Salario mínimo, distribución salarial y pobreza en México Un análisis de largo plazo (1950-2018)

Desde la óptica de la teoría neoclásica, el salario es solamente el «precio de un factor más de producción: el trabajo»,² y desde la perspectiva marxista el «salario no es más que la forma transfigurada del valor o precio de la fuerza de trabajo».³ Desde ambas perspectivas, además del papel central que el salario adopta en sus respectivas teorías del valor, toma un sentido práctico muy relevante en la lucha de los capitales por mantenerse en el mercado. En este sentido, un menor ‘salario’ por unidad de tiempo (o por unidad de producto generado), puede traducirse en una mayor ganancia, en un caso a consecuencia de los menores costos de producción que implica o a consecuencia de la mayor plusvalía absoluta que genera.⁴

Por ello, más allá de la función desempeñada en la esfera de la teoría del valor de ambos enfoques, el salario, en una acepción pragmática y en términos agregados, al formar parte de los ‘costos primos’ de las empresas e industrias domésticas,⁵ incide de manera determinante en el proceso de competencia con importaciones en los mercados domésticos o como exportaciones domésticas en mercados extranjeros.⁶

Por otra parte, los cambios en las remuneraciones salariales, al variar el valor agregado de la economía, inciden en la corriente de ingresos y afectan el nivel de precios de los bienes-salario y, por tanto, el poder adquisitivo de los asalariados, sus niveles de bienestar y la tasa de pobreza de la población. Por ello, resulta de interés examinar la relación que guarda la evolución del salario mínimo real con la registrada por los salarios manufactureros reales, las condiciones medias del empleo, de la productividad laboral y los niveles medios de bienestar de los hogares mexicanos.

En el presente texto ofrecemos algunas reflexiones analíticas sobre lo anterior, en el contexto de largo plazo abarcado por las casi siete décadas del periodo 1950 a 2018. El contenido del artículo es el siguiente: en el siguiente apartado ofrecemos una breve reflexión teórica y algunos antecedentes empíricos, que resultan de interés para los análisis subsiguientes. En el tercer apartado describimos las tendencias de largo plazo de los salarios en México, tanto los mínimos y los salarios manufactureros en términos. En el cuarto inciso se bosquejan las tendencias seguidas por la productividad laboral, y en el quinto apartado examinamos la relación entre la evolución de los niveles salariales y los patrones de bienestar de la población nacional, marcados por las líneas de bienestar trazadas por el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL). En el último apartado ofrecemos una breve recapitulación sobre los análisis presentados a lo largo del texto.

En el modelo sencillo de oferta y demanda en mercados de competencia pura de los libros de texto de Economía, suele afirmarse que un aumento del salario mínimo se constituye, invariablemente, en un piso para los salarios; en consecuencia, cabría esperar que produjese una disminución de la demanda de trabajadores, acompañada de un aumento del número de éstos dispuestos a trabajar por el mayor salario, es decir, bien puede producir un aumento del desempleo (Brown, Gilroy y Kohen, 1982: 487).

En efecto, a partir de la década de los ochenta, el análisis del mercado laboral se extendió de manera significativa, impulso que ha permanecido hasta nuestros días, mucho más allá del análisis muy común hasta ahora de los efectos del salario mínimo en caso del monopsonio predicho por Stigler hacia finales de los años cuarenta.⁷ Posteriormente, los modelos sencillos de oferta y demanda se ampliaron, mediante el análisis de ‘shocks’, hacia modelos de dos sectores (uno cubierto y otro no cubierto por el salario mínimo) y se introdujeron modelos con análisis de colas para los sectores protegidos. Empero, para algunos autores, estas extensiones aportan, por lo general, ‘escasas conclusiones adicionales’ (Ibid., 493).⁸

Medellín Ruiz (2002), por otra parte, concluye afirmando que

[…] el efecto neto sobre los ingresos de los trabajadores es incierto: mientras unos trabajadores son despedidos, otros pierden su empleo y con ello reducen sus ingresos. Además, los incrementos del salario mínimo por encima del salario de equilibrio, tenderán a aumentar los costos laborales y a presionar al alza los precios de los bienes y servicios, deteriorando el poder adquisitivo de los trabajadores.

Empero, reconoce que en análisis aplicados lo anterior sólo se confirma en ocasiones. Por ejemplo, cita a Neumark y Wascher (1995b), quienes encuentran que un aumento de SM reduce el empleo, en tanto que Michl (2000) concluye que tales aumentos no reducen el empleo, pero sí las horas trabajadas y, en general, muy diversos trabajos muestran resultados ambiguos.⁹Meer y West (2013) confirman, de manera palmaria, las conclusiones anteriores. En su interesante recuento de la literatura revisada sobre los efectos del salario mínimo, infieren el muy escaso consenso sobre el grado en que el piso ofrecido por el salario mínimo impacta el empleo. No obstante, los autores argumentan, el efecto a revisión se materializa en el tiempo, con cambios más en el crecimiento que de manera instantánea sobre los niveles de empleo.¹⁰

Boeri, Garibaldi y Ribeiro (2011), por otra parte, en un contexto teórico sostienen que, en una economía dualista con elevada participación de empleo informal, la introducción de un salario mínimo tenderá a deprimir los salarios en el segmento del mercado de trabajo en el que no es obligatorio el cumplimiento de esta regulación laboral. Sin embargo, hacen notar estos autores, en países de América Latina los aumentos del salario mínimo también repercuten en el sector informal, lo que explican en términos del ‘efecto de Lighthouse’; es decir, al aumentar el salario mínimo induce a los trabajadores informales a exigir aumentos salariales, lo que podría implicar que éstos retienen un poder sustantivo de negociación, suficiente (o mayor) para superar el efecto negativo que puede recibirse por la oferta del aumento salarial.¹¹

Además, suele argumentarse que, en mercados competitivos, el aumento en el salario mínimo no sólo podría reducir el empleo, sino además disminuye la eficiencia del mercado laboral, la cual se ve desfavorablemente afectada, porque algunos individuos cuyo ‘producto marginal’ excede su salario de reserva, les resulta muy difícil (imposible) encontrar trabajo. En general, al examinarse el caso de los mercados laborales en condiciones de monopsonio, un mayor salario mínimo, además de aumentar el empleo y la eficiencia del mercado laboral, se encuentra que sus efectos se extienden también a las remuneraciones salariales en general, como consecuencia de la menor eficiencia que se provoca sobre el mercado laboral.¹²

