Introducción

La Selva Lacandona refugio de miles de especies de flora y fauna -considerada como una de las regiones más importantes para la conservación en México-, fue hogar de la gran civilización maya y ahora también de sus descendientes. De Vos relata con brevedad la historia colonial y moderna de la Selva Lacandona, quien argumenta que para 1950, el 90% de la selva estaba en manos privadas, perteneciente a los herederos de las familias madereras que habían obtenido extensas propiedades durante los años de las concesiones porfirianas. No obstante, mediante una serie de decretos expropiatorios [que iniciarían una lucha por el territorio] se establecieron nuevos terrenos nacionales con el objetivo de incluir más tierras y nuevas regiones a la economía mexicana. Simultáneamente a estas acciones, desde los años 40 este territorio fue ocupado por una nueva generación de agricultores, por lo que la región se convirtió, en una “tierra para sembrar sueños” (De Vos, 2002).

Sin embargo, estas primeras acciones por parte del gobierno hicieron que esa “tierra para sembrar sueños”, se convirtiera en una tierra en disputa, conflictos y despojos. De acuerdo con Matamoros-Ponce & Zárate-Santiago (2023, p. 63) “el largo andar del despojo originario en México se ha acompañado de un sentido de conciencia de clase campesina, aunado a la larga tradición colectiva y comunitaria de preservar la tierra como bien necesario, cultural y político de vida de los pueblos originarios”.

En el caso que nos ocupa el despojo al igual que los conflictos se asocian a las políticas en materia agraria que generaron una serie de problemáticas que hasta la fecha siguen presentes dentro de la Selva Lacandona, pero que se han agravado por las políticas ambientales, en específico las referentes a espacios protegidos, así que los problemas dentro de la selva no solo son de carácter agrario sino también por cuestiones de conservación.

El presente estudio tiene el objetivo de evidenciar las diversas problemáticas como producto de las políticas ambientales y agrarias en la Selva Lacandona. El trabajo se realiza desde una perspectiva diacrónica a partir de 1950 hasta el año 2020, 70 años de luchas dentro un territorio maya que sucumbe ante los intereses políticos, económicos y sociales de una minoría. Se utiliza la técnica de recopilación de información documental, recurriendo a diversas fuentes, tales como artículos periodísticos, artículos en revistas científicas, reportes institucionales, noticias, comunicados, entre otros. La búsqueda de información se llevó a cabo mediante una revisión exhaustiva en el motor de búsqueda de Google y Google Académico. Se seleccionaron palabras clave y términos específicos relacionados con el tema de estudio que incluyeron: conflictos, problemas y Selva Lacandona.

Para asegurar la relevancia y calidad de la información recopilada, se definieron los siguientes criterios de inclusión: documentos en idioma español, publicaciones relevantes al contexto del estudio y aquellos que se encontraran dentro del periodo de análisis (1950 – 2020); mientras que los criterios de exclusión: fuentes o documentos sin autoría o aquellos provenientes de blogs o foros.

El trabajo se divide en los siguientes apartados: primero, el papel del Estado y las políticas ambientales; segundo, la creación de las Áreas Naturales Protegidas (ANP) en México; tercero, reforma agraria y colonización, cuarto la conformación de conflictos dentro de la Selva Lacandona y finalmente las conclusiones.

Políticas Públicas

Ambientales

De acuerdo con la Cámara de Diputados las políticas públicas “son el producto de los procesos de toma de decisiones del Estado frente a determinados problemas públicos. Estos procesos de toma de decisión implican acciones u omisiones de las instituciones gubernamentales” (2003, s/p). Otra conceptualización que se acerca a la gubernamental es la propuesta por Murcia (2019, p. 1) “proceso en el cual interactúan los gobiernos con otros actores estatales y no estatales, en el marco de instituciones formales e informales, y a través de instrumentos, estrategias y escenarios, para dar tratamiento sistemático a problemas definidos como públicos”.

Ambas definiciones parten de la idea que las políticas públicas son resultado de un proceso, pero una integra una diversidad de actores que intervienen en ella, mientras la propuesta por el gobierno está dada de manera única como acción del Estado. La definición federal nos remite a la clasificación teórica estadocentrista propuesta por Roth (2018, citado por Murcia, 2019) en la cual el gobierno ocupa un papel predominante en las políticas públicas, es decir toma las decisiones sin que intervengan otros poderes como el mercado, la sociedad u otros actores.

Ciertamente esta reflexión es lo que lleva a pensar que el origen de los conflictos puede estar asociado a este tipo de acciones que dejan fuera la participación de otros actores clave en la toma de decisión para la construcción de las políticas públicas en México. Alineado con esta idea integradora, está la propuesta por González-Tachiquin (2016, p.110) a saber “una política pública implica el establecimiento de una o más estrategias orientadas a la resolución de problemas públicos así como a la obtención de mayores niveles de bienestar social resultantes de procesos decisionales tomados a través de la coparticipación de gobierno y sociedad civil, en donde se establecen medios, agentes y fines de las acciones a seguir para la obtención de los objetivos señalados”, quien propone una coparticipación del gobierno y la sociedad para lograr mayores niveles de bienestar social.

Pero, profundicemos en lo central, analizar el papel de los instrumentos de las políticas públicas y agrarias -por una parte, las ANP y por el otro la reforma agraria-, en la configuración de conflictos suscitados dentro de la Selva Lacandona.

