INTRODUCCIÓN¹

Así como la crisis de los años treinta dio origen al modelo de sustitución de importaciones y a una mayor intervención del sector público, la crisis de los años ochenta marcó el comienzo de un desplazamiento hacia economías más abiertas y orientadas al mercado. Este cambio en el pensamiento económico se dio con el surgimiento de un nuevo paradigma, definido como “neoliberal” (Rosenthal, 1996:11). Las condiciones impuestas por la globalización establecieron una serie de vínculos con un efecto casi simultáneo entre los diferentes Estados, que afectó o modificó los mercados, los sistemas políticos, los sistemas administrativos y a la sociedad en general.

Para el caso de América Latina, los Estados debieron adecuar sus procesos internos y hacer frente a crisis económicas, crisis de legitimidad y procesos de democratización. Sin embargo, el reto también involucraba ajustes estructurales que permitieran a los Estados emergentes su participación en una dinámica global, en donde, por un lado, se hicieron evidentes los desequilibrios económicos; pero, por otro, se hizo necesaria su participación e integración a esa nueva dinámica internacional. Sin embargo, en la mayoría de los países Latinoamericanos se observa como común denominador que este modelo capitalista neoliberal, ha venido profundizando la brecha de la desigualdad económica y social, además de seguir alimentando las situaciones de pobreza que sufren diversas poblaciones, particularmente aquellas que habitan en territorios rurales. Si bien, las políticas sociales de las últimas dos décadas han tenido como foco de atención el tema de la pobreza, lo cierto es que no se han reflejado en una transformación de las condiciones de vida, como lo revelan los últimos estudios (CONEVAL, 2015). Lo preocupante es la poca atención que se la da al tema de la desigualdad económica y social en esas acciones gubernamentales. Este análisis se sitúa en los casos de Colombia y México para aludir al contexto social existente en ambos países basado en el sistema de desigualdades y pobreza, que a su vez constituye el motor de la violencia y el conflicto.

El objetivo consiste en analizar los Programas de Desarrollo y Paz en Colombia como prácticas de desarrollo local en un contexto de violencia para identificar factores de éxito que puedan replicarse o adaptarse en México. Se parte del supuesto de que Colombia y México comparten muchas características económicas, sociales y culturales, lo que permite hacer propuestas comunes de solución a sus problemas.

La estructura del trabajo consta de las siguientes secciones: la primera sección inicia con un marco conceptual; posteriormente, y en virtud de que sería en este contexto determinante del desarrollo local (territorial), se aborda el capital social, entendido como una combinación entre conocimiento y organización social, que soporta el empoderamiento y la participación social en los procesos de desarrollo. Con estos elementos, se tratará de ilustrar lo que ha sido el desarrollo en América Latina como discurso y como práctica a partir de la década los noventa del siglo pasado. Asimismo, se abordan de manera general los contextos de conflicto, violencia, desigualdad y pobreza en los que viven México y Colombia, analizando cómo el narcotráfico ha permeado las instituciones y debilitado el capital social en cada uno de estos países, señalando sus coincidencias y diferencias. Se hace énfasis en las estrategias adoptadas por ambos países para desarrollarse en medio del conflicto, resaltando el papel de los programas de desarrollo y paz en Colombia. Finalmente, se desarrolla la discusión final alrededor de los factores de éxito de los programas de desarrollo y paz en Colombia y de las posibilidades de réplica o adaptación en México.

CAPITAL SOCIAL COMO INGREDIENTE DE LOS PROCESOS DE DESARROLLO LOCAL

El capital social es entendido como la capacidad que poseen los individuos para utilizar sus recursos y los de su comunidad y que se expresa en una interrelación de redes organizadas para concebir y ejecutar el uso de los valores del capital social comunitario; puede en gran medida favorecer el alcance de la superación de problemas y necesidades colectivas (Linares, Colmenares y Espinoza 2011: 64). Desde la perspectiva del desarrollo, Woolcok y Deepa (2000) señalan que el capital social puede explicarse desde cuatro enfoques; a saber:

1. 1) Visión comunitaria, lo identifica con organizaciones locales como asociaciones, grupos cívicos, clubes, entre otros;

2. 2) Visión de redes, destaca la importancia que tienen tanto las asociaciones verticales como horizontales y, por otra, las relaciones que se dan dentro y entre las organizaciones como los grupos comunitarios y las empresas;

3. 3) Institucional, sostiene que la vitalidad de las redes comunitarias y la sociedad civil, es en gran parte, el resultado de su contexto político, legal e institucional, la capacidad de los grupos sociales de movilizarse por intereses colectivos depende de la calidad de las instituciones formales; y

4. 4) Sinergia, se concentra en las relaciones de apoyo mutuo entre gobierno y acción ciudadana, entre apoyo público y privado, unir capacidad comunitaria y funcionamiento estatal, son complementarios. Por tanto, donde no se tienden puentes entre estado y sociedad, predominan los grupos que traen exclusión. Por ello, al fortalecer esta relación y participación de las comunidades, acceden a mejores servicios y se incrustan en los procesos de desarrollo (Woolcok y Deepa, 2000)

Para Bourdieu (1989b) el capital social es un conjunto de recursos, tanto reales como potenciales, que están vinculados a la posesión de una red durable de relaciones, más o menos institucionales, que procura beneficios de reconocimiento mutuo. Esa red de relaciones que se van construyendo en el espacio social puede también estar directamente relacionada, además de con la formación de las clases, con las estructuras y relaciones de poder. Coleman (1988), desde la Sociología de la Educación define el capital social por su función, es decir, forma parte de la estructura social y, como tal, son aquellos aspectos que facilitan acciones, intereses y recursos para los individuos que participan de esa estructura. Además de una estructura funcional, es también una estructura relacional. En este sentido, a partir de las relaciones internas de los individuos o colectivos, Coleman introduce las ideas de identidad, pertenencia o inclusión social. En otras palabras, Coleman (2011) entiende por capital social los recursos, específicamente información, obligaciones de reciprocidad y normas sociales, de los que pueden beneficiarse los individuos gracias a los vínculos que mantienen con otros al interior de redes sociales que pueden ser una familia, un grupo, una organización o asociación, una comunidad u otra forma de vinculación social estable. Esta perspectiva tiene la virtud, en términos de su potencial explicativo de “permitir el análisis no solo de cómo circulan y qué consecuencias trae la circulación de recursos de capital social al interior de una red, sino además estudiar estos aspectos en torno a la circulación de recursos entre distintas redes sociales” (Zambrano, García y Bustamante. 2015:1162).

Por su parte Putnam, desde la Ciencia Política define el capital social a partir de características de las organizaciones sociales, como las normas, la confianza mutua y las redes (Putnam, 1995; 2000). Estos tres elementos, entre otros, facilitan la coordinación, la cooperación, la reciprocidad generalizada, e incluso un objetivo superior como son los beneficios colectivos. De acuerdo a lo expuesto por Putnam, el capital social reside principalmente en colectivos y en la ciudadanía en general, pero como agregación de aportaciones individuales. Asimismo, Putnam, Leonardi y Nanetti (1993) señala que el capital social refleja el tejido complejo de relaciones personales e institucionales basados en la confianza y en las preocupaciones y objetivos compartidos. Estas relaciones construyen redes de compromisos/obligaciones cívicos, que a su vez crean las condiciones para el diseño e implementación de políticas efectivas, mercados eficientes, y mejoran la producción y distribución del producto. De esta forma, las regiones dotadas con capital social tienen mejores resultados que aquellas que no lo tienen de inicio y para adquirirlo tendrán que aprender a través de prueba y error.

