Introducción

La discusión sobre la legitimidad política presupone el gobierno de la razón, es decir, toda pretensión de legitimidad debe estar justificada desde la naturaleza de los argumentos y razones sobre, entre otros temas, la participación política, el ejercicio de justicia y el ejercicio del poder que otorgan las personas como sujetos políticos a su sistema de gobierno (Habermas, 1981; Netelenbos, 2016; Rawls, 2001). En este escenario, se esperaba que los sistemas democráticos, a partir de la legitimidad de sus instituciones y autoridades, puedan combatir a los poderes privados, no razonables y conservadores relacionados al antiguo régimen de tipo realista y eclesiástico (Beetham, 1991; Dogan, 2009; Netelenbos, 2016; Rawls, 1971; Taylor, 1997).

La tradición académica sobre el estudio de la legitimidad señala que la toma de decisiones dentro de un sistema político está coordinada por el poder legítimo del gobernante y la estructura jerárquica del poder político (Beetham, 1991; Matheson, 1987; Netelenbos, 2016). Para responder a contextos modernos de transformaciones y cambios en las formas de gobierno del orden social (Ciobanu, 2010; Costa-Lopes et al., 2013; Etzioni, 2011; Kriesi, 2013), el fenómeno de la legitimidad requiere reconocer cómo ésta se produce y cuál es su relación con la percepción de los ciudadanos (Brussino & Alonso, 2021; Von Haldenwang, 2016; Wiesner & Harfst, 2022), más aún en contextos de fragilidad democrática como el de sociedades Latinoamericanas (Delfino, 2020; Levitsky & Ziblatt, 2021; Levitt, 2015; Vergara, 2018; Zapata & Rojas, 2013).

El concepto de legitimidad política es amplio y complejo, por lo que requiere delimitarse para una adecuada aproximación empírica (Von Haldenwang, 2016). La característica que resulta ser la más compartida entre diferentes autores comprende a la legitimidad política como una expresión del manejo del poder para el cumplimiento del contrato social (Beetham, 1991; Goff et al., 2013; Habermas, 1981; Tyler, 1997). Dentro de las condiciones para considerar legítimo al orden político, se requiere que las personas acepten voluntariamente las pretensiones de autoridad de los gobernantes y las instituciones, sin que esto provenga del temor o del abuso de la fuerza represiva por parte de las autoridades (Etzioni, 2011; Habermas, 1981; Netelenbos, 2016; Von Haldenwang, 2016).

Así, la legitimidad daría valor al orden político (Habermas, 1981), permitiendo la afluencia de doctrinas comprensivas razonables para el desarrollo de sociedades donde no hayan arbitrariedades ni abusos de poder, y promoviendo una participación ciudadana inclusiva y deliberativa a nivel individual y colectiva (Campbell, 2013; Dibós, 2010; Dogan, 2009; Gamio, 2009; Rawls, 2001; 1993; Walzer, 1993). Siendo uno de los desafíos para el estudio de la legitimidad política el reconocer cuándo ésta proviene de un proceso deliberativo autónomo o de una imposición ideológica de las estructuras de poder hegemónico.

Así, los abordajes sobre legitimidad requieren de integrar el hecho de que las relaciones de poder y dominación no solo derivan de la represión, sino también desde el consenso que puede privilegiar determinadas formas de hegemonía cultural (Martin, 1997). Esto implicaría considerar la crítica Gramsciana sobre la comprensión de la legitimidad que, en contextos capitalistas, necesita de mecanismos de dominación cultural que moldean la percepción y el pensamiento de la sociedad a imagen y semejanza de una clase dominante (Martin, 1997); lo que, a modo de ejemplo, llevaría a sostener la falsa percepción de legitimidad de un sistema basado en la manipulación de las clases subordinadas (Jost, 2009). Según Jost (2019), lo mencionado se explica mejor desde un proceso ideológico de legitimación de la desigualdad y la explotación, pues describe una falsa consciencia que emplea creencias que sostienen la propia opresión (Costa-Lopes et al., 2013; Jost, 2009).

La legitimidad política desde la investigación empírica

Desde la Psicología Política, la definición de legitimidad mantiene la adherencia voluntaria de las personas al sistema como elemento central, y puede manifestarse en las creencias sobre la obligación de las personas a obedecer al sistema, la confianza en las figuras de autoridad, y en el alineamiento normativo voluntario (Huq et al., 2017; McLean, 2020; Tyler, 2006; Tyler & Jackson, 2014). De esta forma, permite analizar las creencias y actitudes políticas de las personas en diferentes contextos, expresadas en una mayor -o menor- obediencia voluntaria hacia las autoridades, leyes e instituciones establecidas en un sistema (Brussino & Alonso, 2021; Jost & Major, 2001; O´Brien et al., 2020; Tyler, 2006; Tyler et al., 2015; Sunshine & Tyler, 2006).

La investigación comprende a la legitimidad como un atributo central del poder dentro de un sistema democrático, que es valorado principalmente desde la coherencia entre el ejercicio del poder fáctico y el comportamiento ético de base en que sustenta, y no únicamente por el manejo de sanciones e incentivos sociales (Beetham, 1991; Huq et al., 2017; McLean, 2020; O´Brien et al., 2020; Tyler, 2006; Tyler et al., 2015). Esto significa que un Estado debería atender apropiadamente las necesidades tanto del propio sistema como de los individuos para contar con legitimidad política (Jost & Major, 2001; Paulo & Bublitz, 2019; Wiesner & Harfst, 2022), y no solo dar la impresión que lo hace (Jost, 2009; Van der Toorn, 2015). Esto supone un desafío en la medición de la legitimidad, pues requiere discernir si realmente permite conciliar las necesidades colectivas con los intereses particulares (Persson & Savulescu, 2012; Tyler, 2006; Von Haldenwang, 2016; Welzel & Inglehart, 2008).

Existe un dilema al momento de analizar la legitimidad empíricamente, y es la concepción de que la legitimidad puede ser interna, subjetiva, o que pueda ser externa, de carácter teórico-normativa (Beetham, 1991; Von Haldenwang, 2016; Wiesner & Harfst, 2022). La primera expresa una dimensión más abstracta o subjetiva, que corresponde a las expectativas de los ciudadanos sobre las cualidades del orden político, que puede abordarse desde las representaciones sociales de las personas sobre lo que es un sistema legítimo. Si estas expectativas coinciden con las del régimen y, por ejemplo, se valora positivamente el funcionamiento de las normas, autoridades e instituciones; la relación entre las creencias de ambos actores determinarían la legitimidad de un sistema (Netelenbos, 2016; Wiesner & Harfst, 2022). No obstante, lo anterior trae consigo un conflicto cuando dentro de un régimen, los gobernantes consideran subjetivamente legítimo hacer un uso del poder por medios no democráticos basándose en mecanismos opresivos e ilegales, y aun así mantienen un elevado nivel de apoyo de los ciudadanos (Ciobanu, 2010; Kriesi, 2013; Levitsky & Way, 2023; Matheson, 1987; Osterberg-Kaufmann, 2022; Wiesner & Harfst, 2022).

El segundo aspecto con el que se puede analizar la legitimidad es desde lo teórico-normativos o las normas externas (Beetham, 1991; Von Haldenwang, 2016; Wiesner & Harfst, 2022). Lo teórico-normativo no se encuentra inmediatamente relacionado a las creencias de los actores sociales. Por el contrario, este aspecto tiene la característica de que puede juzgarse la legitimidad del orden político desde mecanismos no subjetivos como la mirada de expertos o el marco ideológico. Algunos ámbitos a considerarse son el funcionamiento del Estado de Derecho, el equilibrio de poderes institucionales y el establecimiento de leyes que, por ejemplo, desplieguen iniciativas institucionales que aseguren el involucramiento ciudadano, o protejan derechos civiles, políticos, de libertad de opinión y de protección a las minorías, entre otros; pero tiene el riesgo de que pueden desconectarse del contexto interno de la sociedad (Osterberg-Kaufmann, 2022; Wiesner & Harfst, 2022).

La legitimidad política resulta ser un concepto que debe integrar lo subjetivo con lo normativo, a partir diferentes fuentes y mecanismos que complejizan su tipificación (O´Brien et al., 2020; Von Haldenwang, 2016; Wiesner & Harfst, 2022). Para lo que aún se requiere continuar explorando la relación entre las creencias y las actitudes hacia la democracia, y determinados comportamientos psicopolíticos que permitan construir la legitimidad en contextos con diferentes niveles de democratización. En particular, explicando el rol de la participación ciudadana, las creencias sobre lo público y el bien común, las creencias sobre la justicia procedimental y distributiva, y la expresión de confianza institucional y hacia el sistema político en una sociedad (Beramendi et al., 2020; Campbell, 2013; O´Brien et al., 2020; Osterberg-Kaufmann, 2022; Sunshine & Tyler, 2003; Tyler & Jackson, 2014).

Desde luego, la legitimidad política necesita diferenciarse de otras propuestas teóricas como la desarrollada desde la Teoría Justificación del Sistema (Jost, 2019, 2009; Jost et al., 2004; Jost & Major, 2001; Van der Toorn et al., 2015). Esta última reconoce, como se ha mencionado previamente, que existen procesos de socialización política que producen una falsa consciencia de legitimidad, aceptada por los grupos subordinados en una sociedad (Jost, 2019).