Las políticas públicas ambientales tienen su sustento en el artículo 27 constitucional y en la Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente (LGEEPA) de 1988 y reformada en varias ocasiones hasta nuestros días, que tiene el propósito de fomentar el desarrollo sustentable y establecer los cimientos para asegurar el derecho de cada individuo a vivir en un entorno saludable para su desarrollo, salud y bienestar. En esta se establecen los fundamentos de la política ambiental y los instrumentos para su implementación (DOF, 2022).

Uno de los instrumentos para la preservación, protección y conservación de la biodiversidad son las Áreas Naturales Protegidas (ANP), actualmente México cuenta 232 ANP decretadas de competencia federal que protegen 98,000,719 hectáreas (CONANP, 2024). De acuerdo con la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (CONANP), -máxima institución encargada de la conservación de ecosistemas y biodiversidad mediante espacios protegidos en México- “las ANP son las herramientas más efectivas para conservar los ecosistemas, permitir la adaptación de la biodiversidad y enfrentar los efectos del cambio climático” (CONANP, 2024).

Las ANP desde la perspectiva del Estado Mexicano, y de acuerdo con la LGEEPA, “son zonas del territorio nacional y aquellas sobre las que la Nación ejerce soberanía y jurisdicción, en las que los ambientes originales no han sido significativamente alterados por la actividad del ser humano, o que sus ecosistemas y funciones integrales requieren ser preservadas y restauradas, quedarán sujetas al régimen previsto en esta Ley y los demás ordenamientos aplicables” (DOF, 2022, p.34).Con base en la CONANP, los objetivos de las ANP, son: 1. Garantizar la preservación de entornos naturales emblemáticos del país y los ecosistemas más vulnerables para garantizar el balance y la persistencia de los procesos evolutivos y ecológicos. 2. Protección de la diversidad genética de las especies, garantizar la conservación y uso sostenible de la biodiversidad; 3. Preservar de forma específica especies endémicas; 4. Proporcionar un campo para la investigación, el estudio de los ecosistemas y su equilibrio; 5. Generar, rescatar y difundir saberes que faciliten la conservación y uso sustentable; 6. Salvaguardar todo lo situado en las proximidades de áreas forestales en montañas donde se desarrolle el ciclo hidrológico en cuencas, ya sean comunidades, rutas de comunicación, usos agrícolas y más. 7. Proteger zonas de relevancia para la recreación, la cultura, la identidad nacional o de los pueblos originarios (CONANP, 2024). Sin embargo, en la práctica estos objetivos no se cumplen sea por intereses políticos y económicos, así lo han evidenciado diversos estudiosos del tema ambiental en México, como es el caso de la Reserva de Biosfera Montes Azules (REBIMA) -Díaz, del Carmen & Rosano, 2012, De Vos, 1992, 2002; Durand, Figueroa, & Trench, 2012; Megchún, 2016; García-Frapolli, 2012; Maldonado, Chávez & Bravo, 2020, Mendoza-Ontiveros e Islas, 2021; Pastor-Alfonso, y Gómez-López, 2010; Pastor-Alfonso, Gómez-López y Espeso-Molinero, 2012; Reygadas, et al., 2006; Tejeda, 2002; Vásquez Sánchez, 2017, Trench, 2008-.

La Ley General de Equilibrio Ecológico y Protección al Medio Ambiente en sus artículos 48 al 55 (DOF, 2022, p. 40 – 42), clasifica a las ANP en México en: Parques Nacionales, Áreas de Protección de Flora y Fauna, Áreas de Protección de Recursos Naturales, Monumentos Naturales, Santuarios, Reservas de Biosfera y Áreas Destinadas Voluntariamente a la Conservación. Por otra parte, la LGEEPA en su artículo 47BIS (DOF, 2022, p. 36 – 39) señala que se realizará una división y subdivisión territorial de las ANP acorde con factores biológicos, físicos y socioeconómicos, lo que permitirá delimitar territorialmente las actividades en sus respectivas zonas y subzonas: zonas núcleo y zonas de amortiguamiento.

Sin embargo, autores como Berkes, 2004; Bezaury-Creel y Gutiérrez Carbonell, 2009; Rodríguez y Bracamonte Sierra, 2008; Young, 1999 en Maldonado, Chávez y Bravo, 2020 han evidenciado los efectos negativos del establecimiento de ANP: a) la exclusión de la voz de las comunidades locales por parte del gobierno al establecer una ANP; b) la participación institucional de la comunidad en la toma de decisiones y gestión de su propio territorio; c) acumulación por desposesión mediante el despojo de tierras en nombre de la “conservación”; d) pérdida de la biodiversidad como consecuencia de concesiones a empresas; e) el condicionamiento de las poblaciones locales para el desarrollo de actividades tradicionales.

Agrarias

Las políticas agrarias -anteriores al decreto del espacio protegido en la Selva Lacandona-, vinieron a agravar en mayor medida los problemas existentes. De acuerdo con Warman (2001), tras la revolución mexicana, el Estado buscó influir en la estructura agraria del país a través de la distribución de tierras, lo que se podía lograr mediante dos métodos: la distribución ejidal o la restitución de bienes comunes. El primer escenario, se refiere a la petición de tierras por un grupo de campesinos y en el segundo, al reconocimiento legal de títulos de propiedad coloniales a una cierta comunidad (usualmente, despojadas de sus territorios a raíz de las leyes liberales de finales de 1800). En el país, la mayoría de las tierras fueron entregadas mediante el reparto ejidal. El mismo autor señala que se entregaron más de 100 millones de hectáreas de tierras, equivalentes a la mitad del territorio mexicano, con lo que se establecieron cerca de 30 mil ejidos y comunidades. Las particularidades de estas dotaciones radicaban en que no podían ser vendidas, rentadas o expropiadas de ninguna manera.

