LINEAMIENTOS PARA UNA POLÍTICA CRIMINAL RACIONAL

GUIDELINES FOR A RATIONAL CRIMINAL POLICY

Adrián A Alvaracín-JarrínDeclaración de conflictos de interésDeclaración de contribución de autoría CRediT adrian_alvaracin.j@hotmail.com

Universidad Nacional de Chimborazo, Ecuador

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El diseño de una política criminal -en adelante PC- que responda al momento actual de dominio planetario desplegado en el contexto un capitalismo de la vigilancia que produce y reproduce nuevas violencias mediante técnicas de poder innovadoras como la psicopolítica usada a través de redes sociales, debe sostenerse -como su antítesis- ineludiblemente en la dignidad humana. Por esta razón, aquella debe plantearse como alternativa real de liberación de los sectores excluidos, lo que se consigue precautelando espacios de interacción, cuya finalidad será la transformación mediante una concepción crítica, decolonial, pluralista e intercultural (Wolkmer, 2017, p.36).

Esta tarea crítica comprende un método dialógico con y, sobre todo, a partir del otro, colocando su alteridad en el centro de la discusión. Así, es “necesario volver a considerar la vida partiendo del otro, desde la relación con el otro, otorgándole al otro una prioridad ética, (…) escuchando y respondiendo al otro” (Han, 2018, p.110). Anitua (2006), siguiendo a Habermas, coincide en la validez y universalidad de la acción comunicativa, siendo un criterio preponderante que toda acción deba ser reconocida por todos a quienes pueda afectarles (p.526), otorgándoles el derecho a hablar y decidir.

Para ello, la construcción de un plan político-criminal debe sostenerse en la deslegitimación del sistema penal, demostrando que, el uso de la PC entendida como política pública de gestión de conflictos, propende a transformar la vida de personas excluidas, quienes, en última instancia, experimentan los efectos del poder punitivo, dada la ínsita selectividad de este. Comprendiendo de manera simplificada a dicha selectividad penal, como la manera en que el sistema penal selecciona a las personas más empobrecidas, estereotipadas y excluidas de la sociedad para engrosar las cárceles de la región a través del ejercicio del poder punitivo. La forma de contener el avance de este fenómeno punitivista como generador de exclusión radica en el “manejo del sistema penal y su control, neutralizándolo como instrumento de este” (Zaffaroni, 2005, p.127). De allí también, la idea de dotar de legitimidad a una PC adecuada a los principios jurídicos de rango constitucional (Cavaliere, 2013, p.15).

En esa línea, se verifican dos corrientes de pensamiento dentro del plano político-criminal que guían a manera de objetivos la elaboración de una PC con enfoque de reducción de daños. El derecho penal mínimo, es una de esas corrientes, la cual propone una contracción del derecho penal y un uso restringido del poder punitivo. Otra corriente, se encuentra en la propuesta de abolición del poder punitivo, lo que se conoce como abolicionsimo penal. Ambas corrientes, deben ser consideradas como estrategias para develar las injusticias que provocan los sistemas penales, considerando ciertas falencias propias para su aplicación en nuestro margen (Zaffaroni, 2005, p.93).

Ambas corrientes proponen, como se verá más adelante, una alternativa a los diseños tradicionales de PC, los cuales suelen anclarse a valores y patrones culturales en suposición predominantes en la sociedad, dejando por fuera los datos empíricos aportados por la Criminología, los cuales son determinantes al momento de formular una política criminal criminológica (Beristain, 1999, p.77); lo cual, permite considerar a la PC como una política autónoma, descontrolada, difusa y sin efectos prácticos visibles. Por ello, la hipótesis que guía este trabajo radica en la firme convicción de que la PC trabaja sobre un diseño planificado que garantice la reducción de daños producidos por el poder punitivo, logrando de esa forma, descender los niveles de violencia social.

En ese sentido, la presente investigación de alcance teórico-reflexivo indaga a través del enfoque cualitativo aquellas premisas que permiten encuadrar a la PC en un marco constitucional de formulación de política pública a fin de comprenderla bajo un enfoque garantista y no meramente punitivista -el solo uso de la violencia estatal-. En esa senda, el método inductivo proporciona herramientas útiles por cuanto este permite “[…] construir teoremas desde situaciones particulares y casos concretos, establecer regularidades, generalizar y pautar conclusiones” (Villabella, 2009, p.938). De la misma forma, se ha optado por la investigación documental referente a la PC en sus dimensiones tanto conceptual como de su praxis. Dicha técnica de investigación “es un procedimiento científico, un proceso sistemático de indagación, recolección, organización, análisis e interpretación de información o datos en torno a un determinado tema” (Morales, 2003, p.2). Para ello, se determina como pregunta científica la siguiente: ¿Bajo qué lineamientos político-criminales se puede formular una PC respetuosa de la dignidad humana?

