1. Introducción

La socialdemocracia ha sido una corriente de pensamiento político que, desde su surgimiento en el siglo xix, ha buscado implementar reformas sociales a través de la democracia liberal, diferenciándose tanto del capitalismo liberal como del comunismo revolucionario. A lo largo de su evolución, la socialdemocracia ha tenido un impacto significativo en la configuración del derecho laboral y la seguridad social, proponiendo que el Estado intervenga en la economía para proteger los derechos de la clase trabajadora y garantizar condiciones de vida más justas.

Este artículo tiene como objetivo principal analizar cómo la socialdemocracia evolucionó históricamente e influyó en la creación de leyes laborales y sistemas de seguridad social que hoy forman parte fundamental del Estado de bienestar. Para ello, se describirá el contexto histórico y político que permitió su surgimiento, se caracterizarán sus puntos esenciales y se compararán con otras ideologías como el liberalismo clásico y el marxismo.

A través de esta revisión histórica y teórica, se busca entender cómo la socialdemocracia, basada en la idea de libertad positiva, defendió la intervención del Estado para asegurar que la libertad no fuera solo la ausencia de coacción, sino también la posibilidad real de vivir con dignidad, libre de la explotación y la pobreza, mientras contribuyó a transformar las condiciones laborales y a establecer la seguridad social como un derecho fundamental.

2. Contexto social y político que antecede el surgimiento de la socialdemocracia

El liberalismo clásico de los siglos xviii y xix se encontraba en su etapa de mayor desarrollo y consolidación, en este sentido todo aquello que planteara una limitación a la libertad económica era visto como tendencia a un Estado encadenado.

Hacia el siglo xix, el capitalismo industrial en Occidente, contaba con un andamiaje doctrinario que lo respaldaba; un ejemplo paradigmático se puede encontrar en el filósofo y economista británico Adam Smith (2004), quien en su libro El origen de la riqueza de las naciones, publicado hacia el año 1776, planteó una justificación moral al ánimo de lucro y al egoísmo, elementos cuyo ejercicio periódico, por parte de quienes participan en el mercado, termina beneficiando a toda la sociedad.

En ese sentido, Smith (2004) defiende la idea de que el mercado se inunda de bienes y servicios como producto del egoísmo de una multiplicidad de personas que buscan su lucro individual, lo que deriva en un beneficio final para el consumidor, quien puede acceder a una variada oferta de aquellos, y cuyos precios se ven fijados en el marco de la libre competencia económica.

Desde esta ideología, el trabajo humano es otra mercancía más que se ve envuelta dentro del mercado, y la regulación de su valor estaría dada por la ley de oferta y demanda.

Las anteriores nociones pertenecen al cuerpo doctrinario del liberalismo clásico, pensamiento político que se desarrolló en el mundo en el marco de las revoluciones burguesas a lo largo de los siglos xviii y xix, que pretendían superar al antiguo régimen despótico feudal en el que la arbitrariedad de los gobernantes —reyes, nobleza y clero— y el ejercicio del poder no se encontraban limitados por ninguna clase de elementos que impidieran su práctica abusiva; práctica que se encuentra representada en la famosa frase del rey de Francia Luis XIV: “El Estado soy yo”,verificándose en aspectos como la frecuente imposición de tributos sin que los súbditos tuvieran participación a la hora de su configuración, de procesos de control de la vida privada y social de los individuos como la Inquisición católica, o de instituciones como los gremios con fuerte respaldo de las monarquías que impedían la libre competencia económica (Huberman, 2005).

Así las cosas, el poder feudal era sinónimo de abuso, y, por tanto, la burguesía actuaba desde el plano de la desconfianza permanente. En este sentido, la expresión que Montesquieu (2015) consignara en su obra publicada en el año 1748, denominada El espíritu de las leyes, resulta clarificadora: “Pero es una experiencia eterna, que todo hombre que tiene poder siente la inclinación de abusar de él, yendo hasta donde encuentra límites” (p. 205).

Benjamint Constant (1822), citado por Todorov (2012, p. 84), desarrolla lo planteado en el párrafo anterior en los siguientes términos: “La actividad del Estado debe reducirse al mínimo, es decir; a mantener el orden público. Más allá de ese límite todo es usurpación, todo lo demás debe ser libre”. En efecto, en la expresión todo lo demás se encontraba el ámbito del trabajo humano. Según esta lógica, y con la paulatina superación del fenómeno de la esclavitud, a partir del siglo xviii, el liberalismo entendía que los individuos participaban en condiciones de igual libertad contractual en el mercado, de ahí el establecimiento de nociones jurídicas básicas en el sistema económico burgués como la que expresa que el contrato es una ley para las partes.

