INTRODUCCIÓN[1]

“Cuando se debería dar preferencia a la vida, los banqueros están dando preferencia a las ganancias.”[2]

La afirmación del interlocutor ejemplifica el tipo de disputas morales que atravesaron las acciones relacionadas con la protección de la vida de los trabajadores bancarios brasileños en el contexto de la pandemia de COVID-19. El punto de vista expresado por los dirigentes bancarios refleja tanto la búsqueda por construir una perspectiva legítima como un esbozo de las economías morales que estuvieron en juego durante ese periodo: proteger la vida o proteger los negocios (Fassin y Fourcade, 2021).

En el futuro, la pandemia de COVID-19 será analizada como uno de los acontecimientos más relevantes del siglo XXI, que provocó efectos de dimensiones económicas, políticas y sociales extraordinarios en todo el mundo. Se trata de un tipo de evento relevante para las ciencias sociales, en tanto ilumina relaciones estructurales, contradicciones, posibilidades de futuro, así como transformaciones o calcificaciones de la vida social, política y económica; como señala Ribeiro (2021:108), la pandemia, al “descotidianizar” el mundo, provoca “una ruptura de los ritmos cotidianos de reproducción social”. En todo el mundo se instauró una contabilidad de muertes que incrementó la paranoia, así como el poder del Estado y de la ciencia sobre los cuerpos de la población. La pandemia permitió revelar luchas morales y tecno-políticas, además de transformaciones del orden socioeconómico. Como subrayan Fassin y Fourcade (2021:2), “en todas partes, la pandemia actuó como un revelador (...) de realidades sociales subyacentes y duraderas”.

Con el objetivo de preservar la vida, la mayoría de los gobiernos, en grados y momentos diversos, optaron por interrumpir las actividades económicas, culturales, educativas, deportivas y religiosas, lo que hizo de la respuesta a la pandemia un hecho sin precedentes, con numerosos confinamientos en muchas partes del mundo. En varias naciones, la ciencia fue la base de las políticas públicas que dieron lugar a una “biopolítica masiva sin precedentes”, no exenta de controversias públicas (Fassin, 2021:155). Se impusieron una serie de normas, reglas y cuidados —prohibiciones y permisos— con el objetivo de frenar o mitigar la propagación del virus. Estas normas recayeron sobre los cuerpos y normatizaron comportamientos deseados y no deseados, desplegando acciones de cuidado o negligencia por parte de los agentes públicos. El resultado fue un mosaico complejo, en el cual coexistieron el uso de mascarillas, el distanciamiento social, las restricciones al funcionamiento de ciertas actividades y la obligatoriedad de la vacunación junto con otras actividades permitidas por ser consideradas esenciales, el estímulo o la negación del riesgo del virus, de la eficacia de la vacuna y de los protocolos de distanciamiento. La pandemia evidenció “el biopoder de los Estados contemporáneos sobre sus ciudadanos” y su carácter profundamente conflictivo y contradictorio (Ribeiro, 2021:114).

Este estudio analiza las diversas economías morales producidas en el contexto de la pandemia de COVID-19 en Brasil y activadas por el gobierno nacional, las entidades bancarias y el sindicalismo bancario en forma de estrategias y tecnologías de gobierno de los cuerpos, prestando especial atención al repertorio de movilización activado por el movimiento sindical, que tuvo como innovación la producción de estrategias orientadas a la preservación de la vida de los trabajadores, un segmento especialmente desfavorecido por haber sido clasificado como trabajo esencial.

El problema analítico que guía nuestra discusión es: ¿cuáles economías morales fueron activadas por gobiernos, bancos y dirigentes frente a los desafíos de este contexto extraordinario? ¿Cómo se entrecruzaron la pandemia de COVID-19 —junto con las políticas de gobierno de los cuerpos— con los repertorios de movilización del sindicalismo? Estas preguntas se inspiran en la perspectiva de Didier Fassin (2018), para quien las políticas de gobierno engloban un gobierno en sentido amplio, compuesto por dispositivos definidos y acciones desarrolladas con el objetivo de administrar y regular la vida humana. Estas comprenden tanto las políticas estatales como las acciones de ONG, de organismos internacionales, asociaciones profesionales y sindicatos. Permite pensar los vínculos entre los cuerpos —en este caso, amenazados por el virus— y la política, entendida como la política que se ejerce sobre y a través de los cuerpos. Las políticas de la vida que regulan los cuerpos implican siempre elecciones morales. Por ello, para el autor, lo que la política hace con las vidas no es solo una cuestión de discursos y tecnologías, de estrategias y tácticas, sino que tiene que ver sobre todo con “la manera concreta en que se trata a los individuos y grupos, con los principios que fundamentan dicho trato” y con “la moral en cuyo nombre se aplica, así como con las desigualdades e ignorancias que ello implica” (Fassin, 2018:45). El concepto de “economía moral” es definido por Fassin redelineando el uso que le dio Thompson (1998) al analizar la “economía moral” de las multitudes inglesas durante los motines por hambre en el siglo XVIII: “la economía moral será considerada como la producción, distribución, circulación y uso de sentimientos morales, emociones y valores, normas y obligaciones en el espacio social” (Fassin, 2019:43). En el contexto de la pandemia, la economía moral remite a la cuestión social de la preservación de la vida y a los valores y afectos asociados a la vida como un problema común (Fassin, 2021:157).

La investigación parte de un trabajo etnográfico realizado entre 2020 y 2023 en un sindicato de trabajadores bancarios del interior de Río Grande del Sur, estado ubicado en el extremo sur de Brasil, aunque se extiende a otras instancias de observación a nivel regional y nacional, resultado de la participación en eventos remotos y presenciales. De esta forma, los datos no se limitan exclusivamente a una geografía local, dado que se hizo un seguimiento de las luchas de los trabajadores bancarios a nivel nacional. Los datos etnográficos fueron obtenidos a partir de entrevistas realizadas a dirigentes sindicales, observaciones de espacios de encuentro tanto presenciales como virtuales, declaraciones de dirigentes sindicales pronunciadas en eventos, así como del análisis de publicaciones del movimiento sindical, tales como diversas campañas de concienciación; informes conteniendo datos y cifras relacionadas con la pandemia de COVID-19; documentos, protocolos y decretos emitidos por gobiernos e instituciones bancarias. Epistemológicamente, se destaca el lugar ocupado por uno de los autores como nativo, ya que antes de ocupar el campo como investigador formaba parte del espacio analizado como trabajador bancario (2012) y como dirigente sindical (2017). Así, el trabajo etnográfico fue desarrollado desde una perspectiva propia de la antropología “reflexiva” (Guber, 2001), en la que tanto el investigador como sus interlocutores aprendieron conjuntamente el quehacer sindical y el etnográfico en el contexto adverso de la pandemia; desde una posición de “neutralidad relativa” (Wagner, 2010), en la cual el antropólogo se ve obligado a incluirse a sí mismo y a su modo de vida en el estudio de la cultura.

El estudio se divide en dos partes, además de esta introducción y de las consideraciones finales. La primera está destinada a contextualizar la pandemia, discutir las acciones gubernamentales para enfrentarla y analizar el funcionamiento del sindicato durante ese período. A continuación, se busca comprender las prácticas colectivas de cuidado orientadas a proteger la vida y la salud de los trabajadores bancarios.

