1. Introducción

El amanecer de esta nueva década será recordado como un periodo de desafío e incertidumbre en temas de crisis multidimensional que alcanza temas de salud, ecológicos, económicos y sociales, los cuales probablemente pudieron haberse prevenido sino hubiesen intervenido intereses industria- les y políticos. Esto se puede ver reflejado en la creación y apoyo de agendas productivas basadas en el aprovechamiento de la naturaleza, el despojo y la monopolización territorial.

La lógica que sostiene el pensamiento de la extracción y explotación de los recursos naturales se fundamenta en la derrama económica, pero a cambio ocasiona daños sociales y ambientales. Tan sólo un ejemplo son las grandes empresas agroindustriales que han optado por modificar los ciclos naturales de producción animal y vegetal, seleccionando solamente a las especies más aptas para el consumo, desechando y condenando al resto a una marginación que inevitablemente termina por desplazarlas del ecosistema, lo que ha provocado una disminución en la variedad genética de muchas especies que consumimos volviéndolas un campo muy fértil para la gestación y mutación de ciertos virus que amenazan nuestra existencia, tales como la diversa familia de Coronavirus (COVID-19).

Asimismo, el SARS-CoV-2, como se le conoce oficialmente a la nueva cepa del Coronavirus, es una variación cuyo origen aún permanece incierto, pero que, de acuerdo con algunos investigadores (Andersen, et al., 2020) que han analizado la secuencia genética del virus han determinado que es producto de una evolución natural en la que un huésped animal la pudo haber transmitido hacia el ser humano.

Solamente en las últimas dos décadas hemos sido testigo de al menos otras seis epidemias que han provocado crisis y pánico a nivel internacional. 1) El Síndrome respiratorio agudo grave en 2002 (SARS); 2) la gripe aviar de 2005, 3) la gripe porcina de 2009; 4) Síndrome respiratorio de Medio Oriente en 2012 (MERS); 5) el brote de ébola en 2014, 6) el Zika en 2015; todas estas epidemias han provocado pérdidas millonarias debido a los costos en vidas humanas y actividades productivas, por lo que la situación que vivimos actualmente con la COVID-19 no es atípica y mucho menos será la última. Es decir, estas crisis de salud son cada vez más frecuentes, más costosas y difíciles de controlar, ¿pero de dónde vienen?

Rob Wallace, biólogo estadounidense, así como muchos otros científicos en el tema, llevan denunciando desde hace años que el sistema de producción capitalista mundial, especialmente el sector ganadero y otros sectores extractivistas son parte de las causas estructurales que provocan estos problemas, ¿esto cómo se relaciona con el coronavirus y con los impactos socioeconómicos? Porque el proyecto económico mundial se basa en el incremento de la producción del capital, para ello las grandes empresas se apropian de la tierra y de cuantos recursos estén disponibles (incluyendo el trabajo de os seres humanos).

El problema es que las regiones que están centradas en las actividades pro- ductivas de explotación de la naturaleza se han vuelto más vulnerables a enfermedades como la COVID-19, lo que se debe a la falta de desarrollo de un sector industrial fuerte que mejore e innove los sectores productivos locales. Además, tampoco se invierte en acciones de justicia o bienestar social, por ello América Latina es un ejemplo notable de esta situación.

Por lo anterior, el objetivo de este trabajo es realizar un análisis exploratorio de los principales impactos que ha tenido la COVID-19 en la región, especialmente en términos socioeconómicos. Para ello se realizó una revisión de varios aspectos que incluyen el número de casos y la mortalidad en el Continente, el desempleo y empobrecimiento, así como el tipo de acciones tomadas desde los gobiernos para luchar contra este problema.

El documento contiene tres apartados, además de las conclusiones. En el primero se realiza una breve revisión de los principales impactos sociales y económicos que se han tenido la COVID-19 en América Latina durante el periodo de 2019-2021, enfocándose principalmente en la cantidad de muertes y el desempleo; en la segunda sección se elabora una valoración del por qué estos impactos están enlazados con el modelo productivo extractivista y la debilidad derivada del mismo, así como en la debilidad productiva y laboral que provocan; en el tercer apartado el trabajo se centra en la situación de México mencionando algunas de las acciones del Estado en términos de bienestar social y el por qué no han tenido impacto en la disminución de contagios y muertes.

2. Metodología

La metodología que se utilizó fue mixta, ya que se estudian distintas fuentes estadísticas para explicar y analizar lo que está pasando en la región tanto en el caso de: enfermos, decesos, producción y cuestiones laborales respecto a la COVID-19 en América Latina; asimismo, se analizó la cantidad y el enfoque de las políticas públicas para enfrentar la crisis sanitaria que se está llevando a cabo en la región a través de la información proporcionada por la CEPAL. Para el caso de México se confirmaron los datos de gasto y contratos a través de la plataforma compranet y también se contrastó con la información disponible en sitios de análisis independientes.

Las técnicas de revisión se basaron en los procesos de estudio de caso e investigación histórica, por lo que el proceso de compilación y revisión de los datos se retomó desde bases de datos de varios organismos internacionales, instituciones mexicanas y fuentes periodísticas independientes. Dado que se busca comprender la situación actual de América Latina debido a los elementos más afectados por la COVID-19, se determinó que era fundamental establecer un diagnóstico regional y, después hacer una revisión específica para un caso de estudio representativo, siendo México el lugar elegido por el interés de la propia investigación para centrarse en este país.

Dicho diagnóstico, regional y nacional, se centra en comprender la siguiente relación ¿Cómo es que las prioridades políticas de la administración pública pueden afectar la tasa de mortalidad de la COVID-19?

El trabajo de Kaplan, Lefler y Zilberman (2021), demuestran que existe una correlación entre la falta de inversión en esfuerzos de mitigación para favorecer a los más vulnerables, lo que ha provocado pérdidas económicas trillonarias en el año 2020. Por otra parte, los costos de adaptación social que se han visto obligados a tomar las personas más afectadas por la enfermedad han generado un nivel de mortalidad sin precedentes que igualmente generan costos monetarios. Investigaciones como la de Bosancianu, Dionne, Hilbig, Humphrey, KC, Lieber y Scacco (2020) presentan como resultado que es la capacidad del Estado en términos de calidad de los servicios y provisión de los mismos, así como la fragilidad institucional para enfrentar shocks externos en conjunto con la corrupción pública y la desconfianza institucional lo que provoca que esfuerzos públicos fracasen en alcanzar resultados satisfactorios en la prevención de la mortalidad por la COVID-19.

