Resumen: En la última década la problemática de los cuidados ha cobrado un creciente interés tanto en el ámbito académico como en el de las políticas públicas. En América Latina estos debates se encuentran atravesados por la problemática del trabajo socio-comunitario, dada la importante presencia de organizaciones y redes comunitarias desplegadas por mujeres de sectores populares, que buscan resolver las necesidades de cuidados en territorios socioeconómicamente relegados. En este marco, el artículo analiza la relación entre estrategias sindicales y políticas de la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) y las propuestas legislativas de reconocimiento económico del trabajo de cuidados comunitarios, promovidas en el marco de las estrategias de igualdad de género de la organización, en el periodo 2022-2023. El análisis de estas propuestas recupera cinco dimensiones (definiciones, diagnóstico, supuestos, sujetos y estrategias) y reflexiona sobre las potencialidades y limitaciones en la transformación de las bases que estructuran las desigualdades sexo-genéricas. Este análisis contribuye a ampliar el debate conceptual y político sobre el cuidado, aportando nuevas formas de definir y gestionar el trabajo y los cuidados desde la experiencia comunitaria. Se utilizó una metodología cualitativa que articuló análisis documental, entrevistas semiestructuradas y observación participante.
Palabras clave: cuidados comunitarios, economía popular, estrategias sindicales.
Abstract: Over the past decade, the issue of care has garnered increasing attention both in academia and in public policy debates. In Latin America, due to the significant presence of community-based, organizations and networks created by women from the popular sector to address care needs in socio-economically neglected areas, these debates have been influenced by the issue of socio-community work. This article explores the relationship between the strategies and policies of the Union of Workers in the Popular Economy (UTEP) and legislative proposals aimed at the economic recognition of community care work, promoted as part of the organization's gender equality strategies during 2022-2023. The analysis of these proposals considers five key dimensions: definitions, diagnosis, assumptions, subjects, and strategies, offering a reflection on the potential and limitations in transforming the structural foundations of gender inequalities. It also contributes to broadening the conceptual and political debate on the social organization of care, offering new approaches to defining and managing work and care from a community perspective. The study employs a qualitative methodology that combines document analysis, semi-structured interviews, and participant observation.
Keywords: community care, popular economy, trade union strategies.
Resumo: Na última década, a problemática dos cuidados ganhou crescente interesse tanto no âmbito acadêmico quanto nas políticas públicas. Na América Latina, esses debates estão permeados pela problemática do trabalho socio-comunitário, dada a importante presença de organizações e redes comunitárias formadas por mulheres de setores populares, que buscam resolver as necessidades de cuidados em territoriosos socioeconomicamente relegados. Nesse contexto, o artigo analisa a relação entre estratégias sindicais e políticas da União de Trabalhadores e Trabalhadoras da Economia Popular e as propostas legislativas de reconhecimento econômico do trabalho de cuidados comunitários promovidas no âmbito das estratégias de igualdade de gênero da organização, no período de 2022-2023. A análise dessas propostas contempla cinco dimensões (definições, diagnóstico, pressupostos, sujeitos e estratégias) e reflete sobre as potencialidades e limitações na transformação das bases que estruturam as desigualdades sexo-genéricas. Esta análise contribui para ampliar o debate conceitual e político sobre a organização social do cuidado, trazendo novas formas de definir e gerir o trabalho e os cuidados a partir da experiência comunitária. Foi utilizada uma metodologia qualitativa que articulou análise documental, entrevistas semi-estruturadas e observação participante.
Palavras-chave: cuidados comunitários, economia popular, estratégias sindicais.
Convocatoria temática
Cuidados comunitarios y agenda sindical en la economía popular: un análisis de las propuestas legislativas para su regulación en Argentina
Community care and union agenda in the popular economy: an analysis of the legislative proposals for its regulation in Argentina
Cuidado comunitário e agenda sindical na economia popular: uma análise das propostas legislativas para sua regulamentação na Argentina
Recepción: 23 Diciembre 2024
Aprobación: 11 Marzo 2025
El reforzamiento de políticas neoliberales y la globalización financiera han profundizado la precarización, informalidad y desalarización de la población trabajadora (OIT, 2020). En América Latina, estos cambios implicaron un aumento de la desigualdad y la expansión de formas de trabajo autónomo con lógicas de subsistencia y desligadas de los marcos tradicionales de regulación, protección y seguridad social. También supusieron la transformación de la composición sociodemográfica de la clase trabajadora, fundamentalmente a partir de la incorporación de las mujeres al mercado de trabajo, intensificada desde la década de 1980, cuando comenzaban a avizorarse las características del tercer régimen de capitalismo financiarizado y globalizador (Fraser, 2016). Un régimen legitimado a partir de un ideal moderno de familia con dos proveedores, que externaliza el trabajo de cuidados en las familias y comunidades, al mismo tiempo que disminuye su capacidad para efectuarlos.
En este contexto, distintos estudios (Batthyány, 2020; Díaz Molina, Etxezarreta Etxarri y Larrañaga Sarriegui, 2018; Faur y Jelin, 2013) señalan la crisis de los cuidados que atraviesan nuestras sociedades, cuestión que se convirtió en uno de los principales temas de debate público. Dicha crisis incluye dimensiones económicas, ecológicas y políticas interrelacionadas que se refuerzan mutuamente y expresan las contradicciones socio-reproductivas del capitalismo en el régimen actual, en el que la lógica de la producción económica se antepone a la de la reproducción social provocando la desestabilización de los mismos procesos de los que depende el capital para su reproducción.
En este marco, la noción de organización social de los cuidados permite caracterizar y comprender la forma específica en la que se organizan las instituciones que regulan y proveen servicios de cuidados y las formas en que los hogares de distintos niveles socioeconómicos y sus integrantes acceden (o no) a ellos (Faur, 2014 en Brovelli, 2019). También da cuenta de los distintos actores intervinientes, sus roles, responsabilidades, recursos y articulaciones, considerando el papel del Estado y de las políticas públicas en la configuración de desigualdades y en la estratificación de los cuidados, en contextos social e históricos determinados (Scaglia, 2020).
En América Latina, las actividades, ocupaciones y oficios del cuidado revisten ciertas particularidades, entre las cuales se destaca la participación de mujeres en espacios comunitarios en contextos de pobreza (Zibecchi, 2014). Al respecto, distintas investigaciones dieron cuenta de cómo, en la región, las cargas de cuidado se encuentran distribuidas de manera desigual entre el mercado, el Estado y las organizaciones comunitarias (Rodríguez Enríquez, 2007). Asimismo, la distribución de estas tareas se produce y reproduce de manera desigual entre varones y mujeres, bajo los tradicionales esquemas de división sexual del trabajo, colocando a las mujeres en una situación de fuerte desventaja.
