Introducción

El presente artículo tiene como antecedente la investigación de la etapa analógica realizada en la Universidad Nacional Autónoma de México,¹ el periodo comprende los sistemas establecidos entre 1950 y 2000 (Autor, 2016). A partir de finales de la década de los noventa, varios países de América Latina ampliaron su infraestructura, crearon instituciones y modificaron sus leyes máximas. Sin embargo, la aparición de nuevas señales estaba aún en proyecto o era incipiente, del apagón analógico se hablaba como de un proyecto a futuro.

Debido a la rapidez con que el cambio tecnológico se está produciendo tenemos ya ante nosotros una realidad distinta, aunque todavía subsisten rasgos de la antigua. Las tendencias no han cambiado, la televisión pública sigue bregando con las políticas nacionales para hacerse un lugar en el cuadrante. Los cambios de gobierno la traen a un primer plano o bien la vuelven a dejar en la marginalidad. El análisis empírico sugiere que nuestra hipótesis es correcta.

Ante tal realidad, la continuación del estudio se hace necesaria. Hemos abordado en textos anteriores (Toussaint, 2015) los inicios del tránsito a lo digital en América Latina, aunque de forma parcial. Aquí ampliamos esa caracterización y nos detenemos en un dibujo de mayor profundidad para el caso de México por razones de acceso a los datos y posibilidad de confirmarlos en campo.

El horizonte teórico que nos guió para interpretar los informes es el de la economía política de la comunicación. Analizamos la parte histórico estructural, es decir, el orden de un sistema establecido a lo largo del tiempo que ha crecido según pautas de relación con la economía capitalista en donde prima el lucro por sobre el bien común. Asimismo, nos referimos a las leyes que le dan marco y sustentan las políticas gubernamentales.²

Televisión analógica

El número de señales televisivas abiertas del sector público en México era, en 2008 (Toussaint, 2015), notoriamente reducido frente a las que se agrupaban en el sector privado. Ello es indicador de varias situaciones que tuvieron lugar a lo largo de sesenta y dos años en América Latina. De 1950 a 2000 se sucedieron acontecimientos políticos que desestabilizaron a la región y la llevaron a modificar el modelo que habían adoptado en un inicio. Se sucedieron golpes de Estado, restauración de la democracia, revoluciones y virajes políticos bien hacia la izquierda, bien hacia la derecha. Con ello el panorama cambió radicalmente. En algunos casos se perdió por completo la tradición pública en medios para restaurarse después del año 2000. En otros, como México y Brasil, el equilibrio se mantuvo de manera precaria, aunque con la opción pública en desventaja. Todo ello plantea un mapa de medios desigual en los diecisiete países estudiados (Toussaint, 2016). A la vez cada nación va a afrontar de manera distinta el tránsito a lo digital.

Los datos apuntan a concluir que en América Latina el modelo comercial arrasó al público en el momento en que los gobiernos cedieron al capital el establecimiento y manejo de los medios televisivos. No importando si lo mercantil o lo gubernamental fue pionero en el desarrollo de la televisión. Dicho panorama pudo conformarse debido a que en ningún país se estableció un servicio público televisivo, con autonomía respecto del poder y de los intereses lucrativos. Con relación al alcance, los medios de negocio crecieron hasta abarcar todo el territorio mientras que aquellos de contenidos educativos y culturales permanecían circunscritos a las zonas metropolitanas, o bien a regiones aisladas a donde los privados no estaban interesados en aparecer, básicamente por el bajo nivel adquisitivo de esa población.

La transición digital de 2010 a 2016

El tránsito de lo analógico a lo digital halla una televisión pública en mengua en aquellos países en los cuales a partir de los años noventa se opta por mantener en la precariedad a la señal no lucrativa. En general, sin buen mantenimiento ni inversiones que actualizaran la tecnología, con leyes obsoletas para ese tiempo, los canales públicos se sitúan en desventaja para afrontar el apagón analógico.

En el tiempo en que países de Centro y Sudamérica empezaron a sacudirse el sello neoliberal para optar por un modelo mixto que acotara el enorme poder de las televisoras privadas. El tránsito hacia lo digital pudo hacerse de manera ordenada, bajo un plan: otorgarle a la televisión pública un lugar en el espectro que no fuese marginal. Lo cual pasó por establecer leyes basadas en proyectos constitucionales de avanzada, un reparto equitativo de las frecuencias, así como condiciones financieras y técnicas hasta lograr, paulatinamente, la transformación.