Asimismo, existen otras investigaciones como las de Greer, King, Massard y Peralta (2020) que han presentado correlación entre las respuestas del Estado, los efectos económicos y la mortalidad de la COVID-19. En este caso al ser un primer esfuerzo solamente se presenta un diagnóstico exploratorio en este tema que toma como base los elementos ya mencionados.

Por otro lado, el análisis regional del trabajo se centra en dos aspectos: el primero es el impacto macro que tuvo la emergencia sanitaria sobre indicadores económicos y productivos expresada en los valores del Producto Interno Bruto (PIB), las tasas de ocupación y desocupación, así como el índice de precios de energía, alimentos y metales. La segunda cuestión es efecto letal de la enfermedad en contraste con la efectividad de las acciones políticas tomadas por las administraciones públicas en la región, esto se revisó a partir de la medición de casos mortales por país y en la región, comparándolo con el número y tipo de esfuerzos gubernamentales que se han ejercido por nación desde que comenzó la pandemia y hasta la actualidad.

En el caso particular de México el estudio se centró en verificar las acciones específicas del gobierno federal en turno al desglosar cada una por tipo, enfoque y alcance, revisando si éstas contaban con un respaldo económico acorde al daño social (mortalidad) que actualmente tiene este país comparando con un megaproyecto activo que se intenta llevar a cabo.

Por último, dado que en este trabajo está realizando una valoración del actuar político latinoamericano frente a la pandemia actual se estableció un horizonte de dos años y cuatro meses para el periodo 2019-2021 por ser las cifras más actuales que se pueden encontrar para la mayoría de las variables analizadas para este estudio en el caso de la COVID-19.

3. Impacto multidimensional de la COVID-19

Probablemente no haya existido peor momento para una crisis sanitaria como esta, especialmente en América Latina, pues desde principios de este siglo nuestra región se estaba enfrentando a una de las más graves contracciones económicas de su historia moderna al mantener una tendencia promedio de crecimiento anual de 0.4% entre 2013 y 2019 en el PIB (Véase, Gráfica 1).

Gráfica 1.
Tasa de crecimiento del PIB total anual a precios constantes (1990-2020²)

2 Los datos del año 2020 son estimaciones basadas en observaciones del Banco Mundial (BM) (2021).2 Los datos del año 2020 son estimaciones basadas en observaciones del Banco Mundial (BM) (2021).

Las ya de por sí negativas previsiones que hicieron la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Banco Mundial (BM) y analistas privados para el año 2020 evidentemente han quedado descartadas y se han ido modificando en los últimos 17 meses, pues se ha pasado de ominosos pronósticos que sugerían caídas económicas de hasta -18% en el peor de los casos y un -7.9% en lo que podría ser un buen escenario, ya que siguen sin revelarse de forma más concreta las cifras y, las estimaciones más recientes parecen concluir que la caída del PIB ha sido del -6.6% (BM, 2021).

Si bien esta cifra parece mucho mejor que cualquier otra pronosticada durante el año pasado, es la peor caída económica que se ha tenido en los últimos setenta años de acuerdo con los datos históricos de la CEPAL (1978) (véase gráfica 1). El problema de esta situación es que las estimaciones suponen que en este año (2021) el PIB crezca 4.4% (BM, 2021), lo que imposibilitaría alcanzar las cifras previas a la emergencia sanitaria hasta dentro de 3-5 años (CEPAL, 2021); es decir, la recuperación va a seguir un proceso difuso porque en realidad lo que se espera que vuelva a la normalidad es la cifra económica y no necesariamente la calidad de vida de la población, pues los valores macroeconómicos no están fundamentalmente ligados al bienestar colectivo.

Sin embargo, la posibilidad de que eso suceda en tal plazo solamente podría lograrse una vez que se controlen los contagios y la mortalidad por la COVID-19 en nuestro continente, una cuestión que parecer estar fuera de las valoraciones más inmediatas de la Organización Mundial de la Salud (OMS, 2021), quienes en una rueda de prensa del 30 de abril de este año, describieron la situación de América Latina como preocupante por el crecimiento de casos registrados a pesar de los avances en los planes de vacunación locales.

Como se observa en la imagen 1, la mayor parte de los decesos ocurridos en el mundo se concentran en el continente americano con 1.5 millones de muertes hasta el mes de mayo. Si solamente se considera la situación de Latinoamérica, entonces el número cae hasta 891 mil, lo que equivale al 28% del total mundial.

Imagen 1.
Número de casos fatales por COVID-19 acumulados en el mundo (abril 2021).

Elaborado con datos de Observatorio COVID CEPAL, 2021.

La preocupación de la OMS deriva, en parte, del hecho de que América Latina además de acumular la tercera parte de la mortalidad por la COVID-19 también tiene 41% de los casos totales y ha reportado 25% de los nuevos enfermos en la última semana del mes de abril. Y la tendencia no va a la baja, en realidad es un dato que ha estado subiendo durante los meses de marzo y abril potenciados por Brasil que se encuentra en una situación de emergencia ya que el virus no se ha podido controlar en este país, a los que también se suman Chile y Uruguay que han disparado su mortalidad y su tasa de contagios por el relajamiento en las medidas de contención (Lissardy, 2021; Redacción, 2021). Estas cifras son especialmente graves puesto que América Latina solamente tiene 8% de la población mundial y aún así se ha convertido en una de las áreas que mayores riesgos y mortalidad han presentado.

En consecuencia, el incremento descontrolado de estas cifras en la región está teniendo un impacto negativo en la cantidad de personas que se encuentran en situación de pobreza y/o desempleo. Lo que se debe a dos factores principalmente: a) el primero se está presentando por la disminución de la demanda productiva y comercial local, así como también en el mundo a raíz de las medidas de distanciamiento social. b) El segundo es por la tendencia de estos indicadores. De acuerdo con la CEPAL (2019), antes de esta crisis sanitaria, se pronosticó que se rompería la tendencia de estancamiento en la tasa de pobreza regional y que este número crecería en 4 millones de personas (MP); sin embargo, en el informe más reciente (CEPAL, 2021) la realidad es que se agregaron 22 MP a esta condición de riesgo, sumando 209 MP en total. Una cifra que no se había registrado en 25 años. Por su parte, la OIT (2019) estimaba un aumento en la cantidad de desempleados de al menos 1 MP; no obstante, el último informe de esta organización indica un incremento de 5.4 MP, lo que vendrían a ser 30.1 MP en toda Latinoamérica.