Continuando con la discusión de las políticas agrarias, Megchún (2016), señala que, conforme a la Constitución, la reforma agraria se mantuvo en vigor de 1917 a 1992. Como era previsible, en un periodo tan extenso se produjeron cambios en el propósito, amplitud y estructura, algunos de estos incluyeron: el reparto agrario en México no buscó enajenar para el Estado y posteriormente reasignar todas las tierras agrícolas del país, sino que estableció un límite a la "gran propiedad". Al definir este límite, se estableció al mismo tiempo las propiedades privadas que serían vistas como legales. Según Warman, (2001), una de las particularidades de la estructura agraria de México fue la coexistencia de la propiedad privada y la social. A lo largo de la historia, esta política modificó la estructura agraria a nivel nacional, pasando a inicios de siglo XX de un 80% de las tierras agrícolas aglutinadas por el 5% de los dueños; a un 55% de las tierras registradas bajo el sistema de propiedad social a finales de 1900.

Megchún (2016) sostiene que la política de reparto agrario surgió de las luchas y movilizaciones que tuvieron lugar en México a inicios del siglo pasado. Un momento de cambio político, y más o menos radical, en el que algunas de las acciones formales previas dejaron de ser respetadas y valoradas, y a las que se intentó reinterpretar. La nueva política del reparto surgió entonces de rupturas y reacomodos políticos: representó la búsqueda, medianamente calculada, de impactar en la estructura agraria, los grupos de población y el desempeño del gobierno.

Por otra parte, la reforma agraria se conjuntó con otra política: la colonización de los trópicos; Revel-Mouroz (1980), estudió a fondo esta política de colonización y distingue cuatro tipos en México: 1. “La llamada a inmigrantes extranjeros en el siglo XIX,” para el establecimiento de medianas propiedades (política que tuvo un papel marginal en términos demográficos). 2. “Las leyes de colonización del porfiriato”, las cuales generaron una estructura agraria altamente polarizada. Las grandes propiedades privadas que se formaron entonces se dividían en: “latifundismo estéril” (principalmente de propiedades forestales) y “gran explotación moderna”: grandes propiedades ganaderas y de plantaciones, estas últimas resultaron el gran motor de la colonización del trópico en la segunda mitad del siglo XIX (Revel-Mouroz, 1980, p. 147-174).

El tercer tipo denominado “La colonización de tierras tropicales como contra reforma agraria”, que se desarrolló durante casi medio siglo -de 1917 a 1962- donde las políticas oficiales desempeñaron un papel ambiguo. Finalmente, el último periodo estudiado por Revel corresponde a: “La colonización como aspecto de la reforma agraria” donde en los tres sexenios referidos (1940- 1958) la mayor parte de los desmontes fueron hechos por las propiedades privadas, “como testimonio de su dinamismo, favorecido paradójicamente por la reforma agraria que reconoció como suya la pequeña propiedad” (1980, p. 345); en el sexenio de López Mateos (1958-1964) hubo un nuevo impulso a la reforma agraria, al grado en que “la colonización ejidal representó 25% de la tierra entregada entonces” (1980, p. 170). De modo que, a lo largo del decenio de los sesenta, la colonización desempeñó “un papel central en la transformación del espacio en la tierra caliente del Golfo, al avanzar sobre los últimos bastiones de tierra virgen” (1980, p. 357). Evidencia de estas acciones, se podrán analizar en el siguiente apartado.

Problemáticas asociadas a las políticas agrarias y ambientales en la Selva Lacandona

En la segunda mitad del siglo XX (1950- 2000), la Selva Lacandona fue víctima de un proceso acelerado de deforestación, resultado de la labor de madereros, agricultores y ganaderos que erradicaron rápidamente la zona norte de la región (De Vos, 1992 en Durand, et al., 2012). Se estima que el 31% de la selva se redujo entre 1976 y 1996, lo que implica una superficie de cerca de 180 mil hectáreas (has) (Jong et al., 2000 en Durand, et al., 2012). Sin embargo, es importante remarcar que el periodo de mayor deforestación se presentó de 1951 a 1973 -provocado por la maderera Maya y el aserradero Bonampak-, además de actividades relacionadas con la ganadería (Vásquez, 2017).

Es muy probable que esto esté relacionado con las acciones llevadas a cabo por el Estado en 1960, mediante el Departamento de Asuntos Agrarios y Colonización, que en la actualidad es la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, quien estableció que la Selva Lacandona era una zona adecuada para la colonización con propósitos agrícolas, lo que incentivó a campesinos y ganaderos a incursionar en esta zona del país (ParksWatch, 2004), ciertamente estas decisiones marcarían el inicio de una lucha por la tierra que sigue hasta nuestros días. En esta misma época, se produjo un desplazamiento de tojolabes de la región de Comitán y tzotziles y tzeltales de los Altos con lo cual comenzaba la demanda de tierras en Chiapas y otras entidades del país (Vásquez, 2017).

A pesar de las decisiones tomadas por el gobierno de López Mateos, fue a finales de los años 60 que el propio gobierno promovió diversas acciones para proteger la parte central de la Selva Lacandona de los asentamientos humanos (De Vos, 1992; Trench, 2008 en Durand et al., 2012). Pero no fue hasta la década de los setenta, que el Estado mexicano empezó a mostrar preocupación por conservar el patrimonio natural de la selva (Vásquez, 2017), es por ello que en 1972 el gobierno de Chiapas llevó a cabo el decreto Estatal de la Zona de Conservación Ecológica denominada Laguna Miramar (DOF, 2020).