La expansión de estos espacios tiene su raíz histórica en los años 1980, en un contexto de implementación de políticas neoliberales y de despliegue de un conjunto de programas sociales focalizados que tenían por objetivo la inserción social de las mujeres. En términos generales, el acceso a estos programas incluía la obligación de llevar a cabo una contraprestación desarrollada en ámbitos comunitarios orientados a garantizar la reproducción social, tales como comedores, espacios de cuidado infantil y apoyo escolar (Pautassi, Arcidiácono y Straschnoy, 2014). Su implementación supuso la incorporación de mujeres al ámbito público, habilitando la construcción de nuevas redes y relaciones, así como la salida del hogar, pero sin cuestionar la implicancia que estos trabajos tienen en términos de una extensión de las tareas domésticas desde los ámbitos privados a los comunitarios.
Al respecto, poco más de una década atrás, distintos estudios señalaban cómo la realización del trabajo comunitario, llevado a cabo primordialmente por mujeres de barrios populares, se reproduce en base a la utilización de esa fuerza de trabajo no paga y no reconocida como tal. Social y monetariamente desvalorizadas, esas tareas se asientan en lógicas de intercambio comunitario, en las cuales “la necesidad de reconocimiento monetario aparece velada por el supuesto desinterés y el miedo a que un posible reclamo económico ‘corrompa’ las relaciones de cuidado” (Zibecchi, 2014: 141). Si bien las investigaciones señalaban que la necesidad de reconocimiento económico estaba presente en al menos parte de estas trabajadoras, la cuestión no se encontraba aun problematizada en el escenario público, ni formaba parte de las negociaciones con instituciones estatales. Por ello, la politización de los cuidados no llegaba a darse bajo un posicionamiento como trabajadoras de cuidados ni sus demandas en torno a ingresos y protección se vinculaban con el reconocimiento de una relación laboral (Fournier y Gorgoschidse, 2014).
En la actualidad, los espacios de cuidado comunitario no solo se han ampliado en número sino que consolidaron distintas formas de articulación con el Estado y de provisión de cuidados, al mismo tiempo que han crecido en términos cualitativos en sus formas de organización y en el tipo de demandas entabladas. Entre esos cambios, un punto a destacar es la emergencia de una representación sindical entre las trabajadoras del sector, que a lo largo de la última década ha delineado múltiples estrategias gremiales y políticas para disputar el reconocimiento del valor que aportan sus tareas para la reproducción social, así como la distribución de recursos y derechos para la mejora de sus condiciones laborales. Específicamente, nos referimos a la consolidación de la rama de trabajo socio-comunitario dentro de la Unión de Trabajadores/as de la Economía Popular (UTEP) y a la presentación y acompañamiento de tres proyectos legislativos para regular el trabajo de cuidados comunitarios, garantizar el reconocimiento social y económico, y la protección de las trabajadoras que realizan estas tareas, entre los años 2022 y 2023. Si bien estos proyectos presentan aspectos comunes, también poseen diferencias en sus objetivos y lineamientos de intervención. Estas especificidades suponen distintas ideas del cuidado, del trabajo y del rol de la economía popular en la organización social del cuidado. También implican diferentes niveles de problematización y avances respecto de la posibilidad de desandar la dimensión estructural de las desigualdades sexo-genéricas.
En este marco, el objetivo del artículo es analizar las propuestas legislativas que se han presentado en el período 2022-2023 en Argentina, considerando la forma en que son definidos los cuidados comunitarios, los diagnósticos y supuestos sobre los que se asientan, los sujetos que definen como objeto de intervención y las estrategias de acción previstas. Todo ello nos permitirá inferir en qué medida estos apuntan o no a desentrañar los nudos de la desigualdad, buscando revertir roles y ocupaciones feminizados vinculados a los cuidados comunitarios.
Partimos de entender estos proyectos de ley como la cristalización de un momento de las luchas por la igualdad de género que entablan las mujeres trabajadoras que integran la UTEP. A partir de ello, nuestra hipótesis sostiene que dichos proyectos: 1) representan parte del conjunto de estrategias desplegadas por estas trabajadoras y materializan la demanda de reconocimiento del trabajo de cuidados en una clave propositiva, orientada a garantizar derechos y protecciones para quienes los llevan a cabo. 2) Expresan el proceso de fortalecimiento de la organización sindical de la economía popular y su vinculación con las características de su sector de representación. 3) Dan cuenta de la transversalidad que han adquirido las demandas por la igualdad de género en la organización, profundizadas a partir del rol central de los cuidados comunitarios en la reproducción de la vida durante la pandemia del COVID-19. Asimismo, buscamos problematizar cómo las demandas expresadas en dichos proyectos y las estrategias para su consecución forman parte de una disputa política más amplia que pone en cuestión tanto la noción de trabajo restringida al empleo asalariado como el rol social, laboral y organizativo asignado a las mujeres en la economía popular, asentado en procesos de desvalorización de los trabajos para la sostenibilidad de la vida que realizan (Hopp, 2024). No obstante, estas demandas y estrategias se encuentran tensionadas entre la posibilidad de transformación de la organización social del cuidado y la reproducción de roles tradicionales de género dentro de la organización y en la sociedad en su conjunto.
El artículo se organiza del siguiente modo. Primero, presentamos la metodología utilizada. En segundo lugar, discutimos la relevancia de la economía popular para la reproducción de la vida de los sectores populares en un contexto de transformaciones del mundo del trabajo y pérdida de peso relativo del empleo asalariado. En ese marco, observamos la centralidad de los cuidados comunitarios para la sostenibilidad de la vida. Luego, nos detenemos en el análisis de las propuestas legislativas presentadas a partir de recuperar las dimensiones señaladas. Por último, presentamos las reflexiones finales.
El recorte empírico que recupera este artículo refiere a los proyectos de ley presentados e impulsados por la UTEP en el período 2022-2023. El caso de la UTEP es relevante por su alcance en términos de la cantidad de afiliados/as, la novedad del sector que busca representar y el peso que tiene la rama de trabajo socio-comunitario en la organización. El recorte temporal está dado por el momento en que se formaliza un debate sobre los cuidados a partir de la presentación del proyecto de ley "Cuidar en Igualdad", por parte del Poder Ejecutivo Nacional en el año 2022, y la presentación de los tres proyectos de ley que incluyeron el reconocimiento económico y social del trabajo de cuidados comunitarios como objeto y fueron acompañados, elaborados o promovidos por la UTEP, en 2023.