Para constatar este argumento, vale la pena hacer referencia a uno de los trabajos seminales de Putnam sobre la vertiente del capital social y que versó sobre las diferencias regionales en un país desarrollado (Moncayo, 2002: 49). En su investigación sobre el desarrollo regional italiano, Putnam busca explicar por qué se presentan resultados tan dispares en el proceso de descentralización iniciado en el decenio de los setenta. ¿Por qué las regiones del norte, como Lombardía, Veneto y Emilia Romagna, presentan desempeños tan superiores a los de la Puglia y Basilicata en el sur, siendo que todas ellas han sido cobijadas por los mismos cambios institucionales y legales? (Putnam, Leonardi y Nanetti, 1993). Putnam encuentra la respuesta de la anterior interrogante en el impacto del compromiso cívico –componente esencial del capital social– en el desarrollo socioeconómico y en la efectividad institucional del Estado. En otras palabras, una sociedad fuerte genera tanto una economía fuerte como un Estado fuerte. El compromiso cívico, que es la base de la corriente teórica del republicanismo, consiste en un alto grado de identificación de los ciudadanos con los intereses de la comunidad en la que viven. Patriotismo, solidaridad, virtudes ciudadanas son aquí los conceptos centrales (Gargarella, 1999). Putnam, Leonardi y Nanetti (1993) señala que “el interés en los asuntos públicos y la devoción a las causas públicas son los signos claves de la virtud cívica” y agrega:

La comunidad cívica se caracteriza por una ciudadanía activa imbuida de preocupación por lo público, por relaciones públicas igualitarias y por un tejido social basado en la confianza y la cooperación. Descubrimos que algunas regiones en Italia se hallan bendecidas por vibrantes redes y normas de participación cívica, mientras que otras están condenadas, por una política estructurada verticalmente, a una vida social fragmentada y aislada y una cultura de desconfianza (Putnam, et. al., 1993: 87).

Para Putnam, Leonardi y Nanetti (1993) la principal manifestación del compromiso cívico es la asociatividad, o sea, la propensión de los ciudadanos a participar en asociaciones que buscan el bien común. Con base en sus hallazgos, establece un paralelo entre las divergencias de las zonas norte y sur de Italia y las que se presentan entre América del Norte y América del Sur. Según este autor, América del Norte se ha visto beneficiada por la existencia de una cultura cívica heredada en gran medida del parlamentarismo inglés descentralizado, mientras que en América Latina fueron implantados el centralismo autoritario, el familismo y el clientelismo, enraizados en la España medieval.

El capital social es una característica del territorio, y también un ingrediente de los procesos de desarrollo local (Hernández y Camarero, 2005), toda vez que contribuye en el ámbito local a la institucionalidad del desarrollo, que es uno de los pilares sobre los que se apoyan las políticas y estrategias de desarrollo (Alburquerque, 2001), y de ahí el papel estratégico de la administración pública, especialmente la local. Y en este contexto las relaciones y las redes de relaciones (de naturaleza política, económica, social, religiosa, cultural, deportiva, etc.), serían, desde la perspectiva del capital social, el resultado o estarían facilitadas por normas comunes, confianza entre los miembros, o valores (u objetivos) compartidos. A su vez, las relaciones determinarían el stock de capital social y los cambios que en este pudieran producirse (Esparcia, Escribano y Serrano 2016: 55).

Por tanto, la componente relacional del capital social tiene una influencia directa en los procesos de desarrollo de los territorios y en la evolución de estos. En virtud de lo anterior, se resalta que el capital social sería lo que mantiene unida a la sociedad, estando compuesto por instituciones, asociaciones, y redes horizontales y verticales, formales e informales; relaciones y normas que moldean la calidad y cantidad de las interacciones, e incluye el ambiente social y político que moldea la estructura y facilita el desarrollo de normas, como los gobiernos, el régimen político, las leyes, las instituciones de administración e impartición de justicia y libertades civiles y políticas; se caracteriza por la asociatividad, colaboración y solidaridad, elementos indispensables para lograr un desarrollo local integral.

DESARROLLO HUMANO: LA ACUMULACIÓN DE RIQUEZA COMO MEDIO Y NO COMO FIN

En el contexto latinoamericano, en relación a lo que ha sido el desarrollo como discurso y como práctica, incorporado al ámbito del análisis institucional, destaca un importante cambio en la perspectiva del desarrollo que ha predominado desde los años cincuenta y cuya característica es su énfasis en los factores de tipo económico. No obstante que la literatura sobre teoría institucionalista y desarrollo no es tan abundante como la que se encuentra sobre su relación con la ciencia económica, en el tema del desarrollo se destacan los aportes de autores como Manfred Max Neef (1993) con el concepto de desarrollo a escala humana² y Amarthya Sen (1983) con el enfoque de las capacidades³, que implica que no se debe considerar el desarrollo como sinónimo del crecimiento económico, y a los seres humanos como sus instrumentos, sino que debe ser visto como un proceso de expansión de capacidades humanas, individuales y colectivas para efectuar actividades elegidas y valoradas libremente. Para Varcárcel (2006) lo que pretende este enfoque de las capacidades es sostener una concepción del desarrollo que gire en torno a la razón y las libertades humanas.

Basado en estos enfoques, en 1990, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) publicó el primer Informe sobre el Desarrollo Humano, en el que se establece que:

El desarrollo humano es un proceso mediante el cual se amplían las oportunidades de los individuos, las más importantes de las cuales son una vida prolongada y saludable, el acceso a la educación y el disfrute de un nivel de vida decente. Otras oportunidades incluyen la libertad política, la garantía de los derechos humanos y el respeto a sí mismo… (PNUD, 1990).

Esta definición se fundamenta en la evidencia de que no necesariamente las altas tasas de crecimiento se traducían automáticamente en mejora de los niveles de vida y que nuevas cuestiones surgían acerca del carácter, la distribución y la calidad del crecimiento económico. El concepto de desarrollo humano se diferencia del desarrollo a secas, en que añade a la dimensión económica otras como la social, la ecológica, la política y también la jurídica y la ética. El tema común, es el incremento de las potencialidades del individuo y sus posibilidades de elección; pero en el marco de un mercado cada vez más abierto, globalizado y desregulado que las restringe cada vez más. El discurso de las Naciones Unidas sobre “Desarrollo Humano” propone el mejoramiento de la calidad de vida de las personas; valora la vida humana en sí misma. Este enfoque postula que el tema del desarrollo debe ser abordado de una manera integral y universal (Álvarez, 2008).

El fin del desarrollo es el bienestar de los seres humanos, el crecimiento económico es sólo un medio para alcanzarlo. Los informes de 1992 y 1993 (PNUD 1992, 1993) introdujeron en la definición del desarrollo humano las dimensiones de sostenibilidad y participación. En breve, para los defensores de este paradigma la generación de oportunidades iguales y la ampliación de capacidades y derechos de las personas constituyen la esencia del Desarrollo Humano. El Desarrollo Humano es también una práctica real que tiene avances y retrocesos en la historia. Para medir ello Naciones Unidas ha generado lo que se denomina Índice de Desarrollo Humano (IDH), que incorpora, a la clásica medición del desarrollo por la vía del crecimiento del producto bruto interno per cápita, indicadores de bienestar, que miden las otras manifestaciones del desarrollo humano, la calidad y duración de la vida, evaluada a través de la esperanza de vida al nacer y el logro educativo de la población de un país estimado a través de la matrícula y el alfabetismo de las personas de 15 o más años. A manera de crítica el énfasis de este enfoque está colocado en el bienestar individual, con lo que se diluye la dimensión del desarrollo como proceso social (Alvarez, 2008). Así, es posible percibir poco esfuerzo por explicar el papel o la importancia de la sociedad dentro de la necesidad de pensar el desarrollo.

