1. Introducción.

Mientras el mundo occidental festejaba la víspera del año nuevo el 31 de diciembre de 2019, en Wuhan, China, según los reportes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU, 2020), se estaba dando uno de los primero casos documentados de una variedad hasta ese entonces desconocida de coronavirus. Un virus que ha puesto en jaque a las estructuras económicas, políticas y sociales de la humanidad.

Para el 3 de enero del 2020, según el Novel Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology Team (NCPERET, 2020) el gobierno chino notificó a la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la situación de ese nuevo brote de virus. Para inicios de febrero del 2020 la OMS ya había decretado una emergencia de salud pública por el brote de esta variedad a la que denominaron COVID-19.

La OMS de inmediato ordenó que tanto China como el resto de los países del mundo debían prepararse para una situación problemática en términos de contagios masivos y de infraestructura hospitalaria. Esto implicó esfuerzos en múltiples sentidos para los tomadores de decisiones públicas, pues ante el inminente riesgo de una pandemia sin precedentes en la era moderna post globalizada, sería necesario no sólo enfocarse en políticas de salud pública, que es la primera línea de batalla contra la epidemia, sino que también sería necesario pensar en un inminente paro económico con todas las implicaciones que esto pudiese tener.

Tres meses después del inicio oficial de la pandemia, la Pan American Health Organization (PAHO, 2020a) sugirió a todos los gobiernos de América Latina tres puntos fundamentales para hacer frente a la contingencia por COVID-19:

• • Preveer, o en su caso modificar, las políticas fiscales y de inversión ante posibles paros en la economía

  • Preparación de hospitales, clínicas y centros de salud para la afluencia de pacientes con síntomas de COVID-19, además de las enfermedades que común- mente se tratan.

  • Diseño e implementación de políticas de distanciamiento social, es decir, cuarentenas forzadas, cierre de escuelas y centro de trabajo, rastreo de pacientes con COVID-19. Al respecto se señaló que “Tales medidas pueden parecer drásticas, pero son la única forma de evitar que los hospitales se vean abrumados por demasiadas personas enfermas en un período de tiempo muy corto. Las medidas deben implementarse lo antes posible después de determinar el escenario de transmisión. Sobre la base de la experiencia de países en regiones distintas de las Américas, parece prudente planificar la implementación de medidas por, al menos, dos o tres meses.” (OPS, 2020b: sp)

En el caso específico de México, las políticas de distanciamiento social fueron diseñadas y son regidas por la Secretaría de Salud federal desde marzo del 2020. Se pueden distinguir hasta el momento tres fases de dicha política: la fase inicial donde sólo se hizo énfasis en la importancia del lavado de manos y aislamiento doméstico en caso de tener síntomas de COVID-19; la segunda fase comprendió lo que el gobierno federal nombró como la Jornada Nacional de Sana Distancia (SS, 2020), la cual mandató que a partir del 16 de marzo del 2020 se debían cesar todas las actividades académicas en México desde nivel preescolar hasta universitario (SEP y SS, 2020) así como el aislamiento obligatorio, marcado por el cierre de toda actividad económica excepto aquellas actividades consideradas como esenciales: farmacias, supermercados, estaciones de policía y bomberos, telecomunicaciones, hospitales. La tercera fase es la de reactivación paulatina y semáforos que se vive actualmente (enero de 2021).

El paro total de actividades como parte de la segunda fase de la contingencia tuvo lugar entre abril y julio del 2020. Esto implicó que un buen número de empresas despidieran a sus empleados o les disminuyeran sus salarios (CIEDH, 2020; Galera, 2020; Lliteras, 2020; Reyna, 2020). En el caso del estado de Quin- tana Roo y la región en estudio es importante señalar que hay una alta dependencia de las actividades turísticas, específicamente de las que se realizan en la Riviera Maya, que es el polo turístico más grande América Latina y el Caribe.

Mapa 1.

La región de estudio

Universidad de Quintana Roo

Este polo turístico genera derrama económica a nivel regional y también es una importante fuente de remesas y empleo para las comunidades rurales e indígenas aledañas (Cen, 2012; Fernández, Figueroa, Medina, & Pacheco, 2020). De ahí el interés por abordar la vulnerabilidad a la que se enfrentan los hogares rurales e indígenas de la Zona Maya del estado de Quintana Roo frente a la contingencia por COVID-19. Es importante señalar que esta región es donde se aloja la mayor cantidad de personas pertenecientes a la etnia Maya en todo el estado, además de ser la que mayores índices de pobreza alberga (Reyes & Barrera, 2014; Barrera & Reyes, 2020).

