INTRODUCCIÓN

Las juventudes latinoamericanas son el grupo de edad más vulnerable a la precarización económica, los “malos” empleos, el estancamiento educativo, la pobreza y la desigualdad social (Valenzuela Arce, 2017). Al mismo tiempo, son quienes se ven expuestos de manera diferencial a situaciones de violencia derivada de los ilegalismos en los territorios, así como a la criminalización y estigmatización externa e institucional desarrollada por las fuerzas policiales, que los condena por el solo hecho de ser jóvenes y pobres (Ariza y Beccaria, 2019; Reguillo, 1997; Cozzi, Broglia et al, 2016).

Ante este incremento de la vulnerabilidad juvenil se generaron esfuerzos estatales divergentes en materia de políticas de inclusión socio-laboral para jóvenes, en distintas latitudes de la región latinoamericana y en nuestro país en particular. Muchas de estas iniciativas recuperan al trabajo y la participación comunitaria para la solución de problemáticas asociadas a los peligros y para la generación de mecanismos de cuidado (Jacinto, 2010; Vommaro, 2015; Rodríguez, 2010; Medan, 2019; Bonilla-Muñoz, Álvarez-Torres y Vásquez-Atehortúa, 2021).

En este trabajo nos interesa analizar la gestión cotidiana de programas de inclusión socio-laboral implementados con jóvenes que habitan en contextos de violencia urbana de la ciudad de Rosario. Especificamente, seleccionamos al Programa Nueva Oportunidad (PNO), creado en el año 2013 en respuesta a un incremento progresivo de las violencias letales y altamente lesivas en la ciudad, que impactan principalmente en el grupo etario comprendido entre los doce y treinta y cinco años (Ordenanza Municipal 684/16: Programa Nueva Oportunidad).

Es importante destacar que entre 2011 y 2012 se produjo un incremento de 29,3 % de homicidios dolosos respecto al año 2010, que alcanzaron su pico máximo en el año 2014 -con una muerte cada 23 horas (Informe sobre homicidios, Ministerio Público de Acusación de la Provincia de Santa Fe, Año 2014). Desde entonces, la ciudad encabeza el número de muertes violentas a nivel nacional, y la distribución de las víctimas por grupos etarios muestra que una de cada tres víctimas de homicidios tenía entre 15 y 24 años al momento de su muerte, y un porcentaje similar se encontraba entre los 25 y los 34 años (Observatorio de Seguridad Pública del Ministerio de Seguridad de la Provincia, 2022).

El diagnóstico del que parten los agentes del PNO es que la mayor vulnerabilidad de las y los jóvenes frente al incremento de la violencia o su acercamiento y participación en las bandas se vincula con la ausencia y/o crisis de sentido producto de una sociedad que los margina y excluye. Esto se explica por su situación de precariedad y sus dificultades de integración social en los ámbitos escolares y/o laborales, que son inestables y mal pagos. Desde estas coordenadas, el objetivo explícito del programa consiste en acompañar y potenciar grupalidades jóvenes a partir de su integración y acompañamiento en instituciones y organizaciones de la sociedad civil para contrarrestar la cultura de la violencia y la falta de reconocimiento y de oportunidades para los jóvenes.

Para su implementación, tanto el gobierno provincial como municipal realizaron convenios con instituciones de formación y capacitación laboral, organizaciones sociales de la economía popular y dependencias estatales descentralizadas que se localizan dentro de los barrios donde habitan los jóvenes. De esta manera, el entramado institucional puesto en juego incluyó actores de diferentes reparticiones estatales y un amplio espectro de entidades: organizaciones no gubernamentales (ONG), asociaciones civiles y colectivos movilizados (organizaciones sociales territoriales).

A partir de lo expuesto, se destaca la centralidad que adquieren los lazos comunitarios como nuevo locus de gobierno, a partir de los cuales los sujetos y sus comunidades se comprometen a brindar respuestas localmente construidas para reconfigurar los vínculos y espacios de pertenencia juveniles. En este sentido, en este trabajo nos proponemos analizar una serie de estrategias de cuidado comunitario desarrolladas por trabajadores estatales, referentes y promotores territoriales y las y los jóvenes en el marco de diferentes situaciones de violencia que se desarrollan en los cotidianos barriales.

Para nuestro análisis recuperamos los aportes de la perspectiva ampliada de cuidados, desde la cual se hace foco en la dimensión comunitaria (Vega, Martínez Buján y Paredes, 2018). Esta perspectiva permite desbordar la noción de cuidado asociado al ámbito doméstico y familiar para referirse a entornos sociales abiertos y porosos que pueden incluir lazos familiares extensos, de vecindad, nucleamientos político-gremiales y que también se “tocan” con instancias públicas y/o servicios del Estado. En esta clave, se reconoce el carácter colectivo del sujeto del trabajo de cuidados: las formas de “actuar en conjunto” y apoyarse colectivamente en la vida diaria generan responsabilidades compartidas, sentido de co-obligación política respecto a una actividad o gestión de un bien (Perez Orozco, 2006; Laval & Dardot, 2015).