De manera específica, desde esta teoría, las creencias sobre el mundo social tienden a justificar las relaciones asimétricas de poder, y están usualmente asociados a creencias que justifican ideologías conservadoras (Beramendi et al., 2020; Espinosa, Janos et al., 2022; Janos et al., 2018; Jost, 2019; López-López et al., 2016; Marti-Saux et al., 2024; Van der Toorn, et al., 2015). De lo anterior, se desprende el interés por estudiar la legitimidad del sistema político en el contexto peruano, abordando los principios que se vinculan con la historia y el estado actual de la democracia en este país, para así identificar las dimensiones que valoran ciudadanos peruanos sobre la legitimidad de su sistema político (Beramendi & Zubieta, 2013; Espinosa et al., 2024; Levitsky y Ziblatt, 2021; Vergara, 2018).

El problema de la legitimidad en sociedades neoliberales

Desde inicios de la década de los 80s, una fuerte corriente de la defensa del libre mercado en política ha terminado desplazando la idea de la legitimidad desde la razón y el bien común, posicionando el interés privado sobre el público (Martin, 1997; Persson & Savulescu, 2012; Piketty, 2019;Sandel, 2013; Zapata & Rojas, 2013). Esta tendencia desplegó escenarios con diferentes crisis a nivel social, político y económico, deviniendo en el aumento de brechas de desigualdad, el declive de las prestaciones sociales y decadencia de los partidos políticos, el debilitamiento de espacios de participación ciudadana, distorsionando los principios de justicia e igualdad en sociedades democráticas (Campbell, 2013; Crabtree, 2010; Gamio, 2009; Habermas, 1981; Rawls, 2001; Piketty, 2019; Stiglitz, 2015; Sandel, 2008; Stiglitz, 2015; Tilly, 1995; Walzer, 2004).

En Latinoamérica, la crisis de la legitimidad política resulta alarmante. Existe un persistente desapego a la democracia, que se traduce en la indiferencia por el tipo de sistema de gobierno e incluso por la preferencia por regímenes con características autoritarias (Latinobarómentro, 2023). Por un lado, las crisis económicas resaltan las contradicciones de sistemas que han adoptado al capitalismo, y dentro de este al neoliberalismo, aumentando las desigualdades sociales que tornan inmanejables las demandas de inclusión de la ciudadanía (Brussino & Alonso, 2021; c.f. Martin, 1997).

En muchos casos, el sistema democrático resulta insuficiente para asegurar procesos normativos justos, equitativos y con una adecuada distribución de la riqueza, ampliando la desconfianza en las instituciones democráticas y afectando la capacidad del sistema para atender los problemas del ámbito público (Levitt, 2015; Levitsky & Way, 2002). La irrupción del neoliberalismo en Latinoamérica coincide con un escenario de distanciamiento con la democracia en muchos países de la región (Levitt, 2015). Al mismo tiempo, muchas autoridades en estos países son investigadas o condenadas por corrupción, no terminan sus mandatos y transgreden las reglas democráticas que aún subsisten (Brussino & Alonso, 2021; López-López et al., 2016).

Consistentemente con lo anterior, en contextos como el peruano, especialistas señalan que la predominancia de la narrativa neoliberal, como fundamento del acuerdo político en el Perú, trajo consigo una crisis de la democracia y de la legitimidad que se traduce en el debilitamiento institucional (Anaya et al., 2024; Benites & Valverde, 2023; Dargent, 2021; Espinosa et al., 2024; Vergara 2018), un mayor arraigo de la corrupción en el orden político (Barrenechea & Vergara, 2023; Crabtree, 2010; Klaren, 2004; Levitt, 2015; Quiroz, 2013; Vergara, 2018), la intromisión de las élites económicas en el direccionamiento de las políticas públicas (Crabtree & Durand, 2017; Dargent, 2013), y un giro autoritario en lo político y social (Cotler, 2019; Ilizarbe, 2023; Levitsky & Ziblatt, 2021; Zapata & Rojas, 2013), con una legitimación perversa (Espinosa, Janos et al., 2022; c.f. Ilizarbe, 2023; Janos et al., 2018; Marti-Saux et al., 2024; Rottenbacher & Schmitz, 2012).

Esta crisis viene afectando a la estabilidad del gobierno y a la ciudadanía, y podría agravarse aún más (Anaya et al., 2024; Barrenechea & Vergara, 2023; Espinosa et al., 2019; Marti-Saux et a., 2024). Lo anterior se expresa en que más del 90% de peruanos cree que los partidos políticos funcionan mal y, además, consideran que el país está siendo gobernado por grupos poderosos para su propio beneficio, el 94.5 % desconfía del parlamento de gobierno, y solo el 8% está satisfecho con la democracia del país; siendo uno de los casos más extremos de crisis de legitimidad en sur américa (Latinobarómetro, 2023).

Por todo lo señalado previamente, el presente estudio cualitativo tiene como objetivo explorar las dimensiones constitutivas de la legitimidad política a partir de las creencias y actitudes hacia: (1) la forma de gobierno y democracia, (2) la institucionalidad y el rol del estado, (3) la participación ciudadana en asuntos políticos, y (4) la toma de decisión política de determinados asuntos públicos. Estos ejes de indagación, presumen características de un sistema que, como elementos de socialización política, enmarcarían la legitimidad política y el potencial para desarrollarla en el contexto peruano.

Método

Participantes

Los participantes del estudio son 16 personas, de estas 9 son mujeres, 6 hombres y una persona no binaria. Todos son peruanos residentes de Lima, con edades entre los (M = 32.38, SD = 4.75). En su mayoría los participantes se encontraban solteros (11), seguido de casados y convivientes (4), y una persona divorciada. Todos cuentan con estudios universitarios. La selección de participantes se realizó de manera incidental y se procuró contar con variabilidad sociodemográfica de los atributos de los participantes, específicamente en la ocupación, el nivel socio económico – NSE autopercibido, y la orientación política (Tabla 1).

Técnica de recolección de información

Ficha de datos sociodemográficos: Se elaboró una ficha de registro de información demográfica de los participantes, incluyendo sexo, edad, nacionalidad, distrito de residencia, ocupación, nivel socioeconómico autopercibido, y orientación política.

Guía de entrevista: Se diseñó una guía de entrevista a profundidad semiestructurada (Willig, 2013) para explorar los elementos que son centrales en la construcción de legitimidad política para los participantes, desde el rol ciudadano y la valoración actitudinal sobre el sistema social. La guía comprende cuatro ejes de entrevista: 1) formas de gobierno y democracia, 2) institucionalidad y rol del Estado, 3) participación ciudadana en asuntos políticos, y 4) toma de decisión política en asuntos públicos (Tabla 2).

La guía de entrevista fue diseñada a partir de la revisión teórica y discutida bajo criterio de dos expertos en temas de comportamiento e ideología política, y en desarrollo humano y procesos socio-culturales; quienes se enfocaron en revisar la coherencia y relevancia del instrumento en relación al contenido teórico. Además, la guía de entrevista fue validada mediante dos entrevistas piloto, enfocándose en la fluidez y pertinencia de las preguntas del instrumento. Asimismo, se contó con un protocolo de contención para atender, en caso se diera, la movilización emocional de los participantes.

La técnica, guía de entrevista a profundidad, indaga en las creencias y actitudes hacia asuntos políticos en el contexto peruano, en base a las experiencias subjetivas de los participantes. De igual manera, se emplea el criterio de integridad que sigue los principios de fundamentación de las conclusiones, transparencia para comunicar expectativas y nuevas ideas en el proceso del estudio, coherencia entre las interpretaciones y el marco teórico, y de credibilidad al mantener diálogo con otros investigadores para verificar las conclusiones (Pistrang & Barker, 2012).

Procedimiento

Como parte de una investigación doctoral en Psicología, el presente estudio obtuvo un dictamen aprobatorio del Comité de Ética de la Investigación para Ciencias Social, Humanas y Artes de la Pontificia Universidad Católica del Perú (060-2021-CEI-CCSSHHyAA/PUCP), que evalúa la adecuada aplicación de los estándares éticos y del cuidado a las personas.

La selección de participantes se realizó durante el mes de septiembre del 2022, por medio de una convocatoria abierta en redes sociales, como Facebook, Instagram y Whatsapp. Se entrevistó a 16 personas de un total de 20 que respondieron a la convocatoria. Las entrevistas se grabaron a través de la plataforma Zoom, guardando únicamente el registro de voz, y tuvieron una duración promedio de 75 minutos.

De acuerdo a los principios éticos de investigación en ciencias sociales, todos los participantes fueron informados sobre el objetivo y características del estudio, y accedieron a participar voluntariamente aceptando el consentimiento informado fuera de la grabación virtual. Se indicó que la información sería analizada de manera conjunta sin individualizar respuestas. Además, se aseguró la confidencialidad de sus datos personales y de cualquier información sensible que pudiera expresarse durante la entrevista en un registro al que solo el primer autor tenía acceso. Asimismo, se garantizaron todas las medidas éticas, como el respeto hacia los participantes, sus puntos de vista, y que puedan retirarse de la entrevista en el momento que lo consideren pertinente sin que eso les sea perjudicial de alguna manera. La devolución de resultados de la investigación se realizará una vez que ésta se encuentre publicada.

Análisis de la información

Se utilizaron transcripciones literales de las entrevistas que fueron analizadas empleando la metodología de análisis temático, que permite identificar categorías comunes en la información que responda al objetivo de investigación (Braun & Clarke, 2012). Además, se utilizó un enfoque reflexivo con el fin de reducir el sesgo del investigador y garantizar la calidad del proceso de investigación del estudio (Braun & Clarke, 2020). La técnica de análisis temático fue inductiva, apuntando a identificar dimensiones constitutivas de la legitimidad política en el contexto peruano, donde son salientes problemas tales como: el debilitamiento institucional (Dargent, 2013; Vergara, 2018), el desapego al cumplimiento de normas (Beramendi et al., 2020; Espinosa, Janos et al., 2022), la saliencia de la corrupción (Crabtree, 2010; Quiroz, 2013), la represión autoritaria del Estado (Ilizarbe, 2023), y ante la presencia de un acuerdo político basado en una narrativa neoliberal de carácter hegemónico (Barrenechea & Vergara, 2023; Dargent, 2021).

