Introducción

El presente trabajo nace de las reflexiones que como académicas feministas nos suscitó el caso de una niña de once años que, siendo víctima de una violación intrafamiliar y habiendo solicitado la interrupción legal del embarazo (ILE) como contempla la ley en Argentina, es obligada a parir.

Lucía es el nombre que quienes se ocuparon del caso eligieron para resguardar la identidad, de una niña de once años de un pueblo semi-urbana de Tucumán, víctima de abuso sexual intrafamiliar y de un Estado patriarcal. Lucía se convirtió en un ícono de lo que ocurre en muchas familias donde la violencia, los maltratos y los abusos son parte de la vida cotidiana. Para las mujeres, el ámbito doméstico, lejos de ser un espacio de resguardo y cuidado, es el principal espacio en el que se vulneran nuestros derechos. En el caso de Lucía, ella fue violada por la pareja de su abuela quedando embarazada. En febrero de 2019, Lucía pidió “que me saquen esto que me puso adentro el viejo” sin embargo fue obligada a esperar la maduración del feto y a parir mediante una microcesárea en el Hospital del Este “Eva Perón” de Tucumán a pesar de que la ley argentina contempla la situación de forma clara en el Código Penal.

Los acontecimientos narrados por la mamá de Lucía, Sol -seudónimo para proteger su identidad-, tuvieron lugar en la localidad semi-rural de 7 de abril, en la provincia de Tucumán. Desde 2015 el país asiste a un vertiginoso proceso de neoliberalización del Estado, que ha implicado la priorización de la participación del Estado en el mercado financiero mundial en detrimento de las políticas de protección del mercado interno y el vaciamiento de políticas sociales. El proceso devaluatorio de la moneda nacional y el aumento acelerado del desempleo, sumado al desfinanciamiento de las políticas de promoción de derechos y asistencia social, ha subsumido a la población a altos niveles de empobrecimiento, impactando de diferentes maneras en las dinámicas familiares y las estrategias de supervivencia.

En Argentina, la violación es una de las causales para solicitar un aborto no punible desde el Código Penal de 1921, y ratificado por un protocolo de abortos no punibles que rige desde el año 2012. Este protocolo fue producto de un fallo, denominado Fallo F. A. L. (2012) de la Corte Suprema de la Nación, como respuesta a un recurso judicial que buscaba evitar el aborto de una joven embarazada producto de una violación, como tipifica el código penal. En dicho fallo, la Corte Suprema establece también que no se deben judicializar los abortos permitidos por la ley, ni exigir la intervención de más de un profesional con el objeto de evitar dilaciones y violencia institucional. Así mismo ratifica la obligación del Estado en cumplimentar este derecho ( Chejter, 2018).

La provincia de Tucumán presenta una serie de particularidades vinculadas a las políticas públicas propuestas por el Estado nacional, que en su anclaje territorial tiene consecuencias singulares en el acceso y ejercicio real de los derechos, en particular de las mujeres y niñas.

El Programa nacional de salud sexual y procreación responsable está vigente desde 2002 (Ley 25 673), sin embargo, en la provincia donde vive Lucía recién comenzó a discutirse en la legislatura en el año 2018 sin lograr la adhesión, lo cual supone 18 años de demora en la implementación de recursos y programas preventivos vinculados a la salud sexual de la población y de las mujeres en particular. Desde 2006 se encuentra vigente a nivel nacional la ley 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI) con diversas revisiones y actualizaciones en los años subsiguientes. Si bien la temática estaría incorporada en la currícula escolar obligatoria, no hay una efectiva adhesión a la ley nacional 26.150.

En agosto de 2018, sólo pocos meses antes de que la situación de Lucía tomara estado público, la provincia de Tucumán se declaró “provincia pro-vida”, invitando a los municipios que la integran a “adherir a las disposiciones de la ley y a desarrollar actividades y acciones a favor de las dos vidas” y sirviendo como justificación para sostener la no adhesión a otras leyes de ampliación de derechos. En relación con el Protocolo de Interrupción Legal del Embarazo (ILE), Tucumán tampoco adhirió a su implementación, ni se contemplaron las condiciones previstas en el código penal previamente existente en el caso de Lucía. En sintonía con estas resistencias a los derechos sexuales y no reproductivos mencionados, el Gobierno de Tucumán no adhirió a la Ley 27 499 conocida como “Ley Micaela” (2018) hasta el mes de mayo de 2020, siendo la última provincia en incorporar la capacitación y sensibilización con perspectiva de género y violencia de género para el personal público.

Esta contextualidad encarnada en los relatos de Lucía y su madre es la que constituye nuestro punto de partida para el análisis. Entendemos estos atravesamientos contextuales como una clara manifestación de la violencia expresiva y patriarcal sobre el cuerpo de la niña. Así mismo demuestra la manera en que las categorías de lo familiar puestas en el discurso público tienen efectos concretos en los cuerpos. Como señala Nayla Vacarezza (2012) los discursos conservadores movilizan ciertas imágenes que -como prácticas discursivas- tienen efectos en las representaciones sociales sobre el feto. Refiere la autora que estos discursos se proponen generar sentimientos que van desde el terror al aborto a la empatía y afecto sobre el “niño por nacer” mediante un efecto performativo. En este caso estas prácticas discursivas fueron puestas en el espacio público por quienes se oponían a los derechos de Lucía, pero así también de parte de quienes defendían su derecho a decidir: la figura de “madre” desde la exigencia de la maternidad obligatoria versus la noción de “niña” sujeto de derechos.

Mediante el análisis de contenido de los relatos de Sol, difundidos en diversos medios de comunicación digitales, gráficos y radiales del país de alcance nacional y provincial, este caso da cuenta de la forma en que la violencia patriarcal y neoliberal, se traduce en alianzas entre discursos conservadores, y se inscribe en los cuerpos de mujeres y niñas del territorio argentino. Para Lucía, ser niña, mujer y encontrarse en un sector de pobreza tiene consecuencias inmediatas que se expresan en el adulto centrismo, machismo y formas de apropiación de los cuerpos de parte de diferentes poderes políticos y religiosos. Se hará foco en la injerencia de diversos actores en el espacio social, principalmente tomando las posiciones ocupadas por actores religiosos y médicos como agentes del campo de la salud. El cuerpo de Lucía fue un territorio de disputas que sufrió múltiples y reiteradas vejaciones, maltratos y abusos. No sólo por parte del novio de su abuela sino también por parte del personal médico, religioso y político. Este cuerpo-territorio fue politizado por diferentes entidades que la construyeron como cuerpo obligatoriamente gestante más allá de su voluntad, a la vez que los feminismos buscaron desnaturalizar el constructo “mujer-reproductora-madre”. Estas acciones se manifestaron en su defensa judicial y con grandes repercusiones mediáticas como así también en el enunciado de campaña “Niñas, no madres” que circuló por las redes sociales. Hoy, esta consigna forma parte de una campaña feminista en Latinoamérica para denunciar ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la atención de esta problemática y es una consigna que se actualiza con cada nueva violación de niñas que toma estado público.

El accionar de estos agentes, refleja lo que Rita Segato (2008, 2014) señala de violencia en su dimensión expresiva, es decir cuando la posesión del cuerpo de Lucía disputa los sentidos sobre familia, maternidad, niñez y derechos no reproductivos que interpelan a la sociedad toda.

Metodología

A lo largo de este trabajo se parte desde una metodología feminista, porque supone -como plantea Patricia Castañeda Salgado (2014)- no sólo incorporar la categoría de género como variable, sino que también:

parte de la conceptualización de la desigualdad de género para visibilizar y desmontar los fundamentos de otros vectores de desigualdad, como los asociados con la clase social, la pertenencia étnica, la condición racial, la etárea ( Castañeda Salgado, 2014: 154).