Así, el objetivo de este trabajo es analizar la vulnerabilidad por ingreso a que estuvieron sometidos los hogares de la Zona Maya de Quintana Roo a causa del paro económico por la contingencia de la COVID-19. Es importante señalar que si bien, es escasa sino es que nula la disponibilidad de información actualizada sobre el ingreso que se genera a nivel nacional, estatal o municipal, sí se tiene disponibilidad de información de variables que ayuden a cumplir el objetivo propuesto. En este caso el interés y énfasis está volcado hacia los municipios quintanarroenses con mayor cantidad de población perteneciente a la etnia Maya yucateca: José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto

2. Revisión teórico-conceptual sobre la vulnerabilidad.

Existen diferentes acepciones respecto al significado de vulnerabilidad. En general se identifican dos vertientes más desarrolladas al respecto dentro de los estudios sociales: por una parte, los que estudian la vulnerabilidad social producto de la exposición a desastres naturales (López y Toscana, 2016) cuyo principal mérito es hacer visible que el riesgo de la exposición a desastres no solo está dada por la aleatoria fuerza de la naturaleza, sino como “una condición humana que tiene múltiples dimensiones, entre las que destacan la física, la económica, la institucional y la organizativa como las más importantes” (López y Toscana, 2016: 129). Así, se entiende que la vulnerabilidad “es la capacidad de una sociedad o fragmento de ella de absorber el impacto de uno o más fenómenos naturales, así como la de recuperarse en caso de ocurrir dicho fenómeno” (Toscana y Valdez, 2014:97).

El concepto de vulnerabilidad entonces está estrechamente relacionado con distintas condiciones sociales y sobretodo económicas, por ejemplo, el ingreso (Kaztman, 2000; Rodríguez, 2001). En ese sentido, es importante señalar a au- tores como Moser (1998, pág. 3) quien plantea la vulnerabilidad como concepto que se orienta hacia poblaciones desaventajadas, puesto que en la vulnerabili- dad es posible “capturar procesos de cambio tales como el ingreso y salida de la trampa de pobreza”, esto debido a que normalmente “la gente pobre es la más vulnerable, aun cuando no todos los vulnerables son pobres” (Moser, 1998, pág. 3). Por otro lado, desde el enfoque socioeconómico, Ramírez (2011:254), se añade que la vulnerabilidad no es sólo una condición externa de las personas, familias o territorios, sino también de la sociedad que se pone en fragilidad social en el momento en que los territorios no presentan actividad económica, generado por el debilitamiento productivo. De aquí que tenga un carácter sistémico que esta permeado por la capacidad productiva, como en el caso de los hogares rurales de la zona de estudio en donde dicha capacidad ha sido suplantada por la dependencia a las transferencias públicas.

Es entonces la fragilidad económica la que desencadena otro tipo de problemáticas en el medio rural, pero sin duda, la falta de sustento económico producto del trabajo agrícola, es un detonante de los movimientos migratorios nacionales e internacionales que realizan los campesinos para subsistir. Por tanto, es apremiante el diseño de políticas públicas que sustenten un carácter productivo de lo rural, puesto que “redundaría en un mayor equilibrio entre los agentes rurales, sin que necesariamente se eliminara la diferencia entre los productores que se integraron al mercado internacional y quienes encontraron otros, nacionales o locales.” (Ramírez, 2011:565).

En términos concretos, la vulnerabilidad socioeconómica posibilita la expulsión de mano de obra barata a los centro industriales habidos de trabajadores producto de la perdida de actividad agrícola en el ámbito rural; por otra parte esta disminución de la actividad agrícola como preponderante de la estructura del ingreso, fuerza a los hogares (como unidades productivas) a buscar actividades fuera de las agrícolas para poder completar el ingreso familiar. Dichos fenómenos han sido estudiados por corrientes teóricas de los estudios rurales: la desruralización y la nueva ruralidad.

Para Wallerstein (1979), uno de los pilares de la formación de un sistema-mundo es la desruralización, que permite la expulsión de mano de obra de las comunidades rurales a los centros con industria incipiente. Es así como la transformación de la estructura productiva industrial no sería posible sin esta gran migración de lo rural a los centros industriales provocado por la contención de salarios de los trabajos agrícolas y el incremento de los salarios en el sector industrial producto del incremento de la productividad del trabajo que trajo consigo el desarrollo tecnológico que implico el tránsito entre una sociedad feudal y un sistema-mundo capitalista. Por tanto, el sistema-mundo de Wallerstein entiende como procesos inseparables la desruralización y la desagraricación, puesto que la expulsión de mano de obra de las comunidades rurales significa necesariamente una reducción relativa de la actividad agropecuaria.

