1. INTRODUCCIÓN

El presente artículo busca demostrar que a pesar de que las políticas habitacionales del segundo gobierno del Presidente Hugo Chávez, entre los años 2007 y 2013, dieron visibilidad social, política y cultural a los pueblos indígenas mediante proyectos reivindicativos, estos fueron concebidos mediante diagnósticos que no consideraron sus dimensiones socioculturales y dinámicas de vida, resultando en reduccionismos espaciales que han alentado su “criollización acelerada” (Barreto-Sánchez y Barreto, 2013). Se estructura en dos períodos: en el primero que va desde 2007 a 2010, se asiste a los rezagos de la última fase de la promoción del desarrollo endógeno, también se ensayan acciones en los ámbitos rurales con una diversidad de propuestas y actores ejecutantes, así mismo, suceden las políticas indigenistas de la “Indiocracia” (Biord, 2009)², con sus respectivos aciertos y des- aciertos, inmersas en arquetipos copiados de actuaciones burocráticas del pasado. En el segundo período, correspondiente desde 2011 a 2013, se expone un nucleamiento residencial, recreado a partir de una política de alcance nacional, con propuestas antaño exploradas y con la participación de actores de los tres niveles de gobierno, pero que mantienen criterios espaciales que acusan la persistencia de un paradigma etnocida y neo-colonizador.

2. MÉTODO

El abordaje se realizó desde la perspectiva del análisis de los conjuntos habitacionales como documentos, contrastando su concepción arquitectónica con la praxis de la habitabilidad experimentada por sus usuarios en las viviendas. Se trata de una investigación documental exploratoria, donde se inscribieron los datos en una grilla arquitectónica, que permitió sistematizarlos, analizarlos y contrastarlos con el contexto histórico, eventos, le gislaciones, programas, proyectos y obras representativas del período correspondiente. (Figura 1).

Figura 1
Grilla políticas de vivienda para pueblos indígenas en Venezuela (2007-2013)
Fuente: Elaboración propia.

3. CONSIDERACIONES PRELIMINARES

Las políticas públicas contienen la historia y la cultura de la sociedad que las genera, de manera que pueden ser leídas como textos culturales y como tales conllevan significados culturales y simbólicos (Ramírez, 2010). De manera que su análisis e interpretación, desde diversas ópticas de las ciencias sociales y otras disciplinas, puede ser un medio para comprender y realizar una aproximación a los sentidos subyacentes que los autores y receptores de dichas políticas hacen de las mismas.

Las políticas públicas en su historia han sido diseñadas y se han implementado bajo el enfoque de un tratamiento ideológico específico, esta es la razón por la que se puede afirmar que, en Venezuela, las políticas públicas de vivienda concebidas para los pueblos indígenas permiten reflexionar sobre las maneras como compulsivamente el Estado los ha tratado bajo un esquema de dominación y subalternabilidad en todo su devenir histórico. Esta subalternabilidad se fundamenta en una “cultura de conquista”, que refiere la superioridad racial de los europeos y, más tarde la de las sociedades criollas sobre las poblaciones indígenas.

En los gobiernos republicanos de los siglos XIX y XX se hizo patente la persistencia de este paradigma colonial de dominación en la gubernamentalidad, transversalizando las estructuras de la burocracia e incoado desde la espacialidad propia de la sociedad criolla hacia esquemas concebidos para los pueblos indígenas. Este paradigma estuvo caracterizado por:

1. 1. Imposición de asentamientos nucleados para los indígenas, con servicios públicos y usos comunales implantados desde la sociedad mayoritaria, donde fueron sometidos a un potente sistema deculturativo reproductor de una “cultura de conquista” fijando necesidades, costumbres, antivalores y códigos de la sociedad dominante.
2. 2. Promoción de prácticas asistencialistas como formas de interrelación con los pueblos indígenas, cuyos efectos violentamente han desestructurado su habitabilidad primaria, derivando en cambio cultural etnocida y olvido de normas consuetudinarias.
3. 3. Imposición de sistemas constructivos occidentales en perjuicio de tecnologías tradicionales de construcción, omitiendo las representaciones del hábitat, pautas tecno ecológicas del diseño, construcción y la habitabilidad tradicional de sus viviendas.
4. 4. Cercenamiento de prácticas socioculturales, simbólicas, cosmogónicas y sus medios tradicionales de subsistencia como el conuco, derivando en cambio cultural nocivo y la “criollización” acelerada de estas sociedades.

El fenómeno de neo-colonización se expresa en un hábitat específico concebido, así como también, se expande en la actuación de las instituciones y organismos públicos bajo la anuencia estatal, en una praxis gubernamental contradictoria con la retórica política y humanista que esbozó la Revolución Bolivariana durante sus primeros años de gestión, la cual ha sido potenciada por la propaganda de masas que prolonga inconscientemente, los efectos del etnocidio y la materialización del antiguo objetivo perseguido por la sociedad dominante desde la colonia: nuclear para dominar.

4. EL CARÁCTER HUMANISTA DE LA GESTIÓN Y LAUTOPÍADELDESARROLLOENDÓGENO(2007-2010)

El segundo gobierno del Presidente Hugo Chávez significó un cierre de ciclo y una profundización del proceso, donde se abogó por el control estatal de los sectores estratégicos de la economía, la diversificación de la inversión y cambios organizacionales trascendentes (partidistas y comunitarios) (Ellner, 2014). Entre los años 1999-2006, la gestión de gobierno tenía su acento en la transformación del orden político, económico y social, ubicando las metas sociales sobre el resto de los objetivos del gobierno, pero es a partir del año 2007 cuando se replantea el proyecto manteniendo su carácter social e implantando el denominado “Socialismo del siglo XXI” (Cordero, 2013) o “humanismo revolucionario” (Figueroa, 2014), este se sustentaría en acciones que debían impulsar la nueva “democracia protagónica revolucionaria” y el desarrollo endógeno.

En este contexto de promoción de la participación ciudadana, se ensayan las fórmulas organizativas denominadas Consejos Comunales, entidades diseñadas para ejercer el gobierno comunitario y la gestión directa de las políticas públicas, que marcarían las políticas sociales emprendidas hasta entonces. Y sobre la base de este tejido organizativo, se instauraría la política del desarrollo endógeno, filosofía que fue ensayada intensiva- mente a partir del año 2006, teniendo como pivote fundamental la agricultura sustentable para alcanzar la seguridad alimentaria, la tenencia de la tierra y la vivienda de las familias rurales e indígenas³.