En ese mismo año -1972-, el gobierno federal, liderado por Luis Echeverría, emitió el decreto de la Comunidad Zona Lacandona (CZL), argumentando que era un acto de justicia destinado a restituir una vasta superficie, 614 321 has de bienes comunes, a sus propietarios legítimos: 66 familias indígenas lacandonas amenazadas por colonos indígenas y mestizos originarios de los valles de Ocosingo y Altamirano y otros estados del país (De Vos, 2002; Leyva Solano y Ascencio Franco, 2002; Legorreta Díaz, 2008 en Durand, et al., 2012). La medida fue objeto de críticas, dado que también conllevó que el gobierno federal retomara el control sobre los recursos de la región (Durand, et al., 2012).

El decreto de la CZL, repleto de fallos e inexactitudes, generó serios problemas agrícolas, ya que en el territorio asignado a los lacandones también se establecían casi cuarenta comunidades indígenas choles y tzeltales -algunos autores como Ascencio (2008) y Trench (2017) aseguran que era una cantidad mayor de asentamientos-, que inesperadamente se convirtieron en residentes ilícitos, razón por la cual el Estado decidió reubicarlos (De Vos, 2002; Trench, 2008 en Durand, et al., 2012). No obstante, ciertas comunidades que ya poseían derechos agrarios o que habían comenzado los procesos para adquirirlos, se resistieron a la reubicación e iniciaron un extenso combate para reivindicar sus derechos sobre sus tierras (Legorreta Díaz, 1998 en Durand, et al., 2012). Por otro lado, otras, al no poder probar la posesión legal de sus parcelas, aceptaron ser trasladadas a dos nuevos poblados: Manuel Velasco Suárez, actualmente Nueva Palestina (822 familias tzeltales de 15 distintas comunidades) y Frontera Echeverría, ahora conocida como Frontera Corozal (475 familias choles, de 8 asentamientos) (De Vos, 2002).

Es relevante señalar que después de un complicado proceso de negociación política con los lacandones y el gobierno, los residentes de Nueva Palestina y Frontera Corozal consiguieron ser integrados como miembros de la CZL en 1978 (DOF 8/3/79; De Vos, 2002; Paladino, 2005; Ascencio, 2008; Trench, 2008, en Durand, et al 2012). Así, la CZL quedó conformada por cinco subcomunidades, tres de las cuales comparten el mismo territorio, y cuya población pertenece a tres distintas etnias: tzeltales, choles y lacandones. (Tejeda Cruz, 2002).

En este marco de sobreposiciones de núcleos agrarios, que provocaron conflictos territoriales e intensos procesos de organización campesina, en 1976, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología estableció el fideicomiso para el Estudio Integral de la Selva Lacandona, en el cual se unieron las iniciativas del gobierno de Chiapas y de un reducido grupo de centros de investigación que analizaban los problemas de las selvas de Chiapas (De la Maza, 2010), teniendo como objetivo particular, la elaboración del anteproyecto de decreto para constituir la Reserva de la Biosfera Montes Azules (REBIMA), el área que contiene la mayor diversidad biológica de México (INE, 2000 citado por De la Maza, 2010).

Así el 12 de enero de 1978, se emite en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que define la Zona de Protección Forestal y la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules, con una extensión de 331,200 hectáreas. El decreto de esta Reserva estableció sus límites, pero no se llevó a cabo el deslinde. Este decreto no fue expropiatorio, sino que definió las directrices para la utilización de los recursos en Montes Azules, cuya extensión comprendió el 72% de los territorios de la CZL, además de otros ejidos (CONANP, 2000). No obstante, el espacio protegido se decretó sin tomar en cuenta a las comunidades implicadas y agravó los conflictos agrarios ya existentes (Trench, 2008), además de que robusteció la conformación de la Selva Lacandona y la CZL como espacios de conservación (Durand, et al., 2012).

Para el año siguiente la reciente decretada REBIMA fue integrada como parte del Programa “El Hombre y la Biosfera” de la UNESCO (MAB), lo que implicaría una serie de consecuencias para los habitantes de este territorio. Un hecho importante a destacar como parte de los problemas derivados por la falta de títulos de propiedad y la sobre posición de derechos agrarios, fue la llegada de -46,000 mil- refugiados guatemaltecos en 1981 a causa de los conflictos armados en su nación, lo que complico aún más la tenencia de la tierra.

La Coordinación Ejecutiva del Programa Ecológico de la Selva Lacandona, vinculada a la Secretaría de Agricultura y Recursos Hidráulicos (SARH), fue establecida en 1978 con el propósito de fortalecer medidas para preservar la Reserva de la Biosfera Montes Azules. Esta Coordinación Ejecutiva se extinguió al comienzo de la década de los 80, debido a la insuficiente coordinación interinstitucional, a la falta de reconocimiento en su jerarquía y la escasez de respaldos financieros (CONANP, 2000). Durante el periodo de 1978 a 1994, la REBIMA estuvo a cargo de diversas dependencias y programas gubernamentales; no obstante, los logros fueron limitados debido a la presencia de problemas agrarios, a la ausencia de coordinación y a la carencia de recursos para gestionar la Reserva (Durand, et al., 2012).

