MUJERES RURALES CONSTRUCTORAS DE PAZ TERRITORIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO EN COLOMBIA

Resumen

Las mujeres rurales desde el rol de liderazgo, defensa del territorio y organización colectiva proponen una mirada singular sobre la construcción de la paz en el Putumayo que no está exenta de tensiones, involucra sus experiencias de vida y la voz de un territorio afectado por las violencias y el conflicto armado. Desde su accionar realizan incidencia política en distintos niveles: local-departamental, local-nacional, local-internacional, que aportan a la prevención, gestión y regulación de los conflictos en el territorio en medio de un contexto de implementación del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC y escalonamiento del conflicto. Acciones que hacen un llamado a la visibilización del papel de las mujeres rurales desde su liderazgo y defensa del territorio y la exigencia de garantías para su incidencia política. Esta investigación tiene enfoque cualitativo, es un estudio de caso abordado desde el paradigma crítico y el método etnográfico que aporta a la comprensión compleja de la paz territorial a partir de su relación con las categorías de género y territorio.

Palabras clave: Mujer rural, construcción de paz, paz territorial, género, territorio.

RURAL WOMEN BUILDERS OF TERRITORIAL PEACE IN THE DEPARTMENT OF PUTUMAYO IN COLOMBIA

Abstract

Rural women from their leadership role, defense of the territory, and collective organization propose a unique view on the construction of peace in Putumayo, that is not exempt from tensions that involve their life experiences, and the voice of a territory affected by violence and armed conflict. From their actions, they carry out political incidence at different levels: local-departmental, local-national, local-international, which contribute to the prevention, management, and regulation of conflicts in the territory during a context of the implementation of the peace agreement between the government and the FARC and escalation of the conflict. Actions that aim towards the visibility of the rural women of leadership, the defense of the territory and their demand of guarantees in their political incidence. This research has a qualitative approach, with a case of study approached from the critical paradigm and the ethnographic method that contributes to the complex understanding of territorial peace from its relationship with the categories of gender and territory.

Keywords: Rural women, peace building, peace territorial, gender, territory

Introducción

El presente artículo es producto de la investigación “Mujeres Rurales: Paz territorial en el Departamento del Putumayo”[1]. El documento se presenta de la siguiente manera: primero, se definen las claves teóricas en relación a las categorías de paz, paz territorial y género, así como la ruta metodológica para el acompañamiento a las mujeres rurales en los procesos organizativos que desarrollan en el territorio. Segundo, se exponen los distintos posicionamientos de las mujeres rurales lideresas y defensoras ante la paz a partir del reconocimiento de la pluralidad y tensión con la propuesta institucional del Estado. En un tercer momento se presenta el análisis de las iniciativas y acciones desarrolladas por las mujeres rurales que aportan a la construcción de paz territorial y finalmente las conclusiones y discusión.

1. Construcción de paz, paz territorial y perspectiva de género

El enfoque de la paz imperfecta propone una visión amplia de la comprensión de la paz, vincula el giro a lo local, los distintos actores y la justicia social. Según Molina y Muñoz (2004), Muñoz (2001), son todas las realidades en las que se regulan pacíficamente los conflictos y se satisfacen al máximo las necesidades, es un proceso inacabado donde los diferentes actores, contextos y conflictos se relacionan permanentemente. Comprende el conjunto de acciones en el corto, medio y largo plazo que permiten a una sociedad prevenir, gestionar y resolver el conflicto de sus propias capacidades sin recurrir al uso de la violencia.

Según Molina y Muñoz (2004), la prevención de los conflictos ocurre cuando las personas pueden predecir qué conflictos pueden degenerar en violentos y definir mecanismos para evitar que ocurran. Por su parte, la gestión pacífica de los conflictos depende directamente de las experiencias previas y aprendizajes que pudieron acontecer con la participación de diversos actores en distintas escalas y ámbitos. Y, la regulación de los conflictos supone la elección de una vía de éxito, implica el análisis de alternativas a pesar de que la realidad sea compleja o conflictiva y esté contaminada por la violencia.

A su vez, la inclusión de la paz territorial[2] como categoría de análisis surgió a partir del reconocimiento de la propuesta de paz territorial que se enmarca en el Acuerdo General para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera alcanzado por el gobierno de Juan Manuel Santos y las Fuerzas Armadas Revolucionaras de Colombia (FARC-EP):

Se trata de poner en marcha una campaña de planeación participativa para que entre autoridades y comunidades se piense en las características y necesidades del territorio, en las respuestas a esas necesidades, y de manera metódica y concertada se construyan planes para transformar esos territorios […] Lo que necesitamos es imponer una lógica de inclusión e integración territorial, basada en una nueva alianza entre el Estado y las comunidades para construir conjuntamente institucionalidad en el territorio. “Institucionalidad” entendida nuevamente no sólo como la presencia de unas entidades estatales, sino como el establecimiento conjunto de unas prácticas y normas que regulen la vida pública y produzcan bienestar. […] No podemos volver a cometer el error de pensar que se trata simplemente de desmovilizar unos grupos. Hay que llenar el espacio, hay que institucionalizar el territorio, y hay que hacerlo entre todos (Jaramillo, s.f, p.4).

Desde esta mirada, la paz territorial da centralidad al Estado y la relación con la ciudadanía, el papel de la institucionalidad en la garantía de derechos a partir del incremento de su presencia en los territorios. Bautista (2017), devela que bajo este posicionamiento se articulan dos ideas: el enfoque de derechos de corte liberal y la conformación de “instituciones fuertes”, lo cual supone la materialización de los derechos en todo el territorio dada la ausencia histórica del Estado. Ello remite a la corrección de dichas fallas, la democratización de la sociedad en un proceso que habrá de forjar una nueva alianza Estado-comunidad desde la planeación “de abajo hacia arriba”.

La paz territorial se concibe como la institucionalización como vía para impulsar el desarrollo en el campo y en los territorios donde el Estado ha tenido falta presencia, bajo el argumento de la garantía de derechos se impone la normatividad del Estado y la lógica neoliberal que tiende a la desarticulación de procesos organizativos locales y desdibuja el papel de diversos actores en los territorios. Como advierte Bautista (2017), la noción de paz del gobierno no es llenar, sino desplazar, desarticular o integrar las realidades; pues, aunque apela al reconocimiento de las lógicas particulares de las regiones desde la diversidad geográfica-espacial, lo que subyace es una visión de la paz centrada en la imposición de las lógicas del Estado.