4.1. Intentos y fracasos por promover la productividad tradicional indígena

Es indudable que la política de vivienda para los pueblos indígenas promovida por el gobierno de Hugo Chávez, en el marco del desarrollo endógeno, contó con ingentes recursos económicos y la voluntad política representada por un cuerpo institucional que se abocó a atenderlos masivamente. En los ámbitos indígenas fue instrumentado desde múltiples facetas a partir de los años 2004-2005, siendo una de la política más connotada los denominado Núcleos de Desarrollo Endógeno (Nude), definidos y ejecutados por instituciones y empresas estatales con competencias en el área o no. Con esta participación ampliada, que significó una escisión de la ralentizada burocracia, se buscaba una aproximación de las potencialidades de las comunidades y que se contara con las condiciones de infraestructura adecuadas. La relación entre las particularidades culturales, sociales y económicas versus el hábitat y la infraestructura comunal para desarrollar las potencialidades productivas de cada iniciativa, se constituyeron en la premisa de la política. Pero esta romántica concepción no se dio del todo como estaba prevista, porque lamentablemente, fueron concretadas en la práctica bajo esquemas descoordinados y asistencialistas (Morillo, 2017).

Los desarrollos de vivienda de los Nude Shirapta⁴ y Youruna⁵, buscaron enmarcarse bajo esta premisa, no obstante, no contemplaron la particularidad indígena de las comunidades y se abordó erróneamente el diagnóstico de las prácticas productivas tradicionales. El primero fue un proyecto que sufrió varios cambios: de un diseño tradicionalista (empleo del barro y la palma) a una fisonomía criolla (uso cemento y concreto armado) con el argumento de darle participación directa a los beneficiarios a través de cooperativas de elaboración de materiales; este planteamiento fue contradictorio ante las potencialidades agrícolas de los yukpa, que fueron invisibilizadas por sus formuladores. Para el caso de Youruna, también se planteó una configuración de vivienda híbrida, acertando en definir la actividad productiva, pero se obvió el rechazo wayuu a la cría intensiva de ovinos y caprinos debido a que los rebaños forman parte de un patrimonio de subsistencia y, por otro lado, el carácter descentralizado de las familias, los prolongados períodos de sequía y la incidencia del contrabando, lo cual no tardaron en incidir en su truncamiento. En la práctica, en ambos proyectos se privilegió la infraestructura sobre lo socioproductivo, evidenciándose una descoordinación que arrojó un diagnóstico cultural y contextual erróneo.

Otra iniciativa de desarrollo endógeno fue la Casa Indígena Kariña, cuyo nombre extrapola los imaginarios de las Casas Indígenas⁶ que se instrumentaron en el oriente del país durante el siglo XX, sin embargo, esta política estuvo muy lejos de aglomerar indígenas en ínfimos espacios a la espera de la asistencia estatal. Fue una experiencia interesante de diagnóstico y desarrollo socioproductivo, ejecutado por la propia comunidad, pero como ensayo, los problemas no tardaron en aparecer: para 2012 se evidenció un conflicto legal y de intereses con indígenas expulsados de la organización, así como, debilidades en el acompañamiento institucional que terminó por afectar su progreso (Prensa Gobernación Indígena Kariña, 2012). Aquí se dio el caso contrario a los anteriores ejemplos donde se le dio prioridad al componente socioproductivo sobre la infraestructura.

Por otro lado, el Desarrollo Integral Socioproductivo Valle de los Japreria⁷ es otro ejemplo de desarrollo endógeno el cual cierra un capítulo etnocida de vieja data para con los indígenas japreria, cuyos territorios ancestrales quedaron bajo las aguas de la Represa El Diluvio en un evento que trastocó su habitabilidad y los condenó a su casi extinción (Morillo, 2016). Este proyecto de reubicación y reinserción con viviendas de corte criollo en un urbanismo nucleado y servicios comunales (Alvarado et al, 2013), sin duda implicó procesos complejos de desarrollo social y de organización para lograr el equilibrio entre una población desarraigada en un nuevo hábitat con prácticas económicas mixtas. Ante la omisión de las potencialidades locales y la falta de seguimiento se desmantelaron las áreas socioproductivas, por otra parte, dada la mezcla étnica con yukpa, wayuu, añú, junto a criollos, se agudizaron los problemas sociales (Figura 2).

En ese mismo orden de ideas, la Ciudad Comunal El Laberinto⁸, fue uno de tantos ensayos de “modelo productivo socialista” que fue enmarcado en el Proyecto Agrario Socialista Planicie de Maracaibo, beneficiando a siete comunidades de población mayoritariamente wayuu. Sus objetivos fueron la producción de alimentos, ofrecer calidad de vida y ocupar ordenadamente la frontera (Pocaterra, 2009), además, contempló la organización de Comunas, infraestructura social rural y seguridad, una radio comunitaria, presencia de Misiones Sociales y actividades económicas. A pesar de los ingentes recursos invertidos, este proyecto no tuvo el impacto esperado debido a la acumulación de problemas y el abandono institucional en materia de producción y seguridad.

Figura 2.
Proyectos de vivienda indígena para el desarrollo endógeno.
Fuente: Morillo, 2019.

Con estos ejemplos enmarcados en la filosofía del desarrollo endógeno, se pusieron de manifiesto las contradicciones entre el aprovechamiento de los recursos locales y la praxis llevada a cabo por los agentes estatales que generó una política desconectada de las realidades indígenas. Se obvió la fundamental potencialidad del conuco de subsistencia, priorizando otros modelos alternativos que, a pesar de ser novedosos, en la praxis, fueron inadecuados como: canteros organopónicos, comercio, cooperativas de servicios, piscicultura, siembra tecnificada de rubros agrícolas, etc. Al cercenar los conucos de la habitabilidad, irremediablemente, se obligó a las comunidades indígenas a depender de dinámicas asistencialistas de la sociedad dominante.