Estas cifras han borrado de un plumazo todos los esfuerzos y logros alcanzados regionalmente para luchar contra estos problemas en las últimas cuatro décadas y, más bien, han creado una situación de riesgo social sin precedentes que encajan con las observaciones de Gudynas (2020) en este tema, además van de acuerdo con lo que comentó Alicia Bárcena -Secretaría ejecutiva de la CEPAL a principios del año 2020 al mencionar que el modelo económico aplicado en la región está agotado, carece de innovación tecnológica con impacto en otros sectores y exacerba la concentración de la riqueza, siendo su principal caracte- rística la explotación y comercio internacional de bienes naturales.

A pesar de lo anterior en esta parte vale la pena destacar que la mayoría de las naciones en el continente tomaron docenas e incluso cientos de medidas para enfrentar estos problemas comentados, no es que la región se encontrara pasiva ante la situación (véase imagen 2). Por ello, la CEPAL contempla el número de acciones políticas que se llevaron a cabo en los América Latina, dichas acciones se pueden subdividir en ocho (8) dimensiones: 1) Vacunación; 2) Desplazamiento entre y dentro de los países; 3) Economía; 4) Educación; 5) Empleo; 6) Género; 7) Protección social; 8) Salud ³

³ Cada una de estas medidas tiene su propia categorización que puede ser revisada a fondo en el observatorio de la organización. Y un aspecto en el que se puede señalar que la mayoría de las acciones tomadas por los gobiernos se centraron en cuestiones de economía y vacunación dejando de lado o al mínimo los otros aspectos.

Imagen 2.
Número de acciones políticas implementadas en países de América Latina para enfrentar la emergencia sanitaria de COVID-19 (2020-2021)

Elaborado con datos de Observatorio COVID CEPAL, 2021.

En la imagen 2 se observa que los países de América Latina presentan variedades tonales y mientras más oscuro sea el color significa que ese país tiene un mayor número de acciones políticas implementadas para enfrentar la emergencia sa- nitaria; por ejemplo, Brasil y Chile tienen el tono más oscuro coincidiendo con la tabla a la izquierda. A pesar de lo anterior debe señalarse que mientras más acciones tomadas no necesariamente se tiene un mejor resultado, siendo líde- res de la lista en más acciones implementadas Chile y Brasil, pero también son las naciones que actualmente enfrentan graves crisis en la cantidad de nuevos enfermos y mortalidad.

En el resto de las naciones con menor número de acciones implementadas también existe un alto riesgo como en los casos de Uruguay o México, los cuales son países que la OMS (2021) ha señalado con preocupación por su alta tasa de mortalidad y contagios que están escalando rápidamente. Lo que implica que las decisiones tomadas en torno a este tema no han sido lo suficientemente eficientes como para disminuir los daños provocados por esta enfermedad.

A pesar de los esfuerzos que se han presentado por parte de los gobiernos en la región, algunos han sido muy limitados o centrados en una sola dimen- sión, además los resultados en cuanto a mortalidad y contagios obtenidos hasta el mes de abril del año 2021 son devastadores (véase imagen 1) y, solamente demuestran la debilidad del sistema latinoamericano, así como la falta de ca- pacidad para enfrentar una situación de emergencia de este calibre, lo que ha generado una crisis económica, política, social y ecológica más fuerte de la que se venía gestado en la región.

4. Claves de la crisis Latinoamericana por la COVID-19

Una consideración importante que se debe tener en cuenta es que parte de los pilares que están manteniendo esta crisis multidimensional derivan de la inse- guridad laboral, así como de la hostilidad de los gobiernos hacia las demandas por un Estado de bienestar en la región. Y es que, como bien comenta Bizberg (2014) al analizar las variedades del capitalismo que se aplican en América La- tina, hay una notable cantidad de diferencias entre los modelos económicos (y todas sus consabidas particularidades internas) de cada país. Pero, una característica más o menos común en la mayoría de las naciones en Latinoamérica es la anulación y debilitamiento de las redes de seguridad social, así como de los pactos colectivos laborales, además de la obstrucción de los esfuerzos para fortalecerlos.

Las diferentes estrategias productivas latinoamericanas durante las últimas décadas se han basado en la intensificación de la explotación extractiva, al maxi- mizar las ganancias a través de la flexibilización laboral, desconociendo los de- rechos que los obreros se han ganado a lo largo de la historia, pues contrario a lo que sucede en algunas regiones europeas donde la equidad profesional en todos los sectores es clave para su desarrollo, en Latinoamérica pareciera que los acuerdos con los trabajadores son un obstáculo que limita el desarrollo local, por ello los gobiernos de la región toman acciones de distanciamiento o destrucción de estos mecanismos de bienestar social (Azamar, 2020).

Las acciones políticas tomadas por los gobiernos de América Latina para en- frentar la COVID-19 estaban centradas en lo macroeconómico y en lo empresarial⁴, es notorio que existe poco interés de parte de los Estados para recuperar la confianza social y laboral. En parte se puede entender que la respuesta de los gobiernos esté enfocada en aspectos productivos, pues esta es una cuestión fundamental de la crisis, pero es precisamente esta condición de pensamiento centrada en lo económico lo que ha provocado la crisis en las dimensiones social y ecológica. A continuación, se mencionan algunos aspectos de los indicadores productivos y su influencia en la sociedad y en la naturaleza.

Actualmente no se encuentran disponibles la mayoría de los datos estadísticos que reflejen con exactitud los impactos asociados a los sectores productivos de América Latina; sin embargo, existen múltiples observaciones particulares con estimaciones sobre el crecimiento del desempleo y sus impactos objetivos en los procesos de recuperación económica (véase gráfica 2).

⁴ Un análisis más amplio de las acciones tomadas por los gobiernos de la región indica que más de la mitad de estas fueron orientadas hacia la economía y la industria, beneficiando especialmente a los grandes sectores empresariales.