Por esta razón, se profundizó en la comprensión de la paz desde el territorio. Segato (2006) expresa que, es espacio representado y apoderado, implica una forma de aprehensión discursiva del espacio expresada en la apropiación política del mismo, se vincula con su administración y, por tanto, con su delimitación, clasificación, habitación, uso, distribución, defensa y, sobre todo, identificación. El territorio no es espacio, ni cualquier lugar. Es espacio apropiado, delimitado, es ámbito bajo control de un sujeto individual o colectivo, marcado/atravesado por la identidad de su presencia y por lo tanto indisociable de categorías de dominio y poder.

La paz territorial supone el reconocimiento de las mujeres como sujeto central en el proceso de la transformación pacífica de los conflictos, indica que no sólo se reduce a sus acciones, sino que también, implica reconocer sus intencionalidades políticas para habitar, delimitar, y usar el espacio, la identidad individual y colectiva que involucra su propia historicidad. Atraviesa el alcance de las acciones para la prevención, gestión y resolución de los conflictos sin acudir a la violencia en el departamento del Putumayo.

Particularmente, la construcción de la paz desde la perspectiva de género según Martínez (2010), implica el reconocimiento de los imaginarios simbólicos dicotómicos de poder, la feminización de la paz desde el rol reproductivo y de cuidado de las mujeres en la sociedad, tendientes a la preservación de la vida que no necesita declararse o argumentarse, distinto al rol de los hombres asociado a la guerra que irrumpe en la paz y que tiene que justificarse bajo la premisa del cuidado de la comunidad-patria para el mantenimiento de la paz.

Por ello, es necesario el cuestionamiento del rol desde los mandatos de sexo/género, los esencialismos paz/feminidad, violencia/masculinidad, la manera en que atraviesa el accionar de las mujeres rurales y su incidencia en el territorio. Supone la lectura crítica de las relaciones de poder en el territorio no sólo en la diferenciación entre el Estado y las mujeres, sino también, de las condiciones históricas de marginación y vulneración como mujeres rurales.

1.1 Ruta metodológica

La investigación se fundamentó en la estrategia de estudio de caso, conocimiento situado y método etnográfico. El estudio de caso como estrategia para la comprensión del significado de la experiencia, implica el examen intenso y profundo de diversos aspectos de un mismo fenómeno que ocurre en un espacio y tiempos determinados, involucran de manera directa, intensa y vivencial a actores, escenarios y al investigador Galeano (2004).

Así mismo, el conocimiento situado constituye una apuesta a la localización, el posicionamiento y la situación, según Haraway (1995), la parcialidad es condición, puesto que la pretensión es sobre la vida de la gente, la visión desde un cuerpo, un cuerpo complejo-contradictorio, estructurante-estructurado, en contra la visión desde arriba, de ninguna parte, desde la simpleza. La búsqueda de la particularidad como posibilidad para establecer conexiones que invitan al investigador a nombrar su lugar en el proceso de construcción de conocimiento.

El método empleado fue el etnográfico, para ello se realizó una estancia de campo en el periodo de octubre-diciembre de 2019, principalmente entre los municipios del Valle del Guamuez y San Miguel. Participaron dos grupos de mujeres rurales entre 25 y 70 años de edad, once de ellas pertenecientes a AMUR[3] y cinco a Asoproángeles[4], la selección se concertó con las representantes de AMUR a partir de dos criterios: la participación activa de las mujeres y las garantías de seguridad en territorio.

Para las participantes ser mujer rural[5] involucra su identidad y relación con el territorio, en este caso, no se autodenominan campesinas, más bien se reconocen a partir de sus liderazgos, procesos de defensa y organización colectiva para la producción agropecuaria y garantía de sus derechos.

La información que aquí se presenta se obtuvo mediante la observación participante, entrevistas conversacionales con lideresas, defensoras, una integrante de la comisión nacional de la Plataforma de Incidencia Mujer Rural e integrantes de una organización internacional de seguimiento a los acuerdos de paz. Se desarrollaron tres encuentros: el primero centrado en los acuerdos y el reconocimiento; el segundo sobre la historia colectiva, cuerpo y territorio en donde se aplicó la técnica cartografía cuerpo-territorio; y el tercero sobre la paz, iniciativas y organización a favor de la paz en el Putumayo.

La investigación se propuso dar centralidad a las voces de las mujeres rurales, sus posturas frente a la paz y las acciones que están desarrollando en territorio. Para ello fue relevante el acompañamiento en los distintos escenarios de participación con organizaciones nacionales, internacionales y de interlocución con el Estado en la zona baja, media y alta del departamento del Putumayo.

El procesamiento de los datos se realizó a partir de la codificación y categorización en Atlas TI, posteriormente, se llevó a cabo el análisis narrativo, el cual implica el examen de la historia que cuenta los sujetos, sus recursos lingüísticos y culturales, en otras palabras, cómo los sujetos que respondieron le dan orden al flujo de la experiencia para darles sentido a los sucesos y acciones de sus vidas (Álvarez, 2003).

2. Acercamiento al contexto del Putumayo

Gráfica 1
Mapa departamento del Putumayo, división político-administrativa
Nota: tomado de Fundación Ideas para la Paz, (2019), Territorio, seguridad y violencias basadas en género en Puerto Asís, Bogotá, p.17.

Según Ramírez (2017), el departamento del Putumayo^[6] se encuentra ubicado al sur de Colombia, comprende 24.885 km, representan el 2,2% del territorio nacional que abarca desde la cumbre de la cordillera andina, piedemonte y la planicie amazónica, los cauces de los ríos Caquetá, San Miguel y Putumayo. Limita con las repúblicas de Ecuador y Perú, es una región estratégica de desarrollo y constituye un centro mundial de protección dada su riqueza en biodiversidad.

El impacto del conflicto armado en el departamento ha sido considerable, dadas las condiciones geográficas constituye un espacio estratégico de biodiversidad y conexión con países vecinos. Es territorio de especial interés para la extracción de minerales y petróleo, producción de cultivos de coca y control territorial por parte de actores armados. Se ha caracterizado por su debilidad estatal e institucional en programas, aplicación de enfoques preventivos e integrales en los procesos de erradicación de cultivos ilícitos e ineficiencia en el manejo de los recursos para contrarrestar la presencia de grupos armados ilegales (Ávila, et al, 2014).

Según el CNMH (2015), CNMH (2012), la consolidación de la economía cocalera, sobre todo en el Bajo Putumayo, desempeñó “un papel determinante en la dinámica del aumento de la violencia”. Desde 1998, el Putumayo inició su consolidación como mayor productor de coca en la región de la Amazonia occidental, en el año 2000 alcanzó el mayor número de cultivos de coca de Colombia, representando el 40% del total en el país, el 87% de los cultivos se concentró en el municipio del Valle del Guamuez.