En efecto, las implicaciones de este trabajo se reflejan en el establecimiento de lineamientos que permitan controlar las nuevas formas de poder que reproducen la violencia social, entre las que se encuentran las producidas por el propio sistema penal, dotando a las agencias gubernamentales de herramientas para formular un diseño político-criminal tomando en consideración la operatividad real del poder punitivo, el cual siempre es selectivo y pernicioso, no resuelve ningún conflicto, sino que lo suspende e incluso lo agrava, con la consecuente reproducción de la propia violencia (Zaffaroni, 2011, p.32).

Este aporte teorético invita a debatir sobre el diseño de una PC en el marco de un saber y una praxis liberadora, en sintonía con las necesidades sociales y comprometida con la dignidad humana. En concreto, el texto debate la tesis que indica que toda política criminal de base democrática se sostiene en lineamientos que propendan a reducir los niveles de violencia desplegados por el sistema penal.

Entre el diseño minimalista y el abolicionista

Como se estableció anteriormente, los marcos regulativos de una PC pasan por el primer filtro teorético de deslegitimación del sistema penal. Así, el plan diseñado desde la mínima intervención comprendería un derecho penal como mal menor, cuya finalidad es evitar la venganza privada a través de la imposición de una pena. Para Ferrajoli (2005), el fin de la pena sería la minimización de la reacción violenta contra el delito, esto es, impedir la venganza (p.100).

En cambio, para el abolicionismo, el sistema penal causa sufrimientos innecesarios que se reparten de modo injusto, además de que la intervención de este no causa efectos positivos sobre las personas, en ocasiones agrava el conflicto y, por último, es sumamente difícil controlar su operatividad real (Ferrajoli, 2005, p.103). Para el abolicionismo existen maneras eficaces de resolver conflictos, sin la necesidad de acudir al poder punitivo, poniendo de relieve alternativas que toman al conflicto como algo inevitable que debe tener respuesta en soluciones distintas al encierro. Una de las consecuencias más graves del ejercicio del poder punitivo es que, en sociedades donde existen grandes grupos y los individuos pueden ser reemplazados fácilmente, son los excluidos quienes se vuelven candidatos del sistema punitivo (Ferrajoli, 2005, p.106).

De esta manera, minimalismo y abolicionismo penal no se contraponen. Al contrario, se consideran elementos necesarios para el control y neutralización del sistema penal. Dicho aquello, el minimalismo penal se convertiría en un largo tránsito hacia el abolicionismo del poder punitivo, en tanto se creen progresivamente nuevas formas de solución de conflictos. Aunque no se puede obviar que el abolicionismo necesitaría implicaría también un cambio civilizatorio.

En todo caso, bajo el enfoque expuesto, Zaffaroni (2012) elabora una posible respuesta político-criminal desde lo que el autor denomina realismo marginal, el cual es una crítica criminológica desde nuestra realidad periférica, desde un ser-aquí que pretende revelar “la violentísima contención represiva de los más carenciados y la violencia de igual magnitud que implica la invulnerabilidad de los poderosos” (p.24); es decir, una “nueva perspectiva teórica ensayada desde otro punto del poder, una crítica y una respuesta desde otro momento del poder” (Zaffaroni, 2005, p.179), lo cual implica formular cuestionamientos desde y para nuestra realidad latinoamericana.

Su propuesta político-criminal desde el realismo marginal se basa en los siguientes ejes: 1) El objetivo más apremiante es la reducción de muertes y la reconstrucción de vínculos comunitarios a través de la generación de espacios de libertad. 2) Introducir en las agencias políticas un discurso diferente y no violento, lo propio con las universidades. 3) Introducir mensajes que logren neutralizar la propaganda punitiva que se proyecta en los medios masivos- 4) Efectuar contra-campañas de ley y orden. 5) La intervención mínima como táctica y como modelo diferente de solución de conflictos (Zaffaroni, 2005, pp.180,183).

Las propuestas sobre la generación de espacios de libertad, el contraataque a la publicidad vindicativa, la cual se reproduce actualmente en redes sociales y, la intervención mínima como táctica son los principales ejes que fundan cualquier plan político-criminal destinado a la reducción de daños, entendido este último como aquellos daños producidos por la criminalización selectiva de grupos carenciados.

Es notable que la generación de espacios de interacción, así como el contraataque a la publicidad vidicativa no se podrán lograr a través de la simple acción político criminal, sino que ésta última necesariamente debe estar inscrita en un plan mucho más amplio de política pública. Es así como, la formulación planteada se concibe desde un entendimiento conceptual distinto al de la PC tradicional cuyo eje gira en torno al uso de la violencia estatal, el cual comprende que, desentenderse de la política pública ocasionaría un vox clamanti in deserto sin resultados prácticos sobre la violencia que pretende evitar.