Ahora bien, para los desagraristas, la escala de análisis de los procesos sociales no puede estudiarse desde otra perspectiva que no sea la globalización “y no, como suele ser habitual, reducido de forma simple a fases del desarrollo eco- nómico en contextos regionales” (Camarero, Grammont, Quaranta, 2020:199). En este sentido, lo rural a nivel regional o territorial, se convertiría en mero espectador de las transformaciones que el modo de producción capitalista ejerza sobre lo rural. Es decir, mientras que no se produzca un cambio profundo en el sistema económico capitalista mundial y del neoliberalismo como su fuerza estructurante, lo rural seguirá acatando decisiones tomadas a escala planetaria y con poco margen de acción para poder hacer propio el origen, la forma y la apropiación del desarrollo económico, producto de su estructura productiva local o regional puesto que “la desagrarización no es un simple cambio de actividades de ámbito local, sino que es producto del cambio en los regímenes de acumulación capitalista.” (ibid)

En el mismo sentido, para el enfoque de la nueva ruralidad, la diversificación de actividades es una constante, no obstante, no niega que “el factor diferenciador de lo rural radica en el papel determinante de la oferta de recursos natura- les que determina patrones de apropiación y permanencia en el territorio, en procesos históricos” (Echeverri y Pilar, 2002:23). Es decir, aún en la diversidad, el factor predominante de lo rural sigue siendo la forma de producción y reproducción de la fuerza de trabajo, es decir, el papel de la producción agrícola, así como el trabajo en actividades del mismo sector, no puede ser relegadas a un segundo plano.

Es importante señalar, que dichas teorías han normado muchos de los estudios de lo rural a nivel mundial, sin embargo no podrían caracterizar a la zona de estudio, puesto que no es la multiactividad lo que explica la manutención de los hogares rurales de la zona maya, sino las transferencias monetarias condicionadas (Barrera, Reyes y Olvera, 2015). Si se analiza la estructura del ingreso en los hogares rurales², como por ejemplo los ubicados en la Zona Maya de Quintana Roo, se hará evidente la vulnerabilidad que enfrentan estos respecto a la estructura del ingreso, puesto que las transferencias públicas llegan a ser hasta del 37% del total del ingreso de los hogares. El ingreso producto de la venta de productos agrícolas es apenas la tercera fuente de ingresos aportando solo el 19% del ingreso total (Reyes y Barrera, 2014:129). Por tanto, la fuerte dependencia a las transferencias públicas de los hogares en la Zona Maya de Quintana Roo, ha hecho que los niveles de desigualdad en el ingreso sean bajos debido las transferencias gubernamentales como origen homogéneo de los ingresos. Por tanto, los hogares sujetos de estudio, no se han enfrentado a una desrulalización, ni su ingreso esta explicado por actividades fuera del ámbito rural, pero el grado de dependencia que tienen a las transferencias, podría acercarlos a cualquiera de los dos escenarios planteados en caso de que las reglas de operación de los programas públicos cambien o peor aún se cancelen las partidas para los mismos.

3. Metodología.

Se trabajó con las Módulos de Condiciones Sociales de la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto de los Hogares en México (INEGI, 2019) (INEGI, 2017) (INEGI, 2015) (INEGI, 2013). Posteriormente, se aislaron los datos de Quintana Roo (clave 23) para estimar la estructura del ingreso. Luego se aislaron los municipios de la zona Maya (clave 002 para Felipe Carrillo Puerto y 007 para José María Morelos). Esto permitió observar la vulnerabilidad a la que se enfrentarán por las políticas de aislamiento social en los hogares de estudio ante una disminución o nula percepción de ingresos.

² Hogar se propone como unidad de análisis para facilitar la comparación con las encuetas a nivel nacional y poder establecer un punto de referencia Estatal y Nacional.