LA PANDEMIA DE COVID-19 EN BRASIL

La pandemia fue devastadora en términos de pérdida de vidas humanas en todo el mundo, incluyendo países con distintas condiciones sociales, políticas y económicas. En algunos países, como Brasil, la catástrofe fue especialmente significativa. Según datos del Consejo Nacional de Secretarías de Salud (CONASS), Brasil registró un total de 701.215 muertes por COVID-19, desde el primer fallecimiento contabilizado el 12 de marzo de 2020 hasta marzo de 2023 (CONASS, 2022).

Si comparamos los números de casos, muertes y la tasa de letalidad entre países y regiones del mundo, según el cuadro que se presenta a continuación, se puede observar que la situación de Brasil fue una de las más críticas en comparación con otros países más poblados, con Europa y con el resto del mundo.

Figura 1.
Número de casos, muertes y tasa de letalidad por COVID-19 en Brasil y en el mundo

⃰ por millones de personas hasta marzo de 2023

Fuente: elaboración de Marzari a partir de los datos disponibles en https://ourworldindata.org/covid-deaths

El mundo presentó una tasa de letalidad del 0,90 %, es decir, por cada mil casos confirmados de COVID-19, se registraron 9 muertes. Estados Unidos, que tuvo el mayor número de casos y la mayor cantidad de muertes, presentó una letalidad del 1,09 %, mientras que Brasil presentó una tasa dos veces mayor que la tasa mundial: 1,88 %, es decir, por cada 1.000 brasileños infectados con el coronavirus, 19 personas fallecieron. Incluso Europa, que protagonizó la primera ola de COVID-19 en marzo de 2020 y posee un número de casos de casi el doble que Brasil, presenta una tasa de letalidad inferior a la mitad.[3]

En 2021, durante los cuatro meses que corresponden al período más letal de la pandemia (del 28/02 al 03/07), se registraron 8.224.793 casos y 269.366 muertes (más de un tercio de todas las muertes registradas), con una letalidad del 3,2 %, es decir, 32 muertes por cada mil personas contagiadas. Al inicio de este período, solo el 0,10 % de la población contaba con el esquema de vacunación completo (dos dosis) y, al final del mismo, apenas el 12,77 %. Por otro lado, en el período de mayor incidencia de casos, durante 45 días entre el 09/01/2022 y el 26/02/2022, el número de personas contagiadas fue de 6.244.555, con 28.976 muertes y una letalidad de solo 0,46 %, es decir, por cada mil infectados, menos de 5 personas fallecieron. En ese momento, Brasil ya contaba con el 67 % de la población completamente vacunada en enero, y a fines de febrero, más del 71 % (CONASS, 2022).[4] Estos datos confirman la eficacia de la vacunación como método para contener el avance de la enfermedad y controlar la letalidad.

Sin embargo, el gobierno federal actuó de forma negligente en la coordinación y el combate contra la pandemia: adoptó prácticas no recomendadas por la ciencia que agravaron la letalidad del virus, especialmente negando el valor sanitario de la vacuna y haciendo promoción de información falsa sobre formas de prevención y tratamiento, como el uso de cloroquina. Según un estudio publicado por Oxfam Brasil, la negativa a seguir las orientaciones para minimizar la propagación del virus costó la vida de 120.000 brasileños, muertes que podrían haberse evitado mediante medidas no farmacológicas para el control de la transmisión hasta fines de 2021. Según los autores, las políticas de combate a la transmisión del COVID-19 fueron “incorrectas, tardías, insuficientes e intermitentes” (Werneck et al., 2021: 5).

La actuación del gobierno federal en el combate al COVID-19 fue objeto de una Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI), conocida como “CPI de la pandemia”[5] creada en el Parlamento Federal, que resultó en la imputación del entonces presidente Jair Bolsonaro y de varios integrantes de su gobierno, incluidos los sucesivos exministros de Salud Eduardo Pazuello y Marcelo Queiroga; cuatro ministros de Estado y ocho diputados y senadores vinculados al presidente, entre ellos dos de sus hijos; además de asesores del gobierno y empresarios, por crímenes como homicidio, peligro para la vida o la salud de los otros, epidemia, violación de medidas sanitarias preventivas, omisión de notificación de enfermedades, charlatanismo, incitación al crimen, malversación de fondos públicos, corrupción pasiva y activa, prevaricación, organización criminal y crímenes de lesa humanidad, entre otros. Las conclusiones de la CPI de la pandemia destacaron el “desprecio por la vida de las personas” y el consentimiento “con la muerte de brasileñas y brasileños” (Senado Federal, 2021). Para Gustavo Lins Ribeiro (2021: 111-112), el acontecimiento crítico de la pandemia dio lugar a una nueva mutación de la extrema derecha: los “negacionistas”, quienes intensificaron el ya extraño contexto del confinamiento mediante actitudes religiosas y políticas excéntricas.

Estas acciones, normas y tecnologías de gobierno que pusieron, de manera deliberada y consciente, en riesgo la salud y la vida en su dimensión biológica (Fassin, 2021: 164), fueron escenificadas cotidianamente por el entonces presidente Bolsonaro en sus declaraciones públicas cada vez que llegaba a la casa de gobierno. Sobre el COVID-19 afirmó que era una “gripecita”; sobre la vacuna afirmó que era “ineficaz” porque “no está científicamente comprobada”; respecto al aislamiento social cuestionó a los ciudadanos que como “idiotas” “siguen en casa hasta hoy” y sobre el número exorbitante de las vidas perdidas declaró: “¿Y? ¿qué quieren que haga? yo no soy sepulturero. Lo lamento”.[6]

Con base en lo expuesto, puede afirmarse que el gobierno federal, a través de las acciones, omisiones y declaraciones del expresidente Jair Bolsonaro, fue negligente con el poder destructivo del COVID-19, negando el derecho a la protección e imponiendo riesgos a la salud y la vida de las personas más vulnerables –ya fueran personas mayores, con comorbilidades o en situación económica desfavorable–, es decir, practicó una política de la muerte que relegó a miles de personas a convertirse en víctimas fatales de la pandemia. Como señala Fassin (2010: 37), la biopolítica no se refiere únicamente a la vida, sino también a la muerte, es decir, implica simultáneamente una decisión política, implícita o explícita, de “hacer vivir” o “dejar morir.” Para el autor, cuando las tecnologías de gobierno producen desigualdades en la vida y, en casos extremos, incluso borran sus huellas, se trata indudablemente de una política de la muerte. El ascenso de las derechas extremas en el escenario global, con su carga de “antiintelectualismo” y posturas “anticiencia” fue parte de las condiciones de posibilidad de esta reacción ante la pandemia del coronavirus, en tanto “ampliaron los contextos propicios al crecimiento de interpretaciones mágicas” (Ribeiro, 2021: 114-115).