Consecuentemente, se torna necesario entender a la PC desde el principio de respaldo, como aquella que “ayuda siempre a otra política, no tiene finalidades propias” (Binder, 2009, p.125). De esta manera, la PC “es una política pública, gestionada de un modo preponderante por el Estado” (Binder, 2016, p.204), la cual debe ser sustentada “en el paradigma de gestión de los conflictos y ser parte de esas políticas” (Binder, 2016, p.202); lo cual lleva a definir a la PC como “el segmento de la Política de Gestión de la Conflictividad (PGC) que organiza el uso de los instrumentos violentos del estado para intervenir en la conflictividad, sobre la base de los objetivos y metas generales que fija la PGC, para evitar de un modo general la violencia y el abuso de poder” (Binder, 2016, p.171). Por tanto, la PC al formar parte de una política pública más amplia, llámese Política de Gestión de Conflictos de un Estado, etc-, tiene como fin evitar la violencia y el abuso de poder en coordinación con otras políticas que gestionan los conflictos.

En ese contexto, es importante comprender que la PC es una parte relevante de la política pública, interactuando con otras soluciones no violentas de solución de conflictos. En otras palabras, la PC no puede aislarse de otras políticas que gestionan la conflictividad social. La tarea básica de la PC es la de organizar el poder penal, reduciendo aquella violencia que ejerce el Estado respecto de los conflictos. Lo innovador de esta propuesta consistiría en trasladar el manejo de la cuestión conflictiva concebida solo desde la óptica del concepto de delito y dirigir el conflicto hacia el problema de la desatención por parte del Estado en cuanto ente encargado de la elaboración de políticas públicas que gestionen ya no solo el delito sino algo mucho más amplio, el conflicto.

Así, el objetivo es “permitir que se desarrolle la conflictividad dentro del marco social; pero, al mismo tiempo, evitar que el abuso de poder y la violencia se conviertan en el modo de resolver conflictos” (Binder, 2016, p.135). Es importante también mencionar que dicha gestión de la conflictividad se enmarca en “tres modalidades básicas: la preventiva, la disuasiva y la reactiva” (Binder, 2016, p.138). Para llevar a cabo una adecuada PC. es necesaria la coordinación sociedad-estado consolidando una red social de gestión de conflictos (Binder, 2016, p.146), lo que posibilitaría la creación de espacios donde se entregue la capacidad de autogestión o de mediación comunitaria, pues la sociedad debe intervenir de manera directa en el conflicto.

La línea del pensamiento en la que se construye una PC democrática es aquella que considera que el Estado ha puesto los instrumentos de coerción, violencia y represión al servicio de los grupos sociales poderosos. Por ello una PC democrática debe ineludiblemente ser transformadora, para lo cual usa la violencia del Estado con este propósito. Desde este fundamento se analizará en líneas posteriores el uso de la violencia estatal en un sentido distinto hasta el ahora ensayado por la PC tradicional en Ecuador.

La gestión de la conflictividad frente a nuevas formas de poder

El contexto de la PC tradicional ha sido el de la aceptación de la idea de un orden de cosas. La PC ha jugado un rol importante para concebir al delito como fenómeno natural y no una creación político-criminal, que se da cuando el Estado mete miedo. La violencia simbólica que se desarrolla en el aparente orden de cosas ha servido para ejercer violencia sobre minorías claramente en desventaja cognoscente, al considerarse una violencia suave y disfrazada (Bourdieu, 1990, p.196). Esto ha sido (re) producido mediante discursos, palabras, propaganda y toda sutil mediación por parte de los medios de comunicación. Este tipo de violencia no es un dato menor. Los medios de comunicación fabrican la realidad.

Así, la psicopolítica neoliberal que domina el ámbito prerreflexivo del ser humano en la actualidad, condicionándolo a los dictados de la publicidad proyectada en redes sociales, se convierte en “una técnica de dominación que estabiliza y reproduce el sistema dominante por medio de una programación y control psicológicos” (Han, 2014, p.62). Por ello, cualquier plan político-criminal debe considerar estas nuevas técnicas de poder a fin de comprender el contexto social de dominación donde se despliegan las violencias.

En esta realidad es donde opera la PC democrática buscando formas de contrarrestar los efectos del ejercicio de poder. Entonces, sus fundamentos se encuentran en dos principios básicos. Por un lado, el principio de ultima ratio, el cual hace que primen los instrumentos no violentos, lo cual inevitablemente reduce el uso del poder punitivo; y, por otro lado, el principio de mínima intervención, el cual impide ejercer violencia donde sea innecesario (Binder, 2009, p.124).

El principio de mínima intervención trata de evitar que la sociedad se plague de violencia, pues cuando el Estado interviene en un conflicto en ocasiones no solo lo suspende, sino que lo agrava y la violencia se multiplica. Por tanto, este principio no solo sirve al diseño de la PC, sino que es base para su ejecución (Binder, 2016, p.177). En consecuencia, el principio de mínima intervención impone, a saber, dos límites a la PC: a) como límite externo evita que los hombres sean tratados con violencia y, b) como límite interno es una regla de eficacia donde al tener como objetivo reducir la violencia, es lógico que se deba usar la menor cantidad de violencia estatal, pues ésta siempre se traduce en abuso de poder (Binder, 2016, p.179).