Metodológicamente, realizamos esta investigación en base a nuestro estudio etnográfico desarrollado desde 2018 hasta la actualidad. Esta etnografía se localizó en dos barrios populares de la ciudad donde se implementa el PNO: nos referimos a los barrios Toba y Flamarion. Durante el mismo realizamos observaciones participantes en los espacios de trabajo y comunitarios donde se desarrollaron capacitaciones en carpintería, huerta y computación. En cada uno de estos espacios participaron alrededor de 15 varones y mujeres entre 15 y 25 años de edad. Ellos y ellas aprendían distintos oficios en dos clases semanales y un tercer encuentro donde debatían diferentes problemáticas. También participaban 3 capacitadores en oficios y 6 acompañantes, entre ellos trabajadores estatales y miembros de organizaciones sociales.

También realizamos más de 30 entrevistas en profundidad a jóvenes, activistas, trabajadores, promotores y referentes de organizaciones sociales. Para la selección de los informantes tuvimos en cuenta su trayectoria en las instituciones y su involucramiento en este problema. Esto nos permitió reconstruir redes de activismo y espacios de articulación más amplios, en los que estuvieron presentes trabajadores y referentes de organizaciones sociales que participan del PNO.

En cuanto al ordenamiento expositivo, en primer lugar, presentaremos una breve descripción del entramado comunitario que sostiene el PNO y posteriormente analizaremos una serie de estrategias de cuidado que intentan contrarrestar la peligrosidad que afronta la población juvenil y se orientan a proteger esas vidas.

EL TRABAJO Y LAS REDES COMUNITARIAS EN LA GESTIÓN COTIDIANA DEL PNO

En el interior del campo académico, las indagaciones sobre políticas y programas sociolaborales para jóvenes destacaron que las primeras intervenciones estatales se orientaron a acciones de formación profesional/ocupacional; pasantías en empresas y capacitaciones para el autoempleo[1] (Gallart, 2008, Jacinto, 2010). Asimismo, señalaron que mayoritariamente se trataba de cursos cortos y puntuales que no compensan las debilidades en competencias básicas o en planteos formativos de larga duración (Gallart, 2008; Jacinto, 2008).

Posteriormente, se generaron políticas que pasaron de la lógica de la capacitación laboral a la generación de “disposiciones” hacia el empleo (Jacinto, 2008; Pérez, 2013; Isadovich, 2016). A partir de estas transformaciones, algunos estudios destacaron que entre estas iniciativas muchas se orientaron a atender la demanda social organizada a través de movimientos y actores de la sociedad civil (principalmente sindicatos, ONG y organizaciones de desocupados). Asimismo, se caracterizaron por tener una identificación más territorial que sectorial y brindar apoyo para la generación de trabajo en el marco de emprendimientos sociales cooperativos (Jacinto, 2016; 2017).

De esta manera, las políticas sociolaborales incorporan la participación comunitaria como parte de sus estrategias de integración laboral y de cuidado juvenil. Ahora bien, el tipo de articulación que proponen entre el Estado y los movimientos sociales u organizaciones civiles suscitó importantes debates en torno a los procesos de reconfiguración y ampliación del entramado estatal y su gravitación en las dinámicas organizativas de los propios agrupamientos populares.

Algunos autores señalan que la centralidad que adquiere la comunidad en diferentes políticas sociales se basa en un renovado contrato social en el cual las responsabilidades ya no reposan sobre el Estado, sino sobre las decisiones individuales y localmente construidas (Grinberg, 2008; Valverde, 2012). De esta manera, las comunidades devienen una suerte de nueva especialización de gobierno, y se les demanda tanto generar respuestas a sus problemáticas como fiscalizar y controlar su implementación (Lentzos y Rose, 2009). Por otro lado, parte de la literatura destacó que el acercamiento de las comunidades a las gestiones de gobierno producen procesos de “cooptación” y “control” que devienen en la reducción del poder disruptivo de las organizaciones y redes comunitarias (Svampa, 2008; Massetti 2011; Masetti y Gómez, 2009).

Desde nuestras coordenadas analíticas, la relación generada entre el Estado y las organizaciones se produce en el marco de procesos de apropiación, condicionamiento y co-constitución mutua, en tanto los agrupamientos populares gravitan en la construcción, el funcionamiento y disputa de las fronteras estatales (Manzano, 2013; Fernández Álvarez, 2016, 2018). En esta clave, nos interesa describir el entramado comunitario que sostiene el PNO y el lugar otorgado a las organizaciones en las respuestas a las problemáticas juveniles y a las violencias como parte de procesos de construcción mutua.

