objetivo de proponerse construir un gremio significa una fractura con la historia de los movimientos piqueteros de las dos fases anteriores (1996/2003; 2003/2011), cuando prevaleció, mayormente en las combativas y masivas organizaciones autonomistas, un rechazo hacia los sindicatos y partidos por considerarlos cómplices de los planes de ajuste. Había movimientos sociales con una historia gremial, como es el caso de la CCC (Svampa, 2005), también se fundó la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), que incluía, a partir de la afiliación directa, a desempleados y trabajadores precarios (Ventrici, 2012), pero no había pretensiones de crear un sindicato conformado únicamente por informales. Ni mucho menos el objetivo de ingresar en la CGT, tal como lo pretende la UTEP.

La bibliografía especializada se centra primordialmente en este objetivo de fundar un sindicato. Muñoz y Villar (2017: 24-25) afirman que la novedad radica en que así como existe a nivel mundial una tendencia hacia el “sindicalismo de movimiento social” con el objeto de fortalecer los recursos de poder de los trabajadores frente a las transformaciones del capitalismo global y financiero, en Argentina se puede observar un proceso de “movimiento social hacia el sindicalismo”. Rossi (2017) retoma análisis tradicionales sobre la emergencia de los movimientos piqueteros a partir de su inscripción territorial, fundamentalmente cuando los barrios populares devinieron el epicentro de las demandas de los pobres organizados. De esta manera tomaron un nuevo cauce “reclamos contenciosos de reincorporación externos al sector sindical” (Rossi, 2017: 163). Efectivamente, en esta nueva fase abierta en 2011 comienza un incipiente ensamblaje de dos universos representativos que se habían contrapuesto en los ciclos previos: la organización territorial y la organización sindical, con la excepción -en parte- de la CTA.

Rach (2022: 1) reflexiona que la sindicalización

“permitió sistematizar una realidad del trabajo heterogénea y fragmentada por los efectos del neoliberalismo, a la vez que habilitó la articulación de una multiplicidad de experiencias de militancia y fortaleció las capacidades del sector en su vinculación con el Estado”.

En esta cita se condensa la doble capacidad distintiva de la CTEP/UTEP: como máquina teórica-narrativa de la economía popular y como máquina sindical.

Maldovan Bonelli et al (2018: 60) introducen una pregunta relevante: “¿Es posible construir un marco de derechos para los trabajadores de la economía popular basado en el ‘viejo’ paradigma de regulación de las relaciones laborales?”. Dicho interrogante nos lleva a una hipótesis central de este artículo: la CTEP/UTEP es una institución del siglo XXI, pero con un modelo sindical propio del siglo XX, dado que se construye en espejo con los modos de organización de los sindicatos tradicionales, a la vez que aspira para sus representados a derechos clásicos del trabajo asalariado. Así lo explican:

“Universalización de la totalidad de los derechos laborales para los trabajadores de la economía popular; salario mínimo, vacaciones, aguinaldo, asignaciones familiares, protección a la maternidad, licencias, obra social efectiva, estabilidad laboral, derecho a agremiación a cargo del Estado y con el aporte de los sectores privados que se benefician de la cadena de valor en la que participan nuestros compañeros” (Pérsico, Grabois, 2019: 180).

La peculiaridad que analizan múltiples autores (Serra, 2017; Bruno, Coelho y Palumbo, 2017; Fernández Moujan, 2018; Fernández Álvarez, 2018; Hudson, 2020) es que la CTEP se propuso este objetivo sin la pretensión de convertirlos en asalariados. De allí el oxímoron de su propuesta: trabajadores no asalariados con salarios (sociales complementarios); trabajadores informales con derechos laborales. En sus publicaciones lo presentan de esta manera:

“(…) la economía popular es, en primer lugar, la economía de los excluidos, pues está conformada por todas las actividades que surgieron como consecuencia de la incapacidad del mercado para ofrecernos a todos un trabajo digno y bien remunerado como obreros en una fábrica o empresa. Definimos a la economía popular como los procesos económicos inmersos en la cultura popular, basados en medios de trabajo accesibles y al trabajo desprotegido. [Se trata de] Procesos económicos periféricos: procesos de producción, circulación e intercambio de bienes, servicios, cuidados y otros frutos del trabajo humano, que nacen en los intersticios y periferias urbanos y rurales como espontánea resistencia económica frente a la exclusión social. Surgen del nuevo orden económico mundial y la extinción paulatina del trabajo asalariado como paradigma” (Pérsico y Grabois, 2019: 33 y 34).