Resultados y discusión

Para responder al propósito de la investigación de explorar la dimensiones constitutivas de la legitimidad política, se analizaron las creencias y actitudes hacia el sistema político peruano, el desempeño de las autoridades e instituciones, el rol de la ciudadanía y el posicionamiento frente a políticas sobre asuntos públicos; se integró la información discutiendo la pertinencia y relevancia de las categorías emergentes del estudio. El análisis permite describir cuatro dimensiones: Sistema de gobierno democrático, Funcionamiento institucional, Poder ciudadano, y Convivencia ética; que abordan el carácter dialógico de la legitimidad política (Tabla 3).

Cada dimensión comprende categorías específicas que describen las experiencias subjetivas de los entrevistados respecto a la legitimidad política en un contexto peruano que denota fragilidad democrática (Alarco et al., 2019; Barrenechea & Vergara, 2023; Benites & Valverde, 2023; Ilizarbe, 2023; Proética, 2019). En particular, se logra identificar diez categorías emergentes, caracterizadas como continuos que representan por cada categoría, en qué medida la sociedad peruana se acerca -o se aleja- de un ideal de legitimidad política, desde la información brindada por los participantes y en discusión con la literatura revisada.

1. Sistema de gobierno

Esta primera dimensión aborda la opinión de los participantes sobre la noción de democracia y su capacidad para atender problemas de la sociedad. Incluye cierta apertura al autoritarismo como forma de gobierno alternativo. Las formas de gobierno, democracia y autoritarismo, se contrastan para identificar características sobre experiencias de socialización política sobre lo que se valora en sociedad (Brussino & Alonso, 2021; Delfino, 2020; Welzel & Inglehart, 2008).

No creo que la democracia sea perfecta, pero de hecho prefiero vivir en Perú que en China. [China] Es un país, que tengo entendido es en promedio más rico, pero no podría vivir diciéndome que alguien me meta un balazo en la cabeza por rezar el rosario. La democracia, creo que la evidencia ha demostrado que es la que mejores chances tiene de mejorar el país. Ahora, creo que hay situaciones en las que un estado autoritario se percibe como mejor, pero creo que es hacer pacto con el diablo o sea siempre terminas mal. (Hombre, 39 años, derecha, NSE alto)

Puntualmente, ninguno de los participantes del estudio señaló abiertamente preferir un sistema de gobierno autoritario. Sin embargo, se observa una preferencia soterrada por el pragmatismo social de ciertas prácticas autoritarias que logren resolver asuntos públicos, similar a lo encontrado en diferentes estudios que denotan la justificación del sistema (Brussino & Alonso, 2021; Espinosa, Çakal et al., 2022; Molina & Rottenbacher, 2015).

A mí me parece que la democracia definitivamente es una opción, pero no es la panacea; y que cierto autoritarismo o cierta imposición de ideas sobre todo para un camino mejor, para optimización de derechos, de optimización de servicios, de optimización de la sociedad también está bueno, ¿no? […] el autoritarismo no es que me parezca per se, totalmente malo, sino que hay determinadas decisiones que pueden ser impuestas siempre que estas tengan legitimidad. (Hombre, 38 años, izquierda, NSE medio)

Se han identificado dos categorías que abarcan el apoyo y la satisfacción con la democracia. El primero rescata las bondades de la democracia como sistema de gobierno y, el segundo, cuestiona la satisfacción de las personas por el sistema democrático. Ambos permiten reconocer que si bien la democracia sigue siendo la mejor manera como se ordenan las sociedades, también permite apreciar la proximidad a fórmulas autoritarias para dar solución a asuntos públicos que la democracia no ha sabido atender en el tiempo (Espinosa et al., 2024).

1.1 Apoyo a la democracia.

Pese a los problemas que identifican como parte de vivir en democracia, entre los participantes se valora lo que la democracia representa y permite alcanzar en la vida. Es decir, en democracia se pueden garantizar los derechos individuales y colectivos, proteger el respeto a las libertades y la equidad para reducir desigualdades.

Para mí la democracia tiene que ver con la libertad, con el poder expresarse, con el poder dialogar, con el poder definir tus propias rutas […] para mí, entiendo que vivir en democracia también es tener oportunidades, oportunidades de que yo puedo acceder fácilmente y que no me las impongan o que me las nieguen. (Mujer, 32 años, centro derecha, NSE medio)

Adicionalmente, denotan que en democracia hay posibilidad de alcanzar objetivos de inclusión social, donde hay una presencia activa del colectivo sobre los asuntos importantes del ámbito público (Dibós, 2010). En particular, se identifica que cuando se carece de objetivos colectivos claros que incluyan a los diferentes grupos sociales, se termina debilitando orgánicamente al sistema democrático (Dargent, 2013; Marti-Saux et al., 2024; Vergara, 2018).

Una democracia participativa. La democracia, cuando se habla desde respetar las mayorías, pero también la parte de la democracia participativa va en que al final todas las personas que integran una sociedad puedan participar, y que no solo haya un respeto de la mayoría, sino que haya el respeto de la mayoría, pero también involucrando a las minorías que existen, y que en realidad a veces ya no somos tan minorías, porque ya estamos creciendo. (No binario, 26 años, izquierda, NSE bajo)

En este sentido, se puede rescatar el valor intrínseco que mantiene un sistema de gobierno democrático, aun cuando no se perciba como perfecto. Esto corresponde a la idea de la democracia Churchiliana (Latinobarómetro, 2023), que reconoce limitaciones y su carácter representativo que permitiría hacer frente a los retos de las sociedades modernas (c.f. Dargent, 2021; Levisky & Way, 2023).

1.2 Satisfacción con la democracia.

Al abordar las características que darían satisfacción con la democracia, los participantes describen que a través de la democracia hay posibilidad de ser escuchados y que se nos tome en cuenta al momento de pensar en soluciones. Esto es una fortaleza de la democracia que responde a la expectativa de encontrarnos realmente representados dentro del orden político (Levitsky & Way, 2023). Teniendo como un problema que desgasta a la legitimidad política, las dudas sobre la representatividad real de las personas dentro de la democracia (Crabtree, 2010).

Mis convicciones me dicen que la democracia como la elección del beneficio de la mayoría es, finalmente, el camino más justo hacia la que nosotros queremos. Sin embargo, y es mi opinión, tenemos una democracia que se ha construido de maneras tan raras, que no nos asegura la representatividad. (Hombre, 34 años, centro izquierda, NSE alto)

Si bien los atributos que describen la satisfacción con la democracia responden a un sistema ideal que dista de la realidad peruana, la insatisfacción con la democracia representa, para los participantes, una posibilidad de considerar alternativas no democráticas que puedan resolver eficazmente las demandas sociales, como el uso de la “mano dura” como expresión de salidas orientadas al autoritarismo; siendo evidencia de una forma en la que se debilita la democracia (Benites & Valverde, 2023; Brussino & Alonso, 2021; Delfino, 2020).

Ahí sí se me viene una idea, como una idea contraria a lo que pienso. Pucha, que venga un autoritario y, de pronto, sabes que promueve la ley en beneficio de la sociedad […]. Una mano dura en realidad, es la única solución que yo vería que haga el cambio, porque por parte de los ciudadanos no creo. Nadie se levanta de la noche a la mañana para que se involucre. Yo tengo amigos que les digo, oye ¿por qué no ves política? Ay no, siempre lo mismo, aburre. ¿Qué respuesta es esa? […] Tendría que ser una mano dura [la que genere cambios]. (Hombre, 36 años, derecha, NSE medio)

La insatisfacción con la democracia peruana estaría dibujando la idea de un régimen de autoritarismo competitivo, que aprovecha de la desvinculación de las personas sobre lo político (Levistky & Way, 2002), denotando no solo flaquezas en el proceso democrático sino debilidades estructurales en la manera cómo las personas perciben la legitimidad. Ante ello, se observa que al 50.2% de peruanos no le importaría que un gobierno no democrático llegara al poder con tal de resolver los problemas (Latinobarómetro, 2023).

2. Funcionamiento institucional

Esta segunda dimensión agrupa categorías que describen y dan cuenta de la relación entre las instituciones y las demandas de los ciudadanos, además que abarca las experiencias satisfactorias, críticas y problemáticas con lo institucional y la aproximación al Estado. Así, permite reconocer algunas de las formas como se concibe un mal funcionamiento del sistema.

Siento que no hay transparencia en sus procesos […] en lo que hacen, en donde invierten los recursos económicos, sean sus procesos o incluso de selección de personas, ¿quienes participan o quienes ingresan? Siento que, básicamente, no hay transparencia, no inspiran confianza, y no hay mucha conexión con las instituciones, como para volver a confiar porque ya se ha perdido eso con la gente. (Mujer, 35 años, centro izquierda, NSE medio)

Diferentes estudios, en Latinoamérica y Perú, señalan que la valoración que se tenga sobre la confianza frente al sistema normativo impacta en la satisfacción con la que se evalúa la democracia (Beramendi et al., 2020; Delfino, 2020; Espinosa, Çakal et al., 2022; Janos et al., 2018). Cuando se identifica un mal desempeño de las instituciones del Estado, en última instancia, se observan efectos en la manifestación de comportamientos perversos normalizados entre las personas e instituciones, como señala la evidencia respecto a sociedades como la peruana (Espinosa, Çakal et al., 2022; Espinosa et al., 2019; Rottenbacher & Schmitz, 2012; Schmitz & Espinosa, 2015).

