“GUBERNAMENTABILIDAD, GENOCIDIO Y POBLACIÓN: UNA INTRODUCCIÓN”

	Feierstein Daniel. Introducción a los estudios sobre genocidio.. 2016. Argentina. Fondo de Cultura. 475.pp.. 978-987-719-107-3.

La complejidad del uso de la violencia ha alcanzado tales dimensiones en la configuración del mundo actual que la obra, Introducción a los estudios sobre genocidio resulta de lectura imprescindible para comprender el papel que cumple la destrucción identitaria, las lógicas geopolíticas, la funcionalidad del exterminio y el terror, como herramientas y prácticas constitutivas de las poblaciones que conforman los Estados nacionales en el presente. Sobre la base de una serie de informes realizados por equipos de investigación interdisciplinarios supervisados por expertos internacionales y por el autor, la temática se despliega en doce apartados descontando introducción y conclusión.

En el inicio de la obra, Daniel Feierstein introduce el concepto de genocidio acuñado por Raphael Lemkin en sus dos fases, la destrucción de la identidad nacional del grupo oprimido y la imposición de la identidad nacional del grupo opresor (2016: 14), al tiempo que considera su especificidad histórica anclada en la segunda postguerra luego de la experiencia del nazismo. Igualmente proporciona detalles sobre el tránsito y la cristalización de lo que denomina, la despolitizada Convención sobre Genocidio de Naciones Unidas que denegó de la inclusión de los grupos políticos. De este modo delimita el campo especializado y su evolución en las últimas cuatro décadas en el mundo acotando la lectura, a una visión “occidentalizada y situada en América Latina” que justificaría, los casos escogidos y los dejados fuera del estudio (2016: 32-35).

El primer capítulo del libro “La utilización de prácticas genocidas en la constitución del Estado argentino” sintetiza aspectos comunes a la modalidad reorganizadora genocida de la gran mayoría de los Estados regionales. El autor establece que para comprender la persecución que hacia fines del periodo decimonónico recayó sobre los pueblos originarios de la Pampa, Patagonia y el Chaco se tornó necesario identificar, elementos precursores presentes tanto en las elites coloniales como en las elites criollas ya que, la frontera —interétnica y territorial— fue tratada tempranamente como una cuestión de Estado. Siendo así las cosas la ajenidad determinó tipos de indios —amigos, nómades, salvajes— clasificación que solapó la urgencia del exterminio pero, con los años, la ideología que veía a los pueblos originarios como ‘tribus rebeldes’ y a sus territorios como ‘desiertos’ cristalizó, en intelectuales de la ‘generación del 37’—Esteban Echeverría, Juan Bautista Alberdi o Domingo Faustino Sarmiento—. Varios hitos pusieron manos a la obra: la Constitución Nacional (1853) instituyó que el Estado asumía la tutela de los pueblos indígenas en tanto población a gobernar mediante la aculturación apelando al catolicismo como mecanismo de nacionalización, instituyendo el Consejo para la Conversión de los Indios al Catolicismo (1873) y disponiendo la creación de misiones (2016: 41). Según se enuncia “entre 1853 y 1884 se sancionaron trece leyes referidas al tema indígena y en todas ellas la frontera aparece como el problema a abordar” (2016: 42) siendo la ley 215 (1867), la que extendió el límite interior hasta el margen del Río Negro y Neuquén. Lentamente las ideologías racistas amalgamadas a preconceptos de la generación del 37, junto a los supuestos del evolucionismo y del darwinismo sociales bajo la matriz europea fueron las que minaron, las campañas del ejército argentino como la iniciada el 5 de octubre de 1878 bajo la presidencia de Nicolás Avellaneda y Julio Argentino Roca en el ministerio de Guerra. A fin de despojar a la nación de los caracteres culturales de los nativos, el genocidio abarcó además la primera presidencia de Roca (1880-1886) y se menciona que, los centros de detención de indígenas existieron por lo menos hasta 1899 cuando se agotaron los fondos para su mantenimiento. Pero a diferencia de lo que sucedió con las regiones pampeana y patagónica donde hubo un gran número de muertos y capturas, el territorio chaqueño fue vaciado parcialmente. Pese a dicha diferencia, Feierstein menciona que “el genocidio de los pueblos originarios fue una parte importante de la estructuración de las elites gobernantes del país” (2016: 46) que concentró la tierra y sometió a las comunidades indígenas en ingenios, obrajes, quebrachales, en el Ejército, en la Marina de Guerra, en las chacras y estancias de la clase acomodada del Litoral y de otras regiones, a lo que sumó el borramiento mediante el reemplazo de nombres —entre otros de mapuches, huarpes, guaraníes, wichis, tobas, pilagás— y el desmembramiento de las familias mediante la apropiación de niños (2016: 45-51).