La corriente del abolicionismo a través del principio de última ratio persigue la utopía de mecanismos que eviten la violencia del Estado, encontrando soluciones no violentas para los conflictos que se dan en la sociedad. Para Hulsman cuando un conflicto ha entrado en el radar del sistema penal, éste último hace que sea imposible que se solucione.

El clásico ejemplo de los cinco estudiantes refleja mejor esta idea. Cinco estudiantes conviven en una residencia universitaria. Un día uno de ellos rompe el televisor que compraron entre todos. Sus compañeros se molestan e inmediatamente se desencadenan distintas reacciones -algo así como la reacción social-. El primero, se enfurece y pide que lo boten a la calle. El segundo, pide que pague por un televisor. El tercero, exclama que su compañero está loco y debería tratarlo un psiquiatra. El último, manifiesta que tal vez algo anda mal en su relación de amistad y que dialogando quizás encuentren el problema y su solución (Hulsman & Bernat de Celis, 1984, p.89). Todos son modelos de reacción, como el compensatorio, terapéutico, conciliatorio. Asimismo, todos pueden combinarse y solucionar de manera efectiva el conflicto. Empero, cuando se decide por el punitivo, botarlo a la calle, los demás se tornan inaplicables, pues lo que consigue el poder punitivo es suspender el conflicto y, en ocasiones, agravarlo.

La búsqueda de soluciones alternativas a los conflictos es una tarea ardua pero productiva, además de que implica que el Estado busque alternativas y no realice la tarea más sencilla, remitirse simplemente al uso de la violencia. Buscar alternativas significa implementar direccionalidad, estrategias, plazos, objetivos, metas y recursos, lo que implica un trabajo articulado y comprometido con la transformación social.

Como se ha dicho, resaltar la dignidad humana es función principal de una PC democrática. Ya Kant determinaba a través de su principio de humanidad que: “(…) Los seres racionales están todos bajo la ley de que cada cual no debe tratarse a sí mismo ni a los demás nunca simplemente como medio, sino siempre al mismo tiempo como un fin en sí mismo” (Kant, 2002, p. 122). Bajo este axioma las personas deben ser tratadas como el fin último y no como un simple medio en el desarrollo de la PC.

De modo que se deben evitar errores sustanciales. El primer error al formular una PC es el uso de la categoría de delito, el cual es totalmente inútil y contraproducente desde el punto de vista del análisis político-criminal (Binder, 2016, p. 212); pues no se debe hablar en términos abstractos cuando se desea tener una visión clara de un conflicto. El otro error es la idea de castigo, el cual no importa tanto para la PC, sino que la misma se interesa más por el control de criminalidad. El tercer error tiene que ver con la excepcionalidad y los tipos de personas, pues por un lado no se debe usar la violencia en conflictos donde no exista regularidad y tampoco se debe dirigir la gestión del conflicto sobre personas específicas, pues lo que se busca es de detectar regularidades sociales (Binder, 2016, p. 215). Estos lineamientos coadyuvan a decidir si intervenir o no con violencia.

Pues bien, la PC democrática tiene una finalidad: evitar el abuso de poder y la violencia. Para tal fin, hay que considerar el contexto donde se produce la conflictividad. Un error común es el de considerar la criminalidad como un fenómeno local, cuando se trata de una cuestión global. Entendida la PC desde ese ámbito, se pueden formular estrategias para solucionar conflictos que afectan en gran medida a la sociedad. En ese sentido, los medios de comunicación son un factor destacado en la gestión de la conflictividad, dada su incidencia en el actuar colectivo y su influencia sobre los diversos tipos de violencia social.

De ese modo, no es menos importante que en la actualidad la persona se autoexplota creyendo que se realiza (Han, 2014, p. 180) para conseguir fines impuestos por la publicidad consumista. La propaganda viral que se lleva a efecto en redes sociales sobre los hechos violentos genera una sociedad paranoica donde se trata de buscar un chivo expiatorio de turno a fin de descender la pulsión de muerte colectiva (Han, 2022, p. 21). El sistema penal continuará, como lo ha hecho hace siglos, persiguiendo a los vulnerables, que en el momento actual son los excluidos, aquellas personas impedidas de acceder a los fines impuestos por dicha publicidad. El poder punitivo se ensaña contra grandes mayorías de vulnerables. Es así que, el neoliberalismo impone fines sociales donde imperan la optimización y el consumo desmesurados, mientras nuestra región se torna inequitativa y empiezan a surgir campañas de ley y orden. El panorama es desalentador. Y ante esto, la política pública en la que se incluye la PC tiene la tarea apremiante de formularse desde un enfoque democrático y humano. Se debe pensar en la liberación colectiva.