Utilizamos una metodología cualitativa que articuló:
A) Análisis documental. El corpus construido incluyó tres proyectos de ley vinculados con el reconocimiento económico del trabajo de cuidados comunitarios, documentos de diagnóstico y difusión asociados a estos proyectos, normativas que regulan el funcionamiento de la UTEP, su estructura funcional y el organigrama, notas de prensa, información de sitios web y redes sociales, estadísticas referidas al sector, entre otros.
Los proyectos de ley analizados fueron:
I. Proyecto de Creación del Fondo Solidario Nacional de Promoción y Fortalecimiento del Trabajo Comunitario de Cuidado (de la diputada María Rosa Martínez, Unión por la Patria).
II. Proyecto de Creación de un Sistema Integral de Protección del Trabajo de Cuidado Comunitario (Diputada Natalia Souto, Unión por la Patria, integrante de UTEP).
III. Programa Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de Comedores y Merenderos Comunitarios. (Diputada Natalia Zaracho, Unión por la Patria, integrante de UTEP).
Estos proyectos condensan procesos de fortalecimiento de la organización sindical de la economía popular y de disputa política por el sentido del trabajo que se enlazan a las estrategias de igualdad de género que despliegan estas mujeres trabajadoras. Esta es precisamente la singularidad y relevancia de su estudio. Cabe mencionar que dicha confluencia se dio en un contexto de creciente visibilización de los cuidados, ligada al protagonismo que adquirieron los feminismos en el contexto internacional y, en Argentina, especialmente en los últimos diez años. En este marco, la iniciativa en pos de la regulación de los cuidados que cobró mayor relevancia en el período estudiado fue el proyecto “Cuidar en Igualdad” orientado a la creación de un Sistema Integral de Políticas de Cuidados en Argentina. Esta iniciativa movilizó un conjunto de acciones de visibilización y sensibilización sobre la problemática del cuidado como derecho. También promovió la conformación de una Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado y otros espacios de articulación multiactoral, en los cuales participó la UTEP. Dado que este incorporó artículos específicos sobre los cuidados comunitarios será referenciado en este artículo.
Las dimensiones de análisis de los proyectos de ley fueron: a) las definiciones de los cuidados comunitarios, b) los diagnósticos y supuestos sobre los que se asientan los proyectos, c) los sujetos destinatarios y d) las estrategias de intervención propuestas.
B) Entrevistas semiestructuradas a informantes clave. El criterio de selección fue realizarlas a mujeres que ocuparan cargos de conducción en la organización. Las entrevistas se realizaron en el marco de un trabajo de campo más amplio desarrollado durante los años 2022 y 2023, como parte del proyecto PICT 20-3509 “Género, organización gremial y políticas públicas: las estrategias políticas y sindicales de las trabajadoras de la economía popular en Argentina (2020-2023)”. Para elaborar este artículo consideramos las entrevistas realizadas a las dos Secretarias Adjuntas, a la Secretaria de Tareas de Cuidado y a la Secretaria de Géneros y Diversidades de la UTEP.
C) Observación participante en actividades vinculadas con los cuidados comunitarios y la igualdad de género en las que participaron integrantes de la UTEP. Las principales fueron la charla abierta ¿Quién cuida a las que cuidan? Trabajo y cuidados en la economía popular (Facultad de Ciencias Sociales-UBA, noviembre 2023), el 6to Encuentro de mujeres, lesbianas, trans, travestís, intersexuales, bisexuales e identidades no binarias cooperativistas (Centro Cultural de la cooperación, octubre de 2023) y la Asamblea Feminista Sindical, realizada en mayo de 2024, convocada por la UTEP y otras organizaciones gremiales.
Uno de los rasgos distintivos de la economía popular es el trabajo propio que constituye la base para la sostenibilidad de la vida, a través de la realización ininterrumpida del conjunto de capacidades de trabajo que ejercen los/as integrantes de las unidades domésticas, mediante el desarrollo de distintas actividades para la resolución de las necesidades (Coraggio, 1999). Desde esta perspectiva, la lógica de funcionamiento de la economía popular no es exclusivamente mercantil y su finalidad no es el lucro sino la reproducción ampliada de la vida. Esto marca otro de sus rasgos fundamentales, que es la estrecha vinculación entre la unidad doméstica y el desarrollo económico de las unidades productivas, que pueden organizarse de forma individual o colectiva en organizaciones sociales y comunitarias, cooperativas, emprendimientos asociativos, entre otras. También su anclaje territorial y, con ello, la heterogeneidad de experiencias ligadas tanto a la diversidad de ocupaciones y ramas de actividad como al grado y tipo de organización social en el territorio, las particularidades de las economías locales y regionales y de las políticas y regulaciones a nivel provincial y municipal. Muchos de estos trabajos no están reconocidos como tales; por ello no son remunerados, y las actividades que implican, realizadas principalmente por mujeres, se encuentran invisibilizadas.
A inicios de la década pasada, la creación de la Confederación de Trabajadores de la Economía Popular (CTEP) como organización de representación sindical del sector, contribuyó a una revitalización de los debates en torno a la economía popular, tanto en el ámbito académico como político y a constituirla como una categoría reivindicativa (Bruno, Cohelo y Palumbo, 2017) que busca unificar una población heterogénea de trabajadores/as no asalariados/as (usualmente denominados informales, precarios, de subsistencia) (Fernández Álvarez, 2018). Hacia fines de 2019, parte las organizaciones que la integraban reconfiguraron y ampliaron sus alianzas bajo una nueva organización: la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP). Desde su fundación se han producido cambios significativos que implicaron modificaciones en las estructuras decisorias y organizativas tendiendo a una mayor complejización y formalización de las mismas, una progresiva construcción identitaria de quienes integran la economía popular organizada como parte de un sector del trabajo, el desarrollo de una agenda propia que incluye demandas que dan cuenta de las problemáticas que lo atraviesan e involucran distintos aspectos de la vida –como trabajo, hábitat, alimentación, salud, acceso a la tierra- y la presentación de proyectos legislativos para su abordaje, el diseño e implementación de políticas públicas y la incorporación de referentes/as de las organizaciones a áreas de gestión pública.
Entre estos cambios, nos interesa destacar los avances suscitados en términos de transversalización de la perspectiva de género en la organización y su correlato en la construcción de estrategias sindicales y políticas orientadas a desandar desigualdades sexo-genéricas. Particularmente aquellos relativos a los trabajos socio-comunitarios que se expresan en la construcción de una rama sindical a partir del 2019, la producción de herramientas de registro, medición y caracterización de los cuidados comunitarios y la presentación de propuestas legislativas para regular dichos trabajos.