En otros textos, los dirigentes de la UTEP trazan una diferencia con otras economías:

[La economía popular] “se distingue de dos ideas emparentadas: las de ‘economía social’ y ‘economía informal’. La ‘economía social y solidaria’ (ESS) se define por el modo ‘solidario’ de integración de las relaciones sociales o por los fines ‘solidarios’ de las unidades económicas. De esta forma, invisibiliza la situación de clase y crea una ficción liberal en torno a los problemas de los pobres. La ESS se presenta como una opción o peor, como una opción superadora al trabajo asalariado registrado, y no como una situación emergente del desempleo, como resistencia económica frente a la exclusión. Asimismo, la ESS impone determinadas formas organizativas casi de manera excluyente (cooperativas, microcréditos) y pretende que los pobres se adapten a la racionalidad institucional más que crear una ‘institucionalidad popular’” (Grabois, 2015: 5).

El análisis precedente es importante porque afirma que la economía popular y su herramienta gremial surgen como una “resistencia económica frente a la exclusión” y no como una “opción o peor, como una opción superadora” del mundo asalariado, como podría ser una ideología cooperativista previa. Para Coraggio (2011), sin embargo, representa un error intentar imponer un nombre o un concepto (economía popular) por encima de otro (economía social y solidaria). Pero sí coincide en que “no se trata de hacer que “aguanten” [los excluidos] hasta que se reactiven la economía y el empleo, porque no se van a reactivar al punto de reintegrar a los hoy excluidos (…)” (Coraggio, 2011: 23).

Lo repetimos: la UTEP se distingue dentro de esa historia de lucha cuando decide constituirse como un sindicato solamente integrado por trabajadores informales. Así lo definen en sus publicaciones:

¿Cómo nos podemos organizar los trabajadores de la Economía Popular? Nuestra realidad tiene diferencias con los trabajadores tradicionales: No tenemos patrón. No tenemos un salario fijo. Las unidades productivas son generalmente pequeñas y los trabajadores por cuenta propia estamos dispersos y aislados. Al no trabajar todos juntos es mucho más difícil organizarnos. (…) ¿Con quién vamos a negociar? Nosotros creemos que en primer lugar tenemos que negociar con: El estado nacional en todos sus ministerios. Los estados provinciales y municipales. Los empresarios que afectan la actividad de cada sector. La clase capitalista agrupada en las grandes asociaciones empresariales. Por eso, nuestra idea es que debemos tener un gran sindicato nacional de trabajadores de la economía popular (de oficios y actividades varias) (Pérsico y Grabois 2014b: 13 y 14).

Trujillo, Toffoli y Retamozo (2022) trazan tres fases: 1. el nacimiento de los movimientos piqueteros; 2. el pasaje de piqueteros a movimientos sociales; 3. la construcción de un sindicato de la economía popular. La curiosidad radica en que a esta misma conclusión arribaron cuatro años antes los propios fundadores de la UTEP a través de sus escritos y presentaciones públicas. De allí que afirmemos su capacidad narrativa y teórica. Veamos la siguiente historización realizada por Emilio Pérsico, referente de UTEP, en 2018:

“Al principio, entonces, fuimos movimientos piqueteros, porque lo que hacíamos eran cortes de ruta; después fuimos organizaciones sociales porque organizábamos el trabajo comunitario; y después armamos nuestro sindicato que es la CTEP. ¡A la mierda! Llegamos al punto máximo: que se empezara a discutir que somos un pedazo de la clase trabajadora, y tenemos ideas y un programa desde este lugar, explicándole al mundo, explicándole a la sociedad y a los políticos, una nueva teoría económica basada en este pedacito de la sociedad” (Revista Crisis, 2018).

El salario es el plan

La CTEP/UTEP escribe (literalmente) una historia y elabora un corpus teórico-conceptual propio capaz de construir una rama laboral denominada economía popular, y un sujeto: los trabajadores de la economía popular. Esta primera innovación política ha desplazado, o al menos dejado en un segundo plano, conceptos como economía social o economía social y solidaria. El mismo desplazamiento ocurrió con nominaciones a partir de carencias (precariado, informales, desempleados), e incluso de figuras resistidas a nivel social (planeros y piqueteros).