En los últimos años, también se han analizado algunos efectos de los salarios mínimos sobre el bienestar y la distribución del ingreso de los Hogares. En este caso, el salario mínimo sólo incide en la parte baja de la distribución salarial, es decir, sólo toma en cuenta la posición de los trabajadores de bajos salarios en esa distribución, así como en el empleo y examinan sus repercusiones sobre los índices de pobreza de la sociedad. En esta dirección, Calderón, Chong y Valdés (2005) analizan una muestra de 121 países entre 1945 y 1999, y encuentran que un salario mínimo muy elevado tiende a empeorar la distribución del ingreso.¹³ De manera menos enfática, Gindling (2018) sostiene, por ejemplo, que los aumentos en el salario mínimo en países en desarrollo pueden aumentar (o disminuir) la pobreza, dependiendo de las características del mercado laboral. En efecto, señala este autor, la reducción de la pobreza a consecuencia de aumentos de los salarios mínimos depende no sólo de si los trabajadores formales pierden su trabajo como resultado de tales aumentos, sino también del hecho de que éstos vivan en hogares pobres; además, depende de qué tan coercitivo es el cumplimiento de los salarios mínimos y qué tanto los salarios mínimos afectan a los trabajadores informales, así como si existen (o no) las llamadas ‘redes de protección’.¹⁴

Estudios basados en microdatos de encuestas de hogares, especialmente en países en desarrollo, en los cuales el sector informal es importante, encuentran que los aumentos del salario mínimo, además de disminuir el empleo formal, aumenta los salarios medios del sector informal. La explicación que suele darse a esto estriba en afirmar que el salario mínimo sirve en varios países como salario de referencia en las distintas actividades de la economía, y dentro de éstas, tanto en los empleos formales como informales, a consecuencia del referido efecto de Lighthouse en ambos mercados laborales, tanto el formal como el informal (Boeri y van Ours, 2008: 39).¹⁵

Por último, mención aparte merece el análisis neoclásico de los aumentos del salario mínimo sobre el bienestar y la disminución de la pobreza. En este caso, resulta claro que buena parte de la justificación del salario mínimo radica en sus posibles efectos orientados a reducir la desigualdad económica de los países. Los estudios en este sentido, sin embargo, no son conclusivos, porque, si el salario mínimo lo recibe una persona en condición de pobreza, tenderá a aumentar su ingreso, ello posiblemente le permita salir de la condición de pobreza, sí y sólo si esa misma persona no pierde su empleo a consecuencia del aumento mismo del salario mínimo.

En el agregado, entonces, el efecto neto dependerá de la repercusión conjunta que tenga el aumento del salario mínimo en el ingreso de quienes lo reciben, como de la pérdida de empleos derivados del mayor salario mínimo (Brown, 1999).¹⁶ En última instancia, dado que la teoría recibida no ofrece resultados no-ambiguos en relación con los efectos del salario mínimo sobre la pobreza, los especialistas recomiendan examinar este aspecto de manera empírica en la práctica.

A pesar de que la Constitución de 2017 ya establecía la prescripción del salario mínimo en México, sería hasta 1934 que entró en vigor su instrumentación en la práctica. En sus inicios, la puesta en marcha de esta disposición fue relativamente compleja, al incorporar un elevado número de zonas regionales con relativa autonomía, encargadas cada una de establecer (y vigilar) el cumplimiento de sus respectivos salarios mínimos en dos grandes paneles: uno encargado del salario mínimo rural, y el otro del salario mínimo urbano (Gregory, 1986: 217).

Durante muchos años, las revisiones de los salarios mínimos fueron bienales; sin embargo, a consecuencia de las mayores presiones inflacionarias registradas desde principios de los setenta, a partir de 1971 los salarios mínimos se revisarían cada año. Además, la nueva orientación de la política laboral instaurada hacia finales de esa década dio preferencia a criterios de equidad e igualdad en la distribución del ingreso, a fin de desalentar las corrientes migratorias rurales hacia zonas urbanas que se acentuaban ya entre las entidades federativas con mayor y menor nivel de vida (Ibid., 218).

Desde la instauración del organismo público encargado de los salarios mínimos en la práctica en 1962, la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (CONASAMI) ha llevado a cabo considerables modificaciones y ajustes a su marco legal y administrativo, cuya descripción y análisis no nos concierne del todo para los propósitos del presente ensayo. En efecto, nuestro objetivo se orienta más bien, como ya hemos mencionado más arriba, al análisis de la evolución de largo plazo de los salarios mínimos reales en nuestro país y, en especial, a examinar los principales efectos sobre el empleo que ha tenido, así como sus vinculaciones, a lo largo de las últimas siete décadas, con las tendencias (de corto y largo plazo), de las remuneraciones salariales promedio pagadas en el sector manufacturero nacional, así como detectar su relación con las tendencias de la distribución funcional del ingreso y con los niveles de bienestar mínimo de los hogares mexicanos, trazados por las canastas normativas de satisfactores esenciales determinadas por el organismo encargado de la medición de la pobreza en México, es decir, el Consejo Nacional de Evaluación de la Política Social (CONEVAL).

Para tener una idea del contexto de largo plazo de la evolución del índice de los salarios mínimos diarios reales, desde su inicio en 1934 hasta el año de 2019, última información disponible generada por la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos (Gráfica 1).¹⁷

Como puede observarse, estas estimaciones sugieren que el salario mínimo real en México registra en la actualidad un poder adquisitivo muy similar al que registró en sus inicios siete décadas antes, en 1934, lo cual no deja de ser sorprendente por el extenso periodo comprendido entre estos dos extremos del periodo, cuya tasa de crecimiento medio anual de largo plazo habría sido de sólo 0.02% medio anual entre 1934 y 2018.¹⁸

El comportamiento adoptado por la evolución interanual de largo plazo del sa lario mínimo real destaca su declinación durante los treinta y los cuarenta, para cuyos años las estimaciones de la propia CONASAMI indican una tasa media de crecimiento negativa, del orden de -1.8% medio anual. A partir de entonces, su tendencia se volcó en un acelerado crecimiento del poder adquisitivo de los salarios mínimos, para alcanzar una tasa positiva de aumento medio anual de +4.8% medio anual entre 1950 y 1976. Ese enérgico crecimiento se vería interrumpido con la severa devaluación del peso frente al dólar estadounidense de 1976, año a partir del cual el salario mínimo real inició el desplome de su trayectoria; registrar una caída media anual de -5.7% hasta 1994, y continuar en los siguientes años, aunque a tasas menos precipitadas, del orden de -1.4% medio anual hasta la primera década del nuevo siglo. En rigor, sería sólo a partir del 2008 que se tornó ligeramente positiva su trayectoria al alcanzar una muy modesta recuperación en los siguientes diez años, de sólo +1.6 medio anual entre 2008 y 2018 (Cuadro 1).

En suma, la preservación del poder adquisitivo de los asalariados mexicanos de menores ingresos, que debió haber sido garantizado por el gobierno con un salario mínimo creciente en términos reales, conforme progresaban las condiciones materiales del país en el largo plazo condujo, por el contrario, a su congelamiento en el largo plazo, y a su anclaje en los precarios niveles que habría alcanzado siete décadas atrás, a mediados de los años treinta. Esta tergiversada y equivocada política pública se tradujo, en efecto y como ya hemos notado más arriba, en un aumento literalmente nulo de largo plazo en el poder adquisitivo de los salarios mínimos a lo largo de las siete décadas hasta ahora transcurridas, a pesar de los aumentos que registraron los niveles de productividad media de la mano de obra y del ingreso per cápita a escala nacional.