Sin embargo, la facticidad contrastó con las ficciones ideológicas que el liberalismo planteaba. En la práctica no hizo sino demostrarse una realidad de la sociedad humana: que no todas las personas tienen igual libertad. En esa comprensión, resultan reveladoras las siguientes cifras, tomadas de la Organización Internacional del Trabajo (2015), que relatan el escenario de explotación a que se veían sometidos los trabajadores, antes de que esa libertad sin límites de la burguesía se viera intervenida por criterios morales de justicia y equidad: i) para 1910 el número total de niños estadounidenses que trabajaban se estimaba en dos millones; ii) los niños trabajaban desde los 5 años en las minas de carbón; iii) entre 1880 y 1890 se registraron más de dos mil explosiones en calderas en las fábricas de EEUU; iv) en Francia, en 1906, perecieron 1099 mineros en una explosión de polvo conocida como el desastre de Courriéres (Organización Internacional del Trabajo, 2015).

Abundan los episodios históricos relevantes que van en la misma línea que se viene narrando; entre ellos encontramos el ocurrido el primero de mayo de 1886, la masacre en Haymarket-Chicago, cuando las centrales obreras de esa ciudad realizaron una huelga en la que pretendían el establecimiento de las ocho horas de trabajo. Las autoridades ejecutaron sumariamente a los líderes de la huelga, lo que generó que en su honor se conmemorara esta fecha como día internacional del trabajo (Sadurní, 2020).

En esta misma línea, entre el 5 y el 6 de diciembre de 1928, en el municipio de Ciénaga, Magdalena, Colombia, ocurrió una masacre cuando los trabajadores de la multinacional bananera United Fruit Company entraron en huelga. Según Vega Cantor (2015), el representante de los Estados Unidos en Colombia, Jefferson Caffery, le comunicó a Washington que la masacre había producido más de 1000 muertos. Este episodio se dio en Colombia en el contexto político conocido como la hegemonía conservadora, en la que estuvieron en el poder una serie de gobiernos de derecha que trataron con dureza las reclamaciones sociales. Es así como, por la época, se aprobaron leyes como la Ley 69 de 1928 (Congreso de la República de Colombia, 1928) que proscribió las organizaciones sociales que amenazaran la propiedad.

Lo observado muestra cómo la libertad sin control derivó en una serie de abusos de parte de la burguesía dueña de los medios de producción de riqueza, como por ejemplo la generalización del trabajo infantil, jornadas laborales excesivas, trabajo sin condiciones de seguridad, no asunción de la responsabilidad de los empleadores por la ocurrencia de accidentes o enfermedades laborales, despidos arbitrarios sin justa causa y sin lugar a indemnización alguna, ausencia de un sistema de protección social que garantizara bajas remuneradas por incapacidad y cobertura para vejez, la invalidez o la muerte.

Henry Dominique Lacordaire (1848), citado por Todorov (2012), identificó el problema del abuso de la libertad de la burguesía frente al proletariado en el marco de la economía laissez-faire,con las siguientes palabras:

En la conferencia 52, que data de 1848, aborda en estos términos la cuestión de las libertades formales y las libertades reales: “Preguntad al obrero si es libre de marcharse del trabajo la madrugada del día en que debería descansar [...] Preguntad a esos seres marchitos que pueblan las ciudades industriales si son libres de salvar su alma aliviando su cuerpo. Preguntad a la multitud de víctimas de la avaricia personal y de la avaricia de un patrón si son libres de ser mejores”. Y concluye con esta frase, que se hizo famosa: “Entre el fuerte y el débil, entre el rico y el pobre, entre el amo y el criado, la libertad es lo que oprime, y la ley lo que libera” (p. 103).

Por otro lado, el materialismo histórico y dialéctico descubierto por Marx y Engels, y la formulación del pensamiento comunista, supuso la antítesis del liberalismo clásico, proponiendo como alternativa el reconocimiento de la inexorable fatalidad de la lucha de clases, el desmantelamiento de la democracia burguesa y el advenimiento de la dictadura del proletariado como fase de transición previa hacia una sociedad verdaderamente igualitaria.

A mediados del siglo xix, producto de duras realidades sociales, tanto de los trabajadores como de los campesinos, aparece el marxismo, que partía de la identificación de un dato inmoral en la sociedad capitalista: la plusvalía. Este concepto pasa por comprender que, para Karl Marx, el valor de un bien o servicio está representado en el número de horas de trabajo socialmente necesarias para su producción. Él se cuestionaba acerca de la fuente de la utilidad del capitalista, y sobre si el valor de un bien dependía del ya mencionado número de horas de trabajo necesarias para su fabricación. Teniendo en cuenta esas cuestiones, Marx (2014) llega a la conclusión de que, inexorablemente, el capitalista se apoderaba de una parte de las horas de trabajo del obrero, obteniendo de allí su utilidad. Esto para el padre del comunismo representaba la explotación del hombre por el hombre.