El capítulo segundo “ElEstado ittihadista turco” describe la planificación del genocidio dirigido contra las minorías que distorsionaban la identidad homogénea turca y panislámica, símbolo del Estado moderno turco. Enmarcado en un plan de transformación del imperio multicultural otomano basado en el sultanato y con una economía casi feudal, el Comité de Unión y Progreso —también conocido como partido de los jóvenes turcos— que surge en 1906 tomó el poder hacia 1913, mediante un triunvirato de Ittihad compuesto por el ministro de Guerra Ismail Enver, el ministro del Interior Mehmed Talaat Pasha y el ministro de la Marina, y posteriormente gobernador de Siria, Ahmed Jemal plasmando los objetivos del panturquismo, base del proceso de persecución y genocidio (2016: 68-69). Es así que en el contexto de la Primera Guerra Mundial y luego de la matanza y expulsión griegas, la “orden de limpiar Azerbaiján de rusos y armenios para lograr una continuidad territorial con los turcos que habitaban Rusia” (2016: 76) se desplegó mediante una serie de acciones administrativas planificadas a cargo de la llamada Organización Especial y del Ejército, con el apoyo de la población. En efecto, la zona próxima a Rusia fue donde se masificaron las prácticas genocidas debido a la alta densidad de la población no turca, con sus propios deseos de emancipación cómo sucedió hacia 1918 cuando se declaró la independencia de la República Democrática de Armenia, que perdió sus territorios en 1920 ante la invasión de Azerbaiyán para luego resurgir, como una nación soviética (2016: 87). Tras la derrota del imperio otomano luego de 623 años de existencia, los movimientos nacionalistas turcos batallaron hasta expulsar a los ejércitos de recuperación y, en 1922 surge la República de Turquía (2016: 88) cuya identidad nacional se forjó como parte de un proceso genocida sobre armenios, griegos, albaneses, bosnios, árabes, kurdos y otras minorías (2016: 83). Al tiempo que el pueblo turco fue perseguido y masacrado en espacios donde emergían otros Estados nacionales sobre todo, en la parte europea del imperio (2016: 88). Con todo, se sostiene que “reconocer las lógicas de construcción del genocidio implementado por el Estado ittihadista turco, lejos de justificar las acciones cometidas” (2016: 90) podrían contribuir con la reivindicación del carácter plural de la identidad otomana.

El capítulo tercero “Represión y genocidio en la URSS (1924-1953)” presenta las oscilaciones de la revolución comunista de fines de octubre de 1917 durante la guerra civil y las expectativas de la ampliación de la revolución al resto de Europa. El apartado destaca los cambios del enfoque represivo a lo largo de la vigencia del régimen refiriendo que hasta 1934, la violencia se ejerció “contra los ‘enemigos de clase’ (principalmente los campesinos ricos o kulaks, pero también contra miembros de la burguesía rusa acusados de querer restablecer el capitalismo en la URSS y, en menor medida, contra opositores identificados con el trotskismo o el anarquismo” (2016: 118). Fue a partir de 1934 y de manera progresiva, que el terror abarcó a los cuadros estatales y partidarios que habían participado en el proceso revolucionario. Finalmente durante la guerra adoptó la forma de deportaciones de pueblos enteros “no rusos” tales como finlandeses, polacos, alemanes, chinos, iraníes, balkarios y chechenos, entre los mejor documentados. Es decir, haciendo hincapié en “la efectividad del terror concentracionario y genocida como herramienta de reorganización de relaciones sociales” (2016: 119) este apartado ubica al estalinismo, en su peculiaridad histórica con una perspectiva comparada que lo aleja del concepto de totalitarismo.