Ya llega a ser el colmo de la cacha, hay una esquina […] y es un mate de risa porque ya es uso y costumbre de que hay una parte del semáforo en rojo que no significa rojo sino verde. Entonces, una vez yo estaba parado en rojo porque dije honestamente no quiero pasarme el rojo, no llego a tanto todavía y el policía me gritó y me dijo “avanza pues”, un policía de tránsito y no es que él esté dando pase, era un policía que estaba pasando por ahí. (Hombre, 39 años, derecha, NSE alto)

La brecha entre los reclamos de la población sobre necesidades desatendidas o desestimadas por el orden social muestra otro problema de legitimidad política a nivel institucional (Netelenbos, 2016; Van der Toorn et al., 2015; Von Haldenwang, 2016). Esto permite describir tres categorías que reconocer las pretensiones de legitimidad de las instituciones y del rol del Estado.

2.1 Desempeño del Estado.

Uno de los mayores retos para la legitimidad institucional es la de responder eficientemente a las necesidades de la población (Dogan, 2009; Netelenbos, 2016). Los aparatos burocráticos, como elementos de soporte de la acción del Estado, no deberían ser obstáculos para dar soluciones a los ciudadanos. No obstante, debido a múltiples razones, en contextos de fragilidad institucional, el funcionamiento de la burocracia resulta ser incomprensible llevando a entrampar a las personas en una serie de trámites que generan mayor rechazo (Dargent, 2021).

Por mi interacción que alguna vez tuve con [un ministerio] para poder sacar un registro de notas, ha sido tan terriblemente enredado, engorroso, odioso. De idas y vueltas… que el director no hizo este trámite, que fulanito no hizo este trámite, que falta la firma acá, allá y demás. (Mujer, 26 años, izquierda, NSE alto)

Además, otro atributo que resta legitimidad institucional es la crítica a la especialización, o falta de ella, por parte de los servidores públicos y de la clase política (Espinosa, Janos et al., 2022; c.f. Marti-Saux et al., 2024). Los participantes expresan la desconfianza de no contar con cuadros especializados en materia de asunto públicos, enmarcando lo estatal como un área incierta que reduce la legitimidad política (c.f. Easton, 1975).

Creo que las personas han perdido el interés por desarrollar justamente habilidades y capacidades asociadas al tema público. Entonces, hay muy poquitas personas interesadas realmente en política como tal, en ejercer la política, en prepararse para hacer política y poder ejercer cargos políticos y al final llevarían a tener una sociedad democrática, donde todos se sintieran representados, etc. Y eso no hay, porque creo que carecemos de clase política. (Mujer, 33 años, centro derecha, NSE medio)

2.2 Transparencia estatal.

Esta categoría se centra en la credibilidad de lo institucional como manera en que las reglas del sistema permiten asegurar un manejo adecuado de la justicia procedimental y distributiva en el sistema. En negativo, la falta de transparencia se traduce en la pérdida de credibilidad y confianza en las instituciones, generando mayor incertidumbre en la relación entre las personas y el gobierno (Costa-Lopes et al., 2013; Levitt, 2015).

Las instituciones] han perdido mucha credibilidad. Por ejemplo, en la actualidad, con el actual gobierno, cada cierto tiempo van cambiando mucho de ministros […]. Realmente los gobiernos anteriores, quizás han habido actos de corrupción, pero tenían una visión, un norte que trataban de cumplir. Lo que vemos ahora, con tantos cambios, no sabemos qué ministro está actualmente en qué cartera, no sabemos quiénes están de viceministros, que es lo que va a pasar (Mujer, 30 años, izquierda, NSE medio).

Los participantes valoraron negativamente la evidente corrupción que precariza a las instituciones peruanas y que debilita el sistema democrático que se debería sustentar en ellas, aumentando la desconfianza en eficiencia del funcionamiento del orden político. (Crabtree & Durand, 2017; Dargent, 2013). Un elevado nivel de corrupción da paso a la caída de la calidad con la que se aproximan los actores políticos a los temas públicos, lo que representaría un peligro para la sociedad peruana (Barrenechea & Vergara, 2023; Benites & Valverde, 2023; Ilizarbe, 2023; Levisky & Ziblatt, 2021).

Creo que no necesariamente se piensa en todo el grupo [población] por el que se va a beneficiar, sino en algunas cosas que están bien centradas en negocios particulares. Entonces cuando hay intereses [privados], ya no favoreces a un gran grupo de personas, solamente a los que trabajan contigo. Tantos actos de corrupción, digamos, en la policía y qué sé yo con Pedro Castillo o las “negociadas” con las universidades particulares en Lima, o leyes con nombre propio, hacen darse cuenta de que probablemente la sociedad no esté funcionando bien (Mujer, 27 años, izquierda, NSE medio)

En el contexto peruano, la situación que señala la participante ocurre debido a la influencia de grupos como las élites económicas que, empleando las reglas del sistema, terminarían debilitando a la propia democracia (Crabtree & Durand, 2017; Dargent, 2013; Espinosa, Janos et al., 2022). La corrupción tiene muchos rostros, que llevan a favorecer el abuso de poder, la presencia del conservadurismo y la normalización de la propia corrupción (Barrenechea & Vergara, 2023; Rottenbacher & Schmitz, 2021; Zapata & Rojas, 2013).

2.3 Regulación estatal.

Esta categoría hace referencia al control del Estado en diferentes ámbitos, como el social y el económico, para la reducción de desigualdades del sistema. Así, se esperaría lograr un equilibrio entre el interés público y privado (Dargent, 2013; c.f. Persson & Savulescu, 2012), permitiendo fortalecer la legitimidad.

Yo creo que la regulación es importante. Porque hay un plan de derechos "Humanos y empresas", por ejemplo, que implica que existan garantías mínimas. A veces uno se asusta cuando habla de regulación y que te van a cobrar más impuestos y que vas a tener más complicaciones para poder emprender o para poder tener tu empresa, pero en realidad si vemos la regulación en temas de derechos humanos, regulación básica, paga tus impuestos, mínimo, creo que sí es necesario. (No binario, 26 años, izquierda, NSE bajo)

Al respecto, los participantes presentan opiniones diversas. Por un lado, señalan que el Estado debería equiparar las inequidades, tanto sociales como económicas. Mientras que otros expresan que el rol del Estado debería enfocarse en facilitar la generación de la riqueza. La evidencia señala que una visión positiva de la economía se relaciona con una mayor satisfacción con la democracia y la gestión Estatal (Grecu, 2021)

La gama de respuestas en este apartado distinguen una preocupación que va desde la prioridad por el cuidado del bien común por parte del Estado. Esto permitiría una mayor legitimidad del sistema en términos de conciliar las metas colectivos y fomentar el orden social (Tyler, 2006; Tyler & Jackson, 2014). Por otra parte, una preferencia extrema por privilegiar la libertad de mercado representaría una falsa consciencia que justificaría la legitimización de las inequidades sociales (Costa-Lopes, et al., 2013; Jost 2019, 2009; Sandel, 2013).

Soy más de que se fomente la competencia, y la información real hacia los consumidores. Pero no, en lo económico creo que no debería intervenir más el Estado. (Hombre, 36 años, derecha, NSE medio)

Lo anterior denota una constante, el arraigo de la mentalidad de mercado como componente que tranquiliza a los intereses privados (Crabtree & Durand, 2017; Jost, 2009; Sandel, 2013), a costa del creciente debilitamiento de la democracia (Alarco et al., 2019; Dargent 2021; Vergara, 2018). Además, deja entrever un espacio para cuestionar la manera en que ejercen influencia la dominación cultural y las relaciones de poder (Martin, 1997) que llevan a justificar el sistema (Jost, 2019).

3. Poder ciudadano

La tercera dimensión atañe al papel de las personas dentro de la sociedad, por un lado, reconocidas como sujetos políticos. Así, un mayor protagonismo ciudadano en lo público puede apoyar al fortalecimiento de la legitimidad, mientras que la presencia de obstáculos puede ser evidencia del estancamiento del sistema democrático (Campbell, 2013; Crabtree & Durand, 2017; Dargent, 2013; Klaren, 2004; Vergara, 2018).

Los grandes cambios han partido de los ciudadanos. La revolución francesa, que se yo. El feminismo, las corrientes igualitarias han partido de la sociedad civil, de hombres y mujeres que consideran que la igualdad de derechos es importante, consideran que las personas deberíamos tener las mismas oportunidades en la vida, en la sociedad. Sin duda, tiene que partir de nosotros para mejorar la sociedad. (Mujer, 32 años, centro izquierda, NSE medio)

Se identificaron tres categorías que identifican diferentes circunstancias en las que se expresa el poder ciudadano, y sus posibles obstáculos. Estas incluyen razones para participar en la vida política o evitarla, posibles estigmas en la participación política y el nivel de confianza de la efectividad de participar en espacios políticos.