Como señalamos anteriormente, el PNO fue creado en el marco del incremento de las violencias en la ciudad y su particular impacto en la población juvenil.[2] En términos formales, la propuesta consistía en el dictado de cursos de capacitación laboral con becas de seis meses de duración, extensibles en el tiempo para dar continuidad al proceso formativo de los jóvenes. También se preveía la conformación de unidades productivas (emprendimientos) mediante su línea de trabajo “Nexo Oportunidad”. Asimismo, se contemplaba una beca estímulo mensual para que los jóvenes pudieran cumplimentar con la asistencia y aprobación de las prestaciones disponibles. Una vez finalizado el curso, se otorgaban certificados por parte del Ministerio de Educación que acreditaba la capacitación recibida.

En el inicio del PNO el trabajo se focalizó sobre jóvenes varones en conflicto con la ley, protagonistas de conflictos interpersonales de resolución violenta y atravesados por el consumo problemático de sustancias. Posteriormente, a partir de la mayor presencia en territorio por parte de los equipos estatales construidos desde el programa y la articulación con diferentes organizaciones comunitarias y sociales, se arribó a lecturas y diagnósticos situacionales y contextuales más específicos, ampliando la oferta del programa a otros jóvenes que se vinculan directa e indirectamente con los primeros grupos focalizados de intervención.

Esto tiene particular importancia, ya que para el año 2019 el PNO sostenía –sólo en Rosario- 170 convenios con organizaciones sociales, religiosas, políticas y culturales, quienes llevaban adelante más del 80 % de las propuestas territoriales que incluían a más de 7.500 jóvenes. De esta manera, las propuestas socio-laborales del PNO recuperaban en muchos casos las actividades y dinámicas de trabajo que ya desarrollaban las organizaciones barriales. Entre ellas registramos el armado de trayectos formativos en cooperativas de trabajo (de reciclado, informática, etc.) y/o talleres culturales preexistentes, en los cuales muchos de los jóvenes ya trabajaban o conocían con anterioridad. En palabras del director del programa, Luciano Vigoni:

“El punto de partida no fue otro que la experiencia acumulada en espacios estatales y comunitarios, donde organizaciones sociales, religiosas, políticas y culturales llevaban a cabo propuestas para jóvenes. Estas propuestas se caracterizaban por su enfoque en la construcción colectiva, una mirada integral con perspectiva territorial destinada a combatir la reproducción de la marginación económica y social, así como la violencia asociada a ella” (Vigoni en Informe FLACSO, 2024).

Esto también es expresado por Jorge, un referente del Grupo Obispo Angeleli (GOA), una comunidad eclesial de base que desarrolla trabajo territorial en diferentes asentamientos irregulares de la ciudad:

“Y nosotros como GOA eran uno de reparación de PC, dos de reciclado (…). El tema es que nosotros usamos al Nueva Oportunidad para algo que ya hacíamos, o sea, no es que generamos un curso porque estaba el Nueva, se entiende? Nosotros los dos cursos de reciclado ya era algo que funcionaba de antes, (…) a esos dos le aplicamos el Nueva Oportunidad con gente joven de esos lugares, para que pudieran cobrar la beca. Y a nosotros nos facilitara el trabajo de los compañeros que van de acompañantes” (comunicación personal, J., referente GOA, 19 de marzo de 2020).

Como se destaca, el PNO se monta sobre actividades colectivas previas que se desarrollaban en el marco del trabajo territorial de equipos estatales y organizaciones sociales, lo que permite reforzar esas actividades incluyendo a la población joven del barrio. De esta manera, los jóvenes se integran en actividades productivas o de servicios que tienen presencia en esos territorios con un acompañamiento formativo socio-laboral y una beca económica que permite sostenerlos en las capacitaciones.

Ahora bien, estos trayectos laborales son articulados cotidianamente con la construcción de estrategias de cuidado comunitario para afrontar las violencias y peligrosidades a las que se ven expuestos las y los jóvenes. En este sentido, durante nuestro trabajo de campo identificamos que entre las estrategias de cuidado desplegadas por el entramado comunitario del PNO se destacan dos tipos de intervenciones diferentes. Por un lado, nos referimos a las prácticas vinculadas a morigerar y/o resguardar a las y los jóvenes frente a situaciones que denominan de “violencia barrial” o “territorial”. Y, por otro lado, a las intervenciones orientadas a denunciar y protegerlos de la creciente criminalización institucional a partir de la cual las fuerzas de seguridad vinculan a las identidades juveniles pobres con formas delincuenciales y los convierten en sospechosos y receptores de abusos policiales y detenciones arbitrarias.