La metamorfosis se inició en la primera década del siglo XXI. De inicio se eligió el estándar técnico de entre las cinco normas existentes que son: el estadounidense (Advanced Television Systems Committee [ATSC]); el japonés (Integrated Services Digital Broadcasting [ISDB]) más (HDTV, compresión de imagen MEP-2), japonés-brasileño; (Integrated Services Digital Broadcasting-Terrestrial [ISDB-Tb]); el europeo (Digital Video Broadcasting Terrestrial [DVB-T]) y el modelo chino (Transmision Digital Television Multimedia [DTMB]).

Los países latinoamericanos que eligieron la adecuación brasileña al estándar japonés son: Chile, Venezuela, Paraguay, Perú, Argentina, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, Uruguay, Guatemala, Costa Rica y Brasil; México, El Salvador y Puerto Rico escogieron el modelo de Estados Unidos; Colombia y Panamá adoptaron el estándar europeo; y Cuba optó por el modelo chino.

Se generó así una fractura en Latinoamérica, se formaron tres bloques, uno que pretende alejarse de los parámetros marcados por la industria estadounidense. Otro que se mantiene unido a la potencia del norte. Y uno más en cercanía a los países europeos.

A la selección del estándar técnico le siguió la definición de plazo para el apagón analógico. No existe en esta fecha unanimidad. Incluso algunos países aún no han definido el momento en el cual pasarán a lo digital. Sin embargo, todas las naciones han seleccionado ya su estándar y comenzaron pruebas para lograr el arribo al nuevo modelo. Se trata de un imperativo técnico; no adoptarlo supondría el aislamiento de sus sistemas de comunicación y en especial de la televisión.

El apagón analógico está programado, según los datos consignados por Munizaga (2012), en México, Brasil y Paraguay 2016. En Uruguay en 2015 o 2020, según dos fuentes distintas. En Chile y Ecuador en 2017; en Argentina, Colombia y El Salvador en 2019; en Perú y Venezuela en 2020; en Cuba en 2021. Sin embargo, tanto estos como los datos más recientes deben ser tomados con reservas pues como podrá apreciarse a continuación, las fechas se han ido posponiendo en varios países. En Wikipedia (2017) se afirma que los años del apagón serán: para Bolivia, Chile, Venezuela, Perú y Honduras en 2020; para Colombia y Argentina en 2019; para El Salvador y Guatemala en 2018; para Costa Rica en 2017; para República Dominicana en 2021; para Brasil en 2023; y, para Cuba en 2024.

Las primeras transmisiones en digital no corresponden de manera simultánea al apagón analógico. Tiempo antes de que este se produzca ya se habían otorgado frecuencias y algunas se encuentran en operación. Por lo mismo, hay cifras señalando el número total de canales asignados y el de aquellos al aire. Las consignamos aquí de manera indicativa pues las modificaciones se producen con mucha frecuencia y las estadísticas no se actualizan a la misma velocidad. Con todo, el bosquejo marca líneas de desarrollo y prefigura lo que vendrá en las décadas siguientes.

En el 2015 una sola nación de América Latina -El Salvador- carecía de al menos un canal digital que estuviera operando.

Brasil es pionero en la adopción de esta tecnología, desde el 2007 fueron inauguradas las primeras señales. En 2012 la cobertura era de 46.8% del territorio, abarcaba 508 municipios, tenía 137 señales. En México en ese momento había 192 frecuencias públicas transmitiendo en digital.

Muy por debajo de la centena se encuentran Argentina, Colombia, Ecuador, Panamá, Perú y Venezuela. En este último país se inició en febrero de 2013 el tránsito a lo digital, se incorporaron a este sistema 11 canales, 3 privados, cubrían 48% de la población y se sintonizaban en 13 ciudades del país.

Una emisora digital por país corresponde a Bolivia, Costa Rica, Guatemala y Paraguay.

En el 2016 iniciamos la búsqueda de datos para actualizar la situación de México ya que el apagón analógico se reprogramó, por tercera vez (de 2021 a 2015 a 2016) para ese año. Consignamos aquí los resultados de una pesquisa que va de 2012 a 2016, incluyendo la modificación a las leyes realizada en 2013-2014 con las consecuencias en el reparto de señales entre los distintos sectores indicados en la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.