Para 1986 se formó la Comisión Intersecretarial para la Conservación de la Selva Lacandona, con el propósito de preservar la selva, sus recursos y el desarrollo de la población en un marco de sostenibilidad. Esta Comisión consigue la coordinación de acciones a dos niveles -con la Federación y con la población campesina-, pero no a nivel estatal y local, esta organización se extingue en 1988. En ese mismo año, Miguel de la Madrid Hurtado, presidente de la república, decide hacer responsable al Gobierno del Estado como a los chiapanecos de la coordinación del Programa Integral de la Selva Lacandona. Como respuesta, el Gobierno de Chiapas crea el Subcomité Especial de la Selva Lacandona dependiente del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado en cuyas metas se incluye la supervisión y protección de la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules (CONANP, 2000).

A raíz de la creación del Subcomité Especial de la Selva Lacandona, en 1989 se decretó a nivel estatal el Acuerdo Declaratorio de Área Limitada para los usos forestales y faunísticos en la Reserva Integral de la Biosfera Montes Azules, situada en los municipios de Ocosingo y las Margaritas. Se emitieron también los decretos de dotación para 26 ejidos de la subregión de Las Cañadas, que impactaron territorios pertenecientes a la CZL y Montes Azules. Estos decretos, emitidos debido a un error inicial, dificultaron la posesión de la tierra y la determinación jurídica del territorio y las regulaciones para su utilización (CONANP, 2000).

Las medidas tomadas hasta 1990 para la REBIMA incluyeron: el análisis del conflicto agrario; la instauración del sistema de supervisión e inspección; la rehabilitación de la Estación Biológica Boca de Chajul; y la firma de un convenio de colaboración entre la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Gobierno de Chiapas, y la Secretaría de Desarrollo Social para llevar a cabo estudios en la Reserva.

Durante los años 90, se lograron avances significativos en la gestión de la REBIMA al contar con un fuerte apoyo por parte del Instituto Nacional de Ecología (INE) y la Secretaria de Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca (ahora SEMARNAT) y otras organizaciones no gubernamentales y del ámbito educativo: Conservación Internacional, UNAM y el Colegio de la Frontera Sur, quienes promovieron iniciativas de preservación, estudio, resguardo, construcción y robustecimiento de infraestructura, además de supervisión y administración de recursos.

En consecuencia, en 1990, se emite el primer informe que contemplaba acciones de gestión para la REBIMA, creándose un Grupo Técnico Planificador que generó gran parte de la información que posteriormente se convertiría en el primer programa de manejo. En 1992, se retoman los trabajos y se obtiene una segunda versión, el cual fue elaborado por un grupo técnico de apoyo del Programa de Asistencia Social, Servicios Comunitarios y Prestaciones Sociales de la Secretaría de Desarrollo Social (ahora Secretaría del Bienestar). En 1994, se consigue establecer una oficina operativa para la Reserva con recursos esenciales para su funcionamiento, que comprendió personal, equipo y fondos del GEF (Fondo para el Medio Ambiente Mundial), consiguiendo que para 1997 se constituyera el Consejo Técnico Asesor, compuesto por representantes de instituciones y comunidades que residían y trabajaban en Montes Azules (CONANP, 2000).

Es importante destacar que entre 1992 y 1998, en las proximidades de la REBIMA, se decretó la protección de seis áreas que resguardan una superficie total de 88,250 has de la Selva Lacandona, entre ellas: el Monumento Natural Bonampak (4,357 has), Área de Protección de Fauna y Flora Chankin (12,184 has), Áreas de Protección y Fauna Nahá (3,847 has), Metzabok (3,368 has) [actualmente Área de Protección de Fauna Metzabok – Nahá], Monumento Natural Yaxchilán (2,621 has) y Reserva de la Biosfera LacanTun (61,873 has), (Prodesis, s/f en Vásquez, 2017). Es crucial resaltar que en todas estas zonas se encuentran asentamientos humanos y variados tipos de aprovechamiento del suelo y deforestación, a excepción de las áreas arqueológicas de Yaxchilán y Bonampak (Vásquez, 2017).

Otro aspecto relevante en este estudio son las ocupaciones ilegales en la Reserva que se remontan a su establecimiento. Con la insurrección del movimiento armado Zapatista de Liberación Nacional (EZLN) en la zona en 1994, se intensificó la inestabilidad social, provocando el desplazamiento de familias y la aparición de nuevos asentamientos irregulares en Montes Azules. Algunas agrupaciones que arribaron a la Reserva, huyendo de los enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército de mexicano, o debido a las discrepancias ideológicas entre las comunidades de la Subregión de las Cañadas. Sin embargo, también hubo quienes aprovecharon la ausencia de garantías para invadir territorios bajo la causa militar y bajo la amenaza de convertirse en fuerzas de apoyo del EZLN (ParksWatch, 2004).

Un problema relacionado con las ocupaciones ilegítimas en la REBIMA, -que los medios han destacado reiteradamente-, es la presencia de individuos foráneos (italianos, españoles y franceses). La función de éstos entre las familias y comunidades establecidas de manera ilegal dentro de la Reserva se basa en la solidaridad con las comunidades, en medio de conflictos bélicos, y en la orientación política y declaraciones con los medios de comunicación. Incluso los extranjeros han enfrentado al gobierno federal y los medios de comunicación en múltiples ocasiones para impedir su acceso a los lugares impactados por los asentamientos. Grupos sociales como los Monos Blancos (italianos) han respaldado a los guerrilleros Zapatistas, en manifestaciones de protesta contra el Estado. Por su parte, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, otro colectivo nacional que también se involucra desde los asentamientos en la Reserva de Montes Azules, brinda apoyo a grupos vulnerables en el ámbito de la justicia. También, hay colectivos rurales como la Asociación Rural de Interés Colectivo Independiente y Democrática (ARIC), que fomentan la organización laboral, gestionan recursos, además respaldan a aquellos que se han consolidado en la Reserva (Parkswatch, 2004).