Además, Marx entendía que en el devenir histórico existía una ley irrefrenable que impulsaba el avance hacia otros estadios sociales: la dialéctica materialista. Para Marx, la historia de la humanidad era la lucha entre las múltiples clases sociales por los medios de producción de riqueza. Esta lucha se había dado en el pasado, por ejemplo, entre la monarquía y la burguesía, con los siervos debajo de la escala social. La monarquía explotaba a la burguesía al detentar el poder político sin consultarla. El ejercicio de dicha explotación se verificaba, entre otras cosas, cuando los monarcas establecían impuestos o restricciones al comercio, sin consultar a quienes detentaban el poder económico: los burgueses comerciantes (Marx & Engels, 2015).

Para Karl Marx y Friedrich Engels (2015), cuando las condiciones de explotación de una clase social sobre otra llegaban —por un devenir inevitable— a un grado de intolerabilidad, se producía una revolución violenta por parte de la clase social explotada, que implicaba para aquella la toma del poder, y la revocatoria del viejo orden político, social y económico. En ese sentido, cuando la burguesía triunfó sobre el viejo orden feudal, estableció su propio orden para reemplazar al anterior, fincado en el sistema de producción capitalista y derivando de aquel un sinnúmero de instituciones político-jurídicas como el Estado de derecho y los derechos civiles y políticos, necesarios para la pervivencia del régimen.

No obstante, argüía Marx, en el nuevo sistema capitalista, existía una clase social debajo de la burguesía: los otrora siervos ahora convertidos en el proletariado. Así las cosas, cuando en el nuevo orden capitalista la explotación del hombre por el hombre —plusvalía— llegase a condiciones extremas, los proletarios se rebelarían contra sus explotadores y tomarían el poder por la fuerza en una revolución. De este modo, expresaba Marx, la emancipación del proletariado implicaba la emancipación misma de toda la humanidad de un lastre que durante toda su historia la había acompañado: el conflicto (Marx & Engels, 2015).

Como por debajo del proletariado no hay otra clase social, cuando este tomase el poder, ya no habría más conflicto entre explotadores y explotados. Allí comenzaría la verdadera historia de la humanidad, un paraíso en la Tierra sin necesidad material para cada ser humano. Esta revolución proletaria sería llevada a cabo por una elite de filósofos que establecerían una dictadura encargada de tomar las medidas necesarias para acelerar la historia y producir el verdadero tránsito hacia el comunismo. Entre las medidas principales estarían la abolición de la propiedad privada, la nacionalización de las industrias y de la tierra, la centralización del crédito, el establecimiento de la educación pública y universal, el voto universal —ya que en la época en que vivió Marx el voto era censitario o burgués—, entre otras (Marx & Engels, 2015).

Las tesis marxistas se plantearon por él y sus seguidores a manera de postulados científicos, lo que quiere decir que sus formulaciones se podían considerar en términos de verdad, y toda otra posición ideológica o política que no reconozca la lucha de clases —materialismo histórico y dialéctico— es un pensamiento irracional y que no atiende a la realidad. Isaiah Berlín (2000), citando un pasaje de La ideología alemana de Marx y Engels (1932), obra escrita por estos últimos entre 1845 y 1846, deja claro la idea sostenida en las líneas precedentes:

A cierta persona se le ocurrió una vez que la gente se ahogaba en el agua sólo porque la obsesionaba la noción del peso. Pensaba que si sólo pudieran liberarse de esta idea, calificándola, por ejemplo, de supersticiosa o religiosa, se salvarían de todo peligro de ahogarse. Toda su vida luchó contra la ilusión del peso, respecto de cuyas deletéreas consecuencias las estadísticas le proporcionaban continuamente nuevas pruebas. Tal figura es el arquetipo de los filósofos revolucionarios alemanes de nuestros días (Berlín, 2000, p. 100).

De este modo, una corriente ideológica como el socialismo utópico sostenido por Robert Owen, quien dedicó toda su vida (1771-1858) a propugnar por el mejoramiento de las condiciones de vida de los trabajadores —fue pionero como empresario en la abolición del trabajo infantil, en la construcción de escuelas para los hijos de sus trabajadores, en el impulso a la fundación de sindicatos y cooperativas, y participó del cartismo, un movimiento que buscaba el sufragio universal para la clase obrera—, pero defendía esta militancia desde la noción de fraternidad humana entre clases, sería desde la óptica del marxismo un pensamiento irracional, no científico y meramente idealista: en el mundo material lo que existe entre clases es una lucha a muerte. Así como no se puede evitar la ley de la gravedad, no se podría evitar el conflicto entre clases, que irá hasta que la revolución proletaria elimine de la historia la última dialéctica.