En efecto, en la Gráfica 2 (panel 1) se ilustra la tendencia Hodrick-Prescott de largo plazo seguida por la productividad laboral promedio, es decir, el Producto Interno Bruto real por hora-hombre trabajada (PIBhh), cuya trayectoria puede compararse con la registrada, tanto por la de los salarios mínimos reales (panel 3) como con la de los salarios manufactureros (panel 2), ambos en términos reales y expresados por hora-hombre trabajada. Como se observa, la productividad evolucionó de manera particularmente dinámica en términos reales durante las décadas de los cincuenta, sesenta y setenta, coincidiendo en este dinamismo - por lo menos hasta 1976- con el acelerado crecimiento de los salarios horarios, tanto el mínimo como el manufacturero.¹⁹

Estas favorables tendencias, sin embargo, se verían severamente interrumpidas en 1976. Las severas dificultades para captar divisas extranjeras experimentadas por el modelo de sustitución de importaciones, acumuladas a una expansiva política de gasto público en la primera mitad de los setenta, llevaron al país a la devaluación ese año. Ello modificó abruptamente los precios relativos de productos y factores, y anuló las considerables rentas que se venían derivando de una tasa de cambio crecientemente sobrevaluada, resultado de más de dos décadas de una paridad fija del peso frente al dólar (Reyes Heroles, 1990: 101-103). Como consecuencia, los elevados niveles salariales y de productividad laboral, que se venían acrecentando aceleradamente en las décadas previas, tendieron a ajustarse a la baja en el muy corto plazo, acordes con los nuevos nieles del tipo de cambio real.²⁰

Pocas semanas después del marcado episodio devaluatorio, y ante presiones del movimiento obrero organizado para mantener el empleo, el gobierno decretó ese año (1976) el último aumento salarial de significación a los salarios mínimos. Fue así que, a partir de ese momento, de manera casi ininterrumpida, año con año las remuneraciones salariales fueron perdiendo poder adquisitivo, de manera que para finales del siglo XX había perdido poco más de tres cuartas partes (74.6%) de su poder adquisitivo. Una tendencia similar, pero menos pronunciada, siguió el salario manufacturero, cuyo poder adquisitivo entre 1976 y 1982 se contrajo el equivalente de dos terceras partes (-64.3%) de su valor (Gráfica 2, paneles 2 y 3).

En otra parte hemos sugerido que el severo tropiezo de mediados de los se tenta no hizo más que mostrar la profundización del agotamiento del proceso de sustitución de importaciones que, por muy diversas razones, se venía presentando ya desde principios de esa década (Boltvinik y Hernández Laos: 1981). Sin embargo, y como es de todos conocido, el hallazgo de notables yacimientos petrolíferos el siguiente año permitió al país adoptar en los siguientes años una nueva orientación, es decir, el desarrollo petrolero. Esa nueva trayectoria de la economía basó su impulso en un acentuado apoyo estatal y notable endeudamiento externo, que en pocos años petrolizó la estructura de las exportaciones, y dejó al país severamente endeudado, al caer los precios del crudo en los mercados internacionales a principios de los noventa. Los repetidos episodios devaluatorios e inflacionarios que siguieron, provocaron nuevamente severos ajustes al valor real de las remuneraciones salariales, del orden de -20% en los mínimos y de -37% en los salarios manufactureros promedio en términos reales.

En los siguientes años continuaron las experiencias devaluatorias e inflacionarias por la necesidad de hacer frente al pago de los cuantiosos préstamos condicionados otorgados por los organismos internacionales (Fondo Monetario Internacional y Banco Mundial) a México para cubrir el servicio de la deuda, que sólo entre 1984 y 1988 llegaron a representar entre 6 y 7% del pib, tanto de intereses como de nuevo endeudamiento neto externo neto total (Reyes Heroles, 1990: 101). Ello obligó al país no sólo a reducir los niveles de inversión interna bruta y de consumo (privado y público), sino además contraer las remuneraciones salariales en términos reales, consecuencia de acentuadas presiones inflacionarias en la segunda parte de la década de los ochenta, en condiciones de elevadas tasas internas de interés y escaso (por no decir nulo) financiamiento externo.

Los arreglos logrados en 1989 con el Plan Brady atemperaron la escasez de divisas internacionales durante algunos años; sin embargo, el pésimo manejo macroeconómico del país provocó una nueva crisis de balanza de pagos a finales de 1994, y que estalló con inusitado impulso a principios de 1995. Este nuevo episodio, resultado de los permanentes desequilibrios macroeconómicos y externos, combinado con un tipo de cambio crecientemente sobrevaluado cristalizaron, de nueva cuenta, singulares procesos devaluatorios e inflacionarios que, en última instancia, aceleraron aún más el ya deteriorado poder adquisitivo de los salarios mínimos y de las remuneraciones salariales en general y, en especial, de las remuneraciones manufactureras.²¹

El deterioro salarial de México acumulado hacia mediados de los noventa sería ‘aprovechado’ como la principal base ‘competitiva’ (SIC) para atenuar el caudal de importaciones que la economía nacional tuvo que afrontar a principios de 1994 con la entrada en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). El relativo ‘éxito’ (Sic) de la estrategia de salarios bajos, en combinación con un tipo de cambio real significativamente devaluado, sirvió de apoyo a nuestro país a lo largo de esa década, como consta en muy detallados análisis de competitividad de nuestras manufacturas en el exterior (Hernández Laos, 2000: 127-251).

Como parte de las secuelas de la nacionalización bancaria de 1982, la liberalización, privatización y extranjerización del sistema bancario mexicano en los noventa, indujeron notables desequilibrios financieros que culminaron con crecientes niveles de endeudamiento interno que dio lugar a la creación del Fondo Bancario de Protección al Ahorro (FOBAPROA), como expediente para enfrentar la cuantiosa deuda incurrida por los bancos (Gruben y McComb, 1997: 28; Edwards y Naim, 1997; Haber et al. (2008: cap. 8).

Como política de control inflacionario, se instrumentaron diversas medidas, entre otras, el control riguroso del crecimiento del salario mínimo y, por ende, también para la fijación de los salarios contractuales, a través del llamado ‘efecto faro’ (Lighthouse effect) (Fairris, Gurleen y Zepeda, 2006). Como consecuencia, el deterioro del salario mínimo real hasta antes de la primera década del nuevo siglo, al inicio de la Gran Recesión de 2008 y 2009, los salarios registraban en México sólo $55.12 pesos diarios el mínimo y $395.36 el manufacturero, cuyo poder adquisitivo resultaba ser una quinta parte y una veinteava parte menor que con el que contaban al inicio de los noventa respectivamente (Cuadro2).