A lo largo de los últimos años, las acciones desplegadas en pos de la igualdad de géneros fueron múltiples y variadas (participación en movilizaciones del 8M-Día Internacional de la Mujer Trabajadora y el 3J contra la violencia de género del movimiento Ni una Menos, integración de la intersindical feminista, incorporación de cláusulas de paridad en la estructura organizativa del sindicato y creación de una Secretaría de las Mujeres y la Diversidad, entre otras). Entre ellas, el abordaje de los trabajos socio-comunitarios a partir de la constitución de una rama de actividad “principal y no accesoria sólo para sustentar la participación laboral de las mujeres en otras actividades” (Timpanaro, 2023: 152), cobra una significación particular, dada tanto por el peso que tiene dentro del conjunto de actividades que componen la economía popular como por la función que cumple en la reproducción de la vida, en el sostenimiento de los territorios y en la propia organización social.
Si bien en Argentina no existen estadísticas oficiales que permitan caracterizar plenamente a la economía popular, se han realizado mediciones a partir de los datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INDEC). Este instrumento no fue diseñado para captar las especificidades del sector y por ello presenta algunas limitaciones. No obstante, los resultados de estos estudios estiman (con leves diferencias) que comprende alrededor de 4,2 millones de trabajadores/as (Arango, Chena y Roig 2017; Bertellotti, 2019; RENATEP, 2021; Wolanski et. al, 2022). Por su parte, una estimación reciente a partir de fuentes múltiples plantea que este universo ascendería a 10,4 millones, considerando a aquellas personas que en las mediciones oficiales son definidas como inactivas (Chena, 2022). Esta población está conformada principalmente por mujeres que, desde la perspectiva conceptual de la economía popular planteada, realizan tareas esenciales para la reproducción de la vida y el sostenimiento de sus comunidades, por ello se afirma que se trata de población trabajadora.
A partir de la demanda de las organizaciones, ante las limitaciones de estas estadísticas y con el objetivo de reconocer y formalizar a estos/as trabajadores/as, en 2020 se puso en marcha el Registro Nacional de Trabajadores/as de la Economía Popular (RENATEP). De acuerdo con la última información disponible, hasta abril de 2023 se registraron 3.618.606 de personas, dentro de las ocho ramas de actividad en las que se organiza el Registro: 1) Transporte y almacenamiento. 2) Agricultura familiar y campesina. 3) Construcción e infraestructura social y mejoramiento ambiental. 4) Recuperación, reciclado y servicios ambientales. 5) Servicios personales y otros oficios. 6) Servicios socio comunitarios. 7) Comercio popular y trabajos en espacios públicos. 8) Industria Manufacturera.
Del total de inscriptos/as, 58,2% son mujeres y 62,9% tiene entre 18 y 35 años. Es decir que se trata de una población predominantemente femenina y joven (con un promedio de edad de 33,7 años), caracterizada también por un bajo nivel educativo: 60,3% no finalizó la escolaridad obligatoria. El análisis de la distribución sexo-genérica en las distintas categorías ocupacionales relevadas da cuenta de una fuerte persistencia de estereotipos de género tradicionales: las ocupaciones vinculadas a tareas de limpieza, cuidados y oficios relacionados con la estética se encuentran feminizadas, mientras que aquellas ligadas a construcción, reparación de equipamientos y maquinaria, transporte y mecánica -entre otras- son realizadas principalmente por varones. En el caso de las ocupaciones del cuidado, nueve de cada diez trabajadoras del registro son mujeres (RENATEP, 2023).
La rama socio-comunitaria comprende a cerca de un tercio (27%) de las personas registradas en el RENATEP, de las cuales seis de cada diez son mujeres (63%).La misma incluye distintas ocupaciones, entre las cuales quienes llevan a cabo tareas en comedores y merenderos corresponden a dos tercios del total (64.9%). Dentro de la rama se observa una fuerte impronta colectiva en el desarrollo de las tareas: apenas un cuarto realiza el trabajo de manera individual, seis de cada diez lo hacen en organizaciones sociales o comunitarias y una de cada diez en cooperativas.
A mediados de 2023 existían 34.782 espacios inscriptos en el Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios de Organizaciones de la Sociedad Civil (ReNaCom) en todo el territorio nacional, en los cuales trabajaban 134.449 personas.[1] Si bien no es posible acceder al desagregado de esos datos, un informe reciente sobre la situación de los espacios comunitarios y el trabajo de cuidado en los barrios populares del Área Metropolitana de Buenos Aires permite avanzar en la caracterización del sector (Barrios de Pie – UTEP, 2023). De 523 espacios relevados, 80% corresponde a ollas populares y centros comunitarios que brindan asistencia alimentaria y 29% provee servicios de apoyo escolar. Cabe resaltar que la casi totalidad de estos se identificaron en más de una categoría, dando cuenta de la multiplicidad de tareas que se desarrollan en torno al acompañamiento y la asistencia a la comunidad. Entre ellas, se destaca el cuidado de las infancias, la promoción ambiental, el abordaje de la salud, consejerías vinculadas a la interrupción voluntaria del embarazo y a la violencia de género, la finalización educativa y los centros de acompañamiento a personas en situación de calle y de consumo problemático. Estos espacios atienden a un promedio de cincuenta personas por día de un amplio rango etario, casi la mitad funcionan en la vivienda de alguno/a de los/as trabajadores/as, nueve de cada diez no trabajan de manera articulada con los gobiernos y solo 6,7% está formalmente reconocido. Dos tercios están vinculados con algún movimiento social y, en menor medida, pertenecen a organizaciones no gubernamentales o a la iglesia.
En línea con los datos del RENATEP, el informe da cuenta de la amplia desprotección de quienes desarrollan estas tareas, en tanto existe una elevada proporción de trabajadoras sin remuneración o que perciben ingresos provenientes de programas sociales y carecen de aportes a la seguridad social, así como de otros derechos vinculados a una relación laboral.
Como se desprende de los datos presentados, las distintas tareas de cuidado (materiales y afectivas) son llevadas adelante, en gran medida, por mujeres que aportan cotidianamente su trabajo para garantizar alimentación, atención de salud, asistencia y acompañamiento en múltiples situaciones de necesidad y violencias. Estas tareas se organizan colectivamente y suelen articularse con programas sociales nacionales, provinciales o municipales, principalmente alimentarios y de promoción de la economía popular (gran parte de los cuales han sido desmantelados y/o desfinanciados en el marco de la gestión gubernamental de Javier Milei iniciada en diciembre de 2023). Es en la esfera territorial-comunitaria en donde estos/as trabajadores/as resuelven las necesidades de la reproducción que el Estado no atiende suficientemente, ni pueden cubrirse privadamente de forma mercantilizada con ingresos escasos.