3.1 Promoción de la participación.

En esta categoría se presentan razones por las que involucrar activamente a la ciudadanía fortalece la legitimidad del sistema. Sin embargo, en contextos de fragilidad democrática como el peruano (Barrenechea & Vergara, 2023; Dargent, 2013; Levitsky & Ziblatt, 2021), proliferan obstáculos que limitan y desalientan la participación de las personas en el debate público o, incluso, en la expresión de la opinión política. Entre ellos está el temor de perder el tiempo, que responde a una lógica de productividad neoliberal (Campbell, 2013; Etzioni, 2011), el miedo a las consecuencias para la integridad propia por participar en movilizaciones sociales (Ilizarbe, 2023), las vicisitudes de la vida cotidiana y sus respectivas responsabilidades que amplían la distancia o desconectan a las personas de los problemas públicos (c.f. Sandel, 2013; Walzer, 2004); además de la desilusión por la falta de cambio real como resultado del involucramiento político (Dargent, 2021; c.f. Welzel & Inglehart, 2008).

Cuando va pasando el tiempo, tu protesta va a ser un poco más intelectual por decirlo de alguna manera. […] Entonces, efectivamente uno mientras va más pasando el tiempo también quieres ir a protestar y todo, pero tienes otras responsabilidades a veces sopesas algunas cosas, tienes más miedo a ciertos riesgos porque ya estás en otra etapa. (Mujer, 32 años, centro derecha, NSE medio)

El problema que genera la distancia de las personas sobre los asuntos públicos da cabida a que diferentes agentes políticos acaparen el poder (Crabtree & Durand, 2017; Habermas, 1981; Paulo & Bublitz, 2019), distorsionando el propio espacio político, y restando la legitimidad política del sistema (Beramendi & Zubieta, 2013; Costa-Lopes et al., 2013; Delfino, 2020; Tyler & Jackson, 2014).

3.2 Percepción de participación.

Esta incluye la valoración y la confianza que se tiene de espacios de participación política, tanto convencionales como no convencionales. Por ende, mientras peor sea la percepción que se tenga sobre la participación política o la organización ciudadana, mayor será el debilitamiento de la legitimidad. Entre los participantes se identificó cierta desconfianza por iniciativas gremiales o dirigentes a quienes se puede apoyar a pesar de reconocer posibles agendas ocultas o que afecten a la mayoría (Campbell, 2013), ya que se ven como un aspecto normal de la política (Espinosa, Janos et al., 2022).

Ahora, tienes que ser manipulador en general para dirigir algo [protesta], no? tienes que tener muñera, o sea no necesariamente es algo malo, digo. Pero los que dirigen son así. De nuevo, no le veo nada de malo a las dos cosas. Si vas a dirigir algo tienes que ser así, tener capacidad de que la gente haga tu voluntad en algunos momentos claves sino cómo pues, si no serías muy mal político, no tendrías poder de convencer a nadie. Eso justamente la idea es convencer en algunas cosas. (Hombre, 39 años, derecha, NSE alto)

Por un lado, estaría presente el desprestigio que el abrazo del neoliberalismo y el populismo de los 90s produjo en las formas de participación gremial y la protesta (Vergara, 2018; Zapata & Rojas, 2013).

Hace unos meses o hace poco veíamos protestas en provincia donde bloqueaban carreteras, en donde no podían ingresar alimentos de una ciudad a otra, o desplazarse personas con necesidades de salud, de recibir atención en salud. Justamente a causa de las protestas. Definitivamente no es dable. Seguramente que todas las protestas son legítimas siempre y cuando no dañen a otras personas, no les genere incomodidades o inconvenientes a otras personas. (Mujer, 32 años, centro izquierda, NSE medio)

Por otro, está la crítica a prácticas clientelistas, como las de pagar por marchar, y la concentración del poder político por grupos o élites políticas mencionadas por los participantes.

Por ahí también he visto algunas [marchas] de ´Con mis hijos no te metas´, pero siento que esas no son muy espontáneas. Las marchas de corte conservador he visto en las noticias que pagan a gente, pagan buses y ya. La gente que lucha por derechos, quizás laborales o quizás civiles, es gente que sale de su trabajo y piensa “oye quiero ir”; mientras que el otro, que son un poquito más conservadores, percibo que es gente que ya, “alquílame un bus y vete a las zonas alejadas y le das un desayuno o algo” y ya (Hombre, 30 años, derecha, NSE medio)

Este escenario presenta el debilitamiento de la participación organizada de movimientos sociales y políticos, que habrían perdido peso frente grupos con interés privados que, usando las reglas de juego democrático, estarían cooptando el poder (Crabtree & Durand, 2017). Poder contar con una participación con mayor consciencia ciudadana plantea un reto para regímenes fallidos de la democracia, pues las estructuras de poder absorben los espacios de participación popular, y a la larga generan mayor inestabilidad en lo político (Benites & Velarde, 2023; Ilizarbe, 2023; Goff et al., 2013).

3.3 Alcance de la acción colectiva.

En esta categoría se rescata la agencia política colectiva que apunta al cambio social, es decir, el valor de las movilizaciones sociales en su capacidad de incidencia en la agenda pública para el desarrollo de la sociedad. Un aspecto que demuestra la resiliencia de la democracia puede encontrarse en el cuidado y respeto de la libertad de expresión en las calles (Levitsky & Way, 2023; Sandel 2008).

Yo creo que sí. Alguna vez escuché esto de marchar no sirve para nada, y luego ves lo que pasó con Merino [expresidente], que al final la población dijo basta y se puso de pie, y hay algunas iniciativas ahora para conseguir qué se larguen todos [dimitan los congresistas], por ejemplo, pero que nacen de la propia ciudadanía. (Mujer, 27 años, izquierda, NSE bajo)

Aún entre los participantes que dieron una lectura pesimista sobre las actitudes ciudadanas, se expresa que una mayor apertura a involucrarse en lo público permite conocer los temas de la realidad social e invita a actuar al respecto.

Si nos despertásemos un poco más, podríamos hacer cambios, porque finalmente la ciudadanía es la que vota, entonces sí votas con conciencia, probablemente tengas un mejor estado, probablemente porque también, otra vez, la posibilidad entre las cosas, el espectro, la parrilla electoral no siento que te brinda como alguna opción interesante, pero ya, lejos de la elección, que también es una cosa de las selecciones como tal, que es una forma de expresar nuestra ciudadanía, el hecho de nosotros levantarnos, no en armas, sino como con voz y decir lo que nos está molestando, pues se puede hacer cambios. (Mujer, 27 años, izquierda, NSE medio)

Los resultados de estas tres categorías permiten comprender la importancia de las actitudes ciudadanas en la construcción de legitimidad política, los riesgos que implican el enajenamiento de los asuntos públicos que da paso al convencionalismo, y el rol de las personas como sujetos políticos que pueden incidir en el sistema social (Dargent, 2013; Dibós, 2010; Levitsky & Ziblatt, 2021; Vergara, 2018).

4. Convivencia ética

El análisis identificó dos categorías que describen principios y valores a los que debe apuntar la sociedad. En esta dimensión se describen las valoraciones de los participantes sobre los puntos clave para asegurar el bien común. Incluye al equilibrio entre lo privado y lo público, tanto a nivel del orden político como en el ejercicio saludable de la democracia.

[El enfoque de género] lo que busca es un beneficio mayor social, entonces, ha habido mucha malinterpretación. Además, ese enfoque [de género] habla mucho de este tema de equidad, y de que todos tenemos acceso a las mismas oportunidades, y que todos debemos ser tratados de la misma manera independientemente del género que tengas. Por ende, no deberías ser discriminado ni maltratado ni nada por el estilo. No veo que sea problema que sea un enfoque transversal. (Mujer, 32 años, centro derecha, NSE medio)

Asimismo, estas ideas pueden describir una valoración teórica-normativa de componentes indispensables para la legitimidad política (Von Haldenwang, 2016; Wiesner & Harfst, 2022). Estos componentes pueden ser de orden ideológico (Jost, 2019) y, por otro, de orden estructural para la sociedad (Martin, 1997). A continuación, se presentan dos categorías emergentes.

4.1 Protección del bien común.

Los participantes reconocen que a pesar de haber tabúes en la sociedad que obstaculizan el aseguramiento del bien común, es necesario que para una adecuada convivencia en sociedad se logre proteger la calidad de vida de cada miembro de la sociedad. Un sistema con deficiencias en la legitimidad admitiría, en esta categoría, la persistencia de la represión a las libertades de la ciudadanía (Beramendi et al., 2020; Espinosa, Çakal et al., 2022; Molina & Rottenbacher, 2015; Schmitz & Espinosa, 2015), específicamente en grupos socialmente vulnerables. Los participantes denotan una crítica hacia los mecanismos tradicionalistas y conservadores que mantienen normas sociales teñidas de prejuicio.

El problema es que, lamentablemente, este país es tan conservador que sea lo que sea que elijas [entre candidatos presidenciales], siempre va a dar por el lado conservador, a estar en contra de derechos para la mujer y derechos para la comunidad LGTB y demás poblaciones, demás minorías. (Mujer, 35 años, centro izquierda, NSE medio)

De mano a lo anterior, esta categoría muestra que la interrelación entre factores ideológicos con factores estructurales, como lo económico, no solo perpetua relaciones de dominación (c.f. Martin, 1997); sino que cuando convergen en la protección del bien común, permiten la legitimación del contrato social en que se fundamentan las democracias (Dogan, 2009; Gamio, 2009; Habermas, 1981; c.f. Persson & Savulescu, 2012). Al respecto, los participantes reconocen que los temas públicos les involucran, y lo que decidan puede impactar en la vida de los demás.