Berlín, explicando este aspecto de la doctrina de Marx, señala:

De ahí el menosprecio que le inspira a Marx la común suposición de los liberales y utilitaristas, según la cual, y puesto que los intereses de todos los hombres son, en última instancia —y siempre lo han sido—, los mismos, cierto grado de buena voluntad y benevolencia de parte de cada cual puede permitir llegar a una suerte de consenso satisfactorio para todos. Si la guerra de clases es real, tales intereses son totalmente incompatibles. Sólo puede negarse este hecho por estupidez o cínico desprecio de la verdad, y ello constituye una forma de hipocresía peculiarmente viciosa o autoengaño repetidamente registrado en la historia (Berlín, 2000, p. 22).

Marx no vivirá para ver sus tesis implementadas, pero cuando sus herederos tuvieron la oportunidad de hacerlo durante gran parte del siglo xx, eliminarían la democracia deliberativa que suponía la existencia plural de partidos políticos en el parlamento. La piedra angular de esta acción es que, si el marxismo es científico, no se necesitan visiones erradas o falsas de la realidad humana en el poder político.

Ahora bien, teniendo en cuenta los elementos explicados atrás, para el marxismo el derecho laboral no sería más que una parte de las instituciones de la superestructura burguesa, diseñada para mantener y perpetuar su dominación sobre la clase trabajadora. Quien detenta el dominio de los medios de producción de riqueza —infraestructura—, establece las condiciones jurídicas y políticas de dominación de la clase explotada. Pero el proletariado para Marx no está condenado a la fatalidad: cuando este, por la ley irresistible de la historia —materialismo histórico y dialéctico— derroque el viejo orden burgués, no habrá más derecho, pues no habrá más explotación del hombre por el hombre y, en consecuencia, no habrá más conflicto de clases.

Ya durante el siglo xx, cuando en medio de la Revolución bolchevique, Lenin tomó las medidas económicas que Marx había anunciado, en concreto la nacionalización de las industrias, se demostró que el fin de la dialéctica prometida por el comunismo no se materializó. Los trabajadores —a pesar de que en el papel contaban con la garantía de las 8 horas de trabajo— estaban sometidos a fuertes jornadas laborales y otras duras condiciones de trabajo para cumplir con las cuotas de producción establecidas por los comisarios del Partido Comunista. Esto naturalmente provocó huelgas generalizadas contra el gobierno. Mauricio Rojas (2017) cuenta cuál fue la reacción de Lenin, quien expresó unas palabras que parecieran pronunciadas, en términos marxistas, por un burgués explotador:

cuantos infringen la disciplina del trabajo en cualquier fábrica, en cualquier empresa, en cualquier obra, son los culpables de los tormentos causados por el hambre y el paro; [por ello] es necesario saber descubrir a los culpables, entregarlos a los tribunales y castigarlos sin piedad (Rojas, 2017, p. 108).

Quedaba claro entonces que la dictadura del proletariado no significaba el fin del conflicto y de la explotación del hombre por el hombre. Simplemente en esta nueva fase de la historia, el Partido Comunista seguía explotando a los trabajadores, tal cual como lo habían hecho los burgueses. No apareció ningún paraíso de bienestar material en la Tierra. Inclusive, el ejercicio del derecho humano a la libertad sindical, algo tan inmanente a los intereses de la clase trabajadora, en el régimen bolchevique, se llegó a apreciar como contrarrevolucionario.

Un camino distinto al comunismo, y de hecho con raíces más antiguas, fue el denominado socialismo utópico que se gestó durante la primera mitad del siglo xix, pero que en adelante fue reivindicado durante todo el resto de la centuria. Se trata de un conjunto de movimientos y pensadores que, por tener pretensiones de un igualitarismo basado en la moral, se diferencian radicalmente del cientificismo comunista. Son exponentes de esta corriente —y no solo desde la teoría sino desde la acción— el británico Robert Owen, el movimiento cartista y la Sociedad Fabiana, y, en Francia, Charles Fourier, Henri de Saint-Simon y Louis Blanc.

Para Ruiz Miguel (1992), en el fabianismo se pueden encontrar las raíces de la socialdemocracia y del laborismo británicos. Estaba conformado por un grupo de intelectuales que propugnaba por reformar el capitalismo liberal mediante un proceso progresivo y gradual a través de la expansión del sufragio universal a favor de los proletarios y del control por parte de los trabajadores de las principales fuentes de producción de riqueza. Los fabianos sostenían que la vía revolucionaria era más un medio aparente que real de cambio, según la idea general de que era imposible construir una utopía mediante un proceso inmediato y radical.

3. La socialdemocracia

En el último tercio del siglo xix aparece un pensamiento posterior al socialismo utópico, que bebió de él, y también alternativo al comunismo: la socialdemocracia. Tuvo sus orígenes remotos en el programa de Gotha de 1875, que representó la creación del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), fruto de la fusión de dos organizaciones políticas: Unión General Alemana de Trabajadores y el Partido Socialdemócrata de Trabajadores. El programa de Gotha fue duramente criticado por Marx por cuanto, para él, se ocupaba de las consecuencias de la redistribución desigual de la riqueza y no de las causas (Barragué, 2019).