A diferencia de quienes tienen otro tipo de ocupaciones, las trabajadoras socio-comunitarias no acceden al trabajo mercantilizado o lo hacen en condiciones de suma precariedad. Aquellas que están “revolviendo la olla” y atendiendo múltiples necesidades en los barrios, además de sostener a sus propias familias, no tienen tiempo de realizar otro trabajo mercantilizado y, si lo hacen, es a costa de desarrollar una triple jornada laboral (Pautassi y Zibechi, 2013). De allí que “la familiarización de los cuidados en estos sectores socioeconómicamente relegados se constituye como un nudo crítico que profundiza las desigualdades existentes” (Alfredo et al, 2024: 27). Además, cabe señalar que las políticas sociales se apoyan en estos trabajos no remunerados para atender efectivamente las necesidades que se plantean como parte de sus objetivos. Esta cuestión fue abordada por otros estudios que caracterizaron este tipo de situación de la labor de estas trabajadoras comunitarias y de cuidado infantil como una forma de subsidio de "abajo hacia arriba" (Fournier, 2017).
En este marco, las organizaciones sociales y comunitarias conforman una oferta pública no estatal y se presentan como “actores centrales de la provisión de cuidados infantiles, en virtud de su rol histórico vinculado a las problemáticas sociales y como soporte frente a las dificultades de grandes sectores de la población para insertarse en el mercado de trabajo formal y en el sistema de protección social asociado al mismo” (Campana, 2022: 161). En estos espacios se tejen vínculos, se atienden necesidades afectivas y se resuelven los problemas cotidianos de quienes viven en barrios populares relegados. Son también el lugar donde las mujeres pueden expresar y desnaturalizar situaciones de desigualdad o violencia, y empezar a organizarse (Registro de observación, Asamblea Feminista Sindical, 28/5/2024).
La visibilización y el (auto)reconocimiento del valor de esta trama de relaciones da fundamento a la demanda de reconocimiento económico del trabajo de cuidados comunitarios como eje central de la agenda de género y de la disputa política por el sentido del trabajo. Los proyectos promovidos por la UTEP expresan esta demanda y contribuyen a colocar la problemática en el debate público.
La pandemia marcó un clivaje en el debate sobre los cuidados en Argentina, a partir de un contexto signado por la crisis económica y sanitaria, “que puso en evidencia la relevancia de los cuidados como una dimensión del bienestar social” (Cuidar en Igualdad, 2022). En cuanto a los cuidados comunitarios, permitió afirmar su carácter esencial y, a partir de ello, demandar el reconocimiento, la remuneración y la protección de las trabajadoras que los llevan adelante. Esto es reconocido en todos los proyectos de ley analizados y fundamenta la necesidad de intervención sobre esta problemática:
“(En la) pandemia: mientras muchos sectores productivos presentaron caídas en su nivel de actividad, el trabajo de cuidados, por el contrario, aumentó su nivel al 21,8% del PIB y muestra un aumento de 5,9 puntos porcentuales con respecto a la medición "sin pandemia”. En efecto, lejos de apagarse por la crisis del coronavirus, la economía de los cuidados se enciende y sostiene el funcionamiento social” (Sistema Integral de Cuidados Comunitarios, 2023).
En la UTEP, la pandemia abrió una oportunidad de transformación de la propia organización y de las trabajadoras que la conforman:
“Nosotros en la pandemia, sobre todo las trabajadoras de la economía popular pudimos dar discusiones que no se daban antes, ni siquiera dentro de nuestras organizaciones. Nosotras mismas tenemos naturalizado un montón de cosas, y la pandemia fue un cachetazo, primero para poner sobre la mesa la discusión, segundo para nosotras mismas empezar a valorarlo. Dentro de la economía popular, cada vez que voy a un espacio corrijo, ellas dicen ‘porque nosotras queremos un trabajo’, ‘compa vos estás trabajando’. Eso hay que ir deconstruyendo, nosotras, de adentro para afuera. Lo habíamos naturalizado mucho, la pandemia permitió que lo desnaturalizáramos y hoy las compañeras te lo dicen muy orgullosas (…)” (Entrevista Dina Sánchez, agosto 2022).
Sin embargo, desde la perspectiva de nuestras entrevistadas “ese debate, hay que seguir dándolo porque se pudo visibilizar y dar mucha fuerza a través de la pandemia, pero hoy quedó relegado. (…) Cuando muere Ramona,[2] nosotras logramos que se dé un bono. Pero no vale un bono, nosotras queremos que se discuta (el reconocimiento del cuidado comunitario).” (Entrevista Dina Sánchez, julio 2023). Si bien su valor resultaba insuficiente y no fue actualizado en el marco de un proceso inflacionario, el bono mencionado fue plasmado en la sanción de la Ley Ramona (cuyo nombre se eligió en homenaje a la cocinera fallecida por Covid-19, en 2020), que garantizó el cobro de ese plus mientras se mantuviera la emergencia sanitaria. Junto con la priorización de las/os trabajadoras/es socio-comunitarias/os en la vacunación contra el virus, estos fueron dos pasos importantes que antecedieron a los proyectos de ley que materializaron una estrategia que emerge del encuentro entre las luchas por la igualdad de género y el reconocimiento del trabajo en la economía popular.
En la agenda gubernamental, la institucionalidad de género se profundizó en el periodo 2020-2023 a partir de la creación del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad y otras dependencias que atendieron específicamente la cuestión del cuidado. Entre ellas, la Dirección de Cuidados Integrales y Políticas Socio-comunitarias del Ministerio de Desarrollo Social, la Dirección Nacional de Políticas de Cuidado del Ministerio de las Mujeres y la Dirección Nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía (Pinto, 2022). También la conformación de la Mesa Interministerial de Políticas de Cuidado y otros espacios de articulación multiactoral en los que participó la UTEP, en el marco del desarrollo del proyecto de Ley Cuidar en Igualdad, presentado por el Poder Ejecutivo, en 2022, con el objeto de:
“establecer un sistema integral de cuidados con perspectiva de género que promueva y articule las políticas públicas en la materia con el fin de: a. reconocer el derecho de todas las personas humanas a recibir y brindar cuidados, así como también el derecho al autocuidado; b. contribuir a superar la división sexual del trabajo y su consecuente impacto en la reproducción de desigualdades sociales y de género; c. promover una organización social del cuidado justa y corresponsable; y d. reconocer el valor del trabajo de cuidados y promover su formalización cuando el mismo se realiza de manera remunerada” (Cuidar en Igualdad, 2022).