LOS TRABAJADORES BANCARIOS EXPUESTOS A LA PANDEMIA

Toda acción u omisión del gobierno federal en la conducción del enfrentamiento a la pandemia y su negligencia o falta de cuidado hacia las personas, tuvo impactos en el mundo del trabajo, especialmente en relación con los trabajadores declarados como “servicios esenciales”. El boletín Empleo en Pauta, elaborado por el Departamento Intersindical de Estadística y Estudios Socioeconómicos (DIEESE) de mayo de 2021, titulado “Aumentan las desvinculaciones por muerte en el empleo formal”, afirma que entre enero y marzo de 2020 y 2021 las desvinculaciones de empleos formales en blanco por causa de muerte crecieron un 71,6 %, pasando de 13,2 mil a 22,6 mil.[7] El informe destaca un aumento de las desvinculaciones en las actividades de atención a la salud (75,9 %), enfermería (116 %), educación (106,7 %) y en transporte, almacenamiento y correos (95,2 %). En este mismo período, el sector bancario registró 152 desvinculaciones por fallecimiento, en comparación con 55 del año anterior, antes de la pandemia, lo que representa un aumento del 176,4 %, porcentaje superior al de otras categorías, y más del doble del total de desvinculaciones por muerte en el empleo formal en Brasil (DIEESE, 2021). Aunque los datos presentados no puedan atribuirse necesariamente a víctimas de COVID-19, su incremento exponencial en apenas un año es indicativo de que muchos de estos trabajadores perdieron la vida a causa del virus.

Estos datos fueron utilizados para respaldar las reivindicaciones de los trabajadores bancarios, como la mejora de los protocolos sanitarios y la defensa de la inclusión de los bancarios como prioridad en la campaña de vacunación, como se discutirá más adelante. Las cifras sobre el número de muertes también fueron utilizadas para denunciar la inacción del gobierno federal. Esto confirma la importancia de la producción de datos como justificación y fundamento de las demandas. Para Didier Fassin (2018, 41), la estadística es “más que una tecnología productora de información sobre las poblaciones”; es una “expresión de la biopolítica” y, principalmente, un “potente indicador de las políticas de vida”. Es decir, los datos y las estadísticas, según el autor, reafirman la política que recae sobre los cuerpos y las vidas. Al analizar la pandemia como un problema público de gran escala que también fue construido a partir de la producción de cifras y estadísticas, Bellinaso y Vecchioli (2023) afirman que se generó una pedagogía de las cifras y controversias públicas sobre las mismas, representando una dimensión clave para todas las instancias involucradas en la gestión de la pandemia.

Las estadísticas adquirieron fuerza imperativa al estar acompañadas de eventos rituales marcados por emociones y sentimientos de dolor y empatia. Un ejemplo de ello es el homenaje realizado en 2021 por la Confederación Nacional de los Bancarios de la Central Única de los Trabajadores (CONTRAF-CUT)[8] a 88 bancarios, víctimas de la pandemia (figura 2), que evidencia el valor otorgado por los trabajadores a la vida, además de ser un dato contundente sobre el impacto de la COVID-19. También se realizaron homenajes a tres integrantes del Comando Nacional de los Bancarios, que incluyeron videos sobre su trayectoria sindical y testimonios de familiares compartiendo el duelo vivido. Precedido por el hashtag “#ForaBolsonaro” y la frase “Este video es un homenaje a la memoria de todas las víctimas de la COVID-19”, se presentó una lista con los nombres de las víctimas junto a un lazo negro, símbolo de luto.

En el contexto de la pandemia, la defensa de la vida se convirtió en un imperativo moral para el sindicato. Los homenajes, en tanto rituales seculares, consolidaron el sentido de pertenencia de los sindicalistas a una comunidad moral que se diferenciaba del gobierno y del empresariado por el valor atribuido a las vidas perdidas de los trabajadores víctimas de la pandemia. Este valor se simboliza mediante el uso de emblemas comunes en la evocación de quienes perdieron sus vidas en luchas políticas: las personas que asistían de manera remota a la apertura de la conferencia nacional compartían en el chat del evento expresiones como “¡Compañero [nombre], presente!”, así como frases del tipo “¡nuestra reverencia a todas las bancarias y bancarios que cayeron por la irresponsabilidad y el desprecio de este desgobierno!” y “#LaVidaEsLucha”. Este último fue el lema de un evento de dos horas, que dedicó sus 25 minutos iniciales a rendir homenaje a las víctimas. La memoria de sus vidas actuó como aglutinador de la lucha del sindicato y como forma de denuncia de las políticas de la vida que imperaron durante la pandemia. La categoría “vida”, presente en el lema del evento, indica su centralidad en los repertorios de lucha y en los debates del movimiento sindical bancario, que atribuía la responsabilidad de las muertes directamente al entonces presidente Jair Bolsonaro.

Figura 2.
Nombres de los bancarios, víctimas de COVID-19
Fuente: Elaboración de Marzari, a partir de los datos disponibles de la CONTRAF-CUT

“#ELBANCARIOTAMBIÉNÉSESENCIAL”: LA ACCIÓN SINDICAL FRENTE A LA POLÍTICA DEL DESCARTE

El 20 de marzo de 2020, tras la confirmación de la primera muerte por COVID-19 en Brasil, el gobierno federal determinó, mediante decreto,[9] cuáles eran los “servicios esenciales” que no debían ser interrumpidos mientras durara la emergencia sanitaria.[10] Entre ellos se encontraban los establecimientos bancarios. Los bancarios, a su vez, fueron divididos en dos categorías: aquellos que podían ser expuestos a los peligros del coronavirus y estuvieron al frente del trabajo presencial considerado “esencial,” y aquellos que pudieron protegerse mediante el teletrabajo: personas mayores o con comorbilidades.

La declaración de los bancarios como trabajadores esenciales –y, por lo tanto, descartables– frustró una de las principales demandas de la CONTRAF-CUT a los bancos: el cierre total de las agencias para atención presencial mientras durase el estado de emergencia. Es fundamental tener en cuenta que, a diferencia de otras categorías profesionales que recibieron equipos adecuados para trabajar sin riesgo de contagio -notablemente los profesionales de la salud-, al inicio de la pandemia los bancarios no contaban con otros recursos más que mascarillas de tela común y alcohol en gel.

Los sindicatos pasaron a actuar centralmente en forma remota, lo que impuso muchas limitaciones y desafíos, tanto en la manera de reivindicar derechos como en la ejecución de actividades cotidianas o la realización de procesos internos, como los procesos electorales. Las formas de reunión, protesta, negociación y recepción de demandas de los trabajadores se trasladaron al entorno virtual. Las actividades más rutinarias del sindicalismo se transformaron, alterando el funcionamiento de las propias entidades sindicales. A continuación, se presentan algunas declaraciones producto de las observaciones realizadas durante la investigación que sintetizan las percepciones de dirigentes y del movimiento sindical frente a la pandemia, así como su evaluación de la actuación del gobierno y de los bancos y de las formas posibles de lucha:

“Vemos la aflicción en el rostro de los compañeros bancarios que están sufriendo en este momento, con miedo, tanto del COVID-19, que está afectando no solo a los bancarios y a sus familias, sino también con el temor de perder su empleo en el caso de la banca privada (...) En el momento en que creemos que se debería priorizar la vida, los banqueros están priorizando las ganancias. Hemos visto muchas muertes de bancarios, son cerca de 30 bancarios muertos durante esta pandemia” [01/08/2020][11].