Fue hasta la última década del nuevo siglo que ambas remuneraciones salariales comenzaron a aumentar pari-passu en términos reales, de manera que para fines de la segunda década (2018) el salario mínimo registró los $66.80 pesos dia rios, y el manufacturero los $401.44 a precios al consumidor de 2010. Con todo, y a pesar de estos aumentos, para 2018 el salario mínimo habría perdido cerca de tres cuartas partes (70%) del poder adquisitivo que registró en 1976, su mayor nivel en términos históricos. El deterioro, si bien no alcanzó a ser tan notable para el salario manufacturero promedio, para ese año apenas si superó en 2% el poder adquisitivo que alcanzó un cuarto de siglo antes, a la puesta en marcha del TLCAN en 1994 (Cuadro2, Gráfica 2, paneles 2 y 3).

El precario desenvolvimiento salarial en las últimas décadas condujo a una notable desarticulación de la estructura de las retribuciones laborales, con un salario mínimo acentuadamente depauperado, y un salario manufacturero incapaz siquiera de mantener su poder adquisitivo a lo largo de las décadas, deteriorándolo de manera sistemática en perjuicio de la población asalariada del país.

El desequilibrio de la estructura distributiva de los salarios puede resumirse tomando en cuenta la evolución que guardó el salario mínimo por hora-hombre, en relación con el salario manufacturero medio por hora-hombre a lo largo de las siete décadas analizadas. En efecto, de representar el salario mínimo poco más de un tercio (37.5%) del salario manufacturero promedio a inicios de los años cincuenta, para las siguientes dos y media décadas la proporción había aumentado a poco más de 50%, y registrar 56.6% en 1976, año en que el salario mínimo alcanzó su mayor nivel en términos reales. En los siguientes lustros, al acrecentarse el deterioro del salario mínimo real, pasó a representar poco menos de una quinta parte (17.4%) del manufacturero hacia 1994; poco más de una décima parte al estallar la Gran Recesión de 2008 y recuperarse ligeramente a una sexta parte (16.6%) del salario manufacturero medio en 2018 (Cuadro2, Gráfica 2, panel 4).²²

Como resultado de la accidentada evolución salarial de nuestro país, el salario mínimo muestra el limitado y decreciente poder adquisitivo de los perceptores que lo devengan, si se compara con algunas variables básicas de la economía mexicana. Por ejemplo, el salario mínimo por hora hombre trabajada, como proporción del Producto Interno Bruto por hora-hombre trabajada, si bien acrecentó su valor relativo en las primeras dos y medias décadas del periodo analizado, al pasar de 13.7% en 1950 a 20.5% en 1976, en las siguientes décadas su valor relativo se redujo en los siguientes años hasta para registrar 6.8% al inicio del TLCAN en 1994 y sólo 4.9% al estallar la Gran Recesión de 2008, para recuperar marginalmente su valor relativo y representar un poco más de una vigésima parte (6.1%) del valor agregado por obrero en una hora-hombre trabajada en 2018.²³

En comparación, el deterioro relativo del poder adquisitivo del salario manufacturero horario en las últimas décadas, y pese a sus variaciones de corto plazo, ha representado en el largo plazo poco más de una tercera parte (36%) de la productividad promedio por hora-hombre trabajada a escala nacional, proporción que recuerda la participación de las remuneraciones a los asalariados en el Producto Interno Bruto a precios corrientes. Vale afirmar que el precario crecimiento del salario manufacturero es resultado, en buena parte, del inestable crecimiento de la productividad laboral, afectado en las últimas cuatro décadas por el inestable proceso de acumulación de capital y el limitado crecimiento de productividad multifactorial de la economía mexicana a partir de los años ochenta, como sostenemos en una investigación en marcha (Hernández Laos: cap. 4). Volveremos a estos tópicos más adelante.

En suma, lo poco favorable de las tendencias apuntadas, impulsadas por las políticas laborales del gobierno por lo menos desde mediados de los años setenta, tuvieron, a no dudarlo, efectos sumamente desfavorables para los intereses de las clases trabajadoras, que han sido las que han pagado, en más de un sen tido, lo que a partir de los ochenta se convirtió en política pública de sustento al modelo exportador de manufacturas que prevalece hasta ahora en la economía mexicana. La prolongación de las desfavorables tendencias salariales en las últimas décadas no hace más que corroborar las aseveraciones de Borts y águila (2006), cuando afirmaban que «la industrialización del país no fue favorable para los trabajadores de México, y que las causas podrían atribuirse a variaciones de la productividad, al exceso de oferta laboral con muy escasa calificación [y] a [las] políticas gubernamentales».

Varios investigadores sostienen la escasa vinculación estadística que se observa entre la evolución de los salarios mínimos, la de los salarios medios y la productividad laboral, variables, tanto a escala nacional como en el caso de las manufacturas nacionales.²⁴ En términos internacionales, las pruebas existentes tampoco son concluyentes, como revela Freeman (1992: 127 y ss.) en su extenso ensayo de revisión bibliográfica sobre el tema. En nuestra opinión, en el caso mexicano no necesariamente ha sido así en un contexto de largo plazo, porque, como hemos argumentado en otra parte, hasta antes de los setenta, el cumplimiento -aunque parcial- del salario mínimo de hecho bien pudo haber constituido una característica distorsionante del mercado de trabajo en México.²⁵

En un extenso análisis de largo plazo del mercado laboral mexicano, Gregory (1986) también encontró muy poca asociación estadística entre aumentos de los salarios mínimos, los niveles de empleo y los salarios promedio en la economía mexicana; argumentaba que ello obedecía al limitado cumplimiento de la legislación laboral, lo que implicaba que el salario mínimo no constituyera necesariamente un factor distorsionante del mercado laboral nacional.

Como ya vimos, en los ochenta y noventa, la inflación y las repetidas recesiones erosionaron severamente el poder adquisitivo del salario mínimo, por lo que es altamente probable que haya dejado de distorsionar la distribución salarial, especialmente en actividades primarias y en actividades informales urbanas, en las cuales el cumplimiento de la legislación no es generalizado. En contraste, y aunque tampoco parece afectarse la distribución salarial, la observancia del salario mínimo es relativamente mayor en las áreas urbanas, aunque tampoco es generalizada.²⁶

Los hallazgos anteriores nos llevaron a afirmar hace algunos años que «el efecto que tiene esta regulación (salario mínimo) sobre el empleo agregado (de México en la actualidad) es de poca consideración; sus repercusiones más importantes deberán buscarse en el incentivo que representa al empleo informal, tanto rural como urbano, especialmente en la contratación de mano de obra con bajos niveles educativos, en ocupaciones de baja remuneración y poca productividad.» (Hernández Laos et al., 2000: 64).

Sin embargo, la disposición de las series de largo plazo sobre las variables involucradas permite ahora llevar a cabo algunas pruebas estadísticas relevantes, tanto en un contexto de corto como de largo plazos. Para ello, pasamos las diversas series por el filtro Hodrick-Prescott, con el objeto de descomponer la tendencia de largo plazo implícita en las series y separarla de las variaciones de corto plazo (anuales) que la acompañan. Por ello, en lo que sigue presentamos las pruebas estadísticas concernientes a la relación observada en la economía nacional entre la evolución de los salarios mínimos reales, de los salarios manu factureros, del empleo y de la productividad laboral.