Gráfica 2.
Tasa de ocupación, desocupación y participación económica en América Latina (promedio 18 países⁵) (2019-2020)

Elaborada con datos de OIT, 2021.5 Argentina, Belice, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Dominica, Ecuador, El Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, República Rica, Salvador, Uruguay

De acuerdo con los datos disponibles en el último informe de la OIT (2021), la tasa de ocupación en América Latina es la más baja registrada en este siglo y aún después de que comenzó el lento proceso de recuperación económica en el segundo trimestre del año 2020, esta no se ha recuperado hasta niveles previos a la emergencia. Lo que es peor es que el mayor nivel de desempleo se registró en el sector servicios, concentrándose de forma especialmente grave en turismo, alimentos y ventas minoristas, afectando a personas de menor nivel de ingresos que suelen concentrarse en este tipo de empleos. Como se observa, la tasa de participación económica se ha recuperado, lo que refleja el interés social por mantenerse participativos, pero la falta de apoyos específicos para la recupera- ción de los núcleos económicos locales, así como de las grandes industrias ha imposibilitado absorber a los trabajadores que buscan empleo.

Además, es importante considerar que casi todas las grandes cadenas productivas dependen de la provisión de bienes minerales, hidrocarburos, madereros, agrícolas, etc., y que América Latina aporta entre 25% y 50% de muchos de es- tos productos para el mercado mundial⁶. Pero, ante un escenario en el que los grandes productores y consumidores han ralentizado su capacidad de trabajo y todos sus mercados, entonces el descalabro económico ha sido muy grave, algo que se observa en la aparatosa caída del Purchasing Managers Index (PMI) en el mundo durante el año 2020.

⁶ Solamente por poner algunos ejemplos 80% del litio de salmueras extraído en el mundo se obtiene del conjunto de los países de Argentina, Bolivia y Chile; por otro lado, esta última nación aporta poco más del 25% del cobre comerciado globalmente; México contribuye con 23% de la plata a nivel internacional, estos datos pueden constultarse en la página de la CEPALSTAT

Este indicador permite comprender grosso modo la situación económica, pro- ductiva y comercial colectiva, pues recaba información sobre el nivel de pedidos y el volumen de compras, la capacidad productiva, el nivel de ocupación, entre algunos otros. El promedio de estos datos otorga una puntuación de dos dígitos que, en su mejor momento -en la década de los cincuenta-, alcanzó los 80 puntos (por encima de 50 se considera que es una etapa en expansión), algo que ha ido disminuyendo hasta la actualidad al situarse en promedio en los 55 puntos. En cambio, en abril del año 2020 se tuvo una caída de 26.5 (por debajo de 50 se considera que existe contracción y al bajar de los 40 es posible pensar en una recesión), una cuestión que alarmó considerablemente a los mercados a nivel mundial. Sin embargo, esta situación se vio relativamente superada al finalizar el año, pues en ese momento se había regresado a los niveles de 55-58 puntos prepandemia. Pero, en abril de 2021 el PMI global se encuentra en 52 puntos, lo que indica cierta inestabilidad que podría ser difícil de superar.

Dado que este índice (PMI) se publica mensualmente es posible emplearlo para comprender el panorama de la actividad industrial y, por supuesto asumir que, ante una evidente caída en la producción y el consumo empresarial los más afectados serán los proveedores de bienes primarios.

Por otro lado, uno de los problemas adicionales a lo ya comentado, es el periodo de incertidumbre y desestabilización que ha ocurrido en nuestra región a partir de las múltiples protestas acaecidas en los últimos años en varios países de gran importancia extractiva en cuanto a petróleo, minerales preciosos y gas (Brasil, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Venezuela), que han cimbrado la expectativa y confianza de los inversores internacionales en estas naciones, castigando sus precios y su propia capacidad productiva al limitar o pausar proyectos de inversión extractivos, limitando seriamente las posibilidades de enfrentar la actual pandemia debido a que en el caso de algunos de estos su dependencia financiera sobre el comercio de dichos bienes se encontraba cercana o superior a 50% de los ingresos comerciales que generaban estos recursos.

La política productiva extractivista que favoreció este proceso de reprimarización en la región se ha visto especialmente afectada por la variación en los índices de precios de los bienes de los que más se dependía: energéticos, metales industriales y alimentos. A continuación, se mencionan algunas implicaciones sobre estos cambios para el año 2020.

Gráfica 3.
Evolución del índice de los precios de alimentos, metales, energía, materias primas agrícolas y precios de mercancías (1992-2020)

INDEXMUNDI, 2021.

De acuerdo con la gráfica anterior la caída en el precio de los energéticos es reveladora en cuanto al hecho de mantener un compartimiento sumamente volátil que ya está causando más daños que bienestar a la economía mundial. Las distintas alternativas minerales en materia energética que han disparado los precios de estos bienes son prueba de ello. Si bien el precio del petróleo casi se ha recuperado a nivel prepandemia, lo cierto es que los shocks industriales derivados de las escandalosas caídas en abril del año pasado han provocado que varias de las más importantes empresas de análisis financiero señalen que el fin del petróleo como centro de la economía se acerca más rápido de lo esperado, quizá a finales de esta década o mediados de la que sigue. Lo cual va en línea con el crecimiento de las economías orientales más centradas en los proyectos eléctricos basados en el litio y otras alternativas (véase, gráfica 3).

En los bienes en los que se observa de forma más agudizada este impacto son:

a) el petróleo, b) el cobre y c) la soya, estos tres recursos naturales son especial- mente importantes para el comercio de la región. a) Para el primero, el precio del barril de petróleo, incluso el 20 de abril del año 2020 llegó a cotizarse en nú- meros negativos, lo que afectó especialmente a Venezuela, Ecuador y Colombia ya que son especialmente dependientes de este bien para sus presupuestos y, en menor grado a México y Brasil, debido a que son de los más grandes productores regionales, aunque no tan dependientes del mismo para sus finanzas públicas.

Al respecto se puede mencionar que dicho efecto negativo se profundiza por la transición energética acelerada que están trazando las más grandes empresas del mundo, así como por las restricciones que varios países están imponiendo a los vehículos que consumen hidrocarburos, por lo que esta situación será apro- vechada para fortalecer este aspecto en el mercado internacional.