En las múltiples declaraciones de los dirigentes sindicales bancarios se destacan las expresiones que enfatizan la centralidad de la defensa de la vida, como: “se debería priorizar la vida,” en contraposición a una postura de los bancos que priorizaría “las ganancias”; o “la vida de los trabajadores y trabajadoras viene en primer lugar y tenemos que luchar por eso,” en referencia a un “gobierno de extrema derecha fascista y genocida.” Estas expresiones evidencian la forma en que el sindicalismo construye dos posiciones antagónicas: el movimiento sindical como defensor de la vida frente a gobiernos y empresas bancarias que priorizan el lucro y el funcionamiento de la economía en detrimento de la preservación de vidas humanas.

Un gran cambio observado durante los años más intensos de la pandemia (2020-2022), fue el debate sobre qué forma de lucha se debía seguir y/o era posible implementar en ese momento. El primer diagnóstico de los sindicalistas fue que, aunque la pandemia “pone en cuestión todas las formas de movilización que hemos producido”, “es posible luchar en pandemia”, “encontrar nuevos caminos” y, frente a las limitaciones, la virtualidad es uno de los medios disponibles para “involucrar a los bancarios en la lucha”:

“Y para lograr eso, necesitamos escucharlos, y va a ser una tarea muy diferente a todo lo que hicimos este año, trayéndolo a nuestros [debates sobre los] convenios colectivos. Promoviendo una participación efectiva y real de todos los trabajadores y trabajadoras bancarias, en este momento en que lo virtual es extremadamente necesario y es lo que nos queda para garantizar la salud de las personas” [01/08/2020].

La herramienta–virtualidad, modalidad híbrida– es, en sí misma, neutral; su valoración depende de la posición de quien la utiliza. Para quienes detentan el dominio en este campo de fuerzas, la virtualidad es el mejor recurso, como se evidencia en las declaraciones de la presidenta del sindicato de São Paulo, Ivone Silva: con la pandemia “aprendimos a hacer nuestro modelo híbrido”, se aprendió a “usar la tecnología a nuestro favor”.[12] De igual forma, una trabajadora bancaria afirmó que solo estaba participando en el evento porque era virtual, pues el entorno virtual le permitiría incluirse en lugar de quedar excluida, ampliando así la participación.[13] El uso del entorno virtual convirtió a los dirigentes sindicales liberados en un segmento privilegiado dentro del ámbito del trabajo bancario, ya que pudieron minimizar los riesgos actuando principalmente a través del trabajo sindical remoto.

Para otros sindicalistas, si la virtualidad permitió la continuidad de las actividades sindicales, también distanció físicamente al sindicato de su base. En una entrevista realizada en abril de 2022 con una dirigente local, en la sede del sindicato, ella relató cómo fue el funcionamiento del sindicato durante el último año de su mandato como delegada a tiempo completo. Se observaron cambios en la rutina sindical, en la forma de recibir las demandas, en la comunicación con la base y con otros dirigentes:

“Podemos hacer todo por WhatsApp y, lamentablemente, la categoría [por los trabajadores] tampoco busca el presencial”, “el tema del presencial, nadie quiere”, “necesitamos estar en el presencial, (...) la gente se acomodó demasiado, más de lo que ya estaba” [29/04/2022].

Este posicionamiento parece subrayar un aprovechamiento de la virtualidad por parte del sindicalismo que no desea debatir con la base y prefiere continuar monopolizando los espacios de decisión. Encontrarse presencialmente implica enfrentarse a conversaciones de pasillo, rumores, cuestionamientos, exigencias, entre otros desafíos. Las dificultades identificadas por los dirigentes para llevar adelante las actividades más cotidianas de un sindicalista bancario –“comunicar”, “negociar”, “movilizar”, “reivindicar”– pone en evidencia el conjunto de categorías nativas que orientan la actuación sindical en el día a día, fuera de los contextos extremos.

La virtualidad como modalidad privilegiada por este sindicato para luchar por sus reivindicaciones evidencia cómo los repertorios son al mismo tiempo creaciones culturales aprendidas y flexibles en tanto emergen de la lucha, que dependen del contexto y de la situación en la que ocurren (Tilly, 1995). Se advierte aquí que, como señala Tilly (1978) al definir “repertorio contencioso”, las formas de acción colectiva están “limitadas”, ya que no derivan de filosofías abstractas sino que dependen de las propiedades culturales de los actores involucrados y de las oportunidades disponibles. En el contexto de la pandemia, se flexibilizaron para hacer posible la lucha política. Durante el transcurso de la pandemia, especialmente en los años 2020 y 2021, el movimiento sindical centró su actuación en la protección de la salud y la vida de los trabajadores bancarios, es decir, en la protección de la vida biológica.

La defensa de los trabajadores implicó simultáneamente una “biologización” de la acción sindical, en la medida en que la protección de los empleados alcanzó sus vidas en su dimensión biológica y no solo en su dimensión económica y social (Machado, 2021). Como señala Fassin (2018), la política se manifiesta cuando se pone en disputa la vida tal como es vivida a través del propio cuerpo.

Ante la clasificación del trabajador bancario como esencial, el movimiento sindical inició una serie de negociaciones por la creación de protocolos de bioseguridad y por la regulación del teletrabajo para los grupos de riesgo, además de la defensa de la inclusión de los bancarios como grupo prioritario en el Plan Nacional de Inmunizaciones (PNI), como se abordará en las secciones siguientes.

LA DISPUTA POR LA PRIORIDAD DE LA VACUNA: UNA MULTIPLICIDAD DE REPERTORIOS CONTENCIOSOS

A pesar de los problemas señalados con respecto a la adquisición de vacunas por parte del gobierno federal, la presión de la sociedad y del ámbito científico permitió que Brasil obtuviera, aunque de forma lenta, inmunizantes para toda la población, así como la tecnología necesaria para la producción de vacunas propias a través de la FIOCRUZ.[14] Se suma a este esfuerzo el papel del Sistema Único de Salud (SUS) en la distribución y aplicación de los inmunizantes, reconocido como una herramienta de excelencia en la implementación del PNI.

Una vez que la vacuna estuvo disponible, nuevos desafíos surgieron para el sindicalismo bancario. Al establecerse e implementarse los criterios que definirían las prioridades de distribución, el movimiento sindical bancario solicitó la inclusión de los trabajadores bancarios en el grupo prioritario de vacunación. La disputa por la vacuna por parte del movimiento sindical implicó la activación de una serie de repertorios de movilización con el fin de garantizar la protección de la vida de los trabajadores.

En un contexto signado por controversias en torno al privilegio de recibir la vacuna, el sindicato recurrió a diversos recursos: entrega personal de una solicitud oficial al ministro de Salud, acompañada de informes médicos; una solicitud a las propias entidades financieras para que apoyaran esta causa; la realización de acciones conjuntas con legisladores para la aprobación de un proyecto de ley que incluyera a los bancarios en el PNI; la recolección de firmas; la institución de un “Día Nacional de Lucha por la Vacuna”; la puesta en juego de alianzas con los intendentes para implementar la vacunación de bancarios; y la realización de campañas en redes sociales para visibilizar las denuncias y reivindicaciones de la categoría.