El abordaje interseccional implica comprender la complejidad de opresiones, discriminaciones y violencias que atraviesan los cuerpos y que se anudan entre sí. Al decir de Muñoz (2011), la pobreza y el empobrecimiento de las mujeres afecta de manera diferenciada en función de categorías tales como el género, la raza, la etnia, la sexualidad, edad, la generación, la posición en la estructura familiar o la religión. La autora sostiene que muchas mujeres “se han visto forzadas a redefinir su sentido de subjetividad y de agencia social a partir de situaciones de vulnerabilidad estructural” ( Muñoz, 2011:13), por lo cual estas condiciones estructurales no pueden pasar inadvertidas en los estudios sociales.

Al mismo tiempo, asumir una metodología feminista demanda identificar nuestra posición de mujeres en la producción de saberes y reconocer que

siempre estamos “representando” realidades y sujetos. Por lo tanto, tenemos que hacernos cargo de lo que implica representar, asumir las responsabilidades que comporta, (...) de reconocer que cuando asumimos el rol de altavoces de las palabras de los sujetos con los que investigamos, no estamos exentas de modificar su mensaje. ( Irantzu y otros, 2014)

Se trabaja entonces el método cualitativo, mediante la técnica de análisis de contenido de medios de comunicación gráficos y radiales disponibles en modo digital. La selección de los recortes estuvo orientada por la elección de aquellas noticias sobre el caso que fueron construidas tomando las citas de la madre de Lucía o construida en forma de relato. Esta misma decisión nos permitió trabajar con diversas fuentes secundarias, acercándonos a un conjunto de relatos periodísticos que retoman de forma extensiva la textualidad en las entrevistas. Como contrapartida, implicó recuperar la voz de la madre de Lucía por sobre las voces opuestas a los derechos de la niña y su madre.

Por último, queremos dar cuenta de una decisión en plano metodológico que involucra una postura ético-política a la vez. A lo largo del presente artículo hemos buscado hacer uso de un lenguaje no generizado binariamente -dentro de las posibilidades de nuestra lengua- buscando no utilizar plural masculino como universal. Esto es significativo no sólo porque estamos posicionándonos desde la producción feminista sino también porque entendemos que el acto de nombrar -incluso desde la academia- construye realidades a la vez que silencia e invisibiliza a cuerpos y agentes que no entran dentro de dichas categorías binarias ( Flores, 2018). Ante esto, en las ocasiones en que no hemos podido encontrar una palabra más adecuada, hemos decidido usar el pronombre plural con “e” (por ejemplo: niñes), a los fines de no reducir su significante sólo a agentes masculinos o femeninos, sino poder incluir allí agentes trans y no-binaries.

La primera violencia: las mujeres y las violencias en el espacio social familiar

En este primer apartado analizaremos al espacio familiar como un ámbito que lejos de ser un escenario seguro para las mujeres y niñes es un escenario donde se reproducen múltiples formas de violencia patriarcal. Es decir “el sistema de todas las opresiones (...) es el sistema que oprime a la humanidad (mujeres, varones, personas intersexuales) y a la naturaleza construido históricamente y todos los días sobre el cuerpo de las mujeres” (Guzmán Arroyo, 2005: 2). En el espacio social familiar y doméstico se hacen cuerpo una serie de disposiciones contextuales (condiciones habitacionales, prácticas alimenticias, políticas sociales, de salud, acceso a bienes y servicios públicos, por ejemplo), que constituyen un engranaje central en la reproducción social. El estudio de las familias en las ciencias sociales y políticas tiene larga data, pero nos interesa resaltar referentes significativos para el desarrollo de nuestro trabajo.

Los aportes de Engels (1884) son un punto de partida para entender que la familia es resultado de los sistemas político-económicos, su vinculación con la noción de propiedad privada y la definición del lugar del Estado en esta interacción. Desde el estructural constructivismo, tomamos a Bourdieu (1997) que plantea a la familia como representación socialmente construida. En una línea similar, Elizabeth Jelin (1998) propone entenderla como una organización social en la que existen objetivos comunes, asignación de derechos y deberes y relaciones de poder. Tomando los aportes de González (1999). podemos entender a la familia como un espacio social en el que se plantean posiciones desiguales de poder y disputas en su interior sobre la resolución de las necesidades de los sujetos ( Gonzalez, Nucci y Soldevila, 1999), y donde las nociones de maternidad, paternidad, etcétera, no pueden ser entendidas como roles fijos sino como posiciones que se asumen en un campo y que se modifican según las trayectorias individuales y familiares ( Ortolanis, 2017). La maternalización sería la biologización de un conjunto de tareas de cuidado y de trabajo reproductivo que implica, ante todo, relaciones sociales signadas por los géneros, generación y relaciones de parentesco.

“La maternidad será elegida o no será” -dice la proclama feminista- nos llama a un proceso de desencialización tanto del lugar de las mujeres como de la maternidad reafirmando, como ya lo dijo De Beauvoir, que la biología no es destino ( De Beauvoir, 1949). Desde la perspectiva feminista materialista, autoras como Silvia Federicci (2013) y Nancy Fraser y Marta Lamas (1989) sostienen la silenciosa necesidad que tienen los sistemas productivos capitalistas del trabajo reproductivo no remunerado para poder seguir acumulando. Esto se sostiene a partir de una distribución cis-heterosexual del trabajo y de la naturalización del trabajo reproductivo como parte de un “don natural”. Una de las consecuencias que tiene esta naturalización de las tareas reproductivas es que estas tareas vinculadas al cuidado, a la educación, la crianza, transmisión de saberes, el mantenimiento del hogar y de les integrantes de las familias, se presenta como parte de un espacio privado. Al asociar el espacio familiar con el espacio privado, se crea una falsa idea de espacio no intervenido por otros actores de la sociedad. De este modo se atomizan y reprivatizan las responsabilidades ante las situaciones que generan conflicto.

El Estado, como productor de representaciones sociales ( Bourdieu, 1997), institucionaliza nociones sobre lo que es o no una familia, sobre lo que es cuidado o descuido, sobre lo que es saludable o no para determinados sujetos sociales. De este modo es parte activa de las singularidades que adquiere estas categorías en cada grupo familiar y de qué maneras se hace cuerpo en sus integrantes. Cuando las políticas públicas -en particular las vinculadas a la salud, seguridad social, educación- se ven menoscabadas en sus recursos, retraimiento de programas, y se restringe la incidencia en determinadas cuestiones sociales, aparecen otros actores sociales vinculados a sectores del mercado y de la asociación civil para intentar dar respuestas, pero principalmente recae nuevamente la responsabilidad de supervivencia y cuidado sobre las organizaciones familiares. En este sentido, entendemos que las características neoliberales que asume el Estado argentino entre 2015 y 2019, se da más prioridad al mercado en vez en lugar de a una intervención reguladora del Estado. Se asocia la idea de reprivatización de las responsabilidades sociales que se depositando en las familias y -en el mejor de los casos- en su capacidad de acceso a los servicios mercantilizados. La decisión de los diferentes agentes estatales de no asumir determinadas cuestiones sociales como temas de agenda pública, implican un posicionamiento con consecuencias en las formas de resolver las necesidades en el interior de las familias. En está línea es que tomamos la noción de familiarismo ( Esping-Andersen, 1996) para hacer referencia a una de las formas en que desde lógicas conservadoras se re-privatizan la sexualidad y la reproducción de los sujetos, con el fin de sostener estos temas dentro del ámbito familiar, entendido como privado, y ajeno al Estado y al reconocimiento de derechos, siguiendo el planteo de Nancy Fraser y Marta Lamas (1989).