Como refieren Ávila et al (2014), el auge de la coca conllevó múltiples expresiones de violencia que han marcado la historia de la población y las mujeres rurales. Entre estas, la masacre en la inspección El Placer en el año 1999, generó desplazamientos masivos que afectaron veredas aledañas, como la vereda Los Ángeles, a partir de la incursión y enfrentamientos entre las FARC-EP y los paramilitares. De ahí que, la presencia del narcotráfico sea un factor fundamental en las expresiones del conflicto armado en el Putumayo (CNMH, 2012).

3. ¿Qué es la paz?: De los acuerdos de paz a la paz territorial

La construcción de la paz en Colombia ha sido un tema ampliamente discutido por distintos sectores de la sociedad dadas las características históricas del conflicto armado, sin embargo, el debate sobre la paz territorial ha tomado centralidad desde la firma del acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC-EP. Cabe señalar que existen múltiples miradas frente a la paz, las mujeres rurales plantean posturas que van más allá de entrar en tensión o no con la propuesta de paz territorial impulsada por el gobierno nacional.

Gráfica 2
Mujeres Rurales: Posicionamientos ante la paz
Nota. Elaboración propia[7]

Durante los encuentros con las mujeres rurales emergieron temáticas vinculadas a la garantía y vulneración de derechos, la situación del campesinado, la brecha entre el campo y la ciudad, el acceso a la tierra, la comercialización justa de los productos y su relación con la implementación del acuerdo de paz desde la Reforma Rural Integral (RRI)^[8], los Programas de Enfoque Territorial (PDET)^[9] y el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos Ilícitos (PNIS)^[10].

Temas que dan cuenta de problemáticas estructurales y la afectación histórica del conflicto armado en el Putumayo, la manera en que las mujeres rurales conciben la construcción de la paz desde el territorio vinculado al principio imperativo de la vida digna, la garantía de derechos, el bienestar y buen vivir de la comunidad con respeto a la naturaleza.

Cuando se habla de paz pues sale la palabra conflicto […] La paz es la manera cómo miramos la misma cosa desde diferentes perspectivas, pero compartimos de alguna forma, como en medio de la diferencia algo nos debe unir, por ejemplo, lo que dice la compañera, paz es todo […] las carreteras, que los campesinos no puedan sacar sus productos o que saquen un producto y que los costos no solventen la necesidad de la casa [...] El día a día de un campesino es bien complicado, el día a día de un niño, el día a día de un joven, entonces la paz para mí es que todas las personas tengan lo justo y necesario para vivir una vida digna en todos los escenarios posibles (Encuentro de Mujeres Rurales 9Nov, 2019).

Aquí, subyacen varios elementos sobre la paz: el conflicto, la solución pacífica y las condiciones para la vida digna en todos los escenarios posibles. El conflicto como parte del proceso de interacción social, las relaciones entre personas y grupos que transmiten anhelos y expectativas, está vinculado con la cultura en la que hemos sido socializados; es carácter procesual-multifactorial, involucra distintos actores con necesidades, intereses y objetivos que pueden entrar en tensión, contraposición, regulación y transformación, Molina y Muñoz (2004).

Las mujeres rurales vinculan la paz con la vida digna, la garantía de derechos. El trasfondo de la paz tiene que ver con lo que detona el conflicto, es decir, con las problemáticas que se vivencian en el Putumayo relacionadas con la precarización de la población rural-campesina que ven en los cultivos ilícitos de coca una alternativa para el sostenimiento familiar, lo que desencadena múltiples expresiones de violencia como la presencia del narcotráfico y los grupos armados que ejercen control territorial.

[…] ¿qué es la paz?, es la vida digna, sin dinero no hay vida digna definitivamente; entonces son las condiciones, son los alimentos, la educación, la salud. Y si no hay forma de solventar eso de una manera legal, porque la política no se da para el campo, pues en este país no hay una política pública agraria que de verdad le dé la oportunidad al campesino de dejar de la coca (Encuentro Mujeres Rurales 9NOV, 2019).

Lo anterior, tiene relevancia si se sitúa la dignificación de la vida en relación con el contexto de la producción de los cultivos ilícitos y el conflicto armado en el departamento. El papel central de la producción de la coca en la economía familiar, dado que las familias que se dedicaban a la agricultura -de manera predominante- transitaron a los cultivos de coca. Como relataron las mujeres rurales, la época dura de la guerra y la coca entre el año 2000-2002 se reflejó en el incremento de cultivos ilícitos y dinámicas de violencia como asesinatos, toques de queda y control por parte de paramilitares.

Este punto de partida es indispensable para el aterrizaje de la paz, pues, la producción cocalera y el control territorial por parte de distintos actores armados persiste con diferente intensidad. Paz y conflicto aluden no sólo a la disputa de intereses, es también el reconocimiento de las necesidades históricas del campesinado y la población rural, el papel fundamental del Estado en la garantía de derechos en el territorio que constituye una base para que los conflictos no desencadenen en soluciones por vías violentas.

De ahí que, la dignificación de la vida se relacione con la transformación de condiciones que sostienen la violencia directa y consolidan la violencia estructural: la primera, se caracteriza por causar sufrimiento o lesiones físicas, su expresión más brutal es a través de métodos militares, bélicos y armados; la segunda, se expresa en las estructuras sociopolíticas que impiden la realización de las personas, generan desigualdades sociales, marginalidad y exclusión, (López, 2009).

Es decir, la paz es un proceso amplio que conlleva a la transformación de actitudes, instituciones y estructuras que impiden el desarrollo de sociedades pacíficas, procesos que son agenciados desde las bases de la sociedad (bottom-up), el giro a la realidad local desde la participación de diversos actores, incluyendo quienes han sido víctimas de la violencia Paladin (2016). Las mujeres rurales lideresas y defensoras proponen una comprensión de la paz desde la dignidad, la participación social y política como la clave para hacer ruptura con las violencias en su territorio.

2.1. Posicionamientos ante la paz: De los acuerdos de la Habana a la paz desde abajo

Desde diferentes escenarios institucionales y no institucionales, las mujeres rurales se posicionan frente al contexto histórico de exclusión, conflicto y violencia que se presentan en el departamento y exigen una mirada cercana de su territorio para la garantía de sus derechos. La implementación del acuerdo de paz desde el reconocimiento del Putumayo como territorio heterogéneo en sujetos, comunidades y biodiversidad, con problemáticas singulares dadas las condiciones geográficas que lo sitúan como espacio de interés para las multinacionales, actores armados y el narcotráfico.