En marzo de 2021, el colectivo de Salud de la CONTRAF-CUT definió que ante un nuevo riesgo “biológico”, la pandemia de COVID-19, lo más importante era la preservación de la vida de los trabajadores bancarios. Con el objetivo de convencer a los poderes públicos apelaron a una retórica “neutral” cargada de conceptos técnico-científicos, como demuestra la declaración de su secretario:

“Un ejemplo es la visión equivocada de que la actividad económica es prioridad. Obviamente, lo más importante es la vida y la salud, pero incluso en relación con la economía, solo será posible volver a la normalidad cuando se contenga la propagación del virus. Defendemos un plan de vacunación consistente con criterios transparentes basados en fundamentos científicos, en los que las prioridades se estipulen conforme a conceptos epidemiológicos. En este sentido, luchamos para que los bancarios, como categoría esencial cuyas características laborales presentan un alto potencial de transmisión del virus, sean incluidos en la lista de prioridades. Pero no podemos aceptar lobbies de sectores que están siendo incluidos [en la vacunación prioritaria] por el gobierno sin criterios científicos, únicamente por razones políticas. La salud y la vida deben ser prioridad absoluta, y la mejora de la actividad económica está íntimamente ligada a la vacunación; solo cuando el virus esté contenido será posible volver a la normalidad” [Mauro Salles, 02/03/2021, nuestro énfasis.[15]

Aquí se evidencia la estrategia sindical de distanciarse de otros grupos de presión que negociaron la vida en el ámbito político. El sindicato justificó su demanda a partir de fundamentos que están más allá de los reclamos convencionales propios de un sindicato, que típicamente negocia salarios y beneficios para sus integrantes. Aquí, el apelar al conocimiento científico —datos cuantitativos, informes técnicos— en un contexto de gran controversia pública, revela el intento sindical de presentar su reivindicación como un resultado evidente e incontrastable de los “datos epidemiológicos”, desplazando hacia la esfera de la política —entendida aquí como acción ilegítima que persigue privilegios— toda la actuación del gobierno de Bolsonaro. Juvandia Moreira, presidenta de la CONTRAF-CUT, también justificó la inclusión de los bancarios en el grupo prioritario: “Las bancarias y bancarios están obligados a trabajar todo el tiempo, y si la demanda en las agencias bancarias ha sido muy alta, también deben estar en la prioridad de la vacuna. Es justo que lo estén” (CONTRAF-CUT, 2021). Junto estos criterios técnicos, también se utilizaron argumentos que destacan la “justicia” y el “merecimiento”, como menciona Salles: “ellos merecen tener esta prioridad”, considerando que los bancarios trabajaron presencialmente, incluso en los períodos más críticos de la pandemia. Los criterios en disputa en torno al merecimiento revelan las moralidades que entraron en controversia a lo largo del período pandémico.

Durante el primer semestre de 2021, la CONTRAF-CUT realizó diversos intentos de contacto con el Ministerio de Salud para negociar la inclusión de los bancarios en el PNI. Solo después de enviar dos oficios al Ministerio de Salud (13/03 y 02/06), instituir el Día Nacional de Luchas (27/05) y firmar un acuerdo con las instituciones bancarias para que apoyaran la solicitud, el Ministerio aceptó atender a los sindicalistas de forma remota (07/06). En dicha reunión se acordó que la CONTRAF-CUT, la Federación Nacional de Bancos (FENABAN) y la Federación Brasileña de Bancos (FEBRABAN) enviarían un documento conjunto al gobierno con los argumentos a favor de la prioridad. El 11 de junio de 2021, cuatro días después de la reunión virtual, el movimiento sindical logró entregar personalmente al ministro de Salud, Marcelo Queiroga, el oficio y un informe técnico-médico solicitando la inclusión y detallando las peculiaridades del trabajo bancario. El ministro se comprometió a remitir la solicitud al área técnica del ministerio. El oficio y el informe, conforme mencionó la presidenta de la CONTRAF-CUT, contenían algunas particularidades del trabajo que adquirieron mayor visibilidad en el contexto de la pandemia:

“Presentamos los argumentos e incluso incluimos un informe médico sobre las características del trabajo bancario en las agencias, que son entornos cerrados, sin ventilación natural, ya que no es posible mantener las puertas abiertas por motivos de seguridad. También presentamos los datos que muestran un aumento del 176 % en los despidos por fallecimiento dentro de la categoría” [Juvandia Moreira, 11/06/2021].

Se observa que, en todo momento, se evoca el carácter técnico que debe primar en la toma de decisiones y su contraste con el carácter político de las decisiones del gobierno. El movimiento sindical también se apoyó en esta estrategia, al presentar en dicho oficio un dictamen médico y una serie de datos y estadísticas producidas por el DIEESE sobre el aumento de despidos por fallecimiento de bancarios en 2021, así como características del trabajo bancario que lo exponen a una alta transmisibilidad del virus. Según el documento, los trabajadores bancarios actúan en un entorno de alta exposición y contagio, y ante la imposibilidad de interrumpir sus actividades por tratarse de una actividad esencial, está sometidos a un riesgo muy alto. Los ambientes cerrados, sin ventilación ni circulación de aire natural debido a razones de seguridad, implican que los bancarios exhalen e inhalen grandes volúmenes de aire —según estudios científicos— lo que facilita la transmisión viral y su permanencia en el aire, aumentando el riesgo.

Además de los repertorios ya presentados, el 27 de mayo, frente a las negativas del Ministerio de Salud de atender la demanda del movimiento sindical, se realizó el Día Nacional de Lucha por la inclusión de la categoría bancaria como esencial en el PNI y por la vacuna para todos. Los sindicatos distribuyeron folletos, organizaron manifestaciones en diversas agencias y en redes sociales, utilizaron altavoces en las calles para explicar la necesidad de protección; se realizaron manifestaciones frente a las agencias, se instalaron outdoors en las principales avenidas de la ciudad, y se organizó un “tuitazo” virtual.

El tuitazo fue uno de los repertorios más utilizados por el movimiento sindical durante la pandemia. Los hashtags reflejan en gran medida las reivindicaciones del movimiento: “#VacunaYa” hace referencia a la defensa de una vacunación inmediata para toda la población, mientras que “#BancarioTambiénEsEsencial” destaca las justificativas para la inclusión de los trabajadores bancarios como grupo prioritario en el PNI. Finalmente, “#ConVosEnLaVacuna” hace un llamado al posicionamiento del movimiento sindical al lado de los trabajadores bancarios, expresando acompañamiento y cercanía. A continuación se presentan algunas de las piezas publicitarias creadas para la protesta, con el objetivo de sensibilizar a la sociedad en su conjunto sobre la necesidad de la vacunación, en especial de los trabajadores “esenciales”.

Figura 3.
Artes utilizadas en el Tuitazo – 27/05/2023

Fuente: CONTRAF-CUT

Los repertorios utilizados –tuitazo, peticiones, outdoors, carteles y pancartas en las fachadas de los bancos– son contingentes y representan una innovación y adaptación respecto a las formas de movilización estándar de la categoría –huelgas, marchas, distribución de panfletos, el contacto directo. Aunque la movilización giró en torno a la vacuna –a priori, un problema médico–, la dinámica de su problematización y publicitación, al superar el círculo de los directamente implicados, se convirtió en una demanda política. Esta problematización y publicitación se llevaron a cabo mediante la innovación y el uso de repertorios tradicionales de movilización, como la circulación de autos con altavoces y las manifestaciones en las agencias.