4.2. Las para-políticas de vivienda y la permanente búsqueda creadora

En el contexto formal de las políticas de vivienda el gobierno experimentaba la incapacidad para resolver el déficit habitacional y por ende, una parálisis del sector acentuada a partir de los eventos conflictivos de inicios de la década. La disolución de los organismos indigenistas y la recomposición del Ministerio de Vivienda hacía lenta la atención por lo cual, como pasaría con el resto de los sectores, se crearon las Misiones Sociales para dar respuesta inmediata a los graves problemas que se afrontaban para entonces⁹. Para el año 2006, y como un nuevo intento de saldar la deuda con la población, se reorganiza el sector habitacional y se ordena la gestión pública.

Para ello se reintenta la estrategia de la para-política con la Misión Villanueva¹⁰, como una acción de atención del problema que contempló varios ámbitos: un programa de intervención para Caracas, la creación de ciudades sustentables, la regularización de la tenencia de tierra, la rehabilitación de centros históricos y la atención de la vivienda rural e indígena (Rangel, 2007). Se copia el Programa II contenido en la extinta Ley de Política Habitacional (1990-2000), que había sido truncada, y se introduce la metodología del Estado Mayor que dio integralidad a la gestión. Para ello, se creó una Comisión Interministerial que articularía las acciones de los Ministerios de: Vivienda y Hábitat, Infraestructura, Ambiente, Salud, Agricultura y Tierras, Educación, Deportes, Cultura, Economía Popular, Energía y Petróleo, Participación Social y Pueblos Indígenas.

En el marco de la Misión Villanueva para la esfera indígena, se instrumentó el Programa de Transformación del Hábitat de la Población Rural e Indígena, que enunciaba planes de construcción de viviendas y provisión de servicios, sus objetivos apelaban a la transformación impositiva basada en arquetipos criollos y máxima ganancia para las contratistas ejecutoras. La descoordinación institucional incidió en que las iniciativas se dieran sin cambios. Mientras que para el centro del país se construían edificaciones de baja altura (cuatro pisos), para los indígenas se buscaba cubrir el déficit habitacional abordando a las comunidades con planes de sustitución,

Actualmente […] hay una comisión en Delta Amacuro porque se está trabajando para la construcción de unas mil viviendas indígenas, unas mil churuatas, [sic] que es la vivienda de esa zona y se está construyendo con ellos. En Apure con los kuibas, nosotros tuvimos unas asambleas hace unos pocos días y ya hay un tipo de vivienda aprobado por ellos y se está trabajando también en esa dirección (Rangel, 2007).

Se desconoce si esos modelos de viviendas aprobados en asamblea se construyeron como fue anunciado, no obstante, se deduce que esta política no se deslindó de la tradicional sustitución de “ranchos” por viviendas de corte criollo, acordadas entre el gobierno y las empresas contratistas. Paulatinamente, la intervención descoordinada de los entes en el tema residencial fue abonando un terreno que agregaría más enajenación a las comunidades indígenas.

4.3. Desarrollo social en comunidades indígenas con recursos petroleros

La empresa petrolera nacional Petróleos de Venezuela, S.A. (Pdvsa) había creado en el año 2003 los Distritos Sociales Petroleros y Gasíferos, basados en la integración institución-comunidad para erradicar la pobreza, además de garantizar la infraestructura y servicios para mejorar la calidad de vida mediante el fomento de actividades socio-productivas utilizando el 10% del presupuesto de inversión (Pdvsa, 2006:9, 11). Para entonces Pdvsa incluida como ente ejecutor de programas de vivienda, dirigía cuantiosos recursos al desarrollo social, así que en 2007 diseñó el Programa 100 Pueblos Libres de Miseria específicamente para la Faja Petrolífera del Orinoco, con el objetivo de reordenar el territorio de los bloques operativos Boyacá, Junín, Carabobo y Ayacucho, y ejecutar planes de viviendas en una extensa área, una política muy ambiciosa para cumplirla.

Otro proyecto en el marco de la Misión Villanueva fue la Dignificación Popular El Marite, municipio Maracaibo (Zulia), que estableció una vitrina para mostrar un proceso “participativo” de diseño adaptado a las formas de vida wayuu. Abarcó 66 viviendas en el barrio Filúos Norte, cuya unidad intentó copiar los aspectos socioculturales de la etnia en la espacialidad¹¹. Esta experiencia, dadas las condiciones de implantación significó un esfuerzo por aprehender la cultura, sin embargo, los elevados costos de construcción del área abierta de la vivienda, además de la imprevisión de la ausencia de cultura de mantenimiento de los wayuu han sido los errores de esta política.

Por otro lado, la experimentación con los Consejos Comunales Indígenas (CCI) como ejecutores de los proyectos de vivienda se dio desde Pdvsa con cierta coherencia, basado en sus objetivos corporativos en materia social (Pdvsa, 2007:6-16). En el año 2009, destacan los casos de las áreas operativas en Occidente con las iniciativas en las comunidades Uluimaana y Mi Delirio, municipio Rosario de Perijá (Zulia), de la etnia wayuu, donde se construyeron viviendas bajo un convenio de cooperación para la sustitución de ranchos¹². Sin embargo, a pesar de su relativo éxito en lo organizativo, no se consideró el aspecto socioproductivo en su configuración.

Estas experiencias ejecutadas por Pdvsa y enmarcadas en la Misión Villanueva tuvieron algo en común: fueron iniciativas cuantitativas preocupadas en proporcionar una unidad residencial, pero que en lo sustantivo no respetaron la expresión cultural indígena, acentuando la supresión del conuco y la desvinculación con el contexto natural de implantación.

4.4. La primera gestión del Minpi, años 2007-2010

Como una acción sin precedentes en la historia republicana, el gobierno de Hugo Chávez crea el Minpi en febrero de 2007. Esta sui generis creación, inicia un período de protagonismo indígena en la gestión de gobierno, como marco institucional para el “ejercicio de la Indiocracia” e intenta dar cumplimiento a los postulados constitucionales ante un panorama institucional descoordinado de las políticas de vivienda. Esto conllevó a un complejo proceso de transición, de hecho, el nombramiento de una ye´kwana¹³, etnia que representa un poco menos del 1% de la población originaria, repercutía en los ámbitos políticos donde los wayuu poseían el liderazgo desde hacía cuatro décadas¹⁴.