Toda vez que se detecta ausencia de raíz unitaria en los niveles en las series procesadas, los análisis se llevan a cabo en dos escalas diferentes: ²⁷ (a) exámenes de largo plazo, mediante análisis de cointegración de las variables observadas en niveles, y (b) pruebas de corto plazo, mediante análisis de regresión con las desviaciones de corto plazo de las series, alrededor de su tendencia Hodrick-Prescott, toda vez que tales desviaciones, en todas las variables, registran raíz unitaria, lo que permite asignar significado estadístico a los resultados de los análisis de regresión. Los nombres de las variables, expresadas en ‘niveles’, son los siguientes:

1. SMIND => salario mínimo diario en términos reales (pesos de 2010);

2. SMHH => salario mínimo por hora-hombre trabajada en términos reales;

3. SMFD => salario manufacturero por hora-hombre trabajada en términos reales:

4. SMFHH => salario manufacturero por hora-hombre trabajada;

5. QL => pib por persona ocupada en términos reales;

6. QHH => pib por hora-hombre trabajada en términos reales;

7. L => Empleo promedio en el año (número de personas ocupadas), y HH => Horas-hombre trabajadas en todo el año.

En lo que sigue, sometemos a verificación empírica algunos de los postulados ofrecidos por la teoría tradicional revisada en apartados anteriores, en conexión con la vinculación observada entre los salarios mínimos, el empleo agregado de la economía, los salarios manufactureros (como representativos de los salarios promedio) y la evolución de la productividad media de la mano de obra de la economía mexicana.

La evolución de largo plazo (1950-2018) de la distribución funcional del ingreso en México deja ver, con toda claridad, que posterior al sostenido aumento de la participación salarial en el ingreso en las primeras dos y media décadas analizadas (1950-1976), la participación de los asalariados en el producto inició una notable contracción que se prolongó, con mayor o menor intensidad, pero de manera ininterrumpida hasta finales del siglo pasado, y continuó con una tendencia decreciente menos pronunciada y menores fluctuaciones menores hasta mediados de la segunda década del nuevo siglo (1977-2015). Resulta de interés destacar que dicha trayectoria guardó un notable paralelismo con la del salario mínimo real, trayectorias ambas cuya asociación se detecta mediante análisis de cointegración y de regresión en primeras diferencias entre ambas variables.³⁴

La razón del paralelismo entre el salario mínimo real y la participación salarial en el ingreso radica, como ya señalamos, en lo relevante que resultó para la fijación de los salarios promedio de la economía, principalmente los contractuales; por una parte, el dinámico crecimiento de los salarios mínimos hasta 1976 y, a partir de entonces, por su sistemática disminución, conforme perdía dinamismo el crecimiento de la productividad laboral. A partir de los ochenta y principios de los noventa, los salarios reales promedio limitaron aún más su crecimiento, en la medida en que fue indexado con el crecimiento del salario mínimo, con propósitos de control inflacionario, especialmente a partir de los noventa (Krozer, 2018: 136).

Así, las restricciones al aumento real del salario mínimo con fines de control macroeconómico se tradujeron en el centro de la política salarial del gobierno, que no sólo repercutió desfavorablemente en el crecimiento de los salarios reales y de la masa salarial anual, sino también en la disminución gradual de la participación salarial en el ingreso. En retrospectiva, podría afirmarse que esta orientación de la política salarial resultó desastrosa para los intereses de los asalariados, y también de las capas de menores ingresos de la población, al anular en los hechos el papel esencial de los salarios mínimos, es decir, como instrumento de política social en apoyo de los estratos menos favorecidos de la sociedad.

Las repercusiones de lo anterior fueron muy claras, en la medida en que afectaron la distribución de los ingresos salariales recibidos por los hogares, disminuyendo la participación de los hogares más pobres en la parte baja de la distribución salarial, en cuyo caso se hubiesen registrado cambios de alguna importancia en los indicadores de concentración del ingreso salarial de los hogares. En ese sentido, los indicadores de desigualdad habrían tendido a disminuir en los años de mayor dinamismo en el crecimiento del salario mínimo real, como sucedió en las décadas de los sesenta y primera mitad de los setenta, y a frenar su disminución e incluso aumentar o como sucedió a partir de entonces.

No contamos con estimaciones confiables de la trayectoria de largo plazo de indicadores de la desigualdad salarial de México; por ello, y sin pérdida de generalidad, el breve análisis que a continuación ofrecemos se basa en estimaciones del Coeficiente de Gini de los ingresos totales de los hogares, que refleja, con bastante exactitud, las tendencias seguidas los ingresos salariales de los hogares.³⁵ Sabemos, sin embargo, que la medición del grado de concentración del ingreso de los hogares, a partir de encuestas de ingresos, resulta particularmente compleja, porque las encuestas proporcionan información incompleta sobre los ingresos de las familias, tanto en la parte baja de la distribución (hogares pobres) como en la parte alta de la misma (hogares ricos); es decir, sólo permiten observar lo que se conoce como una distribución ‘truncada’ de los ingresos de los hogares (Cortés, 2001: 879 y ss.).

En efecto, en términos empíricos, el ‘truncamiento’ de la distribución impide estimar con precisión la fracción del ingreso nacional disponible que reciben los hogares de muy bajos o de muy altos ingresos, es decir, las encuestas distorsionan la medición del grado de concentración o dispersión de los ingresos familiares y afectan, por tanto, la medición de la incidencia de la pobreza y de la pobreza extrema.

No es aquí el lugar para entrar en esta discusión; bástenos agregar que, a consecuencia de este problema, algunos investigadores han optado por ajustar la información disponible con información estadística más confiable como el Sistema de cuentas nacionales. Otros estudiosos, por el contrario, basan sus análisis en información de las encuestas, sin mediar ajuste alguno, a pesar de los sesgos e inconsistencias en que se sabe se incurre. A fin de cuentas, a pesar de que ambos procedimientos metodológicos distorsionan los resultados en una magnitud difícil de precisar, en el caso de análisis de largo plazo resulta imprescindible optar por series relativamente homogéneas, de manera que permitan identificar las trayectorias de largo alcance adoptadas por los indicadores de concentración de la distribución del ingreso.³⁶

El Cuadro 3 presenta la evolución probable de largo plazo del coeficiente de Gini del ingreso total de los hogares mexicanos, con estimaciones metodológicamente homogéneas sin ajustar a cuentas nacionales, para años seleccionados del periodo 1950 a 2016, y la Gráfica 3(a) ilustra su trayectoria de largo plazo. Aunque no se observan tendencias iguales con ambas estimaciones sin ajuste a cuentas nacionales, su trayectoria de largo plazo es relativamente similar: una orientación claramente descendente de la desigualdad de la distribución del ingreso (descenso del coeficiente de Gini) en los años sesenta y primera mitad de los setenta, continuada por un aumento en la segunda mitad de esa década, con fluctuaciones menos acentuadas en los siguientes años, dependiendo en parte de la trayectoria del ciclo económico hasta finales del siglo pasado; a partir de entonces, de acuerdo con las estimaciones de Cortés (s.f.), la tendencia se prolonga con una pausada trayectoria descendente en la primera década del nuevo siglo.