El desarrollo consiste, en última instancia, “en elegir opciones en una sociedad que está viva, que hace saber cuáles son sus puntos de vista, que reacciona, y que sabe cómo valorar y evaluar” (Varcárcel, 2006). En el contexto de la Cumbre del Desarrollo Social, celebrada en Copenhague en 1995, la comunidad internacional, los organismos internacionales y los países miembros de las Naciones Unidas produjeron la Declaración del Desarrollo Humano que globaliza, materializa e internacionaliza el desarrollo humano sustentable. Allí se planteó que el desarrollo humano, centrado en el ser humano, se lograría mediante la adopción de una agenda integral y multisectorial encaminada a la erradicación de la pobreza, la creación de empleo productivo y remunerativo para todos y el fomento de la integración social. Específicamente, los gobiernos se comprometieron con la meta de erradicar la pobreza como un imperativo ético, social, político y económico de la humanidad, velando por que las personas que viven en la pobreza tengan acceso a los recursos de producción, como crédito, tierra, educación y formación, tecnología, conocimientos e información, así como a los servicios públicos (PNUD, 1996).

En este mismo sentido, Sonia Álvarez (2008) sostiene que:

Este desarrollo con rostro humano si bien es un avance con respecto a las concepciones ortodoxas anteriores al fijar un piso mínimo de dignidad humana a la que la sociedad debe atender, es a su vez la muestra que el desarrollo, luego de más cincuenta años de aplicación no produjo el rebalse esperado integrando a la mayoría de la población al tren del desarrollo. Prueba de lo anterior, es que las voces oficiales del desarrollo ya han asumido la falacia del mito del rebalse (Álvarez, 2008: 122-123).

Con lo ya expuesto se deduce que el desarrollo humano, no depende sólo del acceso a satisfactores sino de habilidades para alcanzar ciertas condiciones de vida, lo que Sen (1983) llama capacidades. Dentro de la gran utopía del desarrollo humano, además de la promoción activa de las políticas pro pobres promovidas por el Banco Mundial, en el año 2000 el acuerdo de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) llamado Objetivos para el Nuevo Milenio vinculado con la voluntad de la erradicación de la pobreza produce un nuevo acuerdo supranacional que complementaría los objetivos anteriores de la Declaración de Desarrollo Social. Posteriormente se plantearon los diecisiete objetivos de desarrollo sostenible (2016-2030), entre los que se encuentra el fin de la pobreza y la reducción de las desigualdades.

El desarrollo humano puede reforzar las redes de solidaridad de los más pobres, buscando que sirvan de contención en el nuevo contexto de aplicación del ajuste. Para ello, al mismo tiempo deben atenderse los reclamos de autonomía de ciertos grupos sociales, considerados ahora focos de atención de las políticas: comunidades locales, mujeres, niños y grupos étnicos. Dentro de este marco, como bien apunta Stiglitz (1998), el desarrollo representa la transformación de la sociedad, un movimiento desde las relaciones tradicionales, formas de pensar tradicionales, formas de lidiar con la salud y la educación, métodos tradicionales de producción, hacia formas más modernas. Se dice también que esta nueva estrategia de desarrollo debe elevar los estándares de vida, como los de educación y alfabetismo, reducir la pobreza. En esta tesitura, se observa que en las últimas décadas del siglo XX se ha pasado de la idea de desarrollo a secas a la de desarrollo humano o desarrollo humano sustentable. El desarrollo sustentable significa que el desarrollo (crecimiento) está condicionado a las necesidades del crecimiento del sistema económico mundial, determinado por las potencias, pero ha incorporado los retos de los problemas ambientales y se ha humanizado. Las formas de intervención implican identificar, con la mayor precisión posible, las poblaciones excluidas del trabajo o las que por su condición son más vulnerables, para lo cual en la siguiente sección se realiza un análisis comparado de los casos de Colombia y México, enfatizando en el tema del desarrollo en contextos de conflicto, violencia, pobreza y desigualdad en los que ambos países viven.

EL CASO MEXICANO: PROBLEMÁTICAS DE DESARROLLO Y EXPERIENCIAS DE SOLUCIÓN

Se iniciará este apartado abordando lo relativo a las condiciones de desigualdad y pobreza existentes en México, derivadas de la ineficiencia en la política de desarrollo regional, implementada en las últimas décadas y que prevalece en la actualidad. Al respecto, se observa que, en el caso de México, el Gini sin transferencias para el año 2006 fue de 0.510, para 2008 de 0.513, para 2010 de 0.492 y para 2012 de 0.503. (INEGI, 2013). Las cifras muestran para el caso de México, que las desigualdades permanecen, aunque disminuyeron en el 2010.

Las desigualdades nutren la pobreza; a pesar de los diversos planes y programas aplicados en los últimos decenios en el país, México presenta una situación de enormes contrastes, con desequilibrios evidentes no tan sólo a nivel socioeconómico sino también regional, que permite sostener que los caminos adoptados hacia el desarrollo no han sido generalizados ni incluyentes, además de que, lejos de disminuir se han profundizado tales disparidades como lo demuestran los resultados sobre la medición de la pobreza dados a conocer por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL, 2015), y en los cuales se muestra la evolución de la pobreza⁴ y pobreza extrema nacional y por entidades federativas para los años 2010, 2012 y 2014. Se encuentra que la población en situación de pobreza multidimensional⁵ creció de 52.8 a 53.3 millones de personas entre 2010 y 2012, mientras que para el año 2014 esta cifra llegó a 55.3 millones. Esta realidad confirma que en México no se ha contado con políticas de desarrollo en estricto sentido, y en cuanto a los esfuerzos de desarrollar a los componentes territoriales del país, sólo se han elaborado y puesto en operación políticas sociales y sectoriales con marcadas dimensiones regionales.

En México existe un “sesgo anticampesino”. La destrucción del campo se remite a la política neoliberal del presidente Carlos Salinas, que al reformar el Artículo 27 constitucional terminó con el ejido y permitió las privatizaciones. Además, el campo mexicano fue destruido por la implementación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). “Este acuerdo, firmado por el presidente Salinas, canceló las barreras arancelarias de los cereales y provocó la pauperización del campo, donde ya no hay producción agrícola” (Czarnecki, 2014: 320). Con un salario mínimo muy precario, la producción en el campo rural que ya no da para sobrevivir, la falta de un mercado de trabajo digno, la falta de perspectivas positivas para el futuro, y la incapacidad del Estado para lograr terminar con las clases sociales, aparecen los grupos ilegales dedicados ya no sólo a la producción y venta de drogas, sino también a la extorsión y secuestros⁶. Por estas razones, García (2010) observa que el cúmulo de experiencias habidas en el país en cuanto a su trayecto al desarrollo económico, no ha significado una tendencia hacia una homogeneización social o de sus territorios. Por el contrario, el desarrollo reciente de México ha sido regionalmente desequilibrado y tales desequilibrios, lejos de desaparecer, han tendido a agravarse en los últimos años, pues la distancia entre el desarrollo de las regiones más prósperas con el de las más pobres se ha acrecentado.

El ascenso de una nueva generación de políticas públicas en las cuales se

pretende la participación más activa del capital privado y de actores locales como los organismos civiles y las instancias de los gobiernos estatales y municipales, tienen el reto de lograr la detonación de las potencialidades productivas regionales a la par de disminuir los contrastes sociales y las asimetrías territoriales, por supuesto sin omitir la cuestión ambiental (García, 2010: 120).

Finalmente, la sociedad mexicana determinará el momento en que deberá cambiarse de rumbo en cuanto al modelo de desarrollo general y regional a seguir en donde, entre otras cosas, se opte por que sea sustentable y donde el territorio, ese componente que corporifica y consolida la idea de nación, sea considerado como soporte esencial de los procesos económicos y sociales, y no sólo en el sentido de mera localización geográfica, como lo ha sido hasta ahora.