“ES UN TRABAJO DE LARGO PLAZO”. ESTRATEGIAS DE CUIDADO FRENTE A LA “VIOLENCIA TERRITORIAL”

Antes de describir las estrategias de cuidado, es importante mencionar que en este trabajo partimos de entender la categoría de violencia como un campo de disputas, en la cual diferentes actores, con posiciones políticas y perspectivas éticas disímiles, luchan por definir prácticas y representaciones en una lucha desigual, distribuida dinámicamente según las contingencias del poder (Garriga y Caravaca 2017). En este sentido, la categoría violencia adquiere un carácter disputado y situado, que involucra los criterios morales y la construcción de legitimidades e ilegitimidades de quienes realizan su imputación cotidiana (Pita, 2016; Tiscornia, 2016).

Desde esta clave analítica, identificamos que referentes, trabajadores y activistas distinguen y clasifican diferentes situaciones a las que se ven expuestos las y los jóvenes como “violencia territorial”. Con esta categoría se refieren a situaciones heterogéneas, como conflictos interpersonales con vecinos, amenazas de grupos vinculados a prácticas ilegalizadas en los territorios y desigualdades estructurales vinculadas a los contextos de pobreza en los que habitan.

Para el abordaje o construcción de estrategias de cuidado frente a esta heterogeneidad de situaciones descritas destacan que deben realizar un trabajo de “largo plazo” para poder contener “las necesidades y los tiempos de los pibes”.

En este sentido, los referentes y trabajadores mencionan que generalmente las propuestas que existen para las y los jóvenes en los barrios son escasas, y que muchas veces resultan “desactualizadas” o “alejadas” de sus intereses. Por esto destacan la necesidad de poder establecer un diálogo con cada joven y a partir de ahí, partir de sus propios intereses y motivaciones. Así, su hacer en el barrio se vincula con “poder escuchar a los pibes” y reconvertir las capacitaciones en “espacios de encuentro” donde no solo se les dé un saber sino que “los pibes se apropien del espacio”.

En esta clave, identificamos que, para lograr el involucramiento de las y los jóvenes con las propuestas estatales, se ponen en acto diferentes estrategias de flexibilización de los criterios de admisibilidad y sostenimiento que permitan alojar las necesidades e intereses de las y los jóvenes. Entre estos criterios de admisibilidad se encuentra la estrategia de “mantener las puertas abiertas” contemplando las situaciones en las que se encuentran las y los jóvenes.

“Nosotros trabajamos con algunos jóvenes que por ejemplo tienen prohibida la entrada al centro de salud, y esto es porque ellos tienen otro criterio de admisión y trabajan de otra manera, el centro de salud le puso una orden de restricción a B y nosotros tratamos de incluirlo. Nosotros sabemos que él va a venir amanecido, que le vamos a tener que decir que deje la bebida fuera del espacio, pero nosotros lo vamos a esperar y mantener las puertas abiertas cuando él quiera participar acá. Sabemos que es un trabajo de largo plazo para lograr el involucramiento y que puedan ponerse en otro lugar, cuidarse y empezar a incorporar normas de trabajo” (comunicación personal, H., acompañante PNO, 30 de agosto 2024).

Como se destaca en el relato, la modalidad de trabajo que proponen intenta sostener “las puertas abiertas a los pibes” ante diferentes situaciones que serían sancionadas en otros espacios institucionales y/o laborales. Así, aparece la noción de trabajo a “largo plazo”, a partir de la cual no solo se menciona la incorporación de normas y saberes vinculados a los oficios de los trayectos productivos, sino también nociones sobre el cuidado de sí mismos.

Esto también incluye que la dinámica de trabajo se ajuste a “los tiempos de los pibes”. Con esto se refieren a las intermitencias en la participación, ya que muchos jóvenes se acercan a las propuestas, pero por diferentes cuestiones pueden pasar períodos en los que se ausenten a las capacitaciones. Estas ausencias pueden vincularse a problemas familiares, consecución de alguna changa que priorizan o cuestiones de salud, principalmente el consumo problemático. En este sentido, destacan la importancia de “estar en el barrio”, ya que esto les permite realizan actividades por fuera de los horarios de las capacitaciones y así, “invitarlos a jugar al fútbol” o “organizar una merienda con unas tortas fritas a la tarde para que ellos puedan tener un espacio de encuentro en el barrio que pase otra cosa” (comunicación personal, H., acompañante PNO, 30 de agosto 2024).