Pero no, impuestos en general yo no me negaría a pagar, es más, se supone que este dinero que ingresa para gestionar mejores políticas públicas, se supone. Pero no, yo no estaría dispuesta a no pagar algo, más bien al contrario, creo que faltan algunos impuestos por pagar. Y, por ejemplo, estuve muy de acuerdo con que a los influencers también se les exigiera hacer una cuota de pago, porque es un trabajo, están obteniendo dinero de su manera. Entonces si están generando ingresas, que retribuyan o devuelvan de alguna manera. (Mujer, 33 años, centro derecha, NSE medio)

El papel de la legitimidad política, de combatir las antiguas formas de regímenes absolutistas (Beetham, 1991; Ciobanu, 2010; Netelenbos, 2016), puede mantenerse vigente dados los retos que implica para la democracia hacer frente a la influencia de las lógicas de mercado en el debilitamiento del orden político (Habermas, 1981; Kriesi, 2013; c.f. Rawls, 1993; Sandel, 2013).

4.2 Equilibrio público y privado.

La particularidad de esta categoría es que reconoce la importancia del diálogo en el establecimiento de la agenda pública. En ese sentido, el orden político legítimo se retroalimenta del consenso y la deliberación para dar un trato humano al abordaje de los asuntos públicos (Habermas, 1981). En el contexto peruano, con una oferta política precaria (Barrenechea & Vergara, 2023; Vergara, 2018), se presenta el clientelismo como una distorsión del diálogo público que no apuntaría a la convivencia sino al provecho mutuo de intereses particulares.

Por ejemplo, hay compromisos que vienen trayendo congresistas o el mismo presidente, y dicen "vamos a tener diálogo", pero no se abre el espacio de diálogo. No hay una mesa, o se demoran demasiado, o dan muchas vueltas, y uno se estresa, porque los problemas están a la vuelta de la esquina, estamos con esas urgencias, y es necesario hacer algo. (No binario, 26 años, izquierda, NSE bajo)

Los participantes refieren a un sentir que impulsa la centralidad de la agenda pública hacia la calidad de vida para todas personas. Esto representa una crítica al clientelismo y a los intereses que priorizan únicamente lo privado, como formas de afectan diferentes niveles de la sociedad (Crabtree & Durand, 2017; Levitt, 2015; Quiroz, 2013; Zapata & Rojas, 2013).

Creo que esta importancia de las relaciones de reciprocidad, de colaboración creo que son esenciales como sociedad para para generar cambios también. En la crisis de la pandemia de hecho las ollas comunes, ese tipo de espacios han terminado supliendo muchas acciones que ni el Estado, ni ONGs, ni en el sector privado iban a hacer, creo no es sólo del lado de políticas, sino también de organización ciudadana para resguardar su propio bienestar. (Mujer, 26 años, izquierda, NSE alto)

Así, ambas categorías de las actitudes hacia temas públicos señalan el impulso por asegurar el bien común y de la reflexión sobre cómo debería mejorar la oferta política y, sobretodo, la construcción del poder colectivo, legítimo, en la relación de ciudadanos y sus instituciones (c.f. Barrenechea & Vergara, 2023; c.f. Dargent, 2021; Vergara, 2018). Las actitudes hacia los temas públicos pueden presentar una gran variabilidad de miradas desde los contenidos ideológicos con los que se acerque el individuo (Brussino & Alonso, 2021; Espinosa, Janos et al., 2022; Delfino, 2020). No obstante, ninguna sociedad puede desarrollarse apropiadamente en lo social, político o económico, si se carece de un proyecto político que defienda lo público y al bien común, y que permita a las personas alcanzar las metas de vida que consideren valiosas (Beramendi et al., 2020; c.f. Beramendi & Zubieta, 2013; c.f. Dibós, 2010; c.f. López-López et al., 2016; Tyler, 2006; c.f. Van der Toorn et al., 2015).

Dimensiones constitutivas en la construcción de legitimidad política

Las diez categorías presentadas líneas arriba permiten obtener cuatro dimensiones constitutivas de la legitimidad política en base a las creencias y actitudes hacia el sistema de gobierno, la institucionalidad, la participación de la ciudadanía en política, el posicionamiento político en determinados asuntos públicos de los participantes del estudio. Tienen como punto de partida al sistema de gobierno con dos aspectos clave, el tipo de sociedad (entre más autoritario o más democrático) y las expectativas que describen la satisfacción de vivir en democracia (Delfino, 2020; Huq et l., 2017). Así, la percepción sobre la democracia se enmarca, por un lado, en el funcionamiento de las instituciones (Beramendi et al., 2020; Janos et al., 2018; c.f. López-López et al., 2016) y, por el otro, en la manifestación del poder ciudadano (Brussino & Alonso, 2021; O´Brien et al., 2020).

Un ejemplo de lo anterior describiría que un mal funcionamiento institucional conllevaría a una ruptura del orden político, a una ampliación de brechas de desigualdad socioeconómicas en la población, llegando a erosionar la legitimidad del sistema y debilitando a la ciudadanía (c.f. Dibós, 2010; c.f. Stiglitz, 2015). Al contrario, contar con instituciones legítimas se relaciona con formas de acción y organización ciudadana. Esto permite involucrar a la gente en la toma de decisiones políticas, fortaleciendo a la democracia como un régimen legítimo, donde las personas pueden mostrarse más interesados en la política y tener mayor esperanza en el sistema (Campbell, 2015; Huq et al., 2017; c.f. Tyler et al., 2015; Sunshine & Tyler, 2006).

Finalmente, se encuentra que determinados desempeños institucionales y algunas formas de participación influencian a las actitudes hacia los asuntos sociales y públicos de los ciudadanos (Paulo & Bublitz, 2019; Sunshine & Tyler, 2003; Tyler, 2006). En la medida que estas actitudes protejan o atenten al bien común, constituirán un sistema democrático fuerte o débil (c.f. McLean, 2019; c.f. Van der Toorn et al., 2015), en función al aprecio por la convivencia ética en contrapartida de posturas más conservadoras y heterónomas (c.f. Levisky & Way, 2023).

En la Figura 1, se observa la propuesta articulada de dimensiones constitutivas en la forma cómo se construiría la legitimidad política, y la interacción que puede haber entre categorías para representar los aspectos de una democracia plena o, en su defecto, regímenes fallidos de la democracia. En base a los puntos señalados, se puede constatar que ciertos aspectos de las dimensiones presentadas son genéricas y contienen elementos que pueden relacionarse con encuestas internacionales pre-existentes, como el Latinobarómetro (2023) o estudios que emplean el World Value Survey (Grescu, 2021; Li & An, 2020).

Algunos elementos del modelo que se pueden coincidir con la encuesta Latinobarómetro (2023) son el apoyo a la democracia, la satisfacción con la democracia peruana, la percepción de corrupción y desigualdad social, entre otros. Por otra parte, un estudio (Grecu, 2021) identifica que la percepción de la economía, de la élite política y de la equidad de género pueden ser buenos predictores estadísticos de la representación de la democracia, lo cual puede sugerir inferencias sobre la legitimidad política. Adicionalmente, Li y An (2020) estudiaron la relación entre la corrupción, confianza y bienestar confirmando que a mayor percepción de corrupción, se presenta menor confianza social y menor bienestar. Si bien el efecto negativo de la corrupción solo aparece en países democráticos de ingresos altos, deja espacio para investigación sobre la relación de las variables respecto a la legitimidad política.

Conclusiones

El análisis de la información da sustento a la discusión teórica de la legitimidad política en un contexto como el peruano, es decir, que presenta fragilidades a nivel democrático (Alarco et al., 2019; Barrenechea & Vergara, 2019; Benites & Valverde, 2023; Cotler, 2019; Crabtree, 2010; Dargent, 2013) como en la percepción del manejo del poder del orden político, a través de las instituciones y autoridades (Levitsky & Ziblatt, 2021; O´Brien et al., 2020; Sunshine & Tyler, 2003; Vergara, 2018). Se describe a un Estado como de espaldas a la población o ajeno a las necesidades de las personas (Crabtree & Durand, 2017; Ilizarbe, 2023; Levistky & Way, 2002). Este problema no es exclusivo del orden político, sino también de la distancia del ejercicio ciudadano, siendo ambos aspectos evidencias de un proceso de debilitamiento de la legitimidad política (Delfino, 2020; Dibós, 2010; c.f. Osterberg-Kaufmann, 2022; Tilly, 1995).

Desde una lectura integrada de las categorías identificadas en el estudio, se puede concluir que las dimensiones constitutivas de la legitimidad política responden a las creencias sobre la democracia, las actitudes sobre el funcionamiento institucional, la valoración del poder ciudadano, y la adherencia hacia principios de convivencia ética. Así, en el presente estudio se pueden identificar cuatro dimensiones, de las que vale la pena especificar que no corresponden a un modelo comprensivo de la legitimidad, pero sí exponen contenidos centrales en la representación de la legitimidad -y por consiguiente de la falta de legitimidad- en un escenario como el peruano, y que son corroborados por la literatura. Estos contenidos centrales funcionan como continuos que, según sus características, podrían alejar o no a las sociedades a un ideal de legitimidad.

La primera es la valoración del sistema de gobierno, donde se reconoce las fortalezas de la democracia como manera de construcción colectiva para el desarrollo. Sin embargo, la pobre experiencia democrática y la debilidad institucional limitan los esfuerzos de construcción colectiva, que podría ser peor desde otras formas de gobierno, aproximando esta dimensión al concepto de democracia Churchiliana.

La segunda dimensión es el funcionamiento institucional, que en un escenario de legitimidad requeriría de una aproximación dialógica entre ciudadanos y aparato burocrático del orden político. Esto debería permitir el reconocimiento de las deficiencias y fortalezas de los mecanismos institucionales, impulsar la retroalimentación en el funcionamiento del Estado, además de determinar las formas de regulación que resguarden el bien común.