De lo anterior se puede concluir que la socialdemocracia ya trazaba una vía reformista distinta a la del comunismo que optaba por una vía revolucionaria. Mientras la socialdemocracia se centraba en las consecuencias más nefastas de la economía de libre mercado, el comunismo pretendía ocuparse de sus causas estructurales, entre ellas la plusvalía.

A inicios del siglo xx, Eduard Bernstein, albacea testamentario de Friedrich Engels y uno de los dirigentes más relevantes del Partido Socialdemócrata Alemán (SPD), quien tuvo contacto con la Sociedad Fabiana, planteó una crítica revisionista de Marx. No se encontraba cómodo con la abolición de la democracia deliberativa —de la cual es elemento fundamental el pluralismo de partidos políticos—, y presentaba serios reparos a la teoría de la plusvalía. Por ello este pensador y líder político argumentó que la abolición de la propiedad privada no era un fin en sí mismo, pues la finalidad primordial del socialismo era el establecimiento de condiciones de vida digna para los trabajadores, y esto se podía lograr también con la intervención del Estado en la economía (Ruiz Miguel, 1992).

Igualmente, Bernstein evidenció que la pauperización progresiva de las condiciones de vida de la clase obrera era falsa; ya para entonces había legislación laboral y de seguridad social, y los trabajadores vivían, por ende, mejor que antes. También encontró que la sociedad de su época era mucho más compleja, había una creciente clase media, y también trabajadores independientes. Esto mostraba que ni el proletariado ni mucho menos la burguesía eran clases uniformes (Ruiz Miguel, 1992).

Los motivos más inmediatos del revisionismo deben buscarse sobre todo en la situación económica y social de la Alemania del último cuarto de siglo, que conoce tal bonanza y prosperidad que la convierten en la primera potencia europea. Ese ascenso económico, apreciable también en el resto de Europa, contrastaba agudamente con las previsiones económico-sociales que se desprendían del marxismo entendido al modo ortodoxo y Bernstein tuvo el indudable mérito de formularlo en términos amplios y sistemáticos. Con todo, la argumentación de Bernstein, que dedicaba un buen espacio al análisis de la teoría marxista del valor, a una cerrada crítica de las previsiones económicas de Marx sobre la polarización de las dos clases antagónicas en detrimento de las capas medias y del derrumbamiento del capitalismo y, en fin, a una consideración de las implicaciones políticas de esos errores, asentaba todo ello en una interpretación más general sobre el alcance y las insuficiencias del marxismo como doctrina (1899, caps. I y XI). Y es así como las reflexiones de Bernstein fueron el detonante de una discusión más profunda que tenía sus orígenes últimos, de carácter filosófico, en el neokantismo, que no en vano fue también el caldo de cultivo del núcleo central de la polémica a que la reacción revisionista dio lugar (Ruiz Miguel, 1992, pp. 220-221).

Para inicios del siglo xx, la teoría de la plusvalía ya podía verse, por su abstracción, como una simplificación de la realidad económica. De este modo, el valor de un bien o servicio no se encuentra determinado solamente por el trabajo invertido por el obrero en la fase de producción, sino también en nociones como la utilidad que los consumidores tenían sobre aquellos.

Para la época ya se conocían nuevas teorías sobre el valor del trabajo como las de Carl Menger, William Stanley Jevons y León Walras, que explicaban que la utilidad del capitalista provenía del hecho de que el trabajador no corría los riesgos de la actividad económica posteriores a la fabricación del producto: riesgos como la venta, la competencia económica, imprevistos, etc., son los que justificaban esa utilidad del patrono. En ese sentido, el salario del trabajador era un pago por la producción de bienes o servicios, descontado este riesgo. Tanto era así que, a pesar de que el capitalista no gane dinero una vez intente vender su producto en el mercado, debía pagar los salarios de sus trabajadores, ya que aquellos eran ajenos al riesgo de la actividad económica. Si el trabajador quería apropiarse del cien por cien del producto de su esfuerzo, debía cooperativizarse y recibiría todo el valor de su producción una vez vendido el bien o servicio. Ahora bien, materialmente la socialdemocracia no abandonó la tesis de la plusvalía de Marx, pero sí la morigeró teniendo en cuenta ideas como las esbozadas en el párrafo anterior.

Un elemento que evidencia la impronta imborrable del enfoque socialdemócrata frente al derecho laboral y de la seguridad social es la idea que la Organización Internacional del Trabajo actualmente defiende acerca de estos conceptos, que se manifiesta en la noción de trabajo decente. Dicho concepto se encuentra actualmente consagrado como el objetivo de desarrollo sostenible (ODS) número 8, a alcanzar antes del año 2030, formulado por la Organización de las Naciones Unidas (2015).