Son posicionamientos diversos, varían según el papel que desempeñan las mujeres. Muestra de ello, son las mujeres que ejercen el liderazgo y defensa del territorio desde las caberas municipales que hacen énfasis en el cumplimiento de los acuerdos de paz, inciden escenarios locales, regionales, nacionales e internacionales.

Sí, los acuerdos paz, y nosotras tocamos el punto uno que son la parte de tierras, entonces toda esa parte de la reforma agraria pues no se está cumpliendo, está centralizado, a los países garantes les hacen ver que todo está llegando a las comunidades, y si nosotras vamos a los territorios, pues no está llegando. No es así. Y mire lo que se dijo de la coca, les hicieron arrancar la coca, no se han cumplido los acuerdos. En los territorios siguen explotando petróleo, como están haciendo con el agua, nuestra agricultura no es la misma como era antes, sobre todo los indígenas teníamos nuestras propias semillas, ahora nos llevan semillas de otras partes que no se van a crecer, van contaminadas. Nos han dañado completamente lo que es propio […] Pero es que dado los acuerdos que no se han cumplido, uno se cansa, y la verdad mirar que por eso se está volviendo a la coca, porque es el sustento que da, porque el gobierno no ha cumplido los compromisos. (Entrevista conversacional, 2019).

Lideresas y defensoras establecen una relación entre la implementación del acuerdo de paz y la construcción de la paz desde la participación política y la defensa del territorio en el Putumayo. Esta relación constituye el fundamento para la acción de defensa y denuncia que están llevando a cabo ante el Estado y organizaciones internacionales, dado el incumplimiento de los acuerdos de paz y sus repercusiones en el territorio que se expresan en el incremento de la explotación minera-petrolera y la presencia de actores armados que pone en riesgo a la población.

Desde sus discursos, sitúan la coca como el detonante del conflicto armado y las violencias, de ahí que, sus críticas y denuncias se centren en el incumplimiento del acuerdo de paz en materia de RRI y el PNIS, la defensa del territorio con toda su biodiversidad y la transformación de las condiciones de vida para garantizar los derechos de la población que subsiste del cultivo ilícito de la coca y la producción agropecuaria en el Putumayo.

Es por ello que, para las mujeres rurales la paz se vincula con la mirada macro-nacional y el territorio local desde sus dinámicas e identidades, que, además deja entrever que defender el acuerdo de paz no va en contravía de la defensa del agua, la tierra y la biodiversidad de su territorio. Por lo que en sus discursos subyacen tensiones con el enfoque de paz territorial institucional, la implementación del acuerdo de paz y la lectura del territorio.

Muchas veces los campesinos dicen, nosotros estamos cansados de hablar de paz y no vemos las cosas, y estos proyectos ya los miramos y que permiten que el campesino pueda salir, transformar su vida. Anteriormente por acá tenían muy metido ese chip de los cultivos ilícitos y ahora mirar cómo se puede tener verdaderamente iniciativas de paz, tener paz en nuestro territorio. Ministra de Minas y Energía[11] (Diario de campo, 1 de noviembre 2019).

Lo anterior, pone en evidencia la postura institucional a partir del abordaje de paz territorial desde la perspectiva liberal, “la paz que llega”, que prescinde de la lectura crítica de las dinámicas propias de cada territorio. En este caso, el reduccionismo en la comprensión de la producción de los cultivos ilícitos a una situación individual, da cuenta de la omisión como vía para relativizar la complejidad del contexto del Putumayo en el que están inmersas mujeres, hombres y familias cocaleras. En contraste, el llamado a la institucionalidad en representación de los y las funcionarias públicas es a que generen el acercamiento y conozcan el territorio:

[…] nosotras decimos: los acuerdos de paz se deben respetar, las mujeres del territorio, las personas del territorio, hombres y mujeres rurales. Pero simplemente lo hablan desde allá, pero no van hasta el territorio, eso simplemente llegaron hasta tal parte, eso fueron algunas, y ¿las demás?, hay que conocer el territorio y hay que estar en todos los territorios para eso. Eso era lo que, como decir nuestra visibilización y demostrar que eso es real (Entrevista conversacional, diciembre 2 de 2019).

Todo lo anterior, deja entrever que la propuesta de paz territorial del gobierno y su institucionalidad continúa sosteniendo las dinámicas centralistas en la comprensión y abordaje de los territorios. Es la paz que se construye “desde allá” -capital del país- que omite y excluye desde el discurso y la acción el reconocimiento de los sujetos y comunidades que habitan/construyen/apropian los territorios desde posturas alternativas a la visión de desarrollo del Estado.

Es decir, aun cuando la paz territorial plantea la priorización de las regiones más afectadas por el conflicto armado y la participación ciudadana como la clave para la transformación. La comprensión del territorio se concentra en la relación Estado-región, la descentralización y la institucionalización de las regiones en caracterizadas por la exclusión, marginalidad y el impacto del conflicto armado. Por lo que, no logra complejizar el territorio al dejar de lado la pluralidad de actores y sus procesos de construcción/apropiación del territorio más allá del papel del Estado.

Según Peña (2019), esta visión de paz territorial no considera el territorio como una dimensión problemática, las relaciones sociales rotas a causa del conflicto, son realidades interpretadas como procesos “aespaciales” y “aterritoriales”. Es la paz liberal (top-down), establece una relación directa entre desarrollo y paz, la institucionalización de las regiones con el propósito de establecer las políticas neoliberales como vía para superar la brecha entre el campo y la ciudad, el conflicto armado y la multiplicidad de violencias. En consecuencia, si la violencia es falta de desarrollo, instituciones sociales y políticas liberales modernas, la paz territorial es, entonces, la expansión y apropiación de dichas instituciones liberales por todo el territorio.

Las mujeres rurales defienden la implementación del acuerdo de paz y la presencia institucional, pero no como vía de homogenización de los territorios, sino como proceso que se cimienta desde y para las comunidades a partir de sus cosmovisiones, formas organizativas y coexistencia con la naturaleza. Dos ideas complementarias se destacan: el fortalecimiento de la presencia institucional en el departamento y el cumplimiento de los acuerdos de paz en el proceso de implementación; y, el reconocimiento del territorio desde la pluralidad de actores como las mujeres, comunidades indígenas, población rural, campesina y sus procesos organizativos para defender y transformar las situaciones de conflicto que han afectado el territorio.

