Corrupción y fraude: el cáncer que destruye la economía colombiana

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La sociedad colombiana cuenta con muchos ejemplos de corrupción que han sido aceptados por ser de menor grado y que han pasado a formar parte del diario vivir de las personas, institucionalizándose como una cultura que admiten tanto los beneficiados como los afectados. Se pueden mencionar algunos de ellos: el no respetar la fila para el ingreso de vehículos a los estacionamientos; ingresar tarde a los espectáculos públicos y pasar por alto la llegada temprana de otros asistentes; llegar de último e ingresar primero en el TransMilenio; no respetar las filas en las entidades bancarias o solicitarle al que se encuentra primero que le cuide el puesto mientras hace otra diligencia; llevar regalos a los empleados públicos para que agilicen los trámites, las solicitudes de crédito y otros similares. A un nivel que reviste mayor impacto se encuentran actuaciones como el tráfico de influencias para alcanzar cargos o favores —tan común en toda clase de organismos públicos y privados—, los sobornos para agilizar operaciones y el abuso de poder de ciertos directivos en las empresas.

En un artículo de febrero de 2017, en el periódico El Tiempo, titulado “La gran corrupción comienza con actos pequeños”, cuyo contenido analiza las acciones de los corruptos desde el punto de vista biológico, psicológico y cultural se llega a la conclusión de que los corruptos tienen factores cerebrales que los diferencian de los no corruptos (Fernández, 2017).

Los actos de corrupción no empañan solamente al sector político, privado, público y a la contratación administrativa, ya que toda persona —sea cual sea su condición o posición social— tiene obligaciones y deberes que cumplir ante la sociedad.

En el mundo empresarial se han presentado muchos casos de corrupción que afectan la imagen y los beneficios de las empresas y sus accionistas, lo que deteriora su reputación y a sus familias. La firma brasileña Odebrecht sobornó contratos a través de Petrobras y financió campañas de presidentes, en Colombia sobornó y compró contratos de infraestructura con el gobierno y el sector privado como la carretera Ocaña-Gamarra en la que se involucraron el Grupo Aval y dos exministras del gobierno Santos; el presidente de la filial Odebrecht en Colombia, declaró que había financiado la campaña de reelección a la presidencia de Juan Manuel Santos (El Espectador, 2017; Dinero, 2017); al político Otto Bula, quien actuó como intermediario ante congresistas con el pago de coimas para la aprobación de contratos se le condenó por su participación; el gerente de la campaña a la presidencia de Santos en 2014, Roberto Prieto, fue sancionado por tres delitos e irregularidades en la Ruta del Sol III y haber recibido 650 millones de pesos. La contratación en el período de administración distrital en Bogotá de Samuel Moreno Rojas estuvo permeada por la corrupción y tiene a varios empresarios, funcionarios públicos y políticos en la cárcel.

Hay hechos que salpican a la más importante institución jurídica del país. Y otros que son una muestra de la corrupción política que envuelve al Congreso. Uno de ellos es lo encontrado en la Corte Constitucional con la vinculación por sobornos de los exmagistrados Camilo Tarquino, Francisco Ricaurte y Leonidas Bustos; otro es la manipulación de los jefes de partidos políticos en la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes para que no prosperara el proceso de investigación contra Juan Manuel Santos por los dineros que ingresaron a sus campañas (Semana, 2019).

A su llegada a Nápoles y Pompeya, Francisco I dijo: “la corrupción apesta”; y si la corrupción apesta es porque el cuerpo hiede por su avanzada descomposición. Colombia no está lejos de que se le asigne también este calificativo dada la corrupción que envuelve a la sociedad, al sector político, al sector privado y al sector público. La justicia — que es la encargada de corregir estas deficiencias y castigar a los delincuentes— también se encuentra permeada por dineros sucios y sobornos, el engaño y la influencia política.

No se puede pasar por alto otro sector investigado por la corrupción como lo es el educativo, por ejemplo: se cuestionan 20 universidades entre ellas la Corporación Universitaria de Colombia IDEAS, la Universidad Autónoma del Caribe y la Corporación Escuela Artes y Letras (Publimetro, 2019); sin contar con otros actos de corrupción no tan abiertos a la luz pública relacionados con la vinculación de familiares de vicerrectores a cargos directivos sin la suficiente preparación, la venta de diplomas y los acuerdos entre instituciones para hacer crecer el negocio educativo.

(i) la aceptación social detodaclase de prácticas: la sociedad ha aceptado prácticas de ejecutivos en el sector empresarial, de políticos y funcionarios públicos que han demostrado bajo nivel profesional, pero que se destacan por su astucia y habilidad para evadir normas y llegar fácilmente a apropiarse de los dineros del tesoro público o dineros privados. En esta sociedad priman los valores externos, el que tiene más dinero mal habido es aplaudido en los eventos sociales y públicos y es reconocido por llegar a ocupar altos cargos en empresas del Estado o del sector privado.

Para Fernández (2017) la familia, la escuela y la sociedad refuerzan la corrupción, afirmación totalmente válida por cuanto los corruptos actúan en una sociedad corrupta que les reconoce por sus logros fundamentados en la sociopatía, enfermedad que se caracteriza por transgresiones morales con manifestaciones de audacia y mezquindad.