El nuevo Ministerio se conformaría por ocho Viceministerios¹⁵, uno por cada región con población indígena, con funcionarios que atenderían la organización de los CCI. Así mismo, por el Decreto Nº 5-550 de agosto de 2007 el Minpi asume la dirección de la Misión Guaicaipuro, a cargo de funcionarios criollos para entonces, y realizó el censo y mapeo de las comunidades y la promoción de las denominadas Comunas Indígenas Socialistas (CIS)

Los dos primeros años (2007-2008) estuvieron signados por la continuidad de gestión bajo la política de “Garantizar el acceso a la vivienda digna” que tuvo como logros: la construcción de 286 viviendas en 7 CIS, 283 viviendas modalidad “auto- construcción” por financiamiento a 5 CCI16, la construcción de infraestructura urbana para las comunidades Cacurí (ye´kwana) y Bambú Lucera (piaroa) del estado Amazonas, además el financiamiento de 129 proyectos de servicios públicos. Para los años 2009-2010, se dio continuidad a la culminación de las 7 CIS iniciadas en 2007, adicionalmente se financiaron 433 viviendas para 104 CCI, 40 proyectos de viviendas con recursos ordinarios en 3 comunidades y el financiamiento de 10 proyectos de servicios públicos; y se dotó de 722 tanques de almacenamiento de agua, 260.500 láminas para techos acerolit/cinduteja y 120 kits estructurales de construcción para familias en extrema vulnerabilidad (Minpi, 2010) (Tabla 1).

Tabla 1

Gestión del MINPI en materia de vivienda 2001-2010.

Fuente: Elaboración propia a partir de Minpi (2008:46-50; 2009:34, 38-54, 2010:45, 47, 51-55, 2011:65, 68, 77-78).

Se esperaba que, para este momento, el Minpi asumiera la rectoría de las políticas de vivienda basadas en principios de autodeterminación y respeto a la diversidad cultural-ecológica de las comunidades, sin embargo, su gestión continúa con la “auto- construcción” de viviendas mediante el financiamiento a los CCI, política nacional que no se diferenciaba a la adelantada por la Fundación para el Desarrollo y Promoción del Poder Comunal (Fundacomunal) y otros entes del Estado.

4.4.1. La Comuna Indígena Socialista enunciada

Desde el primer momento en que surge la idea de la Comuna para el año 2007, empiezan a tener incidencia las contradicciones del término en los ámbitos de la burocracia, en especial del Ministerio rector de las políticas indígenas¹⁸. Sin embargo, no fue sino hasta 2010 cuando se definen los elementos conceptuales de la Comuna, a cargo del Ministerio del Poder Popular para las Comunas (Mincomunas). La ley refrendada en 2010 la puntualiza de la siguiente manera:

Es un espacio socialista que, como entidad local, es definida por la integración de comunidades vecinas con una mememoria histórica compartida, rasgos culturales, usos y costumbres, que se reconocen en el territorio que ocupan y en las actividades productivas que le sirven de sustento, y sobre el cual ejercen los principios de soberanía y participación protagónica como expresión del Poder Popular, en concordancia con un régimen de producción social y el modelo de desarrollo endógeno y sustentable, contemplado en el Plan de Desarrollo Económico y Social de la Nación (Ley Orgánica de las Comunas, Artículo 5º).

La mencionada Ley expone otros principios: consolidar el “Estado comunal” como fin último, expresión del autogobierno, integración y articulación con otras Comunas, consolidación de la propiedad social, garantizar mecanismos de participación directa de los ciudadanos, formación e información de las comunidades, defensa colectiva y popular de derechos humanos (Artículo 7º). Otra perspectiva de Comuna la define como: la ciudad superior, de los iguales, de los ciudadanos, productiva, racional, política, “…la ciudad que ha resuelto su contradicción básica con la naturaleza …la ciudad que ha resuelto sus diferencias históricas con el medio rural” (Sesto, 2009a:55-62).

Esta definición esbozada por uno de los Ministros de Vivienda de Hugo Chávez dista diametralmente del concepto de Comuna que el Minpi intentó implantar en comunidades y espacios geográficos disimiles. Así mismo, su conceptualización es contradictoria a la definición del Mincomunas, pues a partir de ese filtro institucional fueron rechazadas todas las propuestas pregonadas como “pilotos” (Figura 3).

Con estos desarrollos habitacionales, el Minpi prefigura su primera política de vivienda concebida sin ningún estudio teórico-científico que avalara su adscripción, cuyo objetivo enunciado sería la mejora de los servicios básicos e infraestructura de las comunidades, así mismo, los servicios de educación y salud, vialidad, eliminación de las viviendas precarias sin acceso al agua potable y electricidad (Minpi, 2008).

Figura 3
Comunas Indígenas Socialistas del Minpi
Fuente: Minpi 2010,2013

A pesar de esto, con estos ensayos en siete comunidades se había enunciado una forma de nucleamiento intentando trasplantar un modelo de habitabilidad sin considerar sus efectos, el minando los rezagos tradicionales de los asentamientos:

1. 1. Imposición de un esquema residencial de la otra sociedad, copiando esquemas espaciales, funcionales y morfológicos de los desarrollos habitacionales criollos. Cada CCI debía recibir los planos de una vivienda concebida fuera de sus ámbitos de toma de decisiones.
2. 2. Aplicación en las viviendas de sistemas constructivos, materiales y habitabilidad ajenos.
3. 3. Cercenamiento del conuco y las prácticas económicas de subsistencia de los indígenas, en contradicción con el régimen de producción local y desarrollo endógeno sustentable.

Exacerbación de prácticas asistencialistas y clientelistas en las comunidades beneficiadas. En teoría se daría “participación protagónica” a las comunidades, pero contradictoriamente, las viviendas fueron ejecutadas por cooperativas y albañiles sub-contratados derivando en muchos casos en incumplimiento de contratos y cronogramas de ejecución. Esta situación puede explicar su construcción plurianual entre los años 2007-2010.

Evidentemente las CIS se constituyen en una creación unilateral impuesta por los propios indígenas, basado en modelos exógenos, que ubican a los indígenas “como receptores misionados” como antaño promovían ciertos grupos religiosos (Mosonyi, 2009:170).