EL CASO COLOMBIANO: PROBLEMÁTICAS DE DESARROLLO Y EXPERIENCIAS DE SOLUCIÓN

En el caso colombiano, el estilo de desarrollo nacional ha tenido al igual que México también un sesgo anticampesino que no ha creado condiciones propicias para el fin de la guerra. Jorge González (2012) señala que existe el “fracaso rotundo” en los aspectos relacionados con la distribución del ingreso y de la riqueza; la distribución del ingreso no ha mejorado y se mantiene en niveles muy altos:

En 2010, el coeficiente de Gini fue de 0.56; esta cifra muestra que el ingreso está muy concentrado. La distribución es todavía más desigual cuando se mira la concentración de la riqueza, especialmente la de la propiedad rural; en el 20% de los municipios del país, el coeficiente de Gini es superior a 0.80, estos resultados son alarmantes y sorprende que no causen indignación (González, 2011: 61).

De acuerdo con las cifras del Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE, 2016), al comparar los resultados de 2015 frente al año anterior, el porcentaje de personas en situación de pobreza en Colombia, para el total nacional disminuyó 0,7 puntos porcentuales, al pasar de 28,5 % en 2014 a 27,8 % en 2015. El porcentaje de personas en situación de pobreza extrema fue 7,9% en 2015, frente a 8,1% en 2014. En términos de desigualdad el Gini registró 0,522 en 2015, mientras que en 2014 fue de 0,538. En lo que se refiere a los Centros poblados y rural disperso, para 2015, el porcentaje de personas en situación de pobreza fue 40,3%, frente a 41,4% registrado en el año 2014. El porcentaje de personas en situación de pobreza extrema fue 18,0% en 2015; se mantuvo constante respecto a 2014. En términos de desigualdad el Gini registró 0,454 en 2015, para el año 2014 este indicador fue de 0,463. Estas cifras demuestran que, si bien las políticas implementadas han contribuido al logro de ciertos avances en la reducción de la pobreza y desigualdad en Colombia, los resultados no son significativos, principalmente en aquellas comunidades con características rurales.

A dos presidentes de Colombia, Andrés Pastrana (1998-2002) y Álvaro Uribe (2002-2010), se les reconoce mejor por el contexto de la aplicación del Plan Colombia, que por la lucha contra la pobreza y las desigualdades. Por más de una década, el Plan Colombia: contribuyó a un fortalecimiento del Estado en el ámbito militar, pero no en las otras áreas que podrían fortalecer su legitimidad democrática (Palacios, 2012:176).

En este mismo sentido, Palacios (2012:16) señala que “la renuencia de diagnosticar la realidad social y, con ello, implementar las políticas apropiadas, es una de las mayores limitaciones de políticas militaristas seguidas a partir de 1999”. Por su parte, Mauricio Uribe (2011:28) empleó el término del “sesgo anticampesino” que “se concreta en la acumulación originaria permanente y la escasez artificial de la tierra como factor productivo”. El autor propuso la hipótesis de que:

La prolongación de la guerra colombiana depende del estilo de desarrollo mediocre y concentrador y en particular su sesgo anticampesino, característica producida por sucesivas derrotas de la población campesina; el sesgo produjo antes, durante y después del enfrentamiento bipartidista de mediados del siglo XX, varias oleadas de colonización” (Uribe, 2011: 53).

Pero el sesgo anticampesino no es solamente la acumulación originaria permanente y la escasez artificial de la tierra como factor productivo, sino también el menosprecio hacia el colono. Ese menosprecio es parte del desprecio de las élites por la población en general. La trayectoria de las políticas regionales en Colombia guarda una estrecha similitud con la de América Latina en su conjunto y ésta, a su vez está inscrita en los ciclos que ha tenido la política regional en los países desarrollados. Se puede constatar este paralelismo en los países con diferente grado de desarrollo y distintos condicionantes geográficos e institucionales.

Lo anterior, tal vez se explica a decir por Moncayo (2004) por una especie de lógica transversal (o sincrónica) del capitalismo, que genera fenómenos económicos similares, independientemente de las características estructurales de cada territorio. Por supuesto que la similitud es fenomenológica y no esencial, en virtud de que similares no quiere decir idénticos, es decir, no se trata de una cuestión de simple mimetismo, de copia mecánica de las políticas de moda en los países desarrollados, toda vez que las políticas latinoamericanas tienen unas dinámicas y una evolución que están íntimamente ligadas con los procesos económicos y políticos internos. Para Moncayo (2004) un antecedente que permite conocer la realidad actual que vive Colombia en términos de desarrollo, se da en el decenio de los noventa, en la que además de la profundización de los procesos descentralizadores ordenados por la nueva Constitución, aparecen cinco ejes que permearon la dimensión regional de las políticas de desarrollo en Colombia:

El primero es el imperativo de la competitividad que ha inducido la aplicación de las concepciones e instrumentos de la competitividad en el nivel regional y local. El segundo es el énfasis en el desarrollo y ordenamiento territorial a escala urbana, tal vez como reflejo de la consolidación de la condición urbana del país, por una parte, y por otra para la presión que ejerce la creciente polarización social en el interior de las ciudades. El tercer eje es el ordenamiento territorial a escala nacional, bajo el influjo de las tendencias reordenadoras del espacio provenientes de los procesos de reestructuración económica internacional. El cuarto eje es la preocupación por la sostenibilidad, la cual ha llevado al Estado a pensar en términos de bioregionalismo y ecorregiones. Por último, frente al retraimiento del Estado Nacional en la esfera de las políticas regionales activas, está la aparición de la ciudad empresarial comprometida a través de diversas modalidades de partnership con el desarrollo de sus economías locales (Moncayo, 2004: 190).

Lo anterior, hace pensar que en el futuro el diseño de las políticas regionales en Colombia, deberá atender la dinámica propia y la interacción de diferentes vectores como son polarización regional, ante lo cual se siguen requiriendo políticas activas; re- metropolización y tercerización de la capital Bogotá; urbanización consolidada y dualismo social en el interior de los centros urbanos; descentralización; competitividad internacional y reconversión productiva; ordenamiento territorial a escala nacional, regional y municipal; sostenibilidad del desarrollo y; alianzas público-privadas a escala territorial. Las desigualdades y la pobreza en ambos casos de Colombia y México se refuerzan con la implementación del Plan Colombia y la Iniciativa Mérida, respectivamente. El Plan Colombia pasó rápidamente de la «guerra a las drogas» al de la sinergia de la guerra unificada a narcotraficantes y terroristas metiendo a las guerrillas en la clasificación y:

Selló la adhesión incondicional de los gobiernos de Pastrana y Uribe a las políticas de seguridad de Washington. Concebido inicialmente como un programa económico para la paz, ofreciendo alternativas viables a los cultivos campesinos de hoja de coca, terminó en un plan de guerra que busca remediar la insuficiencia fiscal y militar del Estado colombiano frente a la insurgencia guerrillera – convirtiéndose en la guerra total contra las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) (Palacios, 2012: 165-167).

En otras palabras, después del 11 de septiembre de 2001 comenzó la sinergia «dos guerras en una»” y “narcotráfico y guerrilla se transformaron en objetivos de una misma estrategia militar”. La Iniciativa Mérida tiene también un énfasis militar. En diciembre de 2008, México y los Estados Unidos firmaron la primera Carta de Acuerdo sobre la Iniciativa Mérida, consistente en cooperación y reconocimiento de las responsabilidades compartidas de ambas naciones con el fin de contrarrestar la violencia ocasionada por las drogas que amenaza a los ciudadanos en ambos lados de la frontera; su objetivo es construir una nueva arquitectura para la cooperación bilateral en materia de seguridad, proporcionar apoyo tangible a las instituciones mexicanas de seguridad y judiciales e impulsar los esfuerzos de los Estados Unidos para detener el tráfico de armas, dinero y demanda de drogas. Inicialmente firmada por los presidentes Calderón y Bush, la Iniciativa Mérida continúa con los presidentes Peña Nieto y Obama. El marco estratégico para implementar los programas y actividades de la Iniciativa Mérida se conoce como los Cuatro Pilares, cada uno de los cuales agrupa programas de la iniciativa bajo objetivos estratégicos: Afectar la capacidad operativa del crimen organizado, institucionalizar la capacidad para mantener el Estado de derecho, crear la estructura fronteriza del siglo XXI, y construir comunidades fuertes y resilientes⁷.