Por otra parte, las acciones de monitoreo en la Selva Lacandona llevadas a cabo por Conservación Internacional A.C, indican que entre 1994 y 2002 se registraron 25 invasiones a la Reserva de Montes Azules, afectando 1646 has. Los grupos establecidos llevaban a cabo actividades de la caza, deforestación para la producción de maíz y vegetales, o actividades ganaderas (CI, 2002 en Parkswatch, 2004 y Parkswatch, 2004).

En el año 2000 se logró la publicación del Programa de Manejo de la REBIMA, una década después del inicio de los trabajos para su conformación, documento que actualmente se encuentra en proceso de actualización. Es importante mencionar que investigaciones sobre este proceso han detectado una serie de irregularidades: “la institucionalización” de la participación de los diversos actores indígenas, señalando que estos procesos no logran su cometido, el involucramiento formal, sino que solo sirven para cumplir un requisito legal (Durand, et al., 2012)

Durante 2003 y 2006, tanto el gobierno federal como el estatal implementaron un plan para regularizar la propiedad de la tierra y resolver el problema de los asentamientos irregulares en la REBIMA y la CZL. Después de solucionar la mayoría de los conflictos mediante expropiaciones, regularizaciones y reubicaciones, diversas personalidades opinaron que Montes Azules poseía fuertes habilidades para afrontar los desafíos con los medios requeridos y la eficaz intervención del gobierno y la sociedad (De la Maza, 2010). No obstante, los esfuerzos llevados a cabo en ese periodo se enfocaron principalmente en solucionar las invasiones a la CZL, expropiando 42 656 ha y normalizando a 29 poblados y ampliaciones, ignorando la situación de siete de poblados irregulares dentro de la REBIMA -aunque fuera de la CZL- y de otras comunidades dentro de la REBIMA y de la CZL, es decir, se otorgó prioridad a las necesidades de la CZL (que recibió casi 350 millones de pesos como indemnización) y no a la integridad ecológica de la REBIMA (DOF 8/5/07; Ascencio, 2008 en Durand, et al., 2012).

Además, desde el año 2004 una serie de problemáticas fueron denunciadas y evidencias por la Organización no Gubernamental (ONG) ecologista Maderas del Pueblo del Sureste A.C, por ejemplo, el caso de la comunidad de Nuevo San Rafael muy cercana a ex Estación “Chajul” desalojada por motivos institucionales e intervencionistas; en este mismo comunicado se hace hincapié en los negocios institucionales que se entrelazan con los despojos dentro de la Reserva. Este es solo uno de los muchos otros despojos que han realizado dentro de la REBIMA, además de desapariciones forzadas, enfrentamientos, muertes y reubicaciones, todas estas en nombre de la “conservación” (Comunicados Públicos, 2008)

Por otra parte, y después de un año de negociaciones entre el Gobierno del Estado de Chiapas y la Unión Europea (UE), en el mes de enero de 2004 se logró firmar un tratado de financiamiento para proyectos de desarrollo social y sostenibilidad. El convenio previó una inversión por 31 millones de euros -16 millones aportados por el gobierno del Estado de Chiapas y 15 millones provenientes de la UE-, con el objetivo de favorecer a los residentes de las micro regiones situadas en las zonas de influencia de los espacios protegidos de la Selva Lacandona, especialmente en Montes Azules durante el periodo comprendido entre 2004 y 2008 (Elvira, 2004).

Algunos de los resultados de este convenio fueron acciones en materia de planeación comunitaria, el establecimiento de la Comisión Interinstitucional para el desarrollo de la Selva Lacandona, el desarrollo de proyectos estratégicos de desarrollo social y sostenible en la región centrados en temas producción y comercialización de productos orgánicos, producción ganadera, artesanal y desarrollo de ecoturismo. Además, de la consolidación del consorcio entre el Instituto Interamericano de Cooperación para la agricultura, el Centro Agronómico Tropical de investigación y Enseñanza, y el Centro de Cooperación Internacional en Investigación Agronómica para el Desarrollo que promovió la operación de nuevas tecnologías agroecológicas (Moreno-Segundo, 2010).

A partir del año 2010 el programa REDD+, entendido como un conjunto de líneas estratégicas que promueven de manera simultánea acciones de mitigación y adaptación al cambio climático, y propicia el Desarrollo Rural Sustentable bajo en carbono (Gobierno de México, 2017), asociado a las políticas ambientales mexicanas, comenzó, de acuerdo con la investigadora Silvia Ribeiro, con nuevas formas de despojo dentro de la Selva Lacandona, pues considera que los proyectos REDD+ “significan la privatización del aire de los bosques, despojando a las comunidades de su derecho a la tierra” (2011, s/p). Ribeiro (2011) argumenta que el programa que supuestamente evita la emisión de gases con efecto invernadero provocados por a la deforestación, limita el acceso y gestión a los recursos naturales y genera la perdida de autonomía de las comunidades sobre sus territorios. Considera además que el programa REDD+ se convierte en un tremendo negocio para las empresas porque pueden seguir contaminando y además revender parte de los bonos a un precio mayor a otras empresas, burlando las leyes ambientales. En la actualidad, este programa sigue desarrollando proyectos en la región lacandona y otros estados de la república mexicana.