El capítulo cuarto “La Guerra Civil española y el franquismo” describe las principales formas represivas suscitadas tras el alzamiento de una facción del Ejército, contra el gobierno de la Segunda República española liderado por Francisco Largo Caballero. Debido a que el levantamiento militar del 18 de julio de 1936 recibió el apoyo civil combinado de la Falange Española fascista, los carlistas, los monárquicos alfonsinistas de Renovación Española, la liga regionalista, la iglesia católica y demás grupos conservadores, el conflicto derivó en una cruenta guerra civil que transcurrió desde julio de 1936 hasta abril de 1939 y que culminó con la instauración de un régimen autoritario que se prologó por casi cuarenta años, hasta noviembre de 1975, cuando muere Franco. El capítulo examina las medidas represivas utilizadas durante la Guerra Civil y el primer franquismo —encierro, tortura, explotación laboral, robo de bienes materiales, quita de cargos públicos y puestos laborales, apropiación de niños, matanzas masivas y desapariciones— y los fines con que dichas medidas fueron aplicadas sobre la población —para limpiar hasta erradicar, la causa que provocó el ‘desvío de la nación’—. Como si fuera poco, durante el proceso democratizador el estado español clausuró la memoria de la Segunda República mediante el silenciamiento del pasado represivo implementando la ley de Amnistía de 1977, entre varias medidas del tipo. Clausura que se intenta revertir —sobre todo a partir de mediados de 1990— mediante acciones reivindicativas de la memoria antifranquista (2016: 144-146).

El capítulo quinto “El genocidio nazi: reorganización de Alemania y de la Europa ocupada” prioriza “el sentido del aniquilamiento nazi en tanto tecnología del poder” y el uso del terror genocida como herramienta reordenadora de las identidades tanto en Alemania como en la Europa ocupada y su impacto extraeuropeo (2016: 149). Mediante el análisis de los elementos que llevaron al ascenso del nazismo, el papel del campo de concentración en el proceso reorganizador, la quema de libros, el incendio del parlamento de Berlín, la cristalización de la cuestión judía en la configuración ideológica del nazismo y el papel de la esterilización forzada, la eutanasia y otras medidas conducentes a lograr aquello que los alemanes de entonces consideraban como la ‘raza aria pura’, el acápite concluye que mediante la aplicación de las prácticas sociales genocidas, el nazismo exterminó a millones de vidas humanas y también desgajó relaciones culturales y económicas desarrolladas durante siglos en el continente europeo dislocando, la memoria social en puja.

En el capítulo sexto “El colonialismo francés y las guerras de contrainsurgencia” se detalla el contexto de aparición de la Doctrina de la Guerra Revolucionaria (DGR) debido a la importancia que la misma tuvo, a la hora de la planificación del genocidio perpetrado en Argentina en la década de 1970. En efecto, fue durante la guerra de Indochina (1945-1954) que, el ejército francés comenzó a desarrollar la DGR, cuyo eje conceptual consideraba que la conquista se lograba mediante el apoyo político de la población pues no sólo se debía abatir al disidente infiltrado sino que era necesario quebrar sus lazos sociales. Para ello el territorio se fraccionaba en zonas, sectores, subsectores, barrios y sub-barrios, a fin de acceder al control psicológico de la población pues la doctrina consideraba que el Ejército debía ocuparse de los aspectos militares y de las tareas de carácter político y policial. Como señala Feierstein, amparada en la legislación francesa entre 1954 y 1956, la DGR adquirió estatus oficial en el Ejército francés motivo por el cual se aplicó en la guerra revolucionaria de Argelia para contrarrestar, las acciones del Frente de Liberación Nacional sobre la población argelina requisada mediante datos censales del año 1957. Con todo, en julio de 1962 Argelia obtuvo su independencia definitiva y con ello, los ejércitos del mundo incorporaron la experiencia de los oficiales franceses expertos en contrainsurgencia.