Podríamos entonces, plantear que la reprivatización de las responsabilidades al espacio familiar se constituye como parte de estas formas de conservadurismos que buscan preservar una mirada naturalizada de la familia y de sus funciones en la sociedad. Con el fin de “preservar una vida”, los sectores conservadores en sus diversas alianzas, forzaron una gestación entendida como maternidad y desde una noción de familia biologicista y prescriptiva inexistente en la realidad cotidiana de Lucía. Ese carácter prescriptivo -que refuerza un modelo de familia entendido como “natural”- es el que habilita y legitima a los defensores de estos valores castigar y disciplinar a quienes no se ajustan a estas normas. Al respecto, Morán Faundes, Peñas Defagó y Vaggione (2018) advierten que la protección de ciertos valores tradicionales como “la familia” constituye una forma en que se expresa la oposición a los derechos sexuales y reproductivos. y por lo cual “la familia” debe ser protegida para que no desaparezca, y con ella este modelo de sociedad. Al mismo tiempo, este tipo de discursos reproduce una idea del espacio familiar como un ámbito socialmente idealizado y armonioso donde prima el afecto, pero que oculta cómo este espacio reproduce múltiples violencias.

El espacio familiar de Lucía es parte de estas dinámicas sociales: es espacio de cuidado y crianza, pero también un espacio de múltiples violencias. Como sucede en los sectores populares de Argentina, la convivencia de diversas generaciones constituye una estrategia habitacional pero principalmente se configura como una estrategia de cuidado. En el caso de Lucía, donde desconocemos las trayectorias familiares que hicieron que la niña fuera co-criada por su abuela, la presencia de la abuela y el abuelo “afín” y abusador de Lucía ¹ constituyen actores adultos de referencia en este espacio al igual que su madre.

Como señala Segato (2008), los actos de violación constituyen una de estas formas de violencia que en un acto de dominación operan sobre los cuerpos como territorios. El abuso sexual en el espacio familiar y doméstico supone un tipo de abuso en donde las mujeres y las infancias constituyen el territorio que los varones dominan por encontrarse bajo su dependencia y control. Más aún, resultan invisibles porque se naturaliza el uso y abuso de estos cuerpos feminizados subordinados al patriarca proveedor/poseedor.

Sin embargo, el espacio familiar como espacio heterogéneo y de disputas, supone reconocer que no sólo se reproduce la violencia, sino que también allí se producen acciones reparadoras sobre la vulneración de derechos de Lucía. Resulta central como en esta historia, la madre de Lucía, escucha la voluntad de su hija y se enfrenta a un aparato patriarcal institucionalizado representado en la figura de agentes del Estado y agentes religiosos que continúan perpetrando abusos sobre su hija.

En un medio de comunicación, Sol relata cómo -ante el primer mandato de género que la posiciona como la adulta que debe cuidar y reproducir estos cuidados- ella atiende la decisión de Lucía que resulta muy clara en su deseo de no llevar adelante el embarazo expresado desde su propia visión de niña: “que me saquen lo que el viejo me puso dentro” -expresó Lucía-. Así también lo cuenta Sol en un medio periodístico:

Yo primero había dicho que me iba a hacer cargo del bebé. Me dieron cuatro días para que vaya a mi casa y piense. Cuando volvíamos del hospital, mi hija me dice: “No, mamá. No quiero que vos lo críes. Yo no lo quiero.” Me puse a pensar para qué iba a venir una criatura al mundo si se iba a criar bajo un odio, porque no era deseada. Cuando me traen al hospital y me vuelven a preguntar, dije que se haga la voluntad de mi hija (que se lleve a cabo un aborto). Ahí quedamos internadas. Eso hemos pedido desde que llegamos al hospital. Supuestamente había una ley que la amparaba y queríamos que se respetara. (Cosecha Roja, 2 mayo 2019)

A pesar de que no es preciso realizar una denuncia de abuso sexual para solicitar la ILE, y sin reconocer que la misma hizo todo lo posible por defender y acompañar a la pequeña, la justicia se basó en este argumento para retirar a Sol el cuidado personal de Lucía como señala un medio de comunicación (La Nota Tucumán, 1 mayo 2019). De alguna manera, Sol, quien pudo accionar en la defensa de la autonomía de su hija, termina siendo castigada por el mismo sistema que violó sus derechos y ejerce maltrato sobre la niña, pierde la tutela de su hija de forma provisoria:

Después de la cesárea había veces que le daban comida a ella y a mí no. Me daban permiso para que la lleve a la mañana a la casa de mi hermano y volvíamos al hospital de noche. Un día le agarró una crisis de nervios y se orinó en la puerta porque no quería entrar al hospital. Así estuvimos más de dos semanas hasta que la jueza (Valeria Judith Brand, a cargo del Juzgado de familia) le dio la tutela provisoria a mi hermano por seis meses. (Cosecha Roja, 2 mayo 2019)

El incumplimiento con los estereotipos de género -en este caso el de la maternidad como destino biológico- y la búsqueda de la interrupción no punible del embarazo de su hija, es motivo para el castigo social y el estigma, no sólo por parte del personal de la institución de salud, sino también por parte del poder judicial y por parte de la ciudadanía. Sol refiere que se habían agrupado personas en la puerta del hospital que le gritaban asesina cuando ella pasaba (Clarín, 2 mayo 2019). Marcela Lagarde (2005) aporta algunos argumentos para comprender este cuadro de situación cuando refiere que nacer mujeres parece implicar un futuro prefijado que constituye cautiverios, particularmente el de mujer madresposa, a partir del cual, quienes intentan un corrimiento de estos mandatos son identificadas como locas, putas o raras.

Según la ley 26.062 cualquier adulto que toma conocimiento de una situación de maltrato hacia niñes debe ponerlo en conocimiento a las autoridades correspondientes (art 6-7). No hay registros en las notas periodísticas de que Sol se haya negado a denunciar la violación. Más bien ella lo puso en conocimiento ante la justicia, pese a no haber realizado estrictamente una denuncia, y priorizó la atención de salud de su hija. Sin embargo, la justicia castiga a Sol quitándole la posibilidad de seguir protegiendo a su hija, siendo está una manera en que se sanciona a muchas madres de sectores populares. En ejercicio de posición de adulta responsable de la niña, Sol protegió a su hija tomando decisiones en pos de sus derechos y del interés superior del niño ( ley 26.061). No sólo en los reclamos formales, sino también reconociendo su padecimiento, sus necesidades de niña de jugar, sus temores, su incertidumbre.

Retomando a Bourdieu (1997) advertimos cómo la categoría de lo familiar - junto con la de madre e hija- aparecen en los discursos sociales con cierta presunción de existencia objetiva, donde es el mismo Estado el que tiene un papel central en la reproducción de este modelo familiar patriarcal sobre las subjetividades. En el caso de Lucía esto se advierte en su máxima expresión, por un lado, al configurarse una violencia e imposición patriarcal cuando se la obliga a gestar y parir -como veremos en el apartado siguiente- y por el otro cuando la madre de Lucía es disciplinada por no reproducir este modelo. Sin embargo, en la reproducción de este ideal de familia hegemónico, basado en la opresión del cuerpo de las mujeres, el Estado no es el único agente interviniente en el campo que disputa los sentidos de familia, mujer, madre, niña.

La imbricación de la violencia estatal y el sector religioso conservador en el campo de la salud pública

La familia no es el único ámbito en donde se manifiestan las violencias contra las mujeres. Como se viene analizando, el espacio estatal también constituye un campo de disputas donde confluyen actores que operan en la definición de las políticas sociales y que en las historias singulares se expresan en contiendas sobre los derechos de las personas y sus cuerpos de formas concretas.

Asistimos a un escenario de pérdida de derechos de mano de un Estado neoliberal que también se constituye en territorio de disputas. En este marco, diferentes actores sociales han asumido la tarea de facilitar a las familias el acceso a recursos tales como alimentos y vestimentas a partir de la apertura de comedores comunitarios y ferias de intercambio de ropa. Las iglesias cristianas -católicas y evangélicas- han sabido entramarse territorialmente en este sentido, formando parte de las estrategias familiares para la resolución de necesidades ( Algranti, 2018; Algranti y Mosqueira, 2018; Capdevielle, 2012).