El rumbo seguido por la desigualdad de la distribución del ingreso de los hogares habría sido consecuencia, sin lugar a dudas, de muy diversos factores de carácter histórico, económico, social y político, entre los cuales no podría descartarse la naturaleza de la política social instrumentada por el Estado, en el contexto aquí abordado del desarrollo de largo plazo de la economía y de sus vinculaciones con el sector externo de la misma (Hernández Laos, 2003). En lo que aquí nos concierne, resulta de interés destacar que, en más de un sentido, la trayectoria de largo plazo seguida se asocia con tendencias opuestas a las observadas por las tasas de salario real. Podemos observar, por ejemplo, que el dinámico aumento de los salarios reales (mínimo y manufacturero) de los sesenta y primera mitad de los setenta, se acompañó de una significativa disminución del coeficiente de Gini, apuntando el posible efecto favorable del crecimiento real de los salarios en la reducción de la desigualdad en la distribución del ingreso en esos años.

Además, como afirmamos en otra parte, la abrupta reducción del salario real a partir de la década perdida de los ochenta, que coincidió con el proceso de apertura externa de la economía, ciertamente tuvo una influencia importante sobre la concentración del ingreso de los hogares, acrecentando el valor del coeficiente de Gini (Hernández Laos y Velázquez Roa, 2003); mantenerse con fluctuaciones menores en las siguientes décadas y adoptar una leve tendencia decreciente en los últimos años (Cortés, s.f..: 27-32).³⁷ A pesar de las tendencias descritas, utilizando el restringido número de observaciones con información coincidente del coeficiente de Gini y del salario mínimo real (veinte en total), no se corrobora en términos estadísticos, ni el signo, ni el grado de asociación entre ambas variables.³⁸

De lo anterior podemos inferir que, a pesar de que las remuneraciones salariales constituyen la fracción más importante del ingreso de los hogares en México, el salario mínimo real no parece haber repercutido significativamente sobre el grado de su concentración o dispersión, por la pérdida de su papel redistributivo del ingreso como instrumento de política social y comenzar, a partir de los noventa, a ser utilizado con propósitos de control macroeconómico de las presiones inflacionarias suscitadas en la economía mexicana a partir de entonces.

Desde un punto de vista teórico, la evolución de largo plazo de los salarios mínimos puede tener una influencia significativa sobre la tasa de pobreza extrema, por los efectos que puede tener en la parte baja de la distribución del ingreso de los hogares (Wolf, 2009: 556-59). Sin embargo, en el caso de nuestro país, el magro desempeño de los salarios mínimos en las últimas décadas, a pesar de haber dejado de repercutir directamente en los patrones distributivos del ingreso de los hogares, como acabamos de referir más arriba, tuvo un efecto marginal (anual) sobre los incrementos salariales (anuales) promedio de la economía, como también documentamos en páginas anteriores.³⁹

Para tener un contexto explícito sobre los efectos (indirectos) de los salarios mínimos sobre la incidencia de la pobreza, recordemos que los métodos de medición de la pobreza comúnmente empleados en nuestro país son los dos siguientes: (i) el método de los ingresos y (ii) el método multidimensional.⁴⁰ Para nuestros fines, dispusimos una serie estadística de largo plazo de la tasa de pobreza extrema en México, estimada por Székely (2004) por el método de ingresos, sin ajuste a cuentas nacionales, para algunos años (no consecutivos del periodo 1950 a 1992). Esa información es metodológicamente compatible con las estimaciones del Comité Técnico (2002) y con las presentadas por Cortés et al. (2003), y posteriormente actualizadas con idéntica metodología por CONEVAL (2019). Estas series se muestran el Cuadro 3 y en la Gráfica 3(b).

Mediante análisis de correlación simple,⁴¹ esta información muestra que la evolución de la tasa de pobreza extrema en México no se encuentra estadísticamente asociada con la evolución del salario mínimo real de largo plazo (r= +0.054; ρ=0.327), no así con la trayectoria del salario manufacturero real (r= -0.812; ρ=0.01) y con la evolución del coeficiente de Gini del ingreso total de los hogares (r= +0.344; ρ=0.05). El signo de la asociación nos permite, además, establecer en términos estadísticamente confiables la dirección correcta de la asociación: (i) a mayor salario manufacturero, cabe esperar menor tasa de pobreza extrema (r < 0), por una parte y (ii) a mayor concentración del ingreso de los hogares (mayor coeficiente de Gini), se esperarían mayores niveles de la tasa de pobreza extrema (r > 0).

Estos resultados son particularmente interesantes, en la medida en que la evolución de largo plazo del salario mínimo, a pesar de no ejercer un efecto directo -estadísticamente significativo- sobre la tasa de pobreza extrema, ciertamente repercute de manera indirecta, por la influencia positiva (principalmente restrictiva) que ha ejercido en el largo plazo los aumentos del salario mínimo sobre los aumentos anuales del salario manufacturero promedio, ambos en términos reales.

Para ilustrar, de manera sencilla, el alcance de los salarios reales en México, tanto los mínimos como los manufactureros diarios, considérense las líneas de pobreza, tanto en el medio rural como en el ámbito urbano, trazadas por el CONEVAL para el año 2010, para un hogar típico de nuestro país, consistente de 3.8 miembros en el medio urbano y de 4.1 miembros por hogar en el medio rural, tomando en consideración un solo perceptor de ingresos en ambos casos (CONEVAL, Líneas de bienestar, 2012-2014).⁴² La gráfica-mosaico 5 exhibe, de manera simultánea, la evolución de largo plazo del salario mínimo real y las líneas de bienestar en el medio urbano (panel 1), y en el medio rural (panel 2). Además, presenta la evolución del salario manufacturero en términos reales y las líneas de bienestar en el medio urbano (panel 3) y en el medio rural (panel 4).

Con estas ilustraciones, podemos observar la notable insuficiencia del salario mínimo diario para cubrir las necedades mínimas (alimentarias) de un hogar típico urbano, con excepción, quizás, del breve periodo -menor de dos décadas- comprendido entre 1965 y 1982, y su total insuficiencia para cubrir todas las necesidades básicas del hogar típico urbano trazadas por la línea de pobreza general, ambos casos a lo largo de las siete décadas cubiertas por nuestro análisis (Gráfica 5, panel 1).

Por otra parte, la capacidad del salario mínimo para cubrir las necesidades mínimas (alimentarias) del hogar típico rural habría sido suficiente por espacio de 24 años (1963-1987). Sin embargo, en las siguientes tres décadas, desde finales de los ochenta hasta ahora (1988-2018), el salario mínimo ha sido notoriamente insuficiente para cubrir no sólo las necesidades mínimas y las necesidades generales del hogar rural típico en el largo plazo, con excepción del quinquenio comprendido entre 1974 y 1979 (Gráfica 5, panel 2).