A pesar de todo este esfuerzo colectivo, la demanda de inclusión de los bancarios en el PNI no se concretó. La prioridad en la vacunación no fue atendida, ni por el Poder Ejecutivo nacional –el Ministerio de Salud los incluyó (06/07), pero el Ministerio Público Federal (MPF) determinó su exclusión (16/07) por no existir justificación “técnica” para dicha inclusión–, ni mediante una propuesta legislativa –el proyecto fue debatido y aprobado en la Cámara de Diputados, pero no fue considerado por el Senado.

Frente a la insuficiencia de recursos –vacunas–, las políticas de la vida implicaron una “elección trágica” (Fassin y Fourcade, 2021: 159) entre aquellos que recibirían primero el beneficio y aquellos que debían seguir esperando. Resulta evidente que la disputa por la prioridad en la vacunación no solo implica una elección técnica, basada en criterios sanitarios, médicos y científicos, sino también una jerarquización moral. Como destaca Fassin, el COVID-19 puede ser visto como el punto culminante de una tendencia histórica que atribuye un valor creciente a la vida, convirtiéndola en el bien más valorado en muchas sociedades, especialmente en las occidentales (Fassin, 2021). El antropólogo francés denomina “biolegitimidad” a la reivindicación del derecho a la vida por parte del trabajador (Fassin, 2018: 35). En el contexto brasileño, este derecho fue objeto de controversias públicas, evidenciando que el valor atribuido a la vida como bien supremo adquirió sentidos prácticos que lo contradicen, como se evidenció en las políticas de la vida del gobierno de Bolsonaro. Al momento de elegir quién recibiría primero la vacuna, fue evidente que la defensa absoluta del derecho a la vida conllevó la negación trágica del derecho a la vida de algunas personas y categorías. Así, no todas las vidas merecieron la misma atención y cuidado (Fassin, 2021: 164). El derecho a la vida como ideal abstracto difiere profundamente de la práctica de ese ideal cuando entran en juego un conjunto de jerarquías morales.

PROTOCOLOS: CUANDO ESTÁ EN JUEGO LA DISPUTA POR LA VIDA

En esta sección se presenta el compromiso del movimiento sindical en negociar y exigir la creación de protocolos de bioseguridad de protección para los trabajadores bancarios a partir de su clasificación como “servicio esencial”, lo que implicó acciones para hacer cumplir dichos protocolos, la publicitación de casos emblemáticos, las negociaciones sobre el teletrabajo y las campañas de concienciación y prevención. Lejos de intentar reconstituir históricamente todos estos movimientos –lo cual sería imposible dada la existencia de más de 70 materiales de comunicación específicas sobre la pandemia mapeados entre 2020 y 2021–, lo que aquí interesa es explicitar la actuación del movimiento sindical en las disputas con los bancos en defensa de la vida de sus trabajadores.

En el contexto de estas disputas, el sindicato reinventó su repertorio de movilización, que ya no estaba orientado a reivindicaciones salariales o condiciones laborales, sino a garantizar el cuidado de la vida de los trabajadores. En negociaciones con la confederación de bancos, el movimiento sindical intentó establecer un protocolo y criterio único sobre el teletrabajo en el contexto del COVID-19 para todos los bancos en 2020. Sin embargo, los bancos no aceptaron un protocolo unificado válido para todas las instituciones, admitiendo únicamente la negociación individual por entidad. Ante esta situación, muchos dirigentes criticaron duramente a las empresas:

“Y la amenaza que vemos todos los días, por incumplimiento de los protocolos, a personas que quedan demasiado expuestas al riesgo de contagio en las agencias, sin hablar de aquellos que ya se han contagiado, porque los bancos públicos han estado cumpliendo con esta función esencial”.

“Aquí en Rio Grande do Norte cerramos bancos todo el tiempo, todos los días, todos los sectores, para cumplir con el protocolo de la OMS, y la CONTRAF firmó protocolos rebajados”.[16]

“Tenemos que ser muy claros con respecto al Home Office para los compañeros, porque hoy los bancos tienen un teletrabajo precario para los trabajadores bancarios. Es un Home Office cojo, en el que aún no han decidido las estrategias de control; el látigo todavía no han conseguido introducirlo satisfactoriamente dentro de la casa del trabajador bancario.” [01/08/2020, cursivas de os autores].

El riesgo señalado por los dirigentes sindicales –que incluyen el incumplimiento de los protocolos, su debilitamiento o la alteración de los criterios para el trabajo remoto– adquirió una dimensión trágica en el caso de una familia de trabajadores de la Caixa Econômica Federal: el padre y sus tres hijas trabajaban en el banco. En agosto de 2020, una de ellas, que vivía con sus padres –considerados grupo de riesgo por su edad– y que trabajaba de forma remota, fue convocada a regresar al trabajo presencial en una unidad administrativa tras el cambio del protocolo de home office. Al volver al trabajo presencial, contrajo el virus. Aunque logró recuperarse satisfactoriamente, contagió involuntariamente a su padre, quien seguía trabajando a distancia y contagió al resto de la familia. La situación se convirtió rápidamente en tragedia: el padre falleció y la madre lo hizo catorce días después. Las hijas quedaron huérfanas en menos de un mes.

El caso tuvo gran repercusión nacional y fue difundido en varios medios de comunicación, tanto impresos como digitales y en portales de asociaciones y sindicatos bancarios de todo el país. La familia de trabajadores bancarios había encontrado en el banco no solo su lugar de trabajo, sino también una suerte de segunda familia de pertenencia, dado el número e intensidad de los vínculos construidos en el entorno laboral, su continuidad en el tiempo y las expectativas de éxito que los padres habían depositado en sus hijas.

El caso sintetiza en forma modelar los riesgos y la perversidad de las “tecnologías de gobierno” que recayeron sobre los cuerpos de los trabajadores bancarios durante la pandemia. También evidencia el carácter paradójico de la definición de los protocolos. Pues si bien en abstracto los protocolos son creados con el objetivo de proteger a los trabajadores y constituyen una “solución” ante la imprevisibilidad del tiempo pandémico, en la práctica no siempre dan cuenta de la complejidad de las situaciones reales [y no hipotéticas] vividas por los trabajadores. Según un dirigente sindical local, este caso llevó a que la Caixa revisara su protocolo de bioseguridad respecto de los trabajadores que conviven con personas en grupos de riesgo. El cumplimiento de los protocolos, como regla práctica, puede convertirse en vector de tragedia, especialmente cuando las modificaciones o el incumplimiento implican una reducción de la protección.

Al analizar las economías morales se hace evidente que durante la pandemia se tomaron “decisiones trágicas,” en las que fue necesario determinar qué vidas preservar –como en el caso analizado. Esas elecciones produjeron un contingente de “vidas heridas” (Fassin, 2021: 170): quienes aún viven, pero cuya calidad de vida se ha visto alterada, ya sea por la pérdida del empleo o de las vidas de familiares cercanos. Para el autor, estas vidas son más ignoradas aún que las que desaparecieron, ya que sobre ellas no existen estadísticas.