La propuesta incluye tres artículos que reconocen y regulan los cuidados en el ámbito comunitario. En primer lugar, se establece la creación de un registro de espacios de cuidados comunitarios, “a los fines de generar políticas públicas tendientes a su fortalecimiento y a la formalización del trabajo (…)” (art. 31). Luego, la remuneración del trabajo de cuidados comunitarios, a partir de un mecanismo que incluya en los convenios de colaboración entre el Estado Nacional y los espacios de cuidados, la transferencia de recursos "que permitan asegurar ingresos de quienes desarrollan trabajos de cuidados comunitarios, incluyendo cobertura de seguridad social, asignaciones familiares y riesgos del trabajo” (art. 32). Por último, se expresa sobre la relación entre seguridad social y trabajo de cuidados comunitarios, comprometiendo a “los organismos competentes” a promover “distintos mecanismos que tiendan al reconocimiento de servicios a los fines del cómputo previsional por las tareas prestadas (…), para acceder a los beneficios de la seguridad social” (art. 33).
En consonancia con los debates y propuestas planteadas en esta iniciativa medular de la agenda de género gubernamental, la UTEP diseñó y promovió tres proyectos de ley que abordan los cuidados en la esfera comunitaria, a fin de garantizar los derechos de las trabajadoras de la economía popular que llevan adelante estas tareas. A continuación, analizaremos las definiciones, diagnósticos, supuestos, sujetos destinatarios y estrategias de intervención que propone cada uno de ellos.
En cuanto a las definiciones del trabajo comunitario tres cuestiones comunes se desprenden de los proyectos: la apelación a la regularidad de las tareas, su desarrollo en ámbitos comunitarios y de manera colectiva y su impacto sobre el desarrollo y el bienestar común. En contraposición a lo que podría ser considerado como actos solidarios esporádicos, el hecho de destacar la permanencia y sistematicidad de la actividad deviene un punto central en el debate en torno a la consideración de estas actividades como un trabajo. Los otros dos puntos de las definiciones recuperan otro de los ejes que atraviesan este debate: el aporte en términos de valor que estos trabajos producen y su contribución esencial en términos de garantizar la reproducción ampliada de las comunidades.
Los tres proyectos comparten también aspectos comunes en su fundamentación. En todos los casos la desigualdad de género y su interrelación con las desigualdades de clase aparece como la problemática central a abordar. La regulación de los cuidados comunitarios es entendida como una forma de dar respuesta a las necesidades históricamente relegadas de las mujeres de sectores populares, A tal fin, las propuestas se asientan, por un lado, en distintos pactos internacionales de derechos humanos y de las mujeres, en los que se reconoce al cuidado como derecho y en distintas recomendaciones como las de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), que promueve la transición de la econo-mía informal a la economía formal (Recomendación 204 de 2015) y destaca la contribución de la Economía Social y Solidaria al trabajo decente y al desarrollo sostenible (Resolución II OIT del 10 de junio de 2022), y de la Organización de Naciones Unidas respecto de la agenda de igualdad de género y los Objetivos de Desarrollo Sostenible, entre otras.
Por otro lado, recuperan estadísticas y datos oficiales nacionales producidos por el RENATEP y el RENACOM y utilizan los datos de relevamientos propios para caracterizar y complejizar la comprensión de la problemática del cuidado comunitario. En este sentido se destaca la importancia que ha cobrado el avance en la construcción de datos –así como la necesidad de profundizar la generación de diagnósticos acabados sobre el sector- para el diseño de políticas públicas. Cabe destacar que las propuestas de las diputadas Souto y Martínez contemplan la creación de observatorios o registros con el fin de garantizar la producción de datos fiables. La de Zaracho también destaca la importancia del registro y la producción de información y propone utilizar al RENACOM como base inicial y ampliarla.
Además, resaltan la necesidad de generar mecanismos de redistribución que garanticen el acceso a un salario y las consecuentes protecciones sociales vinculadas al trabajo registrado. Junto a ello, las tres propuestas conciben que la disminución de las brechas existentes en materia de reconocimiento simbólico y económico en el sector generaría impactos que van más allá de lo sectorial. Así, por ejemplo, explicitan que la posibilidad de contar con un ingreso y mejorar las condiciones de trabajo “adquiere un lugar estratégico por el impacto demográfico, social y económico” (Sistema Integral de Protección del Trabajo de Cuidado Comunitario, 2023). Por otra parte, señalan que ello permitiría generar oportunidades para “salir de los círculos de violencia cortando con la dependencia económica que, sobre todo a las mujeres y disidencias empobrecidas, las somete a continuar junto a sus agresores al no contar con ingresos ni posibilidades laborales” (Programa Nacional de Trabajadoras/es de Comedores y Merenderos Comunitarios, 2023).Asimismo, sostienen que su implementación implicaría construir “mejores dinámicas de redistribución de la riqueza, a la vez que (…) generar condiciones de trabajo digno y de retribución económica para el desarrollo de nuestras comunidades” (Sistema Integral de Protección del Trabajo de Cuidado Comunitario, 2023). Las tres propuestas explicitan también la importancia de avanzar en un cambio en la desigual distribución de estas tareas. Este punto resulta relevante, ya que contribuye a problematizar los esquemas tradicionales asentados en una particular forma de división sexual del trabajo que sitúa a las mujeres en los territorios históricamente feminizados, como son los del cuidado. Como observamos en el apartado anterior, dichos esquemas se reproducen sin mayores cambios en la economía popular. En términos generales, los tres proyectos mencionan la importancia de revertir esa desigual distribución. El proyecto del Fondo Solidario establece en su fundamentación la necesidad de “repensar el rol de las mujeres tanto al interior de los hogares como en la organización comunitaria, problematizar su injusta distribución en términos de género”; el de Sistema Integral de Cuidados Comunitarios incorpora la promoción de “la equidad entre los géneros en la distribución del cuidado” como uno de los principios del sistema propuesto, y el de régimen laboral, en su fundamentación menciona a la “injusta organización social del cuidado como uno de los nudos estructurales constitutivos de la desigualdad de género”. A pesar de ello, en ninguna de las tres propuestas se advierten estrategias específicas orientadas a desandar dichas desigualdades. El diseño de estrategias para remunerar estas tareas y vincularlas con derechos representa un avance sustantivo en el debate, porque resitúa estas actividades desde la perspectiva del trabajo, generando un corrimiento de los tradicionales abordajes del voluntarismo y la entrega. Sin embargo, parece darse por supuesto que la remuneración per se resolvería también el problema del valor social de la tarea. En línea con las disputas entabladas por la CTEP-UTEP en pos del reconocimiento de la economía popular como un trabajo y la consecuente repolitización de la cuestión social que conllevó esta disputa de sentidos en la arena pública (Maldovan Bonelli, 2023), las demandas construidas desde la rama de servicios socio-comunitarios implicaron un avance en el camino hacia la politización de los cuidados.