Para autores como Huerta (2012) la importancia del ingreso como variable no solo radica en lo que deja ver sobre el nivel de consumo que los hogares y las personas pueden tener, sino que revela también cuán intensa es la actividad académica y productiva de una región. El propio Huerta (2012) señala que en sus orígenes, la economía determinó al ingreso como una función dada por la cantidad de tierra, trabajo y capital con que se cuenta y cuán rápido e intensamente éstos se pueden acumular y multiplicar:

Con los cambios tecnológicos y los cambios en el paradigma económico, el propio Huerta (2012) señala que el ingreso se comenzó a considerar como una función dada por los ingresos monetarios que los hogares podían generar a partir de sus activos y de la venta de su mano de obra:

Así, la estructura del ingreso es un indicador que se construye a partir de los ingresos monetarios y no monetarios que los hogares tienen y permite anali- zar desde un enfoque micro los patrones de consumo y/o producción según sea el caso (Barrera & Reyes, 2020; Josling, 2018). Para el caso de México, el INEGI diseñó la variable Ingreso Corriente (IC) para explicar de manera agregada la estructura del ingreso, y lo define como los ingresos “en efectivo o en bienes y servicios que reciben los integrantes del hogar es uno de los de mayor relevancia, ya que del flujo y monto de estos ingresos depende en buena medida el acceso regular por parte del hogar, a los bienes y servicios que constituyen su canasta de consumo en un periodo dado” (INEGI, 2019a, pág. 31). Este IC se compone por la fórmula

Donde:

Los ingresos provenientes del trabajo (IT) “son todas aquellas entradas recibidas por los integrantes del hogar, resultado de su participación actual o previa en cualquier actividad realizada en una unidad económica institucional y cuyo

propósito es producir o proporcionar bienes y servicios para el mercado, el auto- consumo o la generación de bienes o servicios públicos” (INEGI, 2019a, pág. 32) Los ingresos provenientes de la renta (IR) “agrupa todos los ingresos que reciben los integrantes del hogar derivados de la posesión de activos financieros o tangibles, que han puesto a disposición de otras unidades institucionales” (INEGI, 2019a, pág. 34).

El rubro de transferencias (Tr) comprende a todas “las entradas monetarias recibidas por los integrantes del hogar y por las cuales el proveedor o donante no demanda retribución de ninguna naturaleza” (INEGI, 2019a, pág. 34)

Finalmente, tanto la estimación del alquiler de la vivienda (EA) como otros ingresos (OI) son ingresos no monetarios pero que la metodología del INEGI (2019) contempla como ingresos. La EA es definida como “un monto de recursos que los hogares liberan del pago por servicios de alojamiento y que pueden destinar de manera regular a su consumo de bienes y servicios, lo que finalmente repercute de manera directa y continua en sus niveles de bienestar” (INEGI, 2019a, pág. 35). En OI “se han incluido ingresos que corresponden a otras categorías (ingresos por trabajo, transferencias, etc.) y que han sido clasificados de manera errónea en el momento de la entrevista. No obstante, es indispensable considerar estos ingresos, ya que más allá de su origen, son parte de los ingresos corrientes que perciben los integrantes del hogar” (INEGI, 2019a, pág. 35).

El siguiente esquema explica de manera más desagregada cada una de las dimensiones del IC que el INEGI diseñó y que se utilizará en este documento:

Esquema 1. FALTA NOMBRE

Esquema 1.

FALTA NOMBRE

INEGI, 2019

Esquema 1.
FALTA NOMBRE (continuación)
INEGI, 2019

Resultados:

La estructura del ingreso en Quintana Roo y la Zona Maya, como se muestra en la gráfica 1, se concentra en los ingresos provenientes del trabajo (IT), sin embargo, es importante señalar que sí hay diferencias entre el peso que este indicador tiene entre el estado en general y la zona Maya. Mientras que para Quintana Roo el peso de IT rondó entre el 72% y el 80%, para la Zona Maya este valor fluctuó entre el 62% y 72%.

Gráfica 1. Estructura del ingreso corriente (IC), Quintana Roo y Zona Maya 2012-2018

Gráfica 1.

Estructura del ingreso corriente (IC), Quintana Roo y Zona Maya 2012-2018

: elaboración con datos de INEGI (2019, 2017, 2015, 2013)

En lo que refiere a IT, este indicador se desagregó de acuerdo a la metodología del INEGI para poder analizar sus componentes (gráfica 2): Ingreso por trabajo subordinado; Ingreso por trabajo independiente; y, otros Ingresos por trabajo. En ese sentido se puede observar que salvo por el 2012 y 2014 para la zona Ma- ya (33.9% y 63.7%, respectivamente), el peso de los ingresos provenientes del trabajo subordinado es de más del 75% para las regiones de estudio. Esto, en conjunción con lo explicado en el párrafo anterior lleva a cuestionar el escenario al que se enfrentarán los hogares quintanarroenses ante el paro de la economía como resultado del aislamiento social. Es decir, ante un escenario de desempleo o de salarios recortados como se reporta en Villa (2020); Reportur (2020); Vázquez (2020); Reporte Índigo (2020); y, La Razón (2020) la vulnerabilidad por el ingreso y la probabilidad de entrar a la trampa de pobreza son altísimas debido a que, como se observa en la gráfica 3, los sueldos y las comisiones, son los indicadores que mayor peso tienen dentro del trabajo subordinado.