Aun cuando las mujeres reiteran la implementación del acuerdo de paz, no se reduce en ello. Las mujeres rurales lideresas que residen por fuera de las cabeceras municipales[12] enfatizan en la construcción de paz “desde abajo”, a partir de la producción agropecuaria, la relación con la tierra, la unión entre mujeres y su red familiar-comunitaria. “Donde hay hambre no hay paz”, es ineludible la garantía de derechos, la alimentación, las condiciones de vida digna para las personas que producen en el campo, sus familias y comunidades.

Como refiere Magallón (2004), la paz no es sólo finalizar la guerra, la violencia, no es sólo la ausencia de guerra, hace falta que haya desarme, derechos humanos, democracia, desarrollo. En los procesos de paz –más allá de la negociación política- intervienen diversos actores de la sociedad civil, las mujeres tienen un papel importante, por ejemplo, en temas de regulación de tierras, participación inclusiva.

Frente a ello, las lideresas y defensoras han puesto en cuestionamiento su papel en la construcción de la paz, si bien se reconocen en el espacio privado desde el rol tradicional de ser madre y el cuidado. También, dan cuenta que su rol va más allá, desde sus procesos colectivos han logrado trastocar las dinámicas de la familia con sus parejas transitando hacia una división equitativa de tareas del cuidado y el trabajo.

García (2018), refiere que las mujeres a lo largo de la historia han sido agentes de regulación de conflictos por medios pacíficos, tanto en las acciones cotidianas como en escenarios públicos mediante diversas maneras de resistencia a la violencia y a la guerra. La resistencia ha sido una forma de expresar la inconformidad y sus acciones se enmarcan en el mundo de la acción desde el comienzo de la condición humana, y es desde ahí, que se ha construido de una u otra manera sus roles.

Esto es indispensable, pues las lideresas y defensoras en el Putumayo a partir de sus acciones de resistencia en el ámbito privado y público han logrado desorganizar los roles de género establecidos, si bien, la paz ha sido asociada a la feminidad y el cuidado, esto no es innato, más bien demuestra que el cuidado es una acción política que puede ser desgenereizada y asumida por hombres y mujeres para el sostenimiento/protección de la familia, comunidad y el territorio.

En definitiva, las posturas de las mujeres rurales permiten vislumbrar que la construcción de la paz debe tener como punto de partida el territorio, la paz es: el sostenimiento, cuidado, protección y defensa tanto de las familias y comunidades, como de la naturaleza en la preservación de los ríos, bosques y toda la biodiversidad. La paz territorial tiene que ver con el ser mujeres rurales que crean vínculos y redes organizativas para actuar, generar procesos de cambio y transformación de conflictos en el Putumayo.

3. Paz territorial: Resistencias e incidencias de las Mujeres Rurales

Comprender la paz desde su carácter imperfecto, complejo y procesual, como expresa Muñoz (s. f), se trata de reconocer las distintas iniciativas y acciones de las mujeres rurales desde el alcance que tienen en la prevención, gestión y regulación de los conflictos por medios pacíficos, acciones que están encaminadas a potenciar el desarrollo, atender de las necesidades, garantizar los derechos y construir justicia social en el territorio. La paz imperfecta como un proceso entre la paz negativa y paz positiva que no está absolutamente presente en todos los espacios sociales, más bien convive con el conflicto y las diversas alternativas para regularlo.

En esta tercera parte, se destacan dos tendencias en las iniciativas y acciones para la construcción de paz territorial. Por una parte, la paz desde abajo como una crítica directa a la implementación del acuerdo y el desconocimiento del territorio, pero sobre todo desde el reconocimiento de la capacidad de agencia de las mujeres, sus familias y comunidades para afrontar las situaciones conflicto y violencia. Por otra, la paz como un proceso que se construye de manera simultánea desde abajo y desde arriba, tomando como punto de partida las particularidades, los procesos organizativos de las mujeres y sus comunidades y la afectación diferencial del conflicto armado en el territorio.

A continuación, se abordan las acciones de las lideresas y defensoras desde los distintos niveles local-departamental, local-nacional y local-internacional.

Gráfica 3
Paz territorial: Resistencias e incidencias de las mujeres rurales
Fuente: Elaboración propia[13]

3.1. De lo local a lo departamental: Sustitución de cultivos, producción agropecuaria y resistencia colectiva

Desde sus discursos las mujeres rurales hacen un llamado al reconocimiento de sus iniciativas, acciones y procesos construidos al margen de la institucionalidad del Estado que implican su confrontación en su omisión y constituyen una apuesta a la construcción de la paz desde abajo. Aquí se presentan dos procesos: la sustitución voluntaria de cultivos de las lideresas de Asoproángeles y la conformación amplia de redes organizativas entre asociaciones de mujeres y entre asociaciones de mujeres con organizaciones mixtas.

En primer lugar, a partir del trabajo etnográfico fue posible identificar que la coca atraviesa los distintos escenarios en los que se desenvuelven las lideresas y defensoras, pues como ellas lo indican, no sólo ha tenido un lugar central en la economía familiar rural, también ha sido el detonante de la violencia. Por esta razón, la sustitución voluntaria de cultivos que llevaron a cabo las mujeres a partir de la conformación de la asociación para la producción agropecuaria en los terrenos locales-familiares, constituye una acción de paz territorial. Ahora bien, el trasfondo de este proceso involucra la ausencia de garantía de derechos, la exposición a situaciones de riesgo y vulneración para las personas que realizan la acción de sustitución.

Ante el panorama, lideresas y defensoras advierten la contradicción: pues, si la población rural no sustituye los cultivos, el Estado realiza la erradicación forzada a través de la fuerza pública y el uso de glifosato; pero, si la llevan a cabo se exponen a las amenazas de grupos armados.

En este sentido, la acción local de las mujeres rurales de erradicación voluntaria contribuye a la gestión y regulación de los conflictos. Fueron las experiencias de vida y el reconocimiento del carácter conflictivo de la coca lo que llevó al proceso de sustitución, generando una ruptura con las distintas expresiones de violencia. Por ejemplo, como enfatizan las mujeres, la afectación de la fumigación con glifosato en las tierras y la salud de la población, la presencia de actores armados y el narcotráfico.

Es decir, la sustitución como una vía de subsistencia a través de las huertas familiares, recuperación de la autonomía, la búsqueda de alternativas lícitas para el sostenimiento de las familias y la construcción de la vida libre de violencias que genere rupturas con los actores armados y el narcotráfico.

Además, este proceso agenciado por las mujeres rurales ha sido desarrollado sin el acompañamiento institucional y se ha caracterizado por la autogestión. Lo cual, da cuenta de la acción local vinculada al territorio a través de la recuperación de los saberes de los mayores para el uso y preservación de las semillas nativas, por lo que no se trata sólo de la producción de la tierra para el sostenimiento de las familias y generar sustento económico, es también el cuidado, protección y defensa de la naturaleza.