Una de las diferencias centrales entre las iniciativas legislativas refiere a las estrategias de intervención que proponen:
a) La creación de un Fondo Solidario Nacional de Promoción y Fortalecimiento del Trabajo Comunitario de Cuidado que contribuya a fortalecer y retribuir económicamente estos trabajos (Diputada Martínez).
b) La creación de un Sistema Integral de Protección del Trabajo de Cuidado Comunitario que reconozca el valor social y económico que tiene el trabajo de cuidado comunitario como sostén de la vida del conjunto de la sociedad y contribuya a reducir la brecha de acceso a los servicios de cuidados en los sectores más vulnerables (Diputada Souto).
c) La institución de un régimen laboral que regule las relaciones entre Estado y comedores y merenderos y de un programa nacional que garantice un ingreso equivalente al salario mínimo, vital y móvil con derechos laborales a las/os trabajadores/as de estos espacios comunitarios (Diputada Zaracho).
Cada proyecto está enfocado en destinatarias/os específicas/os: el primero a los/las trabajadores/as de cuidado comunitario, el segundo amplía el universo incorporando también a quienes reciben esos cuidados y a las comunidades en las que se inscriben estos espacios, a partir de la idea de sistema integral de cuidado comunitario, basado en principios de: a) integralidad, para propiciar el involucramiento de los actores que participan de la organización comunitaria de los cuidados (Estado, mercados, comunidad-organizaciones sociales y hogares); b) perspectiva de género y diversidad en la distribución del cuidado; c) abordaje comunitario para “incorporar las miradas, perspectivas, saberes y conocimientos de las comunidades, sus formas organizativas y su mirada colectiva sobre la gestión de los cuidados”; d) enfoque de derechos (a cuidar y a recibir cuidados), y e) equidad en la organización y distribución de las tareas de cuidado (Sistema Integral de Protección del Trabajo de Cuidado Comunitario, 2023). El tercero se orienta a quienes trabajan en comedores y merenderos, focalizando la intervención en una actividad específica y con fuerte peso dentro de los cuidados comunitarios. Los proyectos de Souto y Zaracho, integrantes de la UTEP, definen a sus destinatarios/as como trabajadores/as de la economía popular. El proyecto de Martínez refiere a trabajadores/as comunitarios/as en general y fue presentado en el marco del debate parlamentario por el Proyecto Cuidar en Igualdad.
Si bien los tres proyectos tienen como eje garantizar una remuneración a estos/as trabajadores/as, las estrategias de intervención muestran diferencias que implican distintas intensidades y formas de abordaje de las problemáticas asociadas a los cuidados comunitarios. Desde nuestra perspectiva, crear un fondo solidario puede pensarse como una estrategia complementaria para contar con mayores recursos para apoyar las experiencias de cuidado comunitario, pero no resolvería per se el problema de la remuneración y el reconocimiento del carácter laboral de estas tareas. A pesar de que los fundamentos del proyecto parten de entenderlas como trabajo y destacan su rol central para la reproducción de la vida y las comunidades, la apelación a la noción de solidaridad remite también a la protección cercana o a la sociabilidad primaria como forma de atención de estos problemas. En contraposición, la estrategia de creación de un régimen laboral que regule las relaciones Estado/comedores y merenderos comunitarios y un programa que intervenga en la relación de estos últimos con sus trabajadoras/escoloca la actividad directamente en el ámbito laboral y propone una intervención que la equipare a ocupaciones “tradicionales”, históricamente reconocidas y reguladas en el marco de los convenios colectivos de trabajo. Por su parte, la propuesta de creación de un Sistema Integral de Protección del Trabajo de Cuidado Comunitario no sólo busca el reconocimiento económico y del carácter laboral de estas tareas sino también del derecho al cuidado entendido en un sentido amplio, que incluye brindar y recibir cuidados y la posibilidad de contar con tiempo y recursos para el autocuidado. Con matices y estrategias de intervención diferentes, en las tres propuestas subyace la búsqueda de reconocimiento de la relevancia del rol de la economía popular y de las/os trabajadoras/es comunitarias/os en la provisión de cuidados y la sostenibilidad de la vida en los barrios populares.
La demanda de reconocimiento social, económico y de derechos laborales se orienta fundamentalmente al Estado, un actor clave para la atención de los cuidados que ha contribuido a naturalizar la incorporación de estos trabajos con un insuficiente o nulo reconocimiento social y económico en los procesos de implementación de políticas sociales. Esta demanda se orienta también a la valorización de los saberes populares y las formas de organización colectivas construidas en estas prácticas. Esto se expresa en el proyecto de Fondo Solidario a partir de la necesidad de “acreditar la formación de los/as trabajadores/as comunitarios/as producto de décadas de desarrollo de su práctica”, mientras que la propuesta de creación de un Sistema Integral va más allá porque promueve la incorporación de la experiencia y los conocimientos construidos, en un abordaje comunitario de gestión de los cuidados. A diferencia de los anteriores, en el proyecto de régimen laboral el reconocimiento de los saberes de estas/os trabajadoras/es no se encuentra tematizado.
Los cambios del mundo laboral en las últimas décadas pusieron en escena una nueva problemática referida a las formas de organizar y distribuir el trabajo en la sociedad, que ha sido conceptualizada como crisis de los cuidados. Dicha crisis expresa tanto la complejidad que caracteriza a las necesidades de cuidado y su diversidad, como la dificultad, cada vez mayor, que encuentran amplios sectores de la población para atenderlas. La forma que adquiere en las distintas sociedades da cuenta de las profundas mutaciones en los roles y articulaciones entre las principales instituciones proveedoras de cuidados: el Estado, las familias, el mercado y en particular las organizaciones sociales y comunitarias. También expresa las formas en las que se distribuye el trabajo entre distintos grupos sociales y estratos socioeconómicos. Respecto de este punto, el análisis de la división sexual del trabajo cobra un rol preponderante, en tanto que estas tareas recaen principalmente y de manera desproporcionada sobre las mujeres, a partir de la naturalización de su rol como responsables de ellas. Las mujeres de los sectores populares que no pueden cubrir estas necesidades comprando servicios en el mercado son aún más perjudicadas en esta desigual distribución.