Para tal finalidad, el monopolio de la violencia que dispone el Estado debe ser concebido como un proceso de absorción de la violencia social (Binder, 2016, p. 238), lo que se traduce en que se aplicará la violencia solo donde sea necesario, detectando brotes de violencia social con graves afectaciones a los derechos humanos; caso la intervención se anula. Operando de esa manera se logra la reconversión del monopolio de la violencia. La reconversión de la violencia significa redefinirla, con elementos que legitimen su intervención, pues el Estado debe intervenir en el conflicto de manera distinta a como lo harían las personas del conflicto (Binder, 2016, p. 237), caso contrario, la PC no tendría sentido.

Es así como se entendería que existen distintas maneras de castigar sin violencia, fortaleciendo valores imperantes, con mecanismos incluyentes que no impliquen exclusión. Esto, se logra a través de una fina elaboración de alternativas para la gestión de conflictos. En ese orden de cosas, otro principio orientador para la formulación de una PC es el principio de lesividad, que exige para la intervención punitiva, una afectación grave a los bienes jurídicos lesionados. Así, por ejemplo, el poder punitivo se destinaría a los delitos de los poderosos o crímenes globales y, no tanto, a los delitos de bagatela o subsistencia (Ferrajoli, 2012, p.100). Esa sería una forma de subvertir la selectividad penal y conducir a la PC hacia fines que impliquen un cambio tangible.

Una PC pensada desde ese enfoque se ubicaría en tres modalidades distintas de intervención de la conflictividad, que son las modalidades preventiva, disuasiva y reactiva (Binder, 2016, p. 203). Todas ellas creadas y dirigidas por el Estado para evitar el abuso de poder y la violencia al momento de resolver la conflictividad social. La modalidad preventiva busca remover las causas que generan el conflicto. Esta modalidad se encuentra en el nivel de la prevención de los conflictos, intentando remover las causas que lo originan. Se genera como política pública. Cabe recordar aquí que no existe mejor PC que una buena política de desarrollo (Croxatto, 2019, p.21).

En la modalidad disuasiva el conflicto puede aparecer en la sociedad y se trata de evitar que se manifiesten sus efectos. Se espera una tensión entre la acción disuasiva y el conflicto, tratando de evitar en gran medida las consecuencias del conflicto. En esta modalidad interviene en su versión pura la PC, esto es, como uso estatal de la violencia. En la modalidad reactiva o represiva, que refiere al control penal, se pretende disolver el conflicto o en solucionarlo, pues este ya se ha manifestado, por lo cual se desea reconducir el conflicto. Las tres modalidades pueden complementarse unas a otras y no siempre tienen una jerarquía establecida (Binder, 2016, pp. 138,141).

Como se ve, la PC actúa en el segundo nivel de intervención, pero dentro de los cauces de una política pública, siendo esta última como política de gestión de la conflictividad, la que limita el uso de la violencia estatal. Entonces, se torna inadecuado tratar de formular una PC como política autónoma. Las sociedades actuales se encuentran atravesadas “por un proceso de descomposición de lo social, de lo común y de lo comunitario” (Han, 2014, p. 184), siendo relevante usar aquellos mecanismos que permitan una mejor forma de gestionar la violencia que surge en la sociedad.

Política criminal de reducción de daños

En este apartado se toma en serio la reducción de daños producidos por la violencia ejercida sobre sectores desfavorecidos, precautelando su dignidad. Para ello, se entregan aportes que podrían ser útiles dentro de un plan de gestión de la conflictividad con sus niveles de intervención preventiva, disuasiva y reactiva. Por eso, es necesario que el plan se guíe por objetivos y metas. Los objetivos aquí propuestos son de transformación y de extinción, los mismos que pretenden transformar las formas de intervención violentas, procurando salvaguardar formas de intervención no violentas en los conflictos (Binder, 2016, pp. 249-250).

Así, se usan dos aportes teóricos de la sociología para lograr reducir el daño provocado por el aparato punitivo del Estado sobre conflictos en los cuales se encuentran inmersas personas de sectores desfavorecidos o excluidos. El primer aporte es la hermenéutica diatópica desarrollada por Boaventura de Sousa Santos. El segundo aporte es la clínica de la vulnerabilidad propuesta por Eugenio Zaffaroni. Ambos elementos teoréticos serán articulados de conformidad al esquema esbozado para el plan. La finalidad última será entregarle un uso transformador a la PC.

Por ello, se torna indispensable la construcción de planes político-criminales que aborden las problemáticas desde la realidad propia de cada sociedad latinoamericana, considerando que esta es la región más violenta del mundo (Sahd K et al., 2023). De allí, la urgente tarea de transformar de manera eficiente y oportuna el uso de la violencia del Estado desplegada hacia los sectores vulnerables. La base de una PC racional y democrática pasa por el diálogo constructivo con aquellos a los cuales se destina dicha política.