México de 2013 a 2016

El país de América Latina con el mayor número de frecuencias digitales al aire en 2013 era México con 162. Igual que en el espectro analógico, la parte abultada correspondía a la opción mercantil; conservaba el lento paso adquirido en el establecimiento de la señal digital pública, lo cual es comprensible porque el cambio implica inversiones inaccesibles para el sector menos próspero, especialmente cuando el Estado carece de un programa para que las televisoras no lucrativas puedan renovar equipos y establecer su transmisión digital.

Ese año las cifras señalaban un total de 1035 frecuencias televisivas, de las cuales 327 eran digitales, menos de una tercera parte. El reparto entre culturales y lucrativas fue 302 contra 733 y respecto de la TDT había 46 públicas frente a 281 concesiones.

Hay que recordar que en 2013 se originó la reforma constitucional mediante la cual los cambios, la adopción de lo digital y la convergencia tecnológica pudieron establecerse. Un año después se legisló para dar lugar a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Este ordenamiento eliminó varias restricciones de la ley anterior como la prohibición del manejo de capital financiero en los medios. Se aceptó 100% en telecomunicaciones y 49% en radiodifusión. Otra muda significativa hizo que desapareciera la figura de permiso. Se unificó a concesión, dividiendo ésta en “uso social, oficial, comercial”. El uso social se destinó para las opciones culturales y se agregó la comunitaria para la radio, no así en materia televisiva.

Dos años después de la promulgación de la Ley, en su última tabla de Infraestructura, fechada el 31 de marzo de 2016, IFETEL³ consigna los datos sobre número de canales en cada Estado, por ciudades, banda, es decir, TV o la nueva TDT. Los números de 2013 han variado hacia la baja. En total ahora se consignan 821 canales televisivos asignados. De estos, 327 pertenecen a la esfera pública y 494 son privados. Sin embargo, destaca el que ya han pasado a la banda TDT todos los privados ─un monto de 570─, mientras que 135 públicos aún son analógicos y solo 192 se consignan en la nueva banda, incluyendo 34 de SPR y 14 del IPN. Fuera de los del SPR y del Politécnico (es decir, repetidoras del 14.1 y del 11 del Distrito Federal) solamente 76 operan, los otros 97 se encuentran “en proceso de instalación”, es decir, aún no transmiten.

Insertamos a continuación un cuadro que explica de manera gráfica lo antes dicho.

Volvamos ahora al 2013 para señalar los movimientos habidos a partir de ese año. Entonces había 302 emisoras de televisión permisionadas de las cuales 46 eran digitales. Únicamente Baja California Sur, Chihuahua, Coahuila, Guerrero, Hidalgo, Nayarit, Quintana Roo y Tlaxcala no habían sido favorecidas con una emisora en TDT.

Para los años subsecuentes, la tendencia no se había revertido. Continúa el desequilibrio en las cifras, unos estados se benefician de una amplia red pública, por ejemplo, Sonora, Nuevo León, Guanajuato y Oaxaca, mientras que otros apenas si llegan a dos estaciones, como Morelos, Puebla, Querétaro, Tabasco y Zacatecas. En algunos casos como Tamaulipas solo aparece uno y este forma parte de la red del Sistema Público de Radiodifusión (SPR).

Lo anterior habla de la carencia de una política pública para el reparto del espectro destinado a ofrecer a los ciudadanos una opción que sea cultural, educativa y de formación cívica. Esta política viene de lejos, cuando en 2004 se empezó a hablar del apagón analógico, el gobierno de Fox, mediante decreto asumió el estándar técnico de Estados Unidos y estableció el apagón para el 2021. Al mismo tiempo refrendó las concesiones hasta esa fecha. Y, posteriormente, se le asignaría un canal espejo digital a cada señal analógica con lo cual iban a beneficiarse de cuatro posibilidades de transmitir en lugar de una. No se ocupó de los canales públicos operando, en ese momento ascendían a 27 abiertos, los cuales se beneficiaban de repetidoras que les fueron otorgadas al momento de establecer los sistemas de radio y televisión de los estados de la República y que en el tránsito a lo digital se han perdido o están suspendidas ya que no aparecen en las cifras que se pueden consultar en IFETEL.