En contraposición, la capacidad de un salario diario como el manufacturero en términos reales, sí habría sido suficiente para cubrir las necesidades alimentarias, tanto de un hogar típico rural como urbano de manera ininterrumpida a lo largo de todo el periodo analizado (1950-2018). Sin embargo, no habría alcanzado a cubrir el costo de las necesidades generales (alimentarias y no alimentarias) del hogar típico urbano durante las décadas de los cincuenta, sesenta, parte de los setenta y los ochenta, para si estar en condiciones de cubrirlas de manera poco más holgada a partir de los noventa hasta la actualidad (Gráfica 5, panel 3). Por último, y dado que el costo de la canasta conjunta de satisfactores esenciales para los hogares rurales es menor que el estimado por el CONEVAL para los hogares urbanos, un salario rural equivalente al salario manufacturero habría alcanzado sobradamente para cubrir las necesidades básicas del hogar típico rural, con la excepción de unos pocos años de la década perdida de los años ochenta⁴³ (Gráfica 5, panel 4).

El breve ejercicio anterior pone de manifiesto, entonces, la limitada capacidad temporal que ha tenido el salario mínimo para cubrir de manera directa las necesidades más perentorias (las alimentarias), de los hogares típicos urbanos y rurales, con excepción de sólo una fracción de los años considerados del análisis de largo plazo que venimos realizando. Peor aún, resulta más evidente la notable incapacidad del salario mínimo para cubrir las necesidades conjuntas (alimentarias y no alimentarias) de los hogares, con la excepción de un par de años en el caso de los hogares rurales.

En comparación, el poder adquisitivo del salario manufacturero, en términos reales, mostró suficiente capacidad para adquirir la canasta de satisfactores alimentarios de los hogares típicos, tanto urbanos como rurales, a lo largo de todo el periodo de largo plazo que venimos analizando. Sin embargo, no habría alcanzado para adquirir la canasta total de satisfactores esenciales del CONEVAL en las décadas de los cincuenta, sesenta, primera parte de los setenta y en el decenio de los ochenta, en el caso de los hogares típicos urbanos; en los hogares rurales, por el contrario, un salario equivalente al manufacturero habría alcanzado a sufragar la canasta conjunta de satisfactores esenciales, en buena parte de los años analizados, excepto en los cincuenta y en una parte de los ochenta.

En este texto hemos examinado con cierto detenimiento las tendencias de largo plazo de los salarios mínimos y manufactureros reales, y su relación con las trayectorias seguidas con las condiciones medias del empleo, de la productividad laboral y de los niveles de bienestar mínimo de los hogares mexicanos, en el contexto de largo plazo abarcado por el periodo que inicia en 1950 y termina en 2018.

Partimos de la afirmación de los libros elementales de texto de Economía Laboral que, a partir de modelos sencillos de oferta y demanda en mercados de competencia pura, sostienen que al aumentar el salario mínimo por encima del salario medio de equilibrio, el mínimo se constituye en un ‘piso’ para los salarios en general, por lo que cabría esperar que produjese una disminución de la demanda de trabajadores, acompañada de un aumento del número de éstos dispuestos a trabajar por el mayor salario; es decir, produce desempleo. Además, se sostiene, el aumento del salario mínimo presionará al alza los costos laborales y los precios de los bienes y servicios, deteriorando el poder adquisitivo de los trabajadores. Sobra mencionar que los especialistas reconocen, sin embargo, que lo anterior se confirma sólo en contadas ocasiones; más recientemente se sostiene que los efectos provocados por los mayores salarios mínimos, en todo caso, toman tiempo, con cambios más en el crecimiento que en forma instantánea en los niveles de empleo.

En una economía dualista, con elevada participación de empleo informal, la introducción de un salario mínimo tenderá a deprimir los salarios en el segmento del mercado de trabajo en el que no es obligatorio su cumplimiento. En efecto, existen pruebas de que en países de América Latina los aumentos del salario mínimo repercuten en el sector informal, en virtud del llamado efecto de Lighthouse, por medio del cual los aumentos del mínimo inducen a los trabajadores informales a exigir aumentos salariales, lo que sugiere que éstos retienen suficiente poder de negociación, como para superar el efecto negativo que recibe la oferta de mano de obra por el aumento salarial. Más recientemente, también se han analizados los efectos de los salarios mínimos sobre el bienestar y la distribución del ingreso de los hogares. Se apunta que el salario mínimo, al incidir en la parte baja de la distribución salarial, no sólo afecta a los trabajadores de bajos salarios, sino también a sus niveles de empleo, lo que abre las puertas para el análisis de sus repercusiones sobre las tasas de pobreza y pobreza extrema de la sociedad.

Desde esta óptica, parte de la justificación del salario mínimo radica en sus posibles repercusiones para reducir la desigualdad económica de los países; sin embargo, los estudios consultados no son conclusivos, porque en el agregado el efecto neto dependerá de la repercusión conjunta que el aumento del salario mínimo tenga, tanto en el ingreso de quienes lo reciben como en la posible pérdida de empleos derivada del mayor salario mínimo; por ello, los especialistas recomiendan examinar este aspecto principalmente de manera empírica en la práctica.

El análisis empírico del caso mexicano aquí abordado nos ha llevado, por tanto, a examinar la trayectoria de largo plazo de las remuneraciones salariales de México. Las tendencias de largo plazo indican, sin lugar a dudas, que el salario mínimo real en México, después de muchas vicisitudes, mantiene en la actualidad un poder adquisitivo muy similar al que registró ocho y media décadas atrás, a principios de los años treinta; en consecuencia, entre ambos extremos de este largo periodo, el salario mínimo real en México habría registrado una tasa de crecimiento de largo plazo de ¡sólo 0.02% medio anual!

En ese recorrido de largo plazo, el salario mínimo real registró tres etapas muy claramente diferenciadas: (i) un aumento sustantivo desde 1950 hasta mediados de los setenta, equivalente a +4.8% medio anual; (ii) para continuar, en las siguientes décadas con un prolongado descenso, del orden de -5.7% anual, que se prolongó con muy pocas interrupciones hasta finales del siglo pasado, y (iii) a partir de inicios del nuevo siglo, una muy precaria recuperación anual en las primeras dos décadas, de sólo 1.1% por año en promedio.

Resulta evidente que la trayectoria de largo plazo del salario mínimo real provocó notables desequilibrios en la estructura distributiva de los salarios, como se aprecia al observar la relación entre el salario mínimo y el salario manufacturero medio por hora-hombre a lo largo de las siete décadas analizadas. En efecto, de representar el salario mínimo poco más de un tercio (37.5%) del salario manufacturero a inicios de los cincuenta, en las siguientes dos y media décadas esa proporción por encima de 50%, para 1976, año en que el poder adquisitivo del salario mínimo alcanzó su mayor nivel en términos relativos. Sin embargo, en los siguientes lustros su notable deterioro provocó que el mínimo representara menos de una quinta parte (17.4%) del salario manufacturero hacia mediados de los noventa, sólo una décima parte justo antes de la Gran Recesión de 2008, para recuperarse muy ligeramente y llegar a representar una quinta parte del salario manufacturero en 2018.