Actualmente ya que el mercado se ha normalizado a precios cercanos a los de prepandemia existe incertidumbre sobre el impacto que pueden tener los excedentes, especialmente en un escenario en el que gran parte de las cadenas de producción están trabajando a la mitad de su capacidad productiva. En esta situación se presenta la posibilidad de volver a tener una caída en el precio del barril del petróleo debido al aumento en las reservas, la falta de la demanda y a que la COVID-19 se ha mantenido estable en su crecimiento.

b) Mientras que, para el cobre, la caída en su valor internacional debilitaría a dos de los más grandes extractores del mundo de este recurso, Chile y Perú. Para el caso de Chile que depende de forma vital de éste, siendo su empresa Corporación Nacional del Cobre de Chile (CODELCO) una de las más importan- tes generadas de empleo en el país, así que ante una crisis como la de ahora se prevén importantes recortes de empleo y, por lo tanto, también de los ingresos.

c) Para el precio de la soya, los principales productores de ésta son: Argenti- na y Brasil, por lo que se ven golpeados por la caída de la demanda por parte de China, aunque al ser un bien de consumo alimentario necesario y de gran importancia para varios mercados, es probable que se recupere en el corto plazo, no sin antes debilitar la capacidad productiva de esta industria, lo que elevaría los precios de los comestibles afectando la seguridad alimentaria de millones de personas (véase gráfica 3).

Hasta el momento se han comentado varios de los impactos específicos que la COVID-19 ha provocado en toda la región de América Latina señalando que algu- nos de estos son resultado de políticas que no han sido efectivas en su enfoque o implementación. Con la finalidad de profundizar un en la situación específica de México, en el siguiente apartado se abordan y consideran los cambios en las propuestas de trabajo desde el nuevo gobierno.

5. Plan de trabajo y acciones de México ante la COVID-19

Este país transitó hacia un cambio de gobierno en el año 2018 con la elección de Andrés Manuel López Obrador, hasta entonces un candidato que mostraba rasgos de centro izquierda con un interés en procesos de redistribución económica y centralización en temas de justicia social, por ello ha implementado múltiples planes de rescate pasivos y activos en la zona sur del país a través de mega proyectos de infraestructura y extractivos que buscan potenciar el desarrollo local en esta región.

Parte de la intención del presidente con este plan de trabajo ha sido el de rescate a los sectores más vulnerables en el país, ello también se refleja en el incremento de planes de transferencias directas a la población indígena y rural, así como a los adultos mayores, cuestión que ha sido valorada positivamente como parte de las acciones políticas que la CEPAL ha revisado para América Latina (véase imagen 3).

En la imagen 3 se realiza una distribución jerárquica por tipo de acción política tomada por el gobierno mexicano para enfrentar el problema de la COVID-19. Como se ha mencionado, algunas de estas han sido reconocidas por la CEPAL (2021) como necesarias y fundamentales para disminuir el riesgo de la población en situación de adversidad ante esta emergencia sanitaria. Sin embargo, la cantidad de acciones tomadas en cuanto al apoyo económico directo a la sociedad han sido muy pocas, pues solamente seis (6) de estas están directamente relacionadas con transferencias económicas (las cuales fueron condicionadas) y acceso a créditos (los cuales tienen tasas de interés bajo) están focalizadas en grupos específicos de la población: adultos mayores, mujeres y trabajadores o propietarios de PYMES.

Imagen 3.
Cantidad de acciones políticas emprendidas en México para enfrentar la emergencia sanitaria de la COVID-19 (2020-2021)

Elaborado con datos de CEPAL, 2021.

A continuación, se analiza el contenido de estas acciones y el enfoque de éstas tomando como referencia la división de nueve (9) tipos que se observan en la imagen 4.

En materia económica se consideran varios rubros, se comentan cada uno por separado:

a) Sobre los requerimientos de liquidez, manejo de las reservas internacionales y política monetaria, desde el 21 de abril y hasta el 29 de julio de 2020 se implementaron catorce (14) medidas en las que se comenzó plantear lo siguiente: Reducción de la tasa de interés; creación de un decálogo para fortalecer las operaciones financieras, canales de acceso a créditos y garantizar el acceso a liquidez para el desarrollo del sistema financiero; mejorar condiciones para acceso a créditos empresariales; fortalecimiento en las políticas de trabajo bilateral con Estados Unidos.

b) Para el tema del crédito del 16 al 23 de abril de 2020 se anunciaron dos (2) acciones en las que algunas entidades del país dieron acceso a créditos para microempresas a tasas preferenciales.

c) Sobre la cuestión de restricción a la actividad económica, entre el 24 de marzo y el 28 de junio de 2020 se establecieron tres (3) medidas en donde se convirtió en mandatorio un semáforo de trabajo para actividades económicas en todo el país.

d) En la cuestión de estímulos económicos, entre el 5 de abril de 2020 y el 19 de enero de 2021 se anunciaron cinco (5) medidas para evitar aumentar el costo de combustibles; adicionalmente en los siguientes meses se anunciaron planes de inversión para sectores esenciales como el energético y el de comunicaciones; se presentó un plan de reactivación económica para el año 2021.

e) Respecto a la suspensión de pagos y alivio a la deuda de individuos y microempresas, entre el 25 de marzo y el 23 de septiembre de 2020 se anunciaron tres

(3) medidas orientadas a la mitigación de los problemas de contingencia para apoyar parcial o totalmente los pagos de intereses de créditos bancarios, además de medidas en la restructuración de créditos.

En el tema de género, entre el 24 de marzo y el 19 de julio de 2020 se tomaron 15 acciones divididas en cuatro (4) enfoques:

a) protección a la violencia contra la mujer al fortalecer los servicios de atención y orientación en el tema, creación de guías sanitarias para Centros de Justicia para las Mujeres, lineamientos de operación para refugios especializados en violencia, campañas de difusión en el tema de la violencia;

b) cuidado económico a través de campañas de concientización sobre la importancia de su labor en el trabajo, así como en el apoyo a las adultas mayores para el acceso a productos básicos a precios preferenciales;

c) empleo e ingreso al generar garantías para evitar despidos, acceso a créditos, programas de apoyos financieros para microempresas, reforma con una visión de género en Normas Oficiales de igualdad y no discriminación laboral;

d) beneficios y transferencias para adultas mayores, apoyo a mujeres y madres trabajadoras y becas del bienestar.