Retomando las cuestiones relacionadas con la regularización de poblados, de acuerdo con Camacho-Bernal y Trench (2019) para el año 2019 aun existían once poblados irregulares en la parte sur de la REBIMA. Ocho de estos se fundaron previo al decreto de la Reserva, sin embargo, el sistema burocrático del gobierno ha frustrado, por negligencia, por incongruencia y a veces por mala intención, los esfuerzos de normalización realizados por los afectados (Trench, 2017). En relación a los otros tres asentamientos, hasta 2006 las tierras que ocupaban eran terrenos nacionales, -teóricamente sencillos de regularizar-. Sin embargo, al coincidir con la zona central de la Reserva, el sector ambiental impulsó un decreto que transformó esas 22 000 hectáreas en propiedad federal bajo la gestión de la SEMARNAT (DOF, 2006 en Camacho-Bernal y Trench, 2019), medida que impidió la regularización de los dos grupos que se habían establecido antes del decreto (Camacho-Bernal y Trench, 2019).

Otro caso ilustrativo son tres comunidades situadas en la región de Miramar, establecidas por comunidades tzeltales casi diez años antes del decreto de la Reserva. En el caso de Benito Juárez Miramar, su petición de dotación publicada en 1970, fue rechazada catorce años más tarde debido a que la comunidad estaba ubicada en un parque natural. A pesar del limitado conocimiento del gobierno del estado de Chiapas sobre este predio, este sigue siendo un impedimento para la regularización de la comunidad (Camacho-Bernal y Trench, 2019).

La ubicación del otro poblado en la zona de “uso sustentable de los recursos naturales”, que según la zonificación de la Reserva permite asentamientos humanos (INE y SEMARNAT, 2000 en Camacho-Bernal y Trench, 2019); donde en 2011 las autoridades de Benito Juárez Miramar solicitaron a la Secretaría de la Reforma Agraria la enajenación de los presuntos terrenos nacionales que ocupaban, solicitud que fue rechazada en 2014. Hasta el año 2018, el caso había recibido poca atención de las autoridades ambientales.

En contraste, en relación con la comunidad vecina de Chuncerro La Laguna, el Tribunal Superior Agrario determinó en 1997 "procedente" la dotación de sus propiedades. Las 1098 hectáreas asignadas al nuevo ejido se originaron en un terreno denominado Santa Isabel. El motivo de este impacto en la propiedad privada se basaba en que "superaba los límites de la pequeña propiedad" establecidos en la Constitución y el terreno llevaba más de dos años "sin actividad alguna" (DOF, 1999 en Camacho-Bernal y Trench, 2019).

Por otro lado, la situación de tres poblados de la Cuenca Río Negro (otra de las zonas de estudio de Camacho-Bernal y Trench) ha recibido mayor atención en años recientes debido a su afiliación a la Asociación Rural de Interés Colectivo-Unión de Uniones-Independiente y Democrática (ARIC-UU-ID), por sus constantes solicitudes de regularización y sus relaciones con entidades no gubernamentales tanto nacionales como internacionales. Este colectivo se topa con dificultades de otra naturaleza debido a su localización dentro de la Comunidad Zona Lacandona, además de situarse en la zona de uso restringido de la Reserva.

Como este caso simboliza un conflicto de intereses entre iguales, comunidades rurales e indígenas, en 2011, las autoridades de la Comunidad Zona Lacandona sugirieron que el gobierno expropiara las tierras de esta comunidad con el fin de otorgarlas a los tres grupos de población. Pese a la participación de entidades de derechos humanos, la reacción gubernamental a estos convenios y otras peticiones de normalización resultó ser negativa (Camacho-Bernal y Trench, 2019).

Según Camacho-Bernal y Trench, (2019), Nuevo Villaflores, Benito Juárez Miramar y el grupo de Río Negro han implementado, sin éxito, diversas estrategias para la normalización de sus territorios. En estas situaciones se percibe una política poco sensible, de acuerdo con la cual diversas comunidades no han logrado equilibrar lo agrícola con lo medioambiental. Además, han faltado esquemas de organización y representación capaces de negociar una solución a los diversos conflictos.

Otro punto relevante a resaltar es la firma del Decreto en 2016 donde se estableció a la Región Selva Lacandona como zona de Salvaguarda, con una extensión cercana a 4,280 km² y donde se ubican 10 espacios protegidos entre ellos la Reserva de Montes Azules, se prohibieron las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos, y se dio prioridad a la conservación; promover la actividad turística y preservar las zonas arqueológicas y elementos culturales de la región (DOF, 2016).

Los conflictos dentro de la REBIMA no se han detenido, en el año 2019 de acuerdo con datos del periódico Proceso, los lacandones pertenecientes a la Comunidad de Bienes Comunales de la Selva Lacandona (CZL), solicitaron al presidente de la república su acción inmediata para salvaguardar y preservar "lo que queda" de Montes Azules, ya que, según este pueblo originario, se halla en peligro debido a otros grupos -choles y tzeltales- que residen en ella (Mandujano, 2019). Estas acciones se derivaron por un comunicado emitido por la SEMARNAT, donde se reconocía “legal y legitimante” la posesión de las tres representaciones indígenas (lacandón, chol y tzeltales) en la Selva Lacandona, además dicho comunicado proponía el establecimiento de una “Reserva Biocultural” -figura jurídicamente inexistente-, que abriría las puertas para cambiar el régimen de protección actual y donde de acuerdo con el reportaje se suponía un “anticipado reparto agrario a tzeltales y choles”. Como reacción a esta declaración del máximo organismo ambiental en el país; representantes lacandones denunciaron el “intento de despojo” (Rodríguez-García, 2020).