Por otro lado, resultaba frecuente que trabajadores y referentes desplegaran ciertas medidas de protección para con las y los jóvenes que pudieran padecer situaciones de peligrosidad vinculadas a amenazas o conflictos interpersonales, como “sacarlos del barrio”. En este sentido, señalan que algunos jóvenes pueden sufrir amenazas por estar “metidos en quilombos”, ya sea por su acercamiento a ámbitos ilegalizados o por el solo hecho de “caerle mal” a algún vecino. Ante esto, destacan que en algunas oportunidades los jóvenes acuden a ellos para poder “salir del barrio” por un tiempo.

“Y después sí, cuando hemos tenido compañeros y compañeras que han estado en quilombos, por ejemplo: Tomás, en su momento, lo tuvimos que guardar porque lo querían limpiar y bueno. Lo sacamos del barrio, estuvo un tiempo afuera y después cuando volvió, la cosa estaba más tranquila. Ese tipo de estrategias, nos podemos dar. Pero mucho más que eso no se puede hacer” (comunicación personal, G, referente GOA, 17 de agosto de 2023).

Estas estrategias pueden conllevar tareas de articulación con organizaciones populares o con familiares o conocidos que puedan recibirlos en otro espacio. Para lo mismo, destacan que realizan colectas para poder brindar alguna ayuda económica para pagar los pasajes y/o alimentos.

En este sentido, también señalan que con los años fueron armando cierto “protocolo de cuidado”, basado en la incorporación cotidiana de prácticas de monitoreo entre compañeros que les permiten generar pequeñas prácticas de autoseguridad y protección entre ellos mismos, como “acompañarse” para no circular solos hasta la parada de colectivos o sus viviendas o “enviarse mensajes” para avisar que llegaron, entre otros. Estas prácticas se anclan en la ética común del cuidado, entendida como el conjunto de pequeñas actividades para protegerse a sí mismos y sus compañeros de las situaciones de peligrosidad (Álvarez y Auyero, 2014; Das, 2012).

Ahora bien, en esta tarea cotidiana con las y los jóvenes aparecen algunos sentidos de “frustración” para con quienes más allá de esta modalidad no pueden sostener su participación, y de “logros” cuando a partir de ese trabajo a largo plazo se incide en las trayectorias laborales de las y los jóvenes. Específicamente, mencionan limitaciones de sus intervenciones vinculadas al incremento de las desigualdades sociales, ya que “una capacitación no alcanza si los chicos tienen hambre”. En este sentido, señalan que la población juvenil con la que ellos trabajan padece del abandono del Estado y del incremento de las condiciones de desigualdad.

“Nosotros trabajamos con jóvenes que no acceden plenamente a derechos elementales como salud, educación, vivienda y poder jugar y soñar con un futuro. O sea, si un pibe que acompañamos, duerme arriba de una tarima, mea en un pozo de tierra, no tiene baño, le llueve la casa, tiene riesgo de electrocutarse todo el tiempo. Eso en términos habitacionales. (...) Si esas cosas no están garantizadas, la comida, la comida, por lo menos dos comidas al día, no están garantizadas. Entonces de qué podemos, de qué capacitación podemos hablar. Una persona que está triste, cansada, que tiene hambre, no, no hay, no, por más que nos hagamos los súper militantes, no hay con qué digamos. Si no superamos la barrera material, mínimamente, si no elevamos un poco el piso, estamos complicados. Porque, a ver, nosotros siempre decimos, que con la gente con la que andamos no están en la lona, están tratando de subirse a la lona. O sea, están muy por debajo, de lo que uno considera que es pobreza, es indigencia, digamos, es hasta inhumano por momentos, así que, bueno...” (comunicación personal, G, referente GOA, 17 de agosto de 2023).

Así, ponen en cuestión la posibilidad de realizar un trayecto formativo laboral que permita “contrarrestar la cultura de la violencia y la falta de reconocimiento y de oportunidades” si las y los jóvenes se ven expuestos a desigualdades que no les permiten sostener proyectos de vida por fuera de los ámbitos ilegalizados y satisfacer sus necesidades básicas.

ESTRATEGIAS DE CUIDADO COMUNITARIAS FRENTE A LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL

A continuación, queremos referirnos a las estrategias de cuidado orientadas a las situaciones de violencia institucional que padecen las y los jóvenes de sectores populares. Nos referimos a los abusos y detenciones arbitrarias que cometen las fuerzas de seguridad con las identidades juveniles populares. En esta clave, durante nuestro trabajo de campo, era frecuente que los jóvenes nos relataran experiencias de detenciones y encierros arbitrarios en comisarías por el solo hecho de circular por diferentes espacios de la ciudad, principalmente la zona céntrica.

