Introducción

Luego de la derrota porteña en Cepeda a manos de Estanislao López y Francisco Ramírez en el año 1820, una nueva oportunidad se abrió para la organización de esta provincia. Pasado ese año turbulento, comenzó a gobernar Martín Rodríguez, quien contaba con sus ministros Bernardino Rivadavia y Manuel García, así como con un amplio apoyo entre los miembros de la Sala de Representantes. Este nuevo gobierno introdujo una serie de reformas con el fin de obtener una mejor estructura administrativa y ordenar una sociedad convulsionada por la revolución. La reforma militar de 1821, la ley de vagabundos y mendigos y el disciplinamiento de la fuerza de trabajo, fueron algunas de las transformaciones que se establecieron, rompiendo con cierta actitud paternalista instaurada desde la colonia (Halperin Donghi, 2011: 352-359). Es entonces que la noción revolucionaria aplicada a las masas y sostenida durante la anterior década desaparecería, al establecer leyes con las cuales se buscó limitar el accionar de la plebe racializada[1] y movilizarla a partir de los intereses de la elite porteña. La instauración de un estado con intenciones centralizadoras y con ansias de obtener una mayor y mejor administración iría en contra de las prácticas cotidianas de libertos y esclavizados, evidenciando una puja entre una elite que buscaba implementar sus reformas y un bajo pueblo que chocaba constantemente contra las mismas.

Este nuevo escenario introdujo nuevas formas de comportamiento y control social, que generaron situaciones de violencia y conflictos. Esto nos permite pensar en las reacciones de la plebe porteña y preguntarnos: ¿puede la violencia como forma de respuesta interpretarse como un posicionamiento político frente a los sectores dirigentes de la ciudad? (Barriera, 2019: 107). Partimos de lo propuesto por la filósofa Elsa Dorlin, quien argumenta que la autodefensa explosiva funciona como una postura marcial de un modo diacrónico es decir que parte de la idea de agresor agredido y ya no en su función ontológica o jerárquica. La respuesta violenta, la autodefensa explosiva responde a otra semiología que no tiene que ver con el sacrificio del mártir que aguanta, sino con la respuesta efusiva e inmediata, en la venganza del contragolpe, que no calcula fines, sino que tiene inmediatez. Esto es entendido por la autora como una política de afirmación y representación de sí mismo, de esta manera se restituye la dignidad y restaura el orgullo de las minorías oprimidas (Dorlin, 2018: 172, 173). Ahora bien, podemos preguntarnos también sobre las herramientas utilizadas por parte de la plebe racializada para resistir este embate, las mismas pueden manifestarse en discursos públicos, así como la acción sobre objetos y sujetos (Thompson, 2019: 97-103). En este trabajo los sujetos analizados serán pardos, negros y mulatos, siempre destacando que utilizo la categoría impuesta en las causas judiciales, donde son categorizados según su estatus legal, color, ascendencia, origen geográfico, actividad laboral, y género[2]. Esto nos habla de una calidad en la cual actuaban distintos marcadores tales como el fenotipo, ocupación, antecedentes familiares, legitimidad, honor, a partir de los cuales la plebe racializada también construyó una imagen de sí mismas. Las acciones que encontramos por parte de esta están ligadas a experiencias compartidas en distintos espacios, que finalmente dan forma a la vida individual, así como a identidades colectivas (Borucky, 2017: 33, 103-105).

Primera parte

La búsqueda del “bien común” y seguridad pública era uno de los objetivos del nuevo gobierno, en tanto que esto significaba ser buen gobierno. Al abolir los cabildos de Buenos Aires y Luján lograron que los poderes hasta ese momento superpuestos recayeran sobre este nuevo modelo político, que busco regenerar el tejido social y transformar las costumbres. Es así como se vio obligado a crear nuevas estructuras judiciales y policiales capaces de reemplazar las funciones de estos cabildos a partir de lo cual “las asambleas populares no volverían a cuestionar el poder establecido a través de un régimen representativo” (Guillamon, 2018: 130, 131). Al crearse el Departamento de Policía en 1821 se esperó que este no solo cumpliera su rol de control y ordenamiento del espacio, sino que también regulara las costumbres. En el espacio judicial, luego de la ley sancionada en 1821 se crearon cinco Juzgados de primera instancia y se abogó por el carácter letrado de los jueces. Con esto se buscó que los jueces ejercieran una justicia “estrechamente ligada al texto de las leyes” (Candioti, 2017: 80). La búsqueda de poder implementar un tipo de moralidad y civilidad, en el resto de la población, llevó al gobierno de Buenos Aires a fortalecer la opinión pública al generar ciertos hábitos y costumbres ligadas a los sectores encumbrados (Gallo, 2012: 91).