4.4.2. El financiamiento a la vivienda desde los Consejos Comunales Indígena

La base social indígena diagnosticada por el Minpi para el año 2007 estuvo conformada por 3.473 comunidades, con 1.159 CCI, de los cuales, para finales de año, 625 (54%) recibieron financiamientos para ejecutar proyectos socioproductivos y de vivienda (Minpi, 2008:42). Se asignó a cada CCI de entre 10 y 25 viviendas con un diseño predeterminado y la fijación de un monto único para la autoconstrucción o pago a terceros. A pesar de la retórica de la promoción del protagonismo popular, las fallas fueron muchas dejando entrever quejas como estafas, incumplimiento de metas de construcción de viviendas e ineficiencia de las organizaciones comunitarias (Pérez de Murzi, 2009).

En un informe difundido por la web, una organización no gubernamental da cuenta del desacuerdo de los indígenas yukpa (Zulia) con respecto a la política de financiamiento de 10 viviendas por “autoconstrucción” para cada CCI adelantada por el Minpi:

Las Autoridades Legítimas y Tradicionales de las Comunidades… han expresado su desacuerdo con el Proyecto de Vivienda presentado por el Minpi, por las razones siguientes: 1. Las Comunidades de la Cuenca del Rio Yaza no estaban solicitando viviendas, sino más bien han presentado proyectos para financiamiento de acueductos y para actividades agropecuarias; 2. Las Viviendas que les ofrecen no se corresponden ni con las viviendas yukpa (indígenas) ni se consideran viviendas dignas (son de bloques, techos de zinc, sin espacios entre ellas, son pequeñas y no tienen columnas. Viviendas semejantes prontamente se agrietaron en la comunidad de Kasmera). 3. Sólo se asignan 10 viviendas por comunidad, lo que ha generado conflictos internos al generar privilegiados y excluidos. 4. Para construirlas se ha contratado a gente externa a la comunidad, pero simultáneamente se les exige a los indígenas que oferten su mano de obra sin que esperen ningún tipo de pago (es decir, gratis). 5. Se les dijo que los recursos serán asignados a los Consejos Comunales de la zona, pero que serán manejados por el Minpi (Homo et natura, 2009)

Esta problemática fue originada, según el documento, por la invisibilización de las autoridades tradicionales y su exclusión de la toma de decisiones en la formulación de la política. Se denuncia que el proyecto no fue expresión del desarrollo endógeno yukpa, careció del estudio de impacto ambiental y sociocultural, y se promovieron procesos etnocidas de asimilación forzosa mediante la imposición de un “desarrollo inducido” o “reingeniería social”, además, el diseño y tecnología de las viviendas no se adecuaron a la cultura pudiendo acentuar “procesos etnocidas de asimilación”. De manera que, la política tutelada por el Minpi con los CCI derivó en:

1. 1. Imprevisión de lo sociocultural en el uso de espacios y la sociabilidad en las áreas productivas, y fundamental- mente omisión de la progresividad de sus viviendas.
2. 2. Imprevisión de la tradición productiva al cercenar el conuco de subsistencia tradicional y otras áreas para realizar sus prácticas económicas.
3. 3. Imprevisión de las representaciones del hábitat, como los elementos sagrados de su arquitectura y las expectativas sobre la calidad de las viviendas.
4. 4. Desconocimiento y omisión de aspectos culturales: cocina, baño, fuentes de agua, espacios recreativos, espacios de permanencia, elementos urbanos.
5. 5. Ausencia de la adaptación al entorno ambiental, a los microclimas locales, geomorfología del entorno y la tradición constructiva indígena.
6. 6. Imprevisión de la participación comunitaria en los procesos de gestión, diseño y construcción de las viviendas.

A pesar de esto, se vislumbran aspectos positivos en el que los CCI se constituyen en formas potenciales de agregaciones cercanas a las culturas indígenas con posibilidad de articular lo tradicional con el proyecto nacional que explícitamente los reconoce (Amodio, 2007), pero su aplicación ha sido direccionada al asistencialismo desestimando la autodeterminación comunitaria.

4.4.3. Entre las Casas Indígenas y los urbanismos occidentales

En la primera gestión del Minpi se ejecutaron propuestas antaño exploradas como: las Casas Indígenas y los nucleamientos. Del primer caso, destaca la construcción en el año 2007 de 9 janokos multifamiliares en Barrancos de Fajardo (Monagas) para 56 familias warao y e´ñepá. Un aspecto novedoso fue su construcción a partir del trabajo voluntario de trabajadores de este ente, pero ante la improvisación de la iniciativa para el año 2008, en estas estructuras sólo quedaban 30 familias, el resto migró a Maturín (Diario Vea, 2008:10). Un segundo caso fue Villa Yukpa Alegre19 (Figura 3) concebido como un proyecto para 20 familias que ocupaban precariamente un terreno adyacente al Hospital General del Sur, municipio San Francisco (Zulia); el desarrollo en vez de solucionar un problema, empeoró su situación por el incumplimiento del proyecto socioproductivo. En una nota de prensa sus habitantes denunciaban el abandono: “…vivimos en condiciones de pobreza, a veces no tenemos con qué comer, mucho menos para comprarle la fórmula a los bebés, ni para pagar medicinas” (El Diario de Caracas, 2013). Este urbanismo a pesar de contar con una segunda fase, desestimó sus prácticas ancestrales y sometió a sus habitantes al asistencialismo gubernamental.

5. UNAPOLÍTICADE VIVIENDAPARATODOS: LA HOMOGENIZACIÓNDELOSINDÍGENASENLAPOLÍ- TICA

En este segundo período (2011-2013), el gobierno continúa con la ejecución de proyectos divorciados de las especificidades culturales indígenas bajo una única configuración espacial de vivienda, favoreciendo la reproducción de una cultura de dominación, exacerbando prácticas asistencialistas. Entre estos años se experimentó en las comunidades indígenas con una política, cuyos objetivos estuvieron alineados al cumplimiento de una meta cuantitativa omitiendo aspectos cualitativos, esto demuestra que, si bien se avanzaba en el saldo de una deuda social histórica en cuanto a lo material, se tributó inconscientemente al reduccionismo compulsivo.