Dicha desigualdad presenta características específicas en el caso latinoamericano, dada la importante presencia de organizaciones y redes comunitarias desplegadas por mujeres de sectores populares, que buscan resolver la problemática de los cuidados en territorios socioeconómicamente relegados. La multiplicación de estos espacios evidencia tanto el rol de los cuidados en tanto una dimensión central para la reproducción de la vida, como el de la organización social-territorial.
En el caso argentino, los datos disponibles referidos al sector de trabajos socio-comunitarios permiten observar su potencial como espacio de integración frente a lógicas de exclusión y discriminación del mercado de empleo registrado, y como un ámbito central en la provisión de cuidados, al tiempo que dan cuenta de la precariedad de las condiciones bajo las cuales se ejercen, dado que quienes los llevan a cabo carecen en muchos casos de un ingreso y se encuentran excluidos/as del acceso a protecciones y derechos. También muestra la persistencia de desigualdades de género propias del mundo del trabajo, que se profundizan en la economía popular a partir de su intersección con otras dimensiones de la desigualdad.
La creación de la rama de trabajos socio-comunitarios dentro de la UTEP como un espacio de representación sindical de estas/os trabajadoras/es constituye un hecho significativo por varias razones: a. busca saldar las “brechas de representación” (Webster, Britwum y Bhowmik, 2017) que atraviesan al conjunto de la economía popular a partir de asentar la organización en una lógica sindical; b. contribuye a visibilizar las formas en que se expresan y reproducen las desigualdades sexo-genéricas en la economía popular y en los trabajos comunitarios en particular; c. recupera las luchas históricas de los feminismos enmarcadas en el reconocimiento de las tareas de cuidado como trabajo y la necesidad de implementar políticas para reducir las brechas existentes; y d. supone el desarrollo de un proceso de transformación de las identidades de las trabajadoras comunitarias, que aporta al pasaje desde una legitimación de su labor fundada en la valoración del servicio, el amor y la entrega hacia la revalorización de las mismas como trabajo y por ende, como susceptibles de ser remuneradas y vinculadas a derechos y protecciones. Este fue un pilar fundamental de una nueva forma de politización de los cuidados ligada al (auto)reconocimiento del trabajo y para el impulso de propuestas específicas para estas trabajadoras/es.
El análisis de los proyectos de ley promovidos por la UTEP permite sistematizar un nuevo modo de concebir el trabajo y los cuidados, visibilizando un actor clave para su provisión en el ámbito comunitario, cuya lógica de gestión de los cuidados -colectiva, territorial e imbricada a la organización sindical- puja por ser reconocida como una pieza fundamental del sostenimiento de la vida en los barrios populares, tanto como de las políticas públicas que deben garantizarlo como un derecho. Los diagnósticos y supuestos sobre los que se asientan estos proyectos se vinculan con la urgente necesidad de revertir desigualdades sociales, de clase y de género que atraviesan al conjunto de la sociedad, pero afectan diferencialmente a las mujeres de la economía popular.[3]También se fundan en el (auto)reconocimiento de las tramas comunitarias que se fortalecieron a partir de la constitución de la organización sindical y las luchas por la igualdad de género.
Las distintas estrategias de intervención que proponen implican diferentes compromisos y alcances de la acción estatal y del vínculo entre las organizaciones de la economía popular y el Estado. En este sentido, la creación de un fondo solidario parece presentarse como una medida complementaria en el marco del debate planteado por el proyecto “Cuidar en Igualdad” y se encuentra tensionada entre el reconocimiento del trabajo y las formas de solidaridad que se despliegan para atenderlos cuidados en las comunidades. La creación de un régimen que regule las relaciones Estado-comedores y merenderos comunitarios y de un programa que garantice la protección de sus trabajadoras/es, en cambio, coloca directamente a estas tareas en el ámbito laboral y demanda la igualación de sus condiciones a las de otras ocupaciones históricamente reconocidas y protegidas. Sin embargo, su acción se restringe al ámbito de la alimentación y no tematiza las formas de gestión colectiva de los cuidados comunitarios y los saberes construidos a partir de ellas, que los proyectos del Fondo Solidario y especialmente el de creación de un Sistema Integral de Protección del Trabajo de Cuidado Comunitario buscan visibilizar y valorizar a partir del reconocimiento del derecho al cuidado que debe ser garantizado por el Estado. En todos los proyectos se destaca el rol clave de la economía popular y la organización comunitaria en la provisión de cuidados y el abordaje de problemáticas de género.
Si bien en términos generales todos los proyectos analizados se orientan al reconocimiento y la valorización de los cuidados y buscan atender distintos aspectos de la problemática, estos presentan también diferencias, tanto en sus objetivos como en los lineamientos y sujetos de la intervención. También implican distintos niveles de profundidad para desandar la dimensión estructural de las desigualdades sexo-genéricas. En este sentido, el análisis realizado permite comprender cómo estas propuestas permitirían una potencial mejora de las condiciones de ejercicio de los cuidados comunitarios y una revalorización de la actividad a partir de enmarcarla desde la perspectiva del trabajo. Aunque al mismo tiempo, y si bien se explicita como un problema, no prevén estrategias que apunten a modificar las formas de distribución sexo-genérica de estas tareas que se encuentra en la base de la invisibilización y desvalorización de las mismas.
Este debate es reciente y los avances normativos han quedado por el momento en el diseño de propuestas legislativas, que no han sido tratadas a nivel parlamentario. El giro político que se produjo en Argentina a finales del año 2023 implicó el comienzo de una nueva gestión gubernamental asentada en preceptos ultraliberales en materia económica y fuertemente conservadores en lo político que, entre otras cuestiones, niegan la existencia de las desigualdades de género. En este contexto, las posibilidades de sostener la discusión en la arena pública y de contar con los apoyos necesarios para su tratamiento y aprobación resultan escasas. A la par de ello, el recrudecimiento de la crisis socioeconómica generado por las reformas de la gestión entrante ha llevado a un repliegue de las organizaciones en el territorio ante la profundización de las necesidades imperantes para garantizar la reproducción de las comunidades más vulnerables.
El horizonte de corto plazo es complejo, no obstante, el análisis realizado contribuye a ampliar el debate conceptual y político sobre el lugar que ocupan las mujeres de sectores populares en garantizar la reproducción de la vida en nuestra sociedad, aportando nuevas formas de definir y gestionar el trabajo y los cuidados desde la experiencia comunitaria.
ARK: https://id.caicyt.gov.ar/ark:/s25912755/oj65msnm0
redalyc-journal-id: 6680