La segunda disrupción es la pretensión de construir una institución sindical capaz de incluirse en el movimiento obrero organizado representado por la CGT. Se suma que la CTEP intentó establecer un principio organizativo, tomando como modelo a los sindicatos tradicionales, a partir de la división en ramas de actividad: cartoneros, campesina, motoqueros, programas sociales, empresas recuperadas, espacio público, etc.

Ahora analicemos una consecuencia del pretendido carácter sindical de la CTEP/UTEP: reclamar salarios (sociales complementarios) y ya no planes (sociales). Así lo enuncian en las entrevistas:

“¿Por qué es importante el tema de hablar de salarios? Hay una causa de valorización y reconocimiento del trabajo, por un lado. Porque hay un trabajo que un compañero o una compañera realiza. Y después porque al estar atado a la movilidad del salario mínimo, vital y móvil construye una unidad económica de hecho con el conjunto de la clase trabajadora que lo percibe. Son dos aspectos: uno material, bien objetivo; y el otro que está vinculado a la subjetividad y a la identidad del trabajador y la trabajadora” (Referente 10 UTEP, CABA, 2022).

“Es muy importante. Es una contraparte que permite que el trabajador siga haciendo sus changas o su trabajo en negro. Lo importante es que tiene la connotación de un obrero. Es decir, no es un plan social. Es un ingreso complementario. Los laburantes cobran con su tarjeta un salario y eso es relevante para nuestra lucha” (Referente 11, UTEP, Buenos Aires, 2021).

Tracemos a partir de ahora una línea del tiempo a lo largo del siglo XXI. En una primera fase, después de las revueltas populares del 19 y 20 de diciembre de 2001, cuando asume la presidencia provisional el entonces senador Eduardo Duhalde, en un contexto de altísima conflictividad en las calles a raíz de niveles históricos de desocupación y pobreza, se crea en 2002 el más masivo plan de este milenio: el Plan Jefes y Jefas de Hogar Desocupados (PJyJHD)[1], cuya población beneficiaria alcanzó a 2.050.321 de personas (Neffa, 2009).

Cuando en 2009 se impulsa el Programa de Ingreso Social con Trabajo (PRIST) finaliza esa fase. El gobierno de la presidenta CKF abandona definitivamente la noción de “desocupado” para nombrar planes y suma como requisito la obligatoriedad de conformarse como cooperativa para percibirlos. Esta imposición es la decisiva. Si la autogestión (cooperativa) había sido la estrategia implementada por los expulsados del mercado de empleo para generar ingresos, ahora el cooperativismo era impuesto desde arriba, desde el Estado, a estas mismas poblaciones y a sus organizaciones sociales.

Dos años más tarde (2011), la CTEP realiza una operación radical: reclama directamente la eliminación de los planes sociales. Ya no importa cómo se los nomine, lo que exigen es que no existan más. Es decir, rechazan uno de los objetivos de lucha prioritarios en las fases previas.

El reclamo de los movimientos sociales en dichos períodos, con la excepción de las líneas más autonomistas (Vommaro, 2018), había sido recuperar el empleo asalariado, pero en el mientras tanto se pugnaba por la obtención de planes para consolidar la auto organización. Recordemos el discurso de la presidenta en el lanzamiento del PRIST:

“(…) es necesario abordar situaciones desde desarrollo social en materia directa en el mientrastanto, porque tantos años de tragedia social van creando lo que denominamos núcleos duros de pobreza, que no hay posibilidad de abordarlos desde el crecimiento de la políticaeconómica” [El subrayado es nuestro] (Casa Rosada, 2009).

El PJyJHD se elaboró en la urgencia, a partir de una concepción limitada e incluso falsa de los desempleados, cuando se los redujo a sujetos inactivos, sin trabajo. Con el PRIST, por el contrario, se incorporó la dimensión vitalista de los desempleados y fundamentalmente de sus movimientos representativos. Es decir, sobre la base de su potente capacidad auto organizativa plasmada en microemprendimientos asociativos, cooperativos, de muy baja escala, solventados con los planes sociales que obtenían cortando calles y rutas.