La tercera dimensión es el poder ciudadano, donde la gestión de los espacios de participación no convencionales fomenta el interés por el debate público y en la acción colectiva. A su vez, en términos de legitimidad, el poder ciudadano puede encaminar la reflexión desde una consciencia ciudadana que permita cuestionar las decisiones políticas y al sistema, e involucrarnos protagónicamente en el desarrollo social.

La cuarta dimensión, la convivencia ética, rescata la importancia del reconocimiento de las diferencias para la solución de necesidades, colectivas e individuales. A través del cuidado del bien común, como meta articuladora, y de la deliberación de la agenda pública, describen formas cómo se contribuye al fortalecimiento de un sistema legítimo.

Estas dimensiones constitutivas de la legitimidad política pueden ayudar a explicar el imperativo de mantener un debate público que resguarde la dignidad humana y permita construir puentes para el desarrollo social por medio de vías para la construcción colectiva de la agenda pública. Frente al auge rampante de posturas autoritarias y conservadores que enfrenta el mundo, el modelo de legitimidad política que se postula critica la presencia de doctrinas compresivas no razonables en la sociedad y las lógicas de dominación hegemónica.

Más aun, en sociedades sometidas a un debilitamiento sistemático de la democracia, como el caso peruano (Barrenechea & Vergara, 2023; Dargent, 2021), las vulneraciones al bien común y la limitación de las libertades desde valoraciones heterónomas (c.f Dibós, 2010; Gamio, 2009; c.f. Ilizarbe, 2023) incrementan la brecha de desigualdad (Alarco et al., 2019; Klaren, 2004; Stiglitz, 2015; Zapata & Rojas, 2013). Así, la fragilidad de sistemas democráticos estaría asociada a la erosión de la legitimidad política (c.f. Li & An, 2020; Jost & Major, 2001; Marti-Saux, et al., 2024). Situación que abrazaría formas fallidas de democracia donde se justifique el sistema (Beramendi et al., 2020; Jost, 2019) y hasta se tolere la transgresión normativa de parte ciudadanos y autoridades (Beramendi & Zubieta, 2013; Janos et al., 2018; Rottenbacher & Schmitz, 2012).

Finalmente, los resultados muestran, a través de las dimensiones estudiadas, una sociedad en conflicto respecto a la construcción de su legitimidad política. Justamente, para el caso peruano, una mayor adherencia al orden político sería evidencia de justificación del sistema (Espinosa, Çakal et al., 2022; Janos et al., 2018; Molina & Rottenbacher, 2015), antes que de una mayor legitimidad política del sistema democrático (Espinosa, Çakal et al., 2022; Espinosa et al., 2024; Janos et al., 2018). Esto lleva a pensar en la fortaleza de abordajes cualitativos en investigación y de la necesidad de nuevas formas de medición complementarias a las ya existentes sobre la percepción de legitimidad. En particular, medidas que exploren la convicción de los ciudadanos por construir y alcanzar el bien común, y la relevancia de asegurar procesos de consenso deliberativo e inclusivo que amplíen la gama de voces y perspectivas que contrarresten los efectos de la dominación hegemónica que justifica al sistema.

Referencias

Alarco, G., Castillo, C., & Leiva, F. (2019). Riqueza y Desigualdad en el Perú. Visión Panorámica. OXFAM.

Anaya, R., Espinosa, E., & Marti-Saux, J. (2024). Psychopolitical explanation of a presidential impeachment in Peru. The role of populist attitudes and political moral laxity in President Castillo’s removal. Social Issues, 2(1), 5-14.

Barrenechea, R., & Vergara, A. (2023). Peru: The danger of Powerless Democracy. Journal of Democracy, 34(2), 77-89. https://doi.org/10.1353/jod.2023.0015

Benites, A., &Valverde, L. (2023, March). El estancamiento de la democracia en el Perú. Instituto de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Perú.

Beetham, D. (1991). The Legitimation of Power. (Issues in Political Theory). Humanities Press International.

Beramendi, M., Espinosa, A., & Acosta, Y. (2020). Percepción del Sistema Normativo y sus Correlatos Psicosociales en Argentina, Perú y Venezuela. Revista Colombiana de Psicología, 29(1), 13-27. https://doi.org/10.15446/rcp.v29n1.75797

Beramendi, M., & Zubieta, E. (2013). Norma perversa: transgresión como modelado de legitimidad. Universitas Psychologica, 12, 591-600. https://doi.org/10.11144/Javeriana.UPSY12-2.npt

Braun, V., & Clarke, V. (2020). One size fits all? What counts as quality practice in (reflexive) thematic analysis?. Qualitative Research in Psychology. https://doi.org/10.1080/14780887.2020.1769238

Braun, V., & Clarke, V. (2012). Thematic Analysis (cap. 4). En H. Cooper (Ed.) Handbook of Research Methods in Psychology: Vol.2. Research Designs. APA. 10.1037/13620-004

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77-101. 10.1191/1478088706qp063oa

Brussino, S., & Alonso, D. (2021). Citizens and democracy: Political legitimacy processes in Latin American democracies. Political Psychology in Latin America, 11-34. https://doi.org/10.1037/0000230-002

Campbell, D. (2013) Social networks and political participation. Annual Review of Political Science, 16, 33–48. https://doi.org/10.1146/annurev-polisci-033011-201728

Ciobanu, M. (2010). Communist regimes, legitimacy and the transition to democracy in Eastern Europe. Nationalities Papers, 38(1), 3-21. https://doi.org/10.1080/00905990903394490

Costa-Lopes, R., Dovidio, J.F., Pereira, C.R. & Jost, J.T. (2013). Social psychological perspectives on the legitimation of social inequality: Past, present and future. European Journal of Social Psychology, 43, 229-237. https://doi.org/10.1002/ejsp.1966

Cotler, J. (2019). Clases, Estado y Nación en el Perú. (6ta ed.). Instituto de Estudios Peruanos (Libro original publicado en 1978).

Crabtree, J. (2010). Democracy without parties? Some lessons from Peru. Journal of Latin American Studies, 45(2) 357-382. https://doi.org/10.1017/S0022216X10000477

Crabtree, J., & Durand, F. (2017). Peru: Elite Power and Political Capture. Zed Books. http://hdl.handle.net/11354/2674

Dargent, E. (2021). El páramo reformista. Un ensayo pesimista sobre la posibilidad de reformar al Perú. Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. https://www.fondoeditorial.pucp.edu.pe/categorias/1193-el-paramo-reformista- ebook.html

Delfino, G. (2020). Satisfacción con la democracia y satisfacción con la vida en América Latina. Revista Argentina de Ciencias del Comportamiento, 12(1), 107-108. https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7447301

Dibós, A. (2010). Pedagogía deliberativa y construcción de ciudadanía democrática en el Perú: oportunidades y desafíos (pp. 121-150). En S. Frisancho, & G. Gamio, El cultivo del discernimiento. Ensayos sobre ética, ciudadanía y educación. UARM. https://www2.congreso.gob.pe/sicr/dgp/Didp_con.nsf/DE620D3FEBD1274E052577E40059DF34/$FILE/102457.PDF

Dogan, M. (2009). Political legitimacy: new criteria and anachronistic theories. International Social Science Journal, 60(196), 195-210. https://doi.org/10.1111/j.1468-2451.2010.01722.x

Easton, D. (1975). A Re-assessment of the Concept of Political Support. British Journal of Political Science, 5(4), 435-457. https://doi.org/10.1017/S0007123400008309

Espinosa, A., Çakal, H., Beramendi, M., & Molina, N. (2022). Political Moral Laxity as a Symptom of the System Justification in Argentina, Colombia and Peru. Testing, Psychometrics, Methodology in Applied Psychology, 29(1-SI), 39-53. https://doi.org/10.4473/TPM29.1.4

Espinosa, A., Cueto, R.M., & Páez, D. (2019). Reflecting upon the years of political violence in Peru: An experimental study to promote a culture of peace in higher education. Journal of Prevention & Intervention in the Community, 49(4), 385-396. https://doi.org/10.1080/10852352.2019.1664710

Espinosa, A., Janos, E., Pacheco, M., Cisneros, R., Cueva, F., De Las Casas, R., De La Cruz, C.N., Grados, C., Huapaya, C., Mercado, S., Palacios, D., Reyes, J.E., Salazar, E., Silva, M., Villa, K.P. & Vera, A. (2024). A qualitative study on the social representations of populism and democracy in Peru. Frontiers in Political Science, 6:1306060. https://doi.org/10.3389/fpos.2024.1306060

Espinosa A., Janos, E., Pacheco, M., Juárez, J., & Chaparro, H. (2022). Populism in Peru: Populist attitudes and perception of the populist offer and its relationship with political cynicism and attitudes toward democracy. Frontiers in Psychology, 13. https://doi.org/10.3389/fpsyg.2022.1070609

Etzioni, A. (2011). On Communitarian and Global sources of Legitimacy. The review of politics, 73, 105-122. https://doi.org/10.1017/S0034670510000884

Gamio, G. (2009). Tiempo de memoria. Reflexiones sobre los derechos humanos y justicia transicional. Lima: IDEHPUCP-IEP-CEP.

Gächter, S., & Schulz, J. (2016). Intrinsic honesty and the prevalence of rule violations across societies. Nature, 531, 496-506. https://doi.org/10.1038/nature17160

Goff, P., Epstain, L., Mentovich, A., & Reddy, K. (2013). Illegitimacy is dangerous: How authorities experience and react to illegitimacy. Scientific Research, 4(3A), 340-344. https://doi.org/10.4236/psych.2013.43A049

Grecu, S.-P. (2021). Social representations of the democracy. Cognitions and attitudes in 34 nations. Technium Social Sciences Journal, 25(1), 653–662. https://doi.org/10.47577/tssj.v25i1.5118

Habermas, J. (1981). Problemas de legitimación en el estado moderno (pp. 243-272). En La reconstrucción del materialismo histórico. Taurus.