La Organización Internacional del Trabajo (s.f.) ha sostenido que el trabajo decente se encuentra integrado a su vez por cuatro pilares fundamentales que son los siguientes: creación de empleo, protección social, derechos en el trabajo y diálogo social. Obsérvese como uno de estos pilares, en específico el del diálogo social, implica la aptitud abierta de transigir entre los diversos sectores que intervienen en el mundo del trabajo —empleadores, trabajadores y Estados—, lo que supone de suyo el rechazo de un marxismo científico en el que no existe espacio de discusión acerca de la forma como debe estar configurada la sociedad, y en el que la aversión utópica a los métodos revolucionarios se considera una actitud a la que se le califica peyorativamente de conservadora o pequeño burguesa.

Se pasa así de la idea de intereses irreconciliables, propia de la lucha de clases, a la idea de fraternidad. Monereo Pérez (2011) denomina ius socialismo a las reformas legales que tratan de dignificar las condiciones de vida de la clase obrera, logradas en el marco de la democracia liberal como producto del compromiso entre diversos sectores que participan del conflicto de clases.

En esta nueva coyuntura los partidos socialistas no sólo participaron en los procesos políticos electorales, sino que a menudo establecieron compromisos con otros partidos, respecto a programas (programas mínimos) de carácter social, encaminados a la mejora de las condiciones vida y trabajo de las clases trabajadoras. De este modo, el socialismo político se tradujo también visiblemente en iussocialismo (Monereo Pérez, 2011, p. 13).

4. La socialdemocracia después de la Segunda Guerra Mundial frente al derecho laboral y de la seguridad social: nace el Estado de bienestar

La Segunda Guerra Mundial estuvo simbolizada en la lucha contra el fascismo. Luego de su derrota, la socialdemocracia como ideología moderada de izquierda siguió jugando un papel fundamental en los países occidentales frente al fortalecimiento del derecho al trabajo en condiciones dignas y justas, así como de la seguridad social. De esta manera, en Inglaterra, el Partido Laborista —un partido socialdemócrata— propinó en 1945 una gran derrota electoral a los Tories de Winston Churchill —partido conservador—, con la promesa de llevar a cabo un ambicioso programa de política social basado en el famoso Beveridge Report, un informe documental construido por el economista británico William Henry Beveridge (2008), por solicitud del Gobierno, en el que se pronunciaba a favor de la construcción de un sistema de seguridad social universal para derrotar lo que él llamaba los cinco gigantes malditos: la necesidad, la enfermedad, la ignorancia, la miseria y el ocio.

El Partido Laborista británico, una vez en el poder, implementaría sus aspiraciones sociales que se conocerían con el nombre de Whelfare State —Estado de bienestar—, ubicando el énfasis de su acción en la redistribución de la riqueza a través del ofrecimiento a la población de servicios sociales universales. En ese sentido, resulta relevante mencionar por ejemplo la creación del National Health Serviceen 1948, llevada a cabo por el ministro de Salud Aneurin “Nye” Bevan, quien durante su niñez había sido minero y conocía los problemas de salud a que se enfrentaban los trabajadores ante la ausencia de un sistema público y universal de salud, ya que muchos no podían acceder a estos servicios por falta de recursos económicos. Con relación al Welfare State, Silva Triste (2005), manifiesta lo siguiente:

La socialdemocracia de la posguerra consideró que ese desarrollo social se lograría en una sociedad capitalista y decidió que una vez estando en el poder, el procedimiento era llevar a cabo reformas sociales y no cambios sustanciales en la organización política del Estado. Aun cuando los socialdemócratas vieron posible el cumplimiento de sus objetivos bajo el capitalismo, rechazaron la teoría del laissez faire y más bien consideraron que el Estado debería tener una participación más activa en la economía. “El enemigo no era el capitalismo en general, sino una forma particular del mismo: el desregulado, el del laissezfaire”. Es así entonces que se adopta el Estado de bienestar y la política de nacionalizaciones con orientación socialdemócrata, destacando el primero en Suecia y la segunda en Gran Bretaña (p. 67).