[…] Ya no queremos explotar, sino como le digo vender lo que tenemos [...] la visión de nosotras es el turismo, decimos es como la salvación a toda esta contaminación, a todo, a la tala, pero no sabemos cómo empezar. Es que tenemos ríos, tenemos quebradas, tenemos bosque (Segundo Encuentro Mujeres Vereda Los Ángeles, 2019).

Es por ello que, las mujeres rurales al igual que las comunidades indígenas y afrodescendientes le apuestan a un proyecto de resistencia y r-existencia, como menciona Escobar (2014), frente al capitalismo, las violencias de género, el cambio climático, el conflicto armado, el narcotráfico y la explotación de los recursos naturales por parte del Estado y las multinacionales. Buscan construir otras formas de vida, de habitar el territorio de manera sostenible desde el proceso organizativo para la producción agropecuaria, el ecoturismo, la protección, defensa del territorio y su biodiversidad.

Para lograrlo, la unión entre mujeres ha sido una acción fundamental de prevención, gestión y resolución de las situaciones de conflictivas y de violencia, a través de la organización colectiva han creado espacios para encontrarse, reflexionar, elaborar propuestas y hacer incidencia política ante el Estado, organizaciones nacionales e internacionales. Es una forma de resistencia para generar redes de apoyo, cuidado y defensa entre mujeres, como mencionó una lideresa: “el nosotras habernos unido no más para defendernos, vernos, cuidarnos, pues es construir paz”[14].

[…] la resistencia no lo hace uno solo, resistencia se hace juntos, unidos, en grupo, porque una persona sola, como dicen una sola golondrina no hace verano. Pero aquí se nota, con todo lo que ha tocado, con las huellitas, las vivencias y todo, la necesidad de estar juntas, hacer redes, seguir hablando, seguir conversando [...] Porque si te alejas esto se acaba, vives sola, te encierras, esto se acaba. Todo este proceso se acaba, entonces es bien importante seguirnos reuniendo, seguirnos saludando, entonces como que uno dice hago parte de esto, así no sea muy activo, pero hago parte de esto y la esencia está aquí (Encuentro Mujeres Rurales 9NOV, 2019).

Frente a lo anterior, en el departamento existe una articulación amplia entre las organizaciones departamentales de mujeres[15] como AMUR, Ruta Pacífica de las Mujeres del Putumayo, Alianza de Mujeres Tejedoras de Vida, Red de Mujeres Putumayenses, Mujeres Afrodescendientes del Putumayo, Mujeres Indígenas del Putumayo, y la Mesa Departamental de Víctimas. La unión y organización entre mujeres constituye acción de resistencia, defensa y apropiación política del territorio encaminadas a la prevención, gestión y resolución de los conflictos que se demuestra a través de la participación en distintos escenarios para la exigencia de la garantía de sus derechos.

3.2. De lo local a lo nacional: Ruta de Seguridad y Garantías y Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de DD. HH

Las redes organizativas de mujeres son claves para generar acciones de regulación de conflictos en el Putumayo, por medio de la presión, denuncia e interlocución con el Estado a nivel local-departamental-nacional: paros cocaleros a favor de la garantía de derechos a las familias cultivadoras de coca; movilizaciones antiextractivistas por la defensa y protección del Amazonas, movilizaciones por el día internacional de la No Violencia contra las mujeres, paros y movilizaciones en contra de las políticas del gobierno, en favor de la paz y la Noviolencia.

Los liderazgos, procesos de defensa y organización de las mujeres rurales dan cuenta de su capacidad de proposición y movilización para la construcción de la paz, al poner en evidencia las situaciones de vulneración de derechos que se presentan en el territorio y generar propuestas alternativas ante el gobierno local, departamental y nacional para dar solución a las problemáticas. Como menciona Mesa (2014), las mujeres en Colombia han trabajado durante años en la generación de condiciones para construir paz a partir del análisis y propuestas que contribuyan al logro de consensos intersectoriales; participando en mesas locales y regionales para abrir espacios amplios de diálogo; tratando de dar visibilidad a las víctimas del conflicto armado, mostrando los impactos de la guerra y movilizándose masivamente para humanizar el conflicto y construir la paz.

Con respecto a lo anterior, las mujeres rurales[16] se han posicionado desde diversas organizaciones para denunciar y reclamar ante la institucionalidad las situaciones de amenaza, violencia de género y feminicidios en contra de las mujeres en el Putumayo: Al gobierno nacional la implementación de los acuerdos de paz con perspectiva de género; a la gobernación departamental la implementación de la Política de la Mujer y Equidad de Género y la construcción de la ruta de protección a lideresas y defensoras con enfoque de género y diferencial; y, a las alcaldías el funcionamiento las Secretarías de Género.

Asimismo, han dado a conocer la relación entre las situaciones de conflicto, violencia y zonas estratégicas de los municipios del Valle del Guamuez y San Miguel, para exigirle al Estado medidas de atención urgentes dado el riesgo inminente para las comunidades. Primero, el incremento de la presencia de grupos armados ligados al narcotráfico internacional, disidencias de las FARC y paramilitares; segundo, la denuncia del retorno al cultivo de coca, el incremento de extorsiones, homicidios, desplazamientos y reclutamientos forzados; tercero, la restricción de acceso en las veredas en las zonas más alejadas de las cabeceras municipales; cuarto, la situación humanitaria del Putumayo ha desencadenado en la amenaza y feminicidio de las mujeres lideresas y defensoras.

Ante este panorama, lideresas y defensoras afrontan riesgos particulares que han sido omitidos por los entes territoriales y gubernamentales en el Putumayo. Razón por la cual han desarrollado acciones de exigencia para la construcción de la Ruta de Seguridad y Garantías con enfoque de género, diferencial y territorial que responda de manera oportuna y salvaguarde la vida de cada mujer en el territorio. Esto responde a la situación particular de la desaparición de una compañera[17], pero, también se relaciona con el contexto de riesgo general para las mujeres que llevan a cabo acciones en Colombia.

La grave situación de derechos humanos ha llevado al fortalecimiento de los procesos organizativos y redes de las lideresas y defensoras para reivindicar su derecho a una vida libre de violencias. Muestra de ello es la creación de la Mesa de Seguridad y Garantías conformado por dos comités: El comité de seguimiento para el análisis y acompañamiento a casos específicos de lideresas y defensoras víctimas de violencias; y el comité de impulso, un esfuerzo colectivo de las mujeres para la construcción de la ruta de protección local para establecer acciones en el corto, mediano y largo plazo encaminadas a la garantía de sus derechos, la prevención y protección ante los riesgos que se presentan en el departamento del Putumayo[18].