Durante el sexenio de Vicente Fox (2000-2006) salieron al aire en cable cuatro emisoras más para alcanzar las 31 que censamos entre 2007 y 2008. Este trabajo está consignado en un libro que se llama La televisión pública en México. Directorio y diagnóstico 2007-2008. Editado por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México y Plaza y Valdés en 2009. En 2008, ya con el libro en prensa, y por tanto sin opción para agregarlo, se le autorizó el canal 21 a la Jefatura de Gobierno del D.F.⁴

A las solicitudes de canales que estaban esperando su turno para ser atendidas, se les concedieron frecuencias en TDT. Fue el caso de la Universidad de Guadalajara, la cual obtuvo su frecuencia televisiva en el 44 del dial.

En 2015 se otorgó una concesión de uso social al gobierno de Zacatecas. Canal 24 digital permitirá constituir junto con Radio Zacatecas, el Sistema Zacatecano de Radio y Televisión SIZART. Se ha planteado que opere como un Organismo Público Descentralizado.

Con el tránsito a lo digital y especialmente con la reforma constitucional que dio lugar a la Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones de 2014, los que eran permisos pasarán a formar parte de lo que se denomina “concesión de uso social” como se dijo antes.

En el pasado, todos los permisos se concedieron solamente a instituciones públicas. Actualmente están otorgándolas también a Asociaciones Civiles sin fines de lucro. Este cambio traerá problemas que ya se apuntan, por ejemplo, que en varios estados aparecen canales otorgados a dichas asociaciones, muchas de las cuales se ha podido demostrar que solo son parte de los grandes consorcios o están ligados a ellos. Entre estas se encuentran:

Dos frecuencias televisivas de “uso social” en Tapachula, Chiapas, otorgadas al empresario y político del PRI Simón Vanci Buzali.

El grupo ZER, de Arnoldo Rodríguez Zermeño, obtuvo una concesión televisiva de “uso social” en Zacatecas; IFETEL le adjudicó el canal 30. En esta misma entidad se concedió una frecuencia televisiva para José Bonilla Robles quien fue presidente municipal de Fresnillo, diputado federal y senador del Partido Revolucionario Institucional; obtuvo el Canal 20.

Cobijado bajo la Fundación cultural por Zacatecas, José Aguirre, quien también ha sido senador de la República por el PRI, dueño de NTR Medios de Comunicación, obtuvo un canal televisivo de “uso social” en esa entidad.

El cuadro elaborado por IFETEL en 2016 no ha sido actualizado en la página oficial. En datos aparte, para 2018 el Instituto consigna el otorgamiento de 153 concesiones de radiodifusión de uso social, 43 de uso social comunitario y 7 indígenas. El total de televisoras se establece en 821 entre las cuales 672 son digitales. El total de radiodifusoras llega a 1745.⁵ La única cifra que se ha movido respecto de 2016 es el número de señales que ya son digitales en televisión, pasaron de 540 a 672 en operación (Ver Cuadro 1).

A continuación, un cuadro con los nombres y localización geográfica de los canales otorgados tanto en analógico como en digital que responden a alguna Fundación, Patronato o Asociación Civil no dependiente del Estado. Debe señalarse que las ocho que se concesionaron en digital aún están en proceso de instalación según la lista ofrecida por IFETEL (2016).

Cuando se abrió el espectro digital, a la par con el aumento en el número de canales televisivos públicos nuevas instituciones a su servicio se establecieron. La más importante fue OPMA que apareció en 2010. Este organismo le proporcionó a Canal repetidoras para alcanzar 70% del territorio nacional. Paralelamente salió al aire Canal 30, en el Distrito Federal, a través del cual se difundieron los programas y series que OPMA estaba produciendo. Los contenidos de esta primera etapa fueron innovadores. Se crearon variaciones a los géneros tradicionales e incluso se incursionó en la ficción. Esa programación sirvió de base para lo que vendría después con la red del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano SPR.

En el 2012 el OPMA dejó de existir para convertirse en SPR. Este tenía asignados 27 canales digitales en la República Mexicana y uno en el D.F. con salida en el 30. Las ciudades beneficiadas con esta frecuencia eran León, Celaya, Hermosillo, Guadalajara, Xalapa, Morelia, Tampico, Monterrey, Mérida, Oaxaca, Tapachula, Toluca, Querétaro, Puebla, Ciudad Juárez, Mexicali, Aguascalientes, Campeche, Ciudad Obregón, Colima, Mazatlán, San Cristóbal de Las Casas, Tuxtla Gutiérrez, Uruapan, Villahermosa y Zacatecas. Nueve ciudades no contaban con señal pública alguna. Así mismo existen canales del Estado y universitarios, proveedores de servicio a la población desde hace varias décadas. Destacan Monterrey, Guadalajara y Sonora con varias señales culturales locales. Por su parte, Canal Once se beneficia de una red que alcanza 16 localidades diferentes a las que se hizo mención. Hoy todos los canales bajo la sigla SPR se localizan en el 14.1 del cuadrante.