El PJyJHD incluyó a los desempleados de los noventa. El PRIST absorbió una porción de los que habían quedado por fuera del sostenido crecimiento en materia de empleo registrado entre 2003 y 2009. Recordemos que la tasa de asalarización pasó del 66,4 % al 75,5 %, lo que representó 3,4 millones de trabajadores en blanco (Palomino y Dalle, 2012). Esto es lo que nos importa enfatizar del PRIST: si los movimientos habían reclamado planes para crear y/o financiar sus cooperativas, ahora era el Estado quien les reclamaba que gestaran cooperativas como condición ineludible para otorgarles planes. De esta manera se presentaba formalmente:

“Las cooperativas de trabajo son una forma de participación social en la cual se privilegia el trabajo colectivo por sobre el esfuerzo individual. Promover estos espacios de organización en comunidad es un modo de empezar a generar autonomía y organización popular” (PRIST, 2009).

En 2009, a ocho años de diciembre de 2001, el gobierno utilizaba una terminología propia de los movimientos (“trabajo colectivo”, “generar autonomía”, “organización popular”) y se oponía “al esfuerzo individual”. El párrafo antes citado, incluido en la Guía Práctica de implementación del PRIST, bien pudo haber sido escrito por una organización piquetera.

Entre 2004 y 2015, el MTEySS (2015) financió a 43.000 trabajadores de 1.249 cooperativas. Por su parte, desde el MDSN (2015) se crearon, a través del PRIST, 8.000 cooperativas que incluyeron a 300 mil trabajadores; se otorgaron también subsidios a otros 11.344 emprendimientos cooperativos y se inscribieron 1.218 nuevas cooperativas con un total de 17.780 asociados.

A las cooperativas creadas por el PRIST se las caracterizó como “cooperativismo forzado” (Hopp, 2015; Vuotto, 2011; Lo Vuolo, 2010; Natalucci, 2012). En el caso de la CTEP/UTEP podemos trazar un análisis similar. Cuando reclaman la figura del salario y rechazan los planes se apropian de una de las principales diatribas utilizadas en su contra. Si el Estado suele prometer reemplazarlos por empleo genuino, la CTEP/UTEP reclaman transformarlos en salarios financiados por el Estado para tornar genuina la economía popular. Se distinguen, en este punto crucial, de las organizaciones de desocupados o piqueteras más institucionalistas[2] (Svampa, 2005), cuyo horizonte había sido el retorno a la condición de asalariados. Pero también se alejan de las corrientes autonomistas que rechazaban de plano el retorno a un empleo en blanco, aun si existiera esa posibilidad.

La CTEP/UTEP no rechaza el trabajo asalariado por razones políticas o ideológicas en favor de la autogestión cooperativa. Desde su perspectiva, fue el mercado quien puso fin a sus expectativas de (re)inclusión en un empleo con convenio. De allí su decisión de inventar sus propios trabajos y un sindicato representativo. Una referente de la UTEP rememora una discusión con un secretario general de la CGT:

“Algunas organizaciones de la UTEP tuvimos una reunión con dirigentes importantes de la CGT este año [2021] y uno de ellos me dice: ‘Yo te escucho a vos que siempre decís que la economía popular llegó para quedarse, pero no, compañera, eso es resignarse’. Yo lo miraba y le digo: ¿Resignarme a qué? Y me responde: ‘Nosotros tenemos que luchar para que vuelva el pleno empleo’. Yo lo miraba y pensaba: yo también sueño con eso pero no vivo de sueños, vivo de realidades. No es casualidad que tengamos el 60 % de la población bajo la línea de la pobreza. O sea, hay que vivir de realidades. Los sueños… es una utopía, ojalá volviéramos al pleno empleo, pero no existe eso (Referente 8, UTEP, CABA, 2022).

Sumemos otro testimonio:

“Los sectores que siguen concentrando la economía, que forman parte de un proyecto neoliberal, no generan trabajo. Me refiero al trabajo con convenio colectivo. Es decir, el trabajo bajo patrón, con el que discutís un salario bajo convenio, no aparece nunca. Nunca apareció y nunca aparecerá. No pasó con el kirchnerismo, en donde se promovió el empleo como nunca antes, menos será ahora. Si hay trabajo en blanco, bárbaro, dámelo, pero dónde está” (Referente 9, UTEP, Moreno, 2021).

Lo que se reclama es un oxímoron: un salario que no convierte a sus beneficiarios en asalariados; y derechos laborales para quienes no devendrán en trabajadores formales o conveniados.