Debido a que la deferencia y jerarquía social, muchas veces eran puestas en duda, debían reforzarse (Alabart, et al: 2011, 13-15). La participación política que la plebe racializada había tenido en la década anterior y la necesidad inmediata del nuevo gobierno por legitimar su accionar político, llevaron a que el gobierno provincial implementara una serie de medidas con sus respectivas consecuencias. Comienza así una instancia donde el ciudadano porteño ve su seguridad individual como un derecho y lo asocia a la autoridad que emana del estado (Candioti, 2017: 203-215). Vemos reflejada esta cuestión en las palabras expresadas por María del Carmen Dávila contra el pardo José Pintos en una causa por injurias, en la cual expresaba que

“reposaba tranquila en la garantía que me dan las leyes y en la seguridad de que mi conducta irreprensible me salvara de todo ataque particular puesto que los encargados de la seguridad publica qdo lo evitaren al menos sabrían castigarlo.”

Esta mujer, viuda de un oficial de los “exercitos de la patria” expresaba su sentimiento de seguridad conferido por el nuevo gobierno, que liga a la idea de protección individual por medio de las leyes, que podían prever una situación o en caso contrario castigarla. La misma idea de seguridad expresa el viajero inglés anónimo, autor de Cinco años en Buenos Aires, quien repara en que todavía existían expresiones de casta, y que palabras tales como mulato se empleaban como insulto. Por otro lado, atiende a la cuestión de su cercanía a los amos y una mayoría de morenos en lo que respecta a la población esclavizada y liberta. Observaba que las mujeres de las castas aprendían muy bien las costumbres de la elite por estar tan cerca de sus amas y tener una relación de amigas, más que de sirvientas o esclavas, mientras que los hombres eran tratados de igual forma siempre y cuando lo merecieran. “Nada malo resulta de este trato benévolo: en Buenos Aires los esclavos parecen felices y agradecidos. Por supuesto no faltan descontentos, pero hablo en general”. Esta apreciación transmite la idea de una sociedad ordenada donde cada uno sabe qué lugar ocupa y agrega que “el orden y la decencia observado en la calle por las clases inferiores es muy notable en comparación con otros países” (entendemos que hace referencia a Inglaterra, debido a que las comparaciones realizadas siguen ese hilo). Vemos así que se esperaba que el nuevo gobierno impusiera límites a los sectores subalternos, quienes debían aprender a comportarse según las lógicas del nuevo gobierno y simular delante de la elite llevando mascaras públicas que, al tener un trato diario con las “buenas costumbres”, debían ser usadas en todo momento (Scott, J. 2018: 53-64, 197-216).

El nuevo gobierno disciplinante (Halperin Donghi, 2011: 352-360) buscaba el ordenamiento del espacio urbano, lo que conllevaba entre otras cosas a la persecución de aquellos denominados “vagos”, la prohibición del uso de armas como cuchillos, los bailes de los negros y un mayor control de la fuerza de trabajo. El malestar a partir de estas ordenanzas comenzó a manifestarse entre la plebe. No solo encontramos reiteradas situaciones de encarcelamiento por el uso de cuchillos, embriaguez o robo, sino que aparecían claras denuncias de que no se hacía lo suficiente para acabar con estas situaciones. Debido a estas problemáticas, la Sala de Representantes solicita que los jueces de primera instancia dediquen con seguridad una hora por día a estas cuestiones.

A raíz de este intento de mayor control del gobierno sobre el bajo pueblo, la resistencia de la plebe racializada a las jerarquías continuaría apareciendo en sus diferentes formatos. A esto se suma que la legitimidad del nuevo gobierno se encontraba en conflicto con la plebe mestiza y esclavizada, puesto que la idea del “bien común” como forma de gobierno y administración no estaba siendo real a los ojos de esta. La “plebe esperaba que el gobierno se comportara como un padre”, heredando el accionar del cabildo, que había sido abolido (Di Meglio, 2007: 245).