En síntesis, al implementarse el Plan Colombia y la Iniciativa Mérida no seplantean las soluciones para acabar con las desigualdades y la pobreza, sino que se apuesta por un enfrentamiento militar, la guerra que resulta muy conveniente para Estados Unidos, ya que es llevada a cabo en tierras ajenas, es decir, en el territorio colombiano y mexicano, con todas sus consecuencias desastrosas (Czarnecki, 2014: 322).

Lo anterior evidencia que el Plan Colombia es una iniciativa estatal, de arriba hacia abajo, producto de un acuerdo con Estados Unidos en 1999. Ante tal situación, aparecen los Programas de Desarrollo y Paz, mismos que se reconocen más como una iniciativa de la sociedad civil, de abajo hacia arriba, donde intervienen múltiples actores, entre ellos el Estado, pero a nivel regional y local, y de los cuales se hace mención en el siguiente apartado, lo que permitirá entender que, si bien ambas iniciativas promulgan la paz y el desarrollo, provienen de actores y estrategias diferenciadas.

PROGRAMAS DE DESARROLLO Y PAZ EN COLOMBIA

En el marco de las políticas de desarrollo implementadas a finales del siglo XX y principios del siglo XXI en algunos territorios de Colombia, es posible rescatar las experiencias exitosas de los Programas de Desarrollo y Paz (PDP). En la actualidad, se observa que en distintas regiones del país existen múltiples iniciativas de la sociedad civil que tienen como objetivo desarrollar acciones de diversa índole que permitan un desarrollo humano que mejore las condiciones de vida de los grupos poblacionales menos favorecidos y de esta forma colaborar generando condiciones propicias para alcanzar la paz. Estas iniciativas generalmente se sustentan en formas organizativas que dan apoyo y soporte jurídico a la ejecución de tales acciones, como corporaciones, fundaciones, consorcios, entre otras (Niño, 2005).

A comienzos de los años ochenta aparece con toda su fuerza el paramilitarismo, financiado por el narcotráfico y tolerado por las Fuerzas Militares o por un sector de ellas, y cuyo objetivo era liquidar las bases sociales y políticas del movimiento armado, a cambio de facilitar el tráfico de drogas a las organizaciones aliadas a las fuerzas institucionales que así lo hicieran. “La guerra llegó a un momento culminante hacia mediados de la década de los noventa, y ese clima de extrema violencia fue el verdadero origen de los Programas de Desarrollo y Paz” (Molano, 2009: 72).

Para Niño (2005) los programas regionales de desarrollo y paz nacen como una nueva opción cuya importancia radica en cuatro aspectos fundamentales:

1. 1. 1. Tienen una cobertura geográfica relativamente extensa, donde se cobijan dinámicas amplias del conflicto, que van más allá de expresiones puntuales de violencia;
2. 2. 2. Realizan un trabajo de tipo integral, con pretensiones de un impacto no sólo social y humanitario sino, también, en términos económicos;
3. 3. 3. En cierta forma pueden considerarse programas tipo “sombrilla” o articuladores, ya que en su interior suelen desarrollarse muchos de los programas como los de alianzas o los de convivencia reseñados por el Programa Nacional de Alianzas o proyectos que surgieron como una forma de hacer frente a la violencia;
4. 4. 4. Se han ampliado aceleradamente en las regiones y municipios colombianos en situación de conflicto (Niño, 2005: 3).

Los Programas de Desarrollo y Paz se han destacado como una de las más interesantes, ambiciosas y originales iniciativas de construcción de paz puestas en marcha desde la sociedad civil en Colombia (Barreto, 2014). Basados en la filosofía y metodología originales del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), su enfoque para la paz se ha expandido a diversas regiones del país, con resultados notables en el territorio, en términos de apertura de caminos alternativos para la paz, a partir de procesos de desarrollo y de integración de grupos sociales excluidos a nivel local y regional. Los PDP representan hoy en Colombia un modelo consolidado de construcción de paz positiva y sostenible desde la base, puesto en marcha a partir de la especificidad de las regiones y de los territorios marginados del país, por organizaciones de la sociedad civil, en articulación con las instituciones del Estado y con la cooperación internacional (Barreto, 2012).

Los antecedentes de los Programas de Desarrollo y Paz en Colombia se remiten a finales de 1995, cuando de una extensa y sólida red de organizaciones sociales que estaban a punto de ser liquidadas por las armas de todas las fuerzas que entraron en combate a partir de los años sesenta, surge el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM), cuya principal consigna se basaba en el principio “Primero la Vida”, que constituyó un grito de auxilio que buscaba trascender el conflicto político y económico y llegar a los principios más esenciales del ser social (Molano, 2009). La existencia de una red tejida por la gente y los dirigentes locales y ayudada a fortalecerse por el programa, permitió que se acordara infinidad de pactos entre esas formas de resistencia –o de sociedad civil, si se quiere- y los órganos institucionales. Así, el verdadero mérito del PDPMM es que todas las fuerzas armadas y todos los sujetos de poder regional debieron apelar a “Primero la Vida” para ser reconocidos y respetados.

Para Molano (2009), un elemento fundamental en el diseño del Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio (PDPMM) y que sirvió como modelo para los posteriores, es la participación como socios o actores de la Iglesia católica (Diócesis de Barrancabermeja), el Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), el Comité de Derechos Humanos de la Unión Sindical Obrera (USO) y ECOPETROL, creando para administrar y ejecutar los proyectos la Corporación de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, un consorcio entre el CINEP y la Diócesis de Barranca que sobrevive hasta hoy.

El objetivo inicial del PDPMM fue analizar los problemas sociales que existían en torno a la ciudad petrolera de Barrancabermeja. Sin embargo, la ciudad no podía ser aislada de su contexto, toda vez que era el motor de desarrollo regional más importante, factor en donde se desprende la pertinencia de un nuevo concepto: la región⁸. En ese momento, la región considerada como área de trabajo del PDPMM era de 29 Municipios y tenía 800,000 habitantes, lo cual representaba un gran reto para impulsar una acción sostenida de justicia y paz en un territorio desgarrado por el conflicto bélico (Molano, 2009: 69).

Uno de los papeles que cumplen el PDPMM y los demás programas de desarrollo y paz implementados en territorios colombianos, es precisamente el de intermediación entre las necesidades de las comunidades y el Estado. Los programas buscan soluciones a los conflictos locales reclamando y gestionando la atención del gobierno, de la cooperación internacional y de la empresa privada. No solo contribuyen a la formulación y la realización de proyectos de desarrollo económico o social, sino a la defensa de la vida y de los derechos humanos. El PDPMM interviene en todo conflicto social o hecho de violencia en la región y rápidamente entra en contacto con los antagonistas, media entre ellos, facilita el dialogo y persevera en soluciones razonables para las partes. Este papel del PDPMM puede ser el más importante como contribución a la conciliación entre la Sociedad Civil de la región y el Estado, y sobre todo que los pobladores lo reconocen. En este sentido, el PDPMM es una especie de trinchera contra la violencia y muestra con toda nitidez que gran parte de los conflictos de la región puede encontrar soluciones civilizadas si hay respuestas justas y equilibradas de los gobiernos.