LA CONFRONTACIÓN POLÍTICA: UN EJÉRCITO DE ENMASCARADOS

En junio de 2021, el sindicato de los trabajadores bancarios del interior de Rio Grande do Sul recibió la confirmación de un caso positivo de COVID-19 entre sus empleados. No hubo acuerdo entre los trabajadores y la gerencia del banco sobre los procedimientos a seguir. El protocolo del banco estipulaba que, ante un caso positivo de COVID-19, debía 1) realizarse la sanitización de la agencia y, hasta que no fuera completada, la agencia debía permanecer cerrada, y 2) debía llevarse a cabo la prueba diagnóstica de todos los trabajadores de la unidad. Durante el fin de semana se sucedieron una serie de negociaciones de forma remota. Ante el incumplimiento del protocolo y la dificultad de las negociaciones, se organizó una “ocupación” frente a la agencia la mañana del lunes. Debido a la pandemia, se optó por llevar a cabo la negociación en la calle, frente al banco, para materializar la preocupación de los dirigentes respecto a las condiciones de higiene dentro de la agencia. Las formas de llevar a cabo la acción sindical se transformaron radicalmente. Si en el pasado “ocupar” una agencia significaba estar dentro de sus instalaciones, de preferencia lo más cerca y aglutinados posible en torno a la puerta de entrada, durante la pandemia la negociación se realizó en la vía pública, manteniendo el distanciamiento necesario. Como puede observarse en la imagen que sigue, todos llevábamos mascarilla, como un legítimo “ejército de enmascarados”, expresión utilizada por uno de los sindicalistas para comparar la “ocupación” de la agencia con un grupo de militantes sindicales enmascarados que estaban allí para “luchar”, como un verdadero ejército.

Figura 4.
Fotografía de los dirigentes sindicales frente a la agencia
Fuente: Archivo del sindicato del interior de Rio Grande do Sul

Las acciones colectivas están cargadas de significados simbólicos que se expresan en el cuerpo humano. Esto es así especialmente en las performances, ya que las posturas, los gestos, las miradas, son acciones que comunican sentido al público al que se dirigen (Jasper, 2016). Esta acción sindical estaba impregnada de símbolos, ya sea por la posición adoptada por los dirigentes para resaltar el riesgo que la agencia “contaminada” representaba para los trabajadores bancarios y para los propios sindicalistas, o por la forma de comportarse durante la manifestación exterior al banco, con distanciamiento social y uso de mascarilla. El movimiento sindical, al reivindicar la protección de los trabajadores bancarios y el cierre de agencias, afectó directamente los intereses de los banqueros. La confrontación política se inició cuando los trabajadores bancarios hicieron sus reivindicaciones de forma colectiva, impactando así los intereses de las empresas financieras. Esto también fue posible gracias a la capacidad del sindicato de innovar en sus estrategias, lo que “depende de la movilización, de la creación de medios y de capacidades para la interacción colectiva” (McAdam, Tarrow y Tilly, 2009: 12).

Por último, una de las acciones desarrolladas por la Federación de Trabajadores de Instituciones Financieras de Rio Grande do Sul (FETRAFI-RS) en 2021 fue la difusión, por medios virtuales, de una campaña de concientización, tanto para los trabajadores bancarios como para el público externo, sobre los cuidados necesarios frente al COVID-19. La campaña fue lanzada el 14 de abril de 2021 y tuvo como objetivo convencer a la sociedad sobre la gravedad de la pandemia y generar conciencia sobre la necesidad de que cada persona se protegiera contra la enfermedad (FETRAF-RS, 2021). En el acto de lanzamiento, el sindicalista y director de comunicación reflexionó:

“Con mucho esfuerzo, logramos asegurar medidas de protección para la categoría, porque, lamentablemente, los bancos han priorizado más las ganancias que la vida de sus trabajadores, tanto que a veces ni siquiera cumplen los decretos oficiales. Los trabajadores bancarios también deben hacer su parte en el enfrentamiento del COVID-19, exigiendo el cumplimiento de los protocolos negociados y acordados con los bancos y usando mascarilla cuando estén dentro de la agencia, por ejemplo.” [Juberlei Bacelos, 15/04/2021].

Las imágenes utilizadas en las redes sociales (figura 5) dejan en evidencia el posicionamiento del movimiento sindical: los bancos priorizan las ganancias en detrimento de la vida de los trabajadores. El propio nombre de la campaña, “no lo dudes”, hace referencia a una situación particular en torno a las disputas ocurridas durante la pandemia: la negación de las cuestiones técnicas y científicas que se exigen en el combate al virus. Se enumeran cuidados necesarios para enfrentar la pandemia, así como los protocolos negociados con los bancos y la necesidad de exigir su cumplimiento: uso obligatorio de mascarilla, teletrabajo para grupos de riesgo, atención mediante cita previa y ausencia de aglomeraciones en las agencias. Además, expresan las disputas por la prioridad en la vacunación, narradas en la sección anterior.

Figura 5
imágenes de campaña.

Fuente: FETRAF- RS

Para Jasper (2016: 67), las imágenes connotan las cualidades morales en juego y la capacidad de los “movimientos de protesta de crear héroes, villanos y víctimas”. Siempre que se activa la figura de la víctima, el público tiende a identificar un villano. En el caso analizado, el movimiento sindical buscó posicionar a los trabajadores bancarios y sus familias como víctimas, mientras que los bancos serían percibidos como villanos. Las piezas publicitarias –tanto en este caso como en el anterior, relativo al Día Nacional de Lucha por la Vacuna– intentan provocar compasión hacia las víctimas, al tiempo que incitan la indignación colectiva ante los villanos: las instituciones financieras y el gobierno federal, quienes pasan a ser percibidos como culpables por sus elecciones morales (Jasper, 2016).

De este modo, la definición de 1) un protocolo y la decisión de cumplirlo o no –ante la existencia de un caso positivo, el banco privilegia la atención al cliente, la fidelización y el cumplimiento de metas por parte de los empleados por encima de sus vidas–; 2) la creación del teletrabajo para grupos específicos y 3) la decisión de proteger a algunos en detrimento del conjunto –con el fin de mantener el funcionamiento del sistema bancario– implican una dimensión moral en la evaluación de cuáles trabajadores merecen ser protegidos y cuáles, situados en el umbral del riesgo, pueden incurrir en el contagio y ser, entonces, descartados. Para Fassin (2018: 38-40), el “hacer vivir”, que es la forma habitual de entender la biopolítica, también implica “condenar a la muerte”, ya sea en la práctica –como consecuencia de la indiferencia de los planificadores de políticas hacia ciertos grupos poblacionales– o desde un punto de vista intelectual, como resultado de no evaluar los efectos de tales políticas.

CONCLUSIÓN: LA DIMENSIÓN MORAL EN LAS ACCIONES ADOPTADAS DURANTE LA PANDEMIA

Este artículo buscó comprender cómo, durante la pandemia de COVID-19, se produjeron y activaron distintas economías morales por parte de los gobiernos, las empresas y el sindicalismo bancarios brasileño y cómo estas economías morales se incorporaron innovadoramente a los repertorios de movilización del movimiento sindical para resistir, impugnar y cuestionar las políticas de desecho de las vidas de los trabajadores bancarios calificados como esenciales. Como evidenció el análisis, se produjo una “biologización” de la acción sindical, que fue transformada en el contexto pandémico para responder a sus desafíos y contingencias –con énfasis en la defensa de la vida y en modalidades virtualizadas de acción.