Respecto a los derechos sexuales y reproductivos, se advierte cómo el Poder Judicial Nacional reconoce un protocolo de ILE ratificado con el Fallo FAL en 2012. Pero también se observa al Estado ausente como garante de derechos, aunque presente a partir de sus agentes como actores que obstaculizaron el acceso a ese derecho, torturando a una niña a gestar en contra de su voluntad ( Oszlak y O Donnell, 1995; Pecheny y De La Dehesa, 2011). De esta manera, el Estado no ejerce su acción de forma uniforme, sino que es parte de estas disputas donde los cuerpos de las niñas y las mujeres son parte de estas luchas.

Los medios de comunicación se hicieron eco de los agentes de salud, que operaron obstaculizando los derechos de Lucía. Aparece la figura del médico letrado y varón, que desplegó diferentes estrategias para evitar el embarazo:

el médico, le dijo: “Si no querés darlo en adopción, te prometo que me hago cargo del bebé. Lo voy a criar como mi propio hijo... Aguantá mamita, que a los siete meses te prometo hacerte tu casa. Vas a tener toda la comodidad que tu hija se merece. (Clarín, 2 mayo 2019 fragmento citado del diario La Nota).

Como se advierte en esta parte del relato, Sol da cuenta de esta expresión “aguantá” como una estrategia de manipulación acompañada de promesas de adopción y de recursos materiales. La posición social, económica y cultural del médico expresa esta desigualdad de poder favoreciendo las condiciones para ejercer presión y manipulación en el momento de la toma de decisiones de la madre de Lucía.

Un aspecto que da cuenta de esta desigualdad es la centralidad de la vivienda en el relato y la necesidad de la familia. La promesa de la vivienda como un recurso central para las familias que no pueden acceder a este derecho resulta una estrategia del médico que no pasa desapercibida para Sol. Junto con esto, el acceso a la educación se añade al chantaje ejercido por este agente de salud, en un contexto macro social de empobrecimiento progresivo y de ausencia de políticas sociales que posibilitan a las familias la resolución de necesidades socio-habitacionales. En este sentido, Sol reconoció que el interés de esta autoridad médica era un interés de tipo mercantilizado:

Me llegó a decir que, si estaba preocupada porque la bebé vaya a una casa hogar o adopción, que no me preocupe, porque él la iba a hacer reconocer. La iba a criar como a su hija y me iba a ayudar para que ella estudie. Que le iba a construir una casa a Lucía para que esté bien. De hecho, fue el 7 de abril, cuando hizo destechar cuatro habitaciones de mi casa. Supuestamente iba a tirarla abajo para construirla de nuevo. Nunca volvió y mi casa que quedó sin esos techos. Nunca pensé que estaba comprando a la criatura. Yo pensé que lo hacía por amor. Cuando se ha enterado que yo he pedido que le hagan el aborto a la chiquita, desapareció. (Clarín, 2 mayo 2019)

En la misma línea en el periódico Cosecha Roja, aparece un testimonio similar de Sol, donde denuncia el valor económico que tenía el cuerpo de la niña y el precio de su autonomía:

Vigliocco [el médico] me prometió que iba a hacer estudiar a todas mis hijas, que al bebé lo iba a criar él y que iba a ser alguien el día de mañana. No podía creer que me quería comprar la vida de la criatura. A mi hija le regaló una tablet. Todos los días le preguntaba cómo estaba, le mandaba caramelos. Todo el tiempo me decía que aguante los siete meses. Cuando le dije que no y pedí que busquen la forma de operarla, él desapareció hasta hoy. (Cosecha Roja, 2 mayo 2019)

Así mismo se advierte cómo este agente de salud, reproduce en su discurso médico una posición moral y religiosa en oposición al aborto. Lo llamativo de este agente, es que utiliza sus credenciales profesionales desde un discurso médico y científico para defender una posición religiosa. Esta estrategia es denominada por Vaggione (2014) como “secularización estratégica” que, si lo analizamos en este agente particular, se expresa por un uso estratégico de su posición profesional para fines religiosos, lo que da cuenta de la alianza entre las esferas seculares y religiosas dentro del campo de la salud pública.

Este médico logró convencer a Sol de que la práctica del aborto implicaba un riesgo de muerte para su hija, bajo responsabilidad exclusiva de ella como madre, en articulación con un complejo discurso médico que Sol no podía disputar ante la autoridad médica y que le resultaba incomprensible:

[Haciendo referencia al médico] Todo el tiempo me insistía con que corría riesgo de morir. Había cosas que me decían que yo no entendía. Me explica de la matriz de ella, me dice que tenía que firmar la operación y que si mi hija moría la única responsable iba a ser yo. Me daba miedo firmar por eso. (La Nota, 1 mayo 2019)

El saber y el poder se implican mutuamente (Foucault, 2002:19) configurando una trama más de opresión en las relaciones entre sujetos. El poder médico-hegemónico en nuestras sociedades occidentales modernas es un saber limitado y legitimado per se con pretensión de verdad. Desde este lugar de legitimación que le otorga su matrícula y por su posición dentro del sistema de salud, se erige para plantear una instancia de supuesto “diálogo” con una mujer con escasos recursos educativos y atemorizada por la vida de su hija. En este encuadre, el uso del consentimiento informado ², lejos de constituir un dispositivo de reafirmación de autonomía y de decisión para Sol, es utilizado por el médico y por la institución a cargo como un dispositivo amenazante y responsabilizante; en donde Sol como madre es responsable sobre la vida de la niña. Lo mismo fue denunciado en Página 12, cuando se relata que, aun teniendo el consentimiento firmado, nadie le decía a Sol dónde debía entregar el documento:

En el hospital “a la madre le dijeron que si le hacían la ILE la iban a vaciar, le iban a quitar todo el útero y no iba a poder tener más hijos”, con estas palabras Florencia Vallino -abogada de la organización de derechos humanos Andhes- reveló a Página/12 el amedrentamiento que recibió la mamá. Incluso, contó que la mujer tenía firmado hacia varios días el consentimiento informado de la práctica pero que nadie le explicó dónde tenía que entregarlo. (Página 12, 28 febrero 2019)

Por otra parte. este médico no es el único agente visible que opera en el marco de la institución de salud. Las estrategias desplegadas por el sacerdote y capellán del hospital público desde 2017 -por convenio del Siprosa con el Arzobispado de Tucumán ³- que entra a “visitar” a la niña a pesar de que la misma manifestaba tenerles miedo a los hombres. También resulta un actor relevante a la hora de comprender el proceso mediante el cual se disciplinaba a esta niña y a su madre y se obstaculizaron el ejercicio de sus derechos.

Las cúpulas de la Iglesia católica se han constituido en referentes politizados entre los posicionamientos conservadores ⁴, no sólo en contra de la legalización del aborto sino también en todos los debates que afectan de alguna manera el ejercicio de derechos sexuales y (no) reproductivos. De este modo, desde fines de los años 80 vienen planteando su oposición a la ley de divorcio, a la patria potestad compartida, al matrimonio entre personas del mismo sexo, la ley de identidad de género, la legalización del aborto y la ley de educación sexual integral ( Carbonelli, Mosqueira y Felitti, 2011; Felitti y Prieto, 2018; Giménez Béliveau y Fernández, 2018; Giménez Béliveau, Irrazábal y Griera, 2018).

Campañas que han tenido amplia difusión en Latinoamérica como la denominada “Con mis hijos no te metas” contra la llamada “ideología de género” ( González Vélez et al., 2018 ) son el claro ejemplo de cómo el discurso familiarista es articulado desde los conservadurismos en oposición a los derechos sexuales y a la autonomía de los cuerpos de niñas, niños y adolescentes.