Otra de las bondades de los programas de Desarrollo y Paz como procesos de construcción de paz, lo es el rol que desempeñarían estos ante un escenario de post-conflicto, mismo que finalmente se concretó luego de la firma en septiembre de 2016 del acuerdo de paz entre los líderes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno Colombiano⁹; ya que, como señala Barreto (2014), en la medida en que un proceso de construcción de paz es mucho más amplio que un proceso de paz, se figura como fundamental la participación de la sociedad civil en un escenario de post-conflicto. Su importancia resulta además de la necesidad de garantizar la sostenibilidad de la paz. “Un proceso de paz solo es sostenible si es apropiado por la población” (Mouly, 2011: 304). “La construcción de la paz debe partir y enraizarse en el mismo suelo en que el conflicto se desarrolló” (Lederach, 1997: 107) “y solo se logrará mediante la participación de los protagonistas y las víctimas de la violencia en cada región y localidad del conflicto” (McDonald, 1998: 93). Para que la paz se consolide y gane raíces hay que crear la paz entre vecinos y en el seno de las comunidades. La “gente” es la clave para desarrollar una infraestructura y una cultura de paz a largo plazo.

EL CONFLICTO Y LA VIOLENCIA EN COLOMBIA, LA COLOMBIANIZACIÓN DE MÉXICO

Existen diferentes estudios sobre el impacto de los conflictos armados internos en la institucionalidad, la vida política y la democracia de un país que se centran en diferentes aspectos. Uno de estos aspectos es el impacto que los conflictos tienen sobre la democracia y la oportunidad de desarrollo de ese modelo de gobierno, y por ende consideran la democracia como una variable dada e independiente, lo que genera un margen de error relativamente alto (O´Donnell, 1986; Skocpol, 1984; IEPRI, 2006). Las conclusiones de estos estudios sostienen que los países en proceso de transición democrática, o con déficit democrático, son más propensos a la confrontación armada y atribuyen a ella la debilidad de la democracia. Según buena parte de esta literatura, la fortaleza, o debilidad del Estado como institución, sumada al déficit democrático, es la causa del conflicto.

En el caso de Colombia¹⁰, no obstante que el conflicto armado se inicia hace más de cinco décadas, es a partir de los años ochenta que se observa un auge de la confrontación y la expansión de la guerrilla: una guerrilla fortalecida política y militarmente, que logró expandirse territorialmente; ya no se trata solamente del foco rural, pues la ciudad, sus zonas marginales y las universidades se convirtieron en campo de acción de una guerrilla urbana, de extracción pequeño burguesa e intelectual. En este periodo el narcotráfico es el principal protagonista de las violencias. En los años ochenta, en Colombia aparecen, además de la expansión de la guerrilla, las autodefensas, las milicias urbanas y los paramilitares. En el caso de México, el punto nodal se relaciona con la lucha entre diferentes “familias” de diferentes regiones del país por el control del tráfico de drogas; de ahí que existe una confrontación entre éstas y las fuerzas armadas oficiales, por un lado, y con las autodefensas, por el otro. Las autodefensas son “los grupos paramilitares construidos lentamente a lo largo de las últimas dos décadas, a través de las operaciones de inteligencia militar y han quedado alineadas con los objetivos del Ejército” (Czarnecki, 2014: 312).

No obstante, la violencia en ambos países de México y Colombia se fundamentan en un contexto social basado en el sistema de desigualdades y pobreza que son motores de las violencias. Dicho de manera general, en América Latina la exclusión social, la pobreza y las desigualdades abren el camino para los actores armados privados e informales, que pasan a ocupar el lugar de la policía y la justicia, transformando los barrios y comunidades pobres y marginados en espacios de desintegración social, terror, y miedo, y del dominio de los criminales. Es así como la proliferación de los actores armados en América Latina está relacionada con el fenómeno de los vacíos locales del gobierno y la prolongada ausencia de las autoridades (Kruijt, 2012). Además, la población desplazada en Colombia por causa de la violencia vive en “condiciones verdaderamente precarias, con niveles de pobreza superiores a los del promedio nacional y con un grado de avance mínimo entre 2008 y 2010”. (Muñoz y Pachón, 2011: 214).

En los años noventa se habla de la cotidianización de la violencia en Colombia, de banalización y el reconocimiento de la guerra interna en el país. En estos años se multiplica la violencia, se agudiza:

El secuestro, las pescas milagrosas, las vacunas, el boleteo, las amenazas, las máscaras selectivas e indiscriminadas, el incremento de la inseguridad ciudadana, conjuntamente con el destape de la corrupción provocado especialmente por el narcotráfico y el reconocimiento de la impunidad, los cuales producen daños profundos en la frágil gobernabilidad e institucionalidad del Estado, aportando de manera eficaz a la ruptura del tejido social” (Palacio, Sánchez y Valencia 2002: 95-96).

López (2010) señala que en muchos municipios de Colombia quienes ejercen el monopolio de la violencia, imparten justicia, extrae tributos, y en ocasiones organizan la prestación de servicios, no son los actores leales al Gobierno, sino las guerrillas y autodefensas, ambos estrechamente vinculados con el narcotráfico. Lo anterior obedece entre otros factores a que:

Estructuras del paramilitarismo nacieron fuertemente ligadas al narcotráfico y su fortalecimiento es producto de tal relación. Se suma al fenómeno del fortalecimiento del paramilitarismo el grave problema de que algunos comenzaron a ser absorbidos y luego manejados por las organizaciones del narcotráfico. Situación similar ocurre con los grupos guerrilleros. Desde principios de los años ochenta, las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) se encontraron en gran parte de sus territorios, sobre todo los de colonización, con grandes extensiones de cultivos de uso ilícito, lo que condujo a fuertes confrontaciones armadas entre las estructuras del narcotráfico y esa guerrilla. Poco a poco, las FARC fueron avanzando en la apropiación de la cadena productiva y distribuidora del narcotráfico en varias regiones del país, y en algunas llegaron a controlar, y controlan, etapas de este negocio (López, 2010: 88-89).

En este respecto, Daniel Pecaut (2001) afirma que:

No todo en el caso colombiano está relacionado con la guerra; no es de ahora el hecho de que los habitantes de una vereda o de un municipio tengan que plegarse a la voluntad de quien se apropia localmente del poder político. El ejercicio de la ciudadanía siempre ha sido constreñido por el impacto de esta capa de mediadores para quienes la política es un oficio. Más que ciudadanía, han prevalecido adhesiones, a veces voluntarias, otras veces producto de la coacción, a los que manejan redes privatizadoras de poder. Asimismo, fuera de sus efectos sobre los fenómenos de violencia, el narcotráfico ha tenido hondas consecuencias sobre el tejido social y los valores comunes; ningún sector ha sido inmune al deseo de aprovecharse de la oportunidad; el dinero ha reemplazado las antiguas mediaciones políticas como base de la influencia social (Pecault, 2001: 294).

En el caso de México, se está viviendo un proceso con rasgos de “Colombianización”, toda vez que el Estado en su errada lucha contra las organizaciones dedicadas al cultivo, tráfico y comercialización de drogas, iniciada en el sexenio de Felipe Calderón (2006-2012), se ha limitado en el mejor de los casos a detener a los principales capos, generando por un lado el desmantelamiento de las grandes organizaciones y por el otro la creación de células que se refugian y ocultan en los Municipios, enfrentándose entre sí por el control del territorio, aunado a que para complementar sus ingresos se ven obligados además de cultivar y vender droga, a secuestrar, cobrar el derecho de piso a productores del campo y comerciantes locales, a extorsionar, y peor aún a reclutar entre sus filas a jóvenes que al no tener otra alternativa para educarse u obtener un empleo, optan por integrarse a estas organizaciones, provocando así la descomposición del ya de por si vulnerable tejido social existente en las comunidades, especialmente, en aquellas con características rurales.

Esta situación se ha agravado aún más durante lo que va del sexenio de Enrique Peña Nieto, caracterizado por la debilidad institucional, falta de legitimidad y altos niveles de desaprobación social por la ausencia de capacidad de respuesta en la solución de los problemas sociales como la corrupción e impunidad que a su vez permiten que las instituciones policiacas y altos mandos en el gobierno tanto Federal, Estatal y Municipal sean cooptados por el narcotráfico, generando que lejos de disminuir aumenten los índices de ingobernabilidad, violencia, inseguridad, desigualdad y pobreza. Aunado a lo anterior, se observa que en el proceso de descentralización inherente al desarrollo local existe cooptación y/o control por parte de las élites locales arraigadas en los territorios, constituidas por caciques y/o narcotraficantes que operan en ellos, lo que dificulta que las comunidades puedan hacer contrapeso a ese poder de élites; de esta manera, el desarrollo local sirve a esos intereses particulares y no se resuelven los problemas, es decir, no existe movimiento ascendente que se integre al movimiento descendente que domina.