En ese contexto, la hermenéutica diatópica es el primer paso dentro de esa construcción dialógica de la PC. La inclusión de los excluidos en el diálogo es la tarea primordial de la PC democrática. Contrario a usar la violencia innecesaria -principio de última ratio-, la solución se encuentra en detectar casos donde el sistema penal es altamente selectivo, produciendo el aumento de la vulnerabilidad al mismo poder punitivo por parte de los sectores desfavorecidos. Es conocido que la cárcel produce un deterioro progresivo de la identidad y de la personalidad (Zaffaroni, 2022, p.111), introyectando roles desviados durante la etapa de encierro. Esta, sin duda, no es una forma de solucionar el conflicto, sino de empeorarlo.

Los excluidos tienen mucho que decir. Sus miedos, preocupaciones, problemas, percepciones y demás, forman parte de la tópica del Sur-no imperial (Santos, 2003, p. 390). La traducción de saberes y el diálogo intercultural son importantes para gestionar un conflicto, pues el mismo entrega información para tomar decisiones acertadas. Es así como, por mandato constitucional ecuatoriano (Constitución de Ecuador, 2008, art. 85), se torna necesario e indispensable que las personas a quienes se destina la PC sean quienes aporten en la formulación de esta, a través de sus experiencias y vivencias.

Ahora bien, una vez considerada la importancia de la articulación de todos los actores en la formulación de políticas públicas, es necesario también poner de relieve la necesidad de crear espacios de interacción, cuya finalidad sea descender el nivel de vulnerabilidad al poder punitivo.

Para Zaffaroni (2005), el grado de vulnerabilidad es lo que decide la selección criminalizante y no la comisión del injusto, porque es sabido que existen más injustos que dejan indiferente al sistema penal (p. 275). En la realidad, el sistema penal a través de sus agencias policiales selecciona escasos hechos delictivos que son puestos en conocimiento de los operadores de justicia, mientras va dejando por fuera muchos otros hechos delictivos que son mayormente lesivos, como la criminalidad de mercado, los delitos de cuello blanco, los crímenes de sistema, entre otros, lo cual es provocado por el grado de vulnerabilidad y los estereotipos.

Los excluidos que son atrapados por las redes del sistema penal, se encuentran en una situación de grave deterioro físico y psíquico. Estos datos de la realidad son de gran relevancia para la formulación de la PC. No es un dato menor que en las clases marginales se acentúe la vulnerabilidad, como consecuencia de una estigmatización que le reduce el espacio social (Zaffaroni, 2012, p. 25). Para tratar esta vulnerabilidad criminalizante, se propone una etiología de la vulnerabilidad dentro de una clínica de la vulnerabilidad. Esta, funciona bajo dos aspectos importantes: “la distinción entre procesos deteriorantes previos a la intervención del sistema penal y el análisis de los agentes que los desarrollaron (grupo de crianza, escuela, sistema sanitario, etc.)” (Zaffaroni, 2012, p. 26), a los cuales agregaríamos procesos de desideologización como última fase del tratamiento a fin de conseguir otro nivel de conciencia.

Lo fundamental sería entonces, descender el nivel de vulnerabilidad al sistema penal. Para la consecución de estos fines, se elaboran objetivos, metas, recursos, implementación y actividades en las diferentes modalidades de intervención. Se trata de entregar a los infractores de poca monta, otra visión de vida, donde se conviertan en actores propios de su destino. Como observamos el plan político-criminal trata de transformar la propia violencia del Estado y de convertirse en una herramienta de transformación juntamente con otras políticas públicas. Como un ejercicio práctico, se desarrolla a continuación un esquema de PC en sus distintas modalidades, conforme lo abordado hasta este punto.

Guía para la construcción de una política criminal de reducción de daños

En primer término, es necesario precisar que se debe conocer para prevenir. No se puede prevenir lo que se desconoce. Es así como, el conflicto es llevado al plan político-criminal para indagar, conocerlo, abordarlo y proponer soluciones. Por ello, la primera acción es generar una visión general del conflicto. Dentro de esa visión se plasman objetivos que guíen el accionar del plan.Así, se establecen un objetivo general como reducir el porcentaje de muertes provocadas por el propio sistema penal y reconstruir vínculos comunitarios; en tanto que, como objetivos específicos que guardan coherencia con el general, se pueda identificar los casos que merecen una intervención no punitiva; analizar las modalidades de intervención eficaces para solucionar el conflicto e introducir mensajes en redes sociales con potencial emancipador, que neutralicen la propaganda punitiva y las campañas de ley y orden, las cuales generan percepciones infundadas.