El capítulo séptimo “El colonialismo inglés y la descolonización: la India, Bangladesh, Sri Lanka, Palestina/Israel” muestra cómo a fin de desestabilizar a los nuevos gobiernos e incidir en el control de recursos vitales y económicos de sus antiguas colonias, el Reino Unido se dedicó a avivar los conflictos internos, apuntalando y radicalizando nacionalismos, sea “en el subcontinente indio (hindúes, musulmanes y sijes), en sus desprendimientos (pakistaníes y bengalíes, cingaleses y tamiles) o en Medio Oriente (entre judíos y palestinos)” (2016: 250). En cuanto a los conflictos analizados el menos dilemático corresponde a Sri Lanka puesto que en el año 2013 dicho país fue sancionado por el Tribunal Permanente de los Pueblos por perpetrar el “genocidio del pueblo tamil, en colaboración con los gobiernos del Reino Unido y de Estados Unidos” (2016: 241).

En el capítulo octavo “La Doctrina de Seguridad Nacional en América Latina (1945-1989)”, Feierstein detalla los hitos que determinaron el desarrollo de la doctrina, materia obligatoria en los ejércitos americanos durante la Guerra Fría al punto que representó, el sustrato ideológico de muchas de las dictaduras que se sucedieron en América Latina en las décadas de 1960 y 1970. La obra presenta los rasgos que adaptó la doctrina según se trate de dictaduras institucionales (Brasil, 1964-1985; Argentina, 1966-1973 y 1976-1983; Chile, 1973-1990; Uruguay, 1973-1985; Bolivia, 1971-1978 y 1980-1982) o personalistas (Haití, 1957-1986 y 1986-1994; Paraguay, 1954-1989; República Dominicana, 1930-1961 y 1961-1966), a partir del nuevo intervencionismo norteamericano (El Salvador, 1961-1979 y 1980- 1992; Guatemala, 1954-1985; Honduras, 1963-1982; Nicaragua, 1937-1979), en el contexto de las fuerzas militares nacionalistas de Panamá (1968-1989) y Perú (1968-1975, 1980-1990 y 1990-2000), o en el caso de Colombia de supremacía civil, en el cual la Corte Constitucional del propio país juzga bajo la figura de genocidio, la eliminación de la agrupación política Unión Patriótica (2016: 289). Según se comenta hay que destacar que pese a que, entre 1961 y 1968 se produjeron doce golpes de Estado en la región es a partir del Informe Rockefeller (1969) que se estableció que “las dictaduras temporales eran necesarias para garantizar la seguridad continental” (2016: 262-264) lo que explica, la seguidilla de dictaduras que se sucedieron en el continente amén de lo que, la doctrina reaganiana impuso a los países centroamericanos cuando, el coloso se percibió amenazado ante el avance de las causas que explicaban la ‘subversión’ —hambre, analfabetismo, distribución desigual de la tierra— (2016: 260). Por otra parte, el capítulo noveno “La Doctrina de Seguridad más allá de América: Indonesia y Timor Oriental” detalla los hechos consonantes que condujeron al comandante del Ejército indonesio Suharto al ejecutivo entre 1967-1998, y que desmantelaron el Partido Comunista Indonesio debilitando, la representación política —el partido comunista y la enseñanza del marxismo leninismo continúan prohibidas— y consagrando una economía dependiente de Occidente. La obra analiza cómo en el contexto de la Guerra Fría, el afianzamiento de Indonesia como aliada de Estados Unidos en la zona determinó que, la declaración de la República Democrática de Timor Oriental, en 1975, se percibiera peligrosa lo que motivó que en diciembre de 1975, Indonesia invadiera Timor Oriental manteniendo la ocupación hasta 1999, por medio de la perpetración de un genocidio sobre la población timorense (2016: 312). Los casos revisados en estos dos acápites permiten visibilizar la reconfiguración de los lazos sociales, a la luz de los procesos genocidas como estrategias de destrucción política.