Ante esta problemática, y respecto a la manera en que el estado mexicano ha abordado la relación entre desarrollo y paz, surge el interés por el gobierno de Enrique Peña Nieto por introducir la cultura de paz en los diferentes sectores de la población a través de la implementación del Programa “En México, nos mueve la paz”¹¹, que plantea un trabajo coordinado desde los tres niveles de Gobierno en todas las entidades federativas para fortalecer las acciones sociales que permitan prevenir la violencia y la delincuencia para construir un México en Paz; se pretende contribuir al logro de cuatro metas nacionales establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018: México en Paz, México Incluyente, México con Educación de Calidad y México Próspero; así como a los programas sectoriales de Gobernación, Desarrollo Social, Trabajo y Previsión Social, Desarrollo Innovador, Salud, Educación, Comunicaciones y Transportes, Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, y Financiamiento del Desarrollo. Para ello, se propone lograr cinco objetivos encaminados a reducir los factores sociales de riesgo que favorecen la generación de violencia y delincuencia, y de esta forma incidir en las causas que la generan, a través de la colaboración de los tres órdenes de gobierno y la activa participación de la sociedad. Estos objetivos articulan 16 estrategias y 97 líneas de acción específicas que se llevan a cabo en coordinación con las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal, así como 12 indicadores que permiten evaluar el avance obtenido en su cumplimiento.

Sin embargo, la realidad muestra que este esfuerzo ha resultado insuficiente, toda vez que nos encontramos muy lejos de lograr un México en paz, con instituciones sólidas, donde se respeten los derechos humanos y donde los ciudadanos sean capaces de exigir cuentas a sus representantes; la corrupción y el crimen organizado han penetrado en las instituciones cuya misión es proteger a los ciudadanos. Una prueba de esto puede apreciarse si se compara la incidencia del primer trimestre de 2017 respecto a la del mismo periodo de años anteriores, pues los delitos de alto impacto aumentaron de acuerdo con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP). En este sentido vale la pena señalar que si se contrastan los valores absolutos del primer trimestre de 2017 con el mismo lapso de 2016 se aprecia el incremento de 29.48% de los homicidios dolosos, de 12.57% de los homicidios culposos, de 19.75% de los secuestros del fuero federal y común, de 29.55% de las extorsiones, de 32.31% de los robos con violencia, de 13.10% de los robos de vehículos, de 3.18% de los robos a casa habitación, de 47.43% de los robos a negocio, de 31.69% de los robos a transeúnte y de 5.74% de las violaciones¹². Los datos dejan al descubierto un escenario de ineficiencia de las autoridades, de rezago de las instituciones, de aumento de la violencia de los grupos delincuenciales y de una grave crisis de confianza de los ciudadanos hacia el Estado.

OPORTUNIDAD DE APRENDER DE LA EXPERIENCIA DE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO Y PAZ

El potencial de los Programas de Desarrollo y Paz para un escenario de post-conflicto reside en varios factores y elementos que se han desarrollado e implementado en más de 20 años de labor para la paz (Barreto, 2014) y que a nuestro juicio también podrían resultar aplicables, replicables y/o adaptables en aquellas comunidades de las regiones de México en las que se viven situaciones de conflicto, violencia, desigualdad y pobreza. De acuerdo con Barreto (2014), la posibilidad de réplica y/o adaptación de esta experiencia colombiana en México se justificaría por varias razones. En primer lugar, los PDP tienen en cuenta la especificidad del conflicto armado y de la violencia en Colombia. Configuran modelos de intervención territorial, para las zonas periféricas del país, los espacios geográficos y sociales que han alimentado históricamente el conflicto. En segundo lugar, han abierto una “vía regional para la paz en el país, a partir de procesos sociales a nivel micro, que han descentralizado la construcción de paz en Colombia” (Barreto, 2009: 559).

En tercer lugar, el potencial de construcción de paz de los PDP para un marco de post-conflicto reside en la integralidad de sus elementos. Se destacan por ser un programa multidimensional, que integra simultáneamente diversas áreas y componentes de la construcción de la paz, desde la vertiente económica, a la cultura de paz y al fortalecimiento institucional. Es una iniciativa de aproximación integral y holística para la paz, que tiene como horizonte la construcción de la paz positiva y no solo la ausencia de la guerra, elemento central en un escenario de post-conflicto. En cuarto lugar, su aporte radica especialmente en su propuesta de conjugar la paz con el tema del desarrollo. Construir la paz mediante procesos de inclusión económica y de desarrollo humano sostenible, aparece de forma innovadora e indisociable con estos programas (Barreto, 2014: 185).

Los Programas de Desarrollo y Paz parten del principio de que “la construcción de la paz pasa por generar nuevas condiciones de vida, la inclusión para la gente en el campo y por el desarrollo socioeconómico de las comunidades” (Saavedra y Ojeda, 2006: 32), lo que se concibe como esencial, en la medida en que la falta de horizontes de vida de la gente en el campo es un factor determinante que alimenta el conflicto armado, y empuja a millares de familias hacia la economía de la coca. En esta medida, intervenir sobre esta raíz del conflicto es un canal privilegiado para su transformación.

En quinto lugar, los Programas de Desarrollo y Paz (PDP) desarrollan mecanismos y procesos que permiten “democratizar la democracia” (Sousa Santos, 2003) a nivel regional y local y fortalecer las instituciones. Han puesto en marcha diversos procesos de fomento de una democracia participativa a nivel local y regional, con miras a acercar los ciudadanos a las instituciones, y fomentar un nuevo modelo de relación entre gobernantes y gobernados, mediante procesos de articulación entre el sector público y el privado, y entre la sociedad civil y las alcaldías y gobiernos departamentales, a través de programas de rendición pública de cuentas y presupuestos participativos, y mecanismos participativos de planificación como los “Planes de Vida” en el Cauca y Nariño y los “Núcleos de Pobladores” en el Magdalena Medio (Barreto, 2014).

En sexto lugar, los PDP permiten generar bolsas de una cultura de la paz, es decir, micro espacios y expresiones de paz, en los cuales los valores de la civilidad y la solidaridad se han sobrepuesto a las dinámicas de la violencia. “Aquí la paz emerge como un proceso que se va construyendo cotidianamente desde las veredas de las regiones, corporizando una paz del día a día” (Richmond, 2008: 109). Estos procesos paulatinos son los que permiten sentar los cimientos de una paz sostenible y duradera.

Por último, el enfoque de los PDP permite de cierta forma reconciliar las “Dos Colombias”, o sea, integrar los territorios y sectores sociales históricamente marginados, de las instituciones, la democracia y el desarrollo, aproximando las veredas de las regiones y la totalidad del territorio nacional a la institucionalidad, al Estado de Derecho, y al desarrollo; llevando la democracia y una cultura democrática y ciudadana a las veredas más remotas, proveyendo servicios públicos; ayudando a llenar el profundo vacío institucional; repartiendo el bienestar y los dividendos del desarrollo regional entre todos sin excepciones; disminuyendo el foso centro-periferia; ayudando a superar las fronteras y periferias geográficas, políticas, sociales y económicas. En cierta medida, es una forma de construcción del Estado y de la Nación, proceso que es fundamental para la construcción de una Colombia en paz (Barreto, 2014: 186-187).