El contexto es importante para conocer la realidad del fenómeno del conflicto. De esa manera, existen cinco contextos que son determinantes para la PC: a) el contexto institucional; b) el contexto organizacional; c) el contexto político; d) el contexto cultural y e) el contexto financiero (Binder, 2016, p. 255). Para el contexto institucional es necesario que se articulen las políticas de seguridad, control y justicia. Para el contexto organizacional la intervención de varios ministerios es fundamental, a fin de atender las necesidades de manera articulada. Las organizaciones civiles y la policía entregan los principales instrumentos de la PC para su efectiva operatividad.

El contexto político depende de las ideas que rijan en el ambiente electoral y de una decida meta de transformación. El contexto cultural implica un cambio social donde se debe considerar patrones culturales en la sociedad e intentar subvertirlos, uno que es bastante significativo, es la publicidad vindicativa que atañe a los medios de comunicación. De esta manera, la psicopolítica neoliberal debe ser uno de los objetivos a contrarrestar a través de mensajes de inclusión y toma de conciencia por parte de la población. Asimismo, la clínica de la vulnerabilidad aportaría su cuota de descolonización del pensamiento en ese sentido. El contexto financiero corresponde a los recursos que se deban destinar bajo el enfoque de una política pública bien articulada. Ante lo descrito, lo cierto es que debe existir el compromiso de los sectores políticos para buscar la inclusión, así como la emancipación, entregando una herramienta tanto a víctimas como a infractores para una real recuperación de la comunidad, lo que implica menos recursos de los que se invierte en el uso de violencia estatal.

En esa línea, como todo plan debe contener metas, las cuales son necesariamente cuantificables, por lo que se deben señalar tiempos en los cuales se pueda cumplir lo establecido. Se puede, por ejemplo, identificar cada trimestre del año la reducción de violencia producida por el sistema penal sobre poblaciones excluidas, así como evaluar cada tiempo los resultados del diálogo efectuado con las personas que han sufrido la intervención del sistema penal o evaluar cada seis meses los resultados de la intervención de la clínica de la vulnerabilidad.

Luego de definir las metas, se proceden a establecer las acciones en cada modalidad de intervención. Así en la modalidad preventiva que “busca evitar que un determinado conflicto nazca o una manifestación de ese conflicto o un modo de desarrollo de él no aparezca” (Binder, 2016, p. 138), tendrá como finalidad remover o impedir que las causas del conflicto aparezcan. Su objetivo principal, de modo ilustrativo, será fomentar espacios de interacción de los excluidos en los cuales sea posible el intercambio de saberes, lo cual proyecta una sociedad inclusiva. Para Gargarella (2008) promover la justicia social es una tarea que se basa en dos principios: la inclusión y la deliberación (p. 90).

Esto implica desechar de plano una PC elitista y optar por una que acoja a los más desfavorecidos, tomando en consideración dos compromisos teóricos importantes, los cuales son “el compromiso de la inclusión (aplicando a una crítica del carácter elitista del diseño de las políticas penales actuales), y el compromiso con la deliberación democrática” (Gargarella, 2008, p. 98).

Al Gobierno Nacional a través de sus ministerios le correspondería coordinar la implementación de diversos espacios de interacción con enfoque preventivo, considerando que “las políticas públicas y la prestación de bienes y servicios públicos se orientarán a hacer efectivos el buen vivir y todos los derechos, y se formularán a partir del principio de solidaridad” (Constitución de Ecuador, 2008, art.85); donde los recursos son destinados a la creación y fortalecimiento de dichos espacios.

En cambio, la modalidad disuasiva “pretende evitar que un conflicto o una manifestación o desarrollo de él no se produzca (…) en tanto se desarrolla la acción disuasiva” (Binder, 2016, p. 139). Esta modalidad está diseñada para abordar el conflicto a mediano plazo, es decir, para que actúe cerca o antes de que se genere el conflicto. Hay que considerar que el conflicto va a producirse en la realidad. Aquí, el papel de la policía es fundamental.

La implementación de una policía comunitaria permite detectar oportunamente casos en los cuales sea necesario el uso de la violencia estatal, pero que, a diferencia de una policía alejada de su comunidad, ésta se encargará de determinar, juntamente con los afectados, aquellos lugares en los cuales sea necesario mayor patrullaje, mejor organización de la comunidad, mayores recursos para implementación de servicios sociales, etc. El programa político-criminal que propone la criminología actuarial es la incapacitación selectiva (Garland, 2005, p. 312), que considera al delincuente como un riesgo para la sociedad y por tanto se lo debe neutralizar. En cambio, la PC democrática trata de que, bajo el principio de última ratio, los conflictos logren resolverse por mecanismos distintos a la represión, permitiendo su verificación empírica.