Bajo estas condiciones y transformaciones observaremos que la plebe racializada no necesariamente comenzó a actuar de la forma en que se esperaba y el renovado disciplinamiento tuvo efectos contrarios. El caso del negro libre llamado Juan, quien se encontraba casado con la esclava de Don Julián Pamelo nos sirve para acompañar esta afirmación. En el año 1821 en la ciudad de Buenos Aires, Don Julián, declaró que por su “condescendencia, ha tenido hasta aquí frecuente entrada en mi casa, y aunque parece que mi franqueza debía inspirarle amor y respeto, ha sido todo lo contrario pues dexandose llevar de su mala condición y de la continua embriaguez en que se ve sumido, ha alterado más de una vez la tranquilidad de mi familia”. La situación pasó a mayores cuando el 7 de septiembre a las once y media de la mañana, el negro Juan se acercó a la puerta de su casa y comenzó a “provocarme con voces tan descompasadas como insultantes”. Esta situación llevó a que don Julián intentara calmarlo “dulcemente”, pero fue en vano ya que, según declara, el negro Juan reaccionó más “atrevido”. De esta manera se vio obligado a buscar una autoridad judicial, que procedió a encarcelar al negro libre. Por otra parte, entrego el papel de venta a su criada, la cual consiguió un hogar rápidamente. Don Julián solicitó que el negro Juan no se presentara en su casa. Este Don no solo demuestra su confianza en el gobierno, sino que la acompaña de solicitudes que busquen limitar el accionar plebeyo y evitar cualquier problema futuro.

Segunda Parte

La condición de los morenos esclavizados, sus borracheras y reacciones violentas serían utilizadas en diferentes causas de forma reiterada para explicar por qué la gente decente de Buenos Aires sufría sus atropellos. La alusión a estos comportamientos siempre se encuentra presente, este estigma parece un justificante, algo así como aquello que se espera que suceda, latente, inevitable. Lo podemos notar en la causa en la que Don José M. Escobar acusa al moreno Palacios. Explica que el día 20 de enero de 1821 se encontraba observando trabajar la obra que tenía empezada cuando pasó el mulato llamado Palacios, a partir de lo cual comenzó a expresar lo que conocía de él: “hombre conocidamente malo, insultante, ebrio, bago sin ocupación alguna”, que estuvo en la cárcel, pero que no fue destinado a las armas ni trabajo públicos por faltarle un brazo, y que se sabía que pese a eso era muy hábil con el cuchillo. Declara que el mulato se frenó y le dijo lo siguiente: “patronsito quisiere de un peon? Contesto no” ante lo cual responde “sabe por qué quería ser su peon, para joderlo de una puñalada o de un balaso”. Luego de esta incómoda situación, se produce un segundo encuentro en una pulpería, luego de lo cual Escobar mandó a buscar al alcalde para que lo detuviera. Esta situación llevó a que Palacios le dijera que “mas tarde mas temprano le avia de matar de una puñalada”. Finalmente, el acusado se dirigió a su casa, donde expresó lo siguiente: “Sali puñetero que te hede joder de una puñalada”, luego de lo cual quedó preso. Esta causa nos permite pensar sobre la utilización de la instancia judicial como un mecanismo de control y regulación del accionar plebeyo. En este caso los insultos no son respondidos y el ataque frente a su hogar es lo que logra el encarcelamiento. Pero también observamos que el honor no es defendido directamente, sino que se confía en las autoridades como restablecedoras del mismo. Esta situación entendida como amenazante finalizó con el encarcelamiento del moreno Palacios, quien infundió temor, reaccionó con violencia y es, a través de esta, que el sujeto pasa a ser (Dorlin, 2018:43, 44). Este sujeto de la plebe esta inferiorizado, pero no convencido de su inferioridad. Es sus músculos explica Fanon, está siempre en actitud de espera. En consonancia con esto, notamos su búsqueda de conflicto, enfrentamiento, la búsqueda de responder por medio de la violencia física, a partir de la cual hay una reconversión de sí mismo (Fanon, 2007: 46, 47). Situación similar encontramos en la causa criminal por injurias contra un ex peón llamado Pedro Averasto suma un aspecto a lo desarrollado anteriormente. Don Rafael Recalde acusaba en la ciudad de Buenos Aires de 1822, que “con motivos de haverlo recomvenido sobre excesos cometidos en mi casa, lo despache de mi casa”. Luego de esto sufrió una serie de intimidaciones continuas por parte del ex peón hasta el punto de amenazarlo con quitarle la vida (Taylor, 1987:). Los testigos declararon que inclusive llegó a decir que sabía sus horarios, cuando se iba a encontrar con su socio inglés Don José Domes y que iba “asesinarlo y comer como sopa, y que si de estas resultas lo hacían soldado lograría sus intentos con más facilidad”. Ante estas amenazas don Rafael Recalde acudió “al comisionado del departamento del norte quien enterado de la calidad de la persona del ofensor y de la mia lo ha remitido a la cárcel”. Estos peones lograron intimidar a sus empleadores, no aceptaron un no como respuesta y respondieron amenazantes frente a la autoridad que frente a ellos residía. Sus expresiones verbales y acciones manifestaban que sus cuerpos estaban alertas de forma constante para reaccionar frente a lo que podrían considerar cualquier ofensa, o también podemos pensar que veían estas situaciones como posibilidades para liberar su ira.