Por último, resulta conveniente resaltar la gran importancia que los Programas de Desarrollo y Paz revisten no sólo en los territorios colombianos en los que se han venido implementando y su potencial para un escenario de post-conflicto, sino también porque constituyen un modelo a seguir en aquellas comunidades que presentan condiciones económicas, socioculturales y políticas similares como es el caso de muchas regiones en México, toda vez que no son meras estrategias sino verdaderos procesos sociales participativos, cuya prioridad es lograr un desarrollo endógeno integral, humano, incluyente, sostenible y tangible, y por esta vía ir construyendo la paz, y como bien señala Molano (2009), robarle gente a la guerra mediante proyectos productivos, organizativos y sociales que implique la transformación de las condiciones de vida y mediante la generación de capital social: transformar la conciencia de los sujetos como actores individuales y colectivos en la construcción de región desde cada una de las comunidades.

DISCUSIÓN FINAL

Como resultado de este análisis, se observa como denominador común en América Latina y específicamente en el caso de México y Colombia que, no obstante que el discurso del desarrollo ha venido cambiando, en la práctica de las políticas regionales sigue predominando un enfoque de arriba hacia abajo, que no considera la participación activa de los actores sociales y que se centra sólo en la dimensión del crecimiento económico, propia de la política capitalista neoliberal. Esta política ha venido profundizando la brecha de la desigualdad económica y social, además de seguir alimentando las situaciones de pobreza que sufren diversas poblaciones, particularmente aquellas que habitan en territorios rurales y que han sido alcanzadas por la violencia generada por el narcotráfico, afectando al capital social e impidiendo la organización de la sociedad y la construcción de reglas de juego legítimas e incluyentes.

La violencia en ambos países se fundamenta precisamente en un contexto social basado en el sistema de exclusión social, pobreza y desigualdades que abre el camino para los actores armados privados e informales, que pasan a ocupar el lugar de la policía y la justicia, transformando los barrios y comunidades pobres y marginados en espacios de desintegración social, terror, y miedo, y del dominio de los criminales. La proliferación de estos actores armados en México y Colombia está relacionada con el fenómeno de los vacíos locales del gobierno y la prolongada ausencia de las autoridades en aquellas comunidades. El secuestro, extorsiones a productores del campo y comerciantes locales, amenazas, incremento de la inseguridad ciudadana, conjuntamente con el destape de la corrupción provocado especialmente por el narcotráfico y el reconocimiento de la impunidad, los cuales producen daños profundos en la frágil gobernabilidad e institucionalidad del Estado, aportando de manera eficaz a la ruptura del ya de por si vulnerable tejido social en estas comunidades y, peor aún, al reclutamiento entre sus filas de jóvenes que al no tener otra alternativa para educarse u obtener un empleo digno, optan por integrarse a estas organizaciones.

Aunado a lo anterior, se observa que en el proceso de descentralización inherente al desarrollo local existe coptación por parte de las élites locales arraigadas en los territorios, lo que dificulta que las comunidades puedan hacer contrapeso a ese poder de élites, en virtud de que el desarrollo local sirve a esos intereses particulares y no se resuelven los problemas, es decir, no existe movimiento ascendente que se integre al movimiento descendente que domina. En esta tesitura, surge la necesidad de realizar una búsqueda desde la perspectiva del capital social de alternativas que contribuyan al desarrollo endógeno, cuyo propósito consistiría en satisfacer las necesidades y demandas de una población, a través de la participación activa de la comunidad local en los procesos de desarrollo integral. Además, que comprenda las dimensiones económica, sociocultural, y política, a través del estímulo y promoción de iniciativas de la sociedad civil, construyendo y potenciando el capital social, traducido en el fomento de la competencia y la participación. Lo cual sería posible a través del aprovechamiento y la intensificación de valores, habilidades y conductas orientadas hacia el bienestar y el mejoramiento de la calidad de vida de la comunidad local, siendo el territorio un elemento determinante para alcanzar este objetivo.

Es así que en Colombia emergen como alternativas de solución al problema, una serie de iniciativas de la sociedad civil que se sustentan en nuevas formas organizativas y participativas en distintas regiones del país, cuyo objetivo consiste en desarrollar diferentes acciones que permitan un desarrollo humano que mejore las condiciones de vida de los grupos poblacionales menos favorecidos, así como colaborar generando condiciones propicias para alcanzar la paz. Una experiencia exitosa al respecto, la constituyen los Programas de Desarrollo y Paz, creados en 1995 con el propósito de aportar una solución integral a la grave situación social, económica y política del campo. Solución que le apuesta a la asociación y la organización productiva de las tierras, en procura de obtener y mantener canales directos de comercialización que les aseguren mejores ingresos a los campesinos.

Así, a través de diversas alianzas entre el Estado, la comunidad, la iglesia católica, empresas privadas, asociaciones campesinas, cooperativas agrarias, organizaciones de base y la cooperación internacional, se han generado dinámicas locales que abonan al logro de la paz en aquellas comunidades afectadas por el conflicto armado y el narcotráfico, mediante la construcción de capital social que contribuye a mejorar sus ingresos, dotar de capacidad a los grupos organizados para diseñar, formular, ejecutar y evaluar proyectos, dada su participación en procesos de formación intensivos en aspectos productivos, organizativos, administrativos y logísticos.

Esta dinámica participativa permite confirmar que la perspectiva del capital Social contribuye de manera significativa al desarrollo endógeno integral de los territorios, toda vez que con la promoción, el apoyo y la participación del gobierno nacional, las administraciones municipales, la empresa privada, la iglesia católica, las comunidades indígenas, afrocolombianas campesinas y el apoyo de la cooperación internacional, a través de los Programas Regionales de Desarrollo y Paz en diferentes comunidades de distintos Municipios Colombianos, se ha beneficiado y mejorado las condiciones de vida de miles de familias. Por otro lado, al constituirse como intermediarios entre los intereses estatales y de las comunidades, a través de dichos programas se han generado condiciones propicias para la paz en estos territorios.

Por tanto, sería conveniente considerar que en todas aquellas regiones de México cuyos territorios se encuentran fracturados por la violencia, la pobreza y desigualdad social, derivados en gran parte por la presencia de organizaciones del crimen organizado provocada por la debilidad y deterioro institucional a que se ha hecho referencia, fuese viable el diseño y aplicación de mecanismos con la perspectiva de los Programas de Desarrollo y Paz implementados en Colombia. En efecto, este tipo de mecanismos podrían construir y potenciar el capital social, propiciar la organización, colaboración y participación activa de los diferentes actores sociales de las comunidades mexicanas, ofreciendo así oportunidades de desarrollo integral en sus dimensiones económica, sociocultural y política, reconfigurando sus territorios y devolviéndoles la paz.

Esto sería posible aprovechando el potencial endógeno de las comunidades y empoderando a los propios ciudadanos, es decir, otorgándoles poder de decisión real y efectivo en el proceso de diseño, formulación, implementación y evaluación de las políticas públicas. Para ello, resulta de gran importancia el involucramiento, acompañamiento y apoyo permanente no sólo del ente gubernamental, sino también de los diferentes actores como es el caso de las Instituciones Educativas, ONG’s, empresas privadas, y todos aquellos que aporten recursos financieros, técnicos y humanos para lograr el mejoramiento de las condiciones de vida de las familias que habitan estos territorios. Para este último punto es importante sugerir trabajos empíricos que evalúen las condiciones en México para la eventual implementación de mecanismos con la perspectiva de los Programas de Desarrollo y Paz (PDP): conocer a ciencia cierta cuál es el capital social de los territorios de interés y cuál o cuáles serían los sectores de la sociedad que podrían asumir el liderazgo del proceso, así como la Iglesia Católica lo hizo en Colombia. Para este efecto, es importante considerar que, a diferencia de México, las autoridades colombianas han reconocido a la guerrilla y/o a organizaciones del crimen organizado como actores, esto es, como sujetos de negociación dentro de la estructuración del proceso de paz.

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Notas