(ii) La evasión de responsabilidades con el Estado: el concepto de corrupción se traduce en un despilfarro de los dineros públicos que se entregan a los cabecillas políticos o en la toma personal de esos dineros que se iban a destinar a sectores como la salud, la educación, la infraestructura, la seguridad; esto induce a los ciudadanos a una menor tributación bajo el argumento de que no pagan sus impuestos porque los dirigentes se los roban. En consecuencia, con la corrupción se deteriora el tejido social debido a que los ciudadanos piensan que los gobernantes no son honestos. De esta forma se comienza a legitimar la práctica de la evasión de impuestos por considerarse que es una pérdida de tiempo y de dinero el cumplir con las obligaciones tributarias. La evasión es una forma de corrupción que reduce los ingresos del gobierno para destinar al gasto social.

(iii) La contratación administrativa con entidades del Estado: la forma más preocupante de corrupción se encuentra en la contratación administrativa debido a la intervención política, en especial en la contratación del sector público y oficial aparecen sobrecostos en las propuestas y contratos; actividades que deben hacerse y no se hacen, dinero que se gasta en cosas que no son necesarias, contratos que se hacen con amigos o a referidos para pagar favores políticos.

En este sentido se afirma que hay una dimensión cultural en la que se legitima cierta forma de corrupción y se estigmatiza otra. El cambio en América Latina obliga a estigmatizarlas a ambas. Es la corrupción de los partidos políticos y de las figuras destacadas que logran manipular los procesos contractuales de inversión o contratos laborales a cambio de conseguir una coima o ayuda económica, así como un empleo futuro para sí mismo o un familiar al cumplirse el período laboral en el cargo. Del mismo modo se puede extraer la conformación de una estructura de corrupción en diferentes niveles del Estado y del sector empresarial.

(iv) La construcción de las normas: se financia una campaña electoral para que se haga una normativa que favorezca a los donantes, que se reduzcan erogaciones u obligaciones que debían cumplirse al pagar menos impuestos. Aquí lo que se busca es la ‘captura’ de un funcionario del Estado.

En el fondo, lo que ocurre con posterioridad es el no pago de impuestos por compensación de favores. El regulador puede tener expectativas diferentes al recibo de dinero y espera convertirse en un funcionario del regulado con posterioridad o tener un cargo como ayuda para un familiar. Se toman en el gobierno decisiones que favorezcan a una persona, a una empresa o un grupo económico.

Así las cosas, el regulador genera las regulaciones a favor del regulado y no en función del beneficio social.

Los cuatro principales tipos de corrupción tienen consecuencias de trascendencia económica y social. En todos los casos hay una aceptación y desmoralización del ciudadano, pues a nadie le importa nada y nunca pasa nada. A nivel de la economía del país, queda la imposibilidad de atender las necesidades sociales y cumplir con el propósito fundamental de crear el bienestar de la población como principio que debe regir las decisiones del Estado.

Se genera un escepticismo entre las personas que permite que la figura de la corrupción se arraigue en los sectores empresariales y gubernamentales. Por tanto, todavía es actual lo expresado en 1996 por James D. Wolfensohn presidente del Banco Mundial: “la corrupción es un cáncer que entra socialmente y se vuelve indestructible, avanza y nadie hace lo posible por destruirla llegando a convivir con ella”. Jim Yong Kim, también presidente de este organismo, afirmó públicamente que “la corrupción es el enemigo público número uno”.

Otras causas se presentan en el dilema moral. La codicia de las personas lleva a un dilema para decir ‘si’ o ‘no’ a un soborno o a una decisión de enriquecerse fácilmente. Aquí se presenta un problema de fondo muy profundo que se debe explorar en el interior, a saber: ¿hasta qué punto como profesionales hay que ceder a esa tentación de hacer dinero fácil? Sencillo, el objetivo es hacer dinero desde los cargos que se ocupen en el sector público y privado.

Hay un dicho que dice: “en arca abierta, el justo peca”. Esto porque el sistema lo permite. En la mayoría de las veces las decisiones no son transparentes, son opacas, no hay una supervisión objetiva del ciudadano y cuando existen las sanciones no se castiga severamente al culpable. No es correcto aprovechar la oportunidad dada, si se ha recibido una buena educación en casa y esta es reforzada en el colegio.

Por último, el pueblo colombiano ha perdido la confianza en las instituciones jurídicas por el tipo de sanciones que se aplican.

La situación actual requiere de un tratamiento profundo y de un cambio total porque está demostrado que el cáncer de la corrupción está sin control. La solución no es cambiar unas políticas por otras, no es cambiar las personas, no es hacer más leyes y pronunciar más amenazas, es cambiar el sistema.

La educación desde el hogar, los colegios y las universidades tiene que estar fundamentada en la moral, los valores y la responsabilidad social. Los padres tienen una gran responsabilidad en este sentido para que sus hijos obren con transparencia y dejen el dinero a un lado como único fin.

A los hijos hay que enseñarles el valor de las cosas, no el precio. Hay que llevarlos a que identifiquen estos conceptos y que en sus acciones cambien el precio de las cosas por el valor de las cosas; bajo esta premisa se debe buscar la formación del niño y del profesional. Se necesita un buen ejemplo de los padres y un rechazo de la sociedad hacia los corruptos.