De esta manera, la exigencia para la creación de la Mesa de Seguridad y la Ruta de Seguridad y Garantías constituye una apuesta de construcción de paz territorial de la red de mujeres del Putumayo. Su incidencia desde lo local a partir de sus propias experiencias de vida y la lectura de las relaciones en y con el territorio, ha contribuido a la prevención, gestión y resolución de los conflictos y violencias en el Putumayo. Además, sus experiencias han generado eco a nivel nacional, al ser parte del proceso piloto de la construcción e implementación de la política pública nacional denominada Programa Integral de Garantías para las Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos[19].

Esta política pública contempla tres ejes fundamentales: en materia de prevención, las situaciones de riesgo aumentan para las lideresas y defensoras a causa de la falta de reconocimiento de su labor, los escasos espacios de diálogo y la dificultad para acceder a recursos. En protección, las medidas y procedimientos presentan un enfoque de género débil que no responde de manera adecuada a las situaciones de seguridad de las mujeres. Y en materia de garantías de no repetición, predomina la impunidad en los delitos contra la vida, integridad y seguridad de las lideresas y defensoras, Sisma Mujer (s.f).

Por lo que, lideresas y defensoras del Putumayo han hecho énfasis en la ruta de prevención y protección que responda a las características y circunstancias de cada una de las mujeres contemplando su identidad, vínculo familiar y arraigo con el territorio:

Las rutas protocolarias ante las violencias en las que tu llegas a las dependencias, ese tipo de rutas de atención a las violencias, pero no son efectivas para proteger, son como de asistencia, más que preventivas. Por eso se miró la necesidad de que existiera una ruta preventiva, pero tenía que darse unas garantías, entonces se trabajó mucho sobre que tenía que tener un enfoque diferencial, que no era lo mismo para mí una forma de que me den garantías, pero para la indígena su cosmovisión es diferente y para la afro es otra. […]se empezó a construir esa ruta, se trabajó muchísimo, porque la indígena decía que era muy importante dentro de esto aplicación de esta ruta que se incluyera la parte del contacto con la naturaleza, lo ancestral, la armonización, y la negra también […] las que participaron se dieron cuenta que eran debates interminables, pero llegando a la conclusión de que se construyó, (Último encuentro mujeres lideresas, 2019).

De modo que, no se trata sólo de la crítica de las lideresas y defensoras a la ruta de protección del Estado. Es también la reivindicación y reapropiación de los enfoques de género, diferencial-étnico y territorial para reclamar el análisis y atención de la situación de las mujeres respetando su identidad como mujer rural, indígena y afrodescendiente y el reconocimiento de las relaciones que construyen con sus ancestros, comunidad y naturaleza.

Entonces, la propuesta impulsada por lideresas y defensoras es la construcción de mecanismos de protección a partir del fortalecimiento a las organizaciones, redes comunitarias y sociales que incluyan a las juntas de acción comunal, cabildos indígenas, comunidades afrocolombianas, organizaciones de mujeres, hombres, mixtas y población LGBTI. El voz a voz como vía de activación de la ruta mediante las relaciones de confianza, el establecimiento de redes comunitarias y la comunicación directa entre la comunidad y la institucionalidad para dar respuesta a las situaciones de amenaza sin poner en riesgo a las lideresas y defensoras[20].

De todo lo anterior, es posible señalar tres aportes centrales de las mujeres rurales que dan cuenta de su apuesta a la construcción de paz territorial: primero, el reconocimiento y visibilización del rol de lideresas y defensoras del territorio supone la garantía plena del derecho a defender los derechos, la prevención y protección ante situaciones de riesgo; segundo, la inclusión e implementación del enfoque de género, diferencial, territorial debe tener cuenta la afectación particular de las violencias, el respeto identidad y las relaciones de arraigo con el territorio; tercero, el enfoque territorial supone la lectura compleja de las dinámicas y riesgos, así como las características y condiciones geográficas.

Como menciona Mesa (2014), es indispensable garantizar la protección de la población durante el proceso de verificación del acuerdo de paz mediante acompañamiento y presencia de observadores internacionales, para el caso de las mujeres lideresas y defensoras se contempla la creación de un programa integral de protección a partir de estándares internacionales consagrados por la CEDAW. Es decir, para el aterrizaje de la paz, es ineludible que el Estado reconozca a las mujeres y brinde garantías en los procesos y acciones que agencian desde lo local a lo nacional, que aportan al mejoramiento de las condiciones de vida de sus comunidades y la resolución de conflictos por vías pacíficas.

3.3. De lo local a lo internacional: Juntas Somos Victoria, defensa del territorio y la implementación del Acuerdo de Paz

Otra parte de la incidencia de las mujeres rurales lideresas y defensoras y sus redes organizativas, es el establecimiento de vínculos con organizaciones nacionales como la Plataforma de Incidencia Política de las Mujeres Rurales Colombianas y organizaciones internacionales como OXFAM, MAPP-OEA, ONU y organizaciones de verificación de los acuerdos de paz, para la denuncia de las situaciones de violencia en el territorio, el incumplimiento de los acuerdos de paz, el escalonamiento del conflicto, el riesgo para las mujeres y la vulneración de derechos en el Putumayo y Colombia.

En ese sentido, la inclusión de las cuestiones de género ha sido fundamental en la agenda internacional, como refiere Mesa (2014), les ha permitido a las organizaciones de mujeres colombianas que trabajan a favor de la paz, ampliar su voz, plantear sus necesidades y prioridades. Posibilitando su fortalecimiento organizativo, al reafirmarlas en sus procesos de reclamación y reivindicación como sujetos de paz a las que se les debe garantizar y brindar mecanismos de protección contra las diversas formas de violencia de las que son objeto

De ahí la relevancia de la incidencia de las mujeres rurales en el plano internacional, una lideresa y defensora de AMUR a través de la Plataforma Nacional de Incidencia Política participó en la campaña nacional e internacional Juntas Somos Victoria promovida por OXFAM ante los ministros de Dinamarca, Noruega y Suecia en el 2019.

[…] Juntas Somos Victoria, esa campaña se la hizo en mirar muchas mujeres, la queríamos hacer en vivo que cuente que nos pasó este caso, pero resulta que las familias no quieren hablar, […] Hicimos la campaña tomando todas las mujeres, y se le colocó Victoria porque esperamos nosotras a que esto pase, que por lo menos pare la masacre de las lideresas en los territorios. Nos fuimos a esos países a exponer la situación de lo que está pasando en Colombia, que el gobierno está mirando toda la situación, pero es mentira, las lideresas están muriendo desde su territorio, y los están haciendo ver como si fueran feminicidios, no es eso, sino que están matando las lideresas porque ellas son defensoras, están defendiendo su territorio y son un estorbo para la comunidad […] (Entrevista conversacional, 2019).