Huq, A. Z., Jackson, J., & Trinkner, R. (2017). Legitimating practices: Revisiting the predicates of police legitimacy. British Journal of Criminology, 57(5), 1101–1122. https://doi.org/10.1093/bjc/azw037Ilizarbe

Ilizarbe. C. (2023). Perú 2022: Colapso Democrático, Estallido Social y Transición Autoritaria. Revista de Ciencia Política, 42(2), 349-375. https://doi.org/10.4067/s0718-090x2023005000116

Jost, J. (2019). A quarter century of system justification theory: Questions, answers, criticisms, and societal applications. The British Journal of Social Psychology, 58(2), 263-314. https://doi.org/10.1111/bjso.12297

Jost, J. (2009). Social and Psychological Bases of Ideology and System Justification. Oxford University Press. https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780195320916.001.0001

Jost, J., Banaji, M., & Nosek, B. (2004). A decade of systems justification theory. Accumulated evidence of conscious and unconscious bolstering of the status quo. Political Psychology, 25(6), 881-919. https://doi.org/10.1111/j.1467-9221.2004.00402.x

Jost, J., & Major, B. (2001). Psychology of Legitimacy. Emerging perspectives on ideology, justice and intergroup relations. Cambridge University Press.

Klaren, P. (2004). Nación y Sociedad en la Historia del Perú. Instituto de Estudios Peruanos.

Latinobarómetro (2023). Análisis de datos, Perú 2023. https://www.latinobarometro.org/latOnline.jsp

Levitt, B. S. (2015). Discrimination and the distrust of democratic institutions in Latin America. Politics, Groups, and Identities, 3(3), 417-437. http://dx.doi.org/10.1080/21565503.2015.1050410

Levitsky, S., & Way, L. (2023). Democracy’s Surprising Resilience. Journal of Democracy, 34(4), 5–20. https://doi.org/10.1353/jod.2023.a907684

Levitsky, S., & Way, L. (2002). The rise of competitive authoritarianism. Journal of Democracy, 13(2), 51-65. https://doi.org/10.1353/jod.2002.0026

Levitsky, S., & Ziblatt, D. (2021). Cómo mueren las democracias (4ed.). Ariel.

Li, Q., & An, L. (2020). Corruption Takes Away Happiness: Evidence from a Cross-National Study. Journal of Happiness Studies, 21, 485-504. https://doi.org/10.1007/s10902-019-00092-z

López-López, W., Roa, D., Roa, M., Correa-Chica, A., Pérez-Durán, C., & Pineda-Marín, C. (2016). El rol de la filiación política en las creencias y discursos legitimadores de la corrupción. Psychosocial Intervention, (25), 179-186. https://dx.doi.org/10.1016/j.psi.2016.07.001

Martin, J. (1997). Hegemony and the crisis of legitimacy in Gramsci. History of the Human Sciences, 10(1), 37-56. https://doi.org/10.1177/095269519701000103

Marti-Saux, J., Cueto, R.M., & Espinosa, A. (2024). Legitimidad, Confianza Institucional y Laxitud Moral Política: Impacto psicopolítico del Proyecto Especial Legado de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Lima 2019. Manuscrito inédito.

Matheson, C. (1987). Weber and the Classification of Forms of Legitimacy. British Journal of Sociology, 38(2), 199-215. https://doi.org/10.2307/590532

McLean, K. (2020). Revisiting the role of distributive justice in Tyler´s legitimacy theory. Journal of Experimental Criminology, 16, 335-346. https://doi.org/10.1007/s11292-019-09370-5

Molina, J., & Rottenbacher, J. (2015). Ideología política y justificación de la inequidad en dos muestras limeñas de sectores socioeconómicos opuestos. Liberabit, 21(1), 21-36. http://www.scielo.org.pe/pdf/liber/v21n1/a03v21n1.pdf

Netelenbos, B. (2016). Political Legitimacy beyond Weber. An Analytical Framework. Palgrave Macmillan.

O´Brien, T., Tyler, T., & Meares, T. (2020). Building popular legitimacy with reconciliatory gestures and participation: A community-level model of authority.Regulation & Governance, 14, 821-839. https://doi.org/10.1111/rego.12264

Osterberg-Kaufmann, N. (2022). Innovating Empirical Research on Legitimacy: Repertory Grid Analysis. Frontiers in Political Science, 4, 832250. https://doi.org/10.3389/fpos.2022.832250

Paulo, N., & Bublitz, C. (2019). Pow(d)er to the people? Voter manipulation, legitimacy, and the relevance of moral psychology for democratic theory. Neuroethics, 12, 55-71. https://doi.org/10.1007/s12152-016-9266-7

Persson, I., & Savulescu, J. (2012). Unfit for the Future: The Need For Moral Enhancement. Oxford University Press.

Piketty, T. (2019). Capital e Ideología (2nd ed.). Ariel

Pistrang, N., & Barker, C. (2012) Varieties of Qualitative Research: A pragmatic Approach to Selecting Methods. En H. Cooper (Ed.) Handbook of Research Methods in Psychology: Vol 2. Research Methods. APA. https://doi.org/10.1037/13620-001

Quiroz, A. W. (2013). Historia de la corrupción en el Perú (J. Flores Espinoza, Trad.; Título original: Corrupt circles: A history of unbound graft in Peru). Instituto de Estudios Peruanos. https://doi.org/10.15446/achsc.v41n2.48794

Rawls, J. (2001). Justicia como equidad: una reformulación. Belknap Press.

Rawls, J. (1993). Liberalismo Político. Fondo de Cultura Económica.

Rawls, J. (1971). Teoría de la Justicia (4th ed.). Fondo de Cultura Económica.

Rottenbacher, J. M., & Schmitz, M. (2012). Conservadurismo político y tolerancia hacia comportamientos transgresores. Psicología Política, 44, 31-56. http://www.uv.es/garzon/psicologia%20politica/N44-2.pdf

Sandel, M. (2013). Lo que el dinero no puede comprar: Los límites morales del mercado. Penguin Random House.

Sandel, M. (2008). Filosofía Pública. Ensayo sobre moral en política. Marbot Ediciones.

Schmitz, M., & Espinosa, A. (2015). Ideología, emocionalidad y crisis de gobernabilidad en Lima Metropolitana: Un estudio correlacional sobre el proceso de revocatoria del 2013. Revista Electrónica de Psicología Política, 13(34), 46-63. http://www.psicopol.unsl.edu.ar/pdf/2015-Julio-Articulo03.pdf

Stiglitz, J. E. (2015). La gran brecha. Qué hacer con las sociedades desiguales. Taurus.

Sunshine, J., & Tyler, T. (2003). The role of procedural justice and legitimacy in shaping public support for policing. Law & Society Review, 37(3), 513–548. https://doi.org/10.1111/1540-5893.3703002

Taylor, C. (1997). Argumentos filosóficos. Ensayos sobre el conocimiento, el lenguaje y la modernidad. Paidós.

Tilly, C. (1995). Democracy is a Lake. En Andrews, G.R., Chapman, H. (eds) The Social Construction of Democracy, 1870–1990. Palgrave Macmillan. https://doi.org/10.1007/978-1-349-13685-8_16

Tyler, T. (2006). Psychological Perspectives on Legitimacy and Legitimation. Annual Review of Psychology, 57, 375-400. https://doi.org/10.1146/annurev.psych.57.102904.190038

Tyler, T., Goff, P., & MacCoun, R. (2015). The impact of psychological science on policing in the United States: Procedural justice, legitimacy, and effective law enforcement. Psychological Science in the Public Interest, 16(3), 75-109. https://doi.org/10.1177/1529100615617791

Tyler, T., & Jackson, J. (2014). Popular legitimacy and the exercise of legal authority: Motivating compliance, cooperation, and engagement. Psychology, Public Policy, and Law, 20(1), 78–95. https://doi.org/10.1037/a0034514

Van der Toorn, J., Feinberg, M., Jost, J., Kay, A., Tyler, T., Willer, R., & Wilmuth, C. (2015). A sense of powerlessness fosters system justification: Implications for the legitimation of authority, hierarchy, and government. Political Psychology, 36(1), 93-110. https://doi.org/10.1111/pops.12183

Vergara, A. (2018). Ciudadanos sin república [Citizens without republic] (2nd Ed.). Planeta.

Von Haldenwang, C. (2016). Measuring Legitimacy – New Trends, Old Shortcomings?. Discussion Paper. German Development Institute. https://www.idos-research.de/uploads/media/DP_18.2016.pdf

Walzer, M. (2004). Politics and Passion: Toward a more Egalitarian Liberalism. Yale University Press.

Walzer, M. (1993). Las esferas de la justicia. Fondo de cultura económica.

Welzel, C., & Inglehart, R. (2008). The role of ordinary people in democratization. Journal of democracy, 19(1), 126-140. https://doi.org/10.1353/jod.2008.0009

Wiesner, C., & Harfst, P. (2022). Conceptualizing legitimacy: What to learn from the controversies related to an “essentially contested concept”. Frontier in Political Science, 4, 867756. https://doi.org/10.3389/fpos.2022.867756

Willig, C. (2013). Introducing Qualitative Research in Psychology. McGraw Hill.

Zapata, A., & Rojas, R. (2013). ¿Desigualdades desde siempre? Miradas históricas sobre la desigualdad. Instituto de Estudios Peruanos.

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