5.1. Una última reinvención de la estrategia de Misiones Sociales

Parte del problema de la vivienda para el gobierno radicaba en la dificultad de resolver el déficit habitacional y la pesada carga de las instituciones burocratizadas. El déficit heredado producto de las desacertadas políticas y descontrolado crecimiento urbano, aunado a la caída de la construcción de viviendas, fueron sin duda, un alarmante panorama de la segunda década del siglo XXI que contextualizó la política de la Gran Misión Vivienda Venezuela (GMVV)²⁰. Esta consistió en la ejecución de viviendas bajo distintas modalidades, instrumentada por el Ministerio del Poder Popular de Vivienda y Hábitat, siendo relegada la rectoría del Minpi que se convierte en un ente ejecutor más. Esta omisión significaría, la adscripción oficial de las comunidades indígenas a la cultura constructiva dominante, y profundiza el incumplimiento de las legislaciones indigenistas que establecen la corresponsabilidad Estado-comunidades en el diseño de la política, y además, remarca la ausencia de planes para valorar la vivienda indígena como patrimonio cultural.

La GMVV, a pesar de su carácter reivindicativo más allá de sus esfuerzos por atender el déficit, continúa la línea de acción pretérita que omite las especificidades espaciales, tecnológicas y culturales de este sector y no se deslinda de lo realizado en los últimos años. Se acentuó la homogeneización de las comunidades con la sociedad mayoritaria en franca desventaja, se dotó de una vivienda divorciada de su realidad local, se desestimó el conuco con sus relaciones culturales y de habitabilidad; esto queda en evidencia, cuando no se incluyó un vértice en la GMVV que considerara la demarcación colectiva de sus tierras como pivote de la política sobre el hábitat.

5.1.1. Visibilidad indígena, legislación y planes de reconstrucción asistencialistas

La Ley de Subsistema de Vivienda y Hábitat creada en el año 2011, en su Artículo 6° visibiliza a las comunidades indígenas como “sujetos de atención especial”, dejando entrever el sentido asistencialista al considerar a los indígenas dentro de los grupos vulnerables de la sociedad (damnificados, discapacitados, personas mayores de sesenta años, mujeres u hombres solos jefes de familia y familias con ingreso promedio mensual menor a dos salarios mínimos urbanos). A pesar que en el año 2012 esta ley fue reformada, hoy contiene las líneas de la política habitacional oficial. El impacto asistencialista de esta ley se puso a prueba con los eventos naturales ocurridos en 2011 en el país. Son memorables las vaguadas de La Guajira por el rompimiento del dique del embalse de Manuelote que inundó los municipios Mara y Guajira (Zulia), afectando a comunidades wayuu y añú. La respuesta del gobierno fue instrumentar una política asistencialista y negadora de la realidad cultural indígena, que incluyó la construcción masiva de viviendas y la reubicación en urbanismos juntamente con población no indígena. Cabe recordar que bajo estos lineamientos se reubica en 2010 la población japreria afectada por el río Laja, municipio Rosario de Perijá.

El Plan de Reconstrucción de la Guajira contemplaría 3.200 viviendas en comunidades wayuu y añú de los municipios Guajira y Mara (Zulia), ejecutadas mediante los CCI bajo convenios entre Pdvsa y la Alcaldía, asignando las viviendas previo abordaje casa por casa. Este plan de reubicación se complementó con la construcción de obras de vialidad, servicios públicos, reparación de refugios, suministro de agua potable, reforzamiento del muro de contención del río Limón, achique de zonas inundadas, control de vectores, vacunación de animales, atención de casos de salud, saneamiento de cañadas y drenajes (Pdvsa, 2011). Otro plan fue la Reconstrucción del Estado Zulia, adscrito como una iniciativa de la GMVV. Contempló un Plan Suvi de 55 viviendas para indígenas wayuu y añú ejecutado por la Alcaldía de la Guajira; un diseño de vivienda de 60 metros cuadrados de corte criollo con 2 habitaciones, baño, sala comedor y cocina, no contemplando pozo séptico. La estrategia fue el financiamiento a los CCI, a los cuales se le asignó 10 viviendas a cada uno y los recursos fueron administrados por la Alcaldía.

5.1.2. Planes Suvi indiferenciados desde otros entes ejecutores

En el marco de la GMVV, las Gobernaciones y Alcaldías en todo el país elaboraron planes Suvi con algunos cambios en materiales de construcción, pero siguiendo la configuración espacial criolla. Un caso destacado fue el plan masivo de construcción Maracaibo-FUNDAINFRA ejecutado por la Gobernación del Estado Zulia, que contempló 729 viviendas unifamiliares de 64 metros cuadrados en 22 comunidades urbanas con componente de población wayuu. La iniciativa contó con un modelo de gestión para la construcción de una vivienda preconcebida, mediante contratos con profesionales de las disciplinas de la ingeniería y arquitectura, y mano de obra local.

Bajo este modelo y auge de ejecución desfilaron un conjunto de instituciones gubernamentales²¹. Por ejemplo, Pdvsa instrumenta programas Suvi en localidades de las áreas operacionales. Se subraya el caso del urbanismo Las Pitias, municipio Guajira (Zulia), donde Pdvsa Gas construyó 134 viviendas para wayuu y añú sin ninguna diferenciación cultural. Esta misma filial, llevó a cabo en 2012, la ejecución del desarrollo Varilla Blanca-El Limón, municipio Guajira (Zulia), para la etnia wayuu, con 160 viviendas nucleadas y aisladas en varias localidades; en este ejemplo no se consideró las inundaciones de las áreas, evidenciando la ausencia de estudios de impacto ambiental y desconocimiento de la tradición palafítica que a futuro evitaría los problemas. Ese mismo año, Pdvsa Petróleo ejecutó el proyecto de Construcción de Viviendas en los Municipios La Cañada de Urdaneta y Miranda (Zulia), que abarcó 263 viviendas unifamiliares de tres habitaciones, dos salas sanitarias, sala comedor y cocina; innovando un modelo de administración delegada donde el CCI contrata, realiza pagos, regulariza la tenencia de tierras y hace seguimiento.

Otros programas Suvi ejecutados por la Corporación Zuliana para el Desarrollo de la Región Zuliana (Corpozulia) en 2013 fueron los desarrollos La Quemada, El Baleado y El Arroyo, para la etnia añú del municipio Guajira (Zulia), que mostraron una inadecuada disposición espacial y adaptación al entorno, falta de ventilación e inaccesibilidad. Ese mismo año, se llevaría a cabo el desarrollo Maracaibo 2013, que preveía 413 viviendas en 15 comunidades de Maracaibo (Zulia), bajo las mismas dinámicas técnico-arquitectónicas descritas.