Un hito importante que confirmaría esta tendencia sería la expedición en el año 1959 por parte del SPD alemán del programa de Bad Godesberg, en el que esta corriente de la izquierda política renunció a proclamar últimas verdades, en referencia a un abandono de los aspectos cientificistas del marxismo. El socialismo no era una conclusión inevitable de la historia, sino que tenía una base eminentemente moral, como lo había sostenido a principios del siglo xx Eduard Bernstein. Adicionalmente este programa político, establecía una consigna: tanto mercado como fuera posible, tanta intervención del Estado como fuere necesaria. Frente al tema, Ruiz Miguel (1992) expresa:

Desde el punto de vista ético-político, el programa de Bad Godesberg establecía una decidida identificación entre socialismo y democracia, entendida como sometimiento de todo poder al control político, cuya realización exigiría “un nuevo orden económico y social” conforme con “los valores fundamentales del pensamiento socialista”: “la libertad, la justicia, la solidaridad y la mutua obligación derivada de la común solidaridad”. Este nuevo orden, sin embargo, no se condensaba en la fórmula tradicional de la socialización de los medios de producción, sino que se consideraba compatible con la economía de mercado y con la propiedad privada controladas, hasta el punto de que el ideal social que se proponía era más bien la sociedad liberal igualitaria en la que todos los hombres, por propia decisión, puedan construir con crecientes ingresos un capital propio (1992, p. 257).

Dadas las diferencias sustanciales de la socialdemocracia con el marxismo, consignadas en instrumentos de partidos políticos como el referido arriba, a nivel internacional surgió en 1951 una organización que agruparía a los partidos políticos que compartían la misma visión de izquierda democrática. Esta organización se denominaría La Internacional Socialista, y sus posiciones políticas fueron recogidas en su declaración de principios de 1989, entre los que figuran la defensa de los derechos y las libertades individuales, el pluralismo político y los derechos económicos sociales y culturales (Internacional Socialista, 1989).

Finalmente, Acemoglu y Robinson (2020) aseveran que las políticas del Estado bienestar sueco se enfocaron en proteger varias contingencias que afectaban la vida de sus ciudadanos, como la salud, las pensiones, los subsidios al desempleo, un sistema educativo igualitario y con calidad. De esta manera, Suecia se colocó a la cabeza en el mundo en cuanto a reducción de la pobreza.

Ahora bien, la visión socialdemócrata del derecho laboral y de la seguridad social, del Estado y la economía —no planificada pero intervenida— se vería amenazada por un neoconservadurismo de derecha surgido a partir de los años ochenta del siglo xx, cuyos paladines en lo político fueron Margaret Thatcher y Ronald Reagan. En lo teórico, esta corriente fue impulsada por pensadores del mundo económico como Ayn Rand, Murray Newton Rothbard, Ludwig von Mises, Friedrich von Hayek, Milton Friedman y Robert Nozick. El cuerpo doctrinario que edificaron se conocería por sus críticos como neoliberalismo —aunque lo cierto es que ellos no aceptan ese apelativo y se autodenominan como liberales—. Su pretensión es la reducción mínima del Estado y la proscripción de toda intervención de este en el plano económico; y en muchos casos, como el de Rothbard, la privatización total del ente público.

Según Oxfam (s.f.), mientras que el 1 % más rico de la población mundial posee más del doble de riqueza que 6900 millones de personas, casi la mitad de la humanidad vive con menos de 5,90 dólares al día. Igualmente, la reconocida organización no gubernamental señala que en el mundo tan solo 4 centavos de cada dólar recaudado por los Estados se obtienen a través de impuestos a la riqueza y que los superricos eluden hasta el 30 % de sus obligaciones fiscales. Este aspecto significa para Oxfam que los gobiernos cuentan cada vez con menos dinero para servicios básicos como la educación y la salud.

Un frente teórico contrario al neoliberalismo y en conexidad con la socialdemocracia es el que está representado por las ideas sobre justicia que defendió John Rawls desde 1971. Rawls se oponía a la noción utilitarista de justicia planteada por filósofos como Jeremy Bentham durante el siglo xix. El punto nuclear de esta doctrina es que el mayor número de bienestar para el mayor número de personas justificaría el medio para llegar a este fin. Siguiendo ese pensamiento, sería legítima la violación de los derechos de una pequeña parte de la población, si aquello permitiese el mayor beneficio de muchos (Barragué, 2019).

Ahora bien, Rawls propone un enfoque distinto: las desigualdades serían perfectamente legítimas si beneficiaran no a una mayoría, sino a todos los peor situados dentro de la esfera social:

La noción de la justicia social de Rawls se propone desarrollar un índice que contenga todo aquello que los ciudadanos de sociedades plurales necesitan para perseguir sus proyectos de vida. Este índice se articula en términos de “bienes primarios”, que incluyen tanto los naturales como los sociales. Los bienes primarios naturales son, básicamente, los talentos innatos (en el caso de Messi, por ejemplo, jugar al fútbol). Los bienes primarios sociales se dividen en tres categorías: derechos y libertades fundamentales, oportunidades y, por último, riqueza e ingresos. Son estos bienes, oportunidades y recursos económicos los que van a redistribuir la sociedad justa de Rawls, de acuerdo con dos principios: igualdad para las oportunidades y las libertades fundamentales, y prioridad para los recursos económicos (porque su redistribución ha de mejorar tanto como sea posible la situación del grupo social más vulnerable). La visión de la justicia social de Rawls justifica así una fuerte redistribución, que exige no solo la mejora sino también la maximización de la posición de los más pobres (Barragué, 2019, p. 21).