El surgimiento de SPR fue consecuencia de la reforma constitucional tanto como del apagón analógico y la Ley de Radiodifusión y Telecomunicaciones del 2014. Se estableció entonces la necesidad de abrir el espectro a nuevos concesionarios privados y de establecer una red nacional de canales televisivos dependiente de la secretaría de Gobernación.

Conclusiones

En América Latina, de acuerdo con las cifras, no se descubre correspondencia entre tamaño de la economía, número de habitantes o tipo de régimen con cantidad de estaciones digitales operando. Las razones hay que buscarlas en la historia de la televisión de cada país, su desarrollo y la importancia que la industria de la cultura adquirió en cada uno de estos.

La televisión pública en América Latina está constituida por distintos sistemas, regulado por leyes diversas y ha adoptado tecnología que no es uniforme. Su historia se ve ligada, en todos los casos, al Estado. Este la ha prohijado, utilizado para sus fines particulares, alentado su crecimiento o bien la abandonó a su suerte. Ninguna de las instituciones creadas gozó de independencia editorial, de autonomía financiera o de apoyo de los propios televidentes. Tal situación es vigente, el apagón analógico próximo no hará variar el rumbo por sí mismo.

La televisión pública latinoamericana pasó por tres fases: los inicios entre 1950 y 1970; el crecimiento de 1970 a 1990 y las privatizaciones de 1990 al 2000. A partir del cambio de milenio, esta tiene que adecuarse a las modificaciones políticas que llevan dos directrices: acelerar el neoliberalismo o bien buscar fórmulas alternas a este. También a las evoluciones en lo tecnológico. Todas han de iniciar el tránsito a lo digital, mismo que apenas comienza a definirse y no se completará, según los datos hasta ahora disponibles, sino hasta el 2024 en la región latinoamericana. Eso si no se dan más posposiciones.

La relación entre el modelo público y el privado se encuentra desequilibrado a favor de los consorcios en casi todos los aspectos: cobertura, audiencia, presupuesto. La ventaja de la gubernamental es que alcanza una diversidad de contenidos que contrasta con el unánime discurso de los empresarios.

Las variaciones en la política no han cesado, por lo cual algunas reformas democráticas en materia de reparto del espectro y de contenido en países como Argentina y Brasil han empezado a desdibujarse o incluso a involucionar. Hay modificación de leyes e incluso desaparecen instituciones. Venezuela y Bolivia están sufriendo el acoso de la oposición. México por su parte continúa en línea recta el desarrollo de una infraestructura amplia que no ha sufrido desviaciones en el sentido democrático. En nuestro país el cambio a lo digital no trajo aparejada una redistribución del espectro, este sigue acaparado en su mayor parte por los empresarios y dirigido a obtener ganancias mediante el manejo de programas que atraigan público por su sensacionalismo.

El desarrollo de la TDT en México ha creado un nuevo polo privado, Imagen TV frente a los oligopolios Televisa y TV Azteca. Se espera que dentro de un par de años estén operando más grupos comerciales, ya que se están licitando otras cadenas. La contraparte no se abre para la sociedad civil porque no ha sido establecido un mínimo para las opciones públicas. Solamente el SPR y un Canal 11 de cobertura amplia han redefinido el mapa de los medios públicos. Y aún falta ver cuántos de los existentes desaparecerán al completarse el apagón analógico en el país.

Referencias bibliográficas:

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Bustamante, E. (Coord.) (2003). Hacia un nuevo sistema mundial de comunicación. Las industrias culturales en la era digital. Barcelona: Gedisa .

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Munizaga, J. (2012, 24 de mayo). La Televisión Digital Terrestre en Latinoamérica. FayerWayer, Política. Disponible en https://www.fayerwayer.com/2012/05/la-television-digital-terrestre-en-latinoamerica/

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Notas

Notas de autor

*Autor para correspondencia: Florence Toussaint, email: ftinta@yahoo.com.mx