De esta manera lo enuncian diversos referentes entrevistados:

“Siempre una parte de la sociedad y la mayoría de la clase política nos tildaron de planeros. Ponés la televisión y están desde hace siglos quejándose los periodistas, la gente, los políticos, de que hay muchos planes sociales, que eso fomenta la vagancia y no sé qué otras estupideces. Bueno, perfecto, coincidimos: nosotros tampoco queremos más planes sociales, queremos tener un salario que complemente los trabajamos que hacemos así podemos tener ingresos dignos. Es salario porque trabajamos. Somos los que nos armamos nuestros trabajos y muchos de ellos son indispensables porque incluyen una tarea de contención social en territorios en donde el Estado llega poco o directamente no llega” (Referente 13, UTEP, CABA, 2022).

“El salario social complementario es una gran victoria para los sectores populares. Ya tener el salario es como un pequeño reconocimiento a las tareas que nosotros venimos haciendo; que no las hacemos ahora, las hacemos hace más de veinte años y siempre trataron de invisibilizarlas o de acotarlas. Primero lo reivindicamos por eso. Y, segundo, en estos años de pandemia, esos trabajos no solamente se triplicaron sino que fueron fundamentales. Por eso cuando el presidente Alberto Fernández salió con estos dichos de la reconversión de los planes en trabajo, salimos nosotros con el cuchillo entre la boca a decir que nosotros trabajo tenemos, lo que no tenemos es derechos laborales. Esa es la lucha que queremos dar a través de nuestro sindicato. Por eso cuando pasa el SSC, que fue la conquista nuestra, y después pudimos conformar la UTEP, para nosotros es en esa línea y sigue siendo en esa línea” (Referente 14, UTEP, CABA, 2022)

Si al cooperativismo impuesto desde el gobierno con el PRIST se lo catalogó como cooperativismo forzado[3], una operación analítica similar podemos introducir respecto a la figura del salario social complementario. Se trata de una asalarización forzada impuesta desde la CTEP/UTEP al Estado.

Es forzada en un doble sentido: por un lado, porque fue impuesta como consecuencia de un programa y de un ciclo de movilizaciones y articulaciones realmente virtuoso impulsado por la entonces CTEP; por el otro, se trata de una transferencia de ingresos condicionada, solo que calculada de acuerdo a las variaciones del SMVyM. Esto mismo afirman Maldovan Bonelli et al (2018: 59): “La denominación del complemento como salario busca entonces una legitimación -en principio, al menos- en el plano simbólico”.

Evidentemente, la condición asalariada no se constituye solo a partir de un ingreso denominado salario. Pero dicho forzamiento tiene un relevante valor político. Los trabajadores populares ya no perciben formalmente un plan, esa figura asociada por la opinión pública con el financiamiento de la holgazanería, sino un salario para robustecer los trabajos realizados. De allí la lucha para forzar que el Estado garantice lo que el mercado dejó de garantizar a la mayoría de la clase trabajadora.

Un referente lo afirma de manera elocuente:

“Tanto nos rompieron las pelotas con que querían eliminar los planes, bueno, perfecto, nosotros también queremos lo mismo, páguennos un salario y no bajo cualquier criterio de los gobiernos de turno. No, no, que esté calculado en base al 50% del salario mínimo. Se juntan los empresarios y la CGT y deciden un aumento para los compañeros registrados y también para nosotros automáticamente. Listo. Chau planes, en eso estamos todos de acuerdo” (Referente 13, UTEP, Avellaneda, 2023).

Desde nuestra perspectiva, la radicalidad de ese forzamiento emerge menos por la aspiración de mimetizarse con la clase obrera asalariada que como un avance decisivo en la consolidación de un sector que no se piense así mismo como transitorio sino como definitivo. Sobre este último punto tratará el siguiente apartado.

El futuro ya llegó

Cuando el SSC surgió durante el gobierno de Mauricio Macri [2016/2019] convivió primero con el PRIST y, más tarde, a partir de 2018, con su reemplazante: el Plan Hacemos Futuro (PHF).

El PHF financiaba no solo el trabajo sino, fundamentalmente, la finalización de estudios formales (primarios y secundarios) y la capacitación laboral, al tiempo que eliminaba la obligatoriedad de organizarse como cooperativa para percibirlo tal como lo imponía el PRIST.