Por último, aunque no menos importante, la modalidad represiva actúa expost. Sus efectos son: “disolver el conflicto, solucionarlo, mediante la creación de una situación de tolerancia, armonía o dando razón a uno de los intereses en pugna” (Garland, 2005, p. 140). En esta etapa se ha desencadenado el conflicto, por tanto, implica el uso de la violencia estatal organizada. Aunque de igual forma, se deben tener presentes los principios de última ratio y mínima intervención. Pues bien, en esta modalidad hablamos de represión. Entonces, la policía comunitaria tendrá la potestad de detener, poner a órdenes de las agencias judiciales -jueces, fiscales, defensores, etc.- y, éstos últimos deberán juzgar limitando el poder punitivo.

Ahora bien, todo plan debe ser monitoreado en cuanto a sus resultados. Esta etapa estará a cargo de funcionarios capaces de dar seguimiento a la política aquí expuesta. De igual forma, la toma de conciencia emancipadora por parte de la comunidad será monitoreada por diferentes organismos destinados a salvaguardar el interés común, al cual se le apostaría como elemento emancipador.

En este momento del plan, se tendrán elementos suficientes, previamente establecidos en los objetivos, los cuales se verificarán en la realidad. En el caso in examine, se usaron dos elementos teóricos fuertes para la elaboración del plan, los cuales fueron la hermenéutica diatópica a través del diálogo con el excluido, así como la eficacia de la contrapropaganda vindicativa en redes sociales y la eficacia de objetivos y metas de la clínica de la vulnerabilidad. Se evaluarán dos fines claros. En un momento, la integración comunitaria de quienes sufren los efectos del sistema penal y, en un segundo momento, la reducción de violencia social conforme los plazos que se hayan fijado.

Es así como, se podrán evaluar la eficacia de la policía comunitaria, con frecuencia trimestral. Se evaluará su manera de proceder, la forma y fondo de las detenciones, así como el nivel de poder punitivo desplegado en cada caso. Asimismo, se evaluarán los resultados de cada institución que interactúa en los diferentes niveles de intervención, sin olvidar la resistencia que debe imponérsele a los mensajes vindicativos y a la manipulación mediática que hoy en día se debate en redes sociales. De esta manera, se esbozaría un plan político-criminal sobre la base de la dignidad humana, el cual tendrá consecuencias sobre la vida de las personas.

Para finalizar, un ejemplo ilustrativo sobre política criminal de reducción de daños se encuentra en Portugal. Desde el año 2001, el país europeo ha implementado una política de reducción de daños en cuanto a las personas consumidoras de drogas. Para dichas personas no se destina cárcel, sino que se les ofrece un tratamiento de salud. Son consideradas personas enfermas que requieren de un tratamiento adecuado paras superar su adicción. Bajo esa premisa, el consumo de drogas es una enfermedad que puede ser tratada y con paciencia puede ser también curada, sustrayendo el conflicto de la esfera penal -de la prisión- y convirtiéndolo en un asunto de salud pública.

Desde que se despenalizó el consumo de drogas y se entregó tratamiento a los consumidores, los indicadores precisan que el propio consumo, el contagio de VIH, la muerte por sobredosis y la delincuencia relacionada con estupefacientes disminuyó drásticamente (RT, 2018). Portugal tomó en serio la dignidad de esas personas, las acogió, interpretó sus carencias y molestias y las transformó a través de una visión holística del humnaismo, la dignidad y los derechos humanos. De esta manera, se logra conseguir lo que para Duff (2020) es una comunidad cívica que entrega el estatus de ciudadano a la persona, lo que, a su vez, sostiene un Derecho penal legítimo. Todo aquello se logra a través de una política pública de reducción de daños.

Las premisas esbozadas demuestran la necesidad de construir una PC racional de base democrática con lineamientos sólidos cuya finalidad se enmarque en el descenso de los niveles de violencia social. Su eficacia se demuestra en la capacidad de reducir el uso de la violencia estatal. Los principios rectores de esta PC no serían más que aquellos consagrados en instrumentos internacionales de derechos humanos, mientras que los principios orientadores como el principio de mínima intervención y el de última ratio servirían para dotarle de racionalidad en las decisiones. El plan político-criminal que sustenta a la PC debe formularse con fines emancipadores dentro de una praxis liberadora.

Así la cuestión, los lineamientos presentados encuentran como basamento de su efectividad el encuentro con el otro, atendiendo a sus necesidades, escuchando para resolver el conflicto y destinando los esfuerzos de esta formulación hacia la transformación del uso de la violencia estatal donde sea estrictamente necesario, evitando los efectos perniciosos que produce el sistema penal sobre las personas más débiles de la sociedad, donde el norte sea la dignidad humana.

La PC diseñada desde ese enfoque resultará transformadora. La reducción de la violencia es condición esencial de un Estado Fundamental de Derecho. La tarea emancipadora desde la PC no sería posible sin la intervención colectiva de aquellos que sufren las intervenciones del sistema penal. Recuperar los espacios de interacción, es el aporte racionalizador de cualquier política. El bagaje de instrumentos que se diseñen para la contención y reducción del poder punitivo como instrumento de exclusión, debe hacerse desde la visión de la PC de reducción de daños.