Gráfica 2.

Estructura del ingreso por trabajo (IT), Quintana Roo y Zona Maya 2012-2018

elaboración con datos de INEGI (2019, 2017, 2015, 2013)

En lo que refiere al ingreso por trabajo independiente, si bien, este no tiene un peso tan alto en la estrctura del ingreso de las regiones de estudio (gráfica 2 y 4) sí es cierto que ante el paro económico por el aislamiento social, los ingresos de los hogares cuya principal fuente de ingreso proviene de este rubro se verían comprometidos.

Gráfica 3.

Estructura del ingreso por trabajo subordinado (trabajo), Quintana Roo y Zona Maya 2012-2018

elaboración con datos de INEGI (2019, 2017, 2015, 2013)

Los Ingresos por renta representan entre el 1% y el 7% (gráfica 5) en ambas regiones de estudio y son realmente bajo comparados con los ingresos por transferencias (Tr) que son el tercer rubro con mayor peso en la estructura del ingreso. En este rubro de Tr se puede observar (gráfica 6) que ha habido un cambio importante en los pesos y componentes de las transferencias que registran los hogares. Primero habría que aclarar que las Tr tienen un mayor peso en la Zona Maya que en general en Quintana Roo. Esto está asociado a que historicamente los municipios de José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto son los que concentran mayor cantidad de población de la etnia Maya y los menos ingresos en todo el estado (Barrera, 2020).

De los indicadores de las Tr es importante señalar que en Zona Maya las remesas y las transferencias de gobierno como becas y programas sociales son más altas, mientras que para el total del estado las jubilaciones son las que mayor peso tienen. Esto es importante de observar pues supone que el ingreso para hogares de adultos mayores con ingresos por jubilación no estarían tan vulnerables como aquellos hogares donde el principal ingreso proviene del trabajo ya sea subordinado o independiente.

Gráfica 4.

Estructura del ingreso por trabajo independiente (negocio), Quintana Roo y Zona Maya 2012-2018

elaboración con datos de INEGI (2019, 2017, 2015, 2013)

Gráfica 5.

Estructura del ingreso por renta (IR), Quintana Roo y Zona Maya 2012-2018

elaboración con datos de INEGI (2019, 2017, 2015, 2013)

Gráfica 6.

Estructura del ingreso por Transferencias (Tr), Quintana Roo y Zona Maya 2012-2018

elaboración con datos de INEGI (2019, 2017, 2015, 2013)

4. Conclusiones

Es importante que los tomadores de decisiones públicas sean concientes de lo vulnerable que resultaría la economía de los hogares quintanarroenses y en especial de la zona Maya tras un paro económico prolongado por el brote, y los probables rebrotes, de COVID-19. Es necesario que esta vulnerabilidad sea considerada para el probable diseño de estrategias de soporte monetario, y no solo de aportaciones en especie como se ha hecho hasta ahora, que si bien son un paliativo contra el hambre, podrían ser contraproducentes en términos del consumo agregado y la trampa de pobreza.

Se concluye entonces que dadas las condiciones de ingresos bajos y situación de pobreza extrema a la que se enfrenta la región analizada, el paro de actividades por la contingencia de COVID-19 representa una situación de vulnerabilidad económica doble asociada al ingreso.

Mientras que por un lado, un paro de actividades mermará los ingresos de los hogares que dependen de su fuerza de trabajo para aumentar su capacidad de

consumo, por otro lado, los hogares que dependen de remesas provenientes de la Riviera Maya también se encontrarán en estado de vulnerabilidad y riesgo.

Y aun cuando en la literatura se encontró evidencia de que en la zona Maya hay un buen número de hogares que presentan dependencia a las transferencias monetarias condicionadas, la realidad es que estos hogares, en la contingencia, podrían ser los menos vulnerables, puesto que ese ingreso está asegurado por parte del gobierno federal, mientras que aquellos hogares de ingreso intermedio, que no tienen acceso a este tipo de recursos gubernamentales y que dependen de su trabajo o de remesas, serán los más vulnerables.

En ese sentido, y ahora que México está saliendo de la segunda ola de contagios, será necesario que los tomadores de decisiones públicas, conozcan esta situación y se puedan planear medidas de contención económica para reducir la vulnerabilidad en todos los hogares, sin importar si son urbanos o rurales, y hogares con bajos o altos ingresos.

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