5.1.3. Reubicaciones mixtas en urbanismos criollos

La GMVV cierra el capítulo indígena con los proyectos de desarrollos habitacionales mixtos; como reminiscencia de los antiguos Pueblos de Indios o Pueblos de Misiones donde se integraban distintas etnias para reducirlos y dominarlos. Estos proyectos resultaron ser soluciones inmediatistas para abordar el problema de los damnificados a causa de las inundaciones que se produje- ron en la región zuliana en el año 2011. El Metro de Maracaibo ejecutó uno de los ejemplos más dilemáticos para indígenas wayuu en la ciudad de Maracaibo: 750 town house en el Desarrollo Habitacional Ciudad Lossada, antigua área rental de la Universi- dad de Zulia ocupados ilegalmente en años recientes; si bien, fue un plan de viviendas denominado Tetramódulo, diseñado para la población criolla, se otorgó unidades a familias wayuu derivando en conflictos como por ejemplo, impedir la reproducción de su hábitat y sus prácticas económicas tradicionales.

En Viñas de Mara²², ejecutado por la Alcaldía del Municipio Mara (Zulia), fueron adjudicados wayuu y añú juntamente con criollos, sin considerar la desestructuración cultural a la que serían expuestas las familias provenientes de las áreas afectadas por las inundaciones de Manuelote, además, no se consideró incluir medios económicos de subsistencia. Otros ejemplos con similares dinámicas e idénticos efectos, fueron el urbanismo de Ciudad Bolívar, municipio Simón Bolívar, Costa Oriental del Lago (Zulia), donde se adjudicó igualmente a familias wayuu y añú, para establecer una convivencia con otras sociedades no indígenas; y el Desarrollo Barrancos de Fajardo, municipio Sotillo (Monagas) donde cohabitarían familias warao y e´ñepá.

5.2. Segunda gestión del Minpi, años 2011-2013

Entre los años 2011-2013, alineado a la política de la GMVV, el Minpi impulsa una gestión que sumaría 2.426 viviendas en más de 182 CCI²³ (Minpi, 2013). Como punto distintivo de la gestión anterior, en el año 2012 el Minpi sufre un cambio de Ministro pero en la práctica se constituyó en una continuidad por cuanto la nueva jefa formaba parte de la gestión anterior²⁴, así mismo, se adscribe después de ocho años de estar bajo el Ministerio del Poder Popular para el Ambiente, la política de demarcación de tierras titulando a 70 comunidades con una extensión de 1.971.923,26 hectáreas. Para el año 2013 se financiaron 5 proyectos de servicios públicos, además, se da cuenta de la entrega de 26.094 láminas para techos cinduteja y 26 tanques de agua para la comunidad wayuu Casalta IV en Caracas (Distrito Capital). También se dotó 12 sistemas fotovoltaicos a comunidades aisladas, 11 transformadores para Epoipori, Kasmera y El Tokuko (Zulia) y Paria Grande (Amazonas) y 140 rejas de ventanas en Ciudad Tavacare (Barinas).

Se da continuidad administrativa a la política del año anterior, destacan aquí el convenio con la Gobernación del Zulia de 24 viviendas en El Jobo (Zulia) y 50 en Los Taques (Falcón) y Casalta IV (Distrito Capital). Se mantiene el diseño de la vivienda y la sustitución de materiales locales (Minpi, 2015), sin embargo, el modelo de administración variará en algunas comunidades para rendir los recursos de manera más eficiente y construir más viviendas de las proyectadas. (Tabla 2).

Tabla 2

Gestión del MINPI en materia de vivienda (2011-2013).

Fuente: Elaboración propia a partir de Minpi (2012: 87, 90, 93, 98; 2013:80, 84, 86-89; 2014:80-81, 85-99, 105).

Se desestimaron los estudios de constructibilidad para abaratar los costos con materiales locales y asequibles, logística de construcción y sistemas constructivos adecuados, como no sucedió con el traslado de pilotines de concreto en lanchas, curiaras y gabarras en los estados Zulia y Delta Amacuro; otra práctica inadecuada fue observada en Shashana (Amazonas) con el traslado, en aviones hasta la Esmeralda, de los materiales y luego acarrearlos en lanchas y bongos, para construir los shabono yanomami (Minpi, 2015:21). Se irrespetó la construcción ancestral de las viviendas sin impacto en el medio ambiente, sedentarizando los asentamientos yanomami como preámbulo de un etnocidio institucionalizado por los propios indígenas.

6. CONCLUSIONES

Durante el segundo período de gobierno de Hugo Chávez (2007-2013), las comunidades indígenas venezolanas continuaban siendo objeto de imposición de una política de vivienda de raíces asimilacionista y etnocida que tributaría inconscientemente a objetivos de dominación. Los dislates y errores en crear políticas de vivienda fuera del ámbito tradicional de toma de decisiones de los indígenas, además de negarse a la interculturalidad a pesar de la existencia de un marco legal robusto, evidenció la dificultad de respetar la cultura en la construcción del hábitat y promovió una neo-colonización de estas comunidades.

Así las comunidades fueron encaminadas a plegarse a la política oficial, cuya solución al problema fue cuantitativa y la superación del déficit con una vivienda con claros referentes de la “otra” sociedad, que indudablemente dio visibilidad a pueblos nunca tomados en cuenta pagaran el precio de la deculturación. Paradójicamente, el último censo apunta que sólo 6% de las familias habitan en viviendas indígenas (entiéndanse éstas como la “construcción elaborada con materiales propios de la zona, que responde a patrones típicos indígenas y refleja el modo de vida tradicional”), siendo el tipo de vivienda, mayoritariamente, de corte criollo: casa (67%), rancho (23%), quinta o casa (2%) y quinta o casa quinta (2%) (Instituto Nacional de Estadísticas, 2012:60, 68), lo que quiere decir, que este patrón demuestra la casi total deculturación material de los indígenas.