En el eje de la emergencia de salud, entre el 22 de enero y el 2 de noviembre de 2020 se anunciaron 11 medidas en las que el gobierno de México se estaba preparando para enfrentar esta situación, lo que ha incluido: la creación de un comité de salud; guías de trabajo nacional; declaratoria de emergencia nacional; garantía de acceso a recursos básicos para hospitales; creación de protocolos para distanciamiento social nacional; pruebas gratuitas en hospitales públicos; compra de material médico especializado; acuerdos con hospitales privados para la atención coordinada, contratación de nuevos médicos y apoyos económicos para los residentes, así como priorización en la vacunación para personal de primera línea.

Sobre la vacunación se han tomado seis (6) medidas entre el 1 de diciembre del año 2020 y el 9 de marzo de 2021, anunciando acuerdos de trabajo, compra y producción de vacunas con empresas privadas y gobiernos de otros países.

En la cuestión de educación entre el 20 de marzo y 9 de julio de 2020 se han establecido cuatro (4) acciones orientadas a la suspensión de actividades presenciales y la creación de programas educativos compartidos en internet y televisión pública.

En el tema laboral se tomaron tres (3) medidas el 24 de marzo de 2020, las cuales son referentes al teletrabajo obligatorio en el sector público y privado; licencias de trabajo remuneradas por enfermedad y edad; acuerdo de control de trabajo para mitigación de riesgo estableciendo sectores esenciales (los proyectos extractivos y de infraestructura fueron considerados como esenciales) y protocolos de trabajo seguro.

Respecto a la protección social, entre el 27 de marzo y el 2 de diciembre de 2020 se han establecido tres (3) acciones para fortalecer los programas de transferencias económicas para adultos mayores, así como apoyos económicos para gastos funerarios a los afectados por la COVID-19.

En los servicios de apoyo en general se tomaron tres (3) acciones entre el 6 de abril y el 22 de junio de 2020, con el establecimiento de los servicios de salud sexual y reproductiva como servicios esenciales, creación de material visual de apoyo para una perspectiva de visión de género en la respuesta a la pandemia, creación de una línea de apoyo a mujeres embarazadas.

Para la cuestión de viajes y restricciones, desde el 24 de marzo de 2020 se establecieron dos (2) medidas orientadas a la restricción en los viajes no esenciales hacia Estados Unidos; además se prohibieron eventos y reuniones de más de 100 personas.

Como se ha podido observar, la mayor parte de los esfuerzos emprendidos por el Estado mexicano no estuvieron centrados en el control de la propagación del virus o en el fortalecimiento de los apoyos que reciben las personas en situación de vulnerabilidad, especialmente estudiantes universitarios o trabajadores de baja o alta espacialidad. Sino que se concentraron en garantizar la confianza internacional en la solidez de la economía del país, así como en el fortalecimiento de las relaciones políticas y comerciales con Estados Unidos.

Los limitados apoyos recibidos para mujeres, adultos mayores y microempresarios no han tenido continuidad y de acuerdo con los datos observados, en realidad estuvieron limitados a los primeros meses de la pandemia sin que hasta el momento existan planes anunciados para fortalecer dichos proyectos. Ahora bien, es necesario dimensionar el gasto total realizado por el gobierno en los temas comentados que refieren únicamente a la cuestión de insumos, servicios y vacunas, entre otros⁷, los cuales han sido reportados a través de Compranet (el portal del gobierno para el registro de estos temas), destacando que se han realizado más de 6,200 contratos con un gasto acumulado de $20,000 Millones de Pesos Mexicanos (MPM), un gasto que parece está ampliamente subestimado, pues un análisis realizado por Serendipia y Poder (2021) ha seña- lado la existencia de más de 21,000 MPM no reportados distribuidos en 3,577 contratos realizados por diferentes entidades y niveles de gobierno en el país entre el 20 de abril de 2020 y el 20 de marzo de 2021.

Este gasto que en un principio parece bastante alto solamente representa poco más de 3% de lo reportado por Compranet y si se compara con lo que se ha empleado para financiar el proyecto de infraestructura conocido como Tren maya, entonces los recursos destinados a la emergencia sanitaria palidecen, pues de acuerdo con los datos reportados por Serendipia (2021) hasta el día de hoy el gobierno mexicano ha gastado $87,303,356,329.63 MXM, más de cuatro veces lo destinado a luchar contra la COVID-19 y, aún si se consideran los gastos opacos no registrados en Compranet, todavía sería más del doble (véase gráfica 5).

Gráfica 5.
Gasto público del gobierno de México en el Tren Maya y para enfrentar la COVID-19

Elaborada con datos de Compranet, 2021; Serendipia Digital, 2021; Serendipia y Poder, 2021.

⁷ Sobre las transferencias y otros apoyos económicos todavía no se cuenta con las cifras exactas, por lo que se menciona nada más el gasto en cuestión de salud, vacunación y servicios hospitalarios.

Como se observa en la gráfica 5 los gastos realizados por el gobierno mexica- no solamente para fortalecer la capacidad hospitalaria, los insumos y las va- cunas han sido limitados y opacos, pues como lo señalan las investigaciones consultadas, existe una gran cantidad de datos no disponibles, ni registrados adecuadamente lo que orilla a pensar que puede que no se estén ejerciendo correctamente el uso de estos recursos.

6. Panorama y resultados de la política mexicana ante la COVID-19

Los notables esfuerzos de México se han visto superados por las circunstancias ya que las acciones y proyectos de apoyo a la sociedad no consideran el forta lecimiento del sector productivo ni tampoco el de los desempleados, que como esto ha tenido impactos negativos para la economía y para la parte social; adicionalmente, no han servido para frenar la necesidad de la población por salir a laborar, especialmente en sectores de riesgo, como el turístico, lo que ha provocado que México sea uno de los países de la región con el mayor número de muertes, 217 mil y que se encuentre solamente por detrás de Brasil, que ac- tualmente acumula 407 mil decesos.

En estos momentos México es un país con pocas acciones económicas orientadas a la recuperación de sectores estratégicos, por lo que se ha centrado en planes de trabajo asistencialistas que no permiten superar estos problemas de fondo, pues se vuelven ingresos de supervivencia para sus beneficiarios. El problema es que son débiles en términos de cobertura y también en cuanto al tiempo de respuesta que se requiere.