Los ataques y las reacciones contra los vecinos blancos por parte de la plebe racializada continuaron, como lo observamos en la causa de Doña María del Carmen Dávila, quien busca justicia contra un pardo soldado, pero cree que la justicia no actúa por miedo a su regimiento (Scott, S. 2021: 50). Situación similar encontramos en la causa criminal contra Cayetano Curro quien asistió a la casa de Don Cristorio Moreira, acompañado “de otros, todos armados, con el objeto de exigir satisfasion por haber reprehendido un esclavo de aquel que había faltado a su casa”. Este negro Curro estaba acompañado por “soldados de esta guarnición”. La causa no desarrolla mucho más, pero sabemos que se pide la detención de Curro, a quien luego se le aplica la pena de recibir doce azotes antes de devolverlo a su amo. Luego de ser reprendido, este esclavo huyo y volvió con otros negros de una guarnición. Esta situación permite pensar las redes sociales que un esclavizado podía desarrollar y luego emplear a su favor (Velazquez y Gonzalez, 2016: 31; Borucky, 2017: 213). Podemos preguntarnos por qué acompañaron estos soldados al negro Curro, qué ganaban con este accionar, ¿estaban tan confiados en su posición que sabían que no iban a sufrir consecuencias, o los lazos eran más fuertes? Podemos observar que este accionar proviene de negros que tenían un rol ligado a la fuerza militar, lo cual, en medio de un proceso de construcción de poder y reorganización que hacía necesario el rol de las fuerzas para el gobierno bonaerense, permitía desarrollar acciones contra blancos que no fueron castigadas ni de las cuales se encuentre indicio alguno de fueros militares. A su vez se destaca que Curro estaba alistado en el Cuerpo de Nacionales, pero que no dejaba de ser un vago. Aparece nuevamente la calidad de vago en cuanto miembro de las castas, pero su condición de soldado le permitía ejercer ciertas libertades a la hora de actuar contra un don. Es posible, entonces, que la participación en alguna fuerza permitiera que las castas no solo desarrollaran honor plebeyo, sino que también fuera utilizada como una herramienta de resistencia y agencia frente a la jerarquía social.

Frente a una clara situación de desigualdad, la condición de pardos los ponía en una posición inferior en el ámbito social, sin embargo, no siempre significaba un freno en el accionar de las castas. Lo sucedido en la ciudad de Buenos Aires, el 26 de agosto de 1824 nos permite conocer y repensar las relaciones diarias que se daban entre los distintos estratos, que, debido a su cotidiana convivencia, dificultaban mantener el trato que la jerarquía establecía. La causa comienza con los insultos de la parda Manuela Castro, “injurio de palabras con demuestros intolerables” a las señoras de una casa que se habían asomado a la ventana a observar las flores que recogía la vecina de enfrente:

“Las señoras contestaron con el desprecio que se merecia una persona tan ordinaria y baja, con quien no podían altercar ni tratar: pero como esta mala mujer huviese venido con el animo de insultar, acometio la ventana, rompió los bidrios y pretendio forzar la puerta para vindicarse de quienes no la habían agraviado ni con el pensamiento”.