Estos procesos obedecen a lo que Vaggione (2014) denomina “politización reactiva” de los sectores conservadores movilizados en la sociedad civil

como defensa de un orden tradicional amenazado por el feminismo y el movimiento de minorías sexuales. Frente al pluralismo y la relativización, la Iglesia y las organizaciones religiosas se constituyen en los defensores de un orden tradicional y natural montado sobre la familia. ( Vaggione, 2014: 61)

Sol se reconoce creyente católica, sin embargo, la situación de su hija la confronta a sus creencias religiosas y se posiciona desde lugares que no son los que las autoridades religiosas proponen (Giménez Béliveau y Irrazábal, 2008). Ella como muchas personas creyentes que no ocupan lugares de jerarquía, tienen la capacidad de tomar decisiones y acciones que no necesariamente se condicen con los discursos religiosos de las cúpulas religiosas, ejerciendo autonomía interpretativa sobre sus creencias, como define Dillon (1999). Sin dejar su lugar de creyente católica, Sol se manifiesta en las entrevistas de forma crítica el rol de este agente pastoral advirtiendo que el sacerdote “no iba a rezar”:

Iba el cura ese, entraba a la habitación con el teléfono en la mano, le hacía la señal de la cruz en la frente a mi hija y le decía que Dios no quería que haya muertes. Decía que: ¿por qué yo le quería hacer el aborto si podía seguir con la criatura? Lucía no dejaba que el cura le haga la señal de la cruz, no permitía que se le acerque ningún hombre. Pero él iba todos los días. Es el capellán del hospital, Roque Olea. Iba con ropa normal, nunca fue vestido de cura. (...) Me preguntaba: ¿qué iba a pasar con la bebé, si la iba a dar en adopción o si la iba a criar? No iba a rezar. Sólo a preguntar cosas. A mi me parecía raro porque sólo preguntaba sobre el bebé. A veces venía mañana y tarde. Me molestaba que él vaya. Si es un cura, ¿por qué nunca nos llevó ni una estampita de la Virgen? Yo soy católica. (Clarín, 2 mayo 2019)

Asimismo, Sol señala que “sólo preguntaba por el bebé”, negando la existencia y el padecimiento de dos personas, Lucía y su madre, en esta reproducción del poder patriarcal que ubica a Lucía como gestante, como madre obligada, destinada, desdibujando sus derechos como niña ante la obstinación de algunos agentes por evitar el aborto. Se produce entonces una operación en la cual, para los sectores conservadores, Lucía queda borrada como un sujeto de derechos y pasa a ser un cuerpo gestante. Como señala Vacarezza: “cada vez que el feto público es presentado como un ‘humano’, una ‘persona’, un ‘bebé’ o un ‘hijo’ se realiza una elisión temporal que suprime el carácter procesual del embarazo y anula la importancia del parto.” ( Vacarezza, 2012: 50).

Asimismo, aparece de forma clara el uso de las enseñanzas religiosas para reforzar la posición del sacerdote con el objeto de modificar la decisión de Lucía y su madre:

A mi hija el cura le decía que ella lo tenía que querer al bebé. Ella le respondía “no lo quiero”. Él le contaba la historia de la Virgen de Guadalupe. Ella le gritaba para decirle que no se le arrime y él lo hacía igual para hacerle la señal de la cruz en la frente. Él me decía que Dios no dice que se maten (bebés), preguntaba: ¿por qué no lo daba en adopción? Me decía cosas que no tenía por qué decir si era un cura. (Cosecha Roja, 2 mayo 2019)

Esta cita también expresa cómo la presencia del sacerdote se constituyó en una estrategia de presión, que acompañó la dilatación de la práctica de la ILE. Su presencia, que era amenazante para la niña, se constituyó en una forma más de violencia institucional que esta niña y su madre tuvieron que soportar cotidianamente durante la internación. El adultocentrismo invisibiliza no sólo la fragilidad del cuerpo de Lucía, sino su palabra, sus decisiones, sus temores, sus deseos ( Bard Wigdor, Johnson y Vaggione, 2017). La presencia de estos dos agentes que ostentan su autoridad médica y religiosa dan cuenta de continuos procesos de control sobre el cuerpo de la niña, que se vuelve un territorio de disputas, una voluntad que quebrantar o que comprar ( Gudiño Bessone, 2017).

De esta manera, se conforma un espacio de la salud pública que da cuenta de un Estado que no es laico, sino que introduce a representantes de la Iglesia católica -no se hacen presentes otros referentes religiosos de otras identidades religiosas- que tiene carácter hegemónico en nuestra sociedad y que utiliza esta posición de autoridad de manera deliberada. Esto permite reafirmar que la tarea del agente religioso en este marco, lejos de ser una función de asistencia y contención espiritual, se constituye en dispositivo de control y disciplinamiento.

La gravedad de este caso se vincula a diferentes factores. De lado, se obstaculizó con diferentes medidas administrativas la implementación de la ILE. Al mismo, tiempo se desconoció la necesidad de un abordaje desde la salud integral, al obstaculizar el involucramiento de profesionales de la salud mental y del servicio social institucional. Por último, la situación se agrava con la decisión médica e institucional de realizar intervenciones invasivas sobre el cuerpo de Lucía para la maduración fetal, sin la autorización de la adulta a cargo de la niña al tiempo que se las ocultaba intencionalmente, como se detalló a posteriori en diferentes medios de comunicación.

Así también este relato da cuenta de cómo hasta el último momento la posición de los agentes de salud, reproduce y refuerza las relaciones desiguales de poder, deslegitimando la palabra y la experiencia vivida en el cuerpo subalternizado de Lucía y de su madre.

A los 15 días a partir de que Lucía quedó internada en el Hospital del Este, a Sol un médico le dijo que si su hija abortaba podía morirse y que ella sería la culpable. Un sacerdote le dijo que Dios no quería muerte. Vio como afuera del Hospital donde estaba internada Lucía esperando que le practiquen la Interrupción Legal del Embarazo (ILE) un grupo de personas se juntaban para gritarles asesina. Y sostuvo la mano de su hija que le rogaba que no la deje: en lo único que podía pensar en ese momento era en aquellas palabras del doctor cuando le dijo que en su conciencia pesaría la muerte de su hija. Pero cuando terminó la intervención médica, lloró. De la alegría. Del alivio. De saber que su hija estaba bien y con vida. Lucía estaba con vida”, describió el periodista en su texto. (Clarín, 2 mayo 2019)

Otro agente religioso que violó un derecho de la niña fue el arzobispo de Tucumán, al exponer la identidad real de Lucía públicamente ⁵ que no pasó desapercibido en los medios de comunicación, dando lugar a la crítica pública y la estigmatización social.

Estas imbricaciones entre diferentes actores, da cuenta de que el Estado argentino lejos está de constituirse en un Estado laico de manera efectiva en los diversos territorios. Es por ello que situaciones como la de Lucía movilizan en el espacio público aquellas disputas por la separación entre la Iglesia católica y el Estado. Los feminismos demandan esta laicidad entendiendo que la efectiva separación del aparato estatal de las estructuras institucionales religiosas constituye un aspecto central para avanzar en conquistas respecto a los derechos sexuales y (no) reproductivos. En el caso de Lucía esta lucha supone el reconocimiento del valor de la sexualidad entendida como la vivencia plena y el respeto por su corporalidad de manera independiente de la dimensión reproductiva en el momento de las discusiones sobre políticas públicas.