Tan sólo los programas de gasto social que se están implementado no están diseñados para enfrentar una pandemia de largo plazo, pues desde que comenzaron las operaciones de cierre de negocios en el mes de abril del año 2020 y hasta la actualidad ha transcurrido un año en el que se han degradado las condiciones de vida para al menos 10 MP como lo indica el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) (2021), pues se ha pasado de una cifra de 61 MP en situación de pobreza en 2020 hasta un aproximado de 70 MP.

Esto se debe a que los ingresos otorgados por las transferencias del Estado no benefician a un gran volumen de la población, especialmente a las personas en situación de calle, trabajadores informales e incluso para los que pueden acceder a las mismas se vuelve un problema que no son funcionales para cubrir las necesidades de familias de tres o más personas. El problema es que más de la mitad de la población en situación de pobreza no cumple con los requisitos para acceder a los apoyos del Estado, de manera que esto provoca que muchas personas ignoren los llamados de distanciamiento social; asimismo, ha fomentado que incluso se estén promoviendo proyectos de turismo masivo como los que sucedieron durante los meses de marzo y abril en el país con motivo de una de sus fiestas religiosas más importantes en el que el volumen de ocupación hotelera fue de 42%, lo que implica la movilización de cientos de miles de personas durante un corto periodo de tiempo aumentando los niveles de riesgo (Redacción, 2021b).

Ahora bien, buena parte de los apoyos que proporciona la administración pública del país para las empresas son préstamos y para quienes están en la economía informal no existe ningún plan para integrarlos a la formalidad o ninguna cadena de valor. Por eso el esfuerzo del Estado mexicano basado en endeudar a la población mediante préstamos tiene graves riesgos, pues si se tiene una alta tasa de morosidad que afecta la calidad de los activos de las entidades financieras, la falta de liquidez va a pasarle factura a los bancos que se van a ver menos propensos a cooperar con el Estado hasta que haya tensiones fuertes o debilidad en los instrumentos de financiamiento público.

Por otro lado, tampoco se cuenta con un programa orientado especialmente a enfrentar la crisis de desempleo que se está teniendo, pues este tema ha crecido hasta 2.4%, sumando casi 400 mil personas en 2021, lo que ha generado una masa de 2.4 millones de personas en esta situación (INEGI, 2021). Como se puede esperar, este problema tendría un impacto directo en la capacidad del Estado para otorgar un seguro de desempleo y para impulsar proyectos de recuperación industrial nacional.

Además de lo comentado, en México, al igual que en el resto de América Latina, hay una cuestión adicional que agrava y afecta las condiciones de vida de las poblaciones, y ese es el de las personas en situación informal. Para nuestro país el volumen de ocupados en este sector de la economía es de 56% de la PEA (31 millones de personas en todo el país). Cerca del 80% de estos se encuentra dentro del sector servicios, comercial y agropecuario, que son precisamente los sectores más impactados por la COVID-19 tanto en el corto como en el largo plazo, además costará mucho más esfuerzo volver a reiniciar negocios debido a la falta de ingresos fijos.

Estas personas carecen de los mínimos requisitos para contar con seguridad social básica, protección por desempleo y la mayoría de los apoyos del Estado. Sin embargo, en su conjunto esta población genera al menos 22 de cada 100 pesos que se gastan en México (INEGI, 2019). Su labor no solamente es importante, sino que tiene un efecto positivo al disminuir la propensión a la delincuencia, además de generar ingresos también promueven el interés por educar a sus hijos para tratar de superar esta situación.

El problema es que en este país se ha invisibilizado este sector hasta el punto de suponer que no afecta a quienes viven dentro de la “formalidad”. Por otro lado, también se desconoce la labor de las personas que están trabajando su tierra sin ningún apoyo o garantía del Estado, y de las que depende la población urbana del país para tener alimentos disponibles y frescos a costos accesibles. En este escenario parece que ignoramos los riesgos de quienes conducen los camiones que van por la cosecha a través de caminos peligrosos tanto por la delincuencia como por el desgaste del camino y de su vehículo; también parece que se ignora a quienes atienden en las bodegas de alimentos frescos, trabajadores de la central de abastos o de cualquier mercado de barrio. Lo mismo pasa con los jardineros, choferes de aplicaciones, repartidores de comida rápida, trabajadoras domésticas, empacadores en el súper, empleados que en los esquemas clásicos de la economía se consideran “de bajo nivel” (a pesar de que actualmente son estos los que están permitiendo que la economía en general se mantenga en pie) que acceden a esquemas abusivos de empleo a cambio de ganar unos pocos pesos más.

Por otro lado, los trabajadores del campo también están en desventaja ante la pandemia. Si bien, es cierto que este sector se encontraba abandonado por el Estado y dominado por oligopolios incluso antes del establecimiento del modelo neoliberal en México, así como muchos pequeños y medianos campesinos resistían y se las arreglaban durante ese periodo, no tenían fortalezas internas para competir o para aguantar modificaciones de cualquier tipo en las condiciones del mercado, de manera que el modelo de apertura impuesto en la década de los ochenta en este país solamente aceleró la degradación del sector. Es decir, desde hace décadas y actualmente no existen políticas reales de fortalecimiento para los productores locales de pequeña y mediana escala en las que se apueste fuertemente a su desarrollo y competencia.

En este escenario crítico, los campesinos e indígenas en el país no solamente se enfrentan a esta emergencia sanitaria en condiciones de alto riesgo, también carecen de apoyos adecuados por parte del Estado y son constantemente hostigados por estructuras empresariales extractivistas que les expulsan de sus territorios, ya que generalmente las que se apropian de sus bienes y territorios son compañías que están respaldadas directa e indirectamente por un sistema político ineficiente que ha provocado más daños que bienestar.

Es necesario e importante que el gobierno mexicano proponga un plan de coordinación local y nacional con grupos empresariales y económicos para apoyar a estos grupos poblacionales, su trabajo es fundamental para la seguridad alimentaria y financiera de millones de personas. Impulsar a la población en situación de informalidad y a los campesinos hacia proyectos de regulación que no necesariamente se dicten desde una política economicista y productiva, sino que es primordial establecer una visión humanista que promueva la creación y fortalecimiento de cadenas productivas locales.