La parda invitaba al dueño de la casa a salir diciendo “que saliera el fraylon apostata quien deseaba asesinarlo”. Sin embargo, la pena no cayó sobre esta parda y es por este motivo que Don Juan Manuel Azcurra buscó justicia no solo por el hecho de haber roto su ventana y golpeado su puerta sino por su “insolencia y atrevimiento”. Recurrió a su vez al escándalo creado en el barrio como un motivo para imponer penas.

Una vez iniciada la causa, distintos testigos pasan a declarar. Doña Pascuala Araucho vecina de la ciudad, declaró que la parda expresó las siguientes palabras “que saliese el Fraylon que no seria el primero que se asesinaba”, Doña María Ferres declara que “Castro se dirigió a la declarante diciendo miren que canallas se quieren tener por señoras y quisieran ser como nosotras”, lo mismo expresa Doña Francisca de Argerich (Hoffnung-Garskof, 2020: 32). Doña Maria Pasquala Fonseca agrega que la parda dijo “que salga afuera que la ade hacer pedasos entre mis brasos”. Finalmente, la parda Manuela Castro pide perdón y es aceptado por el presbítero Don Juan Manuel Azcurra. Se advierte sobre su proceder y la causa finaliza con una pena que no logra leerse por el estado material del legajo.

De estas causas surgen distintas cuestiones: por un lado, la plebe racializada actúa en gran medida de forma violenta sin reconocer deferencia alguna hacia los blancos. Frente a la agresión actuaban, mientras que los blancos que hemos estado observando miden sus acciones. El desgaste de la práctica deferencial y jerarquías borrosas, al menos en el diario vivir, llevó a que la elite se diferenciara de la plebe por medio de un accionar moderado y acudiendo inmediatamente a la justicia, mientras que esclavizados, pardos y mestizos resistieron las reformas disciplinantes, actuando de forma violenta.

Otra cuestión para destacar es que estas mujeres blancas no responden de la misma manera, debido a que consideraban que Manuela Castro era una persona “tan baja y ordinaria”. La mirada sobre la plebe racializada, como sujetos de baja calidad y ordinarios en su accionar, seguía imperando, eran la otredad. La idea de que era inconcebible que actuaran de una manera similar a la de la elite porteña se mantenía y reforzaba. Sumamos a esta cuestión, que era imposible pensar que salieran impunes de esto, si la acusación procedía de los sectores privilegiados, era un hecho casi asegurado su éxito (Van Deusen, 1999: 1-30). La justicia actuaba y funcionaba como un medio de coerción y control sobre la plebe, la cual no podía evitar las consecuencias de proteger su propia noción de honor. Este radicaba para algunos, en no tener que vivir actuando ni practicando el respeto hacia las jerarquías, sino en rebelarse y no utilizar las máscaras deferenciales. Por eso la parda Castro diría, “miren que canallas se quieren tener por señoras y quisieran ser como nosotras”

Actitud similar adoptó la parda Antonia Correa, quien en 1825 en la ciudad de Buenos Aires, acusó a Doña Rosa Costa y Don Miguel Gil de haber sido golpeada, recibido injurias y malos tratos por parte ellos. Se acusa a la parda de haber robado una camisa de la bolsa de ropa lavada que debía devolver a Doña Rosa (Zamora, 2017). Esto lleva a que la parda lo niegue y comience un debate donde doña Rosa la trató “de borracha indescente metiéndole los dedos en la boca y apretándosela fuerte a cuyo ruidos y voses vino Don Manuel Gil marido de aquella y a empellones y patadas echo fuera a la correa y esta callo en medio de la calle donde permaneció algún rato por haver perdido el sentido” (Viqueira Albán, 1987).

Según el médico las varias heridas que tenía la parda eran producto de golpes, los que eran más graves teniendo en cuenta que la edad aproximada de la parda de setenta y ocho años. Pero los distintos testigos que aparecen en la causa no la apoyan, ni siquiera aquellos que la asistieron en la calle. Solo argumentan haber escuchado, pero no más que eso. Lo que si encontramos son declaraciones sobre la parda hechas por los criados de Don Gil. La parda Laureana Costa y Mariano Perez dijeron que:

“es cierto que haviendole reclamado por a doña rosa costa a la parda correa por una camisa, esta vino a la esquina de la reclamante, con voces altaneras y descompasadas negando faltase la camisa porque se le recombenia y que haviendole dicho la D. Rosa que vajase el grito que parecía estuviese borracha, alzo más la voz, y se propaso llamándola a la dicha D. Rosa, guacha santiagueña y otras palabras de mal sonido, por cuya razón entro el dueño de la casa y marido de la doña rosa y informándose de lo ocurrido y que no se callaba la Correa que le llamaba Godo de mierda, este la agarro por un brazo y la puso en la calle cerrándole la puerta”

Sin apoyo, finalmente se declara inocentes a los demandados. Al enterarse de esta situación la parda Correa se dirige a las autoridades reclamando por los gastos realizados y su situación al quedar postrada. Su apelación fue provocada por la decisión del Juez que aceptó la declaración de unos esclavos siendo que la ley no lo permite cuando estos están bajo el servicio del acusado o acusados, como en este caso. La parda expresa que “hare observar el modo despotico, he ilegal del juez” y agrega:

“Cuando la cituasion del equilibrio de las leyes se rompe por las invasiones del despotismo. Cuando este sistema hostil manifiesta síntomas de tiranía en los depositarios de la administracion de justicia, es cuando por la agitación de los subordinados se reclaman los agravios y abusos, como lo hago ante la justificasion de V.S con hecho en mano, y no con razones de opinión”.

La parda utiliza argumentos republicanos para defender la idea de que la justicia podía saltear los obstáculos que la clase, raza y género imponían a la hora de ejercerse (Velázquez; González, 2016: 99-130).

Entendemos entonces que la década del veinte significó una continuación y profundización en lo que respecta a los intentos por controlar el accionar de la plebe racializada. Una serie de transformaciones legislativas se llevaron a cabo con tal fin, debido a que la deferencia y jerarquía social, muchas veces puestas en duda, debían reforzarse. La participación política que la plebe racializada había tenido en la década anterior pasó a ser vista como una problemática, lo que llevó a que el gobierno provincial implementara una serie de medidas con sus respectivas consecuencias. Comienza así una instancia donde el ciudadano porteño ve su seguridad individual como un derecho y lo asocia a la autoridad que emana del estado

El nuevo gobierno buscó ordenar el espacio urbano, lo que implicaba la persecución de aquellos denominados vagos y la eliminación de ciertas prácticas como portar cuchillos y bailes de negros. El malestar a partir de estas ordenanzas comenzó a manifestarse entre la plebe, la cual no acató tales transformaciones, sino que continuó denunciando actos violentos e injurias y resistiendo estas nuevas normativas (Ferreira, P. 2022: 55). Lo cual finalmente obliga a Bernardino Rivadavia a firmar la solicitud realizada por la Sala de Representantes a los jueces de primera instancia para que dediquen con seguridad una hora por día a estas cuestiones.

A esta situación se suma, como ya hemos mencionado, que la legitimidad del nuevo gobierno ante la plebe mestiza y esclavizada se encontraba en conflicto, ya que esta tenía la idea del “bien común” como forma de gobierno y administración. La “plebe esperaba que el gobierno se comportar como un padre”, heredando el accionar del cabildo, que había sido abolido. Pero en su búsqueda del orden la elite gobernante porteña continuó con prácticas que favorecían sus privilegios. Sin embargo, el trato cotidiano con la plebe dificultaba mantener la jerarquía establecida.

A modo de conclusión

Entonces, y a modo de resumen, hemos visto que década significó una transformación clara en la vida de la plebe a partir de la implementación de nuevas leyes que buscaron un mayor control sobre la misma. Sin embargo, la violencia siguió siendo una herramienta de resistencia frente a los cambios instituidos, lo cual no excluía la utilización por parte de la plebe, en determinados momentos, de las formas de la elite para protegerse de dificultades legales, aunque fuera con poco éxito (como lo muestra el caso de la parda Rafaela). Frente a la agresión actuaban, mientras que los sectores blancos medían sus acciones y depositaban su confianza en el nuevo gobierno. Es entonces que el desgaste de la práctica deferencial y jerarquías borrosas, al menos en el diario vivir, llevó a que la elite se diferenciara de la plebe por medio de un accionar moderado y acudiendo inmediatamente a la justicia, mientras que esclavizados, pardos y mestizos resistieron las reformas disciplinantes, pero sufriendo sus consecuencias.

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Notas