Los jóvenes rememoraban que “muchas veces, cuando uno entra a la peatonal nos piden documentos o nos piden abrir la mochila y nos revisan todo. Y no es que uno está bardeando ni nada, sino que por pisar el centro ya es motivo de que nos pare la policía” (comunicación personal, C joven barrio Flammarion, 6 de junio de 2018). Esto también era mencionado por las y los trabajadores del PNO, quienes destacaban que:

“Los pibes son víctimas de mucha discriminación cuando vienen al centro. Es un lugar que parecería vedado para los jóvenes de los sectores populares. Hoy la policía tiene la potestad de detener a chicos de 14 o 15 años por averiguación de antecedentes o por la portación de cara que todos sabemos que sucede” (comunicación personal, L. capacitador PNO, 18 de septiembre de 2018).

Estas arbitrariedades se vieron incrementadas a partir de las políticas de seguridad implementadas en los últimos años. Entre estas mencionan el Plan Bandera[3] y la reforma del código procesal penal de la provincia de Santa Fe en el año 2024.[4] Tanto el Plan Bandera como la reforma del código procesal penal se orientan a establecer un mayor arbitrio policial en la ciudad de Rosario y a dar mayor libertad a las fuerzas policiales de decidir ante situaciones “preventivas/delictivas”. Ambos cambios tienden al avance sobre los derechos individuales, sobre todo sobre las poblaciones estigmatizadas, las cuales se ven expuestas a situaciones de abuso de su derecho a la privacidad y a la protección de los datos personales.

A partir de estas modificaciones, el Servicio Público de la Defensa Penal de Rosario realizó un informe que advierte un significativo aumento de las detenciones arbitrarias. Mediante un análisis pormenorizado de las actas por demoras realizadas por la Policía en la Ciudad de Rosario se desprendió que el 34,6 por ciento de las demoras realizadas estaban dirigidas a personas en situación de calle. Además, un 21 por ciento de las demoras eran reiteradas. Sostiene que de los demorados ninguno tenía una captura activa o fue finalmente imputado de algún delito y que en casi la totalidad de las demoras evaluadas se detectaron inconsistencias en los fundamentos reflejados en las actas (Diario La Capital, 23 de agosto 2024).

Durante este período los jóvenes nos relataban distintas experiencias que ejemplifican las prácticas de abuso policial por las que eran objeto de control permanente y humillante. Como comenta H, acompañante del PNO, durante el último año las y los jóvenes no pueden estar reunidos en los espacios públicos del barrio o circular por la ciudad. Asimismo, menciona que él mismo fue hostigado por la policía mientras esperaba el colectivo para dirigirse a un banco localizado en el centro de la ciudad. En esa oportunidad lo apuntaron con un arma y le pidieron que se tirara al piso, mientras lo revisaban, él les explicaba que estaba yendo al banco y que tenía su documento en el bolsillo. Sin embargo, le dijeron que se mantuviera en silencio mientras lo mantenían inmovilizado en el suelo. Posteriormente, lo dejaron irse. En esa misma semana también relata que entraron a su domicilio.

“Vinieron a realizar un allanamiento en mi casa, sin orden judicial. Entraron armados y nos revisaron a todos, yo les decía que no podían hacer lo que estaban haciendo y ellos dijeron que entraron porque venían corriendo a alguien que estaba en fuga. Eso era mentira, nadie entró a la casa e igual se metieron y nos revisaron a todos. A mí me decían que me callara. Después de no encontrar nada se fueron, pero mi familia estaba aterrada” (comunicación personal, H. Acompañante PNO, 30 de agosto 2024).

Consideramos que estos abusos de poder se dan en el marco de lo que la antropóloga Mariana Chaves (2017) describe como parte de las políticas de seguridad de carácter represivo “preventivo”, según los que las diseñaron, orientadas hacia la criminalización de la juventud y en particular, de los jóvenes varones que habitan espacios sociourbanos segregados por la pobreza. Estas acciones represivas refuerzan las fronteras sociales y las clasificaciones imperantes en la sociedad expresadas en el espacio urbano. Nos referimos a que, en la medida en que la vigilancia policial se ejerce principalmente en ámbitos específicos de la ciudad, estos se convierten en espacios riesgosos para los jóvenes.

Ahora bien, ante estas situaciones, los coordinadores del programa señalaron que se comunicaron con la defensoría y la dirección de Derechos Humanos para ver de qué modo intervenir y les remendaron que no respondieran a la policía y que tomaran nota de los patrulleros. En este sentido, proponen armar algo colectivo e interinstitucional en el barrio, tanto para denunciar las detenciones y abusos como para presentar habeas corpus y dictar de talleres de violencia institucional.

En lo que respecta al dictado de talleres formativos sobre violencia institucional, fueron coordinados conjuntamente con especialistas de la Secretaría de Derecho Humanos de la provincia de Santa Fe. En estas instancias el objetivo es que las y los jóvenes reconozcan sus derechos civiles y sepan dónde denunciar los abusos policiales. A continuación, presentaremos brevemente la reconstrucción etnográfica de uno de los talleres dictados.