La articulación de una campaña desde los feminismos, la defensa de Lucía como niña sujeta de derechos

En la narración que realiza Sol, nos encontramos con una niña que con claridad expresa no querer seguir adelante con la gestación y una madre que sabe que a su hija le corresponde el acceso a una interrupción legal del embarazo, pero sin las herramientas ni la información para seguir ese camino. La doctora jefa del Servicio de Tocoginecología, comunicó los derechos correspondientes de la niña y la misma fiscal Reuter reconoce ante Sol la normativa vigente. Sin embargo, no se garantizó el ejercicio del derecho de la niña y en el momento de la internación se dio lugar a dilaciones y obstaculizaciones de la ILE como denunciaron los colectivos de abogados y activistas por los derechos humanos del noroeste, Andhes y Cladem ⁶.

Estas prácticas fueron señaladas como formas de tortura, como denunciaron de forma coincidente diarios provinciales como La Nota de Tucumán, y otros de mayor alcance como Clarín y Página 12, haciéndose eco de las declaraciones de las organizaciones que defendieron los derechos de Lucía.

Lo que hicieron con Lucía equivale a la tortura, además de otras violaciones a sus derechos como paciente y como niña. No sólo no fue escuchada, sino que recibió tratamientos contra su voluntad como inyectables con corticoides para madurar el feto que ella quería expulsar. (...) Denunciaron la sucesión de violaciones de derechos a los que fue sometida la niña, cuyo embarazo fue detectado por el mismo sistema de salud provincial alrededor de un mes atrás. (Página 12, 28 febrero 2019)

Ante la respuesta de micro cesárea en lugar de ILE, los colectivos feministas y de derechos humanos hicieron hincapié en la obligación que se impone a las mujeres de ser madres y de parir. Desde los sectores feministas y de derechos humanos se buscó poner en cuestión la natural relación entre gestar, parir y la noción de maternidad. Mientras tanto, un conjunto de actores estatales desplegaba su estrategia dilatoria, forzando la continuidad del embarazo en claro mensaje disciplinante no sólo a Lucía y a su entorno sino al conjunto de la sociedad.

La cobertura mediática del caso y los testimonios recogidos fueron centrales para esta politización del caso, al punto tal que permitió evidenciar la gravedad de la vulneración de derechos. Así también la historia de Lucía movilizó una campaña mediática que se popularizó con el hashtag #NiñasNoMadres, problematizando los lugares socialmente construidos para los cuerpos de las mujeres. A partir de dicha campaña las mujeres se solidarizaron con Lucía publicando fotos de ellas mismas a la edad de Lucía, narrando juegos y anécdotas de la niñez, en contraste con lo que se estaba haciendo al obligarla a parir y pretender de ella el “ser madre”.

Hoy se articula esta demanda desde una campaña en Latinoamérica y el Caribe. En Argentina ha sido difundida por la colectiva La Revuelta Socorristas en Red. La campaña denuncia que en Argentina cada tres horas una niña de entre 10 a 14 años atraviesa un parto, y el 80% de los casos de embarazos en niñas es producto del abuso sexual intrafamiliar, de acuerdo a lo documentado por Unicef Argentina (2018).

El caso de Lucía se ha vuelto el caso testigo de Argentina, a partir del cual se denunció, en septiembre de 2019, al Estado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos por violar el derecho a la ILE de acuerdo a las causales vigentes en el código penal (Infobae, 25 septiembre 2019). Como señala la campaña, la garantía de la ILE se vuelve central en el marco de un proceso legislativo que en 2018 no aprobó la Ley de Interrupción Legal del Embarazo.

Si analizamos las reacciones de las instituciones religiosas también es posible encontrar un proceso de politización de la temática, no ajena de tensiones, especialmente hacia el interior del colectivo de creyentes, entre quienes no hay posiciones homogéneas al respecto (II Encuesta nacional de prácticas y creencias religiosas en Argentina, CEILCONICET, 2019).

Desde los colectivos religiosos cristianos posicionados a favor de la legalización del aborto y en contra de las acciones que perpetraron los agentes religiosos, se manifestaron públicamente en los medios de comunicación y en las redes ⁷, teniendo escasa repercusión mediática y legitimidad dentro de las comunidades religiosas.

Asimismo, esta complejidad se advierte desde el posicionamiento de la abogada Soledad Deza, abogada de Católicas por el Derecho a Decidir, quien actuó en defensa de la niña, formando parte de una organización católica disidente.

“No estamos frente a una objeción de conciencia común, lamentablemente acá hubo un accionar político conservador iniciado desde el Poder Ejecutivo y convalidado por el Ministerio Público, dirigido meticulosamente a intentar que Tucumán vuelva atrás en derechos. Abortar en caso de abuso o riesgo para la salud es una opción legal. El Estado tiene que asegurar la práctica”, señaló Deza. (Página 12, 28 febrero 2019)

Otro actor que da cuenta de la complejidad de estas identificaciones religiosas, es el de la médica practicante, quien se identificó ante los medios (Página/12) como “católica practicante” y “a favor de la despenalización del aborto”. Siendo objetora de conciencia, terminó acompañando a su esposo como instrumentadora quirúrgica en la micro-cesárea (Página 12, 28 de febrero de 2019) planteando una serie de argumentos por lo cual -más allá de la posición de objetores- ya no era posible vehiculizar un aborto, considerando el estado de salud de Lucía. Así mismo tanto ella como su esposo terminaron siendo imputados judicialmente por los sectores anti-derechos, acusados por intervenir para salvar la vida de Lucía.

Así también, el Ministerio de Salud de la Provincia de Tucumán, manifestó en un comunicado su “voluntad de salvar las dos vidas” (nota radial difundida en “La mirada despierta”, radio Continental, 27 febrero 2019) que no resulta sorpresivo si se toman en cuenta las declaraciones previas sobre la posición “pro-vida” de la provincia de Tucumán.

La complejidad de estos posicionamientos identificados, permite comprender que el planteo por la defensa de los derechos sexuales reproductivos y no reproductivos no responde necesariamente al binarismo que identifica “religioso con conservador” y “secularización con progresismo” ( Peñas Defagó, Moran Faundes y Vaggione, 2018). En este sentido se puede advertir cómo se pone en jaque la laicidad del gobierno provincial y de la Salud Pública, cuando se dirimen en el espacio público los derechos sexuales y no reproductivos.

Sin embargo, en este entramado social, podemos encontrar otras alianzas posibles, que dan cuenta de la complejidad de las identificaciones de diversos agentes institucionales “creyentes” (abogados, médicos intervinientes) en defensa de Lucía, así como también de las organizaciones y los colectivos religiosos a favor de la laicidad del Estado y de los derechos sexuales y (no) reproductivos ( Brown, 2014).

Conclusiones

A lo largo de este trabajo, a partir del caso de Lucía, se buscó analizar la trama que teje el poder patriarcal en distintos espacios sociales. En este contexto se ha vulnerando, obstaculiza y restringido los derechos de las mujeres. Las opresiones se anudan de forma cruenta por la condición de niña, así como por la posición socioeconómica en un escenario neoliberal excluyente. Se devela un entramado de relaciones de poder que enlaza ciertas formas de violencia patriarcal que atraviesa el espacio social familiar y que se reactualiza en las instituciones públicas y religiosas. El trasfondo de estas formas de violencia da cuenta de discursos y estrategias que se proponen perpetuar un modelo de familia con roles naturales y estancos, biologizando las tareas de cuidado y reproductivas asignadas a las mujeres, silenciando la voz de les niñes de manera sistemática -como lo hicieron con Lucía- y justificando las formas de violencia basadas en las relaciones de poder. Aunque también orientada a controlar y disciplinar a aquellas personas que no se amoldan a dichas normas y que bajo su perspectiva pondrían en riesgo la familia patriarcal.