Ya desde el propio nombre se descalificaba a la economía popular. La noción de (Hacemos) futuro estaba asociada a dos perspectivas. La primera retomaba lo que denomino el mito del eterno retorno del trabajo asalariado (Hudson, 2022). Es decir, la mítica[4] promesa de conversión de los planes sociales en trabajo genuino. Dicha (re)inserción en el mercado formal de empleo depende, desde esta postura gubernamental, de una mayor capacitación de los trabajadores acorde con las exigencias más actuales del mercado. Así se lo expresaba:

“El objetivo principal de este nuevo programa es empoderar a las personas o poblaciones en riesgo o situación de vulnerabilidad social, promoviendo el acceso a la educación formal obligatoria y prácticas formativas (…). Las y los titulares, a través de la transferencia condicionada de ingresos, perciben un subsidio de carácter personal que facilita el acceso y permanencia en procesos de terminalidad educativa y formación integral” (Secretaría de Economía Social, 2019).

En segundo lugar, lo que se proponía el PHF era gestar una economía social de mercado. La Secretaría de Economía Social distinguía entre cooperativas sin futuro (las que integraban el PRIST), por considerarlas de mera subsistencia y bajo la órbita estatal, y cooperativas con futuro financiadas por el Estado. Es decir, aquellas que podían alcanzar estándares de producción y comercialización suficientes para participar y competir en los mercados.

Incorporemos, en este punto, el análisis surgido en una entrevista realizada con el secretario de Economía Social de la nación en aquel período, creador del PHF:

“Yo creo que la CTEP puso en agenda en los últimos cinco o seis años a los trabajadores de la economía popular. Me parece espectacular que hayan puesto el concepto del trabajador de la economía popular. Ese es su concepto más fuerte. Pero yo tengo una diferencia. Yo creo que el trabajador de la economía popular debería poder ser transitorio. Ser un trabajador al cual no le alcanza la plata es una macana. ¿Cuáles son las vías a través de las cuales puede este trabajador transicionar? Una, es al mundo del empleo, que es la más virtuosa, pero yo creo más marginal. Otra, que es la que a mí más me gusta, es hacia la economía social. Dar un salto hacia la calidad. (…). Para eso necesita cierta formalización, mejorar niveles de productividad, requiere inclusión financiera y requiere aumentar los ingresos” (Funcionario 3, Vicente López, 2021).

En las Memorias de gestión de la Secretaría de Economía Social (2019: 6) se calificaba a la economía popular como una economía de subsistencia y de mera transición:

“La EP aparece menos por elección y más por marginación y como estrategias de supervivencia (…). [Nuestra propuesta es] Mejorar las capacidades de las personas, mediante una continua mejora de su calidad de vida, su formación y sus capacidades y competencias para el mundo del trabajo, para su directa articulación con el empleo formal. (…) [En paralelo] Fortalecer el trabajo autogestionado y asociativo: por un lado valorizar las tramas productivas socio-comunitarias y participativas. Por otro lado, tender puentes hacia el asociativismo productivo bajo lógicas de la economía social, que fortalezcan los ingresos de manera horizontal, democrática y sostenible. Llamamos a esta hipótesis ‘puentes de la economía popular hacia la economía social’” (Secretaría de Economía Social, 2019: 13 y 14).

Esto revela que hubo dos políticas en pugna dentro del gobierno del presidente Mauricio Macri (2015/2019). Una que reconocía a la economía popular a través de la ley de Emergencia Social como una rama laboral concreta y le otorgaba financiamiento y derechos primordiales como el SSC; otra, impulsada por el PHF, retomaba la tradicional noción de transitoriedad de esta economía y apostaba a trazar un puente hacia el empleo en blanco o hacia una economía social de mercado.

El plan fue criticado por las organizaciones:

“El Hacemos Futuro mentía, culpabilizaba al compañero o a la compañera, como si no tuviera un trabajo registrado porque no fue a la escuela o no hizo alguna formación técnica. En vez de aceptar que lo que no se genera es trabajo en blanco. Gente grande teniendo que ir a la escuela o a un taller. Era una pérdida de tiempo para sus changas. Te ofrecían cursos de administración de empresas, de psicología, cualquier cosa” (Referente 16, UTEP, La Matanza, 2020).