En este caso, las mujeres rurales desde distintos escenarios de participación han reafirmado el papel de OXFAM por la visibilización de la situación humanitaria, su respaldo, protección y seguimiento ante las situaciones de riesgo por el ejercicio del liderazgo y defensa del territorio. Según OXFAM (2019), Colombia es el segundo país más peligroso del mundo para las personas defensoras de la tierra y el medioambiente. El último año el promedio de asesinatos de lideresas sociales fue de uno cada dos semanas y no hay indicios de que el escalonamiento de la violencia vaya a disminuir. En el primer trimestre de 2019, los ataques contra las defensoras han aumentado en un 97%, batiéndose un nuevo récord con 75 agresiones.

Se requieren acciones por vías pacíficas que contemple una visión a largo plazo, es decir, la paz y la regulación de los conflictos no puede ser solamente una solución de parcheo que sólo actúa cuando se estiman situaciones críticas, es también el proceso general de toma de decisiones y el diseño global de las sociedades y su futuro (Muñoz, 2001).

En consecuencia, las mujeres rurales han realizado un llamado al reconocimiento de la correlación entre la situación humanitaria que enfrentan lideresas y defensoras del Putumayo y Colombia, con el incumplimiento de los acuerdos de paz y el escalonamiento del conflicto. Contribuyen a la construcción de paz territorial en tanto crean alternativas, mecanismos y buscan incidir en distintos niveles de toma de decisiones del Estado y de organizaciones internacionales, para exigir medidas de prevención, protección y garantía de derechos que superen la inmediatez de la crisis y logren transformaciones a largo plazo en los territorios.

Conclusiones

Las mujeres rurales del Putumayo han construido una mirada propia ante la paz que sitúa las violencias contra las mujeres y la urgencia del abordaje transversal del enfoque de género, diferencial, territorial. Desde el rol de liderazgo y defensa exigen su reconocimiento, visibilización y adopción de medidas de prevención, protección y garantías de no repetición que les permita continuar aportando en la transformación de las desigualdades y la construcción de condiciones de vida digna en el territorio.

El análisis de los posicionamientos y acciones de las mujeres rurales ante la paz, develan la invisibilización de su liderazgo y defensa del territorio por parte del Estado y sociedad. Lo cual, en un contexto complejo como el Putumayo atravesado por la coca, el conflicto armado y la debilidad de la presencia del Estado, generan un panorama de vulnerabilidad para las mujeres ante situaciones de riesgo y amenaza que se agravan ante la insuficiencia de los mecanismos del Estado.

La relación género-paz es una clave ineludible para la comprensión de la invisibilización del papel de las mujeres rurales en la construcción de paz territorial, ya que, la exclusión de las mujeres de los escenarios de participación tiene su raíz histórica en la división sexual que establece un ámbito público y privado. Según Segato (2016), el ámbito público del Estado muestra su genealogía desde el fardo de la masculinidad que construye una relación dicotómica: sujeto “uno” universal (hombre) al que le concierne el mundo público y el sujeto “otro” (mujeres), residual, minorizado, al que es asignado el mundo privado.

Aunado a lo anterior, la concepción esencialista de la paz vinculada a las relaciones de género, naturaliza el papel hombre/guerra/violencia y mujeres/paz/vida en el ámbito público y privado; a partir de la cual se sostiene la idea de que ser mujer y tener capacidad de dar vida implica ser pacífica. Dicha naturalización, justifica las desigualdades de género y la exclusión de las mujeres en espacios de toma de decisiones e incidencia política (García, 2018).

Así, el reconocimiento social del liderazgo y defensa de las mujeres se da en tanto continúen en sintonía con la reproducción y sostenimiento de la vida, y, no desobedezcan las estructuras y relaciones de poder construidas en la familia, sociedad y Estado. El rol de las mujeres es asumido desde la prolongación de los roles de género, dejando desdibujada la transgresión del mandato masculino y la ruptura con estructuras que sostienen las violencias a partir de sus incidencias políticas que afectan sus cuerpos, familias y territorios.

Como refiere Magallón (2014), se trata de la reclamación por la incidencia política. La política de las mujeres es la política, es decidir sobre la guerra y la paz también. Las mujeres rurales del Putumayo generan espacios de incidencia para reafirmar la paz a partir del reconocimiento de su papel en el territorio, la construcción colectiva con las comunidades y el respeto por su dignidad.

De otro lado, los estudios sobre paz y género en Colombia han dado centralidad a los procesos organizativos, repertorios de acción colectiva y movimientos de las mujeres. Establecen la relación entre paz, género y feminismo, el análisis transversal de la construcción del poder, dominación y subordinación de las mujeres en los distintos escenarios simbólicos/políticos, la construcción social de los roles de género que reproduce concepciones esencialistas respecto a la paz y la guerra y la relevancia de la mirada histórica contextual de las iniciativas y acciones de las mujeres, (Tafur, 2011) y (Mora y Lara, 2015).

Sin embargo, es prioritario profundizar en el análisis paz-mujer-ruralidad, en contextos situados desde perspectivas latinoamericanas que permitan deconstruir los elementos del sistema sexo-género, la manera como inciden en el accionar de las mujeres, pues existe una organización de roles de hombres y mujeres en la guerra, la paz y el contexto rural (Bautista y Bedoya, 2017).

Esta investigación deja entrever la paz como un proceso que se construye desde abajo, donde el papel de las mujeres rurales es fundamental: su organización colectiva, producción agropecuaria, sustitución de cultivos ilícitos y construcción de alternativas sostenibles en el plano local-departamental; su resistencia e incidencia política en el plano departamental-nacional e internacional para la exigencia de garantías para lideresas y defensoras, la implementación del acuerdo de paz y el fortalecimiento de la presencia del Estado.

Finalmente, es relevante dar continuidad a estudios que visibilicen a las mujeres rurales, su pluralidad e incidencia a favor de la paz, desde perspectivas críticas como el feminismo interseccional que permitan problematizar la realidad de las mujeres rurales, indígenas, afrodescendientes y campesinas a partir la correlación entre las categorías de sexo, clase, etnia vinculado al territorio y ruralidad.

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Notas

Notas de autor

Información adicional

ARK: https://n2t.net/ark:/48568/eirene.v4.n6.101

Enlace alternativo

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