El análisis desarrollado demostró que la pandemia funcionó como reveladora de las economías morales que –con el pretexto de cuidar y proteger vidas– condujeron a elecciones dramáticas, revelando la existencia de jerarquías morales entre las vidas a proteger, así como desigualdades en las políticas de distribución de recursos escasos para reducir el riesgo de muerte. La oposición entre las demandas contradictorias de proteger vidas o proteger negocios condujo a todos los actores involucrados a un ejercicio continuo de confrontación que, a lo largo de la pandemia, fue elaborando y reelaborando protocolos, normas, prioridades y dispositivos de gobierno sobre los cuerpos. Así se interpretaron las disputas por la prioridad en la vacunación o en torno a los protocolos. Estas reglas implican no sólo decisiones técnicas basadas en criterios sanitarios, médicos y científicos, sino también decisiones morales sobre qué vidas proteger y cuáles pueden ser descartadas, introduciendo fracturas impensadas en el tejido de la vida social.

Aunque la movilización giró en torno a las mascarillas, protocolos y vacunas –en apariencia, un tema médico–, la dinámica de problematización y de exposición pública del problema de la vida en su dimensión biológica, al exceder el círculo de los directamente involucrados, fue transformada en un problema político y moral. Ante la clasificación de los bancarios como trabajadores esenciales, el movimiento sindical inició una serie de negociaciones para la creación de protocolos de bioseguridad, la reglamentación del teletrabajo para los grupos de riesgo, y la inclusión de los trabajadores bancarios como grupo prioritario en el Plan Nacional de Inmunización.

En el dramático contexto de la pandemia, la defensa de la vida se convirtió en un imperativo moral para el sindicato. Esta defensa se explicitó de forma trágica en los homenajes realizados por el sindicato a los trabajadores bancarios que perdieron la vida. La memoria de las vidas perdidas adquirió el significado de alimentar la lucha sindical y de denunciar las políticas de la vida vigentes durante la pandemia. El sindicato implementó un conjunto de innovaciones críticas, tanto en los temas abordados –que pasaron de mejoras salariales y condiciones laborales a la preservación de la vida–, como en sus repertorios de movilización, articulándose estratégicamente con el saber científico para legitimar sus demandas en la esfera pública.

En función de lo descripto aquí sobre la actuación gubernamental, la postura de las instituciones financieras al definir protocolos que garantizaran el pleno funcionamiento de los bancos y la acción sindical orientada a proteger la vida de los trabajadores, se evidencia una dimensión política vinculada al establecimiento de un régimen específico de gobierno conformado por un conjunto de reglas prácticas que permitieron la continuidad de las funciones incluso en un contexto extremo, y que actuaron como un ejercicio de poder sobre los cuerpos y las vidas de los trabajadores bancarios. Retomando a Foucault (2008), Didier Fassin afirma que el “biopoder”, entendido como “arte de gobierno”, es un poder sobre la conducta humana, es decir, un conjunto de reglas que normalizan a los individuos mediante tecnologías políticas. El biopoder no se refiere únicamente a la vida, sino también a la muerte. Así, “la política gobierna vidas, se manifiesta en cuerpos y responde a elecciones de índole moral”. Decidir “quién debe vivir y en nombre de qué” es una cuestión política (Fassin, 2018: 17-37).

Los conflictos y controversias detallados a lo largo del análisis muestran que el ideal de preservar la vida –el lema de “salvar vidas”– adquirió, en la práctica, un carácter contradictorio. Al preguntarse “¿vidas de quién?”, Fassin afirma que la situación actual del mundo refleja una contradicción profunda entre el “ideal de la vida como valor supremo y la constatación real del valor desigual de las vidas”. Es decir, la pandemia reveló una economía moral de la vida ya existente, pero nunca tan claramente percibida como al enfrentar “decisiones trágicas”. No todas las vidas recibieron la misma atención y el autor destaca que los trabajadores que tuvieron que seguir en actividad estuvieron aún más expuestos, especialmente al inicio de la crisis, cuando no contaban con equipos de protección. Además, quienes no pudieron desempeñar sus funciones de manera remota fueron considerados el grupo más desfavorecido de la sociedad. Mientras médicos y enfermeros fueron exaltados como héroes, otros permanecieron en gran medida invisibles –como es el caso de los bancarios analizado aquí (Fassin, 2021: 157-171).

Las acciones y omisiones, de cuidado o negligencia, por parte de los gobiernos, se fundamentan no sólo en decisiones técnicas y científicas, sino sobre todo en dimensiones morales. Mientras los organismos científicos y de salud, tanto nacionales como internacionales, recomendaban medidas de prevención contra la COVID-19 –como el aislamiento social, el uso de mascarillas, la realización de pruebas y la vacunación masiva–, el gobierno de extrema derecha brasileño, encabezado por el entonces presidente Jair Bolsonaro, optó moralmente por privilegiar el funcionamiento de la economía, promoviendo la transferencia de recursos financieros a la población de bajos recursos –mano de obra imprescindible para el funcionamiento de la vida económica y, al mismo tiempo, desincentivando tales medidas sanitarias.

Para Fassin (2018: 18), una de las contradicciones más radicales del mundo contemporáneo concierne al valor de la vida. Si, por un lado, la vida –como hecho biológico– es objeto de sacralización en las sociedades occidentales, donde la “biolegitimidad” representa el reconocimiento de la vida como bien supremo; por otro lado, las vidas –en plural– tienen valores distintos, lo que se refleja en términos cuantitativos (duración) y cualitativos (condiciones de existencia).

La respuesta global a la pandemia puede interpretarse como el advenimiento de la biolegitimidad, es decir, una biopolítica con contenido moral, en la que la valorización de las vidas es profundamente desigual (Fassin, 2021: 161). Como se ha evidenciado en este artículo, algunos grupos de trabajadores considerados “esenciales” fueron beneficiados con la prioridad en la vacunación en detrimento de otros –como los bancarios. Por otro lado, mientras algunos pudieron protegerse mediante el teletrabajo, muchos otros estuvieron expuestos al riesgo de contagio en agencias donde los protocolos no siempre se cumplían.

Si por un lado las “tecnologías de gobierno” y el “arte de gobernar” de los bancos y del Estado impusieron riesgos de vida a los bancarios, la actuación del movimiento sindical buscó, en su conjunto, minimizar dichos riesgos. La actuación de los bancos y del Estado estuvo vinculada a una biopolítica que implica un “poder sobre la vida” (Fassin, 2003), que manipula los cuerpos para mantener la “normalidad”, incluso si esto conlleva un poder que arroja cuerpos a la muerte. Mientras tanto, la “biolegitimidad” de las prácticas colectivas de cuidado del movimiento sindical constituye un “poder de la vida”, que posee una dimensión moral centrada en la protección. La defensa sindical de la prioridad en la vacunación para los bancarios y de la inmunización para toda la población; la propuesta y fiscalización de protocolos sanitarios que garanticen la salud de los trabajadores; y la promoción del teletrabajo para el mayor número posible de empleados denotan una dimensión moral que valora la vida en su sentido biológico.

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Notas

Información adicional

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