El análisis de Masferrer, Giorguli, Selee, Meza y Perdzini, Orrenius, Zavodny y Su, et al. (2020), así como los múltiples y muy amplios informes sectoriales de la CEPAL y otras organizaciones internacionales han dejado claro que los procesos de trabajo para enfrentar al COVID-19 en América Latina fueron deficientes, lo que se demuestra en la gran cantidad de la población mortalmente afectada a pesar de los múltiples esfuerzos políticos tomados por las administraciones en turno, lo cierto es que dichos esfuerzos no se concentraron en fortalecer las acciones de protección colectiva, sino en blindar las economías ante el parón productivo mundial que provocó esta enfermedad. En este sentido, este trabajo abona en la comprensión de los efectos mortales de las acciones políticas que carecen de una vinculación a la protección social.

7. Conclusiones y recomendaciones

La enfermedad de COVID-19 ha significado para América Latina una de las crisis más graves que ha enfrentado en términos sociales, económicos y productivos. Los múltiples efectos negativos que se han comentado a lo largo del artículo son especialmente notables entre la población más vulnerable, pues como se ha señalado, algunos indicadores de precios o de demanda están regresando lenta-mente hacia niveles prepandemia, pero los destructivos resultados a nivel social tardarán años o décadas en superarse para las poblaciones más vulnerables.

Si bien hay países en la región que han implementado una gran cantidad de medidas para paliar los efectos de esta enfermedad, lo cierto es que casi ningún gobierno ha podido controlar exitosamente el nivel de riesgo y la tasa de mortalidad entre la población. Resulta especialmente escandaloso que esta región que concentra menos del 10% de la población mundial sea también la que acumula uno de cada tres muertes que suceden actualmente sin que se observen acciones decisivas para frenar esta tendencia. La mayoría de las políticas productivas en la región antes de la pandemia estaban orientadas a la extracción y comercio de materias primas o bien al sector turístico, sectores especialmente golpeados por las medidas de distanciamiento social que, si bien se tuvieron pocas excepciones en cuanto a la disminución de esta actividad en algunos países como México, esto debería haber demostrado a los gobiernos de la región la debilidad de estas estrategias. Por ello es impor- tante tener en consideración los siguientes puntos:

1. La crisis que enfrenta la región no es nueva, ni es producto de la COVID-19, sino que es resultado de las deficiencias estructurales y económicas provocadas al mantener un sistema productivo sostenido en el extractivismo y en la falta de innovación para la transición de bienes energéticos. Por ello, es fundamental reordenar las dinámicas productivas de innovación en el sector de energéticos enfocándose en proponer nuevos esquemas de aprovechamiento de energías renovables aprovechando las condiciones climáticas locales.

2. La ilusión de la recuperación en forma de V (una rápida recuperación) es falsa, pues no hay elementos que nos ayuden a considerar que puede suceder algo así, como pasó en la crisis de 2008. La falta de confianza y la descapitalización en la región latinoamericana, el aumento imparable de la pobreza y las múltiples falencias estructurales (como la reprimarización que se observa en las exportaciones regionales) alimentan la incertidumbre en estos momentos.

Por ello, los planes de trabajo para la recuperación deben considerar: los beneficios geográficos, el idioma, la historia, las tradiciones, las costumbres, entre otras, con las que cuenta América Latina, por lo que un trabajo en conjunto fomentaría un beneficio mucho mayor y más efectivo que cualquier es- fuerzo individual por parte de los gobiernos.

3. La profundización de los mecanismos punitivos que emplea unilateralmente Estados Unidos para afectar a naciones con procesos políticos que no le favorecen en términos políticos no han tenido ningún impacto positivo en la región, por el contrario, han creado polarización social. Es conocido que Venezuela ha incrementado la media de pobreza en la región, algo que se debe en gran medida al ahorcamiento financiero que está sufriendo este país debido a las sanciones violatorias del marco normativo internacional. Esto dificulta la recuperación conjunta y más bien provoca efectos nocivos como la migración en masa y la debilidad de estructuras productivas locales. Los efectos más graves de estas medidas son el desabastecimiento de alimentos, combustibles y, actualmente las vacunas.

4. La reactivación económica es escalonada y al estar tan interconectada, los sectores que dependen de alta tecnología extranjera pueden verse seriamente dañados ante la falta de materia de trabajo. Si América Latina tiene un largo periodo de recuperación industrial puede arriesgarse a ser marginada de las dinámicas de producción mundial, si por el contrario comienza sus procesos de exportación de forma rápida, entonces puede enfrentar incapacidad de producir adecuadamente por la falta de elementos en las cadenas de producción, lo que profundizaría su debacle industrial.

Evidentemente esto va a crear agujeros de demanda que van a representar mayor desempleo. Por lo que se deben impulsar proyectos comerciales locales, fortalecer los canales que ya existen y mejorar la comunicación y el trabajo intrarregional.

5. La carga de deuda que en algunos países en crisis como: Argentina, Brasil y/o Costa Rica ya alcanzan cifras cercanas o superiores al 80% en proporción a su PIB implica presiones muy altas para sus procesos económicos de recuperación. Por lo que el incremento de la deuda y sus intereses provocan una falta de espacio para dotar de holgura a las políticas de Estado en el financiamiento para enfrentar la crisis.

Esta situación debilita a las empresas públicas no financieras, especialmente a las que se dedican a la explotación de recursos primarios, las cuales son fundamentales para dotar de recursos fiscales a varios países debido a que los ingresos comerciales de las mismas nutren al Estado. Algunas de las grandes compañías mineras o petroleras de la región se encontraban en situaciones críticas antes de esta pandemia, si se llega a agudizar su situación y caen en quiebra, entonces conduciría a un costo local que difícilmente podría asumirse.

Además, la deuda ha sido un instrumento que históricamente se ha impuesto y empleado para construir agendas de dominio y control sobre los bienes naturales, así como para la apertura de mercados sin condiciones para la competencia internacional.

6. Finalmente, es importante destacar que si bien las transferencias económicas no condicionadas son un importante instrumento para disminuir los estragos provocados por la COVID-19, lo cierto es que se requiere el apoyo para los sectores más vulnerables que no pueden acceder a estos beneficios, como las personas desempleadas, campesinos e indígenas y todos aquellos que se en ecuentran fuera del sistema económico productivo tradicional que carecen de los elementos para solicitar este tipo de beneficios.

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