Se puede afirmar entonces, a manera de conclusión, y con base en lo expresado a lo largo de esta construcción académica, que el enfoque socialdemócrata frente al derecho laboral y de la seguridad social se encuentra cimentado en la idea de libertad positiva propia del Estado de bienestar y del Estado social de derecho. En este sentido, no existiría libertad allí donde haya dominación o temor, y por ende donde existan relaciones asimétricas de poder, como en el ámbito del trabajo, será necesaria una intervención del Estado para evitar la servidumbre.

Resulta así preciso terminar este artículo citando a William Beveridge, uno de los padres de la seguridad social, quien escribió lo siguiente en un panfleto de 1945, titulado Why I am a Liberal (¿Por qué soy liberal?):

La libertad significa algo más que autonomía frente al poder arbitrario del gobierno. Significa autonomía frente a la servidumbre económica de la carencia y la miseria y otros males sociales; significa autonomía frente al poder arbitrario en cualquier forma. Un hombre que se muere de hambre no es libre (Acemoglu & Robinson, 2020, p. 612).

5. Conclusiones

1. A partir de la Revolución Industrial a finales del siglo xviii y durante todo el siglo xix, el capitalismo laissez-faire generó condiciones de explotación económica que impactaron fuertemente a la naciente clase trabajadora, lo que evidenció la necesidad de un cambio en la forma en que se organizaban las relaciones laborales y económicas.

2. Estas condiciones de explotación surgieron como resultado del predominio del liberalismo clásico, que defendía la no intervención del Estado en la economía, permitiendo que el mercado funcionara sin restricciones y dejando a los trabajadores expuestos a condiciones de abuso y desigualdad.

3. En este contexto, emergieron ideologías de izquierda que buscaban ofrecer un modelo alternativo al capitalismo liberal. Entre ellas, el comunismo y la socialdemocracia se destacaron como propuestas que ofrecían respuestas distintas a los problemas de explotación y desigualdad.

4. El comunismo se presentó como una corriente cientificista que promovía una revolución violenta y la instauración de una dictadura del proletariado como la vía para eliminar la explotación capitalista. Este enfoque se consideró incompatible con la democracia pluralista y parlamentaria.

5. En contraste, la socialdemocracia heredó la dimensión moral del socialismo utópico y optó por la vía democrática y reformista, rechazando la lucha de clases como un destino inevitable y defendiendo la idea de que el socialismo debía construirse a través de la democracia y el respeto a las instituciones republicanas.

6. La socialdemocracia, a partir de la segunda mitad del siglo xix, planteó la necesidad de intervenir en la economía y de introducir reformas sociales que respetaran el pluralismo político y las libertades individuales, proponiendo la creación de leyes laborales y el reconocimiento del derecho de asociación sindical como mecanismos para proteger a los trabajadores.

7. Durante la Segunda Guerra Mundial, el fascismo se presentó como un enemigo tanto del comunismo como de la socialdemocracia, persiguiendo y suprimiendo los derechos laborales y sindicales. Sin embargo, tras la derrota del fascismo, la socialdemocracia recuperó su impulso y se consolidó en la construcción de Estados de bienestar, como en Inglaterra y Suecia.

8. Los partidos socialdemócratas en el período de posguerra implementaron modelos de Estado de bienestar que garantizaron derechos laborales y sistemas de seguridad social, asegurando un mayor grado de justicia social y construyendo sociedades más equitativas y democráticas.

9. El enfoque socialdemócrata hacia el derecho laboral y la seguridad social se basa en la idea de la libertad positiva, entendiendo que la verdadera libertad implica la intervención del Estado para garantizar que las personas no vivan en condiciones de explotación o pobreza.

10. La socialdemocracia se constituyó como una respuesta equilibrada entre la libertad y la igualdad, ofreciendo un camino democrático para construir sociedades más justas. Su evolución y su contribución al desarrollo del derecho laboral y de la seguridad social demuestran que la intervención estatal no es solo compatible con la democracia, sino esencial para asegurar la libertad y dignidad de todos los ciudadanos, cumpliendo así el propósito central que el artículo planteó en su introducción: la construcción de un sistema que les permita a los trabajadores y a los sectores más vulnerables vivir con dignidad y justicia.

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Información adicional

Cómo citar: Paz-Gil, M. F.; Diez-Castaño, J. F. (2024). Evolución del pensamiento socialdemócrata y su impacto en el derecho laboral y la seguridad social. Nuevo Derecho, 20(35): 1 – 16. https://doi.org/10.25057/2500672X.1659