El taller de violencia institucional

El taller comienza con la presentación de quienes lo coordinan y de las y los jóvenes participantes. Posteriormente, la coordinadora del taller señala que ese espacio fue a pedido de integrantes del PNO para brindar herramientas concretas frente a situaciones de abuso policial. En este sentido, otra de las coordinadoras menciona:

“Hoy les vamos a brindar algunas estrategias para poder evitar las detenciones o cómo denunciar situaciones de abuso. Lo primero que tienen que saber es que si no tienen los DNI al momento que la policía se los pide, esto ya es causa de detención por averiguación de antecedentes. Esto es así porque hay una decisión política que se vio con la reforma del código procesal penal de la provincia de Santa Fe que busca mayor control policial en la ciudad de Rosario en diferentes situaciones. Una manera de evitarlo es tratar de que siempre tengan sus DNI” (Observación participante Taller de violencia, trabajadora secretaría de Derecho Humanos, 2 de septiembre de 2024).

Posteriormente menciona que en el caso de ser detenidos no puede ser por más de 6 horas nise les puede imponer sanción administrativa alguna. A esto añade que frente a las detenciones arbitrarias “nosotros llegamos después de que eso suceda. Lo importante que ustedes tienen que saber es que no les pueden pegar. Una vez que los detienen van a ver si tienen antecedentes o búsqueda de paradero”. La coordinadora señala que quienes se encuentren entre esos casos tienen que retirar la denuncia de búsqueda de paradero. También aclara algunas cuestiones en relación a quienes tengan antecedentes y se encuentren bajo la figura de “libertad condicional”. Esta figura se refiere a las personas que mediante la concesión del juez de vigilancia penitenciaria obtienen la suspensión de las condenas que les queda por cumplir.[5]En esta situación resalta la importancia de “presentarse a firmar todos los meses en el Instituto de Detención Rosario, ya que, de no hacerlo, frente a una posible detención por averiguación de antecedentes se encontrarán bajo la figura de pedido de captura y pueden así quedar detenidos”. Y agrega: “Si los detienen yo puedo averiguar en qué comisaría están, por eso les dejo mi número de guardia, ustedes me tienen que pasar nombre apellido y DNI y yo averiguo dónde están”.

“B” cuenta que lo detuvo la gendarmería y lo tuvo toda la noche arrodillado y que si se quejaba le tiraban agua fría con una manguera, dice que luego los denunció. También que le han pegado tanto la policía como otros presos cuando lo llevan a la celda. Ante este relato, un joven interrumpe y dice “ah te dieron la bienvenida”. La coordinadora le aclara que lo que relatan es un claro ejemplo de abuso policial y que ellos tienen que saber que cuando los llevan a las comisarías tienen que ver un médico cuando entran y cuando salen, y que si les pegan tienen que ir al centro de salud y dejar registro de los golpes. Posteriormente dice que en esos casos se tiene que asentar la denuncia en fiscalía de defensa a violencia institucional.

Luego preguntan por los allanamientos en los domicilios sin orden de allanamiento que se suceden en el barrio en los últimos meses. La coordinadora les dice que eso se llama “delito in fraganti”, una figura que se creó con la reforma del código penal del año 2024, y que se utiliza como excusa para cometer “excesos”. Comenta que mediante esta figura la policía tiene habilitado realizar un allanamiento sin orden ante la situación de encontrarse persiguiendo a un sospechoso. Pero que esta normativa deja abierta la posibilidad de cometer abusos “porque pueden entrar en tu casa y muchas veces es mentira y lo usan: eso es violencia institucional”.

Finalmente le consultan por qué no los dejan estar reunidos en la calle cuando se encuentran en una esquina o la plaza. La coordinadora vuelve a repetir que eso es un exceso, porque no hay prohibición de reunirse en la calle y que también se puede denunciar frente a la fiscalía.

Para finalizar les entregan folletos con la información de la secretaría de Derechos Humanos y los teléfonos a los que deben realizar las demandas y consultas.

Mediante esta reconstrucción etnográfica podemos identificar que estas instancias formativas sobre los derechos de las y los jóvenes frente a abusos policiales se desarrollan para contrarrestar las políticas de seguridad que se establecen tanto a nivel nacional como provincial. Con la expresión “nosotros venimos después de la detención” evocada por la coordinadora, se expone tanto el avance sobre los derechos individuales de circular por la ciudad y de resguardar la privacidad como el incumplimiento de los procedimientos y los abusos cometidos. En este sentido, como señalamos anteriormente, estas instancias deben ser complementadas con otras estrategias interinstitucionales como la presentación dehabeas corpus para lograr la liberación de detenidos, en la que suelen participan diferentes instituciones barriales.