Para la literatura especializada se privilegiaba una mirada meritocrática, emprendedorista e individualista (Mango, 2020; Hintze, 2018; Pacífico, 2020) del trabajo y sus potencialidades.

Finalmente, a partir de 2020, con el cambio de gobierno nacional, se creó el Programa Nacional de Inclusión Socio Productiva y Desarrollo Social, conocido como Plan Potenciar Trabajo, que absorbió al PHF y al SSC. Lo problemático es que se retomó la figura del “plan social” a pesar de que referentes principales de la UTEP, quienes habían luchado denodadamente por la implementación de la figura del salario, se transformaron en las máximas autoridades de la Secretaría de Economía Social. A su vez, el gobierno en 2019 retomó el mito del eterno retorno asalariado cuando rechazó públicamente los planes sociales y firmó decretos -como el 711/21[5]- con el objetivo de convertir los planes sociales en empleos asalariados:

“con el objetivo de convertir las diferentes prestaciones de asistencia a personas desempleadas o con trabajos precarizados en incentivos para la contratación de sus beneficiarios y beneficiarias bajo la forma de empleo asalariado registrado en el sector privado” (decreto 711/2021).

Lo que nos interesa priorizar ahora son las lecturas dentro de la UTEP sobre el desplazamiento a un segundo plano de la figura del salario. Por un lado, referentes que lo consideran meramente un cambio de nombre:

“Lo más interesante, que es lo que no se borró porque el Plan Potenciar Trabajo sigue atado al SMVyM. Esto es lo más revolucionario. Ponele el nombre que quieras. Eso nos mete en la lucha de la clase trabajadora formal porque yo voy a querer que suba el salario mínimo para que suba el salario social. Después puede ser que no haya sido lo mejor, pero el SSC también estaba muy vinculado con la Ley de Emergencia Social y el macrismo. Lo importante es que no perdió la esencia” (Referente 5, UTEP, CABA, 2022).

“El Potenciar Trabajo en realidad es un SSC. Es un programa de fortalecimiento de la economía popular. Es un ingreso por las tareas que nosotros ya realizamos. El SSC fue una gran victoria para los sectores populares y sigue bajo otro nombre. No lo perdimos” (Referente 4, UTEP, CABA, 2022).

“No nos corran por izquierda con eso. Es un nuevo gobierno y siempre está la necesidad de tener sus propios planes. Si hubieran cambiado la forma de cálculo, ahí sí nos plantábamos, pero porque ahora se llama Potenciar vamos a cortar las calles. No sería responsable” (Referente 3, UTEP, CABA, 2023).

En otras entrevistas, por el contrario, se analiza la eliminación del SSC como un retroceso político:

“Yo no puedo creer que nuestro propio gobierno elimine el SSC, que fue consecuencia de una enorme lucha que dimos en 2016 junto a la CGT. No me importa que el Potenciar se calcule igual, e incluso que sea un buen nombre, porque nosotros dijimos que no queremos hablar más de planes sociales. Yo luché mucho, milité mucho ese nombre con los compañeros, fue mi obsesión que pasemos a percibir salarios. Había que hablar de salarios, no de planes. Lo que hacemos es trabajo, trabajo, y por eso es un salario. Estas cositas que parecen menores te vuelven a colocar en el lugar de asistido” (Referente 11, UTEP, 2022, CABA).

“El SSC sigue vigente en el Potenciar, eso es cierto, coincido con los compañeros, pero de cara a la opinión pública y para nuestro sector no es lo mismo defender un salario que un plan. Luchamos porque el salario se rigiera en consonancia con la variación del salario mínimo, pero también para que no nos digan más planeros y para que nuestra gente pasara a sentir que recibía un salario y no un plan” (Referente 15, UTEP, 2023, CABA).

Desde esta segunda perspectiva, más coherente con la lucha por la aprobación de la ley de Emergencia Social, el SSC no se reducía solo a un complemento económico que conectaba políticamente a los trabajadores de la economía popular con la clase obrera formal. También su nominación implicaba un avance simbólico decisivo, en la medida en que fortalecía la identidad de los trabajadores de la economía popular y les permitía conjurar las críticas mediáticas, fundamentalmente hacia sus organizaciones representativas.

Conclusiones

En el texto analizamos una consigna principal de la UTEP que implicó una ruptura con las fases previas: el reclamo de eliminación de los planes sociales y su reemplazo por salarios.