El capítulo décimo “Camboya: un genocidio en nombre del socialismo” describe los componentes que llevaron a que entre 1975 y 1979 el pueblo camboyano fuera víctima de las prácticas genocidas aplicadas por los Jemeres Rojos. Bajo la forma de represión directa, emigración compulsiva, trabajo forzado y hambruna, más de dos millones de camboyanos perecieron a causa de la representación de un enemigo social que alojado en la vida citadina —arraigada en la cultura burguesa— debía rendirse ante el ideario revolucionario. En efecto, con la caída de la ciudad de Phnom Penh en abril de 1975, los Jemeres Rojos que condujeron al poder a Pol Pot —uno de los miembros de la elite educada y protagonista político directo desde 1960— inauguraron su política (2016: 348; 352). Entre las primeras medidas se cuenta la orden de evacuar las ciudades, con el propósito de alcanzar el proyectado Estado contractual agrario que se consagró, el 5 de enero de 1976 como Kampuchea Democrática (1975-1977). Además, el régimen estableció que el 99% de su población eran jemeres aunque para arribar a ese guarismo, el partido comunista de Kampuchea eliminó de la historia de Camboya a cham, chinos, vietnamitas tailandeses, laoenses y varios grupos más que representaban cerca del 20% de la población (2016: 358). No obstante, con el apoyo vietnamita la resistencia camboyana derrocó a Pol Pot constituyendo, la República Popular de Kampuchea con Heng Samrin como presidente (2016: 363), a la que se sumó el Tribunal Popular Revolucionario que juzgó en agosto de 1979, a Pol Pot y a Ieng Sary por el delito de genocidio hallándolos culpables (2016: 365). Pero el antecedente jurídico referido fue criticado y resistido por organismos internacionales, al punto que la situación se trasladó al 7 de agosto de 2014 cuando Nuon Chea —ideólogo de las organizaciones comunistas de entonces— y Khieu Samphan —exjefe de Estado— fueron condenados a cadena perpetua por crímenes contra la humanidad (2016: 366).

El capítulo undécimo “El conflicto de la ex-Yugoslavia. Sobre una práctica social genocida en un Estado multinacional” descompone la trama del conflicto político que envolvió a la República Federativa Socialista de Yugoslavia y que determinó su desmembramiento y su reconfiguración en Bosnia-Herzegovina, Croacia, Eslovenia, Macedonia, Montenegro y Serbia. El capítulo muestra que hacia 1980 con la muerte de Tito, los discursos nacionalistas censurados se reavivaron al punto que, el debate —federación versus confederación— que enfrentó a Serbia contra Eslovenia y Croacia desembocó en la declaración de independencia en 1991, de Eslovenia y Croacia. Sin embargo, el ejército federal yugoslavo permaneció ligado a Belgrado, con lo cual invadió Eslovenia al tiempo que, en Croacia se desató la guerra y lo propio ocurrió en abril de 1992 en Bosnia-Herzegovina, donde el enfrentamiento alcanzó proporciones inusitadas (2016: 374-375). La sangrienta contienda obligó a la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en 1993 a crear el Tribunal Penal Internacional para la ex- Yugoslavia que, en 2004 confirmó que en la ciudad bosnia de Srebrenica se perpetró un genocidio contra el grupo bosnio musulmán (2016: 380). Con todo, Feierstein remarca que “(…) el caso yugoslavo ilustra con una precisión histórica poco común los graves errores conceptuales de la interpretación jurídica dominante de la Convención sobre Genocidio, al no poder identificar el carácter central de las matanzas genocidas” (2016: 400). Si bien jurídicamente se ha establecido que el grupo nacional que se buscó exterminar fue el bosnio musulmán, los hechos indican que el blanco apuntó a todos los disidentes a los proyectos nacionalistas en pugna (2016: 398).