Estas normas sociales y culturales del patriarcado-adultocéntrico, se configuran como prescriptivas para las mujeres en tanto destino predeterminado y se constituyen en formas de violencia simbólica avaladas por las estructuras sociales que las reproducen. La lucha por la autodeterminación de las mujeres -de las personas gestantes y de los sujetos feminizados- significa la soberanía sobre el propio cuerpo-territorio, con las autonomías relativas a cada generación y coyuntura. Las violencias que recibió Lucía en su cuerpo de niña, así como su madre, constituyen en términos de violencia expresiva un mensaje disciplinante para el resto de la sociedad: “una ‘buena mujer y madre’ no se rebela ante el mandato natural de parir”.

Entendemos que la separación e interacción entre las esferas religiosas y noreligiosas son parte de estos dispositivos que operan sobre los cuerpos mediante alianzas conservadoras. El caso de Lucía nos advierte que existen alianzas históricas, arraigadas en las instituciones y en las subjetividades de los agentes, y que la tarea de los activismos es grande. De alguna manera, lo que denuncian estos activismos se ve reflejado en las diversas denuncias a través de los medios de comunicación que entienden al cuerpo de Lucía como conquista patriarcal por parte de los sectores conservadores. De este modo, estas reflexiones desde la academia feminista no sólo tienen un carácter de denuncia y visibilización de las “Lucías” que siguen existiendo en Argentina, sino que al mismo tiempo se busca comprender estas tramas de poder. Sin embargo, dichas tramas de poder no están exentas de fisuras, sino que, por el contrario, en su interior se dan múltiples tensiones. A partir de esta lectura invitamos a pensar otras alianzas posibles, que propongan salir de los binarismos “religioso/no-religioso”, “conservador/no-conservador”, que hoy no dan cuenta de la complejidad de la trama de posiciones de poder. Invitamos a pensar una sociedad donde los actores sociales, cada uno desde su posición en el campo, puedan plantear sus alianzas en términos de ampliación y efectivización de los Derechos Humanos, en particular de les niñes y los sectores subalternizados por esta sociedad capitalista y patriarcal.

Referencias bibliográficas

ALGRANTI, Joaquín. El Juego de las interpretaciones religiosas. Aproximaciones al estudio de las representaciones evangélicas sobre la situación social de la Argentina. En: CERIANI CERNÁDAS, César y ESPINOSA, Mariana (Eds.) Argentina Evangélica. Estudios Socio Antropológicos sobre misiones e iglesias. Santiago del Estero: Bellas Alas Editorial. Córdoba: IDACOR-UNC/Conicet, 2018.

_________ y MOSQUEIRA, Mariela. Socio-génesis de los dispositivos evangélicos de “rehabilitación” de usuarios de drogas en Argentina. Salud Colectiva, 14, pp. 305-322, 2018.

BARD WIGDOR, Gabriela; JOHNSON, María Cecilia y VAGGIONE, Juan Marco. Prácticas tuteladas: Masculinidad y adultocentrismo en la decisión del aborto. Revista de Ciencias Sociales, 38, pp. 20-44, 2017.

BOURDIEU, Pierre. El Espíritu de familia. En: Razones prácticas. Sobre la teoría de la acción. Barcelona: Anagrama, 1997.

BROWN, Josefina Leonor. Mujeres y Ciudadanía en Argentina. Debates teóricos y políticos sobre derechos (no) reproductivos y sexuales (1990-2006). Buenos Aires: Teseo, 2014.

CARBONELLI, Marcos; MOSQUEIRA, Mariela y FELITTI, Karina. Religión, sexualidad y política en la Argentina: intervenciones católicas y evangélicas entorno al aborto y el matrimonio igualitario. Revista del Centro de Investigación. Universidad La Salle, 9 (36), pp. 25-43, 2011.

CASTAÑEDA SALGADO, Martha Patricia. Investigación feminista: caracterización y prospectiva. En: MONTIEL, E. (ed.), Pensar un mundo durable para todos. Lima y Guatemala: UNESCO, Universidad Mayor de San Marcos, 2014.

CAPDEVIELLE, Julieta. Hilvanando redes entre familias e Iglesias evangélicas en contextos de pobreza en Córdoba, Argentina. Revista Austral de Ciencias Sociales, 23, pp. 5-23, 2012.

CHEJTER, Silvia; ISLA, Valeria; RAMOS, Silvina; FINZI, Tamar; GUALDONI, Natalia. Abusos sexuales y embarazo forzado en la niñez y adolescencia: lineamientos para su abordaje interinstitucional. Ciudad Autónoma de Buenos Aires: Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia. Plan Nacional de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia, 2018.

DE BEAUVOIR, Simone. El segundo sexo. Los hechos y los mitos. La experiencia vivida. Buenos Aires: Siglo XXI, 1949.

DILLON, Michele. The Authority of the Holy Revisited: Habermas, Religion, and Emancipatory Possibilities. Sociological Theory, 17 (3), pp. 290-306, 1999.

ESPING-ANDERSEN, Gøsta. The Three Worlds of Welfare Capitalism. Princeton, New Jersey: Princeton University Press, 1996.

FEDERICCI, Silvia. La revolución en punto cero: Trabajo doméstico, reproducción y luchas feministas. Madrid: Edición Traficantes de Sueños, 2013.

FELITTI, Karina y PRIETO, Sol. Configuraciones de la laicidad en los debates por la legalización del aborto en la Argentina: discursos parlamentarios y feministas (20152018). Salud Colectiva, 14 (3), pp. 405-423, 2018.

FLORES, Van. Los cuerpos que (no) imaginamos. Lengua, poder y educación. Escritos Heréticos. Escritos heréticos Blogspot. Estudios del ISHIR, 8 (21), pp. 31-26, 2018.

FRASER, Nancy y LAMAS, Marta. La lucha por las necesidades: Esbozo de una teoría crítica socialista-feminista de la cultura política del capitalismo tardío. Debate feminista, 3, pp. 3-40, 1989.

GIMENEZ BÉLIVEAU, Verónica y FERNÁNDEZ, Natalia Soledad, “Somos cuerpo, alma y espíritu”: Persona, enfermedad y procesos de sanación y exorcismo en el catolicismo contemporáneo en Argentina. Salud colectiva, 14, pp. 161-177, 2018.

_________ e IRRAZÁBAL, Gabriela. Católicos en Argentina: hacia una interpretación de su diversidad. Sociedad y religión, 32, pp. 42-59, 2010.

_________; IRRAZÁBAL, Gabriela y GRIERA, Mar. Salud y religiones: prácticas y sentidos en diálogo y disputa. Salud Colectiva, 14 (2), pp. 153-159, 2018.

GONZALEZ, Cristina; NUCCI, Nelly; SOLDEVILA Alicia; ORTOLANIS, Eduardo y Crossetto, Rossana. Necesidades y satisfactores en el espacio social familiar. Informe de investigación. Mimeo, 1999.

GONZÁLEZ VÉLEZ, Ana Cristina; CASTRO, Laura; BURNEO SALAZAR, Cristina; MOTTA, Angélica y AMAT Y LEÓN, Oscar. Develando la retórica del miedo de los fundamentalismos la campaña “con mis hijos no te metas” en Colombia, Ecuador y Perú. Lima: Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán, 2018.

GUDIÑO BESSONE, Pablo. Activismo católico antiabortista en Argentina: performances, discursos y prácticas. Sexualidad, Salud y Sociedad, 26, pp. 38-67, 2017.

GUZMÁN ARROYO, Adriana. Feminismo Comunitario-Bolivia. Un feminismo útil para la lucha de los pueblos. Revista con la A. Feminismos en América Latina, 38, 2015. Disponible en: https://conlaa.com/feminismo-comunitario-bolivia-feminismo-util-parala-lucha-de-los-pueblos/

IRANTZU MENDIA Azkua; LUXÁN, Marta; LEGARRETA, Matxalen; GUZAMÁN Gloria; ZIRIÓN, Iker y AZPIAZU CARBALLO, Jokin. (eds.) Otras formas de (re) conocer. Reflexiones, herramientas y aplicaciones desde la investigación feminista. Donosti-San Sebastian: Universidad del País Vasco, 2014.