Con todo, resulta evidente el precario poder adquisitivo del salario mínimo en México en la actualidad, si se le compara con otros países latinoamericanos, en términos de su relación con el valor del pib per cápita, como lo manifiestan investigaciones de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL). Tan desfavorables tendencias, impulsadas por las políticas laborales del gobierno desde mediados de los setenta, resultaron notablemente perniciosas para los intereses de las clases trabajadoras, quienes en última instancia pagaron, a partir de los ochenta, los costos derivados de las políticas públicas de apoyo del modelo exportador de manufacturas, modelo que prevalece hasta ahora en la economía mexicana.

¿Cómo podrían caracterizarse estas tendencias en términos económicos? Los resultados presentados en este ensayo confirman, por una parte, una relación inversa estadísticamente significativa entre el salario mínimo y el empleo agregado de la economía mexicana en el largo plazo, aunque no se logra precisar de manera robusta la dirección de la causalidad Granger entre ambas variables, como sostiene la hipótesis neoclásica tradicional, en el sentido de que es el salario mínimo el que provoca la reducción del empleo. La prueba estadística de esta relación tampoco se confirma en términos de desviaciones de corto plazo (anuales) de la tendencia Hodrick-Prescott de las variables, ni en términos dinámicos (tasas de crecimiento), como argumentan Meer y West (2013).

Por otra parte, las pruebas estadísticas aplicadas sugieren la existencia de una muy significativa asociación estadística entre las desviaciones de su tendencia Hodrick-Prescott del salario manufacturero diario y las correspondientes desviaciones del salario mínimo diario, relación que ‘explica’ dos terceras partes de la varianza de los salarios manufactureros reales, la cual se confirma, en términos estadísticos confiables, cuando se aplica a las tasas de crecimiento anual de ambas variables, con un valor positivo de la elasticidad de crecimiento del salario manufacturero respecto a cambios del salario mínimos es positiva de 0.23. Esta cercana relación ha resultado perjudicial para la política salarial de México, en la medida en que se ha atado el crecimiento de los salarios manufactureros (como proxy del salario promedio, por ejemplo) al exiguo crecimiento del salario mínimo, por lo menos en las últimas cuatro décadas.

A escala macroeconómica, por otra parte, interés especial reviste averiguar la relación que ha guardado el crecimiento de los salarios reales con el de la productividad laboral, dado el importante papel que ésta tiene sobre el control de las presiones inflacionarias, la distribución funcional del ingreso y las tasas de pobreza y de pobreza extrema. En el contexto de largo plazo que aquí analizamos, esta relación se comprueba estadísticamente de manera satisfactoria, pero no logra aclararse la dirección de la causalidad Granger entre ambas variables, al apuntar al inverso de la causalidad supuesta por la teoría. Es decir, en términos estadísticos se prueba, por el contrario, la causalidad expresada en su momento por Alfred Marshall, quien sostuvo que, en el largo plazo, el salario es causante del crecimiento de la productividad laboral, complementando la causalidad inversa que se supone opera en corto plazo, hipótesis también reivindicada por Marshall y que ahora sostiene la teoría económica convencional.

En el contexto anterior, las pruebas estadísticas anteriores, al apuntar el posible papel ejercido por el salario mínimo sobre el salario manufacturero (como proxy del salario promedio de la economía) por efecto del llamado efecto faro, podría haber ejercido de manera permanente retrasos sobre el crecimiento de la productividad laboral. Valdría la pena sugerir que una parte importante de esta cadena de acontecimientos podría haberse iniciado con los frecuentes episodios devaluatorios de las décadas de los setenta y ochenta, precisamente cuando las restricciones al crecimiento del salario mínimo comenzaron a ser operadas como instrumento de control de las presiones inflacionarias de la economía. Ello habría tenido, sin lugar a dudas, efectos de significación sobre la trayectoria seguida por la distribución funcional del ingreso, como demostramos en un estudio anterior,⁴⁴ y que al disminuir la participación salarial en el ingreso habría repercutido, a su vez, en la distribución del ingreso de los hogares y, por extensión, sobre los índices de pobreza y pobreza extrema de la economía nacional.

De ser acertada la argumentación anterior, podríamos inferir que el notable deterioro del crecimiento de largo plazo del salario mínimo a partir de mediados de la década de los setenta, conjuntamente con los acentuados episodios devaluatorios de los ochenta y noventa, no sólo eliminó el papel directamente redistributivo del ingreso que suele tener el salario mínimo al comenzar a ser utilizado con propósitos de control macroeconómico de las presiones inflacionarias. Asimismo, toda vez que las remuneraciones salariales constituyen la porción más importante del ingreso disponible de los hogares en México, el salario mínimo habría desalentado el crecimiento de los salarios promedio y de todo el abanico salarial en las últimas décadas, restringiendo por tanto el acceso de los hogares a la satisfacción de sus necesidades esenciales.

El breve ejercicio discutido en la última parte de este ensayo permite ilustrar, con claridad, cómo las tendencias contractivas del salario mínimo real, por una parte, y de los salarios manufactureros reales, tomados como proxy del salario medio, limitaron la capacidad de las remuneraciones salariales mínimas, para cubrir en el largo plazo las necesidades básicas más perentorias de los hogares rurales típicos, y en diversas etapas también de los hogares urbanos, trazadas por las líneas de pobreza extrema del CONEVAL. En contraste, el poder adquisitivo del salario manufacturero habría sido suficiente para cubrir el costo de la canasta de satisfactores alimentarios de los hogares típicos, tanto rurales como urbanos, a lo largo de todo el periodo de largo plazo que hemos analizado. Sin embargo, no habría sido suficiente para costear la canasta total de satisfactores esenciales del CONEVAL de los hogares urbanos típicos en las décadas de los cincuenta, sesenta y primera parte de los setenta, así como en el decenio de los ochenta. En el caso (improbable) de que el salario medio rural hubiese tenido el poder adquisitivo del salario manufacturero real, en esa situación hipotética, ese poder adquisitivo habría alcanzado muy bien a sufragar la canasta total de satisfactores esenciales de la institución, en la mayoría de los años analizados, excepto en la década de los cincuenta y en parte de la ‘década perdida’ de los ochenta.

Por último, vale hacer una acotación. A pesar de los severos problemas que se encuentran en la información salarial de México para el análisis de largo plazo, los argumentos desarrollados en este ensayo nos llevan a volver a plantear la pregunta que en su momento hicieron investigadores que nos precedieron, en el sentido de si los aumentos salariales como los aquí descritos significaron, en realidad, mejoras sustantivas en los niveles de bienestar de la clase trabajadora en México. A la luz de lo aquí analizado, queda para uno la tentación de contestar, al igual que los investigadores que nos precedieron, quienes respondieron de manera por demás escueta: «posiblemente no mucho» (Borts y Águila, 2006: 138). Las tendencias salariales examinadas, a pesar de las precauciones tomadas por compatibilizar las series estadísticas que hemos utilizado, confirman sin lugar a dudas la aseveración suscrita por ambos investigadores.