El capitulo duodécimo “Ruanda y los Grandes Lagos de África” examina el origen de las categorías hutus, tutsis y twa amén de su mutación, a propósito de la intervención colonial europea a fines del siglo XIX que alcanzó, la culminación racial de las diferencias mediante el censo oficial relevado por la administración belga entre 1933 y 1934 donde, la identidad se reflejó mediante tarjetas asignadas a cada persona (2016: 418). Según se expone en este acápite las matanzas en Ruanda tuvieron como detonante, el atentado del 6 de abril de 1994 contra el avión que trasladaba al presidente de Ruanda Juvénal Habyarimana, su círculo de funcionarios cercanos y el presidente de Burundi, Cyprien Ntaryamira. De todos modos, el hecho comentado nunca se esclareció aunque seguidamente, el Movimiento Republicano Nacional para el Desarrollo ocupó el gobierno y encabezó la persecución y el asesinato de los líderes opositores declarando la guerra al ‘enemigo tutsi’ mediante, las cadenas radiales que pregonaba el Hutu Power. En síntesis, el genocidio se consumó sobre la base de categorías raciales construidas durante la dominación colonial belga “reforzadas por el Estado ruandés desde la revolución de 1959” (2016: 436) que facilitaron homologar a los soldados del Frente Patriótico Ruandés, predominantemente tutsis, con los civiles. En el cierre de dicho acápite se abordan los procesos de justicia, sus progresos y sus obstáculos.

La obra concluye con una reflexión sobre “las derivas siempre políticas de las discusiones teóricas”. Luego de un breve repaso, Feierstein retoma las condiciones de posibilidad que subyacen a la violencia estatal cuando ésta es aplicada con fines reorganizadores mediante criterios estatales predefinidos. Al examinar los “casos étnicos” sea en el transfondo del nazismo que se propuso transformar la población alemana y europea, del ittihadismo en su violencia para con la sociedad otomana en procura de un proyecto panturquista, de la ex–Yugoslavia que desgajó la identidad yugoeslava en servios, croatas, bosnios, eslovenos o macedonios y de Ruanda que con el racismo hutu permeó al conjunto de las sociedades africanas postcoloniales, Feierstein configura un conjunto problemático más vasto que supera la óptica dicotómica pues la obra comprende también, a los casos “políticos como los de España, Camboya, América Latina o Indonesia” (2016: 454-455). Dicho de otro modo, las experiencias históricas reseñadas recuperan la politicidad de los procesos descriptos pues fueron planificados a fin de fundar estados nacionales sobre la destrucción, parcial o total, de un grupo para imponer la identidad del opresor. Sin embargo, pese a que la figura de genocidio ancla en la función jurídica de los Estados que estarían obligados a proteger y a garantizar la vida y la integridad de toda la ciudadanía por tanto ésta “resigna el uso de su fuerza ante el aparato estatal con la garantía de la defensa de su integridad” (2016: 465), tal figura encierra una contradicción pues excluye a los grupos políticos. Al carácter restrictivo comentado Feierstein contrapone, la apertura del concepto de crímenes de lesa humanidad que según razona “deja a los jueces (nacionales e internacionales) la discrecionalidad para incluir cualquier tipo de práctica bajo el inciso de ‘otros actos inhumanos’” (2016: 466). Para Feierstein, la tendencia “a homologar toda acción de violencia bajo la figura abierta de crímenes atroces o simplemente las categorías de ‘violencia política’ o ‘terrorismo de Estado’, utilizadas por algunos historiadores, podría implicar la lisa y llana derogación de las garantías penales para el conjunto de la humanidad” (2016: 466). Una observación que desafía al andamiaje que conforma el derecho penal en el siglo XXI, en muchos casos resistido y exigido por los movimientos de derechos humanos.

En síntesis, inscrita en la arista donde converge el campo de los estudios sobre genocidio y la sociología, la obra Introducción a los estudios sobre genocidio representa una contribución ineludible que ubica el dato histórico en el presente. El resultado es nítido: un libro sólido, comprometido.