JELIN, Elisabeth. Pan y afectos. La transformación de las familias. México, DF: Fondo de Cultura Económica, 1998.

LAGARDE, Marcela. Los cautiverios de las mujeres: madresposas, monjas, putas, presas y locas. Ciudad de México: UNAM, 2005.

MUÑOZ, Patricia. Violencias Interseccionales. Debates feministas y marcos teóricos en el tema de la pobreza y violencia contra las mujeres en Latinoamérica. Honduras, Tegucigalpa: Central America Women’s Network (CAWN), 2011.

ORTOLANIS, Eduardo. Familia, roles, funciones y después. Apuntes para una revisión necesaria. Entre líneas. Dossier: derecho del trabajo y reforma laboral, pp. 103-112, 2017.

OSZLAK, Oscar y O DONNELL, Guillermo. Estado y políticas estatales en América Latina: hacia una estrategia de investigación. Redes, 2, pp. 99-128, 1995.

PECHENY, Mario y DE LA DEHESA, Rafael. Sexualidades y políticas en América Latina: un esbozo para la discusión. Sexualidade e política na América Latina: histórias, interseções e paradoxos, pp. 31-79, 2011.

PEÑAS DEFAGO, María Angélica; MORAN FAUNDES, José Manuel y VAGGIONE, Juan Marco. Conservadurismos religiosos en el escenario global: amenazas y desafíos para los derechos LGBTI. Clacai Digital: Global Philanthropy Project, 2018.

SEGATO, Rita Laura. Las Nuevas Formas De La Guerra Y El Cuerpo De Las Mujeres. Sociedade e Estado, 29 (2), pp. 341-371, 2014.

_________. Territorio, Soberanía y Crímenes de Segundo Estado: La Escritura en el Cuerpo de las Mujeres Asesinadas en Ciudad Juárez. Série Antropologia, 362, pp.1-16, 2008.

VAGGIONE, Juan Marco. La politización de la sexualidad y los sentidos de lo Religioso. Centro de Estudios e Investigaciones Laborales. Sociedad y Religión, 24, pp. 209-226, 2014.

VACAREZZA, Nayla. Política de los afectos, tecnologías de visualización y usos del terror en los discursos de los grupos contrarios a la legalización del aborto. Papeles de Trabajo. 6 (10), pp. 46-61, 2012.

Fuentes

CARBAJAL, Mariana. La trama urdida para dilatar la violación de la niña tucumana, Página 12, 28 de febrero de 2019. URL: https://www.pagina12.com.ar/177619-la-tramaurdida-para-dilatar-la-violacion-de-la-nina-tucuman

HERRERA, Mariana. Desde el ministerio de salud afirmaron que nunca obstaculizaron el caso de la menor embarazada. Vía País, 28 de febrero de 2019. URL: https://viapais.com.ar/tucuman/885164-desde-el-ministerio-de-salud-afirmaron-que-nunca-obstaculizaronel-caso-de-la-menor-embarazada/

IGLESIAS, Mariana e IOCCO, Natalia. Tucumán: aseguraron que iban a interrumpir el embarazo de la nena de 11 años, pero le hicieron una cesárea, Clarín, 27 de mayo de 2019. URL: https://www.clarin.com/sociedad/tucuman-aseguraron-iban-interrumpirembarazo-nena-11-anos-hicieron-cesarea_0_X-0EwOuwK.html

LITVINOFF, Laura. Trama Macabra. Página 12, 17 de mayo de 2019. URL: https://www.pagina12.com.ar/194205-trama-macabra

LÓPEZ, Fabián. Tucumán se declaró como provincia pro-vida mediante una resolución de la legislatura. La Nación, 2 de agosto de 2018. URL: https://www.lanacion.com.ar/politica/tucuman-se-declaro-como-provincia-provida-mediante-una-resolucion-de-lalegislatura-nid2158832

PISARELLO, Sebastián Lorenzo. Las Torturas y Mentiras en la noche más larga de Lucía. La Nota, 27 de febrero de 2019. URL: https://lanotatucuman.com/las-torturas-ymentiras-en-la-noche-mas-larga-de-lucia/

_________. Las Torturas y Mentiras en la noche más larga de Lucía. Fundación ANDHES, 2019. URL: https://andhes.org.ar/las-torturas-y-mentiras-en-la-noche-mas-larga-delucia/

PONCE Mora. Bernardita. Logramos hacer pequeñas madres de pequeñas niñas. El Tribuno, 14 de octubre de 2017. URL: https://www.eltribuno.com/salta/nota/2017-10-14-0-56-0--logramos-hacer-pequenas-madres-de-pequenas-ninas

S/A, Caso Lucía: así torturaron a una nena de 11 en Tucumán. Cosecha Roja, 2 de mayo de 2019. URL: http://cosecharoja.org/caso-lucia-asi-torturaron-una-nena-de-11-entucuman/

S/A, El dramático relato de las torturas que vivió Lucía, la nena de 11 años forzada a parir, Perfil, 1 de mayo de 2019. URL: https://www.perfil.com/noticias/sociedad/elescalofriante-relato-de-las-torturas-que-vivio-lucia-la-nena-de-11-anos-forzada-a-parir.phtml

S/A, La mamá de la nena de 11 años a la que no le permitieron abortar contó su pesadilla, Clarín, 2 de mayo de 2019. URL: https://www.clarin.com/sociedad/mama-nena-11-anospermitieron-abortar-conto-pesadilla_0_0pPxCEWMc.html

S/A, Las contradicciones en el protocolo del caso de la nena violada que pidió abortar, Perfil, 28 de febrero de 2019. URL: https://www.perfil.com/noticias/sociedad/contradiccionesen-protocolo-caso-nena-violada-que-pidio-abortar-tucuman-cesarea.phtml

S/A, Le hicieron una cesárea a la nena de 11 años que fue violada en Tucumán. Infobae, 27 de mayo de 2019. URL: https://www.infobae.com/sociedad/2019/02/27/le-hicieronuna-cesarea-a-la-nena-de-11-anos-que-fue-violada-en-tucuman/

S/A. En un mundo justo las niñas no son madres. Socorristas en Red, 2019. URL: https://socorristasenred.org/en-un-mundo-justo-las-ninas-no-son-madres/

S/A. Polémica: el arzobispo de Tucumán reveló el nombre de la niña de 11 años que fue abusada. Radio Mitre, 27 de febrero de 2019. URL: https://radiomitre.cienradios.com/polemica-el-arzobispo-de-tucuman-revelo-el-nombre-de-la-nina-de-11-anos-que-fueabusada/

VALLEJOS, Soledad. Tucumán: mentiras y hostigamiento para obstaculizar el aborto de Lucía, Página 12, 2 de mayo de 2019. URL: https://www.pagina12.com.ar/191116tucuman-mentiras-y-hostigamiento-para-obstaculizar-el-aborto

ZANELLATO, Romina. Niñas, no madres denunciarán al estado argentino en Washington por “obligar a las niñas abusadas a parir”. Infobae, 25 de septiembre de 2019. URL: https://www.infobae.com/sociedad/2019/09/25/ninas-no-madres-denunciaran-al-estadoargentino-en-washington-por-obligar-a-las-ninas-abusadas-a-parir/

Otras fuentes

Ley Nacional de Protección integral de Niños niñas y adolescentes N°26.061. URL: https://www.trabajo.gba.gov.ar/documentos/legislacion/copreti/ley26061.pdf

Código Civil y Comercial N° 26.994. URL: http://www.uba.ar/archivos_secyt/image/Ley%2026994.pdf

Ley nacional de protección integral para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en los ámbitos en que desarrollen sus relaciones interpersonales. N° 26.485. URL: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/150000-154999/152155/norma.htm

Notas