Esta situación deja en claro los conflictos entre las etnias asentadas dentro de la Selva Lacandona y grupos de interés dentro de los lacandones, que impiden se lleguen a acuerdos en pro de todos los pueblos originarios asentados dentro este territorio. Otro ejemplo, que da luz a los conflictos interétnicos es la acusación realizada por las tres etnias lacandones, choles y tzeltales de la CZL, quienes acusaron a Carabias Lillo, ex funcionaria federal, y a Natura Mexicana, de los conflictos interétnicos, por lo que demandaron su expulsión de la selva lacandona (Morales, 2020).

En el año 2020, en el marco del seminario permanente “Ecología Política y Estudios Socioambientales” de la UNAM, la investigadora Olinca Marino hizo hincapié en que las políticas ambientales (ANP) y agrarias siguen generando tensiones y problemas entre el Estado y la CBZL, “pues cuando se restringe a los pobladores en la posibilidad de realizar actividades productivas en su territorio, se ponen de manifiesto las relaciones de poder entre las comunidades y las autoridades gubernamentales, derivados de concepciones opuestas sobre la conservación” (Mendoza, 2020, s/p)

Discusión y conclusiones

Durante el recorrido histórico que se realizó en el presente trabajo sobre conflictos y despojos en la Selva Lacandona desde mediados del siglo pasado al actual, quedan claro diversas lecciones: las políticas ambientales y agrarias han traído una serie de consecuencias a los habitantes de la selva, sin embargo vale la pena destacar el papel que jugaron en un primer momento la política de colonización y la reforma agraria de los años sesenta propuestas por el Estado, al determinar que era oportuno la colonización del territorio con fines agrícolas, no considerando que ahí ya se asentaban campesinos y pueblos originarios desde los años cuarenta, que también habían sido invitados a la población de ese espacio por no contar con tierras propias.

Sin embargo, esto sería la continuación de una serie de irregularidades y traslapes de derechos por la tierra, que se verían agravados al inicio de los años 70 por el decreto de la Comunidad Zona Lacandona que, como se describe en páginas anteriores provoco que más de 40 comunidades de choles, tzotziles y tzeltales fueran consideradas como ilegales y provocara diferentes disputas por la tierra y que después de acuerdos entre dichos grupos “ilegales”, los lacandones y el gobierno se diera el surgimiento de dos nuevos poblados: Nueva Palestina y Frontera Corozal. Sin embargo, las luchas por el territorio seguirían, ya que como se describe anteriormente muchas de las comunidades asentadas con anterioridad al decreto de la CZL en la región se negaron a dicho despojo por parte del Estado.

Esto se volvería en una constante lucha por el territorio y el uso de los recursos que fue agravada por el instrumento de política conservacionista conocido como REBIMA, ya que el reciente espacio protegido decretado ocupaba 72% del territorio de la CZL, lo que exacerbó los conflictos por la tierra, adicional que comenzó un proceso de cambio sobre el uso de los recursos, limitando o restringiendo el acceso y uso a los mismos, considerando las zonificaciones de la propia Reserva, es decir la Selva Lacandona y la REBIMA se avocaron a la conservación, lo que trajo conflictos con las comunidades que se asentaban desde mucho antes de la declaratoria del ANP, y que hasta 2019 aún se encontraban en pleitos legales para su reconocimiento como propietarios.

Estas luchas continuarían debido a una larga data de invasiones a la Selva Lacandona, de las cuales muchas fueron solucionadas a partir de regularizaciones o expulsiones definitivas del territorio, sin embargo, a la fecha siguen en pie disputas por la regularización de comunidades asentadas en diferentes partes de la Reserva, cuestión evidenciada por Camacho y Trench en 2019. Adicional a todos estos problemas hay que sumarle los intervencionismos y negocios llevados a cabo por las instituciones gubernamentales y empresas sobre comunidades asentadas a la largo de la Reserva que han sido en diversas ocasiones desalojadas por cuestiones de “conservación”.

Sin embargo, ONG´s ecologistas han evidenciado los pactos del Estado con empresas internacionales para lograr estos desalojos dentro de la selva como ya se ha descrito en el apartado anterior. Además de sumar los intervencionismos institucionales que se han desarrollado en pro de la conservación, sin lugar a duda la Selva Lacandona se encuentra esclava de diversos conflictos, que es necesario solucionar a la brevedad para proveer de bienestar a las poblaciones asentadas en ese territorio y de esta manera abonar a su sustentabilidad.

De ahí que surge la pregunta ¿La solución a estos conflictos podría haber sido la propuesta de la SEMARNAT, realizada a finales del año 2019 por su titular Víctor Toledo? Al proponer la creación de una Reserva Biocultural en la Selva Lacandona, donde se respetarían los derechos de pueblos originarios, y se buscaría trabajar con una visión distinta a las Reservas de Biosfera que actualmente regulan este territorio. La respuesta seguirá en el aire, debido a que esta propuesta fue rechazada por un grupo de habitantes que representan al grupo originario lacandón.

El reto es complicado, ya que se requiere de voluntad política, cambios estructurales en las formas de organización de la CZL y de otras organizaciones involucradas, intercambio de experiencias, la apertura a nuevas propuestas que logre la fraternidad con todos los interesados y sobre todo una reforma en las políticas públicas ambientales y agrarias que vengan a promover la sustentabilidad, logrando que las poblaciones ahí asentadas puedan gestionar de manera sustentable sus territorios, logrando su bienestar y promoviendo la conservación del área con mayor biodiversidad del país.

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Notas de autor

markzm4@gmail.com