En la praxis gubernamental de la Revolución Bolivariana no se planteó otra política distinta a la preexistente paternalista y asistencialista, dirigida al nucleamiento compulsivo que promueve un estilo de vida occidental y cercena prácticas culturales necesarias para la sobrevivencia. La habitabilidad indígena de por sí, ha sido ilegible para la burocracia que atiende su solución, el diseño de la política los ubica en el lugar del ciudadano mestizo criollo y como sujeto receptor de políticas reivindicativas, que los transforman en individuos endorracistas, pasivos, que aceptan sin resistencia el control cultural desde los espacios adjudicados. Los marcos legales internacionales indígenas asumidos por Venezuela junto a la CRBV-1999, que proyecta el derecho madre a la libre determinación, deben verse como una oportunidad para rectificar lo realizado e implementar políticas públicas que promuevan una convivencia libre de imposiciones neocolonialistas.

7. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ALVARADO, Neritza; QUINTERO, María y CHIRINOS, Willy. 2013. “La nueva Corpozulia y la lucha contra la pobreza-exclusión social: el caso de la comunidad indígena Valle de los Japreria, municipio Rosario de Perijá”. En: Fermentun. Año 23, Nº 68, pp. 261-296

AMODIO, Emanuel. 2007. “La república indígena. Pueblos indígenas y perspectivas políticas en Venezuela”. En: Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Vol 13, Nº 3, pp. 175-188.

BARRETO-SÁNCHEZ, Heiber y BARRETO, Daisy. 2013. “Políticas públicas para los pueblos indígenas en la revolución bolivariana para el período 2013–2019”. Disponible en línea: http://www. aporrea.org/actualidad/a170438.html [Fecha de consulta: 26 noviembre de 2018].

BIORD, Horacio. 2009. “Indianismo, Indigenismo e Indiocracia: noventa años de políticas públicas para Pueblos Indígenas en Venezuela (1915-2005)”. En: Kuawai. Vol, 1, Nº 2, pp. 63-99.

CARPIO, José. 2011. “Inaugurada casa indígena kariña en Monagas. Este nuevo centro desarrollará un macroproyecto social, agrícola y cultural”. En: Wayuunaiki, Maracaibo, Vol. X, Nº 141. p. 2.

CORDERO, José. 2013. “El proceso político venezolano 1999-2013: formulación y reformulación de un proyecto de transformación social”. En: Revista Academia. Vol. 12, Nº 26, pp. 125-130.

DIARIO VEA. 2008. Año 4 (1690). Caracas, Venezuela: 24 de mayo. p. 10.

HOMO ET NATURA. 2009. “Observatorio de los derechos de los pueblos indígenas de Venezuela”. Disponible en línea: www. aporrea.org/poderpopular/a84580.html [Fecha de consulta: 26 noviembre 2018].

EL DIARIO DE CARACAS. 2013. “Yucpas protestan con cadáveres de tres bebés en la vía a Perijá”. Jueves, 28/11/2013. Disponible en línea: https://diariodecaracas.com/que-sucede/yucpas-protestan-cadaveres-tres-bebes-en-la-perija [Fecha de consulta: 29 enero de 2019].

ELLNER, Steve. 2014. El fenómeno Chávez. Sus orígenes y su impacto (hasta 2013). Caracas: Fundación Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos CELARG.

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICAS. 2012. Censo nacional de población y vivienda 2011. Empadronamiento de la población indígena de Venezuela. Caracas: INE.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 2008. Memoria y Cuenta 2007. Caracas: Minpi.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 2010. Memoria y Cuenta 2009. Caracas: Minpi.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 2011. Memoria y Cuenta 2010. Caracas: Minpi.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 2012. Memoria y Cuenta 2011. Caracas: Minpi.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 2013. Memoria 2012. Caracas: Minpi.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 2014. Memoria 2013. Caracas: Minpi.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS. 2015. Shabono. Para vivir viviendo. Bomuge. Be. Paraka. Atto. Yewit, Miichi. Caracas: Dirección de Comunicaciones y Relaciones Institucionales Minpi.

MORILLO, Alonso. 2016. “Entre la invisibilización y el etnocidio, una aproximación a las políticas de vivienda concebidas para pueblos indígenas en Venezuela (1958-1998)”. En: Boletín Antropológico. Vol. 34, Nº 92, pp. 7-32.

MORILLO, Alonso. 2017. “Políticas de vivienda para pueblos indígenas en Venezuela (1999-2006)”. En: Cuestiones Políticas. Vol. 33, Nº 58, pp. 125-148.

MOSONYI, Esteban. 2009. “Balance general de los diez años del proceso bolivariano: pueblos indígenas”, En: Revista Venezolana de Economía y Ciencias Sociales. Vol. 15, N° 1, pp. 155-172.

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S. A. 2006. Distritos sociales para la siembra petrolera. Caracas: Gerencia Corporativa de Asuntos Públicos de Pdvsa (marzo)

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S. A. 2007. Logros PDVSA-Distritos Sociales. Informe (Mimeo) (abril). Caracas.

PETRÓLEOS DE VENEZUELA, S. A. 2011. “PDVSA instala campamento de trabajo en Sinamaica”. En: Wayuunaiki. Vol X, Nº 141, p. 14.barrios”. En: Scripta Nova. Vol. XII, Nº 36. España.

POCATERRA, Jorge. 2009. Los Wayuu. Na Wayuukana. Maracaibo: Constructora Nolberto Odebrecht.

PRENSA GOBERNACIÓN INDÍGENA KARIÑA. 2012. “Monagas: Comunidad Kariña del estado denuncia a la Defensora Indígena por atropellos”. Disponible en línea: http://www.aporrea.org/ddhh/n203152.html [Fecha de consulta: 26 noviembre 2018].

RANGEL, Angie. 2007. “Misión Villanueva: un concepto integral de vivienda”. Disponible en línea: http://www.alopresidente.gob.ve/info/3/203/misiuen_villanuevaun_concepto.html [Fecha de consulta: 26 noviembre 2018].

RAMÍREZ, María Clemencia. 2010. “La antropología de la política pública”. En: Antípoda. Nº 10, pp. 13-17

SESTO, Farruco. 2009a. El espíritu de la comuna. Caracas: Colección Cuadernos para la Comuna.

SESTO, Farruco. 2009b. Vivienda para el socialismo. Memoria conceptual de una gestión. Caracas: Colección Cuadernos para la Comuna.

SESTO, Farruco. 2016. El derecho a la ciudad siguiendo a Chávez. Una guía didáctica. Caracas: Instituto de Altos Estudios del Pensamiento del Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías.

Notas