En 2002 se había creado el PJyJHD. Su concepción de los desocupados, sin embargo, era falsa. Se los caracterizaba como sujetos pasivos, inactivos, que había que poner en actividad. Cuando en 2009 se impulsó el PRIST finalizó dicha fase. Por un lado, se abandonó definitivamente la noción de desocupado para nombrar los planes. Por el otro, se sumó como requisito la obligatoriedad de conformarse como cooperativa para percibirlos. Esta imposición fue decisiva porque ponía el foco en los microemprendimientos cooperativos que habían gestado las organizaciones en las fases previas. Si habían cortado rutas y calles para forzar la entrega de planes para dichas cooperativas, ahora el Estado era quien las forzaba a que organizaran cooperativas para cederles planes. A dicho proceso se lo denominó cooperativismo forzado. En el artículo destacamos que el propio gobierno comenzó a utilizar en documentos públicos una terminología política propia de las organizaciones sociales: trabajo colectivo; autonomía; organización popular.

El PJyJHD transfirió ingresos mínimos a los expulsados crónicos del mercado laboral a inicios del nuevo siglo. El PRIST incluyó a un segmento de los que no habían podido lograr un empleo en blanco entre 2003 y 2011, cuando la tasa de asalarización creció un 11 %. El SSC, a partir de 2016, le cambió el estatuto a los que ya percibían el PRIST e incorporó masivamente a los que padecían el severo plan de ajuste del macrismo. Finalmente, a partir de 2019, el Plan Potenciar Trabajo, que absorbió al SSC y al PHF, sumó a los trabajadores que sufrían los efectos laborales de la cuarentena en el contexto de la pandemia y el propio ajuste fiscal que aplicó el Frente de Todos (2019/2023). De allí el salto cuantitativo -superó la barrera del millón por primera vez desde 2002- en la cantidad de beneficiarios.

Cuando la UTEP rechaza los planes se reapropia de la principal diatriba histórica utilizada en contra de las organizaciones. Si la promesa estatal ha sido desde siempre reemplazar los planes por trabajo genuino en el sector privado, la UTEP impone un salario financiado por el Estado a los fines de que la economía popular sea genuina y definitiva. Al mismo tiempo, si al cooperativismo impuesto desde el gobierno con el PRIST se lo calificó como cooperativismo forzado, la ley de Emergencia Social obtenida por las CTEP impuso una asalarización forzada a través del SSC. Allí se forzó la noción de un trabajador asalariado propio, singular, de la economía popular.

En su concepción inicial, la figura del SSC no se reducía a un plano meramente económico. También se valoraba la dimensión simbólica para sus representados. Los trabajadores populares no debían percibir planes sino salarios. De allí el imperativo de forzar al Estado para que garantizara lo que el mercado dejó de garantizar a la mayoría de la clase trabajadora. Durante el gobierno de Mauricio Macri, así como se aprobó el SSC, también surgió el PHF, que consideraba a la economía popular como una mera economía de subsistencia que debía ser transitoria. Para salir de esa condición se promovió el Plan Empalme, cuya propuesta era convertir los planes en trabajo asalariado en el sector privado. La exigencia fue que los beneficiarios finalizaran sus estudios formales y sumaran una capacitación laboral acorde con las exigencias más actuales del mercado. La otra vía fue que la economía popular mutara, con ayuda estatal, hacia una economía social de mercado protagonizada por una minoría de cooperativas capaz de competir en el mercado.

Finalmente, en la etapa gubernamental abierta en 2019, se produjo un aumento vertiginoso de la cantidad de beneficiarios del SSC, a la vez que el Plan Potenciar Trabajo absorbió al PHF y al propio SSC. Pasó de 551.730 titulares en diciembre de 2019 a 1.350.000 personas en 2023. En este punto, las lecturas de la UTEP sobre el retorno de un plan social por encima de la figura del salario son contrapuestas. Para determinados referentes entrevistados, se trató de un cambio menor en la medida en que se mantuvo el mismo método de cálculo del SSC. Para otros referentes, el retorno de la figura del plan fue sinónimo de un retroceso en el plano político, simbólico, justamente aplicado por un gobierno integrado por figuras principales de la propia UTEP que habían luchado para que se eliminara esa figura y se pasara a percibir salarios.

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