Es importante mencionar que las estrategias de cuidado desplegadas para contrarrestar los abusos policiales generan visiones contradictorias entre los trabajadores y organizaciones comunitarias participantes del PNO. Nos referimos a que como integrantes del entramado estatal se enfrentan a los modelos de gestión e implementación de políticas estigmatizadoras y criminalizantes del “Estado en su cara represiva”. En este sentido, se destaca la necesidad de una mayor presencia del Estado “inclusivo” que vaya “a contramano de quienes sólo pretenden saturar de fuerzas represivas los barrios”. Como lo relata una de las trabajadoras del PNO:

“Hoy en día nosotros venimos después y a contramano de la intervención en seguridad clásica, porque con todo el Operativo Bandera y todas estas nuevas intervenciones, de Berni para acá, son todos parecidos los operativos. Todos recaen en la criminalización de los jóvenes y en las arbitrariedades. En los últimos meses hay presencia de fuerzas de seguridad nacional y los programas sociales no están o somos cada vez menos, entonces no solo empezás atrás, sino que tenes que pelear con la intervención policial cada vez más fuerte. Nosotros tenemos que pelear por un estado más inclusivo” (comunicación personal, E. trabajadora PNO, 9 de abril de 2024).

En el relato se exponen no solo las contradicciones de las intervenciones estatales en su cara represiva y social, sino como esto es vivenciado por el entramado comunitario al ser “parte del Estado”. En este sentido, en la expresión “tenes que pelear con la intervención policial” conviven tensionalmente la posibilidad de disputar un “Estado inclusivo” y las limitaciones concretas de sus intervenciones cotidianas en los territorios.

Reflexiones finales

En las últimas décadas se desarrollaron diferentes políticas de inclusión socio-laboral para jóvenes que proponen el trabajo como vía de integración social, frente al incremento de las desigualdades sociales y violencias que los afectan. Muchas de estas iniciativas estatales presentaron diferentes tensiones y dificultades en relación con la posibilidad de compensar los condicionamientos estructurales de los mercados de trabajo y los déficits en las competencias educativas (Gallart, 2008; Jacinto, 2008).

Frente a estas limitaciones surgieron iniciativas que se orientaron a la participación comunitaria como parte de estrategias de integración, que incluyeron movimientos y actores de la sociedad civil (principalmente sindicatos, ONG y organizaciones de desocupados).

En este trabajo nos propusimos abonar a este campo de estudios y debates, focalizándonos en cómo operan el trabajo y las redes comunitarias en la gestión cotidiana del PNO. Para lo mismo, nos nutrimos de los aportes de la perspectiva ampliada de cuidados, la cual nos permitió bucear en las potencialidades, límites y contradicciones del entramado comunitario en políticas de inclusión sociolaboral.

Esto nos permitió evidenciar que los programas destinados a la capacitación/inclusión laboral de jóvenes abarcan en la práctica mucho más que estrategias de formación, y que de hecho las formas y estrategias de cuidado y autocuidado desplegadas en el territorio son condición de posibilidad para el desarrollo de espacios de formación o capacitación laboral y/o experiencias productivas.

En esta clave, evidenciamos el carácter colectivo del cuidado y sus potencialidades para generar mecanismos de protección juvenil frente a diferentes situaciones de “violencia territorial” y a la criminalización institucional generada por parte de las fuerzas de seguridad. Específicamente, identificamos que trabajadores estatales, referentes y promotores territoriales construyen lazos de cercanía en un trabajo que denominan de “largo plazo”. Esto les permite tanto el involucramiento de las y los jóvenes con los proyectos laborales y productivos vinculados a la economía popular como la incorporación de prácticas de monitoreo entre compañeros, que les permiten generar pequeñas prácticas de autoseguridad y protección entre ellos mismos. Asimismo, desarrollan actividades vinculadas al reconocimiento de sus derechos frente a la violencia institucional y al despliegue de estrategias interinstitucionales.

Ahora bien, estas prácticas de cuidado están atravesadas por tensiones, limitaciones y frustraciones para los trabajadores y agrupamientos populares en la participación en políticas estatales y en sus disputas sobre las fronteras estatales. En esta clave, describimos las experiencias contradictorias vinculadas a las limitaciones de sus intervenciones en el marco del incremento de las desigualdades sociales y el “abandono” del Estado para con la población juvenil. Asimismo, buceamos en las tensiones experimentadas en relación al incremento de las políticas de seguridad y estigmatizacion juvenil, y las consecuentes limitaciones de sus intervenciones cotidianas en los territorios en la disputa por un “Estado inclusivo” frente al despliegue